Local
(Infobae) Alberto Fernández presentará una nueva oferta a los bonistas si achican sus condiciones para cerrar un acuerdo en junio. El Presidente evalúa con Martín Guzmán “enmendar” la propuesta inicial ante gestos conciliatorios de ciertos fondos de inversión que prefieren un rápido canje de títulos antes que un larguísimo juicio por default en los tribunales de Manhattan. Alberto Fernández avanzó a una nueva fase en la negociación con los fondos para cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda externa por 66.000 millones de dólares. A través de su ministro Martín Guzmán, el Presidente explicó a los acreedores privados que “enmendará” su oferta inicial si aplacan sus condiciones financieras y se logra que la adhesión al canje de los bonos alcance un porcentaje “significativo” del total de los títulos soberanos bajo reestructuración. La iniciativa presidencial significa que los bonistas tienen que aplanar sus expectativas y Guzmán presentar ciertas opciones que permitan sumar adhesiones de los fondos de inversión que aún resisten la primera oferta oficial. “Mejorá la oferta. No quiero el default”, fue la instrucción que bajó Alberto Fernández al ministro de Economía. Guzmán cumplió la orden del jefe de Estado y mejoró un diez por ciento el Valor Presente Neto (NPV) que aparecía en la propuesta del 8 de mayo. El ministro pasó de 40 dólares promedio a 45 dólares por cada lámina de 100 dólares, como reveló Infobae en exclusiva hace un par de días.Junto a la mejora del Valor Presente Neto (NPV), Guzmán adelantó que incluiría un endulzante a esa oferta que podría apoyarse en un eventual crecimiento de la economía nacional. Si el Producto Bruto Interno (PIB) crece desde 2021, las acreencias de los fondos también tendrían posibilidades de incrementarse con el correr de los semestres. Entonces, hasta anoche, el ministro había enmendado su propuesta con el 10 por ciento del NPV y la posibilidad de un anabólico económico atado a un esperable rebote de la economía post crisis COVID-19. Sobre esta hipótesis de trabajo, los acreedores privados tienen la obligación de modelizar sus propias propuestas para conciliar con las pautas de negociación que explicitó Alberto Fernández. Es decir: achicar las condiciones financieras previstas en sus contraofertas y traer al cierre del deal un número portentoso de bonistas que aceptarían el canje propuesto por la Argentina. No se trata de una condición u otra. Los fondos tienen que pedir menos de intereses a pagar y de la quita de capital establecida en la iniciativa oficial, además de sumar un porcentaje mayúsculo de acreedores privados que se acerque a los niveles de las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) previstas en los prospectos de los títulos que se pretenden reestructurar. Cuando venció el primer plazo de la propuesta inscripta en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Argentina sólo obtuvo un adhesión al canje de bonos por debajo del 20 por ciento del total de los acreedores privados. Un canje se considera exitoso cuando está por encima del 70 por ciento de los títulos soberanos que se intentan reestructurar. Como se trata de una negociación por 66.000 millones de dólares, y el país ya está en default, Alberto Fernández y su ministro también tendrán que conceder a los acreedores privados ciertos agregados a la oferta inicial que deberían sumarse al aumento del NPV y al anabólico económico basado en el eventual rebote del PIB. El número mágico es 50 dólares de NPV, o quizás 51. Guzmán aún no tocó el flujo para llegar a 50/51 de NPV. Sólo aumento el 10 por ciento neto, pero no ofreció elevar el interés, ni bajar la quita de capital (haircut), o achicar el período de gracia de tres años. Una modelización que defienda el concepto de sostenibilidad de la deuda acordada con Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- y que no implique un nuevo plan de ajuste, pondría a la Argentina y los bonistas a centímetros del acuerdo. Por ahora, Guzmán ofertó 45 dólares de NPV, y los acreedores contra ofertaron 53 dólares de NPV. Si se parte la diferencia, Argentina escapará a la aceleración del default y los fondos a perder tiempo en los tribunales en Manhattan. Hoy es un día clave. La negociación reservada puede derivar en la redacción final de la propuesta mejorada del Gobierno, en su inmediata registración en la SEC, y en la extensión del plazo de la oferta que vence el próximo 2 de junio. Toca mover a los bonistas. La Casa Blanca y el FMI ya hicieron su faena.
