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• (Ambito) Causa Cupón: Alberto debutará el 31-D en los tribunales de Nueva York Están en juego hasta u$s5.000 millones. La estrategia deberá ser planteada por la procuración del Tesoro. El gobierno de Mauricio Macri había defendido la actuación de Kicillof. La catarata de juicios contra la Argentina en Estados Unidos, no le dará respiro a Alberto Fernández. El próximo gobierno tendrá pocos días para preparar la estrategia que aplicará para defender al país en uno de los más difíciles casos con los que debería lidiar en Nueva York: el del cupón PBI y la supuesta “mala fe” del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el no pago del bono en el 2013. Ya el 31 de diciembre, el juzgado de Loretta Preska deberá tratar el caso iniciado por el fondo buitre Aurelius, que cuestiona la alteración en la medición del PBI ese año; y, en consecuencia, no haber liquidado el cupón correspondiente. El último día hábil de 2019, los abogados que defienden al país tendrán que contestar la presentación del fondo cautivo de Aurelius, el Novoriver, en lo que se convertirá en el primer opus de la gestión de Alberto Fernández lidiando con este tipo de causas, todas heredadas por hechos concretados durante los años kirchneristas; y a los cuales la administración de Mauricio Macri no pudo cerrar. A la causa generada por el no pago del cupón PBI en 2013, se deben sumar la provocada por la reestatización de YPF, la de la renacionalización de Aerolíneas Argentinas y el caso Maxus contra YPF. Todos sumados superan los u$s12.000 millones nominales de reclamos; y en el caso del cupón, la suma superaría los $5.000 millones. Según lo dispuesto por el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el 31 de diciembre, la Argentina tendrá que contestar por la acusación presentada por Novoriver. Este fondo, hizo su presentación el 31 de octubre pasado, reclamando sumarse a lo que su controlante Aurelius venía litigando desde comienzos de año: que el ministerio de Economía alteró la medición del PBI durante el 2013 para no pagar el cupón. Nororiver es una extraña sociedad uruguaya, que reclama por la tenencia de bonos por unos u$s181 millones, lo que sumados a los 160 millones de la presentación de Aurelius; alcanzan los u$s341 millones totales. La especulación generalizada en los mercados es que hay, además, muchos operadores del sistema financiero tomando posiciones tanto en el Cupón como en el bono Par, a la espera del llamado al reperfilamiento de deuda, y esperando si estos papeles se incluirán o no en la negociación. En el caso de que suceda, esperan presentarse en el mismo juzgado para denunciar que se estaría reprogramando el pago de una deuda ya reprogramada, con lo que el daño (en el caso del Cupón PBI) sería doble. Y la demanda también. La jueza Preska, decidió el viernes pasado que avanzará con el proceso, y que el 31 de diciembre dará el primer paso concreto. Se conocerá además cual es la estrategia local, necesariamente diseñada por quien se indica será el próximo procurador del Tesoro, Carlos Zannini (adelantado el lunes pasado por este diario), quién deberá defender lo actuado en 2013, cuando se desempeñaba como secretario General de la Presidencia. De acuerdo con lo explicado por el analista de FinGuru, Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”. La causa, para la Argentina, puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, en la última parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio. El gobierno de Mauricio Macri presentó su defensa el 3 de julio pasado, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa: para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el INDEC, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril den 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país contratados por la procuración del Tesoro, aseguraron ante la Justicia norteamericana que el Gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014. Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por el Lava Jato.

