(Cronista) El FMI aclaró que no va a conceder quitas a la deuda de la Argentina con el organismo «Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global», sostuvo su titular, Kristalina Georgieva. El Fondo Monetario Internacional (FMI), como prestamista de último recurso, no ofrecerá un recorte de su préstamo a Argentina después de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, instase a la institución a asumir una pérdida. «Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global», dijo la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, el domingo en una entrevista con Bloomberg Television. Una misión técnica del FMI se encuentra en Buenos Aires hasta el 19 de febrero para reunirse con funcionarios de Argentina y evaluar la sostenibilidad de la deuda del país. Las conversaciones con el FMI, al que Argentina debe u$s 44.000 millones, serán clave para una negociación aún mayor con los tenedores de bonos a fin de evitar un incumplimiento. «Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI», dijo Georgieva cuando se le preguntó sobre la «profunda reestructuración de la deuda» planteada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se necesita más tiempo para obtener datos sobre la sostenibilidad de la deuda del país, dijo Georgieva. El FMI continúa respaldando al gobierno de Alberto Fernández en sus esfuerzos para reanudar el crecimiento económico, dijo. «En términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento», dijo Georgieva.

(Cronista) Para ahorrar subsidios, reducen pago a generadoras eléctricas La Secretaría de Energía aprovechará que hay centrales térmicas e hidroeléctricas sin contrato para reducirles entre 16% y 45% los ingresos. Buscan ahorrar u$s 350 millones y destinar menos subsidios. El Gobierno está al borde de tomar una de las primeras decisiones fuertes en el área energética, que marcará su relación con multinacionales y empresarios poderosos del país. La Secretaría de Energía reducirá la remuneración a las generadoras eléctricas para ahorrar unos u$s 350 millones en el año y restará una importante masa de ingresos a las empresas del sector. Según publicó el portal EconoJournal el viernes pasado, el secretario de Energía, Sergio Lanziani, tiene a la firma una resolución para pesificar la generación eléctrica (una promesa de campaña del presidente, Alberto Fernández), con efectos retroactivos al 1° de febrero. Con esto, quitará ingresos por hasta 30% a empresas como la italiana Enel (controlante de la distribuidora Edesur), la estadounidense AES, y las locales Pampa Energía (en manos de Marcelo Mindlin) y Central Puerto (cuyos accionistas son Carlos Miguens, Eduardo Escasany y Nicolás Caputo, entre otros). Tal como contó El Cronista el pasado 9 de diciembre, el nuevo Gobierno puede desdolarizar la mitad del sistema eléctrico. Es que el costo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) alcanzó en 2019 los u$s 8592 millones para tener potencia por 38.561 MW (hasta noviembre). De ellos, hay 26.020 MW (el 67%) entre centrales térmicas e hidroeléctricas sin contrato, recibiendo ingresos por la Resolución 1/2019 por u$s 3823 millones (44% del total), de los cuales u$s 1370 millones es remuneración fija por potencia disponible. Sobre estos últimos es el ajuste que aplicará el Tesoro, en la búsqueda de quedarse con u$s 350 millones y pagar en total cerca de u$s 1000 millones en ese ítem. Las centrales termoeléctricas como Central Costanera, Dock Sud y otras perciben un promedio de u$s 68 por megavatio-hora (MWh), mientras que las hidroeléctricas binacionales como Yacyretá, Salto Grande y las locales Piedra del Águila y El Chocón, por ejemplo, reciben en promedio unos u$s 19 / MWh. La reducción sería de 16% para las térmicas y de 45% para las hidráulicas, según confió a este diario el director de generación de una de las principales compañías del sector. En tanto, habría una compensación en el precio de la energía (remuneración variable) durante seis meses al año para los ciclos combinados más eficientes que ayudan a cubrir las demandas de punta en invierno y en verano. Los valores en pesos se ajustarán regularmente de acuerdo a un mix entre los índices de inflación mayorista (IPIM) y minorista (IPC). La movida oficial tiene como objetivo cuidar la caja en una situación delicada: el 50% del costo de generación eléctrica está subsidiado y a medida que aumente