DAILY
| RIESGO PAÍS (21/09/2020) | 1258 |
Información Relevante
RIZOBACTER ARGENTINA S.A..
HECHO RELEVANTE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE II CLASE B
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/D98FC1F1-1E3F-4A5D-A14C-0697942FD47F
PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A..
INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS
– COMUNICACIÓN BCRA “A” 7106 – PLAN DE REFINANCIACIÓN REQUERIDO POR EL BCRA
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/542D4BA9-CED5-42B9-84F1-B8486327A246
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA S.A.
INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – COMUNICACION «A» 7106 BCRA
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/E72C7002-42E3-43E3-9591-FAC4202A5C3D
JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A..
INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE – COMUNICACION «A» 7106 BCRA
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/2E659F60-AA20-4BE7-A9CA-400067C23024
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
TFU27
Informa hecho relevante. Deuda pública provincial en moneda extranjera. Inicio de proceso de reestructuración.
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=367243
Provincia de Jujuy
JUS22
Aviso de Pago de Títulos de Deuda Pública
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=367240
Gobierno Nacional
AD20
Aviso de pago de BONAR $ 2020
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=367239
Últimos Informes de BMB
LOCAL
(Infobae) Continúa el feriado cambiario virtual: por cuarto día consecutivo los bancos no venden dólaresAntes de vender el cupo de USD 200, las entidades financieras deberán chequear que el comprador no sea beneficiario del IFE u otros beneficios sociales. Pero la Anses y el BCRA no quieren darles los datos.
Los bancos continuarán sin vender a sus clientes los USD 200 del cupo mensual autorizado para ahorrar. Tras el endurecimiento del cepo cambiario conocido el martes 15, el mercado cambiario no se normalizó y llegará este lunes al cuarto día hábil sin operaciones. La batería de regulaciones, que incluyó medidas del Banco Central, la AFIP y la Comisión Nacional de Valores, tiene un obstáculo que hasta el momento, según las partes involucradas, no parece tener solución. La Comunicación A7105 del Banco Central dispone que los bancos deben controlar que aquellos que reciban acreditaciones en sus cajas de ahorro en dólares no podrán ser beneficiarios “de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario”. En los hechos, esto significa que las entidades no pueden venderle dólares por vía electrónica a los 8,9 millones de argentinos que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Para ello, deben chequear en la web de la Anses si existe una “certificación negativa denegada” del comprador, como vía para establecer que no recibe ni el IFE ni ningún otro beneficio social. Los bancos, tanto públicos como privados, piden recibir los datos de los beneficiarios en forma “empaquetada”, para cargar a sus sistemas y que el chequeo sea inmediato. “Necesitamos que manden los datos ‘empaquetados’, para que el sistema sea más eficiente y para achicar el riesgo de error humano. De lo contrario, habrá que chequearlo manualmente”, explicaron en una entidad. La situación pone en evidencia una realidad incómoda para el Gobierno: los receptores del IFE formaron parte de la creciente demanda de dólar ahorro de los últimos meses. Desde el Banco Central explicaron que “la base de la Anses es pública”, lo que da a entender que no se entregarán esos datos a los bancos en otro formato, ya sea por decisión del propio BCRA o de la Anses. La pregunta que se hacen en bancos públicos y privados es ¿cómo se hará ese chequeo manual si cuando comience octubre se reinicia la ola de millones de compradores del cupo de USD 200? Si bien el agregado de un impuesto desalentará a muchos, no puede soslayarse que en agosto 5 millones de argentinos compraron dólares. ¿Habrá que chequear uno por uno ingresando a la web de la Anses? Ante la consulta de Infobae, en la Anses se limitaron a decir que “los bancos deben cumplir la norma, en la norma está claramente explicada la manera de chequear. En la web de Anses tienen toda la información”. La sensibilidad del tema tiene varias aristas. La primera es la anormalidad del mercado, que llega así a un feriado cambiario de hecho por cuarto día hábil consecutivo, algo que puede impulsar la cotización del dólar libre. Otra es el manejo de los datos de los beneficiarios de planes sociales, una información que los gobiernos nunca quieren compartir con empresas privadas, pero esas intenciones chocan con las urgencias del cepo cambiario. Al mismo tiempo, la situación pone en evidencia una realidad incómoda para el Gobierno: los receptores del IFE formaron parte de la creciente demanda de dólar ahorro de los últimos meses. Es muy complejo establecer en qué medida y no hay estadísticas oficiales al respecto. Pero la misma existencia de una norma que les prohíbe comprar dólares, es señal suficiente de que lo hacían, ya sea para hacer una diferencia vendiéndolo en el mercado libre o por ser el eslabón más pequeño de las redes de coleros virtuales, combatidas por diversas vías por parte del Banco Central. El mercado del dólar minorista llega así a un feriado cambiario de hecho por cuarto día hábil consecutivo, algo que puede impulsar la cotización del dólar libre.
Es claro que la gran mayoría de los compradores de septiembre, ya compraron su cupo mensual. Pero en los bancos se preguntan qué ocurrirá a partir del jueves 1° de octubre si todos deben ingresar manualmente a esa web de la Anses para chequear millones de operaciones. Las restricciones de la Comunicación A7105 no se limitan a la compra de dólares sino a la recepción de transferencias en moneda extranjera, ya que obliga a los bancos a hacer el control con la base de la Anses “previo a la acreditación de nuevos importes” en cajas de ahorro en dólares. Mientras no se normalice el dólar ahorro, tampoco funcionarán con fluidez las transferencias en dólares. Es habitual que ante cada modificación cambiaria o monetaria exista un lapso de actividad escasa o trabada ante la necesidad de los bancos de adaptar sus sistemas a la nueva normativa, tal como lo explicó Infobae el viernes. Pero no es frecuente que ese virtual feriado cambiario se extienda por tantos días y que abarque a todos los bancos por igual, más allá de su tamaño o su capacidad tecnológica. El resto de los cambios, en particular la incorporación de un nueva retención impositiva del 35% no parece traer mayor dificultad. Pero tanto en bancos públicos como privados se excusan de anticipar cuándo podrá volver a comprar el cupo de USD 200 mensuales.
(Infobae) Luces de alerta en el campo: dudas en el sector sobre cómo seguir produciendo luego de los nuevos controles al dólarDirigentes y consultores se refirieron a las decisiones del Banco Central. Crece el malestar en el interior productivo
Mientras un importante grupo de entidades que conforman la cadena agroindustrial avanzaban con el Gobierno en el diseño de un plan para aumentar las exportaciones y el nivel de empleo, en base a la estabilidad macroeconómica y reglas claras de juego, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció esta semana un paquete de medidas que van en sentido contrario a lo que se estaba analizando en los escritorios oficiales. El pasado martes, el BCRA decidió encarecer el dólar “solidario” y restringir el acceso a estos para la cancelación de obligaciones en el exterior por parte de empresas. Para los dirigentes que conforman la Mesa de Enlace, compuesta por las cuatro principales entidades agropecuarias a nivel nacional, las medidas del Banco Central traerán “consecuencias negativas” para el sector. En relación al efecto negativo de las medidas en el campo, los dirigentes señalaron que las mismas “provocarán nuevas limitaciones que afectarán los precios que reciben los productores agropecuarios, producciones regionales y pymes de todo el país, sumando nuevos riesgos a la operatoria, al limitar la posibilidad de poder contar con el financiamiento adecuado para concretar las operaciones de comercio exterior, a través de la prefinanciación de exportaciones. Además, se acentuará el desfasaje entre el valor de la moneda extranjera para exportar y el precio de la misma a la hora de comprar los insumos”. Lejos de generar un clima favorable a la inversión y la confianza, los anuncios del Banco Central solo producen más incertidumbre y preocupación a los productores (Mesa de Enlace) Por otro lado, esta situación podría derivar en un aumento de precios de los principales insumos estratégicos para el desarrollo de la producción, como consecuencia de los mayores costos asociados con las medidas que impulsa a los importadores a reestructurar las deudas comerciales con sus proveedores, a partir de la restricción en el acceso al dólar oficial para que las empresas puedan pagar sus deudas comerciales. “Como hemos dicho en varias oportunidades, la confianza y la previsibilidad son condiciones necesarias para la inversión, la creación de empleo y la recuperación económica que requiere nuestro país, y más aún en este contexto particularmente difícil, agravado, además, por la pandemia y la consecuente crisis sanitaria”, dijeron desde la Mesa de Enlace. Las decisiones del Banco Central no hicieron más que encender las luces de alerta entre los dirigentes y productores, que con un elevado nivel de preocupación e incertidumbre se preguntan entre ellos cómo seguir produciendo en medio de un complicado escenario político, económico, social y sanitario, que se ha profundizado por el avance del coronavirus en la Argentina y el resto del mundo.
“Sin un contexto de previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras el sueño de una superproducción y aumento de las exportaciones se desvanece. Por el contrario, todo esto solo genera una reducción de las inversiones que seguramente resentirá la producción”, comentaron los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).
