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• (Ambito) YPF: Burford dice que puede reclamar hasta u$s6.000 millones. El fondo se defenderá de acusaciones por «fraude contable». La causa está suspendida hasta el 7 de diciembre y deberá intervenir el próximo Gobierno. Burford, el fondo que demanda a YPF por la manera en que se reestatizó la petrolera en 2012, se rearma en su embestida. Ayer presentó por primera vez la valuación que tendrían sus activos, en el caso en que la causa que maneja la jueza del segundo distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, se defina a su favor. Según esta medición, a Burford, como principal demandante, le corresponderían hasta u$s9.000 millones, según la fórmula que Preska tome como válida. Estima que un monto adecuado debería acercarse a los u$s6.000 millones, el dinero que siempre Burford dijo ante el juzgado que le correspondería. La resolución de este caso será tomada por Preska en 2020; luego que la propia jueza (algo cansada por la falta de precisiones y presentación de pruebas desde la Argentina), decidió que la causa continúe en diciembre, cuando en el país ya haya un nuevo Gobierno electo “que pueda tomar decisiones”. La jueza reabrirá su juzgado para escuchar a las partes desde el 7 de diciembre, y su fallo definitivo se conocerá durante el primer semestre del próximo año. Esto quiere decir que será el presidente que sea electo del 27 de octubre el que tenga que enfrentar la resolución de este caso, y que, de ser negativo, defina cómo pagará los miles de millones de dólares que implicaría un fallo negativo. La manera en que Burford valuó sus supuestas acreencias es curiosa. El fondo fue acusado el 7 de agosto pasado de “fraude contable”, ante una posible sobrevaloración de las ganancias que le traería al demandante el juicio contra la Argentina. El disparador de estos cambios fue la publicación de un informe de la agencia estadounidense Muddy Waters Research, en el que se acusa a Burford de tergiversar sus resultados “manipulando su rendimiento del capital invertido y la tasa interna de rendimiento, así como el estado de su negocio en general”. Ese día, y luego de presentar el trabajo, las acciones de Burford Capital se derrumbaron el 46% en la Bolsa de Comercio de Londres. Según Muddy Waters, parte del fraude de Burford se concentra en su principal activo: el juicio por la reestatización de la petrolera argentina, sobrevalorando hasta siete veces la potencial tasa de ganancia, afirmando que el capital invertido es del 426%, en lugar del 3.278%. El informe señala en varias oportunidades que Burford escondió los costos del juicio contra la Argentina, y que concentra la mayoría de sus activos (inflados) en cuatro causas fundamentales donde la de YPF es, lejos, la más importante. Es ante la necesidad de presentar la correcta valuación que Burford estimó que este caso tendría un valor final, y si se da un fallo positivo para ellos de parte de Preska de un piso de u$s1.700 millones (según el valor de las acciones actuales), o u$s9.000 si se toma la valuación del día en que se anunció la reestatización, o de u$s6.000 según la jornada en la que Argentina efectivamente tomó posesión. El escrito preparado por Burford para presentar ante la Justicia de los Estados Unidos (la causa se tramitará en la Corte del Distrito Este de Nueva York) no le da porcentajes de valoración a cada una de las tres alternativas, pero sí menciona que la tercera podría ser efectiva. La intención de Burford es que se tome como válida la valuación del activo del juicio contra la Argentina, y se determine que no hubo fraude contable. Y que, en todo caso, las fuertes oscilaciones del valor del juicio dependen de la inestabilidad macroeconómica de la Argentina y sus consecuencias sobre el precio de la compañía YPF. Pero que se debe tomar como válido el momento en que se ejecutó la renacionalización, y no la caída en el precio posterior de las acciones de la petrolera, fruto de la crisis financiera del país. En el caso concreto de la causa que maneja Preska, lo importante de la presentación es que este será el reclamo que se le planteará a la jueza para que tome como válido. Luego la magistrada definirá la fórmula final. Burford Capital había presentado en la Bolsa de Londres, el 25 de julio pasado, su reporte semestral de resultados correspondiente al período enero-junio 2019, en el que, obviamente, el juicio por YPF era el protagonista. Había valuado allí sus activos potenciales en el caso en unos u$s1.000 millones de los aproximadamente u$s3.000 millones que costaría el juicio en el caso de ser negativo para el país. Burford había anunciado, además, que mantenía el 61,25% del caso, y que en sociedad representa a unos 40 inversores privados. La identidad de estos socios se mantiene estrictamente en secreto y desde la defensa de la Argentina se reclama a la