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• (Ambito) Alberto Fernández lanzará el 10-D el «plan de los $100.000 millones». Lo recibirán en los primeros meses de gestión jubilados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores de salarios bajos. La idea es que los fondos se vuelquen al consumo. Se lo llama, internamente, el “plan de los 100.000 millones” de pesos. Ese sería, aproximadamente, el dinero que el próximo gobierno de Alberto Fernández quiere volcar al mercado interno en los primeros meses de gestión, para reactivar la economía. El destinatario de esos desembolsos serán jubilados, trabajadores públicos y privados con salarios cercanos al mínimo de $ 18.875 y beneficiarios de planes sociales. El criterio de selección de los que recibirán los pesos es claro: se trata de un público sin capacidad de ahorro y se descarta que cualquier peso extra que perciban se destinará al consumo. Para el resto de los trabajadores no habrá planes especiales, y se esperará a que sean las negociaciones paritarias las que determinen los incrementos salariales. El único requisito que impondrá el próximo gobierno es que, en todos los casos, haya cláusula gatillo para que, como mínimo, los sueldos le empaten a la inflación durante 2020. En paralelo habrá políticas de contención de los precios, se mantendrán los beneficios impositivos al IVA impulsados por Mauricio Macri, se profundizarán los planes Ahora 12 y Ahora 18 y la ya anunciada tarjeta social para los beneficiarios de los planes activos. El origen del dinero para financiar este programa de aumento de la base monetaria es simple. Por un lado habrá incrementos de impuestos (retenciones y bienes personales pican en punta). Por el otro, habrá emisión monetaria lo que, obviamente, representa una seria amenaza inflacionaria. Ante esto la respuesta del próximo oficialismo es simple. Se considera que todo dependerá de la confianza que se le tenga al plan de los primeros tres o cuatro meses de gestión de Alberto Fernández. Si se considera que hay confianza en que la situación económica mejorará, se especula con que los productores de bienes de consumo masivo a los cuales está destinado el plan, aumentarán sus líneas de producción hasta abastecer el incremento esperado en la demanda interna que se pontenciará con los millones de pesos que se volcarán al mercado. Si, por el contrario, los fabricantes de alimentos, bebidas y bienes de consumo masivo (entre otros), creen que los pesos aumentarán la demanda, pero que se tratará de un efecto efímero e inflacionario, mantendrán los actuales niveles de producción, liquidarán stock existente y se replegarán ante el posible estallido monetario. En otras palabras, todo dependerá de la confianza que los fabricantes tengan ante el nuevo plan. Según fuentes del futuro oficialismo, será el propio Alberto Fernández el que se pondrá al hombro un primer momento de contactos directos con los principales productores locales; para que confíen y se vuelquen por la primera opción. Esto es, aumentar el ritmo de producción de sus plantas. La idea general, es que la inyección del dinero provocará un cambio de clima, a partir de una mejora inevitable en el ritmo de ventas dentro del mercado interno. Y que a partir de allí, comiencen las decisiones de aumento de las líneas de producción y, en poco tiempo, una mejora en la actividad industrial. Hay un factor que puede alterar el optimismo: según datos de la COPAL, el uso de la capacidad instalada está ubicada en la mayoría de las plantas, en el mejor de los casos, en el 60%, con lo que si se da el incremento en la demanda, lo que probablemente hagan los privados es completar las líneas de producción ya existentes antes de pensar en inversiones directas. Este plan de aumento con anabólicos para el consumo interno será presentado por el propio Alberto Fernández el 10 de diciembre; con un llamado a los industriales a confiar en la propuesta. Se comparará la idea con la herencia industrial recibida, mencionando que el Gobierno de Mauricio Macri tuvo tres años de caída en cuatro de gestión. Y que para el tercer trimestre de 2019 se mostrarán los peores números de la economía real de todos los años del macrismo en el poder. Será el momento, además, de develar los números generales que recibirá Alberto Fernández, para que se los tome como el punto de partida para que se lo juzgue en los próximos cuatro años de gestión. La variable que más polémica generará, porque será cuestionada por el propio macrismo, será el nivel de déficit fiscal que recibirá. Desde el albertismo se estima que el desequilibrio que le dejará la gestión de Mauricio Macri alcanzará un déficit de entre 1,5% y 1,8% del PBI, por encima incluso de la meta del 1% comprometida ante el FMI para este año, según reza