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• (Cronista) La titular del Banco Santander se reunió Alberto Fernández y le anunció líneas de crédito por u$s 500 millones El Presidente electo se reunió con Ana Botín, quien anunció líneas crediticias para estimular a las pymes y grandes empresas exportadoras. También mantuvo un encuentro con Mauricio Macri. Alberto Fernández recibió esta tarde en sus oficinas a la titular del Banco Santander, Ana Botín, quien anunció que pondrá en marcha líneas de crédito por u$s 500 millones para fomentar el desarrollo exportador de la Argentina. Del encuentro también participaron el jefe de la representación argentina del Santander, Enrique Cristofani; el country head de la entidad, Sergio Lew, y Santiago Cafiero. Antes, Botín se reunió con el presidente saliente, Mauricio Macri, en la residencia de Olivos. Anteriormente Fernández se había reunido con Botín en España, cuando viajó a dar clases en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, en septiembre. Alberto Fernández y Ana Botín se conocen desde hace más 20 años, en la época en la que el candidato a presidente del Frente de Todos se desempeñó como superintendente de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Carlos Menem, y el Grupo Santander operaba la firma Orígenes. Santander Argentina es el mayor banco privado del país. Tiene alrededor de 9000 empleados y 3,7 millones de clientes. A nivel global, es la mayor entidad de la zona euro por capitalización bursátil. Tiene 142 millones de clientes, 13 mil sucursales y 200 mil empleados. Ana Botín es presidenta ejecutivo del Banco Santander desde 2014

• (Ambito) El regreso de Galuccio, la llegada de Sapag o un tapado, las opciones para dirigir YPF. Ambos tienen puntos a favor y también cuestionamientos. El primero por su nuevo emprendimiento; el segundo, por ser del MPN. El regreso de Miguel Galuccio, la llegada de Jorge Sapag o un tercero aún desconocido, pero avalado por el justicialismo. Estas son por ahora las opciones que se manejan dentro del albertismo para la conducción de la empresa más importante del país: YPF. La petrolera renacionalizada por el kirchnerismo será, prometen en el próximo oficialismo, uno de los focos más importantes de la nueva administración, con una función doble: regular el mercado de los combustibles y liderar “el renacimiento” de Vaca Muerta, según la definición de una muy alta fuente cercana a Alberto Fernández. El primer candidato es Miguel Galuccio, propuesto por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y bien visto desde el “albertismo”. Galuccio cuenta como activo para el próximo oficialismo, haber aceptado conducir la petrolera inmediatamente después de haberse renacionalizado; y cuando el destino económico y político que le aplicaría el kirchnerismo era una incógnita. Uno de los méritos de Galuccio fue haber levantado un muro entre las presiones políticas del oficialismo de entonces, y darle a la conducción de la empresa un perfil técnico y estrictamente profesional; alejando las intenciones de muchos dirigentes, especialmente de La Cámpora, que pugnaban por los apetitosos lugares del directorio. Galuccio, además, mantuvo una política de no intervención en polémicas y sólo habló de producción e inversión en el mercado petrolero local. Con el tiempo logró interesar a petroleras internacionales, incluyendo un polémico primer contrato con Chevron (cláusulas secretas incluidas), pero que luego permitió llegada de otras compañías internacionales. El problema del candidato para volver a YPF es otro. En los últimos años dedicó el 100% de su tiempo a uno de sus sueños: su propia compañía de servicios petroleros, Vista Oil & Gas, dedicada en exclusividad a las empresas que operan en el proyecto de Vaca Muerta. Su proyecto fue exitoso, al punto que en julio pasado, abrió su cotización en Wall Street, convirtiéndose en la primera empresa dedicada exclusivamente al proyecto neuquino. El propio Galuccio hizo sonar la campana de la Bolsa de Nueva York, sabiendo que había recaudado por esa operación unos u$s100 millones. “Celebramos ser el primer IPO (oferta pública de venta) para Vaca Muerta. Es un día importante para nosotros y para la Argentina que una compañía independiente pueda estar en la Bolsa de Nueva York…”, dijo, emocionado, ese día. El problema ahora es que para muchos dirigentes del “albertismo”, no sería ético que un empresario de una empresa de servicios petroleros vinculada directamente a casi todas las compañías que operan en Vaca Muerta, sea luego director de una de las petroleras que la contrató. Y para Galuccio tampoco es hoy proyecto abandonar su creación privada. Así se lo hizo saber a Cristina Fernández de Kirchner, en un encuentro semisecreto (en Cuba) que mantuvo con la expresidenta y donde la ex jefa de Estado le manifestó que esa dualidad no era problema. El otro nombre que se analiza es el del exgobernador de Neuquén Jorge Sapag entre diciembre de 2007 y 2015. La propuesta