el dólar (contenido ahora por el cepo cambiario) subirán las erogaciones del Estado nacional. Las tarifas eléctricas están congeladas desde marzo del año pasado y seguirán así al menos hasta julio, en un contexto en el que el Gobierno ve inviable ajustar estos precios relativos mientras pide un esfuerzo a empresas y trabajadores para desindexar la economía. La iniciativa no es original. Ya con la crisis desatada y con serias restricciones fiscales, el último secretario de Energía del macrismo, Gustavo Lopetegui, bajó mediante la Resolución 1/2019 en marzo un 15% los ingresos a estas centrales que se relacionan con el mercado spot. «Se vuelve a impactar sobre la remuneración de las generadoras, lo que pone en riesgo la disponibilidad, y sigue sin aplicarse ninguna reducción a la carga impositiva que tanto peso tiene. En lugar de resolver la macroeconomía se interviene en la regulación energética. Es otra mala señal para quienes quieren invertir y ha quedado demostrado que, aún con tarifas congeladas, la inflación siguió aumentando mes a mes», cuestionaron en una empresa afectada. «Creemos que puede ser un recorte muy importante, que el Gobierno lo venía anunciando desde antes de asumir. Esto es fácil de ajustar porque es un precio spot, sin contrato», analizaron en el área de Regulación de una generadora. Pese a que hay un enorme malestar en el sector, fuentes consultadas por este medio también entendieron que «el Estado no puede subsidiar más a la demanda» y que «es mejor esta medida a que se siga desordenando la cadena de pagos». La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (Cammesa) canceló hasta el momento apenas el 68% del costo de generación de noviembre (cercano a los u$s 700 millones), con 35 días de atraso. La sociedad mixta está pagando fuera de término -la semana pasada debió liquidar diciembre- porque el Tesoro está retaceando fondos y porque las distribuidoras provinciales acumulan multimillonarias deudas -casi $ 30.000 millones a fines de 2019-.

(Cronista) Reestructuración ejecutiva en MercadoLibre: salir del rojo y reducir el ‘riesgo Galperin’. El viernes al mediodía, ni bien se supo la noticia, dijeron que no. A la noche, sobre las últimas horas de la semana, el propio Juan Martín De la Serna, designado, una vez más, al frente de MercadoLibre Argentina -ya había ocupado esa posición entre 2004 y 2012-, reconocía que sí. La renuncia de Marcos Galperin al directorio de la sociedad argentina del gigante regional de comercio electrónico obedece a la decisión del entrepreneur, que fundó a la empresa hace 20 años, de volver a radicarse en el Uruguay. Una decisión personal, remarcaron sus voceros (oficiales y oficiosos). Aunque, también, tiene sentido, desde el punto de vista del negocio. Primero, los hechos. El viernes, forzada por la vertiginosa espiral que alimentaron redes sociales y medios, la empresa anunció que De la Serna reemplazará a Galperin como «presidente de la operación de MercadoLibre Argentina». Es decir, quien ejercerá la función de CEO de la compañía en el país, pese a que, en lo formal, el Boletín Oficial divulgó que el sucesor de Galperin en la presidencia de la sociedad es Stelleo Passos Tolda. No era un dato menor. Passos Tolda, brasileño, es, desde hace una década, director de operaciones (COO) del grupo. Y lidera el negocio en su país. Una primera lectura fue que el cambio significaba una subordinación de la filial argentina a la subsidiaria que es la mayor usina de facturación. En 2019, los ingresos de MercadoLibre crecieron 59%, a u$s 2296,3 millones. Brasil aportó el 63,6%. Fue el 60,2% en 2018. En cambio, de 2018 a 2019, el share de la operación argentina -devaluación mediante- menguó del 26,4% al 19,9 por ciento. Hay quienes se arriesgaron a hablar de una migración a ese país. Algo que la empresa niega con énfasis. «Buenos Aires es y será el headquarter», insisten. Remarcan la fuerza laboral local y los servicios que presta a los otros 17 mercados latinoamericanos en los que opera. En la Argentina, MercadoLibre tiene la mitad de los 9703 colaboradores que declaró al 31 de diciembre. Con tres veces más facturación, Brasil dispone del 27% del staff. Si una mudanza incidió en la salida de Galperin, fue la propia. El empresario volvió a vivir en Uruguay a mediados de diciembre. Ya lo había hecho desde 2002 y retornó al país una vez que finalizó la Era K. Nunca ocultó