(Infobae) Los bancos crearon una fintech para lanzar una aplicación de pagos digitales que competirá con Mercado Libre. La empresa se llamará Play Digital y ya fue designado su CEO pero aún no definió la marca comercial de su plataforma, que espera empezar con 10 millones de clientes y convocar al resto de los bancos. En febrero pasado, cuatro de los principales bancos privados de la Argentina (BBVA, Galicia, Santander y Macro) anunciaron la creación de una plataforma digital de pagos y transferencias destinada a unificar servicios para sus 10 millones de clientes. El proyecto se lanzó con el objetivo de convocar al resto de los bancos que quisieran sumarse para crear una red de servicios, en particular con los pagos QR. Y tiene un competidor claro que es Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperín que con su división Mercado Pago domina ese segmento. Ayer, el proyecto avanzó hacia su segundo casillero. El Banco de Galicia informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, junto a BBVA y a Santander, creó la empresa Play Digital S.A., cuya actividad será “desarrollar y comercializar una solución de pagos vinculada a las cuentas bancarias del sistema financiero que mejorará significativamente la experiencia de pagos”. Los tres bancos mencionados no serán los únicos socios. La comunicación del Galicia añade que el proyecto prevé que “en las próximas semanas se incorporen otras entidades financieras que participarán en el capital social y en la solución de pagos”. La marca comercial que tendrá la aplicación aún no está definida, aunque algunos aseguran que podría ser Play. Aún sin nombre, en los bancos mencionan al proyecto remarcando la palabra “sistémico”. La clave pasa porque la plataforma exceda al grupo de entidades que la impulsó e intente transformarse en la solución de pagos de la mayor porción posible del sistema financiero argentino. Y afirman que estará en pleno funcionamiento “antes de fin de año”. Si bien la marca comercial no fue definida, sí lo está quién será el CEO a cargo de la nueva compañía. Según pudo saber Infobae, el elegido es Rafael Soto, un ejecutivo formado en Harvard que en los últimos tres años se desempeñó en tres distintas compañías del mundo de las finanzas digitales: Ualá, la fintech fundada por Pierpaolo Barbieri; Wenance, focalizada en el crédito online, y NuBank, de origen brasileño y desarrollo en América Latina, pero aún sin presencia en la Argentina. Anteriormente, Soto se desempeñó en el desarrollador inmobiliario TGLT, Bank of America y BBVA Argentina. Entre aquel anuncio, que incluyó un visto bueno por parte del Banco Central, y la constitución de Play Digital, apareció la pandemia. La cuarentena puso en evidencia la escasa bancarización de algunos segmentos de la sociedad, con las tristes escenas del “viernes negro” 3 de abril en que muchas personas se agolparon en los bancos para cobrar jubilaciones y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) había anunciado que el bono de $10.000 se podría cobrar a través de billeteras electrónicas pero luego impidió esa posibilidad, a excepción de la “Cuenta DNI” del Banco Provincia. Al mismo tiempo, desde que se inició el aislamiento hubo un fuerte crecimiento de los pagos digitales a través de múltiples mecanismos, tanto a nivel bancario como en las fintech. Hacia allí irá el proyecto Play Digital, que aspira a tener una solución de pagos única para los clientes de muchos bancos, en los que cada entidad pueda ofrecer en forma individual promociones dentro de la misma plataforma. La interconexión de los pagos y las transferencias constituye un punto crítico entre las fintech y los bancos. Un punto clave será el modo en que se desarrollará la competencia en el plano de los pagos con código QR, donde Mercado Pago ya posee una red de 700.000 comercios adheridos. De la vereda de enfrente, los bancos prometen una aplicación que estará en los celulares de 10 millones de clientes. Para ambos sectores, aún siendo competidores, estar conectados entre sí es casi una obligación. La fintech de los bancos promete servicios novedosos como las transferencias entre personas sin utilizar el CBU, simplemente estando registrados mutuamente con sus mails y sus teléfonos, pagos a través de mensajes de Whatsapp, pagos con tecnología “contactless”, en la que se acercan dos telefónos o un teléfono con un dispositivo para concretar la operación, siempre con la posibilidad de optar entre distintos medios de pago, inclusive de diferentes bancos. La idea de que bancos que compiten entre sí armen una alianza para unificar los medios de pago (y, a la vez, competir con las fintech) registra antecedentes en otros países. Zelle, en Estados Unidos, Bizum en España y la más reciente Plin, en Perú son algunos de ellos. Si bien los cuatro bancos que lo lanzaron tienen gran volumen, la gran expectativa pasará por qué otros bancos se sumen, en particular los dos grandes bancos públicos, que representan casi la mitad del sistema y con una enorme masa de clientes seguros provenientes de las jubilaciones y los salarios públicos. El Banco Provincia aprovechó la oportunidad del pago del IFE para implementar el proyecto “Cuenta DNI”, desarrollado en el gobierno anterior. Su aplicación ya tuvo un millón de descargas. El Banco Nación, por su parte, tuvo su billetera digital, con la marca PIM, pero el proyecto no tuvo excesivos avances.