la hizo el actual titular del ejecutivo de la provincia, Omar Gutiérrez, en la visita que éste le hizo a Alberto Fernández el 31 de octubre pasado en las oficinas de la calle México. El encuentro, planteado como una cuestión diplomática, sirvió para hablar de Vaca Muerta. Y para que quedara en claro que la visión del presidente electo es similar a la de Gutiérrez y lejana a la propuesta del contrincante peronista en las elecciones neuquinas, el kirchnerista Ramón Rioseco. Este último había hecho campaña con declaraciones ambiguas sobre las inversiones privadas en Vaca Muerta. Sapag tiene un activo para el “albertismo”. Apoyó abiertamente la reestatización de YPF cuando era gobernador, declarando que “celebramos la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF y que el 25 por ciento de las mismas pase a las provincias y el 26 por ciento a la Nación”, avalando luego todas las acciones que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo con la petrolera ya estatal. Sapag está fuera de la política partidaria electoral del Movimiento Popular Neuqino (MPN) desde hace años, y declaró siempre que su futuro lo buscaría fuera de la política. El día de las elecciones del 27 de octubre dijo que “los gobiernos nacionales tienen que tomar a Vaca Muerta como una política de Estado, respetar las reglas de juego y saber que si hay más inversiones, hay más producción y más se recauda”, coincidiendo casi a coro con lo que se propone en las oficinas de la calle México. El problema de Sapag es político. Desde el kirchnerismo se recuerda que el MPN hizo campaña en las elecciones provinciales, criticando abiertamente a la expresidenta y a su gobierno. Se considera además que la presidencia de YPF es uno de los pocos lugares donde una persona puede lucirse en su administración. “Para qué le vamos a dejar a un opositor, algo que por naturaleza de la historia es nuestro. Fuimos nosotros los que la reestatizamos”, reflexionan cerca de la expresidenta. Ante el panorama, muchos consideran que puede haber un tercero en la lista, nombre que, por ahora, sólo conoce Alberto Fernández.

• (Ambito) Brasil dice que ya negocia con China libre comercio. Lo aseguró el ministro de Economía, mientras se reunían Bolsonaro y Xi Jimping, en el marco del BRICS. El ministro de Economía de Brasil, Pablo Guedes, anunció que su país está en conversaciones con China para un posible acuerdo de libre comercio bilateral. El funcionario formuló declaraciones en Brasilia, en el marco de la XI Cumbre del Grupo BRICS, que incluye a esos dos países, India y Sudáfrica. “Queremos avanzar 40 años en 4 años en materia de apertura económica”, afirmó Guedes, mientras en el Palacio de Planalto se reunían el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el lider chino Xi Jimping. El ímpetu de los brasileños por lograr una mayor apertura de su economía choca con todas las normativas del Mercosur. Por el tratado de Ouro Preto de 1994, cuando se conformó la Unión Aduanera, los cuatros socios plenos que incluye a Uruguay y Paraguay, no puede firmar acuerdos de libre comercio con terceros estados o bloques regionales de manera individual. En el Gobierno de Bolsonaro tiene fuerte influencia un ala utraliberal, encabezada por el canciller Ernesto Araújo, que aspira a que Brasil se separe del bloque regional y firme un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tal cual anticipó este diario. El anuncio de conversaciones con China va en la misma dirección de alejamiento del bloque. Ante una creciente tensión con el presidente electo, Alberto Fernández, Bolsonaro también impulsa una reducción inmediata del Arancel Externo Común (AEC) del bloque regional, que se ubica en un promedio de 14%. Para la próxima Cumbre de Jefes de Estado que tendrá lugar en su país, el presidente brasileño propone reducirlo al 7,5%. Pero en este sentido, también choca con el mecanismo de toma de decisiones del bloque que obliga a que haya unanimidad de los socios para adoptar medidas que involucren a todos. Entre los equipos económicos de Fernández, nada está mas lejos que rebajar la protección arancelaria ante la necesidad de reactivar a la industria nacional. También el acuerdo con la Unión Europea (UE) pone distancia entre Bolsonaro y Fernández. El brasileño quiere apurar la firma. Para ello aspira a beneficiarse de un punto del convenio que le permite al país cuyo congreso refrenda el tratado, comenzar a beneficiarse de la reducción de aranceles y cuotas para ingreso de bienes agrícolas sin tener que esperar al resto. Desde el grupo de economistas de Alberto F. se insiste en querer revisar el acuerdo. No se quiere ir tan rápido. Todo indica que si Brasil aspira a lograr mayores grados de autonomía en relación al Mercosur, debería proponer una reforma de la Unión Aduanera que implique retrotraer todo a la forma de Ara de Libre Comercio, o retirarse del mismo mediante una denuncia con ratificación parlamentaria, en un proceso que demandaría por lo menos dos años.

