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• (Cronista) Con más demanda de la esperada, Guzmán consiguió $ 17.000 millones con letras en pesos Emitió dos letras en pesos a tasa Badlar mas un spread. El instrumento a 50 días pagará 40,59%, mientras que la deuda a 140 días tendrá un rendimiento de 41,30%. El Ministerio de Economía llevó adelante la licitación de dos series de Letras del Tesoro (Letes) en pesos a tasa Badlar mas un spread. En total, recaudó $ 17.000 millones y tuvo exceso de ofertas, ya que tuvo que prorratear la adjudación. La cartera que conduce Martín Guzmán adjudicó $ 10.000 millones en Letes a 50 días. El margen sobre la tasa Badlar fue de 100 puntos básicos y, en consecuencia, la Tasa Nominal Anual (TNA) de 40,59% y una Tasa Interna de Retorno Efectivo Anual (TIREA) de 48,44%. Para la letra más corta, las ofertas sumaron $ 24.926 millones, por lo que el Ministerio de Economía prorrateó las órdenes a un factor de 21,59%. En las Letes a 140 días, en tanto, se colocaron $ 7000 millones. En ese caso, el margen de corte fue de 175 puntos básicos, lo cual representa una TNA de 41,30% y una TIREA de 46,73%. Las ofertas para el tramo de Letes a 140 días alcanzaron los $ 21.698 millones, por lo que las posturas se prorratearon por un factor de 69,13%. Hubo en total 292 órdenes de compra. Con esta colocación, Economía logró obtener la liquidez que buscaba para renovar el vencimiento de $ 14.200 millones en Lecap reperfiladas que operará este jueves. En el fondo, el Tesoro buscó renovar sus vencimientos para evitar solicitar un mayor financiamiento monetario para hacer frente a sus obligaciones, tras la fuerte emisión que hizo el Banco Central durante los últimos dos meses.

• (Cronista) Preska falla a favor de la Argentina en el juicio por el Cupón PBI. La jueza Loretta Preska del estado de Nueva York falló a favor de la Argentina en una demanda del fondo de inversión Aurelius Capital Management por u$s 61 millones por el pago de cupones PBI, instrumentos de deuda cuyo rendimiento estaba atado a la evolución de la economía argentina. Los warrants, otorgados como edulcorantes a los tenedores de bonos, están vinculados al PIB de Argentina, pero Aurelius recurrió a «estadísticas alternativas» para presentar su reclamo en enero del año pasado. El riesgo potencial para las arcas de la Argentina era de u$s 1300 millones, estimaron fuentes consultadas por El Cronista, que atribuyen el fallo a la gestión del ex procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravia Frías, que ocupó el cargo entre 2017 y 2019. «Mi interpretación es que Preska concuerda con Aurelius en que Argentina fue muy pícara en el manejo del Indec pero pone énfasis en que esto no es parte de esta causa», comentó el analista financiero Sebastián Maril.Aurelius fue uno de los fondos que acordó resolver con el gobierno argentino en la era Macri una demanda masiva por los bonos en default en 2016, lo que permitió al país salir del estado de cesación de pagos y avanzar en la eliminación del cepo.

• (Cronista) Tras el plus salarial, empresarios se debaten a quién «pedalear» y piden reunión con Kulfas La principal demanda empresaria sobre el incremento salarial tiene que ver con los diversos pagos vigentes a cuenta de paritarias y cómo financiar el pago. Gestiones por una respuesta oficial. a decisión del Gobierno de avanzar en la recomposición del poder de compra de los salarios, ya está vigente y empezará a llegar a los bolsillos a principios de febrero, pero encendió las alarmas en el sector empresarial, en especial en las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. Fuentes de la Copal anticiparon que pedirán una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para evaluar alternativas sobre cómo financiar el pago del «incremento solidario». Les preocupa la confluencia de este pago con otros pendientes de las paritarias 2019, además de las cuotas restantes del bono $ 5000 que dispuso el gobierno anterior, el aguinaldo y las vacaciones. Desde la Unión Industrial Argentina aún no hubo confirmación sobre un pedido de audiencia con el ministro, pero sí se están moviendo los equipos técnicos. Ayer por la mañana hubo un encuentro del departamento de Política Social de la entidad y especialistas de Centro de Estudios de la UIA, para analizar el impacto de esta medida que establece el decreto 14/2020, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial. En el mismo sentido, desde la CAME recordaron que ya hace una semana pidieron una reunión al ministro Matías Kulfas, para tratar el paquete de medidas que incluye la doble indemnización, el aumento de las retenciones y la moratoria pyme. Ahora se suma el compromiso del plus salarial. «Algo de esto van a tener que sacar porque las pymes que no puedan pagar, van a dejar de pagar otras cosas, ya sea impuestos, pago a proveedores o a los bancos, pero no se puede pagar todo», señaló una fuente del sector. Y admite que a los empleados «no puede dejarse de pagar porque éste un decreto». La preocupación por el acceso y el costo del crédito excede el pago del plus salarial de $ 3000 desde enero y de $ 4000 a partir de febrero. La falta de líneas específicas y a tasa blanda para capital de trabajo es hoy una de las principales demandas. El viernes el Banco Central decidió reducir los encajes de los bancos para impulsarlos a prestar al 40%, pero todavía no están disponibles. «Hay una clara demanda de que vayamos por el financiamiento del decreto y del stock de deudas, pero también tenemos un tema de tasas y de falta de crédito», señaló Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA.

