| RIESGO PAÍS (24/07/2020) | 2224 | |
Información Relevante
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO.
TIPO: INFORMACIÓN SOCIETARIA – OBSERVACIONES: NOTA SOBRE EVENTO METEOROLÓGICO EN TRANSPA – HECHO RELEVANTE
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/B0325B36-2323-48EE-BB79-45C3D326F268#
RAGHSA S. A.
Síntesis de Estados Contables Trimestrales 31.05.2020
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363790
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
Informa sobre operación de Hidroeléctrica Futaleufú S.A
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363789
Provincia de Mendoza
PMY24
Comunicado de Prensa: La Provincia de Mendoza anuncia extensión de vencimiento y fecha límite para pago por consentimiento
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363788
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
Aviso de suscripción de Obligaciones Negociables Serie N° 2 y Serie N° 3
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363784
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Inversión en DIC: Venta de participación en Shufersal
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363783
CRESUD S.A.
CSGUO
Aviso de pago de Obligaciones Negociables Clase XXVIII
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363777
CRESUD S.A.
CSGTO
Aviso de pago de Obligaciones Negociables Clase XXVII
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363776
CRESUD S.A.
CSGRO
Aviso de pago de Obligaciones Negociables Clase XXVI
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363775
PAMPA ENERGÍA S.A..
TIPO: INFORMACIÓN FINANCIERA – OBSERVACIONES: PAGO DE INTERESES – HECHO RELEVANTE
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/89442EB0-9938-4331-8400-05FEB8B6A8F4
TIPO: INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – OBSERVACIONES: AVISO DE PAGO DE ONS CLASE 4 – HECHO RELEVANTE
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/FBA61699-CA49-4CB6-926C-2E09B47333E8
Calendario de Balances de Cedears
(Infobae) Deuda: el equipo económico continúa la negociación, pero quiere un mayor compromiso de los acreedores antes de efectuar los cambios que proponen
Desde que llegó la contraoferta de los acreedores el lunes, no se interrumpió el diálogo y ambas partes observan buena predisposición, más en las cuestiones legales que financieras; el rol de BlackRock. Los bonistas, el equipo económico y los bancos asesores del Gobierno trabajan en forma silenciosa para lograr la mayor cantidad de consensos posibles que deriven en un acuerdo para que el país deje atrás el default de los últimos dos meses. Una calificada fuente que participa de las negociaciones del lado argentino indicó a Infobae que, más allá de las declaraciones altisonantes, hay una negociación que no se ha interrumpido y que está mucho más cerca que hace algunas semanas atrás en términos de las posturas de ambas partes. ¿Qué señal espera el Gobierno para “aflojar” frente a algunos de los pedidos de los acreedores? Aunque parezca un juego de palabras, quiere que estos grupos demuestren en forma fehaciente que aceptarán el canje. “Si hay un deal asegurado, hay cambios”, precisó la fuente. Y los movimientos internos dentro de los tres grupos no preocupan tanto a los negociadores, enfocados en lograr que los bonistas firmen el canje. “Nadie está adentro o afuera hasta que no se firme el contrato de canje de sus bonos; el resto son interpretaciones de analistas que no tienen la suficiente información como para saber el estado de situación”, afirmó, tajante, en referencia a las críticas del exministro Alfonso Prat Gay y otros. “El Gobierno mostró mucha flexibilidad desde que presentó la primera oferta y la nueva es mejor, tanto en términos financieros como de estructura, así que ahora el último tramo de flexibilidad lo deberían aportar los bonistas”, afirmó la fuente. Desde el lunes, el equipo económico y los bancos HSBC y Bank of America trabajan sobre la base de la contraoferta que prepararon los tres comités de acreedores, que reúnen cerca del 40% de la deuda que el Gobierno pretende reestructurar. Bank of America y HSBC siguen negociando junto con el equipo económico desde que los acreedores presentaron su contraoferta. Más allá de las declaraciones políticas, la fuente aclaró que hay un diálogo constante entre las partes: los bonistas por un lado y el equipo económico con los mencionados bancos y el estudio jurídico que representa al país en Nueva York, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, por el otro. Este marco de negociaciones no se cortó nunca, aclaró la fuente, que consideró que todavía hay margen para seguir avanzando, sobre todo en el andamiaje legal de la oferta. En cuanto al valor presente de la propuesta oficial, que ronda los 53 dólares en promedio, aclaró que solo podría haber una modificación parcial en la estructura de algunos de los nuevos bonos, sin que afecte el flujo de pagos previsto por el Gobierno, pese a que la contraoferta privada requiere USD 300 millones más por año para igualar a la oficial. La posibilidad de que esa pequeña brecha