(AMBITO) Gobierno avanza con el esquema de aumentos de la tarifa de luz y gas según sectores
El Estado centrará los subsidios en los grupos de menores recursos. Los beneficiarios del IFE no sufrirían una actualización de precios en 2021. “Subsidios eficientes”, “sintonía fina” o “aumentos estratificados”. Cualquiera de esas definiciones pueden utilizarse para resumir el plan del Gobierno nacional de cara al descongelamiento de los servicios públicos que intentará poner en marcha en 2021 para adecuar las tarifas a sus costos. Tal como adelantó el secretario de Energía, Darío Martínez, a este diario semanas atrás, el objetivo es «encontrar a esa persona que la está pasando muy mal y ahí ir a asistir con el subsidio”. “De nada nos serviría intentar cobrar una tarifa a alguien que no la puede pagar. Por eso, el IFE, las herramientas de Desarrollo Social, de ANSES y toda la información que tiene el Gobierno nos va a permitir hacer mucho más eficiente el subsidio», le dijo Martínez a Ámbito. A poco de que venza la Ley de Solidaridad sancionada el diciembre pasado y que congeló las tarifas de luz y gas, la Secretaría de Energía ya tiene casi lista su propuesta de «reestructuración tarifaria». El objetivo de Martínez es comunicar una suba discriminada, donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de las familias. Esto es, habrá una parte importante de la población que no sufriría ningún tipo de aumento en el valor de la luz y el gas al menos durante el próximo año, y esa suba la absorbería el Estado con subsidios a las empresas.Según supo Ámbito, el Gobierno pretende que el 40% de la población argentina que vive en situación de pobreza no sufra cambios en las boletas, tras la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 3 años y agravada por la pandemia de coronavirus, que incrementó el desempleo y la pérdida de ingresos.Así, luego de 3 años tarifazos acumulados del 3000% en el caso de la luz y cerca del 2000% aplicados durante la gestión de Mauricio Macri, desde abril de 2019 los servicios se encuentran congelados. Primero por decisión del ex presidente en un año electoral, y luego por la Ley de Solidaridad, sancionada en diciembre pasado en el marco de la grave situación económica que atraviesa el país. Para corregir las tarifas, la idea entonces que apartar de esas subas al 40% de los argentinos que no pueden hoy pagar ninguna factura de luz y gas, mientras que el 45% que forma parte de la «clase media», según cálculos del Gobierno, tendría que afrontar un aumento similar al de la inflación general de precios, calculada para 2021 en el Presupuesto de un 29%, pero que para las consultoras será del 48%. En tanto, el 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario. De esta forma, se busca minimizar el impacto de las eventuales subas en los sectores de menores recursos. «Es necesario adecuar las tarifas de los sectores públicos porque si no hay inversión, se generan cortes energéticos por una menor energía disponible», resaltan desde el gabinete económico de la administración de Alberto Fernández. Para las distribuidoras energéticas, la luz y el gas deberían ajustarse entorno al 70% y 80% tras dos años sin retoques de los cuadros tarifarios. La intención de la cartera que conduce Martínez es tener resuelto para el primer bimestre de 2021 la reestructuración de los precios. Para poder llegar a los hogares que serían excluidos del aumento, se utilizarán, como adelantó Martínez a este medio, distintas herramientas tecnológicas para cruzar datos, como por ejemplo los beneficiarios del Ingreso familiar de Emergencia (IFE) que paga Anses. Por el lado de las distribuidoras energéticas, una de ellas aseguró a ámbito.com que aún no han mantenido diálogo con el secretario de Energía ni tampoco recibieron cómo es el nuevo esquema que pretende instrumentar, sino que sólo escucharon las declaraciones públicas del funcionario. Este lunes, el Gobierno nacional encomendó a la Secretaría de Energía que reglamente la apertura a la discusión de las tarifas de gas natural. Por año, debe haber dos audiencias públicas para consensuar los precios de la luz y el gas. El decreto 892/2020 que puso en marcha el Plan Gas:Ar fijó que «el Estado podrá tomar a su cargo el pago mensual de una porción del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), a efectos de administrar el impacto del costo del gas natural a ser trasladado a los usuarios y las usuarias» por parte de las empresas distribuidoras. A partir de esto, el Gobierno instruyó a Energía «a dictar una reglamentación relativa a la discusión y debate de las tarifas de gas natural, así como de su debida ponderación, la que podrá incluir, de corresponder, mecanismos de participación ciudadana».(AMBITO) Gobierno apura acuerdo con el FMI: activa ahora el contacto con Werner