• (Cronista) En 2019 la deuda de las eléctricas por la energía de Cammesa creció 50% Las provincias y las firmas privadas le deben $ 29.194 millones a la sociedad mixta controlada por el Estado. Edenor y Edesur no descartan dejar de pagar la energía, pero por ahora no lo concretarán. Las distribuidoras eléctricas de todo el país quedaron debiendo unos $ 29.194 millones a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) hasta noviembre del año pasado, lo que representa un salto de 50% en relación a los $ 19.507 millones que adeudaban a diciembre de 2018 por la energía comprada, según un informe del Observatorio de la Energía (Oetec). Si bien el incremento va en línea con la inflación, algunas provincias como Misiones (de donde viene el flamante secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani) treparon a la cabeza del ranking -$ 6683 millones-, mientras otros distritos, como Chaco, arreglaron con el Estado para cancelar la deuda. Dentro del monto considerado, las cooperativas participan con $ 9293 millones, con las de Chubut con el 67% del total. Con el congelamiento extendido de las tarifas, la cadena de pagos del sector puede deteriorarse aceleradamente y el Estado deberá aportar más subsidios, según contaron en off the record fuentes consultadas por este diario. Sin actualizar sus ingresos desde marzo del año pasado -pese a que la norma vigente habilitaba a un incremento en agosto-, directivos de Edenor y Edesur analizan dejar de pagar parcialmente la factura de energía a Cammesa. «Por ahora seguirán pagando», dijeron en el Gobierno y confirmaron las empresas, pero no hay certezas. La factura de ambas firmas ronda los $ 2500 millones a $ 3000 millones en promedio por mes. «De continuar esta situación se va a deteriorar nuestra caja y pagaremos menos o dejaremos de pagar la energía. El dinero que cobremos de los usuarios va a ir para salarios y la operación de la compañía», comentaron en una compañía. De hecho, en los últimos meses, la filial argentina de la multinacional italiana Enel tuvo que capitalizar con $ 6000 millones a Edesur para que mantenga su operación sin problemas, aseguraron en esa distribuidora. La estrategia de las empresas será más dura que en las anteriores gestiones del kirchnerismo, cuando rigió un férreo congelamiento de las tarifas. Desde hace meses vienen avisando que la calidad del servicio puede ir desmejorando, con los mismos resultados que en el pasado: veranos con extendidos cortes de luz. Incluso, también intentarán convencer al Gobierno de que el aumento de las tarifas no es la principal causa de la inflación, ya que el índice de precios avanzó en 2019 a un ritmo de entre 3% y 4% mensual aún cuando los ingresos de las energéticas se mantuvieron en el freezer.