el stand by vigente. Si se cumpliera la previsión de la aún oposición, el déficit primario treparía a los $250.000 millones. El actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirma y garantiza que el dato será mucho menor y que Alberto Fernández heredará, en el peor de los casos, una diferencia entre ingresos y gastos de no más del 0,5% del PBI. Esto es, un porcentaje aún menor (la mitad) que lo firmado ante el FMI en septiembre del año pasado. La diferencia alcanza entonces a los $160.000 millones, un nivel incluso superior al costo del paquete post-PASO que lanzó Mauricio Macri luego de la derrota del 11 de agosto, y que en toda la línea de gastos incrementados e ingresos postergados acumuló unos $90.000 millones. La realidad tardará en conocerse. Recién para la tercera semana de enero se sabrá cuál es el resultado fiscal primario real que dejó Mauricio Macri en su paso por la administración nacional y, en consecuencia, qué tan lejos estará Alberto Fernández en garantizar el año en que logrará el equilibrio. Igualmente, la intención del próximo presidente es que no más allá de 2021, el superávit sea una realidad y que para el final de su mandato, puesta mostrar un superávit no menor al 1% del PBI. La intención es aún más ambiciosa: según el próximo gobierno, este resultado positivo se logrará con una expansión de la economía y no con ajuste. Obviamente no será una tarea fácil y, a diferencia de lo que sucedió en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri en el primer semestre de 2016, Alberto Fernández necesitará que haya un equipo económico cohesionado. O que, como mínimo, no aplique medidas económicas contradictorias entre sí. Esta coordinación será responsabilidad, probablemente, de Matías Kulfas y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Al menos en un primer momento. El primero será el responsable del diseño final y la puesta en práctica del plan de aumento del consumo interno. El segundo, de custodiar la emisión monetaria.

• (Ambito) YPF emitió ON al 7% en dólares a un año de plazo: tomó u$s20 millones. La colocación también incluyó dos series de papeles en pesos. Así completó el equivalente a u$s67 millones. No tomó más fondos por el nivel de tasas. YPF concretó ayer la última emisión de deuda previa al cambio de gobierno nacional. Tal vez sea también la última operación comandada por Miguel Gutiérrez, presidente del directorio de la petrolera estatal. Lo mismo podría ocurrir con Daniel González, CEO de la compañía. El resultado de la colocación no fue para brindar con champaña. Quedó por debajo de los u$s75 millones que se buscaban en esta etapa, porque el mercado estaba exigiendo tasas más altas que las que pretendía el emisor. YPF sólo aceptó un total equivalente a unos u$s67 millones, distribuidos entre los tres instrumentos ofrecidos ayer. Así fue que en la emisión de Obligaciones clase IV Nominadas en dólares, YPF pagó una tasa fija de 7% anual por u$s19.718.482 a un año de plazo, según la información enviada por la empresa a la Comisión Nacional de Valores ayer a última hora. En este caso, recibió 167 órdenes por un total equivalente a u$s21,8 millones. Pero aceptó solamente u$s19,7 millones para no convalidar el nivel de tasas pretendidas. La emisión se completó con dos series de Obligaciones Negociables denominadas en pesos (clase II y clase III) a seis meses y un año de plazo respectivamente. Ambas fueron a tasa variable. En la ON Clase II se recibieron ofertas por $2.211 millones, pero sólo se aceptaron $1.683 millones, a 6 meses de plazo con una tasa de corte de 3,75% nominal anual sobre Badlar. En la ON Clase II se recibieron ofertas por $1.156 millones, que fueron aceptados en su totalidad, a un año de plazo con una tasa de corte equivalente a 6,0% nominal anual sobre Badlar. La intención inicial de la petrolera era obtener los citados u$s75 millones con posibilidad de ampliar la colocación hasta los u$s150 millones. Sin embargo eso no sucedió porque los colocadores consideraron que el nivel de tasas exigidas por el mercado no era el más conveniente. “El mercado estaba muy inflexible”, comentó a Ámbito Financiero una fuente que participó de la operación. “El resultado no es tan malo si se tiene en cuenta el contexto adverso que hubo en el mercado”, añadió, aludiendo así a la caída generalizada que registraron ayer bonos y acciones. Esto se relaciona con el impacto negativo de la suba de aranceles al acero que aplicó Estados Unidos, pero también a la incertidumbre que rodea el futuro de YPF con el cambio de gobierno nacional. Ni siquiera la zanahoria de Vaca Muerta pudo tentar a los inversores, que exigían tasas elevadas. Los fondos serán destinados a financiar la inversión en activos fijos y el capital de trabajo, había anticipado YPF el lunes.

