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(Ambito) En la práctica hay en realidad un desdoblamiento cambiario». El abogado analizó las implicancias de la nueva normativa del BCRA y advirtió de las distorsiones que podrían generarse entre empresas y sectores.
Los últimos controles y restricciones al mercado cambiario han generado dudas e inquietudes que pueden, según los especialistas, provocar hasta posibles involuntarios defaults privados, la desaparición de algunas actividades, distorsiones entre empresas del mismo sector y la pérdida de tradicionales proveedores internacionales. Para conocer el ABC y las implicancias de la nueva normativa que emitió la semana pasada el BCRA, este diario dialogó con el abogado consejero del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites y Arntsen, Danilo Parodi Logioco. “En la práctica hay en realidad un desdoblamiento cambiario”, dijo.

Periodista: ¿Qué lectura hace de las últimas medidas cambiarias del BCRA?
Danilo Parodi Logioco: La más sencilla es que ponen un torniquete a la compra de divisas a través del mercado oficial (MULC), la restringen aún más. La línea económica es bastante clara, no podés ingresar al MULC a comprar dólares relativamente “baratos” si tenes dólares afuera. Primero utilizá los dólares que tenés afuera disponibles (líquidos) y después recién te vendo dólares “baratos”. Si no queres seguir esa regla, vas a tener que ir a comprar el dólar “contado con liquidación” (CCL) que, obviamente, tiene una brecha de casi del doble. La segunda regla, para que no te hagas el “vivo”, es que te dicen “mirá, no tenés problema de tornarlos ilíquidos” (que estén invertidos, por ejemplo, en un fondo). Eso lo permite la norma, pero cuidado cuando vuelvan a ser líquidos (cuando vuelvan a la cuenta bancaria del exterior) vas a tener que traerlos a la Argentina si accediste al MULC en ese plazo. Lo que no dice la norma y por ahí pasa la mayor duda de ésta es si el monto que tenés que traer el día de mañana es igual al monto que compraste en el MULC o todo lo que recibas en el exterior en forma líquida. Eso te puede llevar a la situación en la que compraste, digamos, u$s500 para hacer un pago y que después tengas que traer u$s50.000. Esto la norma no lo aclara.

P.: La idea entonces es inducir a que use mis dólares para evitarme dolores de cabeza.

D.P.L.: Esa es la conclusión. Ante el riesgo de tener que traer todo más vale uso los que tengo afuera.

P.: Eso no quita que el día de mañana me los hagan traer de vuelta.

D.P.L.: Sí, ese riesgo está igual. La otra regla es que extienden a 90 días la prohibición si accediste al CCL o al MEP, antes y después. Para acceder al MULC no podés haber hecho CCL o MEP durante los últimos 90 días y no podés hacer CCL o MEP por los próximos 90 días.

P.: Si fui al MULC o quiero ir.

D.P.L.: Sí, te dicen “si en los últimos 90 días no hiciste CCL o MEP”, te dejo comprar MULC, pero te comprometés a no realizar CCL los próximos 90 días. En limpio, si vos querés acceder al MULC, tenés que tener un período de 180 días sin haber hecho CCL, 90 días antes y 90 días después. El problema más grande es el caso de aquellos que hicieron CCL en abril, cuando todavía no había restricciones para hacer CCL o MEP (el 30 de abril salió la norma de los 30 días que ahora se extendió a 90). Esos que hicieron CCL en abril ven de repente que no van a poder acceder al MULC hasta julio.

P.: Aclaremos los 90 días, antes y después. ¿Si hoy es la compra en el MULC qué pasa?

D.P.L.: Para volver hacer CCL tenés que esperar 90 días. El que hizo CCL o MEP para comprar dólares tiene que esperar 90 días para acceder al MULC y una vez que accedió al MULC debe esperar 90 días más para comprar dólares por CCL o MEP. O sea, para hacer CCL son 180 días, 90 para atrás sino no te dejan acceder al MULC y 90 días después si compraste MULC. Así le sacan presión al CCL. Los que hicieron en marzo CCL van a poder igualmente ir al MULC, porque la restricción de los 90 días anteriores aplica para las operaciones de CCL/MEP a partir del 1 de abril.