(Infobae) Emisión a gran escala: el Banco Central tiene autorización para duplicar la base monetaria durante este año. Presentó su balance 2019, donde se ven ganancias por casi $ 2 billones en los últimos dos años. De esa manera, ese es el límite legal que tiene para poder imprimir dinero este año, una base monetaria completa. Sin embargo, analistas advierten que el límite económico es mucho menor y que no va a poder usarlo íntegro. El Banco Central tiene margen para emitir casi $ 2 billones de pesos este año, como resultado de las ganancias contables que obtuvo en 2019. La semana pasada la entidad conducida por Miguel Pesce publicó su balance 2019, del que se desprende que por la suba del dólar las tenencias en moneda extranjera arrojaron utilidades récord que, en principio, pueden ser transferidas al Tesoro para financiar sus gastos. En lo que va del año ya transfirió $ 600.000 millones y, aunque se espera que no use toda la capacidad de girar sus ganancias al fisco, el resultado contable del año pasado le permitiría duplicar la base monetaria durante 2020. En términos puramente contables, el año pasado no podría haber sido más exitoso para el Banco Central. A pesar de que la inflación rozó el 54% y el dólar saltó 59%, 2019 fue un período de grandes ganancias para la autoridad monetaria. Claro que no se trata de una organización con fines de lucro, pero la obtención de utilidades no es inocente. La Carta Orgánica le permite al banco tomar esos resultados y distribuirlos a su único accionista: el Estado Nacional. Parece contradictorio que el peor año a nivel inflacionario desde principios de la década del 90 se traduzca en una bonanza en el balance del Central, pero se trata apenas de un fenómeno contable. El BCRA tiene en su cartera activos en moneda extranjera -las reservas internacionales, pero también deuda pública de dudoso valor- que anotan ganancias en pesos a medida que la moneda nacional se deteriora. Y, como si fuera poco, a principios de este año la nueva administración del Central cambió las reglas para que la deuda del Tesoro se contabilice a un valor mucho más alto. En lugar de computar las Letras Intransferibles que el Tesoro le coloca cada vez que le saca reservas a un valor teórico de mercado, a partir de este año la entidad empezó a computarlas a su valor técnico. Así, de un día para el otro el patrimonio del BCRA subió USD 35.000 millones sin sumar un sólo dólar a sus arcas. Sobre ese dinero puramente contable es que el banco registra ganancias cada vez que el dólar se dispara. Según detalla un informe de Econviews en base al balance del Central, el margen de maniobra que tiene Pesce para emitir tanto dinero como le parezca necesario es enorme. Las utilidades del Banco Central en 2019 llegaron a $ 1.606.982 millones ($ 1,6 billón), que se suman a $ 380.000 millones de ganancias de ejercicios previos que no fueron distribuidas. Así, tiene una capacidad de asistir al Tesoro, sólo por sus utilidades, de $ 1.986.982 millones (casi $ 2 billones de pesos), más de lo que era toda la base monetaria al cierre del año pasado ($ 1.895.381 millones). O sea que está autorizado a duplicar la base monetaria, al menos según los límites que establece su Carta Orgánica. Si a eso se le suman $ 312.00 millones en adelantos transitorios -otra vía de financiamiento al sector público, una especie de préstamo que implica emisión monetaria- y que ya fueron emitidos este año, alcanzando el tope normativo, la capacidad potencial de asistencia del Banco Central al Tesoro llega a $ 2.298.982 millones, o el 8% del PBI, estimó Econviews. “En lo que va del año, se han transferido $ 600.000 millones en concepto utilidades del BCRA (2,1% del PBI), restando transferir hasta un máximo de $ 1 billón, equivalente a 4,8% del PBI. En cuanto a adelantos transitorios, se otorgaron $ 312.000 millones en lo que va del año (1,1% del PBI), habiendo ya alcanzado su tope, de acuerdo a la Carta Orgánica de la entidad. En suma, teniendo en cuenta ambos ítems (utilidades y adelantos transitorios), la asistencia al Tesoro podría trepar a 8% del PBI”, analizó el informe de la consultora que conduce Miguel Kiguel. “El crecimiento de la base monetaria será menor, ya que seguramente el Central esterilizará una parte de lo emitido”, concluyó el informe. Para los analistas, Pesce no usará todo el margen que tiene para emitir porque el límite legal que tiene autorizado está muy por encima del “límite