Guzmán está en 50 dólares “sucio” de NPV, y con el aval político de Alberto Fernández, negocia ciertas variables con un grupo de acreedores para tratar de cerrar un acuerdo robusto en los próximos días:

1. Pagar los intereses devengados del capital que vencen en 2020

2. Pagar cupón a partir de 2021

3. Incorporar en el prospecto del nuevo canje, la normativa que protege los derechos adquiridos de los bonistas 2005

4. Achicar al máximo la quita de capital

5. Eliminar el período de gracia

Alberto Fernández dialoga -directa o indirectamente – con tres grupos distintos de acreedores privados. A su favor ya cuenta con los bonistas que lidera David Martínez, y sabe que habrá conversaciones difíciles con los fondos encabezados por Monarch y BlackRock. Sin ellos, no habrá éxito en el canje y la sombra del default recorrerá la quinta de Olivos. El Presidente, a priori, tiene una hoja de ruta para desembocar en una cierre ordenado con los acreedores privados. Su plan es negociar con los bonistas hasta el lunes 10, después firmar convenios de confidencialidad (NDA) por 72 horas al menos, y por último, registrar la oferta oficial enmendada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que ya debería estar consensuada con los fondos de inversión. Alberto Fernández quiere anunciar la reestructuración de la deuda antes que concluya junio. Tiene a la Casa Blanca, el FMI, la Unión Europea, CFK, Massa e importantes referentes de la oposición -Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo- jugando a favor. “Sólo resta que Martín (Guzmán) patee bien el penal”, le dijo anoche a Infobae, un importante miembro de gobierno que casi no duerme y es fanático del fútbol.

(Infobae) La discusión por la deuda: hay USD 21.000 millones de diferencia entre la propuesta del Gobierno y la contraoferta de los bonistas. Eso es lo que tendría que pagar de más el Tesoro argentino a lo largo de 27 años si aceptara la contrapropuesta tal como fue presentada por los acreedores. Las negociaciones entre el Gobierno y sus acreedores privados para intentar un acuerdo que permita una reestructuración ordenada de unos USD 65.000 millones de deuda en moneda extranjera regida por leyes del exterior avanzaron en dirección a un acercamiento entre las partes, pero todavía hay una distancia importante entre las dos posturas. Al considerar la propuesta que un grupo de bonistas hizo pública el viernes pasado y la nueva oferta del Gobierno, hay una diferencia de USD 21.000 millones de dólares entre las dos alternativas. Eso es lo que tendría que pagar de más el Tesoro argentino hasta 2046 si aceptara la contrapropuesta tal como fue presentada. Las cifras son el resultado de un análisis de Gabriel Rubinstein & Asociados, que calculo el flujo de pagos futuros a los que quedaría obligado el Estado argentino en las distintas opciones de reestructuración. “En términos de flujos anuales acumulados (de bonos en moneda extranjera bajo ley extranjera) hasta 2046, última fecha de pago de intereses y capital de la oferta del Gobierno, la propuesta del grupo Ad Hoc prevé un flujo de u$s 107.237 millones (incluidos el pago cash de los intereses corridos hasta el 15 de mayo de 2020), mientras que la oferta del gobierno acumula pagos por u$s 86.196 millones, una diferencia de unos u$s 21.000 millones a lo largo de 27 años”, analizó el reporte que, aclaran sus autores, no incluye el costo del pago de cupones PBI que podrían ser agregados al menú a modo de “endulzante”. Comparando el perfil de deuda actual con el que se busca reestructurar, con la oferta enmendada del ministro de Economía Martín Guzmán el Tesoro se ahorraría USD 34.500 millones de aquí a 2030, el período en el que el FMI señala como aquel en el que se necesita el mayor alivio, y de USD 33.800 millones de ahorro total en pagos hasta 2046. La última contraoferta