• (BAE) Kicillof convocó a acreedores para arrancar la primera renegociación de deuda bonaerense. Busca un alivio financiero de corto plazo. La provincia de Buenos Aires arranca formalmente la primera de las renegociaciones de deuda que tendrá por delante para descomprimir su complicada situación financiera. El Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense convocó ayer a los tenedores de los bonos internacionales, USD 750M 10,875% con vencimiento en 2021, que según su cronograma debe pagar intereses el próximo 26 de enero, a «compartir sus puntos de vista respecto de la manera de alcanzar un alivio financiero transitorio para la Provincia». El objetivo del gobierno provincial es patear los vencimientos de deuda de más corto plazo hacia adelante para ganar algo de aire. Con las negociaciones paritarias ya pisándole los talones a la administración de Axel Kicillof, la urgencia más inmediata es el pago de sueldos. Organizados en comités, acreedores internacionales de deuda bonaerense vienen reclamando desde fines del año pasado sentarse a conversar con las autoridades de la provincia. Fuentes que trabajan en el asesoramiento de estos bonistas confirmaron a BAE Negocios que vienen manteniendo contactos telefónicos con los funcionarios de la nueva gestión provincial pero aún no recibieron ninguna citación para reunirse personalmente. La misma situación se repite con el Gobierno nacional, que el viernes pasado cerró el proceso de consultas vía mail pero aún no anunció ninguna propuesta. Tampoco tiene fecha confirmada el encuentro con los representantes del FMI; desde el organismo indicaron ayer a este diario que siguen estando dispuestos a reunirse con las autoridades nacionales «cuando mejor les convenga». El objetivo del gobierno provincial es patear los vencimientos de deuda de más corto plazo hacia adelante para ganar algo de aire. Con las negociaciones paritarias ya pisándole los talones a la administración de Axel Kicillof, la urgencia más inmediata es el pago de sueldos. Organizados en comités, acreedores internacionales de deuda bonaerense vienen reclamando desde fines del año pasado sentarse a conversar con las autoridades de la provincia. Fuentes que trabajan en el asesoramiento de estos bonistas confirmaron a BAE Negocios que vienen manteniendo contactos telefónicos con los funcionarios de la nueva gestión provincial pero aún no recibieron ninguna citación para reunirse personalmente. La misma situación se repite con el Gobierno nacional, que el viernes pasado cerró el proceso de consultas vía mail pero aún no anunció ninguna propuesta. Tampoco tiene fecha confirmada el encuentro con los representantes del FMI; desde el organismo indicaron ayer a este diario que siguen estando dispuestos a reunirse con las autoridades nacionales «cuando mejor les convenga».

• (BAE) Kicillof presentó un nuevo proyecto de ley impositiva y esperan aprobarlo hoy. La iniciativa contempla varios pedidos de la oposición, que no adelantó su posición. Aun cuando desde Juntos por el Cambio no dieron una respuesta respecto a la nueva versión del texto que elaboraron en el oficialismo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió una nueva versión de la Ley Impositiva 2020 a la Legislatura provincial con la esperanza de que finalmente hoy se apruebe. El mandatario provincial pidió a la oposición «actuar con responsabilidad» y «sin beneficiar a los sectores más privilegiados». A través de su cuenta de Twitter, Kicillof explicó que no fue posible consensuar los cambios realizados en la iniciativa debido a que «pese a la buena recepción que tuvo la propuesta, los legisladores de la oposición se retiraron prometiendo dar una respuesta que aún no recibimos» y detalló que «el proyecto debía ser presentado hoy (por ayer) a las 14, para que pueda ser tratado efectivamente el día miércoles». Horas antes, tanto el intendente radical de Chacabuco, Víctor Aiola, como su colega de Lanús, Néstor Grindetti, se mostraron confiados en que hoy se sancione la Ley Impositiva, por lo que en el Frente de Todos esperan que los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio esta vez acompañen. El proyecto enviado a la Cámara de Diputados bonaerense contempla una reducción del 75 al 55 por ciento del impuesto Inmobiliario para 1.400.000 partidas, y una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos del 3,5 al 1,5 por ciento en la producción de medicamentos; dos puntos que en su momento habían sido cuestionados desde la oposición para justificar la decisión de no dar quórum a fines de diciembre en el Senado provincial cuando se intentó debatir el texto original. «Otra vez nos quedamos sin interlocutores, nuevamente fallaron, no sé si tienen problemas entre ellos y no se ponen de acuerdo, ya que algunos nos decían que estaban de acuerdo con la cláusula de progresividad», dijo el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ante el temor de que se vuelva a repetir una situación similar a la del mes pasado. Bianco también remarcó que el lunes último presentaron el proyecto con modificaciones a la oposición y quedaron a la espera de una respuesta que nunca llegó. «Les pedimos que nos contestaran anoche, a la hora que sea, y nos pidieron hacerlo esta mañana (por ayer) porque, entre otras razones, llegaba al país María Eugenia Vidal, y desde las 9 empezaron los llamados diciendo que en un rato contestaban y nada; les dijimos que el plazo máximo era las 14 y no tuvimos respuesta», agregó el funcionario. Kicillof, además de subrayar que resulta imperioso que la ley sea aprobada para «poder gestionar», puntualizó cada una de las modificaciones de la iniciativa respecto de su primera versión. Una de las más relevantes es que se «reduce el segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto» y que «los jubilados de haberes mínimos quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano; se reduce la alícuota de ingresos brutos a los servicios jurídicos, notariales, de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, de diseño especializado, actividades profesionales científicas y técnica y que se reducen las alícuotas a venta en comercios minoristas de almacén, alimentos, kioscos».