económico”. “Por cada 5 pesos que gastan, recaudan 3. La colocación de deuda apenas si te alcanza para renovar vencimientos. Los 2 que te faltan para cubrir el gasto primario los emitís, es el 40% del gasto primario. Es aproximadamente el 30% del PBI a este ritmo, o sea unoa $ 10 billones. Si salís de la cuarentena esto cambia, no digo que eso sea una predicción, pero esta es la velocidad a la que avanzan hoy la variables, y te fuerzan a $ 4 billones de emisión monetaria. Si el segundo semestre es distinto, safaste. Ahora, si vas a seguir emitiendo el 40% del gasto no te alcanza ni siquiera el límite legal”, dijo Juan Manuel Pazos de TPCG. “El límite legal es mucho más alto que el límite económico. El límite económico no te permite duplicar la base monetaria, legalmente podrías, lo que implicaría más brecha y más inflación. Ahora, si vos mirás la velocidad a la que estás necesitando financiamiento monetario no te alcanza ni siquiera el límite legal”, agregó. La expansión monetaria que se dio a finales del año pasado y que se acentuó con las medidas de aislamiento social obligatorio, que forzaron al Tesoro a recurrir al financiamiento monetario para costear los nuevos gastos asociados al parate económico, es una de las principales fuentes de preocupación de los economistas que temen una aceleración de la inflación. Con datos al 22 de mayo, la base monetaria crecía 49% interanual, mientras que la circulación monetaria -la variable que más siguen de cerca los especialistas- lo hacía al 75% interanual.
(Infobae) Un experto en negociación de la deuda afirmó que están dadas las condiciones para un acuerdo entre el Gobierno y los bonistas. Marcelo Blanco, ex presidente del Deutsche Bank en la Argentina, dijo que la diferencia entre ambas partes ronda el 7% y que el país se beneficiará con más confianza de los inversores si las conversaciones llegan a buen puerto.
Marcelo Blanco, consultor financiero con experiencia en restructuraciones de deuda soberana, afirmó que están dadas las condiciones para que haya un acuerdo entre el Gobierno y los bonistas y opinó que lograr esta meta permitiría recuperar la confianza de los inversores de mediano plazo.
El ex presidente del Deutsche Bank en la Argentina, de 57 años, dijo en diálogo con Infobae que la diferencia entre ambas partes ronda el 7 por ciento del valor presente neto de la oferta y que sería bueno incluir algún “endulzante” para terminar de acortar distancias. Además, advirtió que seguir en default sería “devastador” para las empresas privadas y las provincias.
—¿Las negociaciones entre el Gobierno y los acreedores van a terminar con un acuerdo en las próximas semanas?
—Las condiciones para llegar a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes están dadas. Por otro creo que los incentivos deberían estar alineados. Por un lado, el Gobierno tiene un objetivo de primer orden que es alcanzar la sustentabilidad de la deuda y, por otro lado, los inversores el poder monetizar sus inversiones y recuperar algo del valor perdido tras la cesación de pagos de Argentina. Desde el aspecto financiero no veo que pueda existir un impedimento para lograrlo en la medida que se negocie de buena fe. Es mas una decisión política del Gobierno con que velocidad quiere llegar a un acuerdo. En mi opinión, cuanto mas rápido sea el acuerdo más rápido se verá el derrame de beneficios en la economía.
—¿Qué beneficios le traerá al país llegar a ese acuerdo y, por el contrario, qué consecuencias traería no alcanzarlo?
—Los beneficios de un acuerdo superan ampliamente al costo. Argentina necesita imperiosamente encontrar mecanismos que fomenten un crecimiento de su economía. Dada nuestra historia de permanente déficit fiscal primario hemos tenido que recurrir en forma permanente al financiamiento. Cerrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes permitiría recuperar confianza por parte de los inversores. Por el contrario, considero que un escenario de default traería asociado un nuevo aislamiento financiero global con serias consecuencias en fuerte disminución en inversiones en la economía real. El mercado de capitales local no tiene un tamaño suficiente como para financiar el crecimiento económico. A su vez hasta que no adoptemos disciplinas fiscales mas balanceadas vamos a seguir dependiendo de financiamiento. Eso ya no se discute a nivel global, salvo raras excepciones, los mercados privilegian aquellos países con disciplina fiscal.