se elimine con un cupón contingente parece haber quedado en el olvido, sobre todo por el avance de las causas en el exterior contra el país por la manipulación de las estadísticas entre 2007 y 2015, que, según los acreedores, perjudicaron el pago del cupón ligado al PBI Pero lo más importante, aclaró, es que ninguna de las dos partes ha mostrado intenciones de “patear el tablero”, a través de una ruptura del diálogo o, del lado de los acreedores, de una aceleración de la deuda que ya venció o de una demanda ante los tribunales extranjeros. Esto incluye a BlackRock, el fondo más importante de Wall Street, que, sin embargo, “en esta negociación no es ni el más importante, ni el más duro”, aclaró la fuente. La otra clave son las fechas: aunque el cierre del canje está previsto para el 4 del mes próximo, el intercambio de bonos recién se realizaría un mes después y, como ha ocurrido previamente, siempre se puede postergar en tanto y en cuanto sirva para negociar un acuerdo más amplio. Mientras tanto, con excepciones, el mercado interpreta que habrá acuerdo, tal como se refleja en la suba de los bonos argentinos del último mes, respecto de niveles muy bajos. Esto no significa, aclaró la fuente, que se llegue a un resultado tajante: puede haber grises, con un acuerdos y canjes parciales, que permitan que el país salga del default en algunos bonos y en otros no. Desde uno de los comités de los bonistas, confirmaron a Infobae que hay buena predisposición para llegar a un acuerdo y que la unión de los tres grupos, lejos de complicar al Gobierno, le puede facilitar las cosas, porque modera a los más duros y les quita heterogeneidad a los pedidos de los acreedores.
(Infobae) El documento que analiza Guzmán y que pone el caso de Ecuador como ejemplo para resolver las disputas legales con los bonistas
El paper académico se llama “La controversia argentina de las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs)”. El Gobierno busca anclaje internacional para definir los cambios a la oferta “La controversia argentina de las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs)” es el título de un reciente paper académico de dos ex abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (que defiende a la Argentina en las disputas de deuda soberana), que hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, está estudiando mientras analiza los cambios legales que le permitan allanar el camino con los acreedores privados. Lee Buchheit y Mitu Gulati, dos expertos en materia de reestructuraciones de deuda, escribieron un trabajo en el que se refieren a la controversia que generó la propuesta argentina, especialmente frente a la posibilidad que se autoadjudica el Gobierno de manipular el canje en función de los resultados para alcanzar las mayorías que exigen las CACs. Es la cuestionada por los bonistas “cláusula de reasignación” y la posterior estrategia Pac-Man que tendría como objetivo eliminar a los holdouts con futuras ofertas. Este documento hace un repaso por la definición de las CACs y su objetivo de supramayorías, explica el “uso indebido” que podría realizar el Gobierno –advertido por los acreedores– y finalmente culmina con el ejemplo de Ecuador, que lanzó una reestructuración de su deuda también con la reasignación y el Pac-man, pero con una clara autolimitación en su uso. El Gobierno está evaluando avanzar en cambios legales y este documento le da un anclaje internacional a esta decisión. En la medida en que salgan otros expertos a plantear la misma controversia -si fuera del FMI o el G20, mejor aún-, el escenario para la Argentina sería el óptimo. De cualquier manera, el camino a seguir podría ser similar al encarado por Ecuador. ¿Qué estableció ese país? Por un lado, la propuesta plantea que el Gobierno podrá reasignar series de bonos una vez que haya publicado los votos del canje y que los acreedores hayan tenido un tiempo -5 días en este caso- para decidir qué hacer. Además, también se fijó una autolimitación para hacer Pac-Man por 36 meses. El paper académico lo dice claramente: la oferta de intercambio ecuatoriana (lanzada el 19 de julio de 2020) permite al emisor cambiar la serie de bonos incluido en un grupo de votación agregado solo si (i) los titulares reciben cinco negocios días para retirar sus votos o (ii) los resultados de la oferta fueron aprobados por los titulares de más del 66,6% del capital del grupo designado originalmente. En cuanto a la estrategia Pac-Man, dice el texto, según la formulación de Ecuador, si el emisor no alcanza un 75% de participación en la primera ronda, sin embargo, debe abstenerse durante 36 meses de usar esta técnica para reducir cualquier resistencia de esa reestructuración de la primera ronda. “Las preguntas ahora son si las autoridades argentinas aceptarán las soluciones que Ecuador ha propuesto para resolver esta controversia y, de ser así, si esas soluciones calmarán las ansiedades de un número suficiente de tenedores de los bonos Macri para permitirle a la Argentina cerrar su reestructuración pendiente de deuda”, finaliza el paper de Buchheit y Gulati.