• (Ambito) Deuda: advierten sobre objetivos cruzados para la Argentina. El país necesita alcanzar el equilibrio fiscal, como hicieron Ucrania y Uruguay al renegociar sus compromisos. Pero a la vez, habrá presión a aumentar el déficit por objetivo de reactivar la economía. Faltan 16 días para que asuma Alberto Fernández y uno de los desafíos que se le presentarán al futuro presidente es hacer frente a la deuda pública. Los antecedentes de reestructuración que afrontaron Ucrania y Uruguay suelen considerarse como casos testigo que podrían replicarse en Argentina. El IARAF realizó un informe en el que analizó las reformas que se llevaron a cabo y los resultados en ambos casos. “El próximo gobierno debe enfrentar una situación de elevada complejidad económica. Por un lado, la imperiosa necesidad de reactivar la economía genera presión a aumentar el déficit fiscal, mientras que la experiencia de Ucrania y Uruguay marcan que la reestructuración de la deuda derivó en la generación de importantes superávit primarios. Este conflicto de objetivos es claro”, señala el informe. El Tesoro argentino posee un total de u$s324.000 millones de Deuda Pública Bruta, de los cuales el 20% vence en el año 2020 y el 62% en los próximos cuatro años. En el año 2020 Argentina deberá enfrentar vencimientos de deuda por concepto de capital e intereses por más de u$s63.800 millones (aproximadamente 15% del PBI). Estos vencimientos están compuestos por u$s 14.800 millones de intereses y u$s 49.000 millones de capital. “Argentina debe tomar decisiones rápidas en materia de deuda para no cortar los pagos ya comprometidos y no perder aún más confianza”, señaló el IARAF en su informe. Al encontrarse argentina en un programa stand by con el FMI, es probable que haya en el futuro negociaciones para pasar a un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), “que permitiría extender el pago de la deuda en un plazo de 4 a 10 años”. Dicho programa, requiere reformas estructurales para asegurar la sostenibilidad de la deuda. En el caso de Ucrania, firmó un acuerdo stand by con el FMI por u$s 17.000 millones en abril de 2014. “En marzo de 2015 pasó a un programa de EFF con un desembolso inmediato de u$s5.000 millones. Esta conversión extendió el cronograma de pagos de la deuda de 4 años a 10 años”, señaló el informe. “Para llevar a cabo el acuerdo, Ucrania se comprometió a ejecutar reformas estructurales de modo que pudiese honrar su deuda”, agregó. “La deuda pública como porcentaje del PBI se estabilizó y luego disminuyó desde el 80% al 57%. Esto fue posible dado el superávit primario de 1,5-2% del PBI que se generó cada año. El PBI, que había caído 6,6% en 2014 y 9,8% en el año inicial, comenzó a recuperarse al año siguiente, alcanzando un crecimiento del 2,7% promedio en los cuatro años posteriores a la reestructuración. La inflación, que había tenido picos de 25% y 43% en 2014 y 2015 respectivamente, se estabilizó en un valor promedio del 11% para los cuatro años siguientes”, remarcó. En el caso uruguayo, el país recibió a fines del primer trimestre de 2002 u$s769 millones de ayuda financiera por parte del FMI en el marco del primer acuerdo stand by a 24 meses, que fue aumentado en u$s 1.500 millones en la segunda parte del año. Una reestructuración que implicara un alargamiento de plazos fue la manera de superar los problemas que el país atravesaba. “El objetivo no era reducir el stock de deuda, sino aliviar el calendario de vencimientos para recuperar el grado de inversor cumplidor y evitar la desconfianza. La maniobra tuvo buenos resultados”, analizó el informe. En 2004, tras una renegociación con el FMI, el acuerdo con el organismo se centró en la obtención por parte del Estado uruguayo de un superávit primario de 3,5% del PBI ese mismo año, 3,7% en 2006 y 4% en 2007, lo cual garantizaba el pago de los intereses de deuda y, unido al crecimiento proyectado del PBI, llevaría la proporción de la deuda a menos de las 3/5 partes de su ratio inicial. “En el área fiscal, el Gobierno envió al Congreso un presupuesto para 5 años con proyecciones de ingresos y las metas de déficit consistentes con los objetivos del programa fiscal. En cuanto a la dinámica económica, se alcanzó el crecimiento proyectado del producto de 4% para 2006 y a partir de ahí se ha mantenido una tendencia positiva. En los últimos años el crecimiento promedio anual fue del orden del 4,5%”, concluyó el informe.