P.: ¿Hay más reglas?

D.P.L.: Una tercera, que afecta directamente a los importadores. Dice que no se pueden pagar importaciones por adelantado (hay algunas excepciones). Sólo una vez que el bien llegó al país se paga. El problema es que la importación opera con adelantos y el resto al embarque o desembarque. Esto puede afectar la cadena de pagos del exterior porque si el proveedor no accede a esto obliga a buscar otro proveedor. Pero si encima hice CCL en abril, el 14 por ejemplo, para hacer pagos afuera, o sea, para pagar esos adelantos, pensando en los 30 días que regían hasta la semana pasada tenía que esperar hasta el 15 de mayo para pagar. Ahora sale norma de los 90 días y encima no puedo pagar hasta que llegue la mercadería a la Argentina. Se complica al proveedor que usa el adelanto como capital de trabajo. Ni hablar en los casos de reexportaciones, donde importo un bien para agregarle valor, ahora no puedo acceder al MULC para adelantos y debería pagarlo con dólares del exterior o a través de CCL, pero cuando exporto me pagan el dólar oficial menos retención, no cierran los números para muchas actividades.

P.: Se refirió a que había excepciones…

D.P.L.: Por ejemplo, en el caso de la industria petrolera, donde todas las compañías tienen cuentas off shore, como si fuera atesoramiento. Las empresas importan equipos y van a MULC, pero si ahora no las dejan les pasará algo similar a lo explicado anteriormente, cuando exportan, por más barril “criollo”, los números podrían no cerrar. En este caso la norma exime a las empresas con control estatal, como por ejemplo YPF. Podría haber distorsiones entre sectores y entre empresas de un mismo sector.

P.: ¿El viernes pasado fue una especie de caos, no?

D.P.L.: Los bancos se tomaron un virtual feriado cambiario. Les pusieron stop a las operaciones para analizar y entender la nueva norma. Suspendieron la venta de divisas para pagos al exterior. Porque la norma impide, si tenés dólares afuera, que paguen con MULC.

P.: ¿Qué problemas se provocaron y cuáles se vienen ahora?

D.P.L.: Por ejemplo, el caso de las empresas de energías renovables, tienen dólares afuera en garantía del proyecto que son financiados por bancos de desarrollo donde el flujo que cobra la empresa queda depositado en garantía en una cuenta de la entidad que financió el emprendimiento. Hay acuerdo en el mercado que estos no serían “fondos disponibles”, pero todavía se está analizando. También las petroleras o agroexportadoras tienen fondos en Chicago o Nueva York para ir cubriendo los “margin calls” que son las garantías que piden las operaciones de futuro. Como están depositados en una cuenta bancaria, se los considera activos líquidos y por eso les traban el acceso al MULC.

P.: ¿Los depósitos en dólares en Argentina juegan igual que estos casos?

D.P.L.: No, no se computan para el MULC siempre que estén depositados en cuentas bancarias. De ahí las distorsiones entre empresas y sectores. Otro problema podría darse con los vencimientos de deuda, por colocaciones de ON en el exterior. Por ejemplo, una empresa que en junio tiene que pagar intereses o capital, y que hizo CCL en abril, por 90 días no puede acceder al MULC para pagar esa cuota de capital o intereses. Salvo que vaya al CCL, pero en ese caso se resetean los 90 días y no podrá acceder al MULC hasta septiembre; y eventualmente debería ir otra vez a CCL para otros pagos al exterior y así va demorando involuntariamente su posibilidad de ir al MULC.

