Los bonistas quieren arreglar
El CEO de Greylock, que conoce muy bien a Alberto Fernández de cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, ya que él no aceptó el canje del 2005 y se sumó al del 2010, tiene diálogo fluido con Sergio Massa. Es considerado como un muy buen lobbista que tiene amplia experiencia en reestructuraciones de deuda: lideró el comité en la cesación de pagos de Grecia.
Humes no quiso responder si cree que habrá acuerdo entre el país y los acreedores en el transcurso de los próximos 30 días. Pero dejó algunas definiciones que podrían entenderse como que hay altas chances de que se puedan seguir acercando las posiciones.
En la charla con The Wilson Center, el CEO de la Greylock y uno de los pocos acreedores que se muestran mediáticamente, señaló:

– «A nadie le sirve un hard default. Si hay lugar para arreglar es de mutuo interés. Todos sabemos que una resolución favorable es de nuestro interés, del país y del FMI. Todos queremos que no haya hard default».

– «Va ser muy difícil que no haya cierto tipo de default, pero se podrá arreglar después. En este proceso estoy más preocupado en los efecto colaterales en caso que venga un proceso desordenado en la Argentina. Odiaría ver algo tan desordenado como un hard default».

Por su parte, y en el mismo webinar donde Humes deslizó la sensación de los acreedores en medio de este proceso, Mark Walker, senior managing director de Guggenheim Securities, afirmó que el default de este viernes va a tener algún impacto en el mercado pero no mucho más allá.
Aseguró que no habrá litigios, ya que los que podrían buscar la aceleración de los pagos están en la mesa de diálogo con el Gobierno. «Todos saben que pueden litigar contra la Argentina por mucho tiempo y no cobrar nada. El verdadero tema no son los litigios, sino que está en el interés de todos evadir un default desordenado», dice Walker.
Y agrega que, al final del día, el Gobierno tiene que elegir si cambia de opinión y mejora un poco la oferta. En tanto, los acreedores tendrán que pensar si toman un deal que no les guste tanto pero por el que, al final, todos se benefician de evitar un hard default. «Espero que haya una resolución en los próximos 30 días pero es imposible predecir», admitió.

(Ambito) Analiza Guzmán sumarle un cupón PBI a la oferta para un grupo de bonistas. El ministro de Economía podría avalar pagos diferenciales para los acreedores de los Discount y el bono Par. Si no hay acuerdo, serían los que mayores posibilidades tendrían en juicios contra el país. Martín Guzmán analiza y piensa seriamente avalar, al menos en parte, la contraoferta que los bonistas con deuda emitida para salir del default del 2001, presentaron en las últimas horas al ministerio de Economía. Estos bonistas quieren que Alberto Fernández vuelva a emitir la misma clase de títulos públicos diseñados exitosamente por el dúo Roberto Lavagna-Guillermo Nielsen en 2005 y refrendados en la reapertura del canje de 2010: como bono estrella un cupón PBI que además de pagar intereses de 4,5%, ate la suerte de los acreedores al crecimiento de la economía argentina. Y que, si el producto sube, esas ganancias se compartan. Y que los pagos comiencen ya en 2021 y no desde el último trimestre del 2023. Como se descarta, hasta por cuestiones matemáticas y físicas derivadas del desplome que generará este año la pandemia, que Argentina volverá a crecer en los próximos dos años, los tenedores de títulos públicos con jurisdicción internacional emitidos en la década pasada, cobrarán mucho más que sus primos (y colegas en la batalla por la reestructuración actual) que poseen deuda lanzada durante la gestión de Mauricio Macri. La propuesta quedó plasmada ayer en el comunicado del Argentina Exchange Bondholders (Comité de Acreedores de Argentina), el grupo que representa a los acreedores con mayoritaria deuda K; y que comparte cartel con el Ad Hoc Exchange Bondholders Group (El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos) comandados por Monarch y el Ad Hoc Bondholders Group (Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina), por lejos el más poderoso, y al que suscriben BlackRock, Fidelity, Ashmore, VP y T.Rowe. La propuesta del grupo de bonistas K se basa en volver al acuerdo de la oferta de reestructuración del 2010. Fue la que en su momento, y durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, organizó Amado Boudou y llevó la aceptación final de la oferta de salida del default del 2001 