El objetivo es avanzar en los temas que concitan las mayores diferencias: política cambiaria, compromiso fiscal y meta de inflación. Alberto Fernández activó su carta personal para destrabar algunas situaciones complicadas en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y acelerar así la firma de la “Carta de Intención” antes de las fiestas. El Gobierno quiere terminar el año con el tema FMI en vías de solución, y concentrar el comienzo del año sin la agenda de la discusión con el organismo sobre la mesa. Para lograr esta última gran meta económica del complicadísimo 2020, el jefe de Estado activó su carta personal; al menos para tratar los aspectos técnicos del potencial acuerdo: tomar contacto directo con el gerente para el Hemisferio Occidental Alejandro Werner. Es con el mexicano-argentino, con quién el Presidente quiere terminar de negociar (vía virtual) el contenido específico de la “Carta de Intención” con la Argentina. Sabe el Presidente que las negociaciones están trabadas en tres aspectos fundamentales: la política cambiaria para el 2021, el compromiso fiscal con las provincias y las verdaderas posibilidades que la inflación del próximo ejercicio sea menor a la del 2020. Hay desacuerdo sobre estos puntos entre las partes, que están lejos de llegar a buen puerto. Lo dejaron en claro los enviados de Washington el venezolano Luis Cubeddu (mientras pudo fiscalizar antes de caer bajo el covid-19) y la norteamericana Julie Kozac. Los dos visitantes dejaron en claro en varias de las reuniones más importantes que se mantuvieron durante la semana anterior, que no está claro que la Argentina pueda dominar el mercado cambiario en el mediano largo plazo; más allá de la tranquilidad de los últimos días. Tampoco les queda claro al tándem visitante, que las provincias estén en sintonía con la necesidad de un ajuste fiscal importante y en sintonía con el que promete la Nación. Y, finalmente, el debate más importante. No creen Cubeddu- Kozac que la inflación para el 2021 termine siendo, tal lo prometido por Martín Guzmán, inferior a la del 2020. Haciendo porcentajes básicos, este año el alza de los precios medida por el INDEC se ubicaría cerca del 36%, para el próximo ejercicio el Ministerio de Economía promete un 29% mientras que las consultoras privadas hablan del 50%. Todos estos puntos son imposibles de solucionar con una conversación con funcionarios argentinos, sino que ameritan un compromiso político de la Argentina de lograrlo y de la buena fe del organismo financiero de aceptar la promesa. Ahí es donde juega la relación personal que Alberto Fernández logró crear con Alejandro Werner; hace ya más de un año. Fue el 27 de junio de 2019, cuando el entonces flamante candidato opositor se reunió por primera vez con el director gerente. Alberto Fernández llevaba sólo semanas como el hombre elegido por Cristina Fernández de Kirchner, y desde el FMI se había generado una inquietud importante sobre cuál era su idea sobre el megaprestamo otorgado. Concretamente, la duda era si un eventual gobierno suyo iba a reconocer esa deuda o la negaría por cuestiones políticas, ideológicas o de cualquier otra naturaleza. Para conocer la respuesta de boca del propio vencedor de las Paso, la conducción de ese entonces de Christine Lagarde dispuso que sea el propio Werner quien viajara a Buenos Aires y se encontrara con el candidato opositor. Aquella tarde de junio, ambos se encontraron en las entonces oficinas partidarias de Fernández en la calle México de la Capital Federal. Para distender el clima algo tenso, el candidato apeló a un recuerdo. Mencionó al padre del visitante, el cordobés Manuel “Lito” Werner; un exfuncionario y jefe de Gabinete del equipo de José Ber Gelbard, asegurándole que “dentro del movimiento, era un hombre muy respetado y siempre recordado”. Hablaron luego del exilio que el padre del hombre del FMI tuvo que vivir primero en Uruguay y luego en México, donde finalmente Alejandro desarrolló su carrera económica y política. Ya distendidos, y siempre sin abandonar los buenos gestos y la cordialidad, comenzaron los reproches desde el lado local. “Cuénteme, y sabiendo que ustedes tienen sus obligaciones políticas, ¿cómo fue que se aprobó el último acuerdo, donde se está violando el acta constitutiva del FMI? ¿Cómo le dieron un préstamo semejante a Macri en estas condiciones?”