• (Ambito) Gobierno compensará con más de $24.500 millones a distribuidoras de gas por la devaluación. El Enargas calculó el millonario pago a distribuidoras y prestadores por las Diferencias Diarias Acumuladas mensualmente (DDA) entre el valor del gas comprado y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó el monto del pago de $24.524.715.128,43 las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes, por las Diferencias Diarias Acumuladas mensualmente (DDA) entre el valor del gas comprado y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio. Lo hizo a través de la resolución 735/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial, que precisó que las prestadoras beneficiadas son Naturgy BAN, con $4.295.600.538,99; Metrogas, $4.572.384.986,88; Camuzzi Gas Pampeana, $5.144.263.397,74; Camuzzi Gas del Sur, $3.407.375.811,45; Litoral Gas, $2.011.767.204,28; Gas Nea, $309.944.621,64; Gasnor, $778.783.460,88; Redengas, $122.300.593,11; Distribuidora de Gas del Centro, $1.898.908.387,66; y Distribuidora de Gas Cuyana, $1.983.386.125,80. A su vez estas compañías abonarán esas diferencias a los proveedores Integración Energética Argentina (Ieasa), Tecpetrol, Total Austral, Compañía General de Combustibles, Pan American Energy, Pan American Sur, Wintershall Dea, Compañía Inversora de Energía (Cinergia), Pluspetrol, Pluspetrol Energía, YPF, Enap Sipetrol, Mobil, Pampa Energía, Vista Oil & Gas, Roch, y nuevamente la misma empresa en representación de la Unión Transitoria de Empresas denominada «Rio Cullen Las Violetas». A través del decreto 1053/18 el Enargas determinó que el reconocimiento de las DDA solo resultaría aplicable a aquellas prestadoras y proveedores de gas natural que adhirieran al régimen instituido y renunciaran expresamente a toda acción o reclamo. Posteriormente la resolución 466/2019 aclaró que la adhesión implicaba la aceptación íntegra del régimen instituido, sin reservas de ninguna clase o naturaleza y, a la vez, la renuncia total, plena, incondicionada y definitiva a iniciar reclamos administrativos, arbitrales o judiciales de cualquier naturaleza y en cualquier jurisdicción, local o internacional. Si bien la fecha para presentar las solicitudes de adhesión era originalmente el 15 de setiembre de este año, se extendió el plazo hasta el 25 de octubre último. Previo a operar el vencimiento para solicitar su adhesión al régimen, las firmas YPF, Pan American Energy, Pan American Sur, Compañía General de Combustibles, Wintershall Dea y Litoral Gas interpusieron recursos de alzada contra la Resolución 466/2019, los cuales fueron elevados a la Secretaría de Energía. Sin embargo, todas las recurrentes solicitaron posteriormente su adhesión al régimen, y suscribieron el modelo de solicitud aprobado por la resolución cuestionada, lo cual implicaba su aceptación íntegra y sin reservas, y la renuncia a toda acción o reclamo derivado de las DDA.