que hicieron pública los bonistas supone, en cambio, USD 27.444 millones de ahorro hasta 2030 pero USD 12.757 millones en total. Esto es porque la contraoferta carga una cantidad mucho mayor de pagos luego de 2030. Sin embargo, aunque la diferencia en juego no es menor, los autores de la estimación aseguran que en términos fiscales no es una brecha tan grande. Al menos no lo suficiente como para que la alternativa sea un “hard default”. “La diferencia promedio entre las dos propuestas es de un 0,11% al año del PBI de aquí hasta 2046. No es una diferencia despreciable, cuando se presentaron las primeras posturas era del 0,16% del PBI en promedio por año, pero no parece lo suficientemente grande como para justificar caer en un hard default que es mucho más costoso», dijo Pablo Repetto, director de Gabriel Rubinstein y Asociados. “Se puede seguir reduciendo ese margen entre las dos posturas, y sería deseable que así pasara, pero aún en estos términos es difícil imaginar que un esfuerzo fiscal extra de apenas 0,11% del PBI sea peor que caer en un hard default”, agregó. Otra manera de ver las diferencias entre propuestas es medirlo por valor presente neto de los bonos. La propuesta enmendada de Guzmán se acerca a un valor de USD 48 o por cada USD 100 de cada bono, mientras que la de los acreedores privados está más cerca de USD 60 por cada USD 100. “Hay una zona de acuerdo. Los acreedores estaban en torno a USD 70, ahora en USD 60, mientras que el Gobierno está en USD 48 o USD 49. Yo creo que hay un espacio para ir a USD 55 y cerrar un acuerdo, más allá de la negociación por las condiciones legales de los bonistas del canje que es otro tema distinto”, dijo Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma. “El diferencial es que dejarías de acercarte a esa zona sería de unos USD 10.000 millones a USD 12.000 millones de pagos extra respecto de tu postura actual, es una zona en la que los bonistas tendrían incentivo a cerrar. El riesgo ahora no parece ser que Guzmán acepte un acuerdo imposible de pagar, el riesgo más bien parece ser que por querer conseguir mucho más no llegues a acordar o lo hagas pero con un nivel de aceptación muy bajo que te deje en un default parcial”, concluyó.

(Clarin) Advierten que la diferencia con los bonistas es de entre 7 y 9 dólares por cada 100 y que las expectativas de acuerdo “han mejorado”. El próximo plazo legal es el 12 de junio, luego de que el Gobierno mejorar la oferta. La situación de las provincias. El Gobierno argentino busca por estos días cerrar un tema primordial: la deuda con los bonistas extranjeros. Claro que cuando a principio de año se definió la estrategia, nadie podía prever en aquel momento que una pandemia como la del coronavirus iba a paralizar prácticamente al mundo entero.  En ese contexto, las negociaciones con los bonistas internacionales se extendieron más allá de las fechas límites establecidas a priori, con el objetivo de acercar posiciones más allá del rechazo inicial y evitar así un nuevo default para el país. En los últimos días, la propuesta elaborada por el ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán incluyó algunos “endulzantes” para “seducir” a los grupos más duros hasta este momento. Así, logró extender el plazo legal de negociación hasta el 12 de junio. La nueva oferta incluye un recorte de capital del 7%, para los bonos globales con vencimiento en 2030, y 5% de recorte de capital para los bonos globales 2035 y 2046. Los bonos emitidos en años previos, en tanto, no tendrían recorte. Uno de los “endulzantes” que ofreció el Gobierno argentino es la disminución del período de gracia a dos años en lugar de tres, previsto en la oferta inicial del ministro Guzmán. Asimismo, el rango del Valor Presente Neto (VPN) que ofrecería el gobierno argentino, podría ubicarse entre USD 45 y 50 dólares por cada 100.