jueza Preska que, en el caso de tener que liquidar la deuda (algo que, tal como lo adelantó este diario, no ocurrirá este año), se den a conocer los nombres de todos los litigantes a los que habría que pagar. En ese informe, que fue puesto en foco por Muddy Waters, se menciona además que en el primer semestre de 2019 la compañía cotizante en la Bolsa de Londres obtuvo una ganancia del 36% en sus inversiones de activos, y del 40% en sus ingresos totales. Esta rentabilidad se debe, en gran parte, a la actividad del fondo ante el juzgado de Preska en el caso YPF, dados los avances del caso en el juzgado del segundo Distrito Sur de Nueva York al menos al momento de cerrar el balance de julio pasado. Se mencionaba, además, que esa valuación debía actualizarse (en positivo) durante el segundo semestre, a partir de los avances que descartaba tendría la causa a favor de la posición del demandante.

• (Ambito) Sector automotor pedirá rebajar impuestos y reeditar Plan Canje. Ámbito Financiero tuvo acceso al documento elaborado por el IAE. Tiene 25 páginas con medidas de fomento de inversiones, infraestructura, competitividad, entre otras. Se lo presentarán a candidatos. El derrumbe del mercado automotor puso en alerta a todos los integrantes del sector. Fábricas, sindicatos, concesionarias y autopartistas decidieron unir fuerzas para enfrentar el difícil momento y, con el objetivo de impulsar una reactivación sólida, elaboraron un estudio con propuestas para que sean tenidas en cuenta por el próximo Gobierno. En estos días comenzará una serie de reuniones con los principales candidatos para presentarles el trabajo. En ese documento, al que tuvo acceso Ámbito Financiero, se plantean una serie de medidas entre las que se destacan dos principales: una reforma tributaria específica para el sector y un plan de renovación del parque automotor (ver aparte). Esta iniciativa guarda cierta similitud con el Plan Canje que se implementó durante la presidencia de Carlos Menem. Tal como adelantó este diario el 27 de septiembre pasado, representantes de ADEFA, AFAC, ADIMRA, SMATA, UOM y ACARA se reunieron en la sede del gremio mecánico para aprobar este estudio elaborado por el IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral. El trabajo se denomina “Propuesta para la sostenibilidad del sector automotor”. En cuanto a los cambios impositivos, el documento asegura que “los vehículos fabricados en Brasil y México pagan menos impuestos que los fabricados en la Argentina, tanto en la etapa de producción como al comparar el costo total cuando son vendidos en la Argentina”. Por eso, se propone impulsar una reforma “alineada al concepto de competitividad sistémica que reduzca la carga impositiva y el costo financiero por saldos estructurales de crédito fiscal”. Eso permitirá incrementar el nivel de inversión, producción empleo y compensaría la recaudación”. Para alcanzar ese objetivo, se recomienda tomar como modelo a la industria automotriz mexicana, que no grava ningún eslabón de la etapa productiva. El estudio es acompañado por un cuadro que muestra la composición del valor de un sedán según la incidencia de la carga impositiva. Se observa que el peso tributario en el proceso de producción hace que los autos fabricados en el país sean más caros, tanto en el mercado local como en los países a los que se exporta. “Los vehículos fabricados en Brasil y México son comercializados en Argentina a valores más competitivos, a diferencia de lo que sucede en los respectivos países. Entre las medidas, se proponen cambios en los distintos impuestos. En Ingresos Brutos, como punto principal, se pide la eliminación de impuestos en la etapa de producción mediante la reducción de alícuota, reintegros fiscal equivalente o un impuesto que sólo grave la última etapa de la cadena. También, la unificación de regímenes de recaudación. En impuestos a los débitos y créditos, se pide la eliminación o cómputo total como crédito de otras obligaciones nacionales respetando lo firmado en el Consenso Fiscal (reducción del impuesto hasta llegar al 0% en 2022). Sobre las tasas municipales se plantea la eliminación de la superposición. En el ítem del IVA, se propone ampliar la posibilidad de aplicar los reintegros del IVA al pago de todo impuesto y, para las exportaciones, reducir el plazo de pago de los saldos solicitados a menos de los 4 meses vigentes hoy. En Impuesto a las Ganancias, se reclama un régimen de amortización acelerada de bienes de capital a opción del contribuyente. En Impuestos Internos, se propone la exención para los vehículos con nuevas tecnologías. El documento del IAE cuenta con unas 25 páginas en las que se analizan siete temas específicos: fomento a nuevas inversiones, Autopartes e insumo, mercado interno, infraestructura y logística, competitividad tributaria, inserción internacional e Instituto de movilidad.