• (Ambito) Especulaciones sobre los nombres en cargos claves del Gobierno. Sin ninguna duda, las principales elucubraciones siguieron rodeando las idas y vueltas de los eventuales candidatos para el gabinete de Alberto F., algunos bochados por Cristina de Kirchner a su retorno de Cuba, y hasta imprevistos nombres nuevos como el del economista Martín Guzmán, discípulo de Joseph Stiglitz, cuyo nominación irrumpió inesperadamente a mediados de la semana, desplazando (en las especulaciones) a otros candidatos que igual siguen en carrera. Antes de eso, todavía aparecía Guillermo Nielsen como el principal candidato a ocupar el sillón de Hacienda y, justamente por eso, llamó tanto la atención verlo el martes pasado alrededor de las 15, acompañado por otras dos personas, subiendo al colectivo 130, justo en la esquina de Paseo Colón donde está el Banco Santander donde a esa hora todavía seguía el (abundante y bien regado) cóctel de Fin de Año con periodistas. Tal vez, el exagregado agrícola de Alfonsín en Bruselas venía de otro lado, pero nadie lo creyó, especialmente porque hace apenas una semana, la titular internacional de la entidad financiera, la española Ana Botín, estuvo en Argentina, entronizó a su nuevo CEO (Sergio Lew que absorberá algunas de las funciones del icónico Enrique Cristofani, presidente y country head del Santander-Río en el país), se reunió con Alberto Fernández, dio instrucciones para una nueva línea de créditos para pymes de u$s500 millones (lo que le cayó muy bien al presidente electo), y hasta tuvo tiempo de poner en primer plano algunas cuestiones de género dentro de su propia empresa, y plantear la ampliación de los negocios locales al área agropecuaria con la rápida incorporación de, al menos, 35 sucur-sales clave en distintas zonas de las más productivas del país.

• (Cronista) Estudian ofrecer títulos a 180 días para despejar los pagos de la deuda corta en pesos Buscan confirmar tenencias con bancos y aseguradoras para avanzar en un plan de re-reperfilamiento de deuda de ley local. Estiman que puede incluir un bono a 180 días y tasas de por lo menos 30% a 35%. ntegrantes del equipo económico del presidente electo, Alberto Fernández, iniciaron conversaciones con grandes acreedores locales con el objetivo de poder avanzar rápidamente en la reestructuración de deuda bajo legislación argentina. La intención de los negociadores del próximo gobierno es cerrar el capítulo local para luego avanzar en la negociación sobre los vencimientos y compromisos en dólares bajo ley internacional. Para el caso de la deuda bajo legislación local, se baraja la posibilidad de entregar bonos de al menos 180 días a tasas de 35% a las aseguradoras a cambio de Lecap y de bonos en pesos. En total, Argentina enfrenta vencimientos en Lecaps por $ 800.000 millones hasta junio de 2020, valor equivalente a más de la mitad del stock actual de la base monetaria. Según fuentes del mercado, parte del equipo que armó Guillermo Nielsen para el futuro Ministerio de Economía -aun sin confirmación- ya tomó contacto con aseguradoras y fondos comunes de inversión para verificar las tenencias en cartera de Letras del Tesoro y bonos, con la intención de avanzar en una propuesta formal en los primeros meses del próximo gobierno. Operadores estiman que el gobierno entrante les ofrecerá a las compañías de seguros y grandes acreedores un canje de Lecaps por un bono o una cartera de bonos. «Buscan evitar ir a un nuevo reperfilamiento como el de (el actual ministro de Hacienda, Hernán) Lacunza que fue tan disruptivo para el mercado y de esta manera, encarar propuestas ´mano a mano´, evitando meter a todos los acreedores en la misma bolsa. Lacunza solo hizo la distinción por clase de persona y así golpeó a las personas jurídicas que usaban las Lecap para capital de trabajo», aseguró a El Cronista un portfolio manager de un fondo local. En concreto, los hombres que empezaron a encarar la renegociación están verificando las tenencias de compañías de seguros para que la propuesta de canje (o re-reperfilamiento) se ajuste a las necesidades de cada acreedor. Las tenencias de acreedores que no son «grandes jugadores» entrarían en un proceso de reestructuración distinta. De todos modos, operadores consultados por este medio también esperan que se les entregue un bono, aunque en otras condiciones. En total, Argentina enfrenta vencimientos en Lecaps por $ 800.000 millones hasta junio de 2020, valor equivalente a más de la mitad del stock actual de la base monetaria. Desde el mercado también afirmaron que desde el albertismo optaron por iniciar las negociaciones con aquellos acreedores que podrían ser más proclives a un acuerdo. La propuesta que este grupo de tenedores (mayormente aseguradoras