Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (TFU27)
Aviso de pago del Bono Tierra del Fuego TFU27 en dólares estadounidenses 8,95%

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.
Informa situación de fuerza mayor en Ecuador que obliga a la Sociedad a paralizar la producción y entrega de crudo, dejando de recibir la tarifa correspondiente

Medanito S.A. Informa que, en el marco de la Emergencia COVID-19, YPF SA suspenderá transitoriamente las compras de petróleo crudo a la Sociedad y a su controlada Chañares Energia SAU.

GRIMOLDI S.A.
Informa baja de la calificación de la entidad y de la ON

(Infobae) Cómo será la agresiva propuesta que le hará el Gobierno a los fondos de inversión que operan en Wall Street El Presidente decidió una oferta a los bonistas bajo legislación extranjera que replica las sugerencias que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando evaluó la sustentabilidad de la deuda externa de la Argentina. Alberto Fernández, Martín Guzmán, Kristalina Georgieva y Francisco son los responsables políticos, económicos e ideológicos de la propuesta que mañana formalizará la Argentina a los bonistas extranjeros bajo legislación internacional. Sin la participación activa del Papa y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente y su ministro de Economía no hubieran tenido posibilidades de diseñar una agresiva oferta a los inversores extranjeros que propone postergar pagos de intereses y capital hasta 2024-2025. El Gobierno desea honrar la deuda contraída con los acreedores privados y descarta una estrategia de negociación vinculada a un eventual default, pero pretende que los bonistas extranjeros acepten las condiciones de una propuesta que va en línea con la actual situación económica de la Argentina y el futuro imperfecto del sistema financiero internacional que está bajo jaque perpetuo por la pandemia del coronavirus. Alberto Fernández aprovechó su cercanía con Francisco para llegar a Georgieva y explicitar el apoyo de la Argentina a su particular mirada sobre el papel del FMI en el siglo XXI. La directora gerente que sucedió a Christine Lagarde no cree en los planes de ajuste y considera que el capitalismo moderno no tiene que ser rapaz y mucho menos facilitar la faena de los acreedores privados de los países emergentes. El Presidente dialogó varias veces con Georgieva sobre la situación económica del país y le pidió que el FMI desplegará su influencia para atenuar la capacidad de negociación de los bonistas extranjeros que tienen acreencias por más de 68 mil millones de dólares. Junto a Alberto Fernández se alinearon Guzmán y Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos, que en puntas de pie llegaban a Olivos para participar de las negociaciones con la directora gerente del FMI. La estrategia del jefe de Estado ahora aparece con nitidez. Necesitaba del apoyo de Georgieva -que conversa con Francisco sobre la Argentina y el mundo-, la capacidad técnica de Guzmán y los contactos de Beliz en la Casa Blanca. La suma de las partes, en silencio y en medio de la pandemia, fue clave para elaborar una oferta a los bonistas que se alinea con la mirada actual del FMI sobre los acreedores privados de los países emergentes. La propuesta del gobierno a los bonistas bajó legislación extranjera se diseñó en base a dos recomendaciones formalizadas por el FMI en su comunicado oficial del 19 de febrero de 2020. Esa presentación resume las conversaciones reservadas que protagonizó Alberto Fernández con Georgieva: “Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible”, dijo el Fondo. Y remató: “En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”. En las últimas horas, Alberto Fernández y Guzmán hablaron por teléfono, se reunieron y chatearon para ajustar la oferta a los fondos de inversión que operan en New York, Londres y Tokio. El Presidente pasa sus horas en Olivos tratando de contener a la pandemia del coronavirus, pero considera que un cierre ordenado con los acreedores externos puede mejorar la imagen de la Argentina en los mercados internacionales y por eso decidió que la oferta se presente mañana en la cartera de Economía. Guzmán ya ordenó que se cumplan las formalidades en la SEC de New York y revisa la presentación que hará a través de una video conferencia a los acreedores privados de la Argentina. El ministro de Economía será protagonista de una ceremonia institucional que marcará a la administración peronista y a su propia gestión en el gobierno de Alberto Fernández.