(Cronista) Deuda: acreedores salen al cruce del techo virtual que le puso el FMI a la nueva oferta Con el plazo del canje extendido vuelven a la pista los roces entre el Gobierno y los bonistas. Para los acreedores la línea que separa un acuerdo es delgada, pero implica voluntad de mejorar más la oferta. as conversaciones entre el Gobierno y los grandes fondos de inversión que se agruparon en tres comités continuaron después de la extensión formal del plazo para entrar al canje hasta el viernes 12, pero el ‘techo’ que fijó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a las mejoras que pueda hacer la Argentina puso sobre la mesa un importante elemento de discordia. PUBLICIDAD Es que el respaldo del staff técnico del organismo a la nueva propuesta informal del ministro de Economía, Martín Guzmán , presentada el 26 de mayo a los bonistas, y la declaración de que existe un «margen limitado» para incrementar los pagos no cayó bien entre los privados. Si bien públicamente coincidieron con la letra del assesstment del Fondo, los acreedores rechazaron que la Argentina no se pueda mover de su actual posición, en distintos reportes que emitieron entre el lunes a la noche y el martes a la mañana. Primero fueron los comités Ad Hoc Bondholder Group, conformado por Blackrock, Fidelity y Ashmore, entre otros, y que apostaron fuerte en la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri, en conjunto con Exchange Bondholder Group, integrado por Monarch, VR, HBK y Cyrus, que son poseedores de los bonos de los canjes de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en 2005 y 2010, respectivamente. Luego, el Comité de Acreedores de Argentina (ACC), integrado por fondos como Gramercy, Greylock Capital y Fintech Advisory. Los tres grandes grupos coincidieron en que superar las diferencias y alejar a la Argentina de la actual situación de cesación de pagos es tarea del Gobierno y que sus propuestas son razonables. Para ellos, la línea que los separa de un acuerdo es delgada, pero implica voluntad oficial de mejorar la oferta. Esto motivó un cruce. Guzmán sostuvo que aunque se siguen acercando a un acuerdo final, «sigue faltando una distancia importante por recorrer,» que es necesaria acortarla. Y agregó: «No estaría bien apurarse para cerrar algo que no le sirva a Argentina. Necesitamos un acuerdo que cuide a Argentina. Eso es lo que me encomendó el Presidente. Y nosotros actuamos de forma firme sobre la base de ese principio”. El Cronista consultó a una fuente con acceso diario a las negociaciones sobre las diferencias que existen en la actualidad. Con el pedido de reserva de su nombre, dijo: «Los bonistas están enojados con la realidad y no reconocen las restricciones». «Hay un tira y afloje natural, pero los acreedores tienen una dificultad para ubicarse en tiempo y espacio y un nivel de negación importante. Da la impresión de que viven en marzo de 2018», señaló. Los fondos agrupados en el Ad Hoc Bondholder Group y el Exchange Bondholder Group habían indicado que «la diferencia entre la propuesta más reciente del Gobierno y la propuesta conjunta de nuestro grupo es de aproximadamente un 1,5%» del Producto Bruto Interno (PBI) distribuido en la próxima década hasta 2030, «y otro 1% del PBI desde 2031 hasta 2040». «La tarea de superar esta diferencia y asegurar un camino alejado del incumplimiento está con el Gobierno, que debería tomar medidas ahora hacia una resolución pragmática que sea bienvenida por la comunidad financiera internacional”, remarcaron. Los términos explorados por el ACC requieren que Argentina realice un «modesto esfuerzo fiscal anual» de 0,17% del Producto Bruto Interno (PBI) durante la próxima década que «se puede lograr fácilmente mediante la implementación de políticas económicas que promuevan el crecimiento». Más tarde, el ACC comunicó que su propuesta «para una resolución integral de la reestructuración de la deuda argentina» está alineada con los supuestos macroeconómicos del FMI, ya que le proporciona al Estado «un alivio financiero de aproximadamente u$s 35.000 millones en Bonos Elegibles, y u$s 70.000 millones considerando todos los instrumentos de deuda en moneda extranjera». Los términos explorados por el ACC requieren que Argentina realice un «modesto esfuerzo fiscal anual» de 0,17% del Producto Bruto Interno (PBI) durante la próxima década que «se puede lograr fácilmente mediante la implementación de políticas económicas que promuevan el crecimiento». Este grupo de acreedores privados concluyó que «llegar a un acuerdo en tales términos sería mucho menos costoso para la economía argentina y su pueblo que permanecer en el estado actual de moratoria». Esto es: salir del default puede traer beneficios como el regreso del financiamiento internacional para las empresas privadas, vital para producir más y generar el crecimiento económico necesario que permita cerrar esa brecha. Una fuente cercana a los acreedores privados graficó: «¿Acaso el PBI no dejaría de crecer 0,17% si no hay financiamiento?» En este comité en particular revista el fondo Fintech Advisory, que comanda el financista mexicano David Martínez. Martínez es accionista de empresas líderes en Argentina como Telecom en el negocio audiovisual (que le permite competir con su compatriota Carlos Slim, dueño de Claro) y Genneia en las energías renovables, entre otras inversiones de Fintech. Además, tiene un canal de diálogo directo con el presidente, Alberto Fernández , y es promotor de un acuerdo.