Qué es la cláusula de reasignación y por qué genera tanto rechazo entre los acreedores
En primer lugar, de acuerdo con la última oferta presentada por el Gobierno ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC), para que el Gobierno pueda declarar válida la operación y avanzar aunque sea con un canje parcial debe lograr el 66,6% de aceptación de la totalidad de los bonos elegibles o el 50% de cada uno de los indentures (de todos los bonos K, emitidos en 2005 y 2010, y todos los M, emitidos en 2016). Uno de los puntos que quieren modificar los bonistas es el umbral del 50%, que quieren que sea mayor. Si lograra este primer objetivo, el Gobierno estaría habilitado, una vez que tiene los resultados de la votación, a reasignar las series de bonos que más le convengan a su finalidad, que es lograr la mayoría del 75% de todas las series agregadas para que se disparen las CACs y el resto sea arrastrado. A modo de ejemplo, si hubiera USD 1.000 del bono A, otros USD 1.000 del bono B y USD 500 del bono C pero ingresaron más tenedores de los A y los B, el Gobierno podrá agruparlos y la base ya no será USD 2.500, sino USD 2.000, por lo que será más fácil lograr las mayorías. El Gobierno está evaluando avanzar en cambios legales y este documento le da un anclaje internacional a esta decisión. En la medida en que salgan otros expertos a plantear la misma controversia -si fuera del FMI o el G20, mejor aún-, el escenario para la Argentina sería el óptimo
La serie de USD 500 quedará entonces afuera. Pero si en un futuro no muy lejano el Gobierno decidiera lanzar un nuevo canje con una pequeña mejora, llamará a los tenedores de los bonos A y B, y también a los del C que para ese momento serán holdouts y les ofrecerá un nuevo título. Los primeros dos aceptarán inmediatamente porque les implicará una mejora respecto del ya recibido en la primera operación, por lo que así se logrará obtener nuevamente más del 75% de adhesión y ello arrastrará a los tenedores del bono C. Eso es lo que se conoce como la estrategia Pac-Man, ir “comiéndose” a los holdouts. El documento de los abogados que analiza Guzmán recuerda que la Argentina lanzó su última oferta de reestructuración de deuda en abril de este año y que a partir de ese momento, la fecha de vencimiento de la oferta se ha extendido cinco veces. Al entrar en esta última reestructuración de deuda, Argentina tenía 12 series de bonos emitidos en 2005 y 2010 por un monto de aproximadamente USD 22.000 millones y 17 series de bonos emitidos en 2016 durante la administración del presidente Mauricio Macri por un monto de capital total de aproximadamente 40.000 millones millones.
