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(Infobae) Cómo puede usar el Gobierno a Vicentin para influir sobre el dólar y el mercado de granos Si el desembarco en la empresa exportadora de cereales y oleaginosas es exitoso, el Gobierno puede ganar la capacidad de acelerar liquidaciones de divisas en momentos puntuales. También la de adelantar las ventas de productores, pero al costo de pagar de más,. El Gobierno explicó la decisión de avanzar con la intervención de la agroindustrial Vicentin y con el envío de un proyecto de ley para su expropiación en la posibilidad de transformarla en una empresa “testigo en el mercado de granos y testigo en el mercado de cambios”. La empresa es la sexta exportadora agroindustrial del país, con 8,4 millones de toneladas exportadas en 2018 y 2019, el 9% del mercado. Pero además, le permite transformarse en un jugador en el mercado cambiario, la empresa volcó USD 3.000 millones en liquidaciones de exportaciones. En momentos de escasez de divisas y reservas blindadas por trabas a las importaciones muy costosas en materia de actividad económica, en el Gobierno confían que al poner un pie en ese mercado pueden impulsar la oferta de dólares en el mercado cambiario, en los momentos en el que el resto del sector agropecuario prefiere el silobolsa y esperar a mejores condiciones. La pregunta entonces que desde el sector agropecuario se hacían operadores del mercado, empresas y productores era qué tanto poder puede obtener el Gobierno al poner un pie en el negocio de la exportación de granos. Las respuestas estaban divididas. El temor de algunos de los operadores era la posibilidad de una reedición de la Junta Nacional de Granos creada después de la crisis del 29 y que establecía los precios a los que podían vender los productores. Pero el poder de fuego que heredaría el Gobierno de parte de Vicentin en caso de lograr aprobar la ley de expropiación y de sortear las dificultades legales que pueden llegar a interponer sus actuales dueños no sería tan grande como para digitar al mercado. El año pasado la exportación de cereales alcanzó liquidaciones de exportaciones por USD 23.700 millones, si se toman sólo las ventas informadas por los miembros de la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), de la que Vicentin forma parte. La cámara no hace público el detalle de ventas de cada uno de sus miembros, pero en base a datos de la Bolsa de Rosario que se enfoca en toneladas vendidas se puede estimar que la empresa explicó unos USD 3.000 millones de esa oferta de divisas en el mercado cambiario. Es aproximadamente el 9% del mercado de granos y una porción aún menor de exportaciones que el año pasado estuvieron apenas por debajo de los USD 65.000 millones en total. “Podría digitar el ritmo de liquidación de las exportaciones de la propia empresa y, dada la necesidad, pagar un poco por encima a los productores para apurar ventas al exterior en momentos en que están reteniendo cosecha, quizás, en ese sentido, ganar algo de participación en el mercado”, dijo un broker de Matba-Rofex que prefirió no ser identificado. “Algún grado de incidencia puede tener de esa manera, modificando los precios a los que se opera”, agregó. Sin embargo, la opinión generalizada es que el poder de fuego -al menos de mercado- será limitado. “Puede desviarse del precio del mercado por un tiempo, quizás apurar en un momento dado algo de la liquidación de dólares de la cosecha, pero no lo puede sostener por mucho tiempo al precio diferencial sin que le genere un quebranto”, añadió un economista de una de las instituciones más importantes del mercado de granos, que también prefirió el anonimato. “No parece una incidencia enorme, pero si a algo que puede sacar al Gobierno de alguna situación puntual. Por ejemplo, en la cuarentena el Banco Central vendió USD 1.500 millones de reservas por la suba del paralelo, el freno a la liquidación de exportaciones y el adelanto de importaciones. Para el mercado eso no es mucha plata, esos puntos los podés llegar a salvar con una empresa de este tamaño”, agregó. El ritmo de liquidación de divisas de exportadores, que en momentos de expectativa de devaluación tiende a detenerse, es una de las obsesiones del hoy ministro Matías Kulfas a la hora de analizar problemas cambiarios. “No lo entienden como un problema macro, que no hay instrumentos en pesos que le ganen a la inflación ni un mercado de inversión local. Retrasar la venta de la cosecha es una forma de ahorro de productores que ven que obtener pesos por su producción a veces no tiene sentido si no es necesario para un gasto inmediato, es sólo que no tienen dónde ahorrarlo”, dijo el mismo economista. Entre los pares de Vicentin, mientras tanto, agregan