Un escenario de default estaría asociado a un nuevo aislamiento financiero global con serias consecuencias en inversiones de la economía real
—¿Es amplia la diferencia entre las dos partes?; ¿cómo se puede achicar?
—Entiendo por lo que es de carácter público que la diferencia entre la postura del Gobierno y la de los acreedores no es superior a 7% del valor presente nominal de los bonos. Ese 7% es aproximadamente un valor del 1% de PBI. No creo que sea un escollo insalvable. Reitero, los beneficios económicos de un acuerdo superan ampliamente ese costo adicional para llegar a un acuerdo y ese costo se licuaría con resultados fiscales futuros. Sería un error táctico muy grande si no se arreglase el tema de la deuda. El default no puede ser una opción para este Gobierno ni para cualquier Gobierno de este país. Desde el punto de vista financiero la mejora en el valor presente de la propuesta puede ser alcanzado bajo diferentes metodologías, desde pagos iniciales en efectivo a aumentos de cupón, entre otros. Lo importante es la voluntad de la mejora.
—¿Es útil la idea de incluir un cupón ligado al PBI, que en los canjes previos recibió bastante críticas?
—La inclusión de bonos atados al crecimiento es una idea que no creo haya sido exitosa en el pasado para Argentina. Sin embargo, entiendo que hay un interés de reflotar su incorporación en esta nueva oportunidad. La credibilidad en el monitoreo de las estadísticas es clave y en el pasado ha traído consecuencias muy negativas. A su vez, considero que fueron muy caras para el país en el pasado. Los inversores por otro lado no valúan esa opcionalidad adecuadamente. En síntesis, no soy un simpatizante de esa opción. Sin embargo y de ser necesario la incorporación de un instrumento contingente sería interesante considerar cupones contingentes atados a niveles de exportación de bienes argentinos. Las exportaciones son naturalmente correlacionadas a la moneda de endeudamiento, fáciles de monitorear (no hay lugar a adulteración de estadísticas), creo que los intereses estarían mas alineados. Argentina necesita crecer y ese crecimiento tiene que venir del sector externo por exportaciones.
—¿Es factible incluir otro “endulzante” como un pago en efectivo, con el aporte de algún organismo como el FMI u otro, o un préstamo del sistema financiero?
—Cuanto mas simple sea la propuesta mejor va a ser el cumplimiento a futuro. Un pago upfront de cash debería estar incluido como mejora, por el simple reconocimiento de intereses devengados y no pagados por Argentina. No hay que olvidarse que el país no cumplió con la fecha de pago original de tres series de bonos en el mes de abril pasado.
—¿Qué ventajas tendrán las empresas y las provincias y hay un acuerdo?
—Esta pregunta la respondería desde el punto de vista contrafáctico. En el caso de no llegarse a un acuerdo los efectos en las empresas del sector privado y en las finanzas de las provincias sería devastador. Insisto, no creo que el Gobierno pueda darse el lujo de ir a un default. Argentina tiene un muy elevado nivel de pobreza y de la pobreza se sale con empleo y educación y el empleo tiene que venir del sector privado. Eso se logra con inversiones. Ya pasamos por el ostracismo financiero y no fue el mejor de los escenarios. Argentina necesita recuperar credibilidad en el contexto global e integrarse comercialmente para poder impulsar su crecimiento económico.
