(Ambito) La Ciudad definirá el jueves si da marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena. Lo aseguró el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. En el AMBA el aumento de casos de coronavirus impidió pasar a la Fase 4 de la cuarentena. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó esta mañana que el próximo jueves se evaluarán los resultados y el impacto de la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, que comenzó hace una semana con la apertura de comercios de cercanía, para decidir que nuevas medidas se le propondrá al Gobierno nacional. «El impacto (de la apertura de comercios) ocurre de 7 a 10 días después, y eso ocurre ahora. Con esos indicadores el jueves evaluaremos los resultados e impacto que han tenido» para en base a eso «proponer al Gobierno nacional», dijo Quirós. Además, enfatizó que en la Ciudad «la gente respondió con responsabilidad» ante la flexibilización de algunas medidas en el marco del aislamiento obligatorio por el coronavirus. «La ciudadanía ha cumplido con responsabilidad. Ha usado tapabocas y barbijos, y no vimos aglomeraciones. Vimos un comportamiento cívico de gran nivel», sostuvo el funcionario en conferencia de prensa. No obstante, Quiroz admitió en las últimas horas que tras «darle un respiro a la población» se podría pedir un refuerzo en las medidas, en un distrito que en los últimos días pasó a concentrar la mayoría de los casos de contagios del coronavirus. Este lunes, voceros del Gobierno porteño habían anticipado la posibilidad de que se evalúe la vuelta atrás al analizar el cumplimiento social y la curva de casos. «Hay dos indicadores. Por un lado, el cumplimiento de toda la sociedad en el distanciamiento social y la cuarentena. Por otro, el crecimiento sustancial de la curva de los contagios. En base a eso, vamos a tomar la decisión», se señaló.

(Ambito) Cláusula antibuitre, la clave para seguir negociando pese a un default. La Argentina, de no llegar a un acuerdo antes del viernes, igual podría seguir discutiendo una propuesta definitiva sin tener que preocuparse por los tribunales de Nueva York. El estudio de abogados que representa al país en la nueva saga de negociaciones con los acreedores de títulos públicos emitidos bajo jurisdicción internacional, le dio al Gobierno una buena noticia: si el país ingresa en default el viernes, las posibilidades de que se abra una instancia judicial en los tribunales de Nueva York son mínimas. Casi nulas. Según el informe que se envió el viernes pasado a Buenos Aires desde la sede central de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), si el país no liquida el vencimiento de u$s503 millones correspondientes al Global 21, 26 y 46, no debería temer cláusulas de aceleración para que se liquiden las tres series de bonos por un total de 13.000 millones de dólares, a lo que se podrían sumar por la fórmula “crossover” el resto de las tenencias de deuda. Un escenario dantesco de este tipo sería, para los abogados de CGS&H, una utopía legal y técnica; y menos con una negociación con los principales grupos de acreedores en marcha. Una cláusula casi secreta que figura en la emisión original de los globales en abril de 2016 salvaría la situación y le permitiría al país evitar juicios de aceleración inmediata. Y, fundamentalmente, le daría tiempo para continuar con la negociación con los acreedores. Según el especialista de FinGuru, Sebastían Maril, “el bono está emitido con una cláusula agresiva y ‘antibuitre’”, que limita la acción legal de los inversores y resulta amigable para los emisores. Si los bonistas quisieran litigar sin más, no lo podrían hacer hasta después del vencimiento del título (en este caso, 2046 en el último tramo); ni ejecutarlo de manera individual, ya que las liquidaciones judiciales (en caso de ganar un juicio en los tribunales de Nueva York) sólo podría realizarlas el Trustee/Bondholder Representantive (Comisario de la emisión). Además, y según la cláusula, no habría más juicios de manera individual, ya que si se venciera en esa acción de una sola persona individual o un sólo fondo de inversión, la liquidación sería colectiva en todos los bonistas, lo que reduce al mínimo el negocio de litigar contra el país, salvo que haya una masa crítica importante de tenedores de deuda que avancen en ese sentido. Como en el caso de los Global, la mayoría de los tenedores están hoy sentados a la mesa de negociaciones y representados por los tres grupos que representan a todos los acreedores, un actor individual (por más dinero que posea), quedaría muy expuesto si avanza con su juicio en solitario; para que, si gana en el litigio, tener que compartir su dinero con el resto de