Desde la Mesa de Enlace, agregaron: “Lejos de generar un clima favorable a la inversión y la confianza, los anuncios del Banco Central solo producen más incertidumbre y preocupación a los productores. Hay que generar un horizonte de certidumbre para la inversión y la generación de empleo”.
Otras opiniones
Por su parte, el consultor Teo Zorraquín precisó que el productor debe enfrentar una vez más un escenario de “restricciones y con el dólar como protagonista”. Aunque aclaró: “En el corto plazo, a partir de las medidas del Banco Central, no se modificó ningún plan de siembra y de inversiones. Lo único que está generando es un grado más de incertidumbre sobre la que ya había y menos ánimo para la realización de negocios. La noticia que conocimos esta semana es pésima, el manejo me parece muy poco estimulante y marca una vez más el nivel de la crisis, pero hasta el momento con los productores que he hablado ninguno de ellos me ha planteado un cambio en sus planes agrícolas”. Atención que si las restricciones aumentan, para la próxima campaña vamos a estar en problemas (Zorraquín<b>)</b>
Ante el temor que las medidas del BCRA provoquen faltante de insumos en el corto y mediano plazo, el consultor aseguró que por el momento “hay suficiente stock de herbicidas, agroquímicos y otros productos. Pero atención que si las restricciones aumentan, para la próxima campaña vamos a estar en problemas. En la actualidad insumos no faltan. Además, el riesgo de que exista un tipo de cambio más caro para la importación está latente, pero como hay mucha competencia entre las empresas no hay margen para subir los precios”, señaló. El consultor también recordó que las nuevas restricciones están acompañadas por una importante suba de los precios internacionales de los granos y que impactan en la plaza local, como consecuencia de una mayor demanda de China y el clima adverso que afecta a la oferta de granos para el presente ciclo agrícola en los Estados Unidos.
Desde la CNV se ofrecerá servicio de contención y la posibilidad de brindar explicaciones externas. Se adjudicarán problemas del sector público y no de las compañías. El Gobierno tomará contacto en los próximos días con las empresas que deberán obligatoriamente llamar a sus acreedores externos para reestructurar su deuda en dólares. La intención del oficialismo es, primero, explicar la medida que llevó a obligarlos a usar fondos propios o reestructurar sus pasivos; y acompañarlos luego en las eventuales renegociaciones que se deberán abrir de manera inmediata. La idea será analizar de qué manera los deudores podrán tener cerca la voz del Gobierno en el momento de dar las explicación a los acreedores, aclarando que los problemas son del sector público y no de las compañías. Y explicar que fue por estrictas razones de estabilidad macroeconómica del país que se tomaron las medidas anunciadas la semana pasada, y que impiden a las compañías deudoras acceder a los dólares para poder cumplir en tiempo y forma sus obligaciones. Todos saben, el Gobierno y los privados, que no hay ninguna norma legal en el mercado financiero internacional que apañe a las empresas a no pagar sus obligaciones por decisiones del sector público. Y que los acreedores podrán abrir un criterio negociador o recurrir a instancias judiciales, una alternativa que dependerá en realidad de la calidad del banco, fondo de inversión o acreedor que se trate. También saben que no hay ninguna salvaguarda que reduzca los niveles de riesgo judicial, en el caso en que un acreedor no quiera negociar. Pero lo que se buscará es que los acreedores sepan que la culpa de la situación es del país y su economía, y no de las empresas, y que, si de ellas dependieran, no tendrían problema en cumplir con sus obligaciones en divisas. Y que sería injusto que no puedan negociar un acuerdo. Se mencionará, además, que las restricciones se aplican con la intención de estabilizar la economía local, para que el futuro sea más venturoso que el complicado y deprimente presente, asegurando que en el mediano plazo el país volverá a crecer y la situación a normalizarse. En el listado de compañías que serán contactadas figuran Banco Hipotecario, IRSA; Cresud, Genneia, HSBC, John Deere, GEMSA, San Miguel, Edesa, Celulosa, Newsan, CGC, Agrofina y Petroagro. Todas serán contactadas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para que cuenten la manera en que intentarán resolver el problema, y si alguna de estas decidirá solucionar el asunto con dinero propio (depositado dentro o fuera del país), o con una renegociación de deuda. Si este es el caso, el organismo que maneja Adrián Cosentino, ofrecerá sus servicios de contención y explicaciones externas. El Gobierno quiere además aconsejar a las empresas que no podrán acceder a las divisas para cumplir con sus obligaciones, mostrando que el camino a seguir es la negociación que YPF mantuvo con sus acreedores y que llegó a un acuerdo exitoso en julio pasado. Fue, obviamente, antes de las restricciones de la semana pasada; e incluso antes que venza la reestructuración de la deuda con los acreedores con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional. Con lo cual, suponen en el oficialismo, fue un golpe de confianza a la empresa que maneja Guillermo Nielsen y al futuro energético del país. YPF logró una reestructuración de un vencimiento de deuda por u$s1.000 millones, con un aval del 58,4%, muy cerca del porcentaje que hoy se le debería pedir a una empresa que quiera reestructurar su propia deuda. Por esta negociación, los tenedores de las ON clase XLVII emitidas en marzo de 2016 percibirían un pago en efectivo del 10% del valor nominal si aceptaban las condiciones establecidas antes del 16 de julio. También recibirían un 95% de valor nominal de la nueva serie, que mantendría el mismo cupón de intereses del 8,5% anual y tendría cuatro amortizaciones anuales a partir del año 2022. Luego, la petrolera mejoró las condiciones para acelerar las aceptaciones, llevando el pago del 12,5% en efectivo y 92,5% en bonos, pasando a una amortización semestral comenzando por una primera amortización en septiembre de 2021. El dinero de esa ON estaba destinado a inversiones en Vaca Muerta, proyecto que, evidentemente, atrae mucho a los inversores externos, los que aceptaron en un nivel alto aquella oferta de junio de YPF. En ese momento se consideró que la negociación entre la petrolera argentina y los acreedores llegó a buen puerto por la confianza de los acreedores en la compañía, más que en los datos económicos locales y ante un posible fracaso (en esos días se suponía que podría haber ocurrido) en las negociaciones con los acreedores externos. La suposición oficial es que si en esos momentos difíciles pudo haber una acuerdo entre una empresa del país (más aún con capital mayoritario público) y un grupo de acreedores externos, más fácil será ahora llegar a un acuerdo similar con empresas 100% del sector privado y el mundo financiero internacional. La situación fue creada a partir de la decisión del Banco Central de sólo entregar a las empresas deudoras en divisas un 40% de sus pasivos en divisas al precio oficial, mientras que el otro 60% deberá ser aportado por las mismas compañías o abrir un proceso de reestructuración o nuevo financiamiento en los mercados de capitales mundiales. La medida alcanzaba a las compañías con vencimientos por más de un millón de dólares; y según la norma del BCRA, la intención primaria del Gobierno era la de buscar que los privados deudores busquen financiamiento en pesos. Según la letra de la resolución de la entidad que maneja Miguel Pesce, la idea es “favorecer el desarrollo del mercado de capitales local; sentar los lineamientos para una renegociación de la deuda privada externa compatible con el normal funcionamiento del mercado de cambios”, así como también “priorizar a las pequeñas y medianas empresas en la asignación de créditos para la prefinanciación de exportaciones”. Sin embargo, saben en el Gobierno, resultará difícil esta situación para los privados que tienen deudores del exterior. Será en ese momento en que comenzará a aplicarse la estrategia de contención del oficialismo a través de la CNV.