su afinidad con Mauricio Macri, quien lo entronó en en reiteradas ocasiones como el nuevo modelo de empresario argentino. En los últimos cuatro años, con el auspicio explícito o tácito de la Casa Rosada, la incursión agresiva de MercadoLibre en algunos negocios sacudió el statu quo de esas actividades. Su aterrizaje en el sistema financiero no le cayó simpático a los bancos. Y el avance de su compañía le valió a Galperin ganarse enemigos públicos como Hugo Moyano, Juan Grabois y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo. «Pareciera que sólo falta la Conmebol», ironizó él. Tuvo gestos conciliatorios. Fue de los primeros en peregrinar al búnker de Alberto Fernández para rendir armas, tras el resultado de las PASO. Y, ya más cerca de las generales, MercadoLibre lanzó una campaña institucional por sus 20 años que llamó a superar la grieta. Pero esas actitudes no evitaron que, ya con Dylan correteando por los jardines de Olivos, continuara estando en el centro de la polémica. La empresa recibió un golpe cuando el Gobierno decidió congelar los beneficios de la Ley de la Economía del Conocimiento. Y, este mes, la ofensiva que tuvo a Galperin mismo como target se plasmó en una causa penal por presunto fraude al Estado, a raíz de una venta de $ 1300 millones en títulos públicos que el fondo de MercadoLibre habría hecho, según la sospecha, con uso de información privilegiada. La empresa lo negó. El fiscal Guillermo Marijuan presentó esa denuncia en Comodoro Py el 4 de febrero. Para quienes buscan casualidades, la misma fecha en la que, según se publicó en el Boletín Oficial, se precisa la reunión de socios de MercadoLibre S.R.L. en la que Galperin formalizó su renuncia. No fue la única . El CFO, Pedro Arnt, dimitió a la vicepresidencia. Continúa como gerente. MercadoLibre tiene una expresa intención de expandirse en el sistema financiero. A su servicio de transacciones electrónicas, Mercado Pago, quiere sumarle el otorgamiento de préstamos. El sistema financiero tiene regulaciones delicadamente celosas en materia de denuncias penales (o procesamientos) contra los directores de sus entidades. Sentar en la cabecera al board -más, en la cabecera- a un blanco fácil para operaciones políticas y judiciales, hoy día, sería un activo tóxico de alto costo. «Galperin continúa siendo el CEO de MercadoLibre Inc», se leyó en el comunicado, acerca de la función que seguirá ejerciendo en la sociedad estadounidense radicada en Delaware que, el viernes, cerró con un market cap de u$s 36.540 millones. «Es un cambio interno de la operación local, lo que significa que sus responsabilidades en la región se mantienen inalteradas», agregó el statement. En la empresa, aseguran que la salida del día a día local -de hecho, del país- le permitirá a Galperin concentrarse en la visión regional. Lo necesita. El año pasado, MELI -tal cual su sigla en el Nasdaq- perdió u$s 172 millones, un rojo 4,7 veces superior al de 2018. «El foco es que no haya pérdidas», subrayan, en relación al objetivo central de la compañía en 2020. Galperin, ahora, lo pondrá desde Uruguay. La empresa asegura que no seguirá a otras tecnológicas (y no tanto) que cruzaron el charco por las bondades que ofrece la Banda Oriental. Su fundador y líder, por lo pronto, ya es uno de los 100.000 argentinos que el presidente uruguayo electo, Luis Lacalle Pou, quiere mudar.

(Cronista) Deuda: mientras la Argentina comienza la negociación, Puerto Rico marca el camino La isla anunció que habría acordado con sus principales acreedores la reestructuración de u$s 35.000 millones de su deuda soberana, reducir el servicio de la deuda en u$s 5000 millones y acortar el período de repago. Desde que el presidente argentino Alberto Fernández tomó posesión de su cargo el 10 de diciembre pasado, uno de sus primeros anuncios fue encomendar a su ministro de Economía, Martín Guzmán, iniciar la renegociación de la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reformular los plazos de pago y permitir la reactivación de la economía que haga sostenible la cancelación de los compromisos adeudados. Los principales críticos de esta gestión ponen el foco en las dificultades de avanzar en un acuerdo sin antes explicitar un programa económico que sirva como hoja de ruta para los acreedores sobre la capacidad de pago que pueda llegar a tener el Gobierno argentino. Sin embargo, está claro que tanto los