. Fernández hablaba puntualmente de la habilitación que llegó el último 29 de abril, para que el Gobierno pueda utilizar hasta u$s9.000 millones para contener eventuales corridas hasta fin de año; mecanismo que le permitió al Gobierno sostener una estabilidad cambiaria que probablemente llegue a las elecciones Paso. El candidato definió este último acuerdo como un pacto “con Macri, no con la Argentina” que generó “un dólar ficticio y electoral”. Relató Fernández el artículo VI de la Carta del FMI, en el párrafo donde se menciona que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. Werner escuchó callado la siempre diplomática embestida; y, según los locales, asintiendo con la vista. Insistió Fernández en que “se comprende que hay cuestiones políticas detrás” (sin mencionar la acción directa de Donald Trump en el último préstamo), y lanzó otra estocada: “de los u$s39.000 millones que ya prestaron, se fugaron ya u$s30.000 millones. ¿Y van a prestar u$s11.000 millones más? Se los van a dar para que se siga financiando la fuga”. Recordó que la deuda externa pasó de u$s100.000 millones a u$s150.000 millones y estimó luego que el déficit fiscal del año pasado será de 1% del PBI, “pese al ajuste y sin contar el financiero”; habló de “la ficción de las cuentas públicas” y de “la deuda que se está generando entre la Nación y las provincias” y del “descalabro de las Leliq”. Fue la primera vez que se mencionó desde los locales una cuestión clave: “es imposible pagar así esta deuda. Se necesita renegociar”. Werner dio luego la frase clave que ahora replica Alberto Fernández: “de buena fe siempre habrá un acuerdo. Si hay voluntad, será una responsabilidad mutua que deberemos asumir”.(AMBITO) Para Ecolatina, la inflación cerrará en el 36% este año
El informe señala que la inflación «comenzó a acelerarse de la mano de las menores restricciones a la circulación, el menor alcance del programa de precios máximos, el ajuste en combustibles y prepagas». Un informe elaborado por la consultora Ecolatina, estimó que el costo de vida cerrará este año en el 36%. El índice de precios Gran Buenos Aires elaborado por esa entidad trepó 4,3% entre la primera quincena de noviembre y el mismo período de octubre. Esta dinámica todavía contempla el incremento en precios máximos, que impulsó el índice durante el transcurso de octubre. Sin embargo, el aporte de equipamiento del hogar, alquileres e indumentaria también es significativo. «Prevemos que la inflación nacional se ubique en la zona de 3,5-4% en noviembre, en línea con ocurrido en octubre producto de una aceleración del IPC Core, condicionando las posibilidades de una desaceleración en el corto plazo», indicó el informe. Afirmó que «la eliminación de algunos precios máximos en alimentos no básicos se combinará con aumentos en el resto de bienes no esenciales y con algunos servicios privados en los próximos meses». «Considerando que las negociaciones paritarias volverán a pautarse, de mínima, a principios del próximo año, lo más probable es ver una continuidad en el deterioro del poder adquisitivo», señaló la entidad. El director de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, explicó que la inflación «comenzó a acelerarse de la mano de las menores restricciones a la circulación, pero también producto del menor alcance del programa de precios máximos, así como el ajuste de algunos precios Regulados, como combustibles y prepagas». Consideró «lógico que, tras un período de congelamiento, la inflación se acelere puesto que en el pasado la suba de precios fue menor gracias a dicha medida, pero mantenerlo fijos no se puede sostener por mucho tiempo». «Hacia adelante la clave para que la inflación vuelva a desacelerarse pasa por estabilizar el frente cambiario: las escasas reservas netas y la elevada brecha muestran que la probabilidad de un salto cambiario no es despreciable», concluyó.(INFOBAE) Por la devaluación, la cantidad de personas obligadas a pagar el impuesto a la riqueza sería el doble de lo previsto originalmenteLa AFIP había asegurado que eran menos de 10.000 contribuyentes. Pero la cifra será mucho más alta por el cambio de la fecha de cálculo de gravamen. Pese a la suba del tipo de cambio en lo que va del año, de $60 a $80, no se adecuó el mínimo del nuevo gravamen en pesos.