que el poder de fuego ya se redujo cuando recientemente la compañía, ya en problemas, vendió una fracción de su operación a la suiza Glencore en la planta de Renova, la mayor planta de procesamiento de soja del país. “La joya de la flota era Renova, y hace poco Vicentín vendió parte de sus acciones para quedarse con el 23% de esa empresa, el resto se lo vendió a Glencore. El Estado será, a lo sumo, una opinión más en esa parte de la empresa, la principal”, dijeron. “De hecho, nos alegra que como socio de Renova pueda experimentar en forma directa lo difícil que es la operación del sector con condiciones cambiarias e impositivas totalmente contrarias a la exportación”, se burlaron. En un banco, mientras tanto, entienden que la medida no busca otra cosa más que aumentar la capacidad de exportación de la empresa con el objetivo de tener el control del momento en el que los dólares se liquidan. Pero en cuanto al peso en el mercado cambiario, entienden, puede ser limitado. “Si está bien administrada, pueden digitar los tiempos, pero no todo el mercado”, dijeron. “La principal ventaja que les da es la de poder ver al mercado, algo que siempre les faltó, que es tener el ritmo de cómo se vende, cuándo, cuánto y en qué precios, qué están haciendo los demás y en base a eso a lo sumo habilitar más información para control, pero no una junta de granos”, dijeron.

(Ambito) Gobierno quiere a Glencore como socia. Alberto Fernández tomó la decisión de avalar la permanencia de Glencore como socio de la futura empresa que formarán, si el Congreso aprueba la nacionalización, dentro de la futura base de YPF Agro. El Gobierno intentará una jugada difícil, pero que de salir bien, blanquearía ante el mundo la intención de avanzar sobre Vicentin. Alberto Fernández tomó la decisión de avalar la permanencia de Glencore como socio de la futura empresa que formarán, si el Congreso aprueba la nacionalización, dentro de la futura base de YPF Agro. La idea es que Glencore sea el socio minoritario del proyecto que mantiene con la empresa que hasta ahora manejan las familias Nardelli y Padoan: la joint venture Renova. Se trata de dos plantas en Santa Fe, Timbúes (molienda de soja) y San Lorenzo (biodiésel y glicerina). Hoy Glencore es dueña de dos tercios de las plantas, luego de avanzar el año pasado en la compra de la mayoría de las acciones ante las dificultades de Vicentin. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, invitó formalmente ayer a la firma a permanecer en el futuro dentro de la compañía, poniendo como ejemplo a las sociedades que YPF mantiene con otra petrolera como Chevron. “Si es una situación favorable, ¿por qué no?”, dijo el funcionario en declaraciones radiales. La posición de no enfrentar a la compañía europea e invitarla a formar parte del futuro negocio que planea el Gobierno -en el caso que el Congreso apruebe la estatización- nace de dos motivaciones: el peso de Glencore en el mundo, la batalla judicial que se viene y el precio que habría que pagarle si se le compraran sus acciones. En el primer caso, los números de la compañía ameritan que cualquier operador económico quiera tenerla como socia. Facturó, a números de 2019, unos u$s200.000 millones; casi la mitad del PBI argentino. Maneja el 25% de los mercados de cebada y girasol a nivel mundial, el 10% del trigo, el 50% del cobre y el zinc, el 28% del carbón para centrales eléctricas, el 38% del aluminio y el 45% del plomo. No sería descabellado pensar que, eventualmente y si la sociedad funciona, haya alianzas para que Glencore se dedique también a colocar producción argentina en esos sectores en los mercados mundiales que domina. Sobre la cuestión judicial, entienden los abogados argentinos que la suiza no sería legalmente responsable de ninguna de las operaciones posiblemente ilegales en las que habría incurrido la conducción de Vicentin (ver nota aparte). Esto implica que, de nacionalizar la compañía, Glencore debería ser indemnizada en sus acciones, las que, como mínimo, implicarían un desembolso de entre u$s400 y u$s500 millones. Ese sería el precio que Glencore les puso a sus acciones en Renova, al intentar comprar la parte minoritaria de Vicentin en abril, por unos u$s325 millones. Obviamente, los suizos no aceptarían menos, ya que esa propuesta había sido rechazada por la Justicia como baja, y desde Suiza avanzaba la elaboración de una nueva oferta cuando estalló la pandemia y se suspendió el tratamiento del concurso de la firma argentina. Reconoce, además, el Gobierno local que no hay margen para la imagen del país en el mundo, de hacerle un “pagadiós” a un gigante mundial en el mercado de granos, con el que, además, tendría que competir en el futuro. Y, eventualmente, comercializar.