(Ambito) La alternativa que analiza Economía: cerrar el canje con una aceptación menor al 75%. Hoy vence período de confidencialidad. Entre u$s4.000 y u$s5.000 millones separan a las partes de un acuerdo. Clave, la cláusula de «reasignación». La negociación entre la Argentina y los acreedores parece entrar en un sprint final. Las partes terminan hoy de cerrar el último período de confidencialidad el que, mientras no haya fumata final, podrá renovarse siempre que ambos sectores estén de acuerdo. A la foto actual, la posibilidad del acuerdo está a entre u$s4.000 y u$s5.000 millones de distancia, muy poco dinero como para que el éxito final se escape. Pero sabiendo que no todos los acreedores están de acuerdo con llegar a ese momento del apretón de manos final, desde el Gobierno de Alberto Fernández se estudia una alternativa para que, de no llegarse al 75% obligatorio, igual haya avances definitivos en la negociación. El Ministerio de Economía tiene en mente una jugada efectiva, pero algo riesgosa: dar por cerrada la negociación con los acreedores en aquellos títulos públicos donde el acuerdo alcance o supere el 75%; anunciando un resultado final positivo y un acuerdo primario. Aún con un nivel importante (pero no mayoritario) de tenedores de deuda pública emitida bajo legislación internacional fuera del apretón de manos final. Luego, las negociaciones continuarían, cada vez que los acreedores que no aceptaron la propuesta quieran ingresar. La idea se basa en una de las novedades que Martín Guzmán trajo al sistema financiero internacional desde la academia, y como mecanismo de protección para su prospecto de renegociación de la deuda. Se trata de la inclusión en la presentación oficial del 21 de abril, del derecho del Gobierno argentino de “reasignar” bonos, excluyendo del acuerdo final a aquellos títulos públicos donde no hay acuerdo y que, por su volumen de rechazo, le impidan alcanzar un porcentaje de aceptación final superior al 75%. Esta cláusula, llamada de “reasignación”, incluye todos los títulos que están en negociación y le aseguraría a la Argentina que logrando una masa crítica importante (se calcula que nunca menos del 65% global promedio), podría retirar del acuerdo final a aquellos papeles que no concitaron un volumen alto de adhesión de los acreedores, e igual presentar el proceso como terminado bajando sustancialmente el umbral de aceptación final. Al menos en una primera etapa. De esta manera se excluirían del acuerdo aquellos bonos en los que no se consiguieron la mayoría de las aceptaciones requeridas, bajo la promesa de analizar la situación particular de esa deuda más adelante, pero sin que esto complique la resolución del canje en los papeles donde hay acuerdo. En el panorama actual, los bonistas con papeles “cortos” (con vencimiento hasta 2030) emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri se liberarían rápido; los de más largo plazo tendrían un tratamiento más complejo, lo mismo que la deuda correspondiente a los tres gobiernos kirchneristas. Si, por ejemplo, la Argentina decidiera cerrar el canje con una aceptación de los bonos M de mediano plazo por u$s30.000 millones en manos de fondos de inversión que acepten la propuesta, dejaría afuera a los tenedores particulares. Se anunciaría un canje exitoso ya que habría más de un 75% de aceptación, pero para el caso de los bonos que se decidió dar por cerrada la operación, alcanzándose el umbral mínimo requerido. Según la línea argumental de la Argentina, sería un proceso legal de acuerdo con los lineamientos del canje expuestos en la oferta original de Guzmán, siempre que desde el otro lado haya bonistas que lo acepten (los que ingresen al canje). Sin embargo, dejaría abierta la posibilidad de la alternativa judicial para los que hayan quedado fuera. Recuerda el especialista Sebastian Maril, director de FinGuru, que esta idea que impulsa Economía no ha sido común en los anteriores procesos de reestructuración de deuda internacional normal ya que “la clave siempre tiene que ser que los niveles mínimos de aceptación estén uniformemente aplicados”. En este caso, según los términos clásicos de las reestructuraciones, el 75% de aval debería ser global y tomando toda la deuda a reestructurar. Según fuentes oficiales, la estrategia incluye dejar abierta la oferta, con lo que legalmente la propuesta no tendría vencimiento concreto y se extendería en el tiempo indefinidamente. Aunque no evitaría presentaciones judiciales ante el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, sí podría trabarlas en una maraña jurídica sin antecedentes en ese ámbito donde gobierna hoy la jueza Loretta Preska. La Argentina se jugaría a empantanar eventuales juicios, jugar a cierto desgaste de los acreedores que no hayan aceptado la oferta, pero dejando siempre la puerta abierta para que estos acepten el acuerdo que antes ya habrían firmado la mayoría de los fondos de inversión y tenedores de deuda particulares. La estrategia fue avalada por el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), que llegó a la Argentina vía la procuración del Tesoro de Carlos Zannini (encargado de la representación legal del país ante eventuales juicios en el exterior). Para que la idea funcione es imprescindible mantener una de las cláusulas principales que incluyó Martín Guzmán en su propuesta original ante la Security and Exchange Commission que venció el 8 de mayo, y que aún se mantiene firme. Es la que extiende la cláusula “antibuitre” incluida en toda la deuda argentina emitida desde 2016 