Miles de contribuyentes que no estaban originalmente alcanzados por el impuesto a la riqueza finalmente tendrán que pagarlo, una vez que la iniciativa sea aprobada por el Congreso. Esto se debe a un cambio del texto original del proyecto que se había redactado en abril. En aquel momento se estipuló que la base de cálculo sería el 31 de diciembre de 2019. Pero en el dictamen que discutirá hoy Diputados se dispuso que en realidad la fecha será la del día de la promulgación de la ley en el Boletín Oficial, lo que podría suceder a fines de noviembre o principios de diciembre. Esto implica un gran cambio en el cálculo de quiénes deberán pagar el tributo. La clave está en el salto del tipo de cambio desde que empezó el año. A fines de 2019, el dólar oficial (al que se calcula el impuesto) rondaba los $ 60. Pero ahora está cerca de los $ 80, o sea un salto superior al 30%. Como el piso a partir del cual se paga el tributo está en pesos, el salto cambiario implica que un patrimonio menor en dólares respecto a lo originalmente previsto terminará alcanzado. El cambio de la base de cálculo obedeció, en alguna medida, a las advertencias que señalaban que el impuesto resultaría inconstitucional por aplicarse en forma retroactiva. Ese inconveniente fue subsanado por los cambios introducidos en el proyecto. Pero además, los promotores de la iniciativa, los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, rápidamente se dieron cuenta de cómo el salto del tipo de cambio favorecería una mayor recaudación del tributo, al que insisten en llamar “aporte solidario”. Un sencillo ejemplo alcanza para entender el punto. Es el caso de un individuo que exclusivamente tenga como patrimonio una cuenta en dólares en el exterior. Con la redacción original del proyecto, una suma de 3 millones de dólares no estaba alcanzada. Esto sucede porque tres millones al cambio oficial de 60 pesos sumaba un total de 180 millones de pesos, es decir estaba por debajo de los 200 millones de pesos estipulado por el proyecto para quedar adentro del nuevo gravamen. En cambio, ahora esos mismos tres millones de dólares representan, al tipo de cambio oficial, un total de 240 millones de pesos, cifra que supera el mínimo.(INFOBAE) Los bancos internacionales esperan que el Gobierno consiga fondos frescos del FMI para frenar la inflación y evitar otro problema con la deudaEl JP Morgan sostuvo que, sin ese dinero, la suba de precios puede llegar a tres dígitos en 2021 y un think tank de las entidades financieras aclaró que el país debería pagar una deuda de USD 10.000 millones en 2022, algo difícil de cumplir.