y bancos) habría presentado, tiene muy en cuenta la sustentabilidad de los pagos de la deuda. «El gobierno entrante quiere resolver rápidamente el tema de la ley local, lo que le daría tiempo para resto del año para arreglar ley extranjera», aseguró el gerente de inversiones de un fondo local. Y abundó que las deudas en pesos es lo más urgente y sugirieron que es probable que el próximo equipo económico ofrezca la entrega de un bono de al menos 180 días de vencimiento con tasas de entre 30% al 35% a cambio de Lecap que vencen en el primer semestre de 2020. Probablemente vayan a darle a las compañías de seguro algún bono aún más largo que 180 días», evaluó un gerente de inversiones de un fondo local. Si bien hay preocupación por el total de la deuda, al albertismo y al mercado le preocupa especialmente el monto de la deuda en pesos ya que es lo más inmediato que se debe resolver. Dado que la ley internacional conlleva otra clase de negociación y otra clase de avances a nivel legal, desde el mercado entienden que la reestructuracion de la deuda con ley internacional vendrá inmediatamente después de haber cerrado la cuestión de deuda legislación local.

• (Cronista) Bonos en dólares con ley Nueva York subieron 8% por reperfilamiento dividido Los títulos argentinos en dólares con ley extranjera crecieron la semana última impulsados por la perspectiva de una negociación más amigable; el riesgo país cedió casi 200 puntos básicos. i bien la última rueda mostró a los bonos soberanos operando a la baja, la semana cerró de manera positiva para los títulos argentinos. Al menos para los cotizantes en dólares, que pese a que revirtieron el viernes la tendencia alcista que venían mostrando en días anteriores, acumularon durante la semana subas de 8% en promedio. Los títulos en pesos, en cambio, dejaron un saldo semanal con pérdidas de entre 1,5% y 4% promedio, indicó el Grupo SBS. La disparidad provocó un nuevo aumento del spread entre los bonos con ley local y los de ley extranjera. «Entre los bonos en dólares, las subas fueron entre 5% y 9% para los ley Nueva York, mientras que los ley Argentina se mantuvieron neutros y negativos. Esto refleja, al menos en los precios, que pueda existir un diferente tratamiento entre los bonos ley nacional y extranjera», resumió Porfolio Personal Inversiones. La posibilidad de que existiera dicha diferencia de tratamiento, de hecho, circuló con fuerza la semana última en la City. El rumor que llegó al mercado indicaba que el albertismo propondría una reestructuración de la deuda menos agresiva que la esperada, y que -incluso- existía la posibilidad de que los bonos con ley extranjera no sufrieran quitas. Lucas Longo, analista de research de Balanz, explicó que la diferenciación también podría responder a que «en un escenario tan incierto, el riesgo que tiene la ley local es mucho mayor que el que tiene la ley extranjera». Y agregó que la suba exhibida por los bonos soberanos en dólares se explica por una suerte de variación pendular en la que oscila el mercado. «En las últimas semanas el mercado de bonos viene priceando dos escenarios: uno con una reestructuración poco amigable, que es el que se venía viendo semanas atrás, y la otra con una reestructuración más amigable, que se empezó a ponderar a partir de esa charla entre Alberto Fernández y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que le dio cierto positivismo al precio de los bonos», analizó. Y consultado respecto a qué escenario imagina para la semana que comienza, proyectó: «Si se siguen dando noticias de esta índole (por la reunión de Fernández con Georgieva), va a seguir siendo positivo. Pero el mercado está muy sensible, por lo que cualquier noticia puede inclinar la balanza para un lado o el otro». Para Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, los títulos se movieron en sintonía con los rumores respecto al equipo económico. «Creo que lo que se vio fueron más bien movimientos especulativos desde un nivel de precios de los bonos muy deprimidos y apuestas de riesgo de algunos fondos que esperan algún anuncio más market friendly que pueda derivar en una negociación de deuda menos dañina para los acreedores», expresó. La suba de los bonos en dólares quedó reflejada en el comportamiento que mostró el riesgo país, que bajó un 8% durante la semana. En ese período, el índice elaborado por JP Morgan cedió 194 unidades, ya que inició la semana en 2444 puntos básicos y la cerró en 2250. La mejora mostrada por los bonos y la baja del riesgo país estuvo acompañada, además, por un crecimiento del S&P Merval, que concluyó la semana con una suba del 5,4% medida en pesos tras encadenar tres subas y una única caída, del 0,5%, en las cuatro ruedas de la semana.