(Ambito) Vicentin: cuándo enviará el Gobierno el proyecto de ley para su expropiación. La semana que viene será crucial para el objetivo del oficialismo con una de las empresas más importantes del país. Se prevé luego de una exposición de Santiago Cafiero. El Gobierno nacional enviará el proyecto de ley para la expropiación de la empresa Vicentin luego de una exposición que dará el jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, el próximo miércoles 17 de junio en el Senado de la Nación. En ese recinto que preside Cristina Fernández de Kirchner, el funcionario realizará su primer informe de gestión cerca de las 14, y tras lo cual se presentará formalmente el texto que contará con el anuncio del presidente Alberto Fernández. De acuerdo a fuentes consultadas por la agencia de noticias NA, «el proyecto ya está listo, pero se está mirando la letra chica». De esta manera, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo ingresará por el Senado, cámara en la que el oficialismo tiene previsto responsabilizar a la gestión de Juntos por el Cambio por la crisis de la compañía que ingresó en concurso de acreedores con una deuda de u$S1.350 millones. La elección del Senado como cámara iniciadora del debate se debe, por un lado, a que una de las personas que trabajó en la redacción del proyecto fue la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque Frente de Todos, y por la mayoría que ostenta allí el oficialismo. Fernández Sagasti, que participó junto al Presidente del anuncio de la intervención de la empresa exportadora de granos, expresó este martes que el país necesita construir «un modelo de empresarios que no tienda a abusarse de Estados bobos». Por su parte, el Jefe de Estado les envió un mensaje a los trabajadores de la compañía luego del importante anuncio: “Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa que continuarán en sus puestos y también a los 2600 productores. Quiero darles la tranquilidad de que podrán contar con la empresa para seguir operando y vendiendo sus granos a través de ella”. En ese sentido, el Gobierno explicó en el Boletín Oficial, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 522/2020, que uno de los motivos es preservar las fuentes laborales y el patrimonio, así como también evitar daños sobre el mercado agroexportador y la economía en general.

(Infobae) La hoja de ruta de Alberto Fernández para cerrar un acuerdo exitoso con los fondos de Wall Street El Presidente ajusta su propuesta final a los bonistas sobre una arquitectura financiera y legal que es apoyada por la Casa Blanca y el FMI. La reestructuración de la deuda externa está jaqueada por detalles que exceden a la imaginación de Gabriel García Marquez: la nueva oferta del Gobierno a los fondos de inversión debe publicarse en medios extranjeros como The New York Times y The Financial Times. Argentina tiene cuenta corriente con esos medios prestigiosos, pero su crédito está excedido y se pidió sin éxito un waiver para cumplir con las normas legales. Al final, si no hay contramarcha, los abogados que representan a la Argentina se harán cargo de la cuenta para avanzar un paso más en el canje de los bonos por 66.000 millones de dólares.