• (Ambito) Deuda: la historia muestra que tras reestructurar se viene un ajuste fiscal. Las promesas de campaña nublan la mirada de largo plazo y potencian las expectativas de los agentes económicos. Sin embargo, la experiencia reciente alecciona en cuanto a lo que debe esperarse luego de una renegociación de la deuda pública. El fuego cruzado entre académicos, analistas y políticos sobre cuál sería el ejemplo más adecuado para reestructurar la deuda argentina soslaya decir que, al final sea cual sea el caso elegido o copiado (Uruguay, Ucrania, etc.) lo que sobreviene no es, por lo menos en el corto y mediano plazo, ningún paraíso. Porque no habrá manera de esquivar un ajuste fiscal si es que el próximo gobierno aspira a darle sustentabilidad a la deuda reestructurada o a germinar la próxima crisis. Lo cierto es que nada es para siempre, tampoco el armagedón. Prueba de ello es la castigada Grecia que ayer, para envidia del ministro de Economía, Hernán Lacunza, y de su secretario de Finanzas, Santiago Bausili, logró colocar Letras a tres meses por 487,5 millones de euros pagando una tasa de interés negativa de 0,02%. Con relación al día después de una supuesta reestructuración de la deuda, un estudio de la consultora Orlando Ferreres (OJF), sobre los cinco casos más recientes (Argentina 2001, Ucrania, Uruguay, Irlanda y Portugal) dejan en claro que en todos sobreviene un ajuste fiscal, que en promedio tiene como característica una baja del gasto de 2% del PBI y una suba de los ingresos de 4% del PBI, más algún ajuste del tipo de cambio real. Otra variable relevante, es que el tamaño de la quita de capital explica el tiempo de negociación. O sea, a mayor quita propuesta mayor será el tiempo de resolución. Si bien entre los casos estudiados hay algunos del bloque de la Unión Europea, lo que les impide recurrir a la devaluación como mecanismo de ajuste, más allá de una tentar una mejora de competitividad del tipo de cambio real vía deflación, en todos los analizados el modelo de salida de la crisis (porque está claro que estos países se vieron obligados a reestructurar debido al advenimiento de una situación terminal de la deuda) muestra que fueron seguidos de mejoras en ajustes fiscales con un promedio de mejora de 6% del PBI (un mix de gasto e impuestos). En el caso de Argentina, Uruguay, y en menor medida Ucrania, el ajuste fiscal se acompañó con devaluación. No hace falta decir que en los países que la devaluación no era alternativa, el ajuste fue más duro. El Estudio de OJF reconoce que los puntos de partida no fueron similares ya que en el caso argentino y uruguayo, fue una reestructuración con un nivel de deuda mayor al 100% del PBI mientras que en Portugal era del 84% y en Irlanda y Ucrania menor al 60% del PBI. Respecto a las quitas negociadas, Argentina logró un 65% más el cupón PBI (que implicó una quita cercana al 55%), Ucrania del 20% mientras que tanto Irlanda como Uruguay y Portugal se hicieron sin quita de capital. Los plazos obtenidos en cada caso fueron de menos de un año para los casos uruguayo e irlandés, de entre un año y tres años para el ucraniano y el portugués, mientras que el argentina superó los 15 años. Otro dato relevante que se observa en los cinco casos es que luego de la crisis y la reestructuración se retoma un sendero de crecimiento económico, con diferentes altibajos según el ciclo del ajuste. De modo que más allá del modelo a seguir la sociedad deberá tener en claro (si los candidatos no se lo dicen), y sobre todo los políticos y técnicos que acompañen al próximo gobierno que la temida palabra “ajuste” seguirá estando a la vuelta de la esquina. Se podrán vender espejitos de colores, lanzar promesas incumplibles de campaña, pero ninguno escapará al deber de “hacer lo que hay que hacer”. El resto es política y campaña.