(Ambito) ¿Quién medirá el PBI en caso de pagar cupón?: último debate con Bondholders. Los tenedores basan su reclamo en el juicio que Aurelius abrió en los tribunales de Loretta Preska. Para el Gobierno es una chicana más en medio de la negociación. En caso de que el Gobierno acepte pagos extras a los bonistas a través de un cupón PBI o similar, ¿qué criterio de crecimiento de la economía se tomaría como válido? ¿El del INDEC (como ofrecerá Argentina), o el que surja de la eventual aplicación del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI)?. En parte, de la respuesta a esa pregunta depende la cercanía o lejanía de un acuerdo entre el país y el Exchange Bondholders, el grupo de bonistas que representa a los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La propuesta de aplicar un “endulzante” a través de un “premio” extra si Argentina crece más del 3% anual, fue lanzada por los acreedores como condición última para sellar el acuerdo con los negociadores de Martín Guzmán. El ministro de Economía ya transfirió el pedido a Olivos, donde Alberto Fernández tendrá la decisión final. Sin embargo, si la respuesta presidencial es positiva, aún habrá un nuevo capítulo conflictivo. No económico, sino político: qué medición de crecimiento de la economía se toma como válida. El tema ya fue expuesto por los acreedores en las mesas de negociación confidenciales que comenzaron el sábado 23 de mayo y se profundizaron entre el 25 y el 26. Los bonistas quieren que sean los cálculos del FMI y no los del INDEC los que se validen como el gatillo de los eventuales pagos del cupón (o similar) de los futuros bonos que se emitan; siempre que las negociaciones tengan final feliz. Dicho de otro modo, los acreedores quieren que el país resigne parte de su soberanía institucional en la medición de variables macroeconómicas y que se acepten como oficiales para activar pagos financieros los del principal auditor de las cuentas públicas que tiene la Argentina y el mundo. Si bien desde el Gobierno no hay respuesta oficial, se descarta que la opción sería rechazada y que se insistirá en que los únicos números validos para negociar son los que se producen dentro del país. Extraoficialmente, desde el Gobierno se reconoce que los acreedores piden esta cláusula para avanzar en un acuerdo final, pero se cree que es más un nuevo capítulo del gran póker que se está jugando con profesionales en estas batallas. Y que, llegado el momento, será una de los capítulos en el que los bonistas cederán, como para mostrar buena voluntad. Sin embargo, los Exchange Bondholders, parecen firmes hoy en su reclamo de recurrir al FMI como fiscalizador y “autoridad” del dato del crecimiento de la economía argentina, tal como ya adelantó este diario el lunes pasado. Los datos del Fondo vendrían luego de un acuerdo con la Argentina, para liquidar el saldo de los u$s44.800 millones del stand by suspendido; y cuya renegociación tiene turno asignado para luego de cerrado el acuerdo con los privados. El FMI, que no acepta quitas, exigirá la aplicación de un Artículo IV. Esto es la habilitación de misiones periódicas para verificar la marcha de las cuentas nacionales, lo que deriva luego en un sello de calidad sobre los números que publique un país. Se recuerda que entre 2006 y 2015 los datos sobre inflación no eran considerados válidos por el organismo. Ese nivel de “policía económica” es el que reclaman los Bondholders. Sus argumentos suenan sólidos. La posición de presionar en este tema parte del juicio que mantienen contra la Argentina algunos de los acreedores que militan dentro de este grupo de acreedores. Se trata de la causa por la medición del Cupón PBI en 2013, que el fondo buitre Aurelius presentó (y logró abrir) en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, argumentando que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se subestimó el crecimiento del país para no liquidar el cupón. El juicio avanzó en junio de 2019, luego de que Aurelius denunció al entonces ministro de Economía, Axel Kiciloff, de “mal desempeño”, planteo que la jueza Loretta Preska avaló iniciando una causa en la que, de terminar perdidoso, el país debería reconocerle a los bonistas unos u$s3.500 millones de base. Esta causa podría convertirse para la Argentina en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que en 2013, durante la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según la denuncia de Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio. El demandante presentó ante Preska datos sobre el INDEC, con un sospechoso nivel de información interna que sólo puede haber sido obtenida (y calculada) con colaboración local. Curiosamente, la primer defensa del país en este caso fue la presentación que en julio del año pasado hizo el gobierno de Mauricio Macri, donde justificó la intervención morenista afirmando que “el Gobierno afirma que Argentina estaba en su derecho de modificar el año base”. Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en Estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera, y contra Petrobras en medio de la causa por el “Lava Jato”. Como con el resto de los tenedores no se le conoce participación en ninguno de los tres grupos de bonistas que negocia la Argentina. Por ahora.