(Infobae)Las medidas para combatir a los “coleros digitales” hicieron que la brecha cambiaria sea cada vez más rentable
No sólo aumentó el blue sino que por la menor oferta de dólares en el mercado informal, cayó 60% la diferencia entre la compra y venta, lo que incrementa la ganancia del llamado “puré”. Paradoja de la maraña de regulaciones del Banco Central para el acceso al mercado de cambios oficial, los ahorristas que mensualmente están en condiciones de acceder a la compra de los USD 200 dólares permitidos maximizaron su ganancia en más de 10 puntos porcentuales desde la semana pasada. Los esfuerzos de la autoridad monetaria por cortar la operación de los llamados “coleros digitales”, que ya bloqueó 400 cuentas para desarticular maniobras de compra de dólares con recursos destinados al pago de planes sociales, generó la previsible contrapartida de un aumento en el valor del dólar paralelo, que con mucho menor volumen ayer cerró en $136. Este salto del blue, sin embargo, no fue el único impacto. Al mismo tiempo que la acción del BCRA tuvo como resultado una ampliación de la brecha con el dólar informal, la diferencia entre las puntas compradora y vendedora en ese mercado cayó 60%, lo que hace a la brecha incluso más rendidora. La cuenta es sencilla: hasta la semana pasada, en pleno auge de la operatoria por la cual con los fondos de los beneficios sociales y las cuentas digitales se accedía a los USD 200 habilitados para luego hacer el denominado “puré” -volver a cambiarlos en el mercado informal a una cotización más alta-, el dólar solidario cotizaba a $97,5 mientras que por venderlo en el mercado paralelo se obtenía un precio de $117. Es decir, una diferencia de 20% a favor quien recurría a esta maniobra. La cuenta es sencilla: hasta la semana pasada, en pleno auge de la operatoria por la cual con los fondos de los beneficios sociales y las cuentas digitales se accedía a los USD 200 habilitados para luego hacer el denominado “puré” -volver a cambiarlos en el mercado informal a una cotización más alta-, el dólar solidario cotizaba a $97,5 mientras que por venderlo en el mercado paralelo se obtenía un precio de $117. Es decir, una diferencia de 20% a favor quien recurría a esta maniobra. Tras las medidas del Central, no sólo se amplió la brecha entre el dólar oficial y paralelo sino que además se redujo el spread entre las puntas en el blue, que cayó de $10 a $4. Así, al cierre de las cotizaciones de ayer cuando el dólar solidario se ubicó en $98,15 mientras que para la compra, el precio ofrecido en el mercado informal trepó a $136, la diferencia aumentó ahora a 33,5%. Claro que el volumen, ya en niveles bajos por la menor actividad económica en la cuarentena, se desplomó precisamente por los controles de la autoridad monetaria. “Desaparecieron todos los que cambiaban los USD 200, ahora hay menos dólares aún”, explicó un operador del mercado. Con menos oferta, el precio dispuesto a pagar por parte de las “cuevas”, sube. “El negocio del dólar paralelo está disminuido desde hace meses. Sin los dólares que le aporta la construcción, rubro que se mueve en altos niveles de informalidad, y también con pocas ventas de inmuebles y autos, que suelen alimentar también la oferta del blue, se está secando ese mercado. La consecuencia lógica es que aumente”, detalló un analista. Tras las medidas del Central, no sólo se amplió la brecha entre el dólar oficial y paralelo sino que además se redujo el spread entre las puntas en el blue, que cayó de $10 a $4.
En los últimos días, el Banco Central inhabilitó a más de 400 personas, titulares de cuenta digitales, para operar en el mercado de cambios, para evitar que se sortee el límite individual de compra de USD 200 y también las operaciones de “puré”. Quienes reciban los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrían, si tuvieran una caja de ahorro en dólares, comprar USD 100 en dos oportunidades a lo largo del mes y, de esa forma, generar una ganancia aproximada de 7.000. Ese movimiento está hoy bajo la mirada atenta del BCRA.