(Infobae) Inminente oferta por la deuda: el mercado se pregunta cuánto se puede postergar el pago de intereses del 22 de abril La semana que viene vencen USD 500 millones de deuda emitida bajo ley extranjera. El Gobierno tiene la opción de tomarse 30 días más para pagar sin entrar en default. Pero en el mercado sugieren que ese plazo podría incluso extenderse, sobre todo mientras dure la pandemia. Con la inminente presentación de la oferta de deuda por parte de la Argentina para renegociar la deuda también surgen preguntas sobre los próximos pasos que dará el Gobierno. Uno de los más acuciantes es el pago de intereses de tres bonos con legislación extranjera que caen la semana que viene, el 22 de abril. Pero hasta ahora el ministro de Economía, Martín Guzmán, no dio señales sobre lo que tiene pensado hacer con esa obligación. Probablemente se guarde esa carta hasta el día previo. Existen tres opciones en la mesa: pagar mientras se negocia una renegociación con los acreedores, no pagar y dar una señal de dureza en medio de las conversaciones o postergar el pago por 30 días, aprovechando que los bonos incluyen un mes de gracia para hacer frente al pago sin que esto sea considerado un default. Esa cláusula también la utilizó en enero el gobernador Axel Kicillof, pero ese plazo se extendía solo por 10 días. Existe otra opción, que se empieza a analizar al menos entre los inversores: que el Gobierno busque extender más allá de los 30 días ese período de gracia sin entrar en cesación de pagos. Sería la manera de continuar las negociaciones en un momento muy complejo por la crisis desatada por el coronavirus pero sin llegar a situaciones extremas. Mientras tanto, Guzmán tendría tiempo para negociar sin estar tan pendiente de un plazo máximo. En la jerga financiera, este procedimiento se denomina “stand still”, algo así como congelar todo mientras continúan las negociaciones. El Gobierno presentaría mañana la propuesta de renegociación de la deuda. Y una semana después tendrá que definir si paga USD 500 millones de intereses que vencen bajo legislación extranjera. No se descarta que Guzmán pida más tiempo para hacerlo mientras se llevan adelante las conversaciones La semana pasada a través de un DNU el Gobierno anunció que dejará de pagar la deuda emitida bajo ley local hasta 2021. Pese este nuevo “reperfilamiento” fue interpretado como una señal favorable para la deuda extranjera, debido a que no fue incluida. Es decir que para los inversores existe una chance importante de que el próximo vencimiento sea cumplido en tiempo y forma. En mayo queda un pago al Club de París por USD 1.900 millones, pero que sería renegociado. Guzmán ya había señalado a fines de marzo que el Gobierno ya no disponía de más recursos para hacer frente a los pagos de la deuda, por lo que era imprescindible renegociar rápido. En las últimas semanas el Banco Central acumuló reservas por USD 500 millones por la liquidación de divisas del campo y el derrumbe de importaciones. Sin embargo, no está claro que estén dispuestos a utilizarlas cuando ya es inminente la renegociación de la deuda, que incluirá una quita sustancial de capital e intereses. La propuesta formal será presentada mañana. Se descuenta que tendrá una fuerte quita de capital nominal, también extensión de plazos y un largo período de gracia (hasta cinco años) para el pago de intereses. El economista Diego Saravia, director de Proficio Investment, indicó que “las Cláusulas de Acción Colectiva de los bonos tienen incorporada esta opción en algunos casos, pero hay que revisarlo bono por bono porque varía según cada emisión”. Un caso testigo sería el de Ecuador, que también enfrenta serios riesgos de caer en default y ya le está pidiendo más tiempo a los acreedores para hacer frente a los próximos compromisos de la deuda sin caer en esa situación. Según informó Infobae, la propuesta sería presentada a los acreedores formalmente mañana. Y a partir de allí se abrirá un periodo de discusión en el que se verá si el Gobierno es o no flexible ante la demanda de los inversores. Pero se descuenta que tendrá una fuerte quita de capital nominal, también extensión de plazos y un largo período de gracia (hasta cinco años) para el pago de intereses.

(BAE) El Gobierno lanzará este miércoles la oferta de canje para la deuda bajo ley extranjera. Se presentará formalmente ante la Comisión de Bolsas y Valores de EE.UU. (SEC). Incluirá un amplio período de gracia y una fuerte quita. Algunos bonistas filtran, como parte de la pulseada, un posible rechazo.  El Gobierno lanzará el miércoles la oferta de canje para los tenedores de USD68.842 millones en deuda bajo ley extranjera, según supo BAE Negocios de fuentes oficiales. Pese a guardar sus detalles con sumo hermetismo, el Ejecutivo adelantó un endurecimiento de la propuesta, que incluirá una fuerte quita y un amplio período de gracia, y deslizó cierto optimismo sobre el resultado de las negociaciones. Algunos fondos, por su parte, filtran un posible rechazo en el marco de la pulseada. Luego de diez días de intercambios vía teleconferencia con los bonistas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, terminó de ajustar la oferta. En las próximas horas la analizará con el presidente Alberto Fernández. Sobre la oferta, el mandatario ratificó el domingo en Net TV: «Vamos a firmar algo que podamos cumplir». Es decir, no planea ir por un acuerdo transitorio hasta que pase lo más álgido de la coronacrisis para luego volver a sentarse a negociar, como sugerían distintas voces del mercado. Al contrario, tal como contó este diario, el shock global y el recrudecimiento de la crisis local llevó al Gobierno a endurecer su propuesta y alinearla con el recorte sugerido por el FMI en su último análisis de sustentabilidad (entre USD55.000 y USD85.000 millones en diez años). La oferta se presentará formalmente ante la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC). Hace dos semanas Guzmán anticipó que incluirá un amplio período de gracia que abarcaría todo el resto del mandato y una fuerte rebaja en los cupones de intereses. Además, dijo que podría contener una quita de capital. En el mercado, esperan que la propuesta implique una quita superior al 50% en el valor presente de los bonos en su conjunto y que en algunos títulos llegue al 70%. Mientras el Presidente deslizó que «la negociación va bien», algunos fondos dejaron trascender un posible rechazo como parte de la pulseada. El Financial Times, uno de los medios más ligados al stablishment financiero internacional, aseguró que «Argentina se dirige hacia su noveno default soberano» y publicó la voz en off de un bonista que adelanta su rechazo. Para avanzar en un acuerdo, el Gobierno necesita un aval en promedio del 75% de los tenedores de títulos ley extranjera La presentación coincidirá con la reunión de primavera boreal que realizarán entre ets martes y el viernes de forma virtual el FMI y el Banco Mundial y tendrá como eje el impacto económico de la pandemia, que podría arrastrar al mundo hacia la mayor recesión desde la crisis de 1929. Aunque también será el marco para que Guzmán, según confiaron desde su entorno, converse con el organismo sobre la última versión de la propuesta oficial de reestructuración de la deuda con tenedores privados.