El público y las empresas solicitan cada día menos pesos. Es una señal de alerta para los planes de la autoridad monetaria y para el Tesoro. Hay $2,2 billones en plazos fijos en pesos. El BCRA viene en los últimos tiempos manejándose con mayor cautela a la hora de emitir. Eso, en parte, gracias a que el Tesoro mejoró sus cuentas vía la recuperación de la recaudación, pari passu, la creciente flexibilización, de facto, de actividades y la mayor movilidad de la población. Claro que también, el Palacio de Hacienda colaboró al aprovechar el clima benigno que tuvo durante el tramo final y posterior del canje con los bonistas para colocar más deuda en el mercado local de lo que necesitaba refinanciar. O sea, el rollover fue mayor al 100% de los vencimientos. Así hizo caja y redujo la asistencia del BCRA. De esta manera, como ya se había advertido sobre todo el mes pasado, la menor asistencia del BCRA al Tesoro se tradujo en una menor inyección de pesos en la economía. Sin embargo, esta mayor cautela emisora, vinculada a priori a una mejora fiscal, en realidad también esconde desde el mes pasado un menor apetito de la demanda de dinero. Es decir que la desaceleración de la oferta monetaria, no solo de la base monetaria que deambula entre los $2,2 y $2,3 billones, sino también de los agregados monetarios M2 y M3 privados es la contracara de la caída de la demanda de dinero. Por lo tanto el actual exceso de dinero, en circulación y en colocaciones en pesos, el llamado overhang, está más relacionado ahora con la retracción de la demanda de dinero que por la expansión de la oferta monetaria. Algunos como la Consultora GRA estiman un overhang de billetes y monedas en torno al medio billón de pesos y de depósitos en más de $1,1 billones. O sea, entre ambos habría un exceso de pesos en el mercado en torno a los $1,6 billones, lo que equivale a un 70% de la base monetaria. Está claro que el exceso de pesos, desde la cuarentena en marzo, se fue transformando, transitoriamente, en depósitos, con el consiguiente correlato de Pases y Leliq, y luego de menor a mayor, se fue escurriendo hacia el mercado cambiario. De esta manera la oferta excedente de dinero fue el espejo de la suba de los tipos de cambio informales y por ende de la brecha, ante el mantenimiento del ritmo de micro devaluaciones del BCRA (crawling peg) del 2,6% promedio mensual, en línea con la inflación. Por eso no extraña el comportamiento que vino evidenciando el mercado cambiario y la demanda privada de dólares. Lo que detonó las últimas medidas restrictivas del BCRA. Ahora bien, la caída de la demanda de dinero es sin duda el semáforo amarillo. Al principio de la pandemia la demanda de dinero, en billetes y monedas y en depósitos transaccionales, creció ante la menor velocidad del dinero producto de las restricciones pero ahora la mayor movilidad y opciones de consumo, antes vedadas, provocan un aumento de la velocidad. La gente demandó dinero para sus transacciones y por precaución. Ahora ya empezó a reducir su apetito por pesos. Es lo que se viene viendo en las últimas semanas. En setiembre se está registrando la segunda caída consecutiva del stock de billetes y monedas en poder del público. Lo mismo ocurre por el lado de los depósitos privados en caja de ahorro en pesos. Otro tanto pasa con los depósitos privados en cuenta corriente. Solo los plazos fijos privados en pesos, no ajustables, siguen creciendo, pero también a un menor ritmo, casi la mitad de los niveles de mediados de año (en lo que va de setiembre crecen al 6,4%). Al observar los depósitos privados totales en pesos es insoslayable el agotamiento: pasaron de crecer del 7% meses atrás a un 1,4% en lo que va de setiembre. Claro que detrás de todo esto está el creciente nivel de desconfianza de ahorristas e inversores que lo manifiestan diariamente desprendiéndose de los pesos sobrantes.
(Ambito) Desafío a Guzmán: dólares del agro podrían frenarse tras medidas del BCRA
Un nuevo foco de conflicto que deberá desactivar el Gobierno para incentivar la liquidación de divisas, justo cuando suben los commodities. Sólo en soja quedan por liquidarse u$s12.000 millones. El Gobierno tiene un nuevo desafío por delante clave para la economía. Debe calmar el foco de incertidumbre y especulación que se generó en el agro, a partir de las nuevas medidas del BCRA en torno al dólar, para generar el escenario propicio en pos de incrementar el ingreso de divisas y aprovechar la bonanza de precios internacionales de los commodities. Justo cuando la soja tocaba su máximo valor en dos años hasta alcanzar un precio FOB en los puertos locales de u$s434 por tonelada, y en un contexto en el que todavía quedan en manos de los productores unas 18,3 millones de toneladas por vender y otras 8 millones de toneladas a precio a fijar, es decir, al menos unos u$s12.000 millones en divisas por ingresar a las arcas nacionales, las nuevas restricciones, paralizaron el mercado de granos. En la práctica y derivado del incremento de la brecha con el blue, los agricultores eligen no desprenderse de los granos porque especulan con una posible devaluación en el corto plazo que llevaría al dólar oficial bastante más arriba de su actual cotización. Según explican, descontando las retenciones al poroto que hoy llegan al 33%, reciben un “dólar soja” de $50, mientras que el blue cerró el viernes a alrededor de $140. “Muchos productores que aún mantienen soja en reserva privilegian atar el ritmo de venta a las estrictas necesidades financieras para pagar sus gastos y compromisos del ciclo productivo. Además, el valor de mercado del maíz se ha recuperado y resulta atractivo para la venta, privilegiándose los negocios con el cereal. Debe comprenderse que la oleaginosa resulta para el productor un vehículo natural de ahorro toda vez que le sirve como unidad de medida (los alquileres rurales, los insumos, etc., se valúan en quintales), como medio de cambio (el productor puede desde comprar bienes de capital hasta pagar el arrendamiento anual en grano) y reserva de valor, especialmente en contextos alcista”, detallan desde la Bolsa de Comercio de Rosario.
En tanto, las empresas agroexportadoras recibieron también como un balde de agua fría las nuevas disposiciones del BCRA. Es que aquellas grandes multinacionales y empresas de capitales locales, que tienen fuertes deudas en dólares y que en algunos casos han sido tomadas para concretar inversiones en infraestructura en los puertos argentinos, ahora solo podrán comprar el 40% del monto de su deuda de corto plazo en el mercado oficial, el resto deberá ser renegociado con crédito del exterior. El quid de la cuestión es que la banca internacional no se muestra demasiado entusiasmada con prestarle a la debilitada y cambiante economía argentina, según explican desde el sector.
Ante este panorama la cámara que nuclea a las empresas del sector, CIARA-CEC, con su titular a la cabeza, Gustavo Idígoras, quien incluso es uno de los impulsores del Consejo Agroindustrial Argentino y se reunió semanas atrás con el presidente Alberto Fernández, para llevarle su propuesta para impulsar las exportaciones del campo, mantuvo un poco habitual bajo perfil durante la última semana y luego de conocerse las nuevas disposiciones del BCRA. Según pudo averiguar Ámbito, los agroexportadores están tratando de acercar posiciones con el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. Lejos de la crítica, los industriales del campo buscan mostrarle al Gobierno que las empresas del crushing de soja necesitan no solo un nuevo esquema de retenciones, en donde fomente los envíos con valor agregado, sino también medidas menos restrictivas para acceder al mercado de cambios.
Otro ítem que se abre, y no menos importante, también relacionado con el mercado de granos, es que según las nuevas resoluciones, los dólares destinados a pre financiación de exportaciones tendrán como prioridad a las pymes. Mientras tanto las multinacionales y empresas de bandera argentina que utilizan habitualmente estas herramientas financieras tendrán que buscar crédito en el exterior. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte y quizás más agudizado localmente con el default de Vicentin, la banca internacional, comenzó a retacear dólares para este tipo de operaciones. En este marco, Roberto Urquía, presidente de Aceitera General Deheza declaró recientemente en una emisora radial: “Los agroexportadores no tenemos forma de retacear dólares. En los commodities, aceites, harinas, porotos de soja, aceite de soja, maní, etc. a los 15 días de cargar el barco hay que liquidar los dólares al Banco Central”. Según Urquía, los dólares paralelos “están un poco sobrevaluados. El problema no es el dólar sino las retenciones del 33% a la soja. Atenuando un poco las retenciones, se podría acortar la brecha entre los dólares. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, porque ya lo habrían hecho”, remarcó. La realidad es que a partir de la especulación del productor para obtener un mayor precio por su cosecha y junto a los inconvenientes del sector agroexportador para acceder al dólar oficial, se presenta un cóctel explosivo que llevaría a la liquidación de divisas a un peor escenario de lo que se especulaba solo un mes atrás. Según las proyecciones del consultor Pablo Adreani, este año se alcanzaría los u$s20.240 millones, mostrando un retroceso del 14,6% respecto al año anterior cuando sumó u$s23.714 millones, pero este número podría resentirse todavía más y eso quedaría en evidencia en el último tramo del año, justo en el momento en que el Gobierno apostaba a una reactivación de las exportaciones
l Gobierno extendió a las empresas la prohibición de cortar el servicio a los clientes con facturas impagas, y tensó aún más la relación. Esta determinación alcanza a los servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil e internet y TV paga. Si bien esta posibilidad ya estaba hablada con las compañías, esto no quiere decir que los efectos de la medida no vayan a afectar a sus números. «Todo esto genera un desequilibrio muy importante en los balances. Es dinero que estaba previsto ingresara para este año, pero que finalmente no lo hará. Sin dudas las cuentas no serán las mismas que las que estaban planeadas», sostuvieron a El Cronista desde una de las principales empresas de servicios. En este sentido, dependiendo del rubro, el índice de morosidad en tiempos prepandemia suele ser de alrededor de un 10% del total de los usuarios. Hoy, con la crisis económica de por medio y la imposibilidad de cortar los servicios, esa cifra se duplicó, -en promedio de las firmas de servicios- y solo entre el 75% y el 80% de los clientes tiene sus cuentas al día. Algunas compañías, sin embargo, muestran cifras algo más optimistas. Esa tasa de morosidad es importante, aunque cuando arrancó la cuarentena apenas entre un 35% y 45% de los usuarios abonaba sus facturas antes de la fecha de vencimiento. «Esta medida vuelve aun más urgente algún tipo de solución por parte del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de los servicios esencial en período de cuarentena. Sin recursos asociados, pone aún más en riesgo sectores vitales para la sociedad y la economía», apuntaron desde otra de las empresas consultadas. Hoy, en algunas compañías saben que varios de ellos deberán pasar al rubro de incobrables, por lo que se espera un importante índice de litigiosidad entre usuarios y prestadores, mientras las firmas ya tienen diseñados planes de cuotas para quienes no estén al día. La prohibición de cortar el servicio a morosos se estableció en marzo pasado a través del decreto 311/20 en el marco de la emergencia por la pandemia del coronavirus, y ahora estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo. Incluso, ahora se extendió de seis a siete la cantidad de facturas impagas que se pueden acumular, una cifra que en tiempos precoronavirus era de tres. Según detalló el Gobierno, «se extiende también hasta fin de año la obligación de las empresas de telefonía fija o móvil, internet y TV paga de mantener un servicio reducido en caso de falta de pago». Todo esto se da en medio de un contexto de una relación tensa entre el Gobierno y las empresas de servicios. Por un lado, hace algunos meses se impulsó una avanzada contra la eléctrica Edesur, que muchos entendieron como una búsqueda por sacarla del mercado argentino. En tanto, al servicio de las empresas de telefonía celular, Internet y TV por cable se los catalogó como «esenciales», por lo que se determinó que sus costos deberán permanecer sin modificaciones hasta el 31 de diciembre próximo. Algo similar ocurre con las tarifas de gas, sin variantes desde abril de 2019, una situación que se intentó revertir pero que resultó imposible luego de que el Gobierno dictara la Ley de Emergencia. Según explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, la semana pasada, para 2021 se dispondría, a grandes rasgos, de un sistema de actualización de tarifas regido por el movimiento inflacionario, aunque con tarifas especiales para aquellos hogares que no estén en condiciones de hacer frente a esos costos.