(Ambito) Argentina aceptará trato a grandes fondos como «acreedores calificados»
Para los bonistas de los tres grupos es condición indispensable para avalar la «reasignación». Se evalúa aceptar los reclamos para aplicar las cláusulas «antibuitre». Si se llega a un acuerdo, la Argentina aceptará que la mayoría de los integrantes de los tres grupos de bonistas que negocian con el país se conviertan en “acreedores calificados”. Y en consecuencia no se le aplicarán las cláusulas de “reasignación”. Por otro lado, los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional desde 2016 en adelante avalarán, a cambio, la aplicación de las “cláusulas antibuitre” según el diseño de 2016 pero con condiciones. En estas últimas está la clave para que en los próximos días haya acuerdo o no en las condiciones legales impuestas por el grupo de acreedores que desde el lunes actúan coordinadamente en la etapa final de negociaciones. Restará para el final de las discusiones saber si el Palacio de Hacienda acepta hablar sobre las cuestiones financieras e incrementar la cantidad de dinero presupuestado para pagar a los acreedores durante los años de liquidación de cupones, además del capital. Todo esto será discutido en la nueva ronda de conversaciones que comenzará hoy y que tendrán como protagonistas al banco Lazard, contratado como intermediario; y al Bank of América y el HSBC, los teóricos meros colocadores de la futura deuda a emitir, pero que desde hace ya casi un mes son nexos activos a favor de la Argentina para lograr una fumata final. Si hubiera acuerdo, aunque sea sin incrementar el dinero a pagar a los bonistas, algo quedará claro: la oferta presentada por Martín Guzmán el 3 de julio finalmente no será la última. Lo que ya se sabe en Buenos Aires, y así se lo indicaron desde Nueva York los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), es que ya no hay margen para insistir en la estrategia de intentar un quiebre en la alianza entre los grupos de acreedores. Fue una de las cartas que desde el primer momento se jugó Buenos Aires y que no sólo no generó el objetivo deseado sino que provocó una contrareacción. Se contabiliza hasta hoy que en los momentos críticos los tres grupos siempre actuaron juntos y respetando su alianza inquebrantable de presionar como un bloque unido e indisoluble. Por ahora, la concesión más importante que está dispuesta a dar Argentina a los fondos de inversión es el reconocimiento de que se trata de “acreedores privilegiados” y, en consecuencia, no serían pasibles de aplicación de las “cláusulas de reasignación”. Estas quedarían relegadas a los inversores particulares o pequeños fondos (medido según la cantidad de deuda que detenten y según una fórmula hasta hoy indeterminada). Si Argentina llegara a un acuerdo, BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Managment, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus, entre aproximadamente otros 80 tenedores de deuda, serán acreedores privilegiados. La exclusión de la aplicación de las “cláusulas de reasignación” a este grupo de acreedores VIP fue el pedido expreso, y se supone irrenunciable, que los tres grupos de bonistas buscan imponer a la Argentina para aceptar la novedad de las posibilidad de inaugurar esta creación en las rondas de negociaciones de deuda soberana. El diseño de este tipo de “reasignaciones” es la principal creación del laboratorio especializado en estudiar las reestructuraciones de deudas de los países emergentes, que Joseph Stiglitz dirige para la Universidad de Columbia y donde abreva Martín Guzmán. Esta repartición de la academia de Washington desembarcó en Buenos Aires para avanzar sobre esta creación y luego de negativas cerradas de tratar el tema de parte de los acreedores fuertes con los que discute la Argentina ahora BlackRock y compañía están dispuestos a que se firme esta creación. Pero con la condición de que no se las ejecuten e ellos. Y que sólo los más pequeños inversores sean los que la sufran. En la propuesta de BlackRock se le cambia la lógica a la propuesta y se crean condicionalidades según la tenencia de dinero. Exactamente lo contrario que se buscaba desde Washington. La segunda negociación legal incluida en la propuesta de los acreedores, y que está dispuesta a discutirse desde Buenos Aires; son las condiciones que reclaman BlackRock para aceptar que las “cláusulas antibuitre”. Para Buenos Aires es el gran logro de la presión que se ejerció desde abril en adelante sobre el fondo de Larry Fink quién, al menos a los ojos de Hacienda, quería cambiar las normas del mercado financiero internacional al no aceptar la aplicación de las restricciones judiciales ante un eventual nuevo, y ojalá inexistente, default del país en el futuro. En el paper blanqueado el lunes, los bonitas con papeles emitidos desde 2016 a 2018 aceptan que se les apliquen las restricciones vinculadas a las mayorías de 35% para iniciar juicios ante los tribunales de Nueva York. Además de tener que esperar a que termine la vida útil de los títulos para poder iniciar esas causas. Sin embargo, para este aval, exigen curiosas (y peligrosas a futuro) modificaciones legales. Reclaman cambios en la cláusula RUFO (transformándola en casi permanente) y otras alternativas de eventuales aceleraciones judiciales.