(Cronista) Aún después de salir del default, relativizan una «garúa» de inversiones Una fuente con conocimiento de las negociaciones entre el Gobierno y los bonistas decodificó que los acreedores plantean que tras un acuerdo volverán las inversiones a la Argentina y relativizó que no habrá «lluvia» sino «garúa». n el caso de que junio acabe con un deal entre el Gobierno y los acreedores privados en el canje de 21 bonos por u$s 66.238 millones, los dólares no entrarán masivamente a la Argentina. Ese es el pensamiento de una fuente al tanto de las negociaciones entre ambas partes, que dialogó con El Cronista en estricto off the record «En sus comunicados, los comités de bonistas dejan un mensaje tácito: que si hay arreglo, pueden volver las inversiones, que en este caso sería una ‘garúa’ en vez de la lluvia de la que se hablaba durante el Gobierno anterior», planteó esta fuente, para quien el endeudamiento externo del país es históricamente «parte del problema y no de la solución», ya que esos dólares que ingresan por el canal financiero nunca van hacia el lado productivo.  En relación a las diferencias que existen en la actualidad entre el Gobierno y los acreedores, siempre con el pedido de reserva de su nombre, este conocedor de la posición de ambas partes dijo: «Los bonistas están enojados con la realidad y no reconocen las restricciones». «Hay un tira y afloje natural, pero los acreedores tienen una dificultad para ubicarse en tiempo y espacio y un nivel de negación importante. Da la impresión de que viven en marzo de 2018», fustigó. Sucede que, cree, «en un mundo con tasas de interés cada vez más bajas», imaginan que la Argentina se va a tener que financiar a 10% anual en dólares o más, tasa que igualmente es «sinónimo de default». Mientras tanto, por la honda caída económica mundial tras los efectos de la pandemia por coronavirus, «día a día se deteriora la capacidad de pago de todos los países». Para él, cuando la Argentina alega el término «sostenibilidad», lema del ministro de Economía, Martín Guzmán, pone sobre la mesa la alineación de sus compromisos financieros futuros con la capacidad de pago que tendrá el país; mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) piensa en el límite a partir del cual no puede seguir prestando dinero. Por último, esta fuente indicó que estos grandes fondos agrupados en tres comités apenas poseen un 40% de los bonos elegibles para el canje, por lo que el éxito dependerá también de la colocación que logren los bancos HSBC y Bank of America (BofA) con acreedores individuales, sin tanta capacidad de lobby. Es por esto que aún en un escenario de acuerdo con los gigantes de las finanzas internacionales, no existirá nada parecido a una foto con abrazos, sino que faltarán más adhesiones para cerrar el canje.