Pero las dificultades para Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán no terminan en la sección Economía de esos dos iconos de la prensa global. La negociación llegó a su climax y en el Palacio de Hacienda se trabaja a deshoras para cumplir con una hoja de ruta que incluye un preciso cronograma de actividades confidenciales y públicas:

1. Los fondos deben firmar un Non-Disclosure Agreement (NDA) que coloca en un paraguas de confidencialidad las negociaciones hasta llegar a un acuerdo de partes. Los bonistas quieren extender los NDA hasta mañana -para seguir operando el viernes-, y Guzmán pretende que se prolonguen hasta la tarde del 12 de junio

2. Mientras se firman los NDA, el equipo de asesores legales y financieros de la cartera de Economía avanzará en la redacción de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) con la oferta original enmendada. En ese DNU, se ampliaría el plazo de negociación por diez días más corridos, si se considera que hay posibilidades de sumar a otros acreedores privados.

3. Guzmán no descarta que la negociación se extienda hasta el domingo 14 de junio, para después registrar la propuesta consensuada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Desde ese momento, y por diez días consecutivos, esa oferta estará bajo escrutinio legal para plantear -si fuera necesario- observaciones jurídicas o impugnaciones formales.

4. El DNU con la propuesta enmendada -y la probable ampliación temporal de la oferta- será publicado en el Boletín Oficial del 15 de junio, si Guzmán mantiene la hoja de ruta diseñada junto a Alberto Fernández.
La reestructuración de la deuda externa incluye bonos K -emitidos durante la administración de Néstor Kirchner- y bonos M -colocados en la gestión de Mauricio Macri-, que presentan distintas formulaciones legales para asegurar que el canje fue exitoso. Con los bonos K, se necesita un consenso del 75 por ciento de sus tenedores, mientras que con los bonos M es indispensable llegar al 65 por ciento de la adhesión.

Si no se obtiene estos porcentajes para alcanzar las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC´s), los acreedores privados podrán acelerar su derecho a reclamar un default y en consecuencia demandar a la Argentina en los tribunales de Manhattan. La negociación esta encaminada. Guzmán concedió ciertas prerrogativas a los bonistas, y el deal está al caer: habrá un copy and paste de los derechos adquiridos de los fondos que tienen títulos exchanges 2005-2010-, se fijará un endulzante en forma de Value Recovery Instruments (VRI) atado a las exportaciones agropecuarias, casi desaparecerá la quita de capital, los intereses se pagarían desde el 2021 y el bono será considerado a 50 dólares de Valor Presente Neto (VPN). Si estos aspectos fundamentales de la propuesta mejorada no sufren inconvenientes o tropezones de último momento, Alberto Fernández estará en condiciones ofrecer una conferencia de prensa en Olivos para anunciar que la reestructuración de la deuda externa fue un éxito. En este contexto, éxito significa que se llegó al 75 por ciento de adhesión en los bonos K, y al 66 por ciento en los títulos emitidos durante la administración de Macri. En cambio, si esos números no se conjugan, Guzmán desplegará una estrategia de acumulación paulatina que implicará sumar nuevos acreedores privados con leves mejoras a la oferta ya enmendada. Obvio, si hay más dólares para los nuevos, también se regularán los mismos beneficios para lo que ya habían ingresado en la etapa más importante del canje. “Estamos en una etapa compleja e importante de la negociación”, reconoció Alberto Fernández desde Olivos. El lunes 15 de junio, a más tardar, habrá novedades.