al 96%. Por lo que se sabe, Guzmán rechazará la propuesta general presentada por los acreedores K del primer grupo. Sin embargo, en Economía estudian seriamente la presentación de una propuesta alternativa para este sector, diferente a la del resto de los acreedores. Esta distinción incluiría la eventualidad de algún tipo de pago extra para el período enero de 2021 y septiembre de 2023 (en octubre de ese año comenzaría el cronograma de regularización que presentó originalmente Guzmán). Tendrían además el reconocimiento del 100% del capital original, sin la quita del 5,4% que también propuso el ministro de Economía en la presentación que venció el 8 de mayo. Los bonistas K creen que se merecen esta distinción y ser tratados con más suavidad y consideración que sus compañeros de negociación; al asegurar (no sin razón) que sus acreencias ya fueron reestructuradas y fruto de la salida de otro default, el del 2001. Además de considerarse con más derechos que los dueños de títulos públicos M, tienen un arma letal para presionar a Martín Guzmán y sus negociadores. El diseño original de los bonos en cuestión (el Par y el Discount), implica que si el país entra en default y no paga los vencimientos de intereses y capital, se habilita libremente a los titulares de esta deuda a acelerar las presentaciones judiciales en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde gobierna Loretta Preska. Según la jurisprudencia que dejó el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, si el país no paga esa deuda y entra en default con esos bonos, tendrá que hacerse cargo de la liquidación total de la emisión. Y sólo si llega a un 85% de aceptación general en la actual negociación, podrá evitar esta peligrosa y casi letal instancia judicial; que obligaría al país a pagar en tiempo y forma unos u$s 8.000 millones. Ese es el monto que aún hay que pagar en la vida útil de los dos bonos a renegociar emitidos durante el kirchnerismo, y que si no se liquidan los próximos vencimientos (el próximo es el 30 de junio), habilitarán la aceleración de los juicios. Como ya se mencionó, esta posibilidad de aceleración judicial no cuenta para la deuda emitida durante el macrismo. Esta incluye una cláusula antibuitre que dificulta y traba la posibilidad de avanzar en un juicio contra el país, aun en default. Para poder litigar ante una situación de deuda impaga, y si los bonistas quisieran avanzar en litigios, no lo podrían hacer hasta después del vencimiento de los títulos; ni ejecutarlos de manera individual, sino de manera colectiva. Y bajo la representación del Trustee/Bondholder Rerpresentative (Comisario de la emisión). Además, y según la misma cláusula, si se avanzara en un juicio individual, en el caso que el acreedor triunfara, el dinero que reciba deberá coparticiparlo en el resto de los tenedores de deuda que también se hayan presentado en el litigio. Así, solo si todos los tenedores de esa deuda se presentaran a reclamar en el tribunal de Preska, recibirían el 100% del dinero que reclaman. Ante este panorama, sólo un default generalizado justificaría la apertura de los tribunales para reclamar por la deuda emitida desde el 2016 en adelante. Los bonistas con deuda emitida para salir del anterior default, son en estos tiempos los que mejor relación tienen con el gobierno nacional. Militan en el grupo de los acreedores “friendly” y, tal como mencionó este diario, tienen en sus filas a dos viejos aliados del país en épocas de crisis: los fondos Gramercy y el Fintech. Ya habían trabajado en conjunto para convencer en el 2010 a los bonistas aún chúcaros para aceptar la propuesta del kirchnerismo de salir del default del 2001, y se presentaron como “amicus cureae” en el tribunal de Thomas Griesa durante el Juicio del Siglo. Incluso, con mucha discreción y con estricta comunicación satelital, Alberto Fernández escuchó atentamente los consejos de un viejo amigo de la Argentina. Desde Nueva York David Martínez (dueño del Fintech) explicaba pacientemente, y con su inconfundible acento urbano mexicano, las conveniencias de llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar el default. Hábil como pocos, explicaba también que dentro del grupo que él integra con Gramercy, existen otros bonistas con títulos K que no tienen su actitud de acercamiento y sostienen una posición combativa. La vieja estrategia del “policía bueno y policía malo” que trabajan para el mismo equipo. Otra partida más del apasionante “Póker”.