en adelante, a los bonos lanzados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Y que, en consecuencia, toda la deuda en vías de negociación necesitaría para abrir una instancia judicial, una acción colectiva socializante, difícil de conseguir si el canje planteado por Guzmán arañe, aunque sea, el 70%. Saben desde CGS&H que la instancia judicial podría complicarse en algunas circunstancias particulares. Por ejemplo, podrían considerarse perjudicados los tenedores de algún bono a reestructurar y que hayan aceptado la propuesta de Guzmán, pero que luego hayan sido excluidos del canje porque se decidió quitar del acuerdo final a ese papel para alcanzar el 75% aduciendo la “cláusula de reasignación”. Serían bonistas que aceptaron la oferta, quieren cobrar según el plan oficial, pero quedarían excluidos de ese teórico derecho adquirido por la aplicación de esa cláusula. También podrían considerarse perjudicados los que consideran que recibieron un bono no querido, ya que la cláusula incluye también el derecho del Gobierno argentino de incluir a un inversor en un titulo público, si este superó el 75% de adhesión. Los terceros motivos de eventuales juicios son los clásicos: cláusulas de aceleración, falta de pago o la cláusula Rufo no incluida. En todo caso hay algo seguro en este proceso. Difícilmente, y tal como ocurrió en el proceso de 2005 y 2010, todo termine con el eventual acuerdo final al que están por llegar Guzmán y los tenedores de deuda incluidos en la mesa de negociación. Es muy posible que la Procuración y el estudio CGS&H deban trabajar a destajo por años.

(Infobae) Alberto Fernández, a empresarios: “Hablen con sus gerentes para que traigan los dólares que compraron” Fue la respuesta del Presidente ante el reclamo casi generalizado de los ejecutivos que ayer fueron a Olivos, ante las dificultades para acceder al mercado cambiario para importar. El Presidente aseguró que si hay trabas son “coyunturales, hasta que se arregle la renegociación de la deuda”. Si bien el encuentro de diez empresarios de primer nivel con el Presidente en Olivos fue a agenda abierta, la situación del dólar y el acceso al mercado cambiario pasaron a concentrar rápidamente el centro de la escena. La respuesta de Alberto Fernández ante los reclamos por las dificultades para importar fue con buen tono pero contundente: “Por qué no hablan con sus gerentes para que traigan los dólares que estuvieron comprando”, les dijo dirigiendo su mirada a Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), ante un comentario previo del hombre de negocios. Una suerte de reproche por la escalada que tuvo el tipo de cambio a través del “contado con liqui” y que lo hizo subir hasta casi $ 140 a mediados de mayo. Enseguida buscó poner paños fríos el ministro de Producción, Matías Kulfas: “Para los que precisen importar insumos para la producción no habrá dificultades, quedensé tranquilos”. Y también se mostró optimista sobre la evolución del tipo de cambio: “No deberíamos tener nuevos saltos del dólar». En silencio asentía Martín Guzmán, que evitó dar pistas sobre cómo sigue la renegociación de la deuda. El Presidente reconoció en el mismo encuentro que las trabas que puedan existir para el acceso al mercado cambiario para importar son sólo “coyunturales”: “Una vez que esté solucionado el tema de la deuda vamos a volver a la normalidad. Nosotros siempre fuimos favorables a poder arreglar”. Matías Kulfas aseguró a los empresarios que no habrá problemas para acceder al mercado cambiario si el objetivo es importar insumos para la producción. Pero en la práctica está todo frenado. Alberto Fernández aseguró que son problemas “coyunturales” y se mostró confiado en arreglar la deuda. Varios de los diez empresarios que asistieron a la reunión se fueron bien impresionados por varios comentarios que realizó el Presidente, por ejemplo cuando dijo que quiere que “a las empresas les vaya bien, que generen riqueza y empleo”. También adelantó que están pensando en una reforma tributaria “con menos impuestos, con un esquema más simple pero que haya más gente que pague”. Varios ejecutivos se vieron cara a cara por primera vez con Alberto Fernández y destacaron el tono cordial del encuentro. La Comunicación «A» 7030 del BCRA, que generó la discordia, no será modificada en sus aspectos centrales, según se preocuparon en aclarar desde la autoridad monetaria. Pero sí se analizarán mecanismos para aceitar los procesos, ya que la traba se produce en los bancos comerciales. “Hay muchas dudas sobre la interpretación de la norma y tendríamos que aclarar algunos temas que generan dudas», reconocen. El titular de la UIA, Miguel Acevedo, fue el que planteó directamente esta preocupación en la reunión de Olivos, pero hoy tendrá un nuevo “round”, ya que tendrá un encuentro mano a mano con el titular del BCRA, Miguel Pesce. Se espera que el funcionario reitere aproximadamente los mismos términos expresados en el encuentro con Alberto Fernández. Es decir que el objetivo no es afectar las importaciones de insumos, sino evitar otro tipo de situaciones que impactan directamente en el nivel de reservas del Banco Central. Por lo pronto, aquella normativa polémica obliga a las empresas que tienen deuda en el exterior a pagar primero con los dólares que hayan ahorrado a través de la compra vía mercado bursátil. Es decir que las compañías que hayan efectuado “contado con liqui” tendrán que primero utilizar esos dólares para hacer frente a sus compromisos en moneda dura antes de pedirle los recursos al BCRA.