(Ámbito) Deuda: tiempo de descuento para la propuesta a los bonistas. Se descartan a partir de allí negociaciones muy duras con los acreedores de títulos públicos bajo legislación extranjera. Noticias provenientes de los Estados Unidos señalan que en el curso de esta semana la Argentina formalizará su propuesta de renegociación de la deuda externa a los acreedores. Si bien existe incertidumbre en cuanto a qué resultado se logrará en estas negociaciones, es decir, si se llegará a un acuerdo o el país volverá a caer en default, sí existe certeza en cuanto a que las negociaciones serán “muy duras”. Con el riesgo-país arañando los 3.900 puntos, los mercados están dando una señal en cuanto a las dudas que plantea la Argentina. Sin embargo, analistas de algunos fondos que concentran buena parte de la deuda argentina no son tan escépticos y evalúan que un “deal” (acuerdo) es posible. En todo momento, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que sólo hará una propuesta que sea “sustentable” en el tiempo, es decir, que permita la recuperación de la economía argentina además de hacer frente a los compromisos de la deuda. Esto supone un “esfuerzo sustancial” por parte de los acreedores privados según las palabras del Fondo Monetario Internacional en sus análisis sobre el endeudamiento argentino, una propuesta que constituye un espaldarazo a la posición del Gobierno argentino. El problema es que este tipo de propuesta supone un descuento importante en el valor de la deuda y un período de espera (¿3/4 años?) antes de que los acreedores puedan empezar a cobrar, un esquema que, se anticipa en Wall Street, al menos inicialmente será rechazado. Una fecha clave será el próximo 22 de abril cuando el país enfrentará vencimientos por algo más de 500 millones de dólares por cupones de bonos regidos bajo ley extranjera (globales 2021, 2026 y 2046). Se especula con que la Argentina podría decidir no pagar en esa fecha y tomar el período de gracia de 30 días con que cuenta para forzar un acuerdo -contra reloj- en ese plazo. De no mediar cambios en la estrategia oficial, se considera que dentro de esos treinta días la conducción oficial -y especialmente el presidente Alberto Fernández- decidirá si caer en cesación de pagos -con el argumento adicional derivado de la crisis provocada por el coronavirus- o si, como se hizo en anteriores oportunidades, logrará un acuerdo a último momento.

(Ámbito) Reservas: en la región Argentina y Ecuador, los más vulnerables. Hoy es un tema que quedó sumergido por el tsunami Covid-19. Pero para atravesar la crisis y el día después gana relevancia. ¿Qué aconseja el Fondo?. No es necesario recalcar que Argentina ya estaba en un brete antes de la crisis mundial del Covid-19. Pero ahora todo se ha potenciado, escalando a escenarios hasta hace poco inimaginables. Por ello frente a la dimensión de los nuevos riesgos los analistas evalúan los márgenes de acción de las políticas fiscales y monetarias de los países y en particular de la región. En esta ocasión vamos a centrar el foco en un tema que ha sido sepultado por el tsunami del coronavirus y que tendrá protagonismo en el cruce del desierto de la recesión: el poder de fuego de los bancos centrales de la región. Cabe señalar que no existe un consenso académico ni profesional sobre lo que constituye un nivel “adecuado” de reservas desde un punto de vista precautorio. Para evitar los cálculos simplistas y anticuados basados en una sola fuente de vulnerabilidad potencial y compararlos con un grupo de países seleccionados, el FMI desarrolló una métrica “ponderada por el riesgo” para evaluar la adecuación de reservas (RAM), que luego se actualizó para reflejar mejor las salidas durante la Crisis 2009. El enfoque fue motivado por la observación de que las presiones de la balanza de pagos pueden materializarse a partir de una gran cantidad de fuentes diferentes tanto en la cuenta corriente como en la cuenta de capital. Según el FMI, la métrica de RAM supera a otras métricas de adecuación de reservas tradicionales en la predicción de períodos de presión en el mercado cambiario. “La metodología del FMI identifica las principales fuentes de las posibles presiones de la balanza de pagos, les asigna una carga de riesgo basada en la evidencia de las salidas durante la crisis pasada, y luego determina un rango óptimo de cobertura de reservas frente al riesgo único”, explica Alberto Ramos de Goldman Sachs. En gran medida, la metodología es similar a la utilizada para los requisitos de capital bancario, donde las necesidades de capital se calculan como un porcentaje de los activos ponderados por riesgo. El RAM se calcula sobre la base de tres fuentes de presión: los Ingresos por exportaciones (para reflejar la pérdida potencial de ingresos por una disminución de la demanda externa o un shock negativo de los términos de intercambio); el stock de pasivos externos, separando la deuda a corto plazo (para reflejar los riesgos de reinversión) y otros pasivos (para reflejar otras salidas de cartera de no residentes, incluidas las deudas y pasivos de capital a mediano y largo plazo), y el agregado monetario amplio (M2, para representar el riesgo de fuga del capital residente, es decir, el stock de activos internos líquidos que podrían convertirse en activos extranjeros durante una crisis). Las ponderaciones de riesgo relativo otorgadas a cada fuente potencial de salida utilizada en la métrica RAM se basan en las salidas observadas de los mercados emergentes durante los períodos de presión del mercado cambiario, diferenciando entre los regímenes de tipo de cambio fijo y flotante (ver fórmulas aparte). A modo de síntesis, el RAM establece, lógicamente, una mayor vulnerabilidad bajo un régimen de “tipo de cambio fijo” que uno “flotante” por lo que se le asignan mayores porcentajes tanto a las exportaciones, como a los pasivos de mediano y largo plazo y al nivel del agregado monetario M2. El FMI considera adecuado, por motivo precaución, un nivel de cobertura de reservas en el rango de 100% a 150% del RAM. Está demostrado que mayores niveles de RAM por sobre el rango del FMI reducen significativamente la probabilidad de un evento de presión en el mercado cambiario y las probabilidades de crisis se desvanecen rápidamente a medida que la cobertura aumenta más allá de este rango. Los eventos de crisis se concentraron exclusivamente en países con índices por debajo de este nivel.
Veamos ahora el cálculo que elaboró Goldman sobre la región y las conclusiones a las que arribó.