(Ambito) Barril criollo: gobernadores en alerta por menor cobro de regalías, piden respetar precio sostén
Provincias nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) relevan grado de cumplimiento del decreto de mayo que fijó precio sostén de 45 dólares. Nación se reunió con provincias y refinadoras, y monitorea variables. Decreto habilita revisión trimestral del precio de barril. En medio de la dura caída que sufren los ingresos locales producto de la pandemia, gobernadores de provincias petroleras se encuentran en alerta ante la disconformidad con la liquidación de regalías en función de precios de venta inferiores al previsto por el “barril criollo” de petróleo de 45 dólares, fijado por Nación vía decreto en mayo pasado y que fue celebrado por los mandatarios. Desde filas provinciales aseguraron este jueves a Ambito que los 10 distritos nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) trabajan en un documento que releva el grado de cumplimiento de ese decreto nacional, para terminar de consensuarlo con Nación y definir luego los pasos a seguir, en un escenario que -dicen- potencialmente podría incluir multas o hasta una eventual judicialización. Los distritos reaccionaron con preocupación al no ver reflejado en la percepción de regalías de mayo y de junio el decreto nacional 488 de mayo, que reinstaló hasta el 31 de diciembre un precio de referencia de la mano de un barril “criollo” de petróleo a 45 dólares para sostener la producción, blindar los empleos y atraer inversiones. En el artículo 1 de ese decreto se define que “las entregas de petróleo crudo que se efectúen en el mercado local deberán ser facturadas por las empresas productoras y pagadas por las empresas refinadoras y sujetos comercializadores tomando como referencia para el crudo tipo Medanito el precio de 45 dólares por barril”. Pero parte de la liquidación final de regalías que recibieron las provincias tras esa iniciativa resultó menor, a partir de que en muchos casos en la venta de crudo de las empresas productoras a las refinadoras no se aplica ese precio sostén sino precios menores, frente a la presión que -afirman- brota desde las empresas del segundo sector. Y las regalías que recibe cada provincia están atadas al precio de venta del barril. Según lo afirmado desde filas gubernamentales nacionales a Ambito, este tironeo -que desató señales de preocupación entre los mandatarios por su impacto en las arcas locales- derivó en dos encuentros esta semana, en el marco de la Ofephi, con el subsecretario de Hidrocarburos nacional, Juan José Carbajales. Uno fue con las refinadoras, y el otro con las provincias. “Está todo en discusión en el marco del Decreto 488”, dijeron, además de recordar que ese decreto “habilita una revisión trimestral del precio del barril”. El foco está puesto por ahora, sostienen, en el estudio de “la evolución de las variables”. En el plano de las provincias, en Neuquén el gobierno de Omar Gutiérrez mensuró días atrás el monto estimado de regalías a reclamar por el menor precio, que es del orden de los $ 280 millones. En el caso de La Pampa, en tanto, el Gobierno del peronista Sergio Ziliotto hizo una presentación el pasado martes -vía la Subsecretaría de Hidrocarburos- ante la empresa Pampetrol (una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria) en la cual objetó la liquidación de regalías petroleras por debajo de lo esperado por la vigencia del “barril criollo” a 45 dólares. “Ahora tenemos 10 días hábiles para fundamentar, en un descargo, por qué razón no vendimos a 45 dólares y pagamos las regalías sobre los 36 dólares que vendimos”, dijo el director por la oposición de Pampetrol, Hugo Pérez, en declaraciones a La Arena. En esa línea, anticipó que argumentarán que concretaron las ventas de crudo por debajo de los 45 dólares porque “es el precio de mercado”. Además sostuvo que las otras dos empresas que operan en La Pampa, Pluspetrol y PCR, “están en la misma situación”. “El Estado nacional debería tomar una decisión: o saca el barril criollo o lo hace cumplir”, dijo. En Santa Cruz, por su parte, el Gobierno de Alicia Kirchner elevó un planteo a operadoras locales. “Hemos observado las declaraciones juradas de mayo y junio”, dijo en las últimas horas el titular del Instituto de Energía, Matías Kalmus, a La Opinión Austral. Desde Chubut, en tanto, el ministro de Hidrocarburos de Mariano Arcioni, Martín Cerdá, aseguró este jueves que “una operadora ha liquidado a 45 dólares y otras un poquito menos”. “Tenemos que esperar unos días más por presentaciones de anexos y terminar de evaluar”, sostuvo, en diálogo con Gen Radio Rada Tilly.