los bonistas, incluso los que no eligieron el juicio. Y además debería esperar a 2046 en el tramo final. En esta cláusula “antibuitre”, sólo una acción colectiva y conjunta de todos los acreedores ante los tribunales de Nueva York podrían hacer funcionar la aceleración de las demandas. Los hoy populares globales 21, 26 y 46 tienen en realidad como nombre real Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares (BIRAD) emisión 21 (6,875%), 26 (7,5%) y 46 (7,625%); y suman en conjunto vencimiento por unos u$s14.500 millones en toda su trayectoria. Se trata de una deuda 100% con copyright del gobierno Mauricio Macri, ya que fueron diseñados casi personalmente por el entonces secretario de Finanzas, Luis Caputo, como emisión estrella para salir del default a comienzos del gobierno anterior, con el fin de conseguir los fondos necesarios (unos u$s9.300 millones) para liquidar la deuda derivada del acuerdo con los holdouts en abril de 2016; divididos en un pago cash de u$s6.200 millones para los fondos buitre y bonistas que habían vencido en el “juicio del siglo” contra la Argentina y habían aceptado por escrito la propuesta de pago que el país negoció con el juez Thomas Griesa y el “special master” Daniel Pollack. Otros u$s3.100 millones serían depositados en una cuenta de un banco de Nueva York para liquidar futuros pagos de bonistas que, hasta ese momento, no habían aceptado la oferta. Finalmente, otros u$s7.200 millones irían a reforzar las reservas del Banco Central. La intención era que ese dinero financiara el déficit fiscal y los vencimientos de deuda de todo 2016, para que luego el gobierno de Mauricio Macri preparara el terreno para las reformas estructurales que permitieran al país comenzar a crecer y dejar definitivamente de lado en el futuro cualquier crisis de deuda. Lo que, como se sabe, no pudo ser. En total la emisión de los Global alcanzó los u$s16.500 millones, y no sólo fue la más importante de todo el gobierno de Mauricio Macri (y quizá la más justificable), sino de toda la historia de la Argentina. Se concretó además en un año, 2016, donde el país emitió bonos por unos u$s50.000 millones, equivalentes al 6% del PBI de ese año. Sin embargo el lanzamiento de los bonos Global, incluyeron un anexo de protección, que hoy vale más de lo que se mencionaba en aquellos días. Fue a instancias del entonces ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, que se les incluyó una fórmula de protección ante acciones individuales en caso de nuevo default. Como la colocación se hizo ante un panorama general absolutamente favorable para el país (así era en los primeros tiempos del macrismo en el poder), no hubo problema en diseñar una nueva cláusula que incluyera la obligación de ejecutar acciones colectivas y no individuales para poder ejercer los derechos soberanos al cobro de toda la serie de bonos. Se trataba de una inyección de salvaguarda a favor del país emisor de la deuda, absolutamente común en estos tiempos (también en la actualidad), que utilizaban países como Uruguay, Perú o incluso la Bolivia de Evo Morales. Sin embargo para un país incumplidor como la Argentina (precisamente era deuda para terminar de cerrar una situación de default), conseguir que se incluyera en una primera emisión del país en el regreso del alumno más incumplidor a los mercados financieros internacionales de deuda voluntaria; era una quimera. La buena relación de Prat Gay con los bancos colocadores permitió que se posibilite su inclusión. Las entidades fueron el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citi y UBS, que recibieron una comisión del 0,18 por ciento. Además, se designó al Bank of New York Mellon como agente de liquidación, en lo que significó su permanencia como operador financiero del país, luego de los ruidos que se habían generado entre la entidad y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por su supuesta falta de apoyo durante el “juicio del siglo”. Hacia abril de 2016 Argentina había logrado hacer renacer la esperanza de los mercados en un futuro financieramente venturoso, lo que derivó en que los bancos emisores (fundamentalmente el HSBC y el J.P.Morgan), presionaran para que la cláusula que limita las acciones individuales se incluya en los contratos. El estudio que contrató el país en aquellos días, el Cravath, Swaine & Moore (CS&M), y que había reemplazado al CGS&H, fue el que diseñó la cláusula, que finalmente se incluyó en los contratos. En ese momento era sólo una salvaguardia casi sin importancia, que se incluía casi como necesidad para cubrir potenciales impagos futuros, impensados en ese momento donde el país prometía dejar de lado su lamentable historial de defaults.