(Infobae) Martín Guzmán prometió abrir el canje de los bonos locales una vez cerrado el acuerdo con los acreedores internacionales. Además, el ministro de Economía reiteró que los títulos tendrán “un trato equitativo” en relación a lo que se resuelva con la deuda bajo ley extranjera. En los últimos días subieron fuerte, aunque algunos advierten que parte de la mejora tiene que ver con la dolarización de portafolios que se realiza a través del mercado bursátil. La deuda emitida bajo ley local pasó a ser una suerte de “paria” en medio de las negociaciones con los grandes fondos de inversión internacionales. Ahora sólo se discute cómo se reestructurarán los bonos con ley extranjera, que suman USD 66.000 millones. Pero el resto de los títulos tuvo otra suerte: fueron “reperfilados” hasta fin de año, es decir el Gobierno desde el año pasado que no paga capital ni intereses. Pero esto podría cambiar en breve. Según adelantaron desde Economía, estos bonos tendrán un “tratamiento equitativo” en relación a lo que se resuelva con la deuda internacional. Y que ni bien se termine de negociar con los acreedores externos se abocará la resolución de la deuda emitida con ley local, que sumaría cerca de USD 15.000 millones. El universo de los bonos con ley local -entre los más relevantes- incluye el Bonar 2020, que no pagó intereses en abril, el Bonar 2024 y también los bonos del canje 2005, es decir Par y Discount, pero que fueron emitidos además bajo ley extranjera. El Bonar 2020 y 2024 tuvieron subas cercanas al 20% en dos semanas. El Discount bajo ley local se fue acercando a la cotización del emitido bajo ley internacional, es decir achicó fuerte la brecha que existió en los últimos meses. Estos papeles venían muy deprimidos pero en las últimas semanas vienen subiendo incluso más rápido que los títulos con ley extranjera, especialmente los de plazo más cortos. El Bonar 2020, por ejemplo, pasó de U$S 31 a U$S 37, una suba de casi 20% en menos de dos semanas. El Bonar 24 es uno de los que viene más firmes, pero ahí se mezclan dos efectos. La expectativa de un acuerdo por la deuda y también que es el título que se utiliza para hacer “dólar MEP”, es decir tiene demanda adicional porque es el favorito de los inversores para dolarizar portafolios. Otro dato significativo es que la “brecha” entre títulos idénticos pero emitidos bajo ley extranjera y local se va achicando. El Discount cotizaba el 20 de mayo a USD 36 bajo ley internacional mientras que el mismo papel local lo hacía a U$S 29, una distancia de 7 dólares. Pero ahora la diferencia ya es mucho menor: U$S 38,50 versus U$S 36,50, es decir sólo dos dólares. El “negocio” de las últimas semanas fue claramente posicionarse en bonos argentinos, pero especialmente los emitidos con ley local, que venían mucho más castigados. Pero ahora que el mercado está mucho más optimista por la resolución de la deuda fueron los que más subieron, recuperando parte de lo que habían caído de más en relación a los bonos internacionales. Todavía no se anunciaron las condiciones del canje de deuda para los bonos locales, pero se supone que será mucho más sencillo que el proceso que se viene llevando adelante con la deuda internacional. Los tenedores recibirían los mismos nuevos bonos que los fondos del exterior, salvo que serán papeles también emitidos bajo ley local.