funcionarios nacionales como los del FMI y los representantes de los tenedores de bonos privados se encuentran embarcados en medio de una negociación, por lo que nadie va a «bajar las cartas» de antemano, con tal de obtener el mejor acuerdo posible. En ese sentido, la experiencia de Puerto Rico puede servir como antecedente de hacia dónde podría ir una renegociación exitosa de la deuda soberana argentina, la cual fue «reperfilada» durante el año pasado, el eufemismo que empleó el Gobierno anterior para disimular un «default selectivo», tal como lo calificó la agencia Standard & Poor’s. En mayo de 2017, la isla de Puerto Rico, que es un Estado libre asociado de Estados Unidos, anunció que se declaraba en quiebra al no poder cumplir con los pagos de su deuda de u$s 70.000 millones, justo cuando finalizó una moratoria fijada por la Justicia estadounidense que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago. Al declararse en bancarrota (la más grande de la historia de Estados Unidos) y ampararse bajo la ley de quiebras, la Administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló ganaba tiempo para reestructurar su deuda y sentarse a negociar con los acreedores de manera ordenada. Para ello, el Congreso estadounidense creó una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a cargo de controlar las negociaciones entre las partes. Sin embargo, como si Puerto Rico hubiese heredado parte de las siete plagas de Egipto, a los pocos meses el huracán María devastó la isla (en sentido literal), dejando daños por u$s 100.000 millones y un impacto que, para la economía puertorriqueña, implicó retroceder 40 años en el tiempo. Es decir que el proceso para renegociar la deuda soberana y salir de la quiebra comenzó de la peor manera posible. Encima, si esto no era suficiente para complicar esta renegociación, hace un mes atrás la isla sufrió un terremoto de grandes proporciones, el más grande del último siglo. A pesar de todo esto, como si fuera el Ave Fénix, de a poco Puerto Rico pudo empezar a remontar la cuesta en que se había convertido su situación económica y financiera (Grecia es otro buen ejemplo de ello). Este vía crucis no salió barato: en el camino, la miseria y la pobreza crecieron de manera significativa entre la población de la isla (miles de sus habitantes migraron a Estados Unidos), mientras que el gobernador Rosselló terminó renunciando, acosado de corrupción y homofobia tras varias semanas de manifestaciones populares. LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL Después de varios «rounds» de negociaciones, el país acaba de alcanzar un acuerdo con sus acreedores más duros. Entre ellos se encuentra el temible fondo «buitre» Aurelius que, junto con Elliott, no paró de litigar en los últimos diez años contra la Argentina. El acuerdo reduce en u$s 35.000 millones de deuda y otros pasivos en un 70% (es decir, u$s 24.000 millones), a menos de u$s 11.000 millones, lo que representa una reducción adicional de u$s 1000 millones en relación con la anterior propuesta que se había realizado el año pasado, pero que no había prosperado. Además, reduce el servicio de la deuda en u$s 5000 millones adicionales. Aparte de los fondos «buitre» especializados en deudas en default, el acuerdo alcanzado fue apoyado también por grandes fondos de inversión como BlackRock, el más importante del mundo. «Este acuerdo es una victoria para Puerto Rico. Reduce los pagos totales de la deuda en relación con la propuesta del año pasado, paga la deuda del Estado Libre Asociado antes y tiene un apoyo significativamente mayor de los tenedores de bonos, lo que facilita aún más la salida de Puerto Rico de la quiebra», expresó José Carrión, presidente de la JSF. El pacto estipula que la deuda será cancelada en 20 años en lugar de los 30 iniciales. Sin embargo, todavía falta bastante para festejar un acuerdo definitivo y la salida de la bancarrota. Por un lado, la gobernadora Wanda Vázquez, reemplazante de Rosselló, alegó que no lo apoyaba, ya que no se había morigerado el ajuste de las jubilaciones, una de las concesiones que más crispó el ánimo de los «boricuas». Y, por el otro, Barbara Houser, la mediadora de la corte federal estadounidense que lleva adelante la quiebra de Puerto Rico, advirtió que aún quedan muchas disputas con varios acreedores que deben resolverse primero para la renegociación termine de manera exitosa.