• (Cronista) Cuál es el banco que compró los FCI que eran de un ex ministro Una entidad de capital nacional, que con fu firma de Asset Management maneja $ 12.000 millones, adquirió una sociedad gerente de fondos comunes que maneja $ 2200 millones. Si bien después del reperfilamiento la industria de los Fondos Comunes de Inversión quedó golpeada, nosotros miramos en el largo plazo. Hay que salir de la coyuntura y entender que la industria de fondos es un motor fundamental para cualquier economía, desde el lado del ahorro en las personas y empresas y desde el lado del crédito a empresas grandes y Pymes, provincias y países. La potencialidad de crecimiento es enorme”. Quien habla es Francisco Pardo, presidente de Mariva Asset Management, que cerró un acuerdo por la compra de la Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversiones Axis, reconocida empresa de fondos del mercado argentino que supo tener entre sus dueños al ex ministro Luis Caputo hasta que entró al Gobierno y a la ex presidenta del Banco Hipotecario Clarisa Lifsic de Estol, y ahora es capitaneado por Carlos Planas y Guillermo Richards. “El grupo, al tener un banco atrás y otra gestora, puede absorber mucho de los costos fijos que hace que para nosotros sea rentable algo que para un gestora independiente cuesta más”, precisa Pardo, que maneja $ 12.000 millones, mientras Axis maneja $ 2200 millones, pero llegó a manejar mucho más, y Pardo asegura que tiene el potencial para crecer: “La sinergia va a hacer que el conjunto sea mayor a la suma de las partes. Los empleados siguen. Axis tiene gente muy reconocida y con muchos años de experiencia que complementa muy bien al Grupo Mariva. Además tiene buenas relaciones que también suman comercialmente”.Con esta operación Grupo Mariva busca potenciar el crecimiento Mariva Asset Management, su sociedad administradora de fondos comunes de inversión, ampliando su cartera de clientes y sumando a su equipo, un grupo de profesionales altamente capacitados y de larga trayectoria en el mercado Axis Inversiones es una compañía especializada en fondos comunes de inversión de Argentina y Latinoamérica. Fundada en el año 2012 está integrada por expertos en finanzas con más de 25 años de experiencia liderando equipos en instituciones de primer nivel en la industria. Mariva Asset Management está presente en el mercado desde el año 2011 ofrece un proceso de inversión ágil y riguroso para su amplia familia de fondos. Cuenta con el respaldo y la trayectoria de más de 60 años de Grupo Mariva en el mercado.

• (Cronista) El FMI insiste en conocer el programa del Frente de Todos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió ayer en conocer el plan económico del Frente de Todos y recordó que está abierto a renegociar el programa stand-by de préstamos otorgado al país en cuanto el nuevo Gobierno tome posesión y le presente su plan económico, según dijo a la agencia de noticias Efe el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner. «Estamos a la espera del diálogo con el Gobierno argentino para construir un diseño de un programa del FMI, si es que así lo requiere», explicó ayer el directivo del organismo multilateral. El presidente electo, Alberto Fernández, sostuvo la semana pasada que no se iba a endeudarse más con el FMI y que no le pedirá los u$s 11.000 millones que faltan desembolsar (entre los u$s 5400 millones de septiembre y todos los otros desembolsos que iban a llegar hasta mediados de 2021), pero que le pedirá al organismo internacional un tiempo prudencial para pagar los vencimientos recién cuando la Argentina retome el sendero de crecimiento económico, que otorgue los dólares suficientes para abonar la deuda. El apoyo del FMI es fundamental para que se puede renegociar la deuda con los acreedores privados, estiman los analistas del mercado.