• (BAE) Desarrolladores inmobiliarios van a la caza de los inversores que quieren dolarizar sus pesos. El sistema de construcción desde el pozo, con cuotas en moneda local vuelve a recobrar protagonismo. En los últimos veinte meses, los costos cayeron 51%, pasando de los US$1.188 a los US$578 por m2.  Las restricciones que hoy tienen los argentinos para comprar dólares por la vía legal comienza a cambiar la lógica del negocio inmobiliario. En ese contexto, los desarrolladores comienzan a buscar la llave que les garantice tener un 2020 con cierta actividad. «El pozo hoy es la única opción. Hay que comprar en pesos y en cuotas. Yo hablo del ‘inversumidor’: un inversor con cabeza de consumidor final. Va comprando en cuotas a medida que avanza la obra. El costo de construcción bajó, así que esa va a ser la oportunidad. Y ni hablar para los que ya tienen los dólares», indica a BAE Negocios Gustavo Ortolá, Presidente de GO Real Estate. En los últimos veinte meses, los costos para construir cayeron 51%, pasando de los US$1.188 por m2 a los US$578″. Federico Rosbaco, Presidente de la desarrolladora Rosbaco Partners, asegura que «para aquellas personas que tengan un excedente en pesos, es una excelente opción para canalizar las inversiones y una manera de dolarizar la cartera y ganarle a la inflación». En la misma línea, Enrique Rebaudengo, socio fundador de CoVacations y Modus Inmobiliaria, coincide con su colega en que «se vuelve atractivo invertir en pesos en el mercado inmobiliario hoy, sobre todo como una medida «defensiva». Parece ser la única forma inmediata y accesible de dolarizar los pesos a través del metro cuadrado». Para Ricardo Orlando, Presidente de Kuan Desarrollos, la inversión en pesos se vuelve más atractiva ya que «muchos están optando por sacar la plata que tenían en los bancos en distintas formas (caja fuerte, plazo fijos e inversiones financieras) y volcarlas a proyectos de inversión inmobiliaria por un tema de seguridad principalmente». Rosbaco, por su parte, cree que «habrá una oportunidad, una vez que arranque la economía, de captar clientes que estén posicionados o tengan excedente en pesos, y para otros que ya estaban en dólares y que hoy no tienen suficientes alternativas de inversión. En ese sentido sabemos que es un sector que siempre dio respuestas a los vaivenes de la economía». Rebaudengo opina que la situación es ideal para las propuestas novedosas que permiten inversiones bajas: «Es una oportunidad para desarrolladores que cuenten con trayectoria y respaldo, para captar inversores. Sobre todo desde el formato «fractional». Es una oportunidad para el micro-inversor que puede dolarizar sus pesos en metros cuadrados, tratándose de una inversión inteligente porque es vacacional, se puede usar, poner a la venta e inclusa canjear por vacaciones en otros destinos». A diferencia del «tiempo compartido», el sistema «fractional» se trata de la adquisición de una propiedad y por lo tanto de una operación inmobiliaria. Se puede escriturar y se realiza a través de un fideicomiso, con todas las garantías y posibilidades que un inmueble ofrece: reventa, alquiler, enajenación fiduciaria y transmisión a herederos. Quien adquiere una fracción se convierte en dueño en copropiedad de un bien inmueble, que le permite usarlo en los tiempos convenidos y, además, recibir las utilidades que su renta genere. Otro punto a tener en cuenta, es si el costo de los desarrollos se mantendrá en pesos en línea con el llamado dólar «solidario» o con el «blue». «Suponemos que el costo va a estar más en línea con el contado con liqui (que se asemeja al dólar blue) que al dólar oficial. Si bien la mano de obra viene atrasada respecto de este, la mayoría de los materiales siguen al dólar blue o el contado con liqui. Sin contar que los terrenos hay que pagarlos en dólar billete y constituyen entre 30% y 40% del costo del emprendimiento. Por todo ello la mano de obra tiene menos influencia en dólares respecto del resto de los materiales y/o insumos como puede ser un terreno». Sobre este punto, Rosbaco opina que «si bien en lo inmediato hubo una baja en el costo de construcción medido en dólares, con el aumento del dólar post PASO creemos que el costo se va a ir equiparando al valor del dólar, y seguramente se mantenga en línea en ese sentido». En opinión de Rebaudengo, «las inversiones inmobiliarias siempre se expresan en dólares y en el dólar blue o dólar «calle». Hay que estar atentos a ver  como impactará el de exportación que imaginamos estará en línea con el blue. Si esta situación continúa, las inversiones inmobiliarias en dólares deberían bajar». El Presidente de Rosbaco Partners asegura que «después de las PASO hubo muchas consultas, algunas se fueron cerrando y hoy, con el gobierno conformado, se están concretando muchas de esas operaciones que habían quedado congeladas por la incertidumbre política. Asimismo, después del anuncio de las medidas, vemos mayor cantidad de consultas, se acrecentó significativamente el número. Creemos que es un muy buen momento para que la gente se anime a concretar operaciones, es una manera de dolarizar la cartera y resguardar valor». Algo similar observa el titular de Kuan Desarrollos para quién «las consultas vienen aumentando desde las elecciones por varias razones pero no tanto por el impuesto sino por el fin de la incertidumbre del año electoral. Desde que se anunció el impuesto bajaron un poco como ocurre siempre que se mueve el dólar». Por último, Rebaudengo considera que en su caso no notan una variación en las consultas «debido a que es un mercado que de por sí ya se encuentra deprimido, por tratarse de un año electoral y por la época del año».

