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• (Ambito) El objetivo: asegurar la caja y garantizar déficit controlado. A diferencia de Mauricio Macri, Alberto Fernández inicia su gestión aplicando un severo ajuste para no perder el dominio de las variables macro. El ajuste, por ahora, sólo cae en el sector privado. Alberto Fernández eligió comenzar su gestión económica y fiscal de una manera diferente a la de Mauricio Macri. En lugar de un primer período expansivo en el gasto público bajo la esperanza de una mejora en la actividad (la que nunca llegó), el nuevo Gobierno optó por la idea general que trajo Martín Guzmán desde Columbia. Se basa en mostrarle al mundo que se trata de un Gobierno respetuoso de la prolijidad fiscal; el karma crónico y eterno de las gestiones de origen justicialista. Y que el plan de asistencia social primaria, que tendrá un costo en el primer trimestre del año de unos $100.000 millones, no se financiará con la emisión (mucho menos, el pedido de dinero prestado del mercado), sino de los dólares y pesos que generen los privados que, teóricamente, tienen ingresos suficientes como para soportar este costo. En todo caso, la elección de Alberto Fernández y su nueva gestión es que se lo critique por un nuevo ajuste “solidario” sobre los privados, y no por no entender la lógica de los equilibrios macroeconómicos básicos de no gastar más de lo que ingresa, y buscar en lo más rápido posible un superávit fiscal. Este, según los números de Guzmán, podría conseguirse en 2021. Alberto Fernández tomó la decisión de avanzar con este plan fiscal siguiendo el mandato teórico que le dejaron aquellos primeros años de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner: primero, garantizar la caja con un seguimiento diario de ingresos y gastos. Y luego pensar en cómo gastarlo. El Presidente, incluso, se hizo instalar en sus oficinas varias un esquema similar al famoso cuaderno Kapeluz de tapa dura con que Kirchner manejaba las cuentas públicas. En este caso, en lugar de ese artículo de librería, Fernández aprendió a manejarse con una planilla algo más moderna. La búsqueda de fondo es diferenciarse del Gobierno anterior. Macri inició su gestión liberando el cepo (lo que produjo una devaluación en dos etapas y una salida de dólares que comenzó a sentirse, fuerte, en 2018), cambiando un exitoso blanqueo por una fallida reparación histórica (generó gastos futuros que no pudieron ser sostenidos por la recaudación); reducción de retenciones (que luego debió subir durante la crisis con las 2.0), y beneficios sociales para contener a los monotributistas y los beneficiaros de las AUH. Por el contrario, Alberto Fernández inicia sus primeros 100 días de gobierno tomando una catarata de medidas impopulares, que lo enfrentarán de lleno con el campo y la industria (la reimposición de la doble indemnización) y con los contribuyentes que confiaron en el blanqueo de 2016 y lo enemistarán con gran parte de la clase media (impuesto a los viajes). La intención es invertir gran parte del apoyo político actual en el plan de ajuste sobre los privados, sabiendo que nada del eventual malestar económico que sus medidas provoquen recaerá sobre sus votantes. La gran apuesta es la de siempre y para cualquier gestión: que con este paquete la economía mejore, la inflación baje y la pobreza disminuya. La batalla fiscal que quiere dar el Gobierno actual es lograr que el año próximo el déficit primario se muestre controlado y que no supere el 0,5% del PBI. Desde el albertismo se estima que el desequilibrio que dejó la gestión de Mauricio Macri, al que se le atribuirán los malos datos de diciembre, alcanzará entre el 1% y el 1,5% del PBI, por encima incluso de la meta de 1% comprometida ante el FMI para este año según reza el stand-by vigente. Si se cumpliera esta previsión de la aún oposición, el déficit primario treparía a los $200.000 millones. El exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dejó su cargo asegurando que el dato será mucho menos y que no superará el 0,5%, un porcentaje aún menor (la mitad) que lo firmado ante el FMI en septiembre del año pasado. La diferencia alcanza entonces a los $110.000 millones, un nivel incluso superior al costo del paquete pos-Paso que lanzó en su momento Mauricio Macri luego de la derrota del 11 de agosto, y que en toda la línea de gastos incrementados e ingresos postergados acumuló unos $90.000 millones. El número final de la herencia de 2019 tardará en conocerse, ya que recién en la tercera semana de enero de 2020 estará el resultado final. Lo seguro, para la mirada del oficialismo, es que con la batería de medidas que se están lanzando en estas primeras semanas de la nueva administración es que los mercados sepan que la intención es sostener los equilibrios macroeconómicos básicos, aun a costa del malhumor en varios sectores de la sociedad; algunos de ellos, incluso, votantes.