• El stock de reservas de Perú y de Brasil supera ampliamente la cobertura de RAM 100-150% recomendada, lo que les da una considerable potencia de fuego para intervenir en el mercado cambiario.
• Luego viene, Colombia y México, donde el stock de reservas está dentro del rango RAM recomendado (ambos países podrían llegar a complementar el stock de reservas mediante líneas de financiamiento contingente con el FMI).
• Por último, Chile, Argentina y Ecuador tienen el stock de reservas más limitado situándose por debajo del rango de RAM deseado.
• Hay que destacar que tanto Brasil como México han firmado recientemente acuerdos de intercambio de divisas recíproco de carácter temporal con la Fed por u$s60.000 millones cada uno, lo que les da la capacidad de intervención adicional a corto plazo.

(Cronista) Aún en situación de default, el FMI podría dar nuevo préstamo a la Argentina Surge de una reforma política dentro del Fondo de fines de 2015. El Gobierno avanza con lanzar la propuesta de canje «en los próximos días». En el mercado descuentan que será el miércoles. na semana que promete ser intensa: por un lado, el Gobierno lanza este martes un nuevo canje del Boncer 2020 (deuda en pesos, para la cual el propio Alberto Fernández dijo que no habrá ninguna reestructuración) y, por el otro, difundirá su oferta a los acreedores que, según fuentes no oficiales, se concretará mañana miércoles. En el Ministerio de Economía avanzaron los intercambios con bonistas en las últimas semanas, con la intención de acercar posiciones. En completo hermetismo trabajaron para concretar la oferta a los acreedores privados «en los próximos días», según palabras del presidente en una entrevista con Perfil del domingo, y remarcó que la propuesta tiene que ser tal «que se pueda cumplir y sostenible». El intento de llegar a un acuerdo que busque mejorar el perfil de deuda no es un capricho: se trata del intento oficial por enmarcar dentro del esquema que plantea el Fondo Monetario Internacional en hacer sostenible la deuda pública argentina. Avanzar con esta intención tiene dos posibilidades. Una es la más conocida: que una vez acordado el canje de deuda (en moneda extranjera, bajo ley extranjera) y se consiga que el perfil sea nuevamente «sostenible», entonces se avanzará en un nuevo programa con el FMI para refinanciar la deuda con el organismo, con fuertes vencimientos en 2022 y 2023. ¿Pero qué ocurriría si no es el caso y se llega a un default? Aún bajo estas circunstancias, y siempre y cuando el Gobierno argentino actúe de buena fe en la renegociación de la deuda, los parámetros establecidos delimitan que podría haber financiamiento excepcional para la Argentina. La clave radica en lo que ocurrió en 2015: ese año hubo una modificación radical dentro del FMI. Mientras que hasta ese año el organismo no podía seguir prestando a un país que entraba en cesación de pagos, desde ese momento, dadas ciertas circunstancias, sí puede hacerlo. La reforma política, adoptada a fines de 2015, permite al Fondo Monetario Internacional,» en ciertas circunstancias cuidadosamente definidas, proporcionar financiamiento a un país incluso cuando tenga atrasos pendientes a los acreedores bilaterales oficiales», se detalla en la página del Fondo. Tras haber avanzado con otorgar al gobierno de Mauricio Macri el préstamo más grande (desembolsado) en la historia del organismo por los u$s 57.000 millones (de los cuales el país recibió unos u$s 44.000 millones), el peso de la Argentina en la cartera del FMI es significativa: casi la mitad de los créditos se destinaron al stand-by pactado con el país en 2018. Desde el punto de vista de los tenedores de bonos, el temor de un acuerdo de «standstill», que deje la situación de la deuda en donde está pero donde no se puedan iniciar acciones legales, sobrevoló con mayor intensidad. El director de inversiones de Gramercy, uno de los grandes fondos que tienen deuda Argentina, Robert Koenigsberger, lo mencionó ayer en una entrevista en Bloomberg TV. Mencionó que la Argentina podría completar la reestructuración con los acreedores privados dentro de un mes y que, un FLIRB (un bono que empieza pagando intereses por debajo de lo que convalida el mercado pero luego va creciendo» sería una opción «más inteligente» que se termine ejecutando un «standstill» en los pagos de deuda, dijo. «Hay un gran riesgo de implementación de un standstill», mencionó. Los puntos entre los cuales el Gobierno y acreedores mantenían diferencias son sobre el período de gracia, la quita y el exit yield (tasa de descuento de salida del bono en el canje).