(Ambito) Canje ley local: prevén una alta adhesión.
El camino legislativo de la reestructuración de la deuda en dólares bajo ley local comenzó esta semana con la visita del secretario de Finanzas, Diego Bastourre, a la comisión del Senado que analizó (y mandó al recinto) el tratamiento del proyecto. Distintos analistas del mercado consultados por Ámbito consideraron que habrá un alto porcentaje de aceptación por parte de los inversores y atribuyen eso a la señal “positiva” que dio el Ministerio de Economía de mantener el tratamiento equitativo de los acreedores locales respecto de los términos ofrecidos a los tenedores de títulos bajo legislación extranjera. “Creo que va a haber una gran adhesión a nivel local por varios motivos. Primero, porque darle trato equitativo a los inversores locales es una señal positiva, porque estos bonos ley local no prevén mecanismos de negociación ni cláusulas de acción colectivas. Esto demuestra a los inversores que quieran apostar por Argentina que van a tener el mismo trato que aquellos que inviertan en bonos con ley extranjera. Sienta un buen precedente”, analizó Miguel Kiguel, director Ejecutivo de Econviews. Alejandro Kowalczuk, director Asset Management de Argenfunds, consideró que la adhesión va a ser “muy alta” porque “casi la mitad de la tenencia está en manos del sector público y de la restante mitad, hay muchos inversores institucionales”. El analista estima que, del total títulos elegibles, alrededor de u$s 25.300 millones (55%) está en manos privadas y u$s 20.700 millones (45%) son inversores del sector público. “Algo muy positivo que tiene este canje es que se incorporó la cláusula RUFO, que establece que ante una eventual mejora tanto en el canje local como en el canje externo, el traslado de esas condiciones es automática para quienes acepten entrar ahora”, aseguró, y proyectó que puede reducirse el spread de la cotización de los bonos de distintas legislaciones. Un informe de la consultora 1816 adiciona otro argumento a favor del canje de ley local: los bonos locales “tienen menos riesgo de bloqueo de pagos en el caso de que queden holdouts del Indenture 2005 en el canje internacional y esos bonistas logren fallo pari passu”. “Recordar que esto ya pasó en 2014/2015, cuando los DICY y PARY dejaron de cobrar cupones, pero los Bonares seguían cobrándose normalmente”, consideraron. El proyecto elaborado por Finanzas establece cuatro grupos de títulos elegibles por un total de u$s45.818 millones entre Letes, Lelink, Bonar, Par y Discount. El ofrecimiento es canjearlos por cuatro nuevos bonos en dólares o dos opciones en pesos. El consenso entre analistas y consultoras es ingresar a las distintas opciones en dólares, aunque desalientan el canje por títulos en pesos. Julia Segoviano, economista de LCG, consideró que si bien es positiva la conversión de deuda en dólares por deuda en pesos, “podría llegar a tener una dinámica complicada si llegara a acelerarse la inflación” ya que la tasa que se ofrece está ajustada por CER. “A quienes tengan bonos globales entre 21 y 23, sugerimos elegir el bono 2030 para mantenerse en un tramo más corto. Para los que tengan Global entre 26 y el century, recomendamos elegir el 2035. Para quienes tengan Discounts, que opten por el 2038. Y quienes tienen bonos Par, el 2041”, recomendó Ezequiel Zambaglione, Head of Strategy de Balanz Capital. Conseguir un alto nivel de adhesión del canje local le permitiría al Gobierno, según el análisis de Kowalczuk, mostrar como exitoso el proceso de reestructuración global de toda la deuda nominada en moneda extranjera.