(Infobae) La Argentina evalúa incluir un cupón atado a las exportaciones para acercar posiciones con los acreedores. La propuesta de incluir un “endulzante” en la oferta podría ayudar a cerrar la brecha entre el gobierno argentino y sus acreedores más relevantes. La Argentina podría ofrecer un cupón atado a sus exportaciones agrícolas para cerrar la brecha con los principales acreedores en las conversaciones de reestructuración de la deuda, según fuentes cercanas al asunto. La idea es obtener el apoyo de algunos de los mayores tenedores de bonos del país, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato porque las conversaciones son privadas. Consideran que los datos de exportación de la Argentina son más transparentes que las cifras de su Producto Bruto Interno (PBI). Los cupones vinculados al PBI también han desencadenado batallas legales en el pasado. La propuesta podría ayudar a cerrar la brecha entre el gobierno argentino y sus acreedores más relevantes. En los últimos días, el ministro de Economía, Martín Guzmán, amenazó con excluir a varios tenedores de bonos, incluido Ashmore Group Plc, de la próxima ronda de conversaciones. Pero ahora hay una sensación de optimismo renovado, ya que algunos inversores clave firmarán acuerdos de confidencialidad esta semana para volver a la mesa de negociaciones. Los acreedores consideran que los datos de exportación de la Argentina son más transparentes que las cifras de su Producto Bruto Interno (PBI). Los cupones vinculados al PBI también han desencadenado batallas legales en el pasado. Aún así, no está claro si se puede llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 12 de junio. Otros tenedores de bonos son reacios a aceptar un acuerdo de confidencialidad, que viene con restricciones comerciales, hasta que Guzmán señale nuevas concesiones, dijeron las fuentes. También existe la preocupación de que hacerlo podría evitar que los inversores participen en una subasta para los Credit Default Swaps (CDS) del país el viernes, agregaron.

Más cerca del acuerdo
Si bien el gobierno de Alberto Fernández se ha acercado a un acuerdo para la reestructuración de USD 65.000 millones en deuda externa desde el incumplimiento el 22 de mayo pasado, una serie de enfrentamientos entre su ministro de Economía educado en la Universidad de Columbia y las grandes firmas de Wall Street han frustrado la esperanza de una definición rápida. Guzmán se ha enfrentado con uno de los principales negociadores de BlackRock, Gerardo Rodríguez, así como con el CEO de Ashmore, Mark Coombs, dijeron algunas fuentes. Un portavoz de Ashmore no respondió a múltiples mensajes en busca de comentarios ni otros dos administradores de dinero que supervisan las inversiones latinoamericanas de la empresa. Representantes del Ministerio de Economía de Argentina, BlackRock, el Grupo Ad Hoc, el Grupo Exchange Bonholders y el Comité de Acreedores de Argentina declinaron hacer comentarios. Este es un terreno inusual para Ashmore y BlackRock, que históricamente han evitado tener un alto perfil en las reestructuraciones de deuda. Ambas firmas se encuentran entre los cuatro mayores tenedores de bonos de la Argentina, según datos compilados por Bloomberg. Desarrollaron sus posiciones a través de distintos enfoques: Ashmore, como especialista en mercados emergentes que se sumó a las apuestas de alto rendimiento y BlackRock, como un líder de la inversión pasiva en todas las clases de activos. Una serie de enfrentamientos entre el ministro de Economía argentino, educado en la Universidad de Columbia, y las grandes firmas de Wall Street han frustrado la esperanza de una definición rápida.
Argentina dijo en su propuesta inicial de reestructuración que necesita un alivio de USD 40.000 millones de su deuda, ya que lidia con un alto desempleo, una crisis monetaria y una contracción económica que lleva tres años. El gobierno ya ha extendido su fecha límite varias veces y existe la expectativa de que eso pueda volver a ocurrir si hay un progreso limitado en los próximos tres días. Algunos de los grupos acreedores más grandes del país están pidiendo a Guzmán que cierre la brecha que aún resta. El Grupo Ad Hoc, que incluye a Ashmore y BlackRock, dijo el lunes pasado que la diferencia entre su oferta y la propuesta del gobierno fue de aproximadamente el 1,5% del PBI distribuido en la próxima década y otro 1% del PBI de 2031 a 2040. “Depende de la Argentina mostrar un deseo serio de cerrar la brecha, y será desafortunado si la Argentina endurece su posición en respuesta”, dijo Dennis Hranitzky, asesor legal del Grupo Exchange Bondholders, en un comunicado el lunes pasado.