(Infobae) El Gobierno cree que podrá postergar el pago de su deuda con el FMI aunque no salga del default con los bonistas. El equipo económico entiende que el aval de ayer del organismo demuestra que está actuando de buena fe con los acreedores privados y que, por lo tanto, podrá aplazar la devolución de la deuda de USD 44.000 millones por otros tres años; otro grupo de inversores presentó su propuesta. El Gobierno cree que, luego del nuevo aval que recibió ayer del Fondo Monetario Internacional (FMI), podrá refinanciar su abultada deuda con el organismo multilateral, aunque no consiga una alta aceptación en el canje que prevé realizar con los bonistas como para salir del default. Así lo explicaron a Infobae calificadas fuentes del equipo económico, que afirmaron que el comunicado de ayer del FMI, en el que se afirma que el Gobierno solo tiene un espacio limitado para subir su oferta a los bonistas, respalda su estrategia de mostrar que está negociando “de buena fe”. Hoy, la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Jozack, dijo que “todavía hay espacio para que la Argentina incremento sus pagos a los acreedores privados”. Ayer, el organismo dijo que ese “espacio” no debe vulnerar el esquema de sustentabilidad que planteó la Argentina, por lo que dio a entender que podría llegar a 50 dólares. En particular, el organismo afirmó que no puede haber una carga importante hasta 2024, justamente cuando el país debería terminar de pagar su deuda por USD 44.000 millones contraída a partir de 2018. Este concepto, clásico en las reestructuraciones de la deuda, es clave para que el organismo que lidera Kristalina Georgieva “acepte reestructurar la deuda de la Argentina”, a partir del programa firmado en el gobierno de Mauricio Macri.“Si están diciendo que actuamos de buena fe con los bonistas, tienen que aceptar postergar la deuda que tenemos con ellos”, aclaró la fuente oficial. Para el Gobierno, el otro significado importante del comunicado de ayer del Fondo es simbólico. “Los acreedores pensaban que tenían al FMI en el bolsillo, pero esto demostró lo contrario; el FMI está con la Argentina, no con ellos”, dijo la fuente. Por lo tanto, aunque Economía no pueda conseguir una alta adhesión entre los bonistas y el país siga en default por un largo tiempo, creen que el FMI avalará una postergación de los pagos del país al organismo. Al respecto, descartaron que el apoyo del staff y de Georgieva puedan encontrar obstáculos en el directorio del Fondo. “Nada sale sin el aval del board”, indicó el funcionario argentino. Al respecto, el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos, explicó semanas atrás en Infobae que el Gobierno pretende firmar otro stand by con el organismo para pagar la mencionada deuda en un plazo más extenso que el período 2021-2023 previsto en el stand by firmado en 2018. Posiblemente, buscará estirarlo otros cuatro años. Hoy, en declaraciones a diversas radios, Chodos dijo que “hay muchos en el FMI que reconocen que hay un problema” con el programa vigente, pero aclaró que también habrá inconvenientes con las condicionalidades que traiga aparejada la firma de un nuevo programa de refinanciamiento. Sobre la negociación con los acreedores, dijo no ser “pesimista, porque hay como un proceso de curvas que se van acercando lentamente. Y creo que la Argentina podría mover un poquito más la última oferta». Además, agregó que “la pérdida de capital es casi inexistente, por lo cual los acreedores no van a perder: van a ganar menos». En este sentido, como indicó Infobae, el Comité de Acreedores de Argentina (ACC) -integrada por Fidelity, Greylock, Hans Humes y Fintech- afirmó esta mañana que la oferta que le presentó al Gobierno respeta los parámetros que utilizó ayer el FMI en su nota técnica sobre la deuda. “La última propuesta del ACC se ajusta a la evaluación del FMI sobre la capacidad de pago de la República, al tiempo que requiere que Argentina realice un modesto esfuerzo fiscal anual de 0.2% del PIB, el cual se puede lograr fácilmente mediante la implementación de políticas económicas que promuevan el crecimiento”, afirmó. De inmediato, aclararon que “llegar a un acuerdo en tales términos sería mucho menos costoso para la economía argentina y su pueblo que permanecer en el estado actual de moratoria”. “En consecuencia, el ACC continúa creyendo que la mejor manera de avanzar es a través una resolución consensuada entre las partes”, expresó, para referirse en forma elíptica a su frustración porque el equipo económico no avanza en el diálogo, ni siquiera con ellos, que están a 3 dólares de la oferta oficial. Según este comité, la propuesta le brindaría a la Argentina “un alivio financiero de aproximadamente $35 mil millones en Bonos elegibles, y $70 mil millones considerando todos los instrumentos de deuda en moneda extranjera”. La semana pasada, los comités Ad Hoc liderado por BlackRock y el de los Exchange Bondholders presentaron una propuesta conjunta que tiene un valor cercano a los 60 dólares, 10 más que el techo al que pretende acercarse el Gobierno con su oferta “enmendada”. Hasta ahora, formalmente el Gobierno presentó ante la comisión de valores de EEUU una de 40 dólares, pero la semana pasada indicó en un comunicado que la revisó y se podía estirar hasta 47. Dado el comunicado del FMI, ese valor pasaría a 50, con el aporte de un cupón ligado al crecimiento económico o a otro precio, como el de alguna materia prima o de la variación de las exportaciones.