(Ambito) Gobierno financió déficit de abril con «utilidades» del BCRA. El jefe del BCRA ya comenzó a echar mano de las «ganancias» contables para asistir al Palacio de Hacienda. Aún falta lo mejor. Se conocieron ayer los números fiscales de abril, que arrojaron un déficit primario de $229.000 millones y un rojo financiero de $266.000 millones. Para comprender la magnitud del desequilibrio fiscal, vale señalar que el dato de abril era lo que se esperaba para todo el año en la previa de 2020. Pero ya nadie debería sorprenderse. Era esperable en una economía que venía en recesión y ahora se sumergió bajo el imperio de la pandemia. El pobre fisco sufrió la “Doble Nelson”, se le derrumbaron los ingresos por la cuarentena obligatoria y le explotaron los gastos para afrontar las mayores necesidades asistenciales. Sin soslayar que todo esto se da en medio de un canje de deuda. Así se vio que los ingresos crecieron, en términos nominales, un 14% interanual mientras los gastos lo hicieron en un 97%.De nada sirven las comparaciones interanuales porque un año atrás el Gobierno de Macri, obligado por las circunstancias, estaba ajustando las cuentas fiscales bajo la tutela del FMI y mostraba un superávit primario de $500 millones y un rojo financiero de $66.000 millones. Pero ayudan a visualizar el panorama y la intensidad de la crisis. Hoy el contexto local e internacional es extremadamente más desfavorable y complicado que el de 2019 y explica el tenor de las medidas adoptadas para mitigar el impacto del cierre de la economía. Frente a esto, los analistas optimistas, por calificarlos de alguna manera, que esperan que la cuarentena finalice a mediados de año y haya una resolución amistosa de la deuda, estiman un déficit fiscal de 3,5% a 4,5% del PBI (a lo que debe sumársele el pago de intereses). O sea, si todo sale bien. Ahora bien, en la previa de la pandemia ya se descontaba que sin acceso a los mercados la única fuente de financiamiento para cubrir el rojo fiscal iba a ser el BCRA. Pero al acelerarse el deterioro de las cuentas fiscales se temía por la magnitud de la emisión monetaria que se iba necesitar. Ya con la pandemia y la cuarentena en casa, los números explotaron y ante un déficit estimado de más de $1,5 billones para el año no había tanto margen para que los Adelantos al Tesoro cubrieran semejante desequilibrio. Por eso, hace casi dos meses, este diario explicó que el BCRA tenía un “as bajo la manga” que eran las “utilidades” contables que le podía transferir al Tesoro por aproximadamente nada menos que $1,5 billones, algo así como 70% de la base monetaria (por el cambio de valuación de las Letras intransferibles que se hizo a fin diciembre pasado, de precios de mercado a valor técnico). Aquellos que creen que esto fue algo conspirativo o inesperado están subestimando a los referentes económicos del Gobierno, que ya antes de la pandemia lo tenían en la baraja. Claro que no pensaban que lo iban a tener que usar en todas las manos. Si bien en marzo ya tuvo que amagar girándole al Tesoro $125.000 millones vía Adelantos y $80.000 millones de utilidades, en abril el BCRA empezó a poner el as en la mesa al transferirle utilidades por $230.000 millones más $80.000 millones de Adelantos. Así en lo que va del año vía Adelantos le giró $312.000 millones y ya $600.000 millones de utilidades (en mayo ya transfirió otros $290.000 millones). Hoy no son momentos para rasgarse las vestiduras. El BCRA no tiene más remedio que asistir al Tesoro para sostener la situación socioeconómica. Un impacto inflacionario futuro parece inevitable, pero será tema del día después. Mientras tanto, el as del BCRA estará presente en todas las partidas.
(Ambito) En abril, las exportaciones e importaciones cayeron hasta 30,1%, pero hubo superávit de u$s1.411 millones. El saldo positivo fue el reflejo de la crisis en la actividad económica, que afectó más a las importaciones que a las exportaciones. El intercambio comercial se contrajo un 23,8% respecto al mismo mes de 2019.La balanza comercial de la Argentina registró un saldo positivo de u$s1.411 millones en abril, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato que fue mayor a lo esperado por analistas. Las exportaciones sumaron u$s4.329 millones en el cuarto mes del año, lo que representó una baja interanual del 18,9%. Mientras tanto, el superávit fue explicado porque las importaciones se desplomaron un 30,1% y totalizaron u$s2.918 millones. La baja cantidad, tanto en compras como en ventas al exterior, causada por la baja actividad económica en la mayoría de los países a raíz de la pandemia de Covid-19, reflejó una contracción interanual del 23,8% en el intercambio comercial de Argentina. En cuanto a las relación con los principales socios comerciales del país, se observó un crecimiento en las exportaciones a territorio asiático; los envíos a China subieron un 50,6% (u$s509 millones), mientras que los realizados a Vietnam y a India treparon un 5% y un 67%, respectivamente. De manera inversa, las ventas a Brasil cayeron un 57,3% (u$s387 millones). Por el lado de las importaciones, se produjo una significativa caída en las compras procedentes de los tres socios más importantes; los envíos desde Brasil se derrumbaron un 45,4%, los de China un 40,3% y los de Estados Unidos un 23,4%. Respecto a los rubros, se observó una fuerte caída, del 58,3%, en el rubro Manufacturas de Origen Industrial, que representó el 16,3% del total de ventas. Esto fue explicado, principalmente, por una baja en los envíos de automóviles, tanto para transporte de mercancías como de personas. Adicionalmente, también se observó una importante contracción, del 33,9%, en las ventas al exterior de Combustibles y Energía, causada fundamentalmente por una merma en los embarques de biodiésel y sus mezclas. El declive de las exportaciones fue atenuado por una suba del 10,8% en el rubro de Productos Primarios, que concentra la mayor parte del total. Los mismos alcanzaron los u$s1.565 millones, impulsados por un crecimiento en el aceite de soja y los porotos de soja.En el desagregado de las importaciones, se exhibió una pérdida en todos los rubros como reflejo de una crisis en la actividad industrial, que necesita insumos de afuera para producir. Las bajas más relevantes las sufrieron los bienes de capital y las piezas y accesorios de dichos bienes. Desglosando los datos de INDEC, según tipo de productos, se percibió una baja de u$s279 millones en «Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, y sus partes», y una de u$s238 millones en «Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes». En el mismo sentido, también hubo grandes caídas en las compras al exterior de automóviles y combustibles. En abril del año pasado, la balanza comercial argentina había registrado un superávit de u$s1.165 millones de dólares y en marzo pasado el resultado fue positivo en u$s1.158 millones de dólares. De esta forma, el superávit acumulado entre enero y abril alcanzó los u$s4.720 millones contra los u$s3.168 registrados en igual período de 2019. Si bien el saldo está creciendo mes a mes, esto no deja de ser reflejo de una paralización en la economía local producto del coronavirus, que afecta con mayor énfasis a las importaciones que a las exportaciones.