(Iprofesional) Nervios en la City: con la suba del dólar blue, se aceleró «goteo» de los depósitos bancarios. Desde el inicio de la cuarentena, los depósitos en dólares cayeron unos u$s900 millones y la volatilidad cambiaria agudiza la inquietud de los ahorristas. iempre que Argentina está frente a una crisis económica, quienes poseen dólares prefieren tenerlos a mano: los sacan del banco y los ponen bajo el colchón, en cajas de seguridad o los envían fuera del país. La tremenda crisis económica ocasionada por el coronavirus no ha sido la excepción. En los 60 días que van de aislamiento social obligatorio (la manera más elegante de definir a la cuarentena) muchos ya optaron por sacar sus dólares del banco. Y por eso, los depósitos en moneda estadounidense cayeron 882 millones en sólo dos meses. Basta con mirar la evolución de los depósitos en dólares del sector privado desde el 20 de marzo (día en que el Gobierno declaró la cuarentena) hasta el viernes pasado para darse cuenta de la caída. Cuando comenzó el aislamiento obligatorio había en los bancos (entre cuentas a la vista y plazos fijos) unos u$s18.056 millones. El viernes pasado, esa cifra se había reducido a u$s17.174 millones. Y no hay señales de que la tendencia se pueda revertir en el corto plazo.  Las razones por los cuales la gente elige retirar sus dólares del banco son muchos y se entremezclan. En primer lugar, no hay que olvidar que apenas se declaró la cuarentena los bancos permanecieron cerrados sin ninguna posibilidad de que sus clientes se llevaran su dinero, excepto vía cajero automático. Eso hizo que, cuando abrieron sus puertas sólo para algunas actividades bancarias, muchos tuvieran la ansiedad de ir a retirar sus depósitos, especialmente los nominados en dólares. En segundo lugar, muchos fueron los rumores que circularon durante el período en que los bancos se dedicaron básicamente a pagar jubilaciones como principal actividad. Se dijo que no se podrían retirar los depósitos (ni en pesos ni en dólares), que se podrían retirar a cuentagotas, y no faltaron las clásicas versiones alarmistas sobre confiscaciones. Nada de eso ocurrió finalmente, pero en aquel momento muchos ahorristas optaron por sacar sus billetes verdes de los bancos. El segundo motivo al que hace referencia Henke queda en evidencia cuando se cruzan dos datos: la caída de los depósitos y la evolución de la cotización del dólar blue. Si miramos el momento exacto en que los depósitos comenzaron a caer con más fuerza, veremos que coincide con el momento en que el dólar blue comenzó a cotizar con firmeza por encima de los $ 100. Eso ocurrió después del 20 de abril, momento a partir del cual los depósitos en dólares en los bancos provenientes del sector privado sólo tendieron a caer, mientras que el dólar blue no paró de subir. Por ejemplo: el miércoles 22 de abril, había 18.031 millones de dólares depositados en el sistema financiero, y el dólar blue cotizaba a $ 110. Al día siguiente, el dólar blue pasó a valer $ 120 y los depósitos cayeron a 17.929 millones de dólares. Nunca más volvieron a estar por encima de esa cifra. El eterno atractivo del «puré»