Como suele ocurrir con medidas económicas de alcance general, el nuevo esquema impositivo dispuesto para la adquisición de divisas y las compras con tarjeta en el exterior, empieza a decantar y dejar expuestas las dificultades que genera en diversas ramas de actividad. La minería es una industria que el Gobierno pretende impulsar, en especial por su potencial exportador. Pero ahora la Comunicación A 7106/2020 del Banco Central echa un manto de dudas sobre el futuro de esta industria. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ve «con preocupación las recientes medidas cambiarias anunciadas por el Banco Central de la República Argentina» y argumenta que «para producir y exportar, las empresas mineras primero deben necesariamente invertir y esto se dificulta si existen medidas que atentan contra la inversión directa». La actividad extractiva, tanto en minería como en petróleo y gas, es intensiva en inversiones, por lo general provenientes del exterior, que quedan «hundidas» en el país por varios años, hasta que madura la producción y se avanza en la exportación. Esas divisas se originan en crédito externo en dólares o por aportes de capital de los accionistas. «Así financian el pago de años de exploración, de construcciones millonarias y de capital de trabajo. Y apenas comienzan a operar, deben repagar esas deudas para poder seguir teniendo crédito», explicó CAEM en un comunicado difundido el fin de semana. Según la nueva norma sólo se podrá acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para obtener el 40% de los montos adeudados con vencimiento en los próximos seis meses, el resto deberá refinanciarse en forma obligatoria. La medida alcanza a los 14 proyectos que están en operación en el país y los dos proyectos que entrarán en producción el año próximo, Lindero en Salta (oro) y Minera Exar en Jujuy (litio). Al aplicar restricciones al pago de los préstamos «las empresas entran en situación de default técnico», del que se sale generando nuevo endeudamiento pero más caro, explicó Alberto Carlocchia, titular de CAEM. Dependiendo del proyecto y la duración -puede ir hasta 20 o 30 años- el costo del financiamiento en dólares «puede variar hoy entre 15% y 25%», señalan fuentes del sector. «Argentina precisa una ley de promoción de grandes proyectos de inversión, que incluya también otros sectores, como la energía, para que tengan un marco jurídico adecuado para desarrollarse», aseguró Carlocchia. Sólo en el sector minero están en juego inversiones por u$s 18.000 millones en los próximos seis años, que podría duplicar las exportaciones hasta los u$s 10.000 millones.
La elección presidencial en los Estados Unidos no es ajena a la clase política en ninguna parte del mundo. A contramano de la estrategia con la que el anterior gobierno encaró el proceso que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, y que resultó impruduente en tanto Macri había apostado por un triunfo de Hillary Clinton, la Casa Rosada de Alberto Fernández se cuida de momento de verter opiniones ante lo que se presenta como un proceso con desenlace todavía incierto. Sin embargo, algunos académicos con llegada al Gobierno se permiten elaborar teorías acerca de qué presidente convendría más para la región y para la Argentina, especialmente. Así lo han expresado en el primer dossier de la Red Argentina de Profesionales en Política Exterior (Redappe) voces que rodean a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otras que saben hacerse oír en la Cancillería y en otros despachos oficiales. A grandes rasgos, entre los politólogos afines al Gobierno que colaboraron con la revista de la Redappe sobrevuela un nivel de escepticismo sobre eventuales políticas que impliquen un giro copernicano hacia la región, y más bien se contentan con pensar que un triunfo del candidato demócrata, Joe Biden, sería favorable para los intereses latinoamericanos en tanto reconstruiría un sistema de gobernanza que el multimillonario republicano se ha encargado de desestabilizar, y asimismo buscaría soluciones más consensuadas para los desafíos que tiene la región. El investigador de la UBA y referente del Instituto Patria para asuntos internacionales, Alejandro Frenkel, estima que «en el caso de que Donald Trump sea reelecto, la agresividad de la política estadounidense hacia América Latina puede disminuir, por tres razones: ya no estará condicionado por atraer a una base de votantes con políticas demagógicas; es muy probable que el Congreso quede con mayoría demócrata en ambas cámaras, lo cual reduciría el margen de maniobra de la política exterior, y su atención estará en resolver la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19». Frenkel sostiene que una segunda administración Trump «continuará con una política de fomento a los movimientos y gobiernos ultraconservadores en la región» y será «altamente confrontativa» con las dirigencias que marcan el pulso en cuba, Nicaragua y Venezuela. De imponerse Biden, el académico allegado al Instituto Patria evalúa que Estados Unidos volvería a reconstruir la política de construcción de consensos para la gobernanza de las instituciones occidentales. Pero lejos de entusiasmarse con esta posibilidad, Frenkel subraya que «ocupe quien ocupe la Casa Blanca, la identificación de China como un desafío a la hegemonía norteamericana en el hemisferio o la falta de una política integral hacia América Latina» continuarán los próximos años. La politóloga y doctora en Ciencias Sociales por la Flacso, Daniela Perrotta, asevera que un triufo del candidato republicano y actual inquilino de la Casa Blanca profundizaría una política de patear el tablero regional, mientras una victoria demócrata podría traer una recomposición de un ajedrez hoy desperfecto. La también directora de Cooperación Internacional del ministerio de Educación que conduce Nicolás Trotta asegura que «un gobierno demócrata permitiría recomponer un tablero hemisférico y multilateral ya bastante dañado con un compromiso de mantenimiento de equilibrios y acuerdos preexistentes y una narrativa –porque cabe cuestionar las estructuras materiales que configuran la política exterior norteamericana– más globalista y de búsqueda de consensos». La secretaria de Relaciones Institucionales de la Redappe, Julieta Daffonchio, también asesora del ministro de Transporte, Mario Meoni, es menos optimista. En el dossier, considera que «la alternancia o no de demócratas y republicanos no modificará sustancialmente la política exterior estadounidense». A pesar de ello, la politóloga convoca a «concientizar y militar que el futuro de la región debe ser colectivo y, esté quien esté en los Estados Unidos, tenemos que relacionarnos como un bloque unificado con una posición clara». El politólogo y maestrando en Defensa y asesor del ministerio del Interior, Elio De Antoni, también prestó su pluma para la revista, y allí expone que «un eventual triunfo de Biden puede modificar el perfil unilateral de la política exterior de Trump y desescalar los niveles de tensión», y a partir de instrumentos multilaterales encontrar alternativas de resolución al conflicto en Venezuela y la relación con Cuba. Como Daffoncjio, De Antoni hace votos por recrear «mecanismos intrarregionales para solucionar conflictos», siguiendo el legado de lo que fue la Unasur, hoy prácticamente disuelta.