• (Ambito) MSCI: cuenta regresiva para el regreso de Argentina a «frontera». La firma comenzará a partir de este miércoles a analizar la composición de sus índices, para determinar si debe realizar algún ajuste. El MSCI comenzará a reunirse a partir de esta semana para redefinir la composición de sus índices, un proceso que podría significar el retorno de la Argentina a la categoría de mercado de frontera, tras un paso con más pena que gloria por emergentes. Desde el miércoles, la firma abrirá una etapa en la cual deberá evaluar la estructura de sus indicadores, con el fin de determinar si los índices mantendrán la composición vigente o si será necesario aplicar algún cambio en los mismos. El organismo había iniciado en septiembre un período de consulta para determinar el destino de la Argentina con respecto a su permanencia en “emergentes”, luego de que el Gobierno anunció las restricciones a la compra de dólares por hasta u$s10.000 mensuales, cupo que a fines de diciembre se redujo a u$s200. En dicha oportunidad, el MSCI explicó que “la introducción de medidas restrictivas, como controles de capitales o controles de cambio, pueden resultar en el deterioro de la accesibilidad de un mercado cambiario. Por lo tanto, la reciente acción del Gobierno argentino podría conducir a la eliminación de los índices MSCI Argentina de la categoría mercados emergentes”. Además de dichas restricciones, el país se mantiene desde abril de 2018 fuera de los mercados voluntarios de deuda, producto de una fuerte suba en el riesgo-país, que se dio como resultado a la fuerte depreciación del tipo de cambio a partir de una fuerte salida de capitales de los países emergentes hacia los más desarrollados, luego de que las tasas de los bonos a diez años del Tesoro de EE.UU. alcanzaran el 3%. Este fenómeno desembocó en dos años de fuerte volatilidad en las plazas financiera y cambiaria local, a partir de las dudas con respecto al gradualismo que venía aplicando el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, más allá de los breves períodos en los cuales se pudo observar cierta tranquilidad. Vale recordar que el MSCI decidió en junio de 2018 reclasificar a la Argentina a la categoría de mercado “emergente”, luego de las diversas medidas adoptadas por el gobierno de Macri en pos de abrir la cuenta de capital y de eliminar los controles cambiarios. El hecho por excelencia fue la eliminación del cepo cambiario en diciembre de 2015, que no tuvo un fuerte impacto sobre el mercado del dólar, más allá de la depreciación lógica del peso, con el fin de unificar los valores negociados en el mercado paralelo (blue), utilizado como referencia en su momento y en el oficial. Todo esto a pesar de la volatilidad en la plaza financiera, dado que se esperaba que el fenómeno fuera transitorio, considerando el escenario internacional y las elevadas distorsiones macroeconómicas de la Argentina. Pero, en medio de los vaivenes económicos y financieros, el MSCI decidió en febrero de este año sumar a la Argentina “excepcionalmente” en el Índice Frontier Emerging Markets, lo que le permitió al país seguir negociando (momentáneamente) en la categoría de “emergente”, aunque también en la de “frontera”. Este doble status permitió que el país pudiera cotizar en ambos índices, mientras que la firma proveedora de índices analizaba la situación argentina. A partir de este miércoles, comenzará la cuenta regresiva de lo que debería ser el retorno efectivo del país a la categoría de mercado de frontera. El cepo actual y las complicaciones con respecto a los vencimientos de deuda en el corto plazo siembran dudas e impiden que la Argentina prevalezca en el rango de emergentes. Será trabajo del Gobierno actual trabajar para gradualmente ir normalizando la economía. Pero aún quedan algunos meses para que se dé a conocer la decisión.