(Cronista) Coronavirus y deuda: con cuarentena más prolongada, un default hundiría más la economía Aunque con una evaluación positiva de la evolución sanitaria en el país, Elypsis redujo en dos puntos la perspectiva del PBI, con caída proyectada para 2020 de 6,5%. El pronóstico contempla una extensión de la cuarentena, con efectos durante 12 meses, a la vez que demoras en el apoyo a las empresas. En caso de default, se extendería la recesión. Tras la proclama oficial de la opción por la salud en lugar de la economía, la relación entre cuarentena, gestión de los recursos y futura salida de la deuda se estrechó notablemente. Tanto es así que ayer la consultora Elypsis, que lidera el economista Eduardo Levy Yeyati, corrigió sus perspectivas de crecimiento, de una caída de 4,5% este año a 6,5 por ciento. «Hay demoras en la implementación y limitaciones en la focalización, y aún no se cuenta con un esquema para hacer frente al inminente problema de solvencia empresarial fruto de la fuerte y prolongada caída de ingresos» La razón, la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril, con las características que lo ha hecho el Gobierno, y las perspectivas de su extensión, de algún modo u otro, por un total de 12 meses, lo que demoraría una recuperación de la actividad. También advirtió Elypsis que «las políticas de contención de los efectos económicos exhibieron en los últimos días demoras en la implementación y limitaciones en la focalización, y aún no se cuenta con un esquema para hacer frente al inminente problema de solvencia empresarial fruto de la fuerte y prolongada caída de ingresos y de la inflexibilidad de los costos». En tal sentido, sugiere que debieran esperarse del Gobierno un avance con avales públicos parciales, negociación de recortes salariales temporales para evitar quiebras masivas de pymes. «Esperamos un mayor esfuerzo del Tesoro y revisamos al alza nuestra proyección del déficit fiscal» «En todo caso, esperamos un mayor esfuerzo del Tesoro y revisamos al alza nuestra proyección del déficit fiscal», confirmaron. El modo como se resuelva la situación de la deuda con los acreedores no será estéril para el desenlace. «Una mayor efectividad en las respuestas de políticas, excepciones que permitan el sostenimiento de algunas actividades y el desenlace en el frente externo», sostiene Elypsis, podrían mitigar los costos económicos de la pandemia. Las negociaciones de la deuda tendrían así una traducción. «un standstill de la deuda soberana (postergación de un arreglo) combinado con la reanudación de los desembolsos del stand-by del FMI», serían dos variables que podrían contribuir a un arreglo con los acreedores, y por ende al desarrollo ulterior de la economía. Creemos que un default externo desplazaría y dificultaría un eventual rebote de la economía real «Por el contrario, creemos que un default externo desplazaría y dificultaría un eventual rebote de la economía real», concluye.