(Ambito) Dólar: controles traban importaciones y contaminan la toma de decisiones. Siguen los dimes y diretes sobre la normativa del BCRA. Preocupa mayor caída de importaciones. No hay duda de que las últimas medidas cambiarias del BCRA sacudieron el avispero. Desde el viernes pasado se intensificaron las consultas de empresas e importadores a los principales estudios legales especializados en comercio exterior y cambios. Como prueba de la agitación que provocó en el mercado la Comunicación “A” 7030 del BCRA basta con señalar que, en las últimas horas, hubo prácticamente un “boom” de “Zoom” sobre los controles cambiarios que incluso desplazaron a las charlas y video conferencias sobre el canje de la deuda. Hay que recordar que el jueves pasado, fecha de emisión de dicha Comunicación, el BCRA llegó a vender u$s103 millones de las reservas y faltando contabilizar una jornada ya perdió u$s958 millones en mayo. Al anochecer del jueves se conocía la “7030”. De ahí en más todo fue entre caótico e inquietante. Ante la duda, los bancos frenaron las operaciones. Las empresas no sabían cómo proceder ante los cambios. En realidad, nadie sabía y por ello todo pasó como a un cuarto intermedio. El lunes pasado los bancos presentaron al BCRA una serie de consultas, sobre todo para clarificar tema de montos y de fondos prendados en el exterior, pero hasta ayer no habían tenido respuesta. Algunas entidades, tímidamente, comenzaron a operar con las nuevas declaraciones juradas (DDJJ) exigidas por la nueva normativa. Mientras tanto, bancos, empresas y consultores se entrenan al nuevo estilo del BCRA de Miguel Pesce, de “normar a la noche” al viejo estilo cavallista de los 80 y 90. Ante el drenaje de reservas, que descendieron por debajo de los u$s42.500 millones brutos (el sector privado estima en u$s4.000 millones las reservas netas líquidas) estaba claro que algo iba a pasar y ocurrió. Pero el remedio puede terminar, quizás, afectando más el nivel de actividad y la inflación futura, ya que no puede soslayarse que más del 75% de lo que se importa son insumos, de ahí, que se puede estar hipotecando parte de la futura recuperación. Incluso, ayer un prestigioso economista comentaba a clientes que ni se estaban vendiendo algunos bienes importados ni con dólares billetes, como muestra del desconcierto local. Por lo pronto, el objetivo del BCRA se va cumpliendo, frenar la pérdida de reservas, ya que desde el viernes pasado hasta ayer la mesa de operaciones de ente monetario terminó con posición compradora acumulando unos u$s460 millones. Fuentes oficiales señalan que lo visto en abril y mayo, en términos de importaciones, justifica los cambios: se importó por u$s5.800 millones y los importadores accedieron a divisas por u$s7.500 millones. O sea, se habrían pagado importaciones por un 30% más del volumen importado. Ahora bien, es el huevo o la gallina, por algo lo hicieron. Las brechas cambiarias y la incertidumbre influyen en la toma de decisiones. Pero al margen de las idas y vueltas del BCRA resulta útil bucear sobre las peripecias que están viviendo las empresas, sobre todo por lo que puede acontecer. Podemos resumir, algunas de las principales, en las siguientes. En cuanto a las restricciones a las importaciones, los trámites de importación están teniendo inconvenientes, ya desde