• (Cronista) Alberto manda hoy un paquete de medidas al Congreso y apura un shock económico El megaproyecto contempla desde un impuesto a las compras en el exterior hasta una moratoria para pymes y la suspensión del Consenso Fiscal. Presiona el Gobierno por un trámite legislativo exprés. Después de un domingo hermético de reuniones en la Quinta de Olivos para cerrar sus últimos detalles, el gobierno de Alberto Fernández enviará este mediodía a la Cámara de Diputados su ambicioso proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, texto que delineará el primer ADN de la economía F y marcará su primer prueba de fuego en el Congreso. Con los adelantos por parte del jefe de Gabinete Santiago Cafiero del regreso del «dólar turista», con un 30% de recargos para compras con tarjeta en el exterior y un aumento a la alícuota de Bienes Personales; más las ya decretadas doble indemnización por seis meses y la modificación del esquema de retenciones; el megapaquete legislativo albertista incluye la también anticipada declaración de las emergencias económica, sanitaria y social. La norma no quedará ahí. Según un punteo al que accedió El Cronista, el texto incluirá una moratoria para Pymes, una sobretasa bancaria para evitar que empresas retiren efectivo de los bancos, se habilita al Ejecutivo para realizar una revisión tarifaria, la suspensión del Consenso Fiscal firmado por la administración de Mauricio Macri y las provincias, y una devolución automática del IVA para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Las atribuciones excepcionales que el Parlamento le otorgará al Jefe de Estado sembrarán el terreno para el ansiado anuncio que espera dar cuanto antes la Casa Rosada del aumento universal para los salarios, jubilaciones y planes sociales. A modo de prólogo, en la norma que debatirá a partir de mañana el Congreso, se habilita la devolución del IVA automática en cuentas, con un topo de hasta $ 700, a todos los beneficiarios de AUH y jubilados. Su financiamiento será directamente desde el Tesoro Nacional. «En la ley de reordenamiento económico, las pymes se van a ver muy favorecidas, fundamentalmente en el trato impositivo, lo que pasa es que de esta parte nadie habla», se quejó Alberto Fernández ayer en declaraciones radiales. Por un lado, el proyecto faculta al Ejecutivo a la eximición total o parcial de contribuciones a todas las empresas, que hayan perdido capacidad de compra en los últimos 4 años, que mejoren los ingresos de sus trabajadores. Y, por el otro, una moratoria para las pymes: todas sus deudas entran en un nuevo plan de pagos, que incluye 6 meses de gracia para empezar a pagar a 10 años de plazo, con la mitad de tasa que la actual. Contra «la economía en negro y la corrupción», revelaron fuentes parlamentarias, el texto establece una sobretasa de castigo a las empresas que retiran dinero en efectivo del banco, ya sea por caja, cajeros automáticos u otra modalidad, dinero en efectivo. La medida no afecta a comercios ni a personas físicas. Además, para buscar frenar el impacto tarifario, el Ejecutivo estaría autorizado a revisar e intervenir en la actuación de los entes reguladores. Como parte de la emergencia sanitaria, el ministerio de Salud de Ginés González García podrá disponer medidas para recuperar programas de vacunación y disponer sistemas impositivos de incentivos y recuperación de clínicas y obras sociales. Finalmente, en sintonía con el pedido que le hizo el gobernador chaqueño Jorge Capitanich a Cafiero y al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, en su paso por la Rosada, se suspenderá el Consenso Fiscal que firmaron las provincias. A cambio, el gobierno nacional establecerá acuerdos bilaterales con las provincias que se rubricarán según la situación fiscal y productiva de cada distrito. La frenética agenda legislativa comenzará este mediodía pero por la tarde un grupo de ministros visitarán el Parlamento para explicar el alcance de las medidas que se busca aprobar con los referentes del Frente de Todos, como el titular de Diputados Sergio Massa y el presidente del bloque Máximo Kirchner, entre otros. Ambos buscarán que el paquete sea apoyado por la mayor cantidad de legisladores posible. El objetivo oficial es que mañana mismo, en el marco de las sesiones extraordinarias decretadas hasta el 31 de diciembre, el megaproyecto comience a debatirse en las distintas comisiones para llegar al recinto de la Cámara baja el miércoles o el jueves.