(Cronista) Greylock y la deuda: «Si Argentina no cierra en los próximos días, tal vez no lo haga en años» En diálogo con El Cronista, Hans Humes, titular del fondo que decidió días atrás aceptar la última oferta del Gobierno, culpó a los grandes acreedores, como BlackRock, por no finalizar las negociaciones. «No tiene sentido empujar a la Argentina», dijo. ans Humes es un viejo conocido de la Argentina. Al frente de Greylock Capital, este inversor sabe de qué se trata negociar con el Gobierno local, desde 2002. Greylock decidió días atrás abandonar el Argentine Creditor Committee (ACC, del que también forman parte otros acreedores como BlacRock), y aceptó la última oferta de la Argentina. Entre ese 2002 y 2005, Humes debió verse las caras con Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen (por entonces ministro de Economía y secretario de Finanzas, respectivamente), cuando también debió renegociar la deuda. “En ese momento la situación fue muy diferente a la actual. Ambos no tenían flexibilidad, no se escuchaba al acreedor. Tal vez tenía que ver con el mandato que les habían dado, pero esta última experiencia fue muchísimo mejor. Se ve que se aprendió de los errores”, sostuvo Humes en diálogo con El Cronista.
– ¿Qué lo lleva a pensar eso? – Hay mucha gente en este Gobierno que tiene la experiencia de lo que ocurrió hace 15 años. Se aprendió de los errores. El presidente Alberto Fernández es pragmático y se hizo un gran esfuerzo por escuchar qué se pedía del otro lado. Y el ministro Guzmán empezó sin experiencia y llevó muy bien el tema. No es un proceso perfecto, pero se maneja bastante bien
– ¿Debe preocupar que los tiempos se estiren tanto? Se debe llegar a un acuerdo pronto porque esto ya lleva demasiado tiempo, y los culpables de que esto se haya prolongado tanto en las últimas semanas es responsabilidad de los acreedores, que esperan demasiado. Hay algunos, los más grandes, que convencen a otros de que no aceptan la oferta argentina. El gran riesgo es que hay acreedores que quieren pelear para ganar dos puntos, pero no se dan cuenta de que pueden perder 20 puntos. Espero que se avance fuerte en los próximos días. Sino, posiblemente no se haga en años. – Ustedes optaron por salir del ACC.
¿Qué pasó? – La oferta de la argentina no fue perfecta; eso es una realidad. Pero decidimos aceptar. Sin embargo decidimos salir porque no queríamos formar parte del grupo que empezaba a pedir cosas que no corresponden. No era la mejor oferta pero era suficiente. Es más importante ir por el acuerdo global que pelear por dos puntos más – ¿Cuál es el peso real que puede tener la Argentina en sus portafolios, como para tomar una postura tan exigente? – Entre un 5% y un 15%, no más. Y si no cierran terminará siendo dead money. No hay razón para decirle no a una oferta de u$s 53,5 para exigir u$s 54-u$s 55. Es más ego que otra cosa. – Y sino llevar el caso a juicio – Dicen que lo cerrarán pero no creo que hagan eso. Ganar a través de un juicio es casi imposible. Además Blackrock y el resto de los fondos no saben cómo hacerlo. Las compañías de fondos mutuos no tienen ganas hoy de pelear contra un país en crisis. Esto lleva tiempo y dinero. El costo final es muy alto. – ¿Cómo considera la última contraoferta de ACC? – No ofrecieron absolutamente nada. No dijeron queremos tal cosa. Siguen hablando de lo mismo a los que ya se les dijo que no.
– ¿Coincide con Fernández cuando afirma que la Argentina se expone a un riesgo si ofrece más dinero?
– Es muy difícil saber cuánto realmente puede pagar la Argentina. Pero prometer pagar demasiado ahora, sin dudas puede generar desconfianza en el país. Discutir cuánto podrá pagar la argentina en 5 o 10 años es complicado. No tiene sentido empujar a la Argentina en un momento complejo como el actual. Siempre hay que ceder y dejar algo en la mesa de negociaciones. Lo que ofreció el Gobierno se puede ajustar pero no desde el dinero sino en cuestiones legales. – ¿Cerrar a cualquier precio o que queden holdouts? – No cerrar tendría un efecto muy malo, tremendo sobre la confianza del país. Por eso digo que no entiendo cómo teniendo la Argentina una participación tan baja en el portfolio de muchos acreedores, se extiende todo por dos puntos más. No veo cuál es la búsqueda. Pierden mucho tiempo en esto. Los fondos grandes evidentemente no tienen la experiencia suficiente para afrontar estas situaciones.