marzo, por la cantidad de “observaciones” que reciben de la Secretaría de Comercio bajo el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que otorga las licencias automáticas y no automáticas. Lo que les llama la atención es que debería ser la AFIP, que es la autoridad de aplicación, quién analice la situación del importador y su capacidad económica financiera para efectuar la operación que pretende cursar. Algunos especialistas les aconsejan exigir vía administrativa una explicación a la Secretaría previo a la instancia judicial. Al día de hoy, parece que muy pocos casos se han habilitado. Existen trámites exceptuados del Régimen de licencias de importación pero que se están viendo afectados por otras “observaciones” suspendidas del régimen, ahí recomiendan la vía cautelar. Respecto del control de cambios, la “7030” requiere que se realice un análisis anticipado de cuándo se requerirá el acceso al MULC porque el BCRA debe corroborar si se poseen Activos Externos Líquidos Disponibles y consumirlos previamente a solicitar el acceso al MULC, luego si fuera necesario solicitar divisas al BCRA deberán presentarse Declaraciones Juradas (DDJJ) para poder evitar que el pedido se supedite a su conformidad previa. Además hasta el próximo 30 de junio las importaciones requerirán conformidad previa del BCRA, salvo que se cuente con la DDJJ donde se establece que el monto es inferior a las importaciones desde el 1 de enero pasado hasta el día previo al acceso al MULC. También el pago de deudas requerirá autorización previa del BCRA hasta el próximo 30 de junio. Así es la maraña del nuevo proceso en líneas generales porque la letra chica implica tener un posgrado en burocracia y legislación de comercio exterior y penal cambiario. En síntesis, todo está prohibido, según los especialistas, cuando el pago está sujeto a conformidad previa o DDJJ. El problema es que el BCRA reguló para atrás. Las empresas reconocen que no hay “letra chica” sino sencillamente se afecta el acceso al mercado de cambios, y ello es clave para empresas con obligaciones con el exterior. Por eso hubo una avalancha previa de cancelación de deudas y préstamos. La “7030” del BCRA restringe aún más el mercado de cambios bajo un lema simple “no me pidan dólares si tienen dólares”. El problema es que pese a que una empresa use sus dólares debe presentar DDJJ de que tiene todos los activos externos depositados en el país más el compromiso de liquidar en el MULC a los cinco días de que cobre un plazo fijo o préstamos o venda activos. Ahora la DDJJ tiene un mayor alcance porque habla de “activos” no solo externos. Otros de los efectos colaterales es que ahora las empresas e importadores deben analizar “concienzudamente” las DDJJ que presentan. Algunos funcionarios bancarios, sobre todo de sucursales, que no conocen ampliamente la legislación vinculada, en aras de ser expeditivos les recomiendan a los clientes poner “cualquier cosa, total quién lo va a controlar”. Craso error. Sobre todo porque entra a terciar la ley penal cambiaria. También ahora se están despachando que aquellas empresas que recibieron algún subsidio del Estado por la pandemia, quedaron a expensas de nuevas normas pasibles de sanción. De ahí que muchas comenzaron a devolver créditos promocionales o subsidiados recibidos en estos meses.