(Ambito) Firman acuerdos de confidencialidad y ya proyectan nueva oferta en la SEC. Se habría incorporado en la negociación un cupón atado a las exportaciones por el temor del Gobierno de ofrecer un instrumento vinculado al PBI y la demanda de dólares que genera el crecimiento. El Gobierno y los grupos de acreedores firmaron nuevamente ayer los denominados acuerdos de confidencialidad o non-disclosure agreement (NDA, según las siglas en inglés). El objetivo, según fuentes oficiales, es calibrar la nueva oferta que hará el ministro Guzmán, y que buscará ser de común acuerdo. Mientras dure el pacto de confidencialidad, los fondos de inversión no pueden negociar hacia afuera ni compartir la información. El Gobierno trabaja por estas horas para presentar la que sería su tercera oferta de restructuración de deuda. Si bien hay fuentes que aseguran que se avanza a buen ritmo y que incluso podría adelantarse esto al día viernes, en el equipo del ministro no quieren confirmarlo por temor a dar un paso en falso. En rigor, el lunes se vencen los plazos. Ahí se abren dos opciones: se puede extender la oferta que está vigente -la primera que se presentó-, es decir extender el plazo, o tomar el otro camino que es hacer una enmienda, es decir, modificar la oferta original. Fuentes cercanas a la negociación señalan que hubo una segunda oferta, informal y no presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y que tampoco tomó estado público, que fue rechazada por los acreedores. En los últimos días el Gobierno trabaja ya en la tercera que, de presentarse la enmienda, entonces habilitaría a correr un período legal de 10 días para cerrar esa oferta. Es decir que, al entrar esas dos opciones, extensión o enmienda, la disyuntiva es sencilla. El dato que tomó cuerpo en las últimas horas -y que Ámbito anticipó- es que podría ofrecerse un cupón atado a las exportaciones agrícolas, en lugar del clásico cupón atado al PBI. Esto es así porque en el Gobierno consideran que no debería ligarse el crecimiento económico (que usualmente demanda dólares por consumo y actividad industrial) a un mayor desembolso de divisas para repagar deuda. En lugar de eso se pensó en atar ese cupón a las exportaciones. Las dudas en torno de si se puede llegar a un acuerdo antes de la fecha del 12 de junio están instaladas. En rigor, si bien otros tenedores de bonos eran reacios a aceptar un acuerdo de confidencialidad (ya que esto implica restricciones comerciales y no podían participar de la subasta de los Credit Default Swaps), en Economía señalaban anoche que prácticamente el grueso de los acreedores aceptó la confidencialidad, lo que daban como una buena señal. A partir de ahora, nuevamente, las partes buscarán llegar a un acuerdo que le permita a Economía asegurarse de que, de presentar una nueva oferta, podrá alcanzar el número necesario que cierre esta fase de la reestructuración. En los últimos días se negoció tomando en cuenta el Valor Presente Neto (VPN) a una tasa de descuento del 10%, lo que decantó en estimaciones que arrojaban fórmulas cercanas a los 50 centavos por dólar. A eso se agregaron algunos trascendidos como que, por ejemplo, serían mínimas o nulas las quitas de capital. Al mismo tiempo se sumaron otros detalles que aún no han sido confirmados. Uno de los elementos que se había solicitado de parte de los acreedores era algún cambio en el período de gracia (de tres podría pasar a dos años). También se aventuró que algunas modificaciones podrían aparecer en los pagos que se activen luego de 2024.