• (Cronista) Lacunza: el FMI insistirá con los pedidos de prudencia fiscal. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sostuvo que su gestión busca «dejar la mayor cantidad de recursos posibles» para el próximo Gobierno, al cual le advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le pedirá «prudencia fiscal». «Si bien hay recursos para una transición ordenada, el primer paso será la negociación de deuda. La prudencia fiscal va a ser una de las condiciones de un programa consistente», evaluó el funcionario. Así lo indicó aunque aclaró que no sabe «en qué está pensando» el presidente electo, Alberto Fernández, respecto de la política económica, la deuda y el consumo, indicó el sábado en declaraciones a AM 750. «El Gobierno entrante tendrá que hacer sus propuestas», analizó Lacunza. Además, afirmó que hubo «coordinación» entre los equipos económicos para llevar a cabo medidas en el último período. «Hemos tenido una comunicación muy fluida entre las Primarias y las elecciones de octubre», recordó en sus declaraciones, aunque señaló que no hubo progresos en la transición desde el triunfo del Frente de Todos en los comicios hasta el momento. Según señaló, su gestión trabaja para «dejar la mayor cantidad de recursos posibles» para la próxima administración. En tanto, se refirió a las críticas de la deuda e insistió: «Fue para pagar el déficit». «La variación de la deuda es la suma de los déficit del período», argumentó, y resaltó que al escuchar vinculaciones con la fuga de divisas, se pregunta «qué relación hay entre una cosa y la otra». «Si se quería menos ajuste, era más deuda y si se quería menos deuda era más ajuste del gasto público», apuntó.

• (Cronista) El BID recomienda abrir el comercio y usar ventajas del agro y servicios Un estudio revelado ayer sostiene que la resistida apertura comercial mejoró la performance de América latina y el Caribe y sugiere atender reconversión de sectores. n dato para el tablero de comando de Alberto Fernández, en las negociaciones en el Mercosur y en el modelo de desarrollo. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región debería aprovechar e impulsar las ventajas en agricultura moderna y servicios en una integración comercial más libre. El diagnóstico surge de un estudio que sostiene que la liberalización comercial le dio impulso a las economías de la región, a pesar de que las políticas de apertura comercial no tienen respaldo suficiente. «La reducción arancelaria promedio del 56 % en la región entre 1990 y 2010 aceleró el crecimiento del PBI anual per cápita promedio en 0,6 %», según el reporte conocido ayer. Bajo el título «De promesas a resultados en el comercio internacional: lo que la integración global puede hacer por América latina y el Caribe», el organismo multilateral analizó, por ejemplo, las políticas de defensa productiva de cada país y las mesas sectoriales argentinas. «La liberalización comercial no resultó ser la fórmula milagrosa para fomentar el crecimiento de la región como fue el caso de algunas economías asiáticas de alto desempeño», dijo Eric Parrado, economista jefe del BID. «Sin embargo, el comercio claramente ha contribuido de manera positiva al bienestar y desarrollo de la región, y deberíamos resistir la tentación de retornar a las políticas de economías cerradas de décadas anteriores», sostuvo. Los latinoamericanos apoyan mayoritariamente la expansión del comercio, pero «cae abruptamente al presentarse información enfatizando las consecuencias negativas, como la pérdida de puestos de trabajo en sectores vulnerables».»Existen potenciales favorecidos y perjudicados, y entre ellos hay grupos de interés especiales vinculados a sectores que compiten con la