• (Cronista) Prevén tasa de castigos para retiros de efectivo que hagan las empresas Como parte de un «ataque a la economía informal y la corrupción», uno de los apartados del proyecto de ley de «solidaridad y reactivación productiva» que el oficialismo enviará al Congreso penaliza a las firmas que retiren dinero físico. El megaproyecto que el Gobierno presentará hoy para su tratamiento en el Congreso pone el foco también los retiros de dinero en efectivo por parte de las compañías. También impulsarán incrementos en las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales (BBPP), con especial hincapié en aquellos que tienen bienes en el exterior, para los que el aumento será mayor. Como parte de un «ataque a la economía informal y la corrupción», la iniciativa oficial establece una sobretasa de castigo a las firmas que retiran dinero en efectivo «por caja, cajeros u otra modalidad». Según comentaron fuentes gubernamentales no afectará a comercios ni a las personas físicas. Por parte parte, el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva incluye cambios en Bienes Personales: incrementos en las alícuotas y con los mismos topes por escala. Con la exclusión de las viviendas familiares de hasta $ 18 millones, las alícuotas que están en 0,25% pasaría a 0,50%; la que está en 0,50% a 0,70% y así sucesivamente, de acuerdo con lo que indicó este fin de semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a los diarios Clarín y La Nación.  También el funcionario puntualizó que «a los que tienen bienes en el exterior, se les aumenta un poco más con una retribución extraordinaria» y que está prevista «una compensación» para aquellos que repatrien esos bienes. En la actualidad, se pagan Bienes Personales desde los $ 2 millones, de los cuales están exenta la vivienda destinada a casa-habitación del contribuyentes, por hasta $ 18 millones. Es más, los tributaristas sostienen que las escalas quedaron actuales ya habían quedado absolutamente desfasadas incluso al cierra de 2018, tras la fuerte devaluación que se dio en septiembre del año pasado. Y más tras la crisis de este año. Las escalas vigentes del impuesto a los Bienes Personales actuales son: – $ 2 millones, el mínimo no imponible. – de $ 2 millones a $ 3 millones: 0,25% – de $ 3 millones a $ 18 millones: 0,50% – de $ 18 millones en adelante: 0,75% El proyecto oficial, en tanto, no contempla cambios en el Impuesto a las Ganancias en cuanto a mínimo no imponible y escalas de deducciones.

• (Cronista) Tras perder u$s 1600 millones, las petroleras denuncian atraso de 10% en los combustibles Las empresas lamentan que no pueden alcanzar la paridad de importación y que perdieron unos u$s 1600 millones por el congelamiento de precios de los combustibles entre 2018 y 2019. No creen poder aumentar antes de fin de año. Los ejecutivos de las empresas petroleras esperan una señal del Gobierno para tener el primer contacto con las autoridades energéticas. Mientras tanto, lanzan al pasar los lamentos por el atraso de los precios de combustibles, que ya supera el 10% sin contar el aumento pendiente de los impuestos. De acuerdo a fuentes de las tres principales refinadoras del país (YPF, Axion y Raízen, que opera la marca Shell), las naftas y el gasoil deberían subir entre un 5% y un 10%, según cada empresa. De todas maneras, en ningún caso confían en que podrán recuperarlo a fin de año, en medio de un posible congelamiento de precios en toda la economía. Tomando como referencia un dólar mayorista a $ 60 y al petróleo Brent en u$s 62 por barril, el presidente de una de estas empresas calculó en 10% el atraso de precios, sin contar la actualización pendiente del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que podrían sumar otros 2 puntos porcentuales. El viernes, el crudo se acercaba a los u$s 65 por barril. El CEO de otra refinadora ubicó entre 5% y 7% el porcentaje que faltaría aumentar los combustibles líquidos para alcanzar la paridad de importación, aunque aseguró que la decisión dependerá exclusivamente del Gobierno nacional. En la otra empresa de la triada estiman en algo más que el 10% el atraso. En su balance de gestión, el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, presentó una planilla en la que sus asesores contabilizaron una pérdida total en los últimos dos años (2018 y 2019) de u$s 1600 millones para el conjunto de la industria petrolera por el congelamiento de los precios del petróleo crudo y los combustibles líquidos. En cambio, entre 2016 y 2017, con el barril criollo y la posterior liberación de los precios, las petroleras ganaron u$s 9900 millones, con lo que el saldo neto en los cuatro años de macrismo fue positivo en u$s 8300 millones. Así, Lopetegui buscó diluir desde lo discursivo y con números concretos el lobby que entiende que hicieron las firmas hidrocarburíferas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/2019, dispuesto por el ex presidente, Mauricio Macri, en agosto, después de un salto del dólar de 30%. Después de los primeros dos años del último Gobierno, cuando los precios locales del petróleo estaban por encima de los internacionales para garantizar los puestos de trabajo en la Patagonia (medida tomada en 2015 por el kirchnerismo), la liberación de precios encontró trabas a partir de la primera gran devaluación, a fines de abril de 2018. Desde entonces, las petroleras trabajaron a pérdida y solo entre diciembre del año pasado y febrero de 2019 alinearon sus precios a la paridad de importación. Lopetegui también informó que entre 2003 y 2015 las compañías del sector perdieron más de u$s 50.000 millones por las retenciones y el tope a los precios del petróleo, que en el mercado interno se vendía a u$s 80 por barril cuando en el mundo llegó a superar los u$s 120. En relación a los impuestos a los combustibles, el Estado resignó casi $ 100.000 millones en los últimos dos años por haber cambiado la fórmula de actualización en 2017. Esos números analizarán en estos días el nuevo secretario de Energía, Sergio Lanziani, y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, antes de lanzar su política sectorial.