(BAE) Tras la visita del FMI, el Gobierno inicia las reuniones formales con los bonistas. El Fondo emitirá una declaración al término de su estadía en el país.  La renegociación de la deuda acelerará su ritmo durante las próximas dos semanas, cuando se inicien las reuniones formales entre el Gobierno y los representantes de los acreedores privados. En ellas se pondrán sobre la mesa los elementos principales de la oferta concreta de reestructuración, que el Ejecutivo presentará en la segunda semana de marzo, sobre la base de los escenarios fiscales que anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, el miércoles pasado en el Congreso. Las conversaciones con los privados tendrán como marco la señal de austeridad que dio el Gobierno con un aumento global del gasto previsional algo menor al que hubiera correspondido con la fórmula de movilidad suspendida aunque neutro en términos fiscales si se cuenta el bono de enero, luego de que Guzmán hablara de un sendero hacia un superávit fiscal en 2023, y la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional en el país, que se extenderá hasta este miércoles. Si bien estuvieron atravesados por los cruces entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el vocero del organismo, Gerry Rice, respecto de la posibilidad o no de que se avance en una quita de capital en el stand by luego de que el propio FMI violara su estatuto al financiar la fuga de capitales, lo cierto es que los encuentros entre los enviados y los funcionarios versaron sobre la propuesta oficial limitada a postergar tres años el repago de los USD44.000 millones. La misión encabezada por Julie Kozack, número dos del Fondo para la región, y Luis Cubeddu, el jefe del caso argentino, ya se reunió con Guzmán y con los ministros de Desarrollo Productivo, Trabajo y Desarrollo Social, Matías Kulfas, Claudio Moroni y Daniel Arroyo, respectivamente. Entre hoy y el miércoles, se esperan encuentros con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Una fuente del FMI le dijo a BAE Negocios que, pese al fuego discursivo, «las reuniones fueron muy cordiales, constructivas y colaborativas». Y remarcó que «permitieron al equipo tener un mejor y más detallado entendimiento del programa económico y las prioridades del gobierno argentino». Además, confirmó que esta semana el organismo emitirá una declaración sobre los avances durante la visita. El Gobierno espera conseguir que el Fondo también declare como insostenible la deuda soberana. Sería una herramienta a su favor a la hora de presionar a los bonistas con la posibilidad concreta de un default en caso de que no haya acuerdo antes del 31 de marzo. Las conversaciones entre funcionarios y grandes fondos subieron de tenor luego de las trabas al reperfilamiento voluntario del AF20. Durante la presentación de los lineamientos del plan de sustentabilidad, Guzmán habló de una «reestructuración profunda» y dijo que «habrá frustración en los bonistas». Las cartas comenzarán a develarse en el roadshow que comenzará esta semana. A su término, Economía elaborará un informe en base a los comentarios de los tenedores. Para ganar «poder de veto» sobre la oferta final, producto del alto piso de consenso para avanzar en un canje que imponen las cláusulas de acción colectiva de los títulos bajo legislación extranjera, los grandes fondos comenzaron a agruparse y a contratar representantes comunes. La asociación que más preocupa en el Ejecutivo es la de Fidelity, la firma que bloqueó la postergación del BP21 en la provincia de Buenos Aires, y Blackrock, uno de los peces más gordos de Wall Street. Según estimaciones del mercado, entre este último fondo de inversión, Templeton, Pimco y Ashmore concentran cerca del 50% de los títulos a reestructurar.

(Iprofesional) El Gobierno buscará postergar pagos de bonos por u$s100.000 millones. El objetivo es reducir la presión que significaría tener que afrontar vencimientos muy altos durante los próximos años, y volver a pagar recién en 2023 l Ministerio de Economía buscará postergar los vencimientos y reducir intereses de bonos por unos u$s 100.000 millones, un tercio de la deuda total del país, con el objetivo de tener las manos libres para aplicar un plan de reactivación económica. A eso se sumará la renegociación con el FMI por una deuda de unos u$s44.000 millones, trascendió de fuentes ligadas a la negociación de deuda. El objetivo es reducir la presión que significaría tener que afrontar vencimientos muy altos durante los próximos años, y volver a pagar recién en 2023. El Gobierno buscará estirar los plazos de pagos entre 3 y 4 años para el capital, y aplicar una quita para los intereses. La cantidad de títulos en mano de los bonistas son unos 35 y en Economía estiman que la mitad está en poder de los principales fondos de inversión, como Templeton, Pimco, Blackrock y Ashmore. Según un informe de la consultora ACM, hay US$ 105.000 millones de bonos en moneda extranjera, casi un tercio de la deuda pública bruta, que en enero fue de US$ 324.449 millones. La entidad dijo que son 34 títulos: 17 emitidos entre 2016 y 2018 bajo ley extranjera, 6 en los canjes de 2005 y 2010 – también bajo ley extranjera-, y 11 bajo ley nacional. Los montos para cada período son: u$s41.548 millones, u$s33.502 millones y u$s30.352 millones, respectivamente. ACM proyectó que los bonos ya reestructurados (como el Par y el Discount) quedarían fuera del canje. La Argentina enfrenta vencimientos de bonos en dólares por u$s9.800 millones en 2020, de los cuales el 47% poseen legislación extranjera, según un reporte de la Fundación Capital. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya le anticipó a los acreedores que se preparen para una «frustración», adelantando que se propondrá una fuerte quita de intereses. Guzmán considera que los bonos emitidos en dólares durante el Gobierno de Macri devengan cupones más altos y es lo que vuelve insostenible la dinámica fiscal. Macri emitió 17 bonos en dólares a tasas consideradas altas y plazos cortos: son los que serían reestructurados.