(Cronista) Pesificación de tarifas: suspenden ajuste por inflación a generadoras Después de pesificar parte de la energía eléctrica, el Gobierno ahora suspendió el aumento pactado por inflación. Entienden que no corresponde ajustar mientras otros sectores no tienen ingresos. El secretario de Energía, Sergio Lanziani, instruyó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para suspender el ajuste por inflación para el pago a las generadoras eléctricas que vieron pesificados parte de sus ingresos a partir de febrero. Mediante la Nota Administrativa 24910606, cursada el miércoles pasado al gerente general de Cammesa, Esteban Kiper, Lanziani ordenó «posponer hasta nueva decisión la aplicación del ‘Anexo VI – Actualización de los valores establecidos en Pesos Argentinos’ de la Resolución 31/2020 de la Secretaría de Energía». La decisión se tomó cuando la cadena de pagos del sector está al borde del quiebre. El Gobierno entiende que «no parece oportuno» en un contexto de parate total por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), con muchos sectores con ingreso en cero, y en el que el sector se va a sostener en base a aportes del Tesoro Nacional (subsidios), que las generadoras eléctricas tengan un ajuste por inflación. Con la Resolución 31/2020, el Gobierno había bajado en febrero la remuneración a las represas hidroeléctricas y las centrales térmicas que tenían contratos vencidos con Cammesa y que operaban spot. Es la segunda vez en 45 días que el Gobierno cambia las reglas para una parte de las generadoras de energía eléctrica. Pero el marco legal lo avala y fuentes oficiales entienden que «no parece oportuno» otorgar ajustes por inflación a estas empresas mientras empresas y usuarios no tienen ingresos durante la cuarentena Sin riesgos legales al no cambiar ningún contrato, se les redujeron esos precios a equipos de las multinacionales AES (con casa matriz en Estados Unidos), Enel (Italia) y las firmas Pampa Energía y Sociedad Argentina de Energía (Sadesa – Central Puerto), principalmente. Además, se les pesificaron los ingresos (antes en dólares) y se dispuso una fórmula de ajuste por inflación, basada en un mix de 60% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC o inflación minorista) y 40% por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM o inflación mayorista). La intención oficial era ahorrar unos u$s 318 millones en subsidios y estaba avalada por un antecedente: el último secretario de Energía del macrismo, Gustavo Lopetegui, dictó en marzo del año pasado la Resolución 1/2019, en la que había disminuido un 15% esa remuneración, para ahorrarle un costo al Estado.on esta nota, el Gobierno avanza un poco más y cambia por segunda vez en apenas 45 días el flujo de ingresos esperado por estas empresas, al suspender la actualización por inflación. La primera (Resolución 31/2020) no fue sorpresiva para los privados, que descontaban una medida de ese tipo, pero en esta ocasión hay cierto malestar. El director de Generación de una de las compañías afectadas puntualizó en off the record que su remuneración era pasible de ser congelada si se desataba una crisis, como ahora sucedió con la pandemia de Covid-19 (coronavirus). «Esto tiene patas cortas porque en los ciclos combinados y las turbinas de gas los mantenimientos se pagan en dólares. Y hay algunas centrales que van a tener problemas para pagar sueldos, lo que puede generar un conflicto gremial con Luz y Fuerza. Pero más allá de todo, nos interesa que nos paguen algo aún si nos cambian las reglas, antes de que no nos paguen nada. Por primera vez en mucho tiempo, Cammesa nos informó en la reunión de Directorio que no sabe cuándo va a recibir fondos del Tesoro», agregó ante la consulta de El Cronista. Desde otra de las generadoras plantearon, también en reserva, que «esta medida afecta de manera importante la caja de las generadoras, influye en la cadena de pagos, dificulta el mantenimiento y pone en riesgo la garantia de disponibilidad». «Confiamos en que sea transitoria, frente a la emergencia del coronavirus, pero es una mala señal», amplió esta fuente. La cadena de pagos de la energía eléctrica está en tensión desde el año pasado y la pandemia de Covid-19 (coronavirus) está a punto de cortar la cuerda. Con una inflación que supera el 50% interanual, las tarifas se mantienen congeladas desde 2019, en la previa a las elecciones. Los costos de mantenimiento y los salarios de los trabajadores de las distribuidoras eléctricas crecen mientras los ingresos que perciben empresas como Edenor, Edesur, el grupo Desarrolladora Energética (DESA), las distintas compañías provinciales como Epe (Santa Fe) y Epec (Córdoba) -entre otras- y cientos de cooperativas están retrasados. Frente a esto, las distribuidoras venían abonando cada mes un menor porcentaje de la energía eléctrica que compran a Cammesa. Estas firmas acumularon deuda por más de $ 50.000 millones. La recaudación de las distribuidoras cayó hasta 70%, en parte por el cierre de lugares presenciales de cobro como RapiPago y Pago Fácil, que tienen alta incidencia. La publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/2020, que prohibe los cortes de energía eléctrica y de gas natural durante 180 días a los usuarios que no pueden pagar agravó la situación, ya que la comunicación imprecisa de quienes estaban exceptuados provocó que muchos de los que sí pueden pagar tampoco lo hicieran. Cammesa tiene dos fuentes de financiamiento: lo que pagan las distribuidoras y lo que aporta el Tesoro Nacional como subsidios. Como el precio de la energía que se traslada a la tarifa no alcanza para cubrir el costo de producirla, el Estado cubría hasta un 50%. Ese porcentaje fue de 25% antes de la primera gran devaluación de abril de 2018, pero cuanto más perdía valor el peso, más subsidios hubo que destinar a un Sistema Argentino de Interconexión (SADI) dolarizado -gran parte del costo es por combustibles-. Con bajos índices de cobrabilidad, Cammesa requiere más aportes del Tesoro, con una restricción evidente antes de la pandemia y ahora con una caída monumental de la recaudación. La sociedad mixta estiró en 30 días los plazos de pago habituales a las generadoras, que solían cobrar 41 días después de entregar la energía. Recién en estos días Cammesa canceló por completo la transacción de enero. El costo total del SADI en 2019 fue cercano a los u$s 8500 millones, por lo que cada mes se deben pagar unos u$s 700-800 millones a las generadoras eléctricas. Por otro lado, fuentes consultadas para este artículo informaron a este diario que está en estudio, además, bajar la remuneración a la toda la potencia no despachada al sistema. Esto pondría en serio riesgo la viabilidad de algunos contratos y, en el futuro, podría tener consecuencias legales con reclamos al Estado. Es que desde 2016 el Gobierno de Mauricio Macri habilitó la construcción de nuevas centrales de generación a través de las resoluciones 21/2016 y 287/2017, que en su momento fueron necesarias para atender la emergencia eléctrica (falta de oferta y escasa capacidad de reserva) pero que ahora quedaron sin despachar al sistema por la poca demanda y el ingreso de energías renovables, que tienen prioridad de despacho. Empresas como Central Puerto, Albanesi, Pampa Energía, YPF Luz, MSU y Araucaria Energy se adjudicaron esos contratos, que ahora podrían ser revisados en una nueva etapa de emergencia económica que le toca atravesar a la Argentina.