importación, que a menudo bloquean reformas en el área de comercio -concluyó el BID-. Para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la globalización a la vez que se mitigan sus riesgos, los gobiernos deben ver más allá de la tradicional agenda de acuerdos comerciales, facilitación del comercio y atracción de inversiones extranjeras (…). Deben esforzarse por garantizar que los mercados laborales no solamente sean más flexibles, sino que también ofrezcan ayuda a los potenciales perjudicados por la apertura comercial, para que puedan realizar una transición hacia empresas y sectores competitivos», se afirma. Según el BID, las medidas deben ser congruentes con la integración global, evitando impulsar a sectores y empresas que no son competitivos. Paralelamente, los gobiernos deben buscar estrategias exitosas en sectores como agricultura moderna y servicios y no únicamente en el sector industrial. «Estamos avanzando hacia un mundo en el que la competitividad está determinada no solamente por los aranceles, sino por la capacidad de superar costos regulatorios, logísticos y de información, y por incorporar nuevas tecnologías», dijo Fabrizio Opertti, gerente de Integración y Comercio del BID.

• (Cronista) Cuántas capitales gobernará el PJ y cuántas Cambiemos desde el 10 de diciembre Las fuerzas que responden al actual oficialismo nacional perdieron margen. A contramano, crecieron las que responden al peronismo y los partidos provinciales pudieron mantener sus fuerzas. as elecciones de este año provocaron renovación ejecutiva en todos los niveles de gobierno. A nivel nacional, provincial y municipal habrá nuevas caras que gestionarán en distintos puntos del país. Si se analizan las capitales de provincias, hubo solamente seis reelecciones. Son los casos de Julio Garro (PRO) en La Plata, Jorge Jofré (FDT) en Formosa, Raúl Jorge (UCR) en San Salvador de Jujuy, Walter Vuoto (FDT) en Ushuaia, Germán Alfaro (peronista aliado a Cambiemos) en Tucumán y Horacio Rodríguez Larreta (PRO) en la ciudad de Buenos Aires. Si bien no es en rigor una capital de provincia, se considera esta ciudad también para el análisis. A contramano, hay 16 jefes comunales que asumirán en diciembre. Además, hay dos que no votan este año: Eduardo Tassano (UCR) continuará en Corrientes y Norma Fuentes (Frente Cívico) en Santiago del Estero. Las capitales de provincias mostraron una realidad distinta a las de las provincias en sí. Es que a nivel subnacional primó la continuidad y hubo pocos cambios de signos políticos. En cambio, en las intendencias hubo 11 cambios de signo político. Mirá también Volvieron a postergar el aumento de gas: la suba comenzará a regir en febrero Allí se puede englobar al caso chaqueño, en donde Gustavo Martínez –peronista, aliado a Domingo Peppo– reemplazará como intendente de Resistencia a Jorge Capitanich, gobernador electo. El otro peronista que ganó sin la boleta del Frente de Todos fue Martín Llaryora, en la ciudad de Córdoba. El aliado de Juan Schiaretti reemplazó a Ramón Mestre, quien fue tercero como candidato a gobernador. Esa fue una de las siete capitales de provincias que perdió la UCR. En Santa Fe, José Corral será sucedido por Emilio Jatón, del Frente Progresista. En Paraná, Sergio Varisco será reemplazado por Adán Bahl, del Frente de Todos. Santa Rosa fue una de las primeras que se definió, y Luciano Di Nápoli, de La Cámpora, reemplazará a Leonardo Altolaguirre. Roberto Giubetich, por su parte, dejará la intendencia de Río Gallegos y asumirá Pablo Grasso, del FDT. En Neuquén y Viedma se repitieron dos casos llamativos: fallecieron los intendentes radicales Horacio “Pechi” Quiroga y José Luis Foulkes y serán sucedidos por jefes comunales de