(Ambito) BCRA espera que unas 800 empresas utilicen sus propios dólares. La entidad utiliza un registro actualizado donde consta el número de empresas importadoras que realizaron Contado con Liquidación y dólar MEP. Contra ese documento evalúa los pedidos. En su primera semana en la implementación del filtro para los importadores, el Banco Central ya monitorea al sector y ha sumado hasta el momento u$s700 millones gracias a esta iniciativa. Ayer, la entidad logró cerrar la jornada con una posición compradora de u$s50 millones. La herramienta que parece estar aplicando es singular: no sólo se trata de normativa pura y dura. En rigor, quienes conducen la entidad tienen en sus manos un número y un registro que desde esta semana les sirve de prisma para analizar a cada uno de aquellos que piden divisas. Ese número no es menor: en el Central señalan que existen unos ochocientos importadores que en los últimos ocho meses han realizado operaciones de contado con liquidación y hoy cuentan con dólares atesorados en cuentas del exterior. De la misma forma, algunas de esas firmas han realizado operaciones de dólar MEP y atesorados localmente. En ambos casos, esas ochocientas empresas forman parte de un universo de nueve mil compañías que han sido analizadas. Y son esas ochocientas empresas las que, en los próximos meses, creen en el BCRA que aportarán una parte de las divisas necesarias para sostener el ritmo de importaciones. El dato relevante es que en esas empresas importadoras hay sectores claves de la economía como automotrices, farmacéuticas y bioquímicas, entre muchas otras, que ahora requieren del BCRA para conseguir los dólares para importar. Para que eso tenga lugar, el nuevo protocolo implementado remite a la circular 7.030 emitida hace algunas semanas. Las empresas deben completar un formulario en el banco correspondiente a su actividad el que analiza en forma primaria ese requerimiento que debe ser presentado ante la gerencia de Exterior y Cambios del organismo. Esa normativa señala que las empresas que tengan declaradas divisas “originadas en la formación de activos externos” no pueden acceder a la plaza oficial de cambios. En cambio, se propone cancelar sus importaciones con los fondos que se habían liquidado previamente. Sabido es que durante la última semana hubo reclamos de distintas cámaras empresarias. Sin embargo, Miguel Pesce, el titular del BCRA, calibró su normativa pero con algunas recomendaciones. La primera es, tras una reunión con los principales bancos que también anticipó este matutino, que sean las entidades financieras las primeras en hacer una evaluación a propósito del acceso de las empresas al mercado de cambio. Habrá que completar entonces el formulario de “Solicitud de conformidad previa por pagos de importaciones de bienes”, que deberá estar firmado por el “responsable del área de exterior” de la empresa. Habrá que responder si el pago está vinculado con la emergencia del coronavirus o si existen pagos sin reintegro de ingreso aduanero en situación de demora, los montos de importaciones anteriores y datos de ventas. Además, las empresas importadoras deben declarar si los pagos en el mercado de cambios realizados durante el año se ubican por encima a los despachos en ese mismo período y si hay pendientes financiaciones en pesos en líneas como la del 24%.

(Ambito) «Inflación reprimida»: alertan por suba de precios pospandemia. El IPC no está generando dolores de cabeza aún. Sin embargo, se teme que gran parte de los precios de la economía estén alimentando una olla a presión que tarde o temprano hay que destapar. El gobierno anterior gestionó con el verbo “recalcular”. Ahora, la actual administración pareciera que lo reemplazará por el de “sincerar”. Es que si bien la mayoría de los economistas evitan hablar de “hiperinflación”, el consenso ya conjuga el nuevo verbo. Porque uno de los efectos colaterales de la pandemia y de la cuarentena parece ser la incubación de un futuro sinceramiento de precios. Por lo que la gestión de este proceso será clave cuando la economía tienda a normalizarse. Tras la implementación del aislamiento obligatorio las tasas de inflación se mantienen bien por debajo del 2% mensual y parece que así seguirán un tiempo más. O sea, por el momento no se perciben presiones inflacionarias. Claro que a nadie debería sorprender el comportamiento del índice general de precios minorista cuando poco más del 