(BAE) Economía diseña el plan pospandemia. Mientras se centra en la resolución de la deuda, Guzmán y su equipo ya puso el foco en el Presupuesto 2021 y las medidas para salir de la recesión. Mientras centra su actividad en la reestructuración de la deuda externa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya trabaja en el diseño del plan pospandemia. Hoy encabezó una reunión con su equipo de funcionarios para avanzar en los lineamientos de cara a la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto 2021 y delinear las políticas con las que el Gobierno intentará sacar al país de la coronacrisis. Según supo BAE Negocios de fuentes oficiales, el trazo final del plan y del propio presupuesto llegará recién cuando esté sellado el canje de la deuda con los acreedores privados. El titular del Palacio de Hacienda y su gabinete analizaron también la situación que atraviesan las economías regionales, a partir del freno en la actividad por los efectos del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto para evitar la propagación del Covid-19. Del encuentro, en la sede del Palacio de Hacienda, participaron los secretarios de Política Económica, Haroldo Montagu; Hacienda, Raúl Rigo; Finanzas, Diego Bastourre; Política Tributaria, Roberto Arias; y Legal y Administrativa, Viviana Salas. También estuvieron la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maia Colodenco; el titular de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, Rafael Brigo, y el jefe de Gabinete, Gonzalo Guilardes. Los funcionarios de Economía participarán de una serie de videoconferencias internacionales en los próximos días. Entre ellas, una reunión de la Coalición de Ministros de Finanzas para el Cambio Climático y otra de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
(Cronista) Esperan mejoras en el segundo semestre, aunque aún sin compensar la caída actual. Aún transitando la parte dura de la cuarentena, con el mundo saliendo muy lentamente de su encierro, los analistas coinciden en que abril marcará el piso de la caída, y empezarán a verse números un poco mejores a partir de mayo. La apuesta fuerte es el segundo semestre del año, pero eso depende de la evolución de las medidas restrictivas aquí y en el exterior. A partir de julio se vería alguna incipiente recuperación del comercio global, aunque no sería suficiente para nivelar la caída de estos meses de 2020. «El segundo semestre será mejor, habrá recuperación pero no sé si alcanzará a compensar la caída de la primera parte del año, y difícilmente lo haga a comienzos de 2021″, señala Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina. Y aclara que a diferencia de América Latina que tiene el pico de la pandemia, Europa y Estados Unidos van recuperando la actividad y China ya salió» de lo peor. Enrique Mantilla, titular de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, señaló que «los compromisos de exportación se están cumpliendo pero es cierto que hay una fuerte caída de la demanda mundial y no está tan claro qué pasará en los próximos meses». Para un analista de un banco de primera línea «lo que salió ahora es un preámbulo de cómo seguirán las cosas» y aclaró que «puede esperarse una recuperación en el segundo semestre en comparación al primero, pero con caída interanual».En esta lógica, LCG estima que en el año las exportaciones «vuelvan a caer después de cuatro años de crecimiento», pese a lo cual el superávit comercial cerraría cerca de u$s 15.000 millones. Una mirada similar a la de Abeceb, que prevé un superávit de u$s 15.630 millones, con exportaciones cayendo 16,2% en el año.