Queda claro, entonces, que muchos de los ahorristas que retiraron sus dólares del banco (probablemente dólares que habían comprado a precio oficial en algún momento) los llevaron a las «cuevas» y los vendieron al precio que el mercado pagaba por el dólar blue. Es decir, hicieron el famoso «puré», que permite lograr una diferencia al haber comprado dólares a un precio barato y luego venderlos a un precio más caro. El ejemplo es simple: imaginemos que alguien compró los 200 dólares autorizados por mes desde enero hasta marzo inclusive. Juntó en total 600 dólares que pagó (según el momento en que los haya adquirido, a un promedio de $84 por cada dólar) $50.400. Si los retiró del banco el día 14 de mayo y los vendió a $132 en el mercado paralelo (al blue los cambistas lo compraban a ese valor y lo vendían a $ 138), consiguió hacerse de $79.200. Obtuvo así una ganancia de $ 28.800 en la operación que en la city se conoce como «puré». Claro que consiste en pasar dinero en blanco (declarado) a dinero en negro, pero en este país y en este contexto económico esto parece ser de poca importancia. El punto es que estos ahorristas lo más probable es que tuvieran que hacer esa venta de dólares para solventar sus gastos cotidianos más que para hacer un negocio especulativo, ya que en la pandemia la cadena de pagos se interrumpió y muchos debieron recurrir a sus ahorros para subsistir. «Las dos cosas están pasando: están los ahorristas que no tuvieron más remedio que recurrir a sus dólares para sobrevivir en medio del parate por el coronavirus, y están los que se quedaron más tranquilos sacando sus dólares del banco para tenerlos a mano, verlos, tocarlos y estar seguros que nada les impida poder retirarlos del banco», asegura Santiago López Alfaro, economista y socio de Delphos Investment.
La reacción a la «mano dura»
La ansiedad por tener los billetes verdes en la mano responde a la memoria colectiva de las confiscaciones, y es una tendencia que se exacerba en los momentos de volatilidad. Sobre todo cuando los funcionarios comienzan a tomar medidas de corte intervencionista y se quejan sobre las operaciones especulativas por parte de agentes del mercado.
«Hay dos motivos por los cuales alguien saca la plata del banco: el primero es porque piensa que se los van a incautar; entonces, por las dudas se los llevan. Y el segundo es porque en medio de la cuarentena necesitan de esos dólares para venderlos y poder sobrevivir, porque la cadena de pagos está totalmente cortada y no cuentan con los ingresos que habitualmente tienen», sostiene Alejandro Henke, economista y director de Proficio. El consenso de los analistas asegura que -aun cuando en estos días esté mostrando una leve tendencia a la baja- el precio del dólar seguirá aumentando, producto de la gran emisión de pesos que viene haciendo el Banco Central, las bajísimas tasas de interés para colocaciones en pesos y la incertidumbre que todavía existe sobre cómo se resolverá el canje de la deuda con los tenedores de bonos. Aquellos ahorristas que retiraron sus dólares el banco y no los vendieron para conseguir pesos, simplemente prefirieron tenerlos fuera del sistema financiero local. «Cuando limitaron las inversiones de los Fondos Comunes de Inversión en dólares, y cercaron cada vez más las operaciones para comprar dólar MEP o contado con liqui, mucha gente se puso nerviosa y prefirió sacar sus dólares fuera del país, porque piensan: si se van a meter con los dólares, mejor me los llevo a otro lado», señala Henke. Así fue como en estos 60 días de cuarentena (de los cuales, al menos 15 los bancos estuvieron cerrados) muchos ahorristas prefirieron sacar sus dólares de los bancos y guardarlos de otra manera o convertirlos en pesos. Algunos apremiados por la necesidad de echar mano a sus ahorros, otros temerosos de que los mayores controles sobre la compra de dólares y los rumores sobre futuras medidas del Gobierno en materia de depósitos les impidieran sacar sus billetes, pero todos con el mismo objetivo: tener a mano sus dólares billetes. Ya lo dice el dicho: más vale billete en mano que dólar depositado en el banco.