(Infobae) Para las consultoras, la inflación de mayo se ubicó por debajo del 2%, pero advierten que habrá una aceleración en los próximos meses
En ciudades del interior, como Bahía Blanca, la proyección fue de apenas 0,4% según datos de relevamientos privados. Contenida por los efectos de la cuarentena y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, la inflación de mayo volvería a mostrar un porcentaje por debajo del 2%, tal como sucedió en el mes de abril donde, según los datos del Indec, estuvo en un nivel de 1,5 por ciento. Los relevamientos de las consultoras privadas muestran que los números de mayo rondarían entre 1,6% y 2,2%. Pero, en algunas ciudades, el número llega a estar por debajo del 1%. Es el caso de Bahía Blanca, donde, de acuerdo a la medición de la consultora IPC Online de la ciudad bonaerense, la cifra fue de 0,41% mensual con respecto al mes anterior. La crisis derivada del aislamiento social obligatorio llevó a que varios rubros incluso bajen sus precios y ofrezcan numerosas promociones. Sin embargo, en los próximos meses prevemos una aceleración de la inflación mensual. El relevamiento fue realizado tomando como fuentes precios publicados online. La cifra de 0,41% es la más baja desde que la consultora comenzó las mediciones, en septiembre de 2014. “El número se debe más que nada a la enorme estabilidad en precios de alimentos, con muchos grupos de productos con 0% igual que el mes pasado; pero ahora registramos bajas fuertes en pollo y algunos cortes de carne que no fueron compensadas con alzas en otros grupos”, explicó el economista Juan Manuel Larrosa, de IPC Online. Y aclaró que los datos corresponden a los precios de lista online, que no necesariamente son los mismos que en las góndolas y los negocios barriales. En la consultora Econviews, la inflación de mayo fue de 2%, aun contenida por el congelamiento tarifario, el programa de precios máximos y un tipo de cambio. Pero señalaron que en las últimas semanas del mes comenzó a moverse. “La crisis derivada del aislamiento social obligatorio llevó a que varios rubros incluso bajen sus precios y ofrezcan numerosas promociones. Sin embargo, en los próximos meses prevemos una aceleración de la inflación mensual, al destaparse la olla a presión que implican las tarifas de servicios públicos congeladas, un tipo de cambio oficial que luce atrasado con una brecha muy amplia con el paralelo y negociaciones paritarias frenadas por la cuarentena”, indicó la economista Lorena Giorgio. Para la firma LCG, la medición de mayo fue de 1,8% nuevamente impulsada por los rubros de alimentos. Las subas registradas son más altas en comercios de cercanía y distribuidoras que en las cadenas de supermercados. “Mientras estemos en esta situación de confinamiento, el dinero circula lento, la actividad se deprime y, por lo tanto, hay muy bajo riesgo de aceleración en el cortísimo plazo. Pero sí hay mucho riesgo cuando uno mira hacia delante, en una eventual salida de la cuarentena”, aclaró Guido Lorenzo, socio de la consultora. El combo que puede acelerar la inflación, según detalló, es un mercado inundado de pesos y la necesidad de corregir el tipo de cambio nominal, sumado a un alineamiento de las tarifas y de los combustibles. «Da una sensación de una inflación reprimida y hay que ver cuál es la estrategia del BCRA para enfrentarla. El timing dependerá de cuánto dure la cuarentena”, agregó Lorenzo. Da una sensación de una inflación reprimida y hay que ver cuál es la estrategia del BCRA para enfrentarla. El timing dependerá de cuánto dure la cuarentena Desde la consultora Seido, estimaron un 1,6% para mayo, pero también advirtieron sobre una aceleración, las cifras de la segunda quincena del mes fueron más altas y estiman una suba para junio. En el caso de Analytica, la estimación arroja una suba promedio de 2,2%. “En la proyección del mes el componente núcleo es el que tracciona, pero el componente regulado está quieto por la orientación de la política fiscal. La inflación a diciembre que proyectamos es de 45%, principalmente explicada por la suba del tipo de cambio proyectado”, señaló Santiago Gambaro, economista jefe de Analytica.