Los bancos internacionales esperan que el Gobierno cierre una negociación exitosa con recursos frescos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el primer trimestre del año próximo para evitar una aceleración inflacionaria y un nuevo problema con la deuda del país. Por un lado, en un informe sobre la Argentina, el banco JP Morgan expresó que espera “la negociación de programa macroeconómico con FMI para fin de primer trimestre de 2021, que limite el financiamiento monetario de Banco Central y ancle las expectativas de inflación”. Sin tal programa, “la emisión monetaria podría llevar la inflación de fines de 2021 a niveles de tres dígitos”, advirtió el poderoso banco de Wall Street que preside Jamie Dimon. Sin un programa con el FMI la emisión monetaria podría llevar la inflación de fines de 2021 a niveles de tres dígitos, advirtió el JP Morgan Por el otro, un importante analista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que reúne a los principales bancos del mundo, sostuvo que el Gobierno necesita sí o sí un programa con el FMI que incluya fondos frescos. El subjefe de economistas del IIF, Sergi Lanau, expresó que “si el nuevo programa del FMI con la Argentina solamente incluye un roll over de la deuda previa y no un incremento neto de fondos, el país enfrentará en 2022 necesidades de financiamiento brutas de USD 10.000 millones en 2022”. Esa suma “sería desafiante de conseguir a menos que las políticas cambien en forma radical y se restaure el acceso al mercado de capitales”. Lanau había expresado tiempo atrás a Infobae que la Argentina tendrá problemas para bajar en forma sustancial la inflación, tal como lo muestran los resultados y pese a que la energía de algunos funcionarios del Palacio de Hacienda, como el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, se focalizan más en cuestionar los números de las consultoras privadas que en presentar un programa consistente para solucionar este problema, que ubica al país en el segundo lugar más alto del podio mundial de suba de precios. ¿Se equivocan las consultoras?; claro, como el equipo de Economía, que pronosticó en septiembre en el proyecto de presupuesto un tipo de cambio para fin de este año que ya quedó desactualizado. Además, las consultoras cumplieron un rol clave -hasta que comenzó a difundirse el IPC oficial porteño- mientras se manipuló el dato de inflación del Indec desde 2007 hasta 2015. Parte de estos temas fueron conversados hace dos semanas por la vicepresidente Cristina Kirchner y el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, en un encuentro reservado que fue gestionado por el director de AdCap, Javier Timerman, el hombre del sistema financiero de mejor vínculo con el Gobierno. Tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidente apoyan la actual gestión del ministro Martín Guzmán para cerrar el acuerdo con el Fondo que permita tranquilizar en forma más consistente y por más tiempo al mercado. Esto no significa, aclararon en el oficialismo, que no se piense en dar señales de mayor ortodoxia fiscal si es necesario, como las que se dieron en materia de ajuste de las jubilaciones y de las tarifas de los servicios públicos, que siempre serán acompañadas por gestos simultáneos hacia la militancia, como el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas.(BAE) La soja sigue en alza y cerró en Chicago a USD423,84
Además de la demanda asiática, el otro factor que influyó en las cotizaciones fue el aumento de la molienda por parte del comlejo sojero norteamericano. Los stocks se encuentran a la baja. La soja en Chicago sigue su carrera alcista, y en el cierre de ayer la oleaginosa ganó USD2,02 mientras que los cereales también se mantuvieron en una tónica similar. El contrato Enero 21 de soja subió un 0,47% y cerró en USD423,84 la toneladas, mientras que la posición Marzo 21 trepó USD2,39 y llegó a USD424,21 la tonelada. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las razones de esta suba se deben buscar en que el crushing del poroto alcanzó su máximo histórico en Estados Unidos, por encima de las expectativas del mercado. A este factor, se suma una demanda china que sigue traccionando fuerte en las pizarras del Chicago y los bajos niveles de stocks, que de acuerdo a la entidad bursátil serían los más bajos en siete años. En paralelo, los subproductos del complejo sojero acompañaron la suba del poroto. El aceite subió USD6,61 y alcanzó los USD825,18 la tonelada, mientras que la harina registró un incremento de USD1,32 y cotizó en USD429,12 la tonelada. Por su parte, el maíz ganó USD 2,26 y se ubicó en US$ 163,87 la tonelada, siguiendo la tendencia alcista de la soja, aunque algunas lluvias en Argentina y Brasil renovaron el panorama de rindes y permitieron recortar en parte esta tendencia alcista. En el caso del trigo, su precio subió USD1,65 y cerró a USD219,73 la tonelada, de la mano de algunas dudas que se mantienen por la calidad del cereal de invierno en Rusia.(CRONISTA) Para evitar cortes de luz, envían $ 4100 millones a Kicillof La Nación le girará a Buenos Aires los fondos para pagar una deuda que se acumuló durante nueve años con Edenor y Edesur por el consumo de energía en barrios populares. Se destinarán a obras.