(Ambito) Deudas en dólares: cómo se tienen que pagar. Las deudas en dólares comienzan a despertar gran preocupación tanto para acreedores como para deudores. Las deudas en dólares comienzan a despertar gran preocupación tanto para acreedores como para deudores, motivando un universo de consultas de aquellos que deben dinero en moneda extranjera y también de quienes buscan cobrar en dólar billete. Entre las preguntas más frecuentes que recibimos los abogados que abordamos esta problemática en ascenso están: ¿Debo pagar una deuda en dólares con billetes? ¿Puedo cancelar la deuda pagando con pesos? ¿Es lo mismo deberle a una persona particular que a un banco? Destaco que el conflicto todavía está gestándose porque sus consecuencias aún se encuentran aplacadas, en parte, gracias a la feria judicial que se viene dilatado desde el comienzo del aislamiento. Tenemos un gran problema: una fiera enjaulada y hambrienta pero todavía sedada. Corremos con algo de ventaja, pero no mucha. El problema está lejos de disiparse, por el contrario, es una olla a presión que suma temperatura a medida que crece o se mantiene la brecha entre el valor del “dólar blue” -que es ilegal, aunque algunos lo maquillen con nombres edulcorados como “dólar informal”- y el precio oficial de la divisa.Las dudas suenan como alarmas a medida que el conflicto galopa: por un lado, quienes tienen un crédito a cobrar, pretenden recuperar ese dinero que prestaron antes de que las condiciones de sus deudores empeoren en el contexto de la crisis; y por el lado de quienes han solicitado un préstamo en la divisa estadounidense, también ellos buscan respuestas y salidas elegantes -o lo menos gravosas posible- atento al perjuicio que podría ocasionarles tener que cubrir esa deuda en lo inmediato, cuando el precio de los dólares alternativos están en alza. A la vez, estas preguntas generan nuevos cuestionamientos: ¿Qué valor del dólar se toma frente a una deuda en moneda extranjera? El dólar blue, que como dijimos es ilegal, ¿puede ser una referencia? Y aún estando al margen de las normas, ¿tiene sentido tomarlo como parámetro de la realidad? ¿Se puede tomar el precio del “contado con liqui” o “Mep”? ¿Qué pasa con las cláusulas que se utilizaron tomando como referencia la cotización en las plazas de Montevideo o Nueva York? ¿Cómo juega entonces el dólar oficial? ¿Se puede hacer un “mix”? ¿Cómo adquirir dólar billete en este contexto? ¿Cómo hacerlo frente a las restricciones impuestas por las autoridades monetarias? Las deudas más comunes que hoy pueden generar un conflicto judicial son préstamos Hipotecarios en dólares, préstamos de dinero en dólares (mutuos), saldos de boletos de compra y venta en dólares y reconocimiento de deudas en moneda estadounidense.

Que dice el Código Civil y Comercial
El artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que «la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal».
Debemos aclarar que hay opiniones de juristas y jurisprudencia que determinan que el mencionado artículo no es de orden público, lo que llevaría a concluir que pueden las partes decidir sobre el modo de cumplimiento de esa obligación (renunciando o dejando de lado, por ejemplo, la cancelación de dicha obligación en pesos, caso en que el acreedor se vería beneficiado). Diferente es el caso si nada dijeron y solo se menciona que la deuda es en dólares, donde podrían recurrir al pago en pesos al tipo de cambio oficial, situación más ventajosa para el deudor.
Por su parte, el artículo 766 determina que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, lo que abre la puerta a que la obligación sea exigida -para su cancelación- en dólares billetes o su valor para conseguirlo. Hay que tener en cuenta que, en general, cuando se hace referencia a esta norma, se pacta como condición esencial de la obligación, lo que sellaría la fortuna en la interpretación del contrato. También suelen pactarse cláusulas como que en caso de no poder conseguir la divisa en billete, la parte deudora se compromete a pagar con los pesos necesarios para adquirir los dólares en plazas intencionales como Uruguay o Estados Unidos. Es de estilo leer cláusulas que fijan que se cancela la deuda mediante la adquisición de títulos públicos que se compran en pesos en Argentina como vehículo para adquirir la moneda extranjera.
El contrato firmado por las partes es la pieza principal que debe estudiar el abogado a la hora de determinar cómo, cuándo, dónde y de qué forma se cancela la obligación. Para dar una opinión de un caso concreto debemos analizar el documento que firmaron el deudor y el acreedor. Más allá de este parámetro básico, es imprescindible poner en contexto y situarse en él para obtener el mejor resultado posible. En este marco, negociar cobra especial valor e interés para llegar a un punto de acuerdo satisfactorio, un equilibrio en donde no se produzca una sangría para ninguna de las partes. No todas las respuestas están en la letra de las leyes, por eso, y en el inexorable contexto de incertidumbre que hoy se vive -y que promete continuar-, resulta imperioso apelar a la buena predisposición y al ingenio jurídico para plantear soluciones alternativas que además de concretas, sean posibles.