• (Cronista) Pesce: inflación de un dígito recién a fines de 2021 y, con cepo, hay reservas «para los próximos meses» El flamante presidente del Banco Central se refirió a todas estas cuestiones en una extensa entrevista con el diario Perfil. El flamante presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, dijo hoy que el objetivo es bajar la inflación a un dígito para finales de 2021, al tiempo que destacó la importancia de alcanzar superávit comercial y fiscal y acumulación de reservas «como instrumentos de consolidación macroeconómica». «Podemos pensar en una inflación de un dígito para finales de 2021», dijo Pesce, en una entrevista publicada hoy en el diario Perfil. El titular de la autoridad monetaria no dio detalles sobre el nivel de reservas pero aclaró que «son reservas suficientes para enfrentar los próximos meses, bajo este marco regulatorio cambiario», es decir con cepo. Asimismo, resaltó que el presidente Alberto Fernández «planteó el superávit fiscal, el externo y la acumulación de reservas como instrumentos de consolidación macroeconómica. Sería una muy buena señal de consolidación». Afirmó que «necesitamos incrementar nuestras exportaciones para poder tener un saldo de balanza comercial que nos permita atender el déficit en servicios. Siempre fuimos deficitarios en el rubro servicios de la balanza de pagos, los servicios de deuda y eventualmente en la formación de activos externos». «Hay mucha esperanza con respecto a lo que va a ocurrir con la exportación de hidrocarburos: petróleo más en el corto plazo; gas, en el largo. Algo que tiene su foco en Vaca Muerta, pero que no es solo ese yacimiento. Si sucede lo que vaticinan las empresas del sector, estaríamos hablando de duplicar las exportaciones de hidrocarburos, y sería ya una cifra interesante de exportación», sostuvo. Consultado sobre los adelantos transitorios que el Central podría entregar al Tesoro a lo largo de 2020, dijo que «serán los necesarios para el desempeño del Estado, que se concentrará también en mejorar los niveles de ingreso de la base de la pirámide, lo que alude a aumentos en jubilaciones, la asignación universal por hijo, al proyecto de una tarjeta alimentaria para los sectores más desprotegidos». «Esperamos que sean los menos posibles pero los necesarios para poder atender las necesidades del Estado y los requerimientos sociales urgentes», subrayó. El economista -que se desempeñó como vicepresidente de la entidad entre 2004 y 2014- agregó que «no bien se termine la reestructuración de deuda y de definir la cuestión de los planes sociales, vamos a poder ver cuáles son las necesidades con que tiene que asistir el Banco Central al Tesoro. Esperamos que sean las menos posibles, y que estén ajustadas al aumento de la demanda de dinero». Sobre la gestión anterior, analizó que «pusieron el foco en combatir la inflación a través de instrumentos monetarios, de mantener la base monetaria inalterada y una tasa de interés superlativa, extraordinariamente alta en términos reales. Esto fracasó. Vamos a terminar este año con una de las inflaciones más altas de las últimas décadas». «El gobierno anterior cometió dos errores: el primero fue creer que era fácil bajar la inflación. El segundo fue suponer que sobraban dólares. Ante procesos así, sostenidos, aparece la inercia inflacionaria y se requiere muchísimo tiempo y muchísima recesión para poder bajar la inflación inercial con tasa de interés u otros instrumentos monetarios», resaltó. Pesce se refirió a las Leliq: «En la medida en que empieza a expandirse el crédito y de pases contra el Banco Central, el stock de Leliq va a ir bajando. Esperemos que esto vaya sucediendo el año que viene». Señaló que «si bajan las Leliq, va a haber expansión secundaria del dinero por el aumento del crédito, que hoy está constreñido por esa esterilización. Acá hay un problema de demanda de dinero». «Con una inflación mucho más moderada que la de este año va a aumentar la cantidad de dinero, especialmente si aumenta el consumo de los sectores de más bajos ingresos. Eso va a demandar cierta monetización que puede ser cubierta con lo que se financia del sector público y la expansión por sector externo», expresó. «Pero cuando se utiliza la emisión monetaria para financiar al Estado hay que ser muy cuidadoso. Debe hacerse solo en situaciones excepcionales y con mucho cuidado», concluyó.