partidos locales. Serán Mariano Gaido, del Movimiento Popular Neuquino, y Pedro Pesatti, de Juntos Somos Río Negro. Igualmente, la UCR ganó dos intendencias que no tenía. En Rawson, Damián Biss sucederá a Araceli Di Filippo, edil que ocupó la intendencia y había ingresado por el oficialismo provincial, Chubut Somos Todos. En La Rioja, la diputada Inés Brizuela y Doria sucederá al peronista Alberto Paredes Urquiza. El restante caso de cambio de signo político se dio en San Luis: Sergio Tamayo, del Frente de Todos y aliado a Alberto Rodríguez Saá, sucederá a Enrique Ponce, de San Luis Somos Todos. Del resto se pueden señalar varios casos de continuidades políticas, aunque no de nombres. Por ejemplo, en Catamarca Gustavo Saadi reemplazará a Raúl Jalil, quien asumirá como gobernador. Ambos son del Frente de Todos. Un caso similar es el mendocino, pero con radicales: Ulpiano Súarez reemplazará a Rodolfo Suárez, quien será gobernador. Lo mismo se produjo en Salta: Gustavo Sáenz, de Identidad Salteña, asumirá la gobernación. Lo sucederá Bettina Romero, de su mismo espacio político. En Posadas y San Juan los intendentes se postularon y no lograron la reelección, pero serán sucedidos por dirigentes de su mismo color político. En San Juan, Emilio Baistrocchi derrotó en las PASO del Frente de Todos a Franco Aranda. Y en la capital misionera, Leonardo Stelatto le ganó en las generales a Joaquín Losada, ambos del Frente Renovador de la Concordia. En definitiva, si se analiza por espacio político, Cambiemos pasará de 13 a ocho intendencias de capitales provinciales. El Frente de Todos se estirará de seis a ocho y los partidos provinciales se mantienen en cinco. También hay dos del PJ que no representó al FDT. Y aparece una del Frente Progresista.

• (Cronista) Reclaman a Macri mantener sin cambios el sistema de control de semillas. a Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) reclamó al presidente Mauricio Macri que continúe «sin cambios el sistema de control de semillas acordado hace cuatro años, que ha sido muy exitoso en soja y tiene participación activa público-privada». En una carta, ASA se opone a modificaciones impulsadas desde el propio Gobierno a días de alejarse del poder y reclama al presidente que el Ministerio de Agricultura «no introduzca cambios a los sistemas de control vigentes en semillas». Los semilleros señalaron que «aún resta mucho por hacer para lograr reducir la informalidad en el comercio de semillas, mejorar la calidad y garantizar la trazabilidad de todas las producciones que permita promover nuevas tecnologías en el principal cultivo del país». En la nota se señala que en los últimos cuatro años «uno de los temas prioritarios ha sido la modificación de la Ley de Semillas 20.247/73, que ha involucrado tanto el sector privado como las autoridades en muchas de las mesas de competitividad, aunque el año legislativo esté finalizando y la reforma haya quedado pendiente».En tal sentido, el documento de la entidad remarca que esta ley «debe contar con un sistema de control que permita su adecuada implementación, que en estos cuatro años garantizó contar con un comercio fluido pero con nuevos sistemas de base tecnológica que han permitido detectar la presencia de tecnologías en los diferentes cultivos como la soja y recientemente el algodón». «Este sistema -agrega la nota- es otro ejemplo similar a los que se han implementado en la industria de la carne con la instalación de cajas negras o en los molinos harineros con los caudalímetros». ASA es una institución sin fines de lucro fundada en 1949 que está integrada por unas 80 empresas nacionales e internacionales que proveen el 90 % de la semilla sembrada de maíz, soja, girasol y trigo.