22% de la economía logró mantenerse más o menos de pie por su condición de “esencial” (Campo, Industria de alimentos, Supermercados, Bancos y seguros e Industria Química). El resto está siendo afectado con diferentes niveles de daño. Más del 36% del PBI está complicado por las restricciones sanitarias y su recuperación depende del consumo interno y la exportación (Comercio no alimentos, Transporte y comunicaciones, Entretenimiento, Residuos, Madera, Papel, Plástico, Industrias textiles y calzado, Turismo y Automotriz); otro 16% del PBI está en serias dificultades también por las restricciones sanitarias y porque dependen de la inversión (Construcción, Siderurgia, Maquinaria, Petróleo y Minería) mientras que el restante 25% (Salud, Educación, Sector público y Actividades inmobiliarias) no gravita y está afectado heterogéneamente. Se tiene una economía que cae a un ritmo del 5% anual en el primer trimestre y se espera que lo haga al 15% en el segundo. Frente a semejante desbarajuste era difícil ver asomar presiones inflacionarias más allá del salto de la brecha cambiaria. De modo que cuando se observa del IPC, que a simple vista refleja cierto control de la inflación, en realidad esconde una realidad subterránea. Como señala Macroview sólo el 15% del IPC es lo que está midiendo el INDEC, el resto está fuera de la canasta. Al respecto, el economista Carlos Melconian suele advertir que estos índices, bajos, no son para “creérsela” porque no hay un plan antiinflacionario. Esto se ve claramente al observar que del IPC relevado por el INDEC el rubro Alimentos, que representa un 27% de índice, tiene productos sin precios máximos (carnes, frutas, verduras y huevos) que explican el 15% del IPC mientras los Alimentos con precios máximos (pan y harina, aceites y grasas, productos lácteos, condimentos, bebidas, dulces) son el 12%. Luego se tiene un grupo con precios congelados (tarifas públicas, alquileres, combustibles, medicamentos, prepagas) que son un 27% del índice y el resto, un 46%, está bajo el impacto de la cuarentena (el gran resto de los precios, principalmente servicios privados y de esparcimiento y cultura, indumentaria, bienes y servicios de cuidado personal, restoranes y hoteles). Y la inflación núcleo ya empezó a mandar señales. De modo que lo que se está se viendo de inflación es solo parte de la película. Y los márgenes comerciales lo están mostrando. Aumentaron fuerte antes del control de precios y ahora solo suben los que venden, alimentos, bebidas, medicamentos y limpieza. El resto no vende. Por eso los márgenes no solo están bajando sino que se ven renegociaciones en varios sectores. Y las tarifas públicas, congeladas, seguirán un tiempo más en el freezer. Mientras que los salarios privados, incluso aquellos con cláusula gatillo, ven ajustes, sobre todo en sectores que vienen empatando e incluso ganándole a la inflación. Todo este panorama plantea que esta represión de precios, en algún momento necesitará aflorar. Todos evitan referirse a un escenario de hiperinflación. Hasta Domingo Cavallo recientemente habló de “sinceramiento” de precios como puntapié de un plan de estabilización. Su colega Ricardo Arriazu viene señalando, al igual que Miguel Broda y otros, sobre los riesgos de los desequilibrios monetarios. De ahí que Arriazu recomienda que, si bien hoy no hay presiones inflacionarias, si la economía después se normaliza y el BCRA deja libre todo el exceso de pesos y sigue subiendo el dólar informal, cuidado porque entonces surgirán presiones inflacionarias. Y alerta, a la hora de hablar de híper, mejor que a nadie se le ocurra devaluar. En ese momento habrá que esterilizar todo el exceso de pesos. Broda explica que el exceso de pesos, producto del financiamiento monetario del déficit fiscal, terminará activando la turbina macro de la tasa de inflación, que pasará por encima de todas las demás turbinas pese a los congelamientos, controles y regulaciones a las que el Gobierno probablemente apelará para mantener contenida la inflación”. Por ende la magnitud del aumento inflacionario que esté por venir dependerá de lo que haga el Gobierno en materia fiscal y monetaria. “Claro está que resultará crucial para el devenir inflacionario que no haya sorpresas (ajuste devaluatorio) ni malas decisiones (default de la deuda pública)”, dice Broda. No hay duda de que será una tarea por demás de sintonía fina. Casi una neurocirugía para evitar descarrilar.