(Cronista) Cristina pedirá a la Corte que avale la sesión para tratar el impuesto a la riqueza La vicepresidenta presentará una declaración de certeza para que el máximo tribunal impida futuros amparos a la eventual ley que sea sancionada por la Cámara alta de forma virtual, en medio de la cuarentena. ristina Fernández de Kirchner hará una única maniobra con un doble objetivo: por un lado, garantizarse un blindaje jurídico para el eventual Impuesto a la Riqueza y, por el otro, obligar a la Corte Suprema a darle, aunque sea implítico, un respaldo político a la propuesta en la que trabaja el Frente de Todos. La vicepresidenta ordenó a los equipos juíridicos del Senado presentar mañana una declaración de certeza ante el máximo tribunal sobre la constitucionalidad de una, por ahora sin fecha, sesión remota ante la cuarentena por el coronavirus en la Cámara alta para legislar en materia impositiva. El dato fue revelado por el canal C5N. En realidad, el pedido será más amplio, es decir para que en el recinto se puedan tratar todos los temas que quedan fuera de la competencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), como ccuestiones impositivas y electorales. Sin embargo, para los jueces liderados por Carlos Rosenkrantz no será difícil adivinar que la ex Presidenta busca un aval al proyecto que ya genera polémica para generar un tributo extraordinario a las grandes fortunas, que el bloque de Diputados de Máximo Kirchner está elaborando y pretende tenerlo listo para fines de esta misma semana. «Necesitamos que la Corte apruebe el sistema de sesión virtual para que no votemos una ley y que al otro día un amparo la frene», explicaron cerca de Cristina Kirchner. Lo llaman obtener un «blindaje judicial». No sería la primera vez que una ley K es resistida en los tribunales. Por eso, más que lo burocrático, el involucramiento político de la Corte sería aún más fuerte. «Los tres poderes estarían en sintonía», explicaron, considerando que el presidente Alberto Fernández ya adelantó que está a favor de dar el debate en el Congreso. Le pedirán «celeridad» al máximo tribunal y advierten que, sin su aval, la sesión podría no realizarse.

(BAE) Anticipan una caída en el ingreso de divisas por baja del Río Paraná y la sequía. La cosecha gruesa sigue mostrando caídas en rinde y hay versiones cruzadas sobre el trigo. La bajante del Río Paraná alcanzó los niveles más bajos de los últimos 30 años y según afirmaron desde la industria exportadora, esta situación generará un incremento en los costos del transporte de granos por vía marítima y de extenderse esta situación, podría verse afectado el ritmo de ingreso de divisas. A este escenario, se suma que la cosecha gruesa no levanta cabeza en sus rindes y al reciente recorte de producción de soja también se sumaría una caída en los números finales del maíz, que por el momento se mantiene en 50 millones de toneladas. Fuentes de la industria exportadora de granos consultadas por BAE Negocios reconocieron que la bajante del Río Paraná -que con apenas un metro es la menor de los últimos 30 años- se está reflejando en un menor completamiento de cargas de buques. De acuerdo al tipo de barcos, esta reducción oscila entre las 1.800 y 7.500 toneladas menos de granos que se cargan en estos buques. La altura mínima para garantizar el ingreso de las embarcaciones al Puerto de Rosario es de 2,47 metros y a este puerto ingresan los buques tipo Panamax, con una capacidad de carga de 60 a 65.000 toneladas y los Handysize, de 35 a 40.000 toneladas. Ante esta situación, las alternativas son cargar menos los barcos y que salgan a su destino o completar el tonelaje faltante en los puertos del sur bonaerense, como Quequén y Bahía Blanca. «Esta situación genera más costo de logística, mas días de carga al ir hacia los puertos del Sur y puede haber algunos retrasos», estimaron desde el sector exportador vinculado al puerto rosarino. Consultada por el ritmo de ingresos de dólares de la cosecha, la fuente estimó que «por el momento no hay afectación sobre ingresos de divisas, pero hay que ver cuánto dura esta situación». El dato a tener en cuenta, según informaron desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) es que en los últimos días se corrigieron los problemas de ingresos de camiones a los puertos de la zona de influencia de Rosario. Mientras la cosecha de soja avanza en superficie pero no levanta cabeza en cuanto a productividad, el maíz empieza a mostrar algunos datos preocupantes, según expresaron desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). Desde la entidad bursátil reconocieron que si bien hay «buenos rindes», el cereal empezó a mostrar los efectos de la falta de agua en los períodos críticos de desarrollo y en este contexto -si bien mantienen la estimación de 50 millones de toneladas- no descartaron un recorte en el volumen cosechado. Más allá de este panorama, los productores empiezan a delinear la próxima campaña y al momento de diagramar la siembra fina hay versiones encontradas. Por un lado y según advirtió la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), podría haber una baja en la superficie de trigo, por incertidumbre climática, que estaría acompañada por un menor uso de tecnología en este cultivo. En la vereda opuesta, desde la Asociación Civil Fertilizar aseguraron que las perspectivas para el cereal son «alentadoras» y que en el próximo ciclo, los productores no reducirán el paquete tecnológico de este cultivo.