• (Cronista) La nafta de las estaciones argentinas es la segunda más barata de América latina.El valor del litro es de US$0,961. De acuerdo a la última actualización que hizo la empresa Global Petrol Prices, que se encarga de medir todas las semanas el precio de los combustibles en todo el mundo, Argentina posee el precio de nafta y gasoil más bajo de Latinoamérica, sólo por detrás de Bolivia. El relevamiento realizado en diciembre pasado indicó que el costo promedio del litro de nafta argentina fue de US$0,961, lo que equivale a $60,54 al cambio oficial actual. Además, determinaron que el gasoil tiene un valor de US$ 0,875, es decir, $55,12. Solamente Bolivia, cuya nafta tiene un valor de US$0,543 y su gasoil, de US$0,54, está por delante del país en el ránking de GPP. En los países limítrofes, el combustible resulta bastante más caro. Con respecto a Uruguay y Chile hay una mayor diferencia. El valor de la nafta en el país oriental es de US$1,48 y el del gasoil de US$1,09, mientras que en el trasandino la nafta cuesta US$1,206 y el gasoil US$0,902. Con respecto a Brasil (US$1,133 la nafta y US$0,902 el gasoil) y a Paraguay (US$1,035 y US$0,801), la diferencia es menor. Sin embargo, esto no evitó que en las estaciones de servicio de las diversas ciudades fronterizas de la Argentina, como por ejemplo, Posadas, Mendoza, Fray Bentos y Puerto Iguazú se registren grandes colas de autos extranjeros para cargar combustible.

• (BAE) El BCRA tratará un nuevo recorte de tasas mañana y ayer modificó valuaciones.Las LI se tomarán a valor técnico.  Acompañando la baja en las tasas de financiamiento conseguida por el Tesoro ayer, y tras el cierre de un nuevo acuerdo de precios con empresas de consumo masivo, el Banco Central se dispondría mañana a efectuar un nuevo recorte en la tasa de referencia. Sería la tercera rebaja desde que Miguel Ángel Pesce asumió la presidencia de la entidad monetaria. Hasta ayer, la tasa de las Leliq a 7 días se ubicaba en 55%, desde el 63% heredado de la administración macrista. El Directorio del BCRA discutirá el nivel de la tasa mañana, en su habitual reunión de los jueves. Se sabe, según manifestó en sus últimos comunicados, que la nueva gestión del Central considera que «la magnitud de la tasa de interés de referencia se ubica en un nivel inadecuado y potencialmente inconsistente con las perspectivas de evolución nominal de las variables económicas relevantes». Ayer, tras la colocación por parte del Tesoro de Letras Intransferibles (LI) al Banco Central por US$3.244 millones, que completan los US$4.571 millones autorizados por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el directorio de la entidad monetaria aprobó la modificación del valor contable de estos instrumentos. Según determinó el Central, la tenencia de letras intransferibles actual y las que se emitan en el marco de la ley de Solidaridad serán registradas en los Estados Contables de la entidad a su valor técnico (100%), tal como sucedía antes de que en junio de 2018, en base al acuerdo con el FMI de realizar una cancelación anticipada de estos instrumentos que finalmente no sucedió, la gestión de Federico Sturzenegger decidiera modificar este criterio por el de valor de mercado. Con el cambio de valuación, el patrimonio neto del BCRA deja de ser negativo (las letras ganan valor con la devaluación) y abre la puerta a la transferencia de utilidades al Tesoro. A valor técnico, las letras intransferibles llegaban a $3.003.389,8 millones al 31 de diciembre (alrededor de US$50.000 millones según la cotización oficial), a lo que habrá que sumar los US$4.571 millones colocados desde comienzos de año hasta ayer. El cambio contable implicó una suba de cerca de US$37.000 millones en el activo del BCRA al cierre del 2019, según estimaciones del mercado.