• (Cronista) Quién es el directivo de Byma que pasa a ser clave en las Finanzas del Gobierno El economista adscripto a la Gerencia General de Byma, Ramiro Tosi, pasará a ser subsecretario de Finanzas de la Nación. l economista adscripto a la Gerencia General de Byma, Ramiro Tosi, pasará a ser subsecretario de Finanzas de la Nación. Se conocen con el ministro de Economía, Martín Guzman, de la Universidad de La Plata, ya que es docente y estudió Economía un esa casa de estudios, y luego hizo el Programa de Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales en la UBA. Tosi, que se define como un modesto jugador de squash y admirador de John Maynard Keynes, era en Byma la mano derecha del gerente general, Jorge de Carli, y venía con ese puesto desde octubre de 2015, cuando Byma era Merval, y su tarea incluía colaboración directa con la gerencia general, elaboración de reportes e informes para la alta gerencia y miembros del directorio, supervisión del riesgo de operaciones a plazo, elaboración de cambios normativos, desarrollo de nuevos productos y mejora de procesos. Antes había estado por casi 15 años en otra de las empresas del holding: como economista jefe del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, donde tenía la responsabilidad en la supervisión y confección de los informes diario, mensual y financiamiento de empresas, además de la asistencia a la alta dirección y resto de gerencias operativas sobre cálculo de indicadores de riesgo sobre posiciones de operaciones a plazo. Sus dos primeros trabajos fueron en la función pública: empezó como analista del ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, donde era analista de información económico-financiera y tenía participación en las emisiones de bonos de la provincia en el mercado internacional de capitales Luego tuvo un breve paso como asesor económico y financiero del Superintendente de Seguros de la Nación, donde se ocupaba de la elaboración e implementación de un sistema de indicadores de alerta temprana de riesgos en las compañías bajo supervisión. Un caso inverso había sucedido en junio de 2017, cuando un funcionario del Gobierno pasó a Byma. Se trata de Soledad Castro, quien tras casi 22 años en la CNV, donde llegó a estar a cargo de la gerencia general de Mercados, y tras un año y medio en la UIF como vocal del consejo asesor en representación de la CNV, consiguió trabajo de inmediato en Byma, como subgerente general, y desde enero de este año está como gerente de Cumplimiento, a cargo de Cumplimiento y Riesgo Global en Empresas Byma.

• (Rio Negro) No habrá aumento de las naftas por efecto de las retenciones Pese a los últimos aumentos, los surtidores tenían un retraso del 10% por el efecto del congelamiento de Macri. Ahora los precios quedaron estabilizados. La derogación de los topes retrotrajo al 12% los aranceles para el crudo. Impacta en la cotización local del barril por lo que también afectará a las regalías. La derogación de los topes a las retenciones que aplicó el gobierno de Alberto Fernández retrotrajo los porcentajes arancelarios a la norma original del expresidente Mauricio Macri. La vigencia plena del decreto 793/18 sostiene, hasta el 31 de diciembre de 2020, un 12 por ciento para todas las mercancías que incluye el nomenclador del Mercosur, entre las que se encuentran el petróleo y el gas. Esta decisión impactará en la cotización interna del crudo y hará bajar unos puntos el precio del barril por lo que se eliminan los aumentos de combustibles que estaban previstos y también repercutirá en las regalías En el país se toma como referencia la cotización del Brent, que refleja los valores europeos del crudo, y se le restan los descuentos que se harían por retenciones para crear paridad de exportación. La resultante es precio de referencia menos 10 ó 15 dólares. Pese a que Argentina exporta muy poco petróleo se utiliza esa fórmula porque de no tomarse esa medida para las refinadoras sería más conveniente importar crudo en vez de tomarlo de la producción nacional. Con el congelamiento de los combustibles, que aplicó Macri en agosto, el sector comenzó a acumular atrasos por el movimiento la devaluación y la cotización del crudo. Tras la última suba, desde la industria se estimó un remanente de desactualización entre el 8 y 10 por ciento. Este ajuste estaba previsto que se lleve a cabo en los primeros días de enero. Sin embargo, con la restauración plena de las retenciones de 2018, el valor del barril caerá entre dos y tres dólares para la cotización interna por lo que el atraso en los surtidores quedará salvado.