• (BAE) Economistas cercanos al Frente de Todos ven cepo para rato y desaconsejan desdoblar. Por lo agudo de la crisis, seguirá el control duro. En plena transición y con una herencia cargada de problemas económicos y financieros, abundan las dudas sobre las políticas que desplegará el próximo Gobierno. Entre otras, cómo se administrará la cuestión cambiaria, hoy marcada por un control duro que contuvo la fuga de capitales y la sangría de reservas y frenó la escalada del dólar después de las elecciones. Al respecto, economistas cercanos a la futura gestión prevén que haya supercepo para rato y desaconsejan la alternativa de un desdoblamiento de tipos de cambio por considerarla una opción más riesgosa en el marco de la crisis. Así lo analizó ayer un artículo publicado por el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, un grupo de especialistas integrado por algunos exfuncionarios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entre ellos está Mara Ruiz Malec, una economista que trabajó durante la campaña junto al gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof. Una lectura que coincide, en buena medida, con el planteo volcado días atrás en un informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (Fide), que encabeza la expresidenta del BCRA y analista de consulta del presidente electo Alberto Fernández, Mercedes Marcó del Pont. De hecho, el vicepresidente de la entidad durante su gestión, Miguel Pesce, es uno de los que suena para reemplazar a Guido Sandleris. El esquema actual es el llamado supercepo, que fija un límite de US$200 mensuales a la compra de divisas para las personas físicas, prohibe la adquisición de dólares para atesoramiento a las empresas y supervisa las operaciones de importación y pago de deuda. La coincidencia de estos analistas es que, con escasos US$10.000 millones de reservas disponibles, unos US$84.000 millones de fuga divisas acumulada en cuatro años y grandes necesidades financiera por delante, los controles llegaron para quedarse. De hecho, siempre fueron muy críticos con la liberalización total que realizó Cambiemos durante los primeros años de su gestión. Vista la magnitud de la crisis, la regulación del mercado de cambios tiene incluso el aval de muchos economistas ortodoxos. Algunos de los cuales promueven un esquema de desdoblamiento cambiario, como alternativa al cepo. Esta opción, en vez de restringir la posibilidad de comprar divisas por motivos financieros, plantea definir un precio diferenciado para cada tipo de transacción: uno comercial, más barato, para la importación y exportación de bienes; y otro financiero, más caro, para el resto de los usos. El objetivo es que un dólar más alto desestimule la demanda para atesoramiento o, por lo menos, evite que se traslade al mercado informal, mientras el valor comercial contiene el impacto inflacionario de una devaluación. El ITE señaló que la ventaja de este mecanismo es que permite regular la brecha cambiaria para moderar las expectativas de depreciación mediante la venta de reservas, algo que no puede hacer el BCRA con las cotizaciones paralelas. Sin embargo, sostuvo que eso sería muy costoso en la situación actual del país, con un ratio de reservas sobre el PBI que terminaría el año en 8,8% y una oferta de dólares no comerciales «muy condicionada hasta que Argentina resuelva la situación de virtual default en la que se encuentra». «La libre movilidad de capitales quedó atrás y pensar en una alternativa cambiaria distinta supone la necesidad de un giro en las condiciones macro generadas por el Gobierno saliente. De cara al próximo mandato, puede sostenerse que el esquema de tipos de cambio múltiples será perfectible en la medida en que las eventuales modificaciones sean parte de un paquete de medidas más amplio, orientado a recuperar la solvencia fiscal y externa del país», remarcó. En esa línea, Fide planteó que en esquemas de desdoblamiento «se exacerban los lobbies sectoriales y las manipulaciones para saltar de un mercado a otro y así poder ingresar las divisas al tipo de cambio más elevado y hacer los pagos por el más reducido». «Es casi inevitable que la brecha se amplíe, se haga difícil sostener la libre flotación del tipo de cambio financiero y reaparezca la necesidad de abastecer ese mercado utilizando reservas», agregó.