(Investign) JPMorgan convence en renta variable y renta fija; sus acciones suben. Las acciones de JPMorgan (NYSE:JPM) se mueven en terreno positivo en preapertura después de que el banco de inversión haya presentado sus resultados correspondientes al primer trimestre del año. Pese a no alcanzar las previsiones del consenso por el impacto del COVID-10, sí ha obtenido buenas cifras en cuanto a ingresos por intereses netos y ha experimentado también crecimientos en los mercados de renta fija y renta variable. El beneficio neto del grupo bajó hasta los 2.870 millones de dólares, o 78 centavos por acción, frente a los 9.180 millones, o 2,65 dólares, cosechados en el mismo periodo del año anterior. El consenso de FactSet (NYSE:FDS) preveía un BPA de 2,18 dólares. Los ingresos totales se situaron en 29.070 millones, frente a los 29.850 millones del mismo periodo de 2019 y los 29.550 millones esperados por el consenso. Por su parte, los ingresos por intereses netos se situaron en 14.500 millones, frente a los 14.000 millones esperados. Su negocio de renta variable aumentó un 28%, mientras que el de renta fija repuntó un 34%.

(Investing) Resultados empresariales ‘vs’ coronavirus: Atentos a la guía de previsiones. Vuelta a la actividad en los mercados europeos tras el descanso de Semana Santa. Vuelta también a la incertidumbre, en una semana en la que Estados Unidos da el pistoletazo de salida a la temporada de resultados empresariales, que comienza este martes de la mano de Johnson & Johnson, JP Morgan (NYSE:JPM) y Wells Fargo (NYSE:WFC). “Si para los analistas ya ha sido complicado poder estimar el impacto de la crisis sanitaria en el pasado trimestre, intentar proyectar los resultados de la gran mayoría de las cotizadas en los trimestres venideros es, a día de hoy, una auténtica quimera ya que la mayoría de las compañías no tienen ninguna visibilidad sobre cómo van a evolucionar sus negocios en los próximos meses, lo que dificulta en extremo la labor de los analistas”, explican en Link Securities. Consideramos que los resultados del primer trimestre se verán relegados a un segundo plano en la medida en que no reflejarán impacto de la crisis del coronavirus, y cobrarán importancia las guías o visión que tenga cada compañía sobre lo que esperan de cara al resto del año”, coinciden en Renta 4 (MC:RTA4). Por tanto, la atención se centra en lo que digan los gestores de las compañías al respecto, cuando den a conocer sus resultados, “aunque prevemos que la mayoría va a ser muy conservadora y van a ‘mojarse poco’, algo que creemos no puede ser criticable en la actual coyuntura”, añaden en Link Securities. José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets, recoge las estimaciones del Institutional Brokers Estimate System (IBES), de Refinitiv. “Los analistas esperan que las ganancias del primer trimestre en las firmas del S&P 500 caigan un 9% en comparación con el pronóstico del 1 de enero de un aumento del 6,3%”, apunta. “La mayoría de expertos dicen que esa caída ya está descontada, a partir de ahora se moverá el mercado en función de que la cifra se peor o mejor”, añade Cárpatos. Por su parte, en Renta 4 creen que “la incertidumbre en torno al impacto del coronavirus en la economía global sigue siendo elevada, en un contexto donde cada vez parece más lejana una recuperación en V”. Esta gestora afirma que seguirá de cerca “las revisiones a la baja de crecimiento económico y BPAs” y reitera que, hasta que no se aporte una mayor visibilidad sobre las previsiones, es “difícil vislumbrar un suelo sostenido en las bolsas”. “La ralentización en el ritmo de contagios continúa siendo condición necesaria (si bien ya comienza a darse en algunos países), aunque no suficiente, para ver un rebote sostenido en los mercados”, apuntan en Renta 4. En este escenario, en la firma mantienen en sus carteras “la exposición a sectores regulados o considerados esenciales y compañías con mayor flexibilidad para adaptarse al entorno actual y con posiciones financieras más conservadoras, que puedan mostrar un mejor comportamiento relativo, sin descartar que el mercado ofrezca mejores puntos de entrada”.