Los bancos continuarán sin vender a sus clientes los USD 200 del cupo mensual autorizado para ahorrar. Tras el endurecimiento del cepo cambiario conocido el martes 15, el mercado cambiario no se normalizó y llegará este lunes al cuarto día hábil sin operaciones. La batería de regulaciones, que incluyó medidas del Banco Central, la AFIP y la Comisión Nacional de Valores, tiene un obstáculo que hasta el momento, según las partes involucradas, no parece tener solución. La Comunicación A7105 del Banco Central dispone que los bancos deben controlar que aquellos que reciban acreditaciones en sus cajas de ahorro en dólares no podrán ser beneficiarios “de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario”. En los hechos, esto significa que las entidades no pueden venderle dólares por vía electrónica a los 8,9 millones de argentinos que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Para ello, deben chequear en la web de la Anses si existe una “certificación negativa denegada” del comprador, como vía para establecer que no recibe ni el IFE ni ningún otro beneficio social. Los bancos, tanto públicos como privados, piden recibir los datos de los beneficiarios en forma “empaquetada”, para cargar a sus sistemas y que el chequeo sea inmediato. “Necesitamos que manden los datos ‘empaquetados’, para que el sistema sea más eficiente y para achicar el riesgo de error humano. De lo contrario, habrá que chequearlo manualmente”, explicaron en una entidad. La situación pone en evidencia una realidad incómoda para el Gobierno: los receptores del IFE formaron parte de la creciente demanda de dólar ahorro de los últimos meses. Desde el Banco Central explicaron que “la base de la Anses es pública”, lo que da a entender que no se entregarán esos datos a los bancos en otro formato, ya sea por decisión del propio BCRA o de la Anses. La pregunta que se hacen en bancos públicos y privados es ¿cómo se hará ese chequeo manual si cuando comience octubre se reinicia la ola de millones de compradores del cupo de USD 200? Si bien el agregado de un impuesto desalentará a muchos, no puede soslayarse que en agosto 5 millones de argentinos compraron dólares. ¿Habrá que chequear uno por uno ingresando a la web de la Anses? Ante la consulta de Infobae, en la Anses se limitaron a decir que “los bancos deben cumplir la norma, en la norma está claramente explicada la manera de chequear. En la web de Anses tienen toda la información”. La sensibilidad del tema tiene varias aristas. La primera es la anormalidad del mercado, que llega así a un feriado cambiario de hecho por cuarto día hábil consecutivo, algo que puede impulsar la cotización del dólar libre. Otra es el manejo de los datos de los beneficiarios de planes sociales, una información que los gobiernos nunca quieren compartir con empresas privadas, pero esas intenciones chocan con las urgencias del cepo cambiario. Al mismo tiempo, la situación pone en evidencia una realidad incómoda para el Gobierno: los receptores del IFE formaron parte de la creciente demanda de dólar ahorro de los últimos meses. Es muy complejo establecer en qué medida y no hay estadísticas oficiales al respecto. Pero la misma existencia de una norma que les prohíbe comprar dólares, es señal suficiente de que lo hacían, ya sea para hacer una diferencia vendiéndolo en el mercado libre o por ser el eslabón más pequeño de las redes de coleros virtuales, combatidas por diversas vías por parte del Banco Central. El mercado del dólar minorista llega así a un feriado cambiario de hecho por cuarto día hábil consecutivo, algo que puede impulsar la cotización del dólar libre.
Es claro que la gran mayoría de los compradores de septiembre, ya compraron su cupo mensual. Pero en los bancos se preguntan qué ocurrirá a partir del jueves 1° de octubre si todos deben ingresar manualmente a esa web de la Anses para chequear millones de operaciones. Las restricciones de la Comunicación A7105 no se limitan a la compra de dólares sino a la recepción de transferencias en moneda extranjera, ya que obliga a los bancos a hacer el control con la base de la Anses “previo a la acreditación de nuevos importes” en cajas de ahorro en dólares. Mientras no se normalice el dólar ahorro, tampoco funcionarán con fluidez las transferencias en dólares. Es habitual que ante cada modificación cambiaria o monetaria exista un lapso de actividad escasa o trabada ante la necesidad de los bancos de adaptar sus sistemas a la nueva normativa, tal como lo explicó Infobae el viernes. Pero no es frecuente que ese virtual feriado cambiario se extienda por tantos días y que abarque a todos los bancos por igual, más allá de su tamaño o su capacidad tecnológica. El resto de los cambios, en particular la incorporación de un nueva retención impositiva del 35% no parece traer mayor dificultad. Pero tanto en bancos públicos como privados se excusan de anticipar cuándo podrá volver a comprar el cupo de USD 200 mensuales.
(Infobae) Luces de alerta en el campo: dudas en el sector sobre cómo seguir produciendo luego de los nuevos controles al dólarDirigentes y consultores se refirieron a las decisiones del Banco Central. Crece el malestar en el interior productivo
Mientras un importante grupo de entidades que conforman la cadena agroindustrial avanzaban con el Gobierno en el diseño de un plan para aumentar las exportaciones y el nivel de empleo, en base a la estabilidad macroeconómica y reglas claras de juego, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció esta semana un paquete de medidas que van en sentido contrario a lo que se estaba analizando en los escritorios oficiales. El pasado martes, el BCRA decidió encarecer el dólar “solidario” y restringir el acceso a estos para la cancelación de obligaciones en el exterior por parte de empresas. Para los dirigentes que conforman la Mesa de Enlace, compuesta por las cuatro principales entidades agropecuarias a nivel nacional, las medidas del Banco Central traerán “consecuencias negativas” para el sector. En relación al efecto negativo de las medidas en el campo, los dirigentes señalaron que las mismas “provocarán nuevas limitaciones que afectarán los precios que reciben los productores agropecuarios, producciones regionales y pymes de todo el país, sumando nuevos riesgos a la operatoria, al limitar la posibilidad de poder contar con el financiamiento adecuado para concretar las operaciones de comercio exterior, a través de la prefinanciación de exportaciones. Además, se acentuará el desfasaje entre el valor de la moneda extranjera para exportar y el precio de la misma a la hora de comprar los insumos”. Lejos de generar un clima favorable a la inversión y la confianza, los anuncios del Banco Central solo producen más incertidumbre y preocupación a los productores (Mesa de Enlace) Por otro lado, esta situación podría derivar en un aumento de precios de los principales insumos estratégicos para el desarrollo de la producción, como consecuencia de los mayores costos asociados con las medidas que impulsa a los importadores a reestructurar las deudas comerciales con sus proveedores, a partir de la restricción en el acceso al dólar oficial para que las empresas puedan pagar sus deudas comerciales. “Como hemos dicho en varias oportunidades, la confianza y la previsibilidad son condiciones necesarias para la inversión, la creación de empleo y la recuperación económica que requiere nuestro país, y más aún en este contexto particularmente difícil, agravado, además, por la pandemia y la consecuente crisis sanitaria”, dijeron desde la Mesa de Enlace. Las decisiones del Banco Central no hicieron más que encender las luces de alerta entre los dirigentes y productores, que con un elevado nivel de preocupación e incertidumbre se preguntan entre ellos cómo seguir produciendo en medio de un complicado escenario político, económico, social y sanitario, que se ha profundizado por el avance del coronavirus en la Argentina y el resto del mundo.
“Sin un contexto de previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras el sueño de una superproducción y aumento de las exportaciones se desvanece. Por el contrario, todo esto solo genera una reducción de las inversiones que seguramente resentirá la producción”, comentaron los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).
Desde la Mesa de Enlace, agregaron: “Lejos de generar un clima favorable a la inversión y la confianza, los anuncios del Banco Central solo producen más incertidumbre y preocupación a los productores. Hay que generar un horizonte de certidumbre para la inversión y la generación de empleo”.
Otras opiniones
Por su parte, el consultor Teo Zorraquín precisó que el productor debe enfrentar una vez más un escenario de “restricciones y con el dólar como protagonista”. Aunque aclaró: “En el corto plazo, a partir de las medidas del Banco Central, no se modificó ningún plan de siembra y de inversiones. Lo único que está generando es un grado más de incertidumbre sobre la que ya había y menos ánimo para la realización de negocios. La noticia que conocimos esta semana es pésima, el manejo me parece muy poco estimulante y marca una vez más el nivel de la crisis, pero hasta el momento con los productores que he hablado ninguno de ellos me ha planteado un cambio en sus planes agrícolas”. Atención que si las restricciones aumentan, para la próxima campaña vamos a estar en problemas (Zorraquín<b>)</b>
Ante el temor que las medidas del BCRA provoquen faltante de insumos en el corto y mediano plazo, el consultor aseguró que por el momento “hay suficiente stock de herbicidas, agroquímicos y otros productos. Pero atención que si las restricciones aumentan, para la próxima campaña vamos a estar en problemas. En la actualidad insumos no faltan. Además, el riesgo de que exista un tipo de cambio más caro para la importación está latente, pero como hay mucha competencia entre las empresas no hay margen para subir los precios”, señaló. El consultor también recordó que las nuevas restricciones están acompañadas por una importante suba de los precios internacionales de los granos y que impactan en la plaza local, como consecuencia de una mayor demanda de China y el clima adverso que afecta a la oferta de granos para el presente ciclo agrícola en los Estados Unidos.