a Subsecretaría de Energía Eléctrica tiene a la firma una resolución para girarle $ 4100 millones a Buenos Aires en concepto de asistencia financiera para que la provincia pague una deuda de larga data con las distribuidoras Edesur y Edenor. Los fondos se destinarán a inversiones «prioritarias» para el mantenimiento de la red, con un solo objetivo: evitar que en el verano se disparen los cortes de luz y que no se repitan las críticas de los intendentes, que en el invierno pidieron el fin de la concesión de Edesur y hasta la estatización de la empresa por su calidad de servicio. La deuda se acumuló desde 2011 y corresponde al consumo de energía eléctrica en los barrios populares, en donde hay medidores comunitarios y los usuarios no pagan de forma directa. En la Secretaría de Energía apuntan que los $ 4100 millones representan «apenas un quinto» de los $ 20.000 millones que -piensan- Edesur y Edenor deberían invertir para mejorar sus redes y bajar definitivamente la duración y la frecuencia de los cortes. Del total, unos $ 3000 millones (el 75%) corresponde a Edesur, controlada por el grupo italiano Enel, y el resto a Edenor, del holding Pampa Energía. Esta distribución se corresponde con una mayor presencia de barrios vulnerables en el sur del Gran Buenos Aires (GBA), área de concesión de Edesur. En sus recientes presentaciones de resultados, ambas compañías anotaron pérdidas y criticaron el congelamiento de las tarifas, además de notificar que bajaron nominalmente los montos que destinaron a inversiones por la falta de ingresos genuinos. Las obras se verán en el conurbano casi al mismo tiempo en que el Gobierno estará anunciando un aumento en las tarifas de luz y gas para reducir los subsidios. El control del programa estará a cargo de Federico Basualdo, que hasta el mes pasado fue el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), órgano de contralor que fiscaliza el desempeño de ambas firmas. En su anterior puesto será designada a la brevedad una mujer, según anticiparon fuentes oficiales. Desde hace meses, la mayoría de las distribuidoras de electricidad de todo el país no pagan la propia energía que compran a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), una sociedad mixta que administra el Estado. Las obligaciones con Cammesa superaron en octubre los $ 120.000 millones, precisamente con Edenor y Edesur al tope de la lista de las deudoras. Para solucionar este conflicto, el Gobierno propuso en el Presupuesto 2021 un plan de pagos atado a un plan de inversiones. Apenas asumió el secretario de Energía, Darío Martínez, reconoció que en el verano se multiplicarán los cortes de luz, debido a que, por la pandemia, habrá más población en su casa y no tantas personas en oficinas y comercios.

(CRONISTA) El Banco Macro lanzó su propia plataforma digital de pagos La entidad presenta viüMi, una plataforma que ofrece distintas modalidades de cobro para comercios, profesionales o empresas..
l Banco Macro presentó su propia plataforma de pagos digitales. Se trata de viüMi, un sistema que cuenta con tres modalidades de cobro que se adaptan a diferentes tipos de locales o emprendimientos, y con el que busca meterse de lleno en el ecosistema fintech, uno de los sectores con mayor potencial dentro del sistema financiero del país. viüMi le brinda a los comercios la posibilidad de realizar cobros mediante un lector de tarjetas para las ventas presenciales, y a través de un link de pagos que hace que no sea necesario tener contacto con el cliente de manera presencial. Además, ofrece un catálogo online, para que el comerciante tenga su propia web y muestre allí su «vidriera online» con fotos y descripción de los productos y un carrito de compras para que sus clientes carguen lo que desean sin costo adicional. Dentro de los beneficios que se propone brindar, la plataforma digital permite reducir el riesgo de manejo y traslado de dinero. Pero además, representa una oportunidad para los comercios ya que podría incrementar las ventas por recibir pagos con tarjeta de débito y crédito, y acepta tarjeta AlimentAr en comercios con rubro habilitado. “viüMi se adapta a cualquier tipo de negocio; usuarios ocasionales con ventas de hasta $ 30.000 mensuales, vendedores habituales/profesionales, que necesiten cobrar por sus servicios prestados o productos y personas jurídicas, definidas como empresas o grandes comercios que quieran comenzar a vender a través de soluciones ágiles”, subrayó el Banco Macro a través de un comunicado.