• (Cronista) Macri se llevó un panorama sombrío de la OMC, por la tensión con Trump El 10 de diciembre Macri deja el poder y la OMC podría perder su Órgano de Solución de Diferencias. El Presidente agradeció a la Cruz Roja su rol en la identificación de soldados argentinos en Malvinas. En día después de que Donald Trump anuncie que aplicará aranceles a exportaciones de la Argentina y Brasil, el presidente Mauricio Macri visitó la Organización Mundial de Comercio (OMC), que apunta a evitar las medidas unilaterales en el comercio internacional. Pero el mandatario que deja su silla el 10 de diciembre recibió un panorama sombrío del ente que ese mismo día podría llegar a perder una de sus herramientas características, como el Órgano de Soluciones de Diferencias (OSD). Es que el mismo 10 de diciembre, el Órgano de Apelaciones podría verse desmembrado ya que Donald Trump rechazó reemplazar a los 3 jueces del ente que actúa como un tribunal de disputa entre los países, bajo la norma de mantener las reglas de comercio multilateral. El mismo día que Macri deja el poder, vence el mandato de dos de esos jueces, de un cuerpo que debería contar con 7 miembros. El director de la OMC, Roberto Azevedo, incluso le comentó a Macri que teme por la falta de presupuesto del organismo, que si no se renueva con el aval de Trump, podría paralizarse el próximo 1 de enero. En tanto, Macri no llegó a hablar de los aranceles al aluminio y acero que anunció el presidente estadounidense contra la Argentina y Brasil. «No se habló aún porque es un tema bilateral», comentaron en la comitiva nacional. Por otro lado, el director de la OMC agradeció a Macri por la conferencia ministerial que se realizó en Buenos Aires, a fines de 2017. Y Azevedo le comentó al Presidente que esperaba que pronto se apruebe la eliminación de subvenciones a la pesca, que es un tema central para la Argentina que percibe cómo explotan sus recursos marítimos. Antes de este panorama, Macri visitó la sede de la Cruz Roja Internacional. Allí fue el Presidente quien agradeció al director Peter Maurer, por la identificación de los soldados argentinos que cayeron en la guerra de Malvinas y que permanecían sin identificar. Allí, Macri expresó que esperaba que la gestión de Alberto Fernández mantenga esa política. Es que temen que un regreso a la tensión bilateral por la soberanía de las Islas Malvinas genere dificultades con esa iniciativa humanitaria. Por otro lado, Macri también habló de la crisis humanitaria en Venezuela. El líder de la Cruz Roja le habría dicho que en 2020, el éxodo de venezolanos de su país superaría en proporción al de quienes emigraron de Siria, en busca de alejarse del conflicto armado que comenzó en el año 2011.

• (Cronista) Sica: el Gobierno ya hizo el reclamo formal a Wilbur Ross y espera más precisiones Fuentes oficiales destacan que Estados Unidos «ya tiene el reclamo de Argentina» sobre los aranceles al acero y aluminio y enfatizaron que «está el camino abierto para que lo siga el próximo gobierno». l ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó ayer que tras conocerse el tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando la reimposición de aranceles a la importación de acero y aluminio desde Argentina y Brasil, «hicimos todo lo que teníamos que hacer». Se refirió de este modo al diálogo con las empresas, el intento de conversar con autoridades del gobierno de Estados Unidos, tanto de su parte como del canciller Jorge Faurie, hasta que finalmente «el embajador Oris de Roa se vio con el secretario de Comercio Wilbur Ross y planteó por nota la posición argentina», indicó. En rigor, la reimposición de aranceles a productos siderúrgicos a los dos socios del Mercosur, difiere en varios aspectos de la medida adoptada por la administración Trump en enero de 2018, cuando apeló a la Sección 232 de la Ley de Protección Comercial de 1962, argumentando un «riesgo para la seguridad nacional» de su país. Allí, el destinatario principal era China, y en segundo término la Unión Europea, Canadá y países como Turquía que subsidian a su producción. La situación actual es muy distinta. Lejos de ser una política global, está orientada a Argentina y Brasil. Para Trump la devaluación del peso y el real en los últimos meses busca una competitividad artificial, una suerte de devaluación adrede. Sólo basta haber vivido en el país este año pasa saber los enormes costos que generó a la economía la depreciación del peso. «El movimiento de las monedas no fue una política para perjudicar al vecino y por lo tanto no hubo ganancia de competitividad», señaló Sica en diálogo con periodistas, del que participó El Cronista. El punto central ahora es tener precisiones sobre la aplicación de la medida y si esto impactará en el cupo asignado y en vigencia. Según Trump es de «aplicación inmediata» pero hasta el momento no se conoce ningún acto administrativo que lo ponga en vigencia.