(Ambito) Dólar: Gobierno dice que ayudará a las empresas locales que deban renegociar sus deudas
Desde la CNV se ofrecerá servicio de contención y la posibilidad de brindar explicaciones externas. Se adjudicarán problemas del sector público y no de las compañías. El Gobierno tomará contacto en los próximos días con las empresas que deberán obligatoriamente llamar a sus acreedores externos para reestructurar su deuda en dólares. La intención del oficialismo es, primero, explicar la medida que llevó a obligarlos a usar fondos propios o reestructurar sus pasivos; y acompañarlos luego en las eventuales renegociaciones que se deberán abrir de manera inmediata. La idea será analizar de qué manera los deudores podrán tener cerca la voz del Gobierno en el momento de dar las explicación a los acreedores, aclarando que los problemas son del sector público y no de las compañías. Y explicar que fue por estrictas razones de estabilidad macroeconómica del país que se tomaron las medidas anunciadas la semana pasada, y que impiden a las compañías deudoras acceder a los dólares para poder cumplir en tiempo y forma sus obligaciones. Todos saben, el Gobierno y los privados, que no hay ninguna norma legal en el mercado financiero internacional que apañe a las empresas a no pagar sus obligaciones por decisiones del sector público. Y que los acreedores podrán abrir un criterio negociador o recurrir a instancias judiciales, una alternativa que dependerá en realidad de la calidad del banco, fondo de inversión o acreedor que se trate. También saben que no hay ninguna salvaguarda que reduzca los niveles de riesgo judicial, en el caso en que un acreedor no quiera negociar. Pero lo que se buscará es que los acreedores sepan que la culpa de la situación es del país y su economía, y no de las empresas, y que, si de ellas dependieran, no tendrían problema en cumplir con sus obligaciones en divisas. Y que sería injusto que no puedan negociar un acuerdo. Se mencionará, además, que las restricciones se aplican con la intención de estabilizar la economía local, para que el futuro sea más venturoso que el complicado y deprimente presente, asegurando que en el mediano plazo el país volverá a crecer y la situación a normalizarse. En el listado de compañías que serán contactadas figuran Banco Hipotecario, IRSA; Cresud, Genneia, HSBC, John Deere, GEMSA, San Miguel, Edesa, Celulosa, Newsan, CGC, Agrofina y Petroagro. Todas serán contactadas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para que cuenten la manera en que intentarán resolver el problema, y si alguna de estas decidirá solucionar el asunto con dinero propio (depositado dentro o fuera del país), o con una renegociación de deuda. Si este es el caso, el organismo que maneja Adrián Cosentino, ofrecerá sus servicios de contención y explicaciones externas. El Gobierno quiere además aconsejar a las empresas que no podrán acceder a las divisas para cumplir con sus obligaciones, mostrando que el camino a seguir es la negociación que YPF mantuvo con sus acreedores y que llegó a un acuerdo exitoso en julio pasado. Fue, obviamente, antes de las restricciones de la semana pasada; e incluso antes que venza la reestructuración de la deuda con los acreedores con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional. Con lo cual, suponen en el oficialismo, fue un golpe de confianza a la empresa que maneja Guillermo Nielsen y al futuro energético del país. YPF logró una reestructuración de un vencimiento de deuda por u$s1.000 millones, con un aval del 58,4%, muy cerca del porcentaje que hoy se le debería pedir a una empresa que quiera reestructurar su propia deuda. Por esta negociación, los tenedores de las ON clase XLVII emitidas en marzo de 2016 percibirían un pago en efectivo del 10% del valor nominal si aceptaban las condiciones establecidas antes del 16 de julio. También recibirían un 95% de valor nominal de la nueva serie, que mantendría el mismo cupón de intereses del 8,5% anual y tendría cuatro amortizaciones anuales a partir del año 2022. Luego, la petrolera mejoró las condiciones para acelerar las aceptaciones, llevando el pago del 12,5% en efectivo y 92,5% en bonos, pasando a una amortización semestral comenzando por una primera amortización en septiembre de 2021. El dinero de esa ON estaba destinado a inversiones en Vaca Muerta, proyecto que, evidentemente, atrae mucho a los inversores externos, los que aceptaron en un nivel alto aquella oferta de junio de YPF. En ese momento se consideró que la negociación entre la petrolera argentina y los acreedores llegó a buen puerto por la confianza de los acreedores en la compañía, más que en los datos económicos locales y ante un posible fracaso (en esos días se suponía que podría haber ocurrido) en las negociaciones con los acreedores externos. La suposición oficial es que si en esos momentos difíciles pudo haber una acuerdo entre una empresa del país (más aún con capital mayoritario público) y un grupo de acreedores externos, más fácil será ahora llegar a un acuerdo similar con empresas 100% del sector privado y el mundo financiero internacional. La situación fue creada a partir de la decisión del Banco Central de sólo entregar a las empresas deudoras en divisas un 40% de sus pasivos en divisas al precio oficial, mientras que el otro 60% deberá ser aportado por las mismas compañías o abrir un proceso de reestructuración o nuevo financiamiento en los mercados de capitales mundiales. La medida alcanzaba a las compañías con vencimientos por más de un millón de dólares; y según la norma del BCRA, la intención primaria del Gobierno era la de buscar que los privados deudores busquen financiamiento en pesos. Según la letra de la resolución de la entidad que maneja Miguel Pesce, la idea es “favorecer el desarrollo del mercado de capitales local; sentar los lineamientos para una renegociación de la deuda privada externa compatible con el normal funcionamiento del mercado de cambios”, así como también “priorizar a las pequeñas y medianas empresas en la asignación de créditos para la prefinanciación de exportaciones”. Sin embargo, saben en el Gobierno, resultará difícil esta situación para los privados que tienen deudores del exterior. Será en ese momento en que comenzará a aplicarse la estrategia de contención del oficialismo a través de la CNV.
(Ambito) Cae la demanda de pesos y BCRA reduce chances de alta emisión
El público y las empresas solicitan cada día menos pesos. Es una señal de alerta para los planes de la autoridad monetaria y para el Tesoro. Hay $2,2 billones en plazos fijos en pesos. El BCRA viene en los últimos tiempos manejándose con mayor cautela a la hora de emitir. Eso, en parte, gracias a que el Tesoro mejoró sus cuentas vía la recuperación de la recaudación, pari passu, la creciente flexibilización, de facto, de actividades y la mayor movilidad de la población. Claro que también, el Palacio de Hacienda colaboró al aprovechar el clima benigno que tuvo durante el tramo final y posterior del canje con los bonistas para colocar más deuda en el mercado local de lo que necesitaba refinanciar. O sea, el rollover fue mayor al 100% de los vencimientos. Así hizo caja y redujo la asistencia del BCRA. De esta manera, como ya se había advertido sobre todo el mes pasado, la menor asistencia del BCRA al Tesoro se tradujo en una menor inyección de pesos en la economía. Sin embargo, esta mayor cautela emisora, vinculada a priori a una mejora fiscal, en realidad también esconde desde el mes pasado un menor apetito de la demanda de dinero. Es decir que la desaceleración de la oferta monetaria, no solo de la base monetaria que deambula entre los $2,2 y $2,3 billones, sino también de los agregados monetarios M2 y M3 privados es la contracara de la caída de la demanda de dinero. Por lo tanto el actual exceso de dinero, en circulación y en colocaciones en pesos, el llamado overhang, está más relacionado ahora con la retracción de la demanda de dinero que por la expansión de la oferta monetaria. Algunos como la Consultora GRA estiman un overhang de billetes y monedas en torno al medio billón de pesos y de depósitos en más de $1,1 billones. O sea, entre ambos habría un exceso de pesos en el mercado en torno a los $1,6 billones, lo que equivale a un 70% de la base monetaria. Está claro que el exceso de pesos, desde la cuarentena en marzo, se fue transformando, transitoriamente, en depósitos, con el consiguiente correlato de Pases y Leliq, y luego de menor a mayor, se fue escurriendo hacia el mercado cambiario. De esta manera la oferta excedente de dinero fue el espejo de la suba de los tipos de cambio informales y por ende de la brecha, ante el mantenimiento del ritmo de micro devaluaciones del BCRA (crawling peg) del 2,6% promedio mensual, en línea con la inflación. Por eso no extraña el comportamiento que vino evidenciando el mercado cambiario y la demanda privada de dólares. Lo que detonó las últimas medidas restrictivas del BCRA. Ahora bien, la caída de la demanda de dinero es sin duda el semáforo amarillo. Al principio de la pandemia la demanda de dinero, en billetes y monedas y en depósitos transaccionales, creció ante la menor velocidad del dinero producto de las restricciones pero ahora la mayor movilidad y opciones de consumo, antes vedadas, provocan un aumento de la velocidad. La gente demandó dinero para sus transacciones y por precaución. Ahora ya empezó a reducir su apetito por pesos. Es lo que se viene viendo en las últimas semanas. En setiembre se está registrando la segunda caída consecutiva del stock de billetes y monedas en poder del público. Lo mismo ocurre por el lado de los depósitos privados en caja de ahorro en pesos. Otro tanto pasa con los depósitos privados en cuenta corriente. Solo los plazos fijos privados en pesos, no ajustables, siguen creciendo, pero también a un menor ritmo, casi la mitad de los niveles de mediados de año (en lo que va de setiembre crecen al 6,4%). Al observar los depósitos privados totales en pesos es insoslayable el agotamiento: pasaron de crecer del 7% meses atrás a un 1,4% en lo que va de setiembre. Claro que detrás de todo esto está el creciente nivel de desconfianza de ahorristas e inversores que lo manifiestan diariamente desprendiéndose de los pesos sobrantes.