• (Cronista) El PJ quiere revisar tarifas y asociarlas con el costo de producción Los técnicos del Partido Justicialista buscan desanclar las tarifas de luz y gas del dólar y abaratarlas en términos reales. l Partido Justicialista (PJ) propuso que el próximo Gobierno encare una revisión integral de las tarifas energéticas para vincularlas con el costo de producción y «las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo». En el documento «Aportes de los equipos técnicos de la unidad», que detalla políticas para una gestión que encabezaría Alberto Fernández -de repetirse el 27 de octubre los resultados de las elecciones PASO-, el PJ observa que la Argentina es productora de energía y, por tanto, «no hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos». Así, insiste en la desdolarización de tarifas de la energía (gas y electricidad) y combustibles, para aliviar a los consumidores. Para ellos, el Estado debe asegurar que la energía se obtenga a un «costo mínimo para los usuarios y de acuerdo a sus ingresos, que posibilite una rentabilidad justa y razonable». De concretarse estas propuestas, Alberto Fernández designará un equipo que analizaría en un plazo no mayor a 100 días los costos, niveles de ganancia, las inversiones e indicadores de calidad de las empresas al mismo tiempo que congelarían preventivamente las tarifas. También reformarán los entes reguladores para que representen los intereses de los consumidores, ya que ven que tanto el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tienen por técnicos designados por el gobierno de Mauricio Macri -durante la gestión del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren- que, según ellos, representan los intereses de las empresas en las que antes trabajaron. En cuanto a Vaca Muerta, que tendría un plan estratégico de desarrollo puntual, piensan que «YPF debe ser el principal actor» de la región, en la que «los recursos y las capacidades nacionales multipliquen la creación de empleo y el agregado de valor» con «maximización de proveedores locales». El trabajo del PJ fue encabezado por el ex ministro de Salud, Ginés González García, y en su apartado de energía tuvo como líderes a Arturo Trinelli y Marcos Fontela. Advirtieron que el documento no refleja la posición institucional del partido sino que recogió elementos de los debates al interior de 18 comisiones. Ni siquiera se trata de un documento elaborado por el Grupo Callao (que asesora a Alberto Fernández), ni del Instituto Patria, que cobija a La Cámpora y los sectores afines a Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo a unos 700 técnicos, «la salud energética de una Nación no pasa por una balanza comercial superavitaria, ni por el estado de la capacidad exportadora del país», sino por la posibilidad «del pueblo y de su aparato productivo» de acceder a los servicios con tarifas «justas, razonables y asequibles», como marca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió el aumento del gas en 2016. La parte energética estuvo casi en su totalidad inspirada en textos de Federico Bernal, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Soberanía y Seguridad Jurídica Popular Ingeniero Enrique Martín Hermitte (OETEC). Bernal es asesor de Cristina Kirchner en los temas vinculados a la energía y, de ganar Alberto Fernández las elecciones, se posiciona para ocupar un cargo en la Secretaría de Energía (o un nuevo ministerio) a partir de diciembre, junto a Sergio Lanziani. Lanziani es el ministro de Energía de Misiones y es hombre de confianza del ex gobernador Carlos Rovira (1999-2007), que trabaja en la campaña del Frente de Todos en la provincia mesopotámica. Como contó El Cronista, Lanziani y Bernal son mencionados para llegar a Energía, al igual que el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y mantienen desde hace meses contactos con las empresas del sector.