(Clarin) En junio vencen $ 220.000 millones en pesos y suman presión a la emisión monetaria. Es con el sector privado. En el mercado confían en que el Gobierno buscará avanzar con licitaciones para hacerse de recursos frescos y no descartan que lancen canjes. En medio de las negociaciones con los acreedores bajo legislación extranjera, junio emerge como el mes más complejo en términos de vencimientos de otra de las aristas de la deuda: la denominada en pesos. Durante este mes los vencimientos con el sector privado llegan a $ 220.000 millones, bastante por arriba del promedio de deuda a afrontar durante la última parte del año. De hecho, con la foto a hoy en el segundo semestre los vencimientos son por entre $ 40.000 millones y $ 100.000 millones, excepto en noviembre, que ascienden a $ 150.000 millones. No obstante, estos montos se irán actualizando a medida que las licitaciones de las próximas semanas logren postergar pagos y los coloquen sobre los meses que queden de 2020. El Gobierno buscará rollear (postergar los pagos para más adelante) los vencimientos de junio y en el mercado, incluso, no descartan que se ponga en práctica un canje para uno de los títulos en particular, tal como ya se hizo en los últimos meses con algunos instrumentos. Es que en caso de tener que afrontar estos vencimientos, sumarían presión ya que implicaría una mayor emisión monetaria, en medio de la necesidad de aumentarla para afrontar el mayor costo de la pandemia del coronavirus.Una fuente del Ministerio de Economía aseguró que en mayo los vencimientos con el sector privado ascendieron a $ 58.285 millones y que se emitieron títulos por $ 135.311 millones, por lo que hubo un financiamiento neto positivo, es decir, entraron recursos frescos. Además, se llevaron a cabo dos canjes en mayo, incluido las de las títulos en dólares por otros en pesos. “Como resultado de estas dos operaciones se redujo el stock de Letras en dólares en un 26,6% respecto a diciembre”, agregó la fuente. Sobre los vencimientos que se avecinan, mencionó que si bien son “desafiantes”, el segundo semestre luce más despejado que el primero. “Las obligaciones con los tenedores privados suman $ 443.000 millones (la mitad de los vencimientos del primer semestre)”, señaló. Federico Furiase de EcoGo sostuvo que el Gobierno intentará hacer “roll over de vencimientos con nuevas licitaciones de bonos y probablemente algún canje voluntario para tratar de descomprimir”. Mencionó que la mejora en los bonos en pesos ayuda a acercar las puntas entre las tasas del mercado y las que ofrece el Gobierno, pero que todavía falta. Por lo tanto, “si bien no es el objetivo, siempre hay cierto riesgo de reperfilamiento compulsivo cuando hay un vencimiento puntual tan grande de un bono con alta exposición en tenedores del exterior”. Se refería al de bono del Tesoro que ajusta por tasa de política monetaria (TJ20), que implica un vencimiento por unos $ 130.000 millones el 21 de junio, describieron desde Delphos Investment. Es que de otra manera, si hubiera que afrontar el pago, implicaría “una emisión monetaria fuerte que podría meterle más presión a la brecha cambiaria”, agregó Furiase, y señaló que “una evolución favorable de la negociación de la deuda en dólares con los acreedores privados ayudaría muchísimo a rollear los vencimientos vía licitaciones o canje voluntario”. En Delphos Investment calificaron de “mes complicado” a junio por la deuda a afrontar en pesos. Identificaron que, del cronograma de licitaciones que anunció el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán, debido a la distribución de los vencimientos, las licitaciones se concentran en la segunda parte del mes. Las fechas a tener en cuenta de las operaciones son el 11, el 18, el 26 y el 29 de junio. “Se pueden observar 3 grandes vencimientos. El primero importante es el del 16 de junio, donde vencen poco más de $ 50.000 millones; luego, 22 vencen $ 28.000 millones. Sin embargo, la parada más complicada es un día antes con el vencimiento del TJ20 por casi $ 130.000 millones”, señalaron. “De no acumular el capital necesario, no sería raro que para el caso del TJ20 se lance algún tipo de canje similar al observado en grandes vencimientos anteriores”, agregaron. El plan B que tendría el Gobierno, no obstante, sería acudir a la emisión monetaria: con cambios técnicos que introdujo el Banco Central en diciembre, puede llegar a emitir a lo largo del año $ 1,5 billones, entre transferencias de utilidades al Tesoro y otros recursos, que luego podría sacar de circulación con otros instrumentos de política monetaria.