(Ambito) Desafío a Guzmán: dólares del agro podrían frenarse tras medidas del BCRA
Un nuevo foco de conflicto que deberá desactivar el Gobierno para incentivar la liquidación de divisas, justo cuando suben los commodities. Sólo en soja quedan por liquidarse u$s12.000 millones. El Gobierno tiene un nuevo desafío por delante clave para la economía. Debe calmar el foco de incertidumbre y especulación que se generó en el agro, a partir de las nuevas medidas del BCRA en torno al dólar, para generar el escenario propicio en pos de incrementar el ingreso de divisas y aprovechar la bonanza de precios internacionales de los commodities. Justo cuando la soja tocaba su máximo valor en dos años hasta alcanzar un precio FOB en los puertos locales de u$s434 por tonelada, y en un contexto en el que todavía quedan en manos de los productores unas 18,3 millones de toneladas por vender y otras 8 millones de toneladas a precio a fijar, es decir, al menos unos u$s12.000 millones en divisas por ingresar a las arcas nacionales, las nuevas restricciones, paralizaron el mercado de granos. En la práctica y derivado del incremento de la brecha con el blue, los agricultores eligen no desprenderse de los granos porque especulan con una posible devaluación en el corto plazo que llevaría al dólar oficial bastante más arriba de su actual cotización. Según explican, descontando las retenciones al poroto que hoy llegan al 33%, reciben un “dólar soja” de $50, mientras que el blue cerró el viernes a alrededor de $140. “Muchos productores que aún mantienen soja en reserva privilegian atar el ritmo de venta a las estrictas necesidades financieras para pagar sus gastos y compromisos del ciclo productivo. Además, el valor de mercado del maíz se ha recuperado y resulta atractivo para la venta, privilegiándose los negocios con el cereal. Debe comprenderse que la oleaginosa resulta para el productor un vehículo natural de ahorro toda vez que le sirve como unidad de medida (los alquileres rurales, los insumos, etc., se valúan en quintales), como medio de cambio (el productor puede desde comprar bienes de capital hasta pagar el arrendamiento anual en grano) y reserva de valor, especialmente en contextos alcista”, detallan desde la Bolsa de Comercio de Rosario.
En tanto, las empresas agroexportadoras recibieron también como un balde de agua fría las nuevas disposiciones del BCRA. Es que aquellas grandes multinacionales y empresas de capitales locales, que tienen fuertes deudas en dólares y que en algunos casos han sido tomadas para concretar inversiones en infraestructura en los puertos argentinos, ahora solo podrán comprar el 40% del monto de su deuda de corto plazo en el mercado oficial, el resto deberá ser renegociado con crédito del exterior. El quid de la cuestión es que la banca internacional no se muestra demasiado entusiasmada con prestarle a la debilitada y cambiante economía argentina, según explican desde el sector.
Ante este panorama la cámara que nuclea a las empresas del sector, CIARA-CEC, con su titular a la cabeza, Gustavo Idígoras, quien incluso es uno de los impulsores del Consejo Agroindustrial Argentino y se reunió semanas atrás con el presidente Alberto Fernández, para llevarle su propuesta para impulsar las exportaciones del campo, mantuvo un poco habitual bajo perfil durante la última semana y luego de conocerse las nuevas disposiciones del BCRA. Según pudo averiguar Ámbito, los agroexportadores están tratando de acercar posiciones con el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. Lejos de la crítica, los industriales del campo buscan mostrarle al Gobierno que las empresas del crushing de soja necesitan no solo un nuevo esquema de retenciones, en donde fomente los envíos con valor agregado, sino también medidas menos restrictivas para acceder al mercado de cambios.
Otro ítem que se abre, y no menos importante, también relacionado con el mercado de granos, es que según las nuevas resoluciones, los dólares destinados a pre financiación de exportaciones tendrán como prioridad a las pymes. Mientras tanto las multinacionales y empresas de bandera argentina que utilizan habitualmente estas herramientas financieras tendrán que buscar crédito en el exterior. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte y quizás más agudizado localmente con el default de Vicentin, la banca internacional, comenzó a retacear dólares para este tipo de operaciones. En este marco, Roberto Urquía, presidente de Aceitera General Deheza declaró recientemente en una emisora radial: “Los agroexportadores no tenemos forma de retacear dólares. En los commodities, aceites, harinas, porotos de soja, aceite de soja, maní, etc. a los 15 días de cargar el barco hay que liquidar los dólares al Banco Central”. Según Urquía, los dólares paralelos “están un poco sobrevaluados. El problema no es el dólar sino las retenciones del 33% a la soja. Atenuando un poco las retenciones, se podría acortar la brecha entre los dólares. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, porque ya lo habrían hecho”, remarcó. La realidad es que a partir de la especulación del productor para obtener un mayor precio por su cosecha y junto a los inconvenientes del sector agroexportador para acceder al dólar oficial, se presenta un cóctel explosivo que llevaría a la liquidación de divisas a un peor escenario de lo que se especulaba solo un mes atrás. Según las proyecciones del consultor Pablo Adreani, este año se alcanzaría los u$s20.240 millones, mostrando un retroceso del 14,6% respecto al año anterior cuando sumó u$s23.714 millones, pero este número podría resentirse todavía más y eso quedaría en evidencia en el último tramo del año, justo en el momento en que el Gobierno apostaba a una reactivación de las exportaciones
(Cronista) Gobierno extiende prohibición de cortes y tensa relación con empresas de servicios Los usuarios podrán acumular siete facturas impagas sin que las compañías les inhabiliten el servicio. Se duplicó el nivel de morosidad respecto de las cifras prepandemia. La medida rige hasta fin de año.
l Gobierno extendió a las empresas la prohibición de cortar el servicio a los clientes con facturas impagas, y tensó aún más la relación. Esta determinación alcanza a los servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil e internet y TV paga. Si bien esta posibilidad ya estaba hablada con las compañías, esto no quiere decir que los efectos de la medida no vayan a afectar a sus números. «Todo esto genera un desequilibrio muy importante en los balances. Es dinero que estaba previsto ingresara para este año, pero que finalmente no lo hará. Sin dudas las cuentas no serán las mismas que las que estaban planeadas», sostuvieron a El Cronista desde una de las principales empresas de servicios. En este sentido, dependiendo del rubro, el índice de morosidad en tiempos prepandemia suele ser de alrededor de un 10% del total de los usuarios. Hoy, con la crisis económica de por medio y la imposibilidad de cortar los servicios, esa cifra se duplicó, -en promedio de las firmas de servicios- y solo entre el 75% y el 80% de los clientes tiene sus cuentas al día. Algunas compañías, sin embargo, muestran cifras algo más optimistas. Esa tasa de morosidad es importante, aunque cuando arrancó la cuarentena apenas entre un 35% y 45% de los usuarios abonaba sus facturas antes de la fecha de vencimiento. «Esta medida vuelve aun más urgente algún tipo de solución por parte del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de los servicios esencial en período de cuarentena. Sin recursos asociados, pone aún más en riesgo sectores vitales para la sociedad y la economía», apuntaron desde otra de las empresas consultadas. Hoy, en algunas compañías saben que varios de ellos deberán pasar al rubro de incobrables, por lo que se espera un importante índice de litigiosidad entre usuarios y prestadores, mientras las firmas ya tienen diseñados planes de cuotas para quienes no estén al día. La prohibición de cortar el servicio a morosos se estableció en marzo pasado a través del decreto 311/20 en el marco de la emergencia por la pandemia del coronavirus, y ahora estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo. Incluso, ahora se extendió de seis a siete la cantidad de facturas impagas que se pueden acumular, una cifra que en tiempos precoronavirus era de tres. Según detalló el Gobierno, «se extiende también hasta fin de año la obligación de las empresas de telefonía fija o móvil, internet y TV paga de mantener un servicio reducido en caso de falta de pago». Todo esto se da en medio de un contexto de una relación tensa entre el Gobierno y las empresas de servicios. Por un lado, hace algunos meses se impulsó una avanzada contra la eléctrica Edesur, que muchos entendieron como una búsqueda por sacarla del mercado argentino. En tanto, al servicio de las empresas de telefonía celular, Internet y TV por cable se los catalogó como «esenciales», por lo que se determinó que sus costos deberán permanecer sin modificaciones hasta el 31 de diciembre próximo. Algo similar ocurre con las tarifas de gas, sin variantes desde abril de 2019, una situación que se intentó revertir pero que resultó imposible luego de que el Gobierno dictara la Ley de Emergencia. Según explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, la semana pasada, para 2021 se dispondría, a grandes rasgos, de un sistema de actualización de tarifas regido por el movimiento inflacionario, aunque con tarifas especiales para aquellos hogares que no estén en condiciones de hacer frente a esos costos.
(Cronista) Súper cepo: empresarios mineros advierten sobre impacto en inversiones y el mayor costo del financiamiento Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) apuntan a la medida que obliga a refinanciar el 60% de los préstamos. Piden reglas claras para atraer inversiones por u$s 18.000 millones y duplicar las exportaciones hasta los u$s 10.000 millones.