(Ambito) Vicentin: ya hay tres grupos que pujan por el control de la agroexportadora en default. Además de Glencore, se sumaron CarVal, de José Luis Manzano, y otro que encabeza un ex CEO de Dreyfus. La firma agroindustrial Vicentin, que entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.500 millones, sigue acumulando ofertas de compra. Al interés de la multinacional Glencore se sumó el grupo inversor CarVal, que tiene detrás al exministro menemista José Luis Manzano y en paralelo apareció un reconocido empresario del agro argentino, Ciro Echesortu, ex CEO de Dreyfus, quien inició conversaciones con un grupo de acreedores de la firma para presentar una oferta de compra y hasta un plan para reactivar su operatoria en el corto plazo. En tanto y a pesar de que la empresa entró en default hace más de seis meses y atraviesa un complejo proceso de convocatoria de acreedores, sus dueños aún resisten. “Todas las ofertas de compra están bajo análisis, pero por el momento no hay ninguna preferencia. En el caso del grupo comandado por Manzano, ya había mostrado interés en diciembre cuando la firma entró en cesación de pagos, pero no se llegó a ningún acuerdo. Hoy todas las propuestas se escuchan, pero claramente la idea de los dueños es sumar un inversor y no vender, o en el peor de los casos no desmembrar la empresa”, detallaron fuentes de la empresa consultadas por Ámbito. Lo cierto es que el panorama para los dueños de Vicentin es cada vez más complejo porque no solo están siendo investigados por la justicia, sino que también la presión del sector es cada vez más fuerte para que los productores no vuelvan a venderle granos y eso se está haciendo sentir puertas adentro. Hasta el momento solo una de sus plantas logró volver a operar mínimamente para procesar a fasón unas pocas toneladas. La deuda financiera de Vicentin asciende a poco más de u$s1.100 millones y aquí el Banco Nación es su principal acreedor con casi el 80% del total, pero a la par también está su deuda comercial que suma otros u$s400 millones, integrada por cientos de productos agropecuarios y cooperativas que le vendieron granos a la firma que concretó el default más grande en la historia del agro argentino. La reticencia del sector productivo para volverle a vender granos a Vicentin e incluso, firmar el acuerdo extra judicial que la empresa todavía ofrece a sus acreedores -con quita del 50%- es la llave de éxito que tiene el grupo inversor comandado por Ciro Echesortu para quedarse con la compañía. El ex Ceo de Dreyfus conoce en profundidad los avatares del agro local y suma simpatía entre acopios y productores que conocen su larga trayectoria. En la vereda de enfrente el grupo inversor CarVal -que ya nada tiene que ver con la multinacional Cargill, tal como trascendió-, cuenta con un amplio conocimiento en reestructuración financiera y encuentra en Vicentin una oportunidad única de compra. La empresa que está actualmente en concurso de acreedores y con el grueso de su negocio paralizado, pierde día a día su valorización de mercado. Aquí jugaría fuerte Manzano quien ahora ronda también a un grupo de acopios de la zona núcleo para sumar adhesiones. En este marco, mientras se declara una clara puja entre tres grupos para quedarse con todos o algunos de los activos de Vicentin, días atrás volvió a aparecer en escena uno de los directores del Banco Nación, Claudio Lozano, quien firmó una carta junto a otros funcionarios, dirigentes políticos e intelectuales, en la que piden la intervención del Gobierno para que la firma agroindustrial se convierta en una empresa “pública no estatal”. Entre los firmantes ligados al campo, figuran el expresidente de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe; el titular de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), Juan Manuel Rossi; y el dirigente social, Juan Grabois. Por su parte, fuentes de Vicentin, tildan esta iniciativa como “una movida política de poco vuelo que no tiene un anclaje real” y remarcan que se siguen escuchando ofertas y en el caso de concretar una venta será “por la totalidad de los activos concursados, ni más ni menos”.