• (Clarin) El plan K para contener la pobreza y la indigencia apenas asuma Alberto Fernández Habrá 40.000 millones para emergencia alimentaria y fondos extras para créditos. Acuerdos para bajar precios de 13 productos. El 30 de septiembre de 2019 pasará a la historia, probablemente, como el día más triste para la presidencia de Mauricio Macri. Fue cuando se conoció el último índice de pobreza e indigencia de su gestión: 35,4% y 7,7%. Los peores números de la década: 14,4 millones de pobres y 3,1 millones de indigentes. Más grave aún: esas cifras correspondieron al primer semestre del año y la crisis se profundizó en los meses siguientes, sin un fondo claro a la vista. En ese contexto se producirá el cambio de gobierno en 27 días. Y el kirchnerismo prepara un plan para contener la situación social apenas asuma Alberto Fernández. Como adelantó Clarín, de no mediar imponderables, Daniel Arroyo estará a cargo del área social. Fue, durante años, el viceministro de Alicia Kirchner en el ministerio y luego se acercó a Sergio Massa. Actualmente es diputado nacional por el bloque Red por Argentina, un desprendimiento del massismo que integran, entre otros, Felipe Solá y Facundo Moyano. «Es una vergüenza que un país productor de alimentos como la Argentina tenga problemas de hambre. Ni siquiera es un tema de plata, sino de voluntad política y logística», le aseguró Arroyo a Clarín. «Cuando hablamos de hambre, es gente que saltea alguna comida. Y nosotros creemos que ya afecta a entre 9% y 10% de la población» En el Frente de Todos reconocen que el Gobierno de Macri volcó fondos millonarios para apaciguar la situación social, pero enseguida le atribuyen un «error básico»: «Si aumentan los alimentos durante cuatro años, algo que no había ocurrido nunca, y encima aumentás las tarifas…Y en paralelo destruís la industria textil y la construcción, es imposible que no aumente la pobreza y la indigencia. Propiciar esa combinación es desconocer la realidad del país. Acá se acogotó a la clase media, que es la que mueve la economía». A su favor, el nuevo Gobierno contará con un aumento de fondos previstos por la ley de emergencia alimentaria. De los 27.000 millones de pesos previstos para este año, se pasará a 40.000 millones el próximo. «Pero además, vamos a agregar una tarjeta para comprar alimentos para los menores de 6 años, por afuera de la AUH. Y estamos conversando con las empresas para bajar precios a 13 productos de la canasta básica, pero apuntando siempre a los más necesitados», amplió Arroyo. «Acá puede seguir la grieta, pero si hay un tema donde todos estamos de acuerdo es que no puede haber hambre, y menos que afecte a los nenes». En el kirchnerismo criticaron las medidas post PASO de Macri, que determinaron una rebaja generalizada del IVA para alimentos. Creen que los recursos deben volcarse específicamente para los sectores más relegados. Por eso, como contó Clarín, se presentará específicamente un «Programa contra el Hambre», que tendrá un consejo que dependerá directamente de la Presidencia. La idea es darle paraguas de ley para jerarquizarlo. Esta semana habrá nuevas reuniones y se avanzará con los roles que tendrían figuras como Juan Carr, Facundo Manes y hasta Marcelo Tinelli, que participará con su fundación, según le confirmó el conductor a Clarín. Otra medida en carpeta es un programa de créditos a tasas bajísimas (entre 2% y 3% anual), para compras de herramientas u otros productos vinculados a emprendimientos familiares. «Los oficios, la construcción, lo textil, la producción y venta de alimentos, más los servicios de cuidados de personas, son tareas vinculadas a las clases más bajas que hay que reactivar rápido», agregó Arroyo. Nueva crítica al macrismo: los últimos préstamos Argenta para los beneficiarios de planes sociales o jubilados «tenían tasas cercanas al 50%. Hoy tenés a muchísimas familias pobres endeudadas. Lo poco que les entra es para pagar deudas». Por eso, no se descarta de arranque algún aumento extra para estos sectores, por fuera de la movilidad prevista por ley. Respecto al contexto general, si bien hay diferencias con las crisis en Chile, Ecuador y Bolivia, tres casos regionales, Fernández ya transmitió a futuros funcionarios y hasta empresarios la necesidad de mostrar señales rápidas y cambiar el clima social. A favor, creen en el kirchnerismo, en Argentina cuentan con la contención de los gremios y los movimientos sociales. La duda es hasta cuándo y cómo se tolera una recesión que lleva casi dos años. Por la fallida experiencia del Gobierno actual con los pronósticos, en el kirchnerismo se niegan a fijar metas públicas. Y cierran con una autocrítica que los incluye. «Desde 2011 que no se crece. El segundo mandato de Cristina, en ese sentido, no fue bueno. Nunca se pudo bajar ese 25% de pobreza estructural que tiene el país. Por lo menos hay que apuntar a ir a ese parámetro lo más rápido posible».

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