• (Cronista) El clima le resta producción al trigo y recorta el área a sembrar con maíz El clima seco y ventoso golpeó de lleno al trigo a cosechar el mes próximo: calculan 7% menos de producción a la estimada dos meses atras, hasta 20 millones de toneladas. El retraso para sembrar maíz, en tanto, le suma chances a la soja. l componente climático vuelve a darle dolores de cabeza al sector agropecuario. Es que el campo, el único motor de la golpeada economía local durante este año enfrenta, además de la incertidumbre política, condiciones de sequía que ya golpean de lleno en la futura cosecha del trigo, que arranca con fuerza en un mes. En ese sentido, la falta de lluvias óptimas por más de 90 días y las bajas temperaturas atípicas para el inicio de la primavera dañaron al trigo sembrado en el pasado otoño-invierno. Al punto que, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción llegará a 20 millones de toneladas, 7% por debajo o 1,5 millón de toneladas menos de la pimera estimación de la entidad rosarina. Si bien los 20 millones de toneladas, de concretarse, se constituirían en un nuevo récord para el cereal, lo cierto es que las previsiones dan cuenta de que las precipitaciones seguirán siendo esquivas, con lo que el recorte productivo puede ser mayor. Pronóstico complicado «Septiembre y los primeros 9 días de octubre mantienen el patrón seco que domina en gran parte del oeste y centro sur de la región pampeana», señalaron desde la Guía Estratégica del Agro (GEA) de la Bolsa rosarina. Y agregaron que «si bien se espera que se presente un nuevo frente de tormentas entre este viernes y sábado, no tendría la condiciones necesarias para revertir el pulso seco». Explicaron que por estos motivos las estimaciones de rendimiento por hectárea disminuyeron. También el área sembrada con el cultivo se ajustó a 6,7 millones de hectáreas, unas 170 mil hectáreas menos que lo calculado con anterioridad. Resaltaron que las pérdidas de lotes que empiezan a dejarse de lado por la falta de agua y el efecto de las bajas temperaturas, en forma total o parcial, ya superan las 200.000 hectáreas. «La falta de agua se agudiza en el momento en que el área de trigo atraviesa sus etapas más críticas. Es urgente la necesidad de lluvias importantes a gran escala para poder completar los granos y revertir la caída de rindes que se viene corroborando semana tras semana», puntualizó. La extensión de la sequía Las provincias de Buenos Aires y la de Córdoba son las más perjudicadas por la sequía mientras las lluvias de la última mejoraron el panorama de los trigales en Santa Fe y Entre Ríos. Siembra reperfilada Los problemas climáticos sumados a las dudas electorales terminaron de definir la suerte del maíz nuevo. En ese sentido, la BCR sostuvo que de perfilarse como la mayor área sembrada de la historia, de 7,25 millones de hectáreas, terminará cubriendo 6,9 millones de hectáreas, 1,4% menos que el año pasado. A esta altura, la siembra del cereal (la estrella de la campaña anterior con una producción récord en torno a 50 millones de toneladas del grano comercial) se encuentra demorada 3 puntos porcentuales contra las últimas cinco temporadas. Y no se descarta que si la sequía se profundiza haya un mayor recorte del área. De momento, con las hectáreas estimadas para cubrir con maíz, desde la GEA calculan que la producción puede llegar a las 47,5 millones de toneladas. La soja gana terreno Ante la situación, los especialistas creen que muchos productores pueden seguir pasándose a la soja, en lugar de hacer maíz hacia diciembre. A menos de 10 días de que arranque la siembra, la oleaginosa suma 350.000 hectáreas a la intención de siembra, en detrimento al maíz de primera. Así, ya suman 18 millones de hectáreas intencionadas para cubrir con soja, que si se concretan pueden dejar más de 51 millones de toneladas si las condiciones acompañan. «Si las lluvias no revierten el panorama, aún podría seguir el ajuste al alza del área sojera», sostuvieron desde Rosario

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