Como suele ocurrir con medidas económicas de alcance general, el nuevo esquema impositivo dispuesto para la adquisición de divisas y las compras con tarjeta en el exterior, empieza a decantar y dejar expuestas las dificultades que genera en diversas ramas de actividad. La minería es una industria que el Gobierno pretende impulsar, en especial por su potencial exportador. Pero ahora la Comunicación A 7106/2020 del Banco Central echa un manto de dudas sobre el futuro de esta industria. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ve «con preocupación las recientes medidas cambiarias anunciadas por el Banco Central de la República Argentina» y argumenta que «para producir y exportar, las empresas mineras primero deben necesariamente invertir y esto se dificulta si existen medidas que atentan contra la inversión directa». La actividad extractiva, tanto en minería como en petróleo y gas, es intensiva en inversiones, por lo general provenientes del exterior, que quedan «hundidas» en el país por varios años, hasta que madura la producción y se avanza en la exportación. Esas divisas se originan en crédito externo en dólares o por aportes de capital de los accionistas. «Así financian el pago de años de exploración, de construcciones millonarias y de capital de trabajo. Y apenas comienzan a operar, deben repagar esas deudas para poder seguir teniendo crédito», explicó CAEM en un comunicado difundido el fin de semana. Según la nueva norma sólo se podrá acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para obtener el 40% de los montos adeudados con vencimiento en los próximos seis meses, el resto deberá refinanciarse en forma obligatoria. La medida alcanza a los 14 proyectos que están en operación en el país y los dos proyectos que entrarán en producción el año próximo, Lindero en Salta (oro) y Minera Exar en Jujuy (litio). Al aplicar restricciones al pago de los préstamos «las empresas entran en situación de default técnico», del que se sale generando nuevo endeudamiento pero más caro, explicó Alberto Carlocchia, titular de CAEM. Dependiendo del proyecto y la duración -puede ir hasta 20 o 30 años- el costo del financiamiento en dólares «puede variar hoy entre 15% y 25%», señalan fuentes del sector. «Argentina precisa una ley de promoción de grandes proyectos de inversión, que incluya también otros sectores, como la energía, para que tengan un marco jurídico adecuado para desarrollarse», aseguró Carlocchia. Sólo en el sector minero están en juego inversiones por u$s 18.000 millones en los próximos seis años, que podría duplicar las exportaciones hasta los u$s 10.000 millones.
(Cronista) ¿Biden o Trump?: académicos afines al Gobierno hacen votos por un triunfo del demócrata La elección presidencial en los Estados Unidos reperfilará la relación de la primera economía global con la región. Figuras cercanas al kirchnerismo apuestan por una administración que desescale las tensiones en la región y retome el apoyo al sistema multilateral.
La elección presidencial en los Estados Unidos no es ajena a la clase política en ninguna parte del mundo. A contramano de la estrategia con la que el anterior gobierno encaró el proceso que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, y que resultó impruduente en tanto Macri había apostado por un triunfo de Hillary Clinton, la Casa Rosada de Alberto Fernández se cuida de momento de verter opiniones ante lo que se presenta como un proceso con desenlace todavía incierto. Sin embargo, algunos académicos con llegada al Gobierno se permiten elaborar teorías acerca de qué presidente convendría más para la región y para la Argentina, especialmente. Así lo han expresado en el primer dossier de la Red Argentina de Profesionales en Política Exterior (Redappe) voces que rodean a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otras que saben hacerse oír en la Cancillería y en otros despachos oficiales. A grandes rasgos, entre los politólogos afines al Gobierno que colaboraron con la revista de la Redappe sobrevuela un nivel de escepticismo sobre eventuales políticas que impliquen un giro copernicano hacia la región, y más bien se contentan con pensar que un triunfo del candidato demócrata, Joe Biden, sería favorable para los intereses latinoamericanos en tanto reconstruiría un sistema de gobernanza que el multimillonario republicano se ha encargado de desestabilizar, y asimismo buscaría soluciones más consensuadas para los desafíos que tiene la región. El investigador de la UBA y referente del Instituto Patria para asuntos internacionales, Alejandro Frenkel, estima que «en el caso de que Donald Trump sea reelecto, la agresividad de la política estadounidense hacia América Latina puede disminuir, por tres razones: ya no estará condicionado por atraer a una base de votantes con políticas demagógicas; es muy probable que el Congreso quede con mayoría demócrata en ambas cámaras, lo cual reduciría el margen de maniobra de la política exterior, y su atención estará en resolver la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19». Frenkel sostiene que una segunda administración Trump «continuará con una política de fomento a los movimientos y gobiernos ultraconservadores en la región» y será «altamente confrontativa» con las dirigencias que marcan el pulso en cuba, Nicaragua y Venezuela. De imponerse Biden, el académico allegado al Instituto Patria evalúa que Estados Unidos volvería a reconstruir la política de construcción de consensos para la gobernanza de las instituciones occidentales. Pero lejos de entusiasmarse con esta posibilidad, Frenkel subraya que «ocupe quien ocupe la Casa Blanca, la identificación de China como un desafío a la hegemonía norteamericana en el hemisferio o la falta de una política integral hacia América Latina» continuarán los próximos años. La politóloga y doctora en Ciencias Sociales por la Flacso, Daniela Perrotta, asevera que un triufo del candidato republicano y actual inquilino de la Casa Blanca profundizaría una política de patear el tablero regional, mientras una victoria demócrata podría traer una recomposición de un ajedrez hoy desperfecto. La también directora de Cooperación Internacional del ministerio de Educación que conduce Nicolás Trotta asegura que «un gobierno demócrata permitiría recomponer un tablero hemisférico y multilateral ya bastante dañado con un compromiso de mantenimiento de equilibrios y acuerdos preexistentes y una narrativa –porque cabe cuestionar las estructuras materiales que configuran la política exterior norteamericana– más globalista y de búsqueda de consensos». La secretaria de Relaciones Institucionales de la Redappe, Julieta Daffonchio, también asesora del ministro de Transporte, Mario Meoni, es menos optimista. En el dossier, considera que «la alternancia o no de demócratas y republicanos no modificará sustancialmente la política exterior estadounidense». A pesar de ello, la politóloga convoca a «concientizar y militar que el futuro de la región debe ser colectivo y, esté quien esté en los Estados Unidos, tenemos que relacionarnos como un bloque unificado con una posición clara». El politólogo y maestrando en Defensa y asesor del ministerio del Interior, Elio De Antoni, también prestó su pluma para la revista, y allí expone que «un eventual triunfo de Biden puede modificar el perfil unilateral de la política exterior de Trump y desescalar los niveles de tensión», y a partir de instrumentos multilaterales encontrar alternativas de resolución al conflicto en Venezuela y la relación con Cuba. Como Daffoncjio, De Antoni hace votos por recrear «mecanismos intrarregionales para solucionar conflictos», siguiendo el legado de lo que fue la Unasur, hoy prácticamente disuelta.
INTERNACIONAL
(Investing) Las acciones apuntan a una caída ante un cóctel de malas noticias: el virus está resurgiendo en Europa, mientras que la muerte de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, amenaza con distraer a los legisladores de la aprobación de un paquete de estímulo fiscal.
Las acciones bancarias se ven sometidas a una gran presión tras conocerse este fin de semana la supuesta complicidad de los bancos en el procesamiento de fondos ilícitos, mientras que el presidente y fundador de Nikola, Trevor Milton, ha dimitido ante una serie de acusaciones de fraude.
(Investing) Los archivos de FinCEN hacen caer las acciones
Los archivos filtrados de la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos indican que docenas de bancos de todo el mundo no han sabido realizar un seguimiento y evitar que billones de dólares en pagos sospechosos pasaran a través de sus sistemas durante muchos años. Si bien gran parte de los detalles han sido en gran medida históricos, incluían sin embargo material inédito que ha lastrado fuertemente las acciones de los bancos europeos este lunes. Barclays (LON:BARC), Deutsche Bank (DE:DBKGn) e ING (AS:INGA) se han visto particularmente afectados, mientras que HSBC no sólo figuraba prominentemente en los archivos filtrados, sino que también era promocionado por el Chinese Global Times como un candidato probable para ser incluido en la lista oficial de China de «entidades poco confiables», lo que lo expondría al riesgo de dolorosas sanciones a su negocio en China.
(Investing) Dimite el presidente de Nikola, Trevor Milton
Trevor Milton, el fundador del fabricante de camiones eléctricos Nikola, ha dimitido de su cargo como presidente, a raíz de las acusaciones de fraude que ahora son objeto de una investigación de la Comisión de Valores y Bolsas. Milton será reemplazado como presidente por Stephen Girsky, exvicepresidente de General Motors (NYSE:GM) y actual miembro de la junta de Nikola. La noticia llega sólo dos semanas después de que GM accediera a pagar 2.000 millones de dólares por una participación del 20% en Nikola y dijera que se asociaría con la compañía para la fabricación de su camión Badger. Las acciones de Nikola caen un 28% antes de la apertura del mercado, mientras que las acciones de GM se dejan un 3,9%.
(Investing) La prohibición de WeChat no sigue adelante; TikTok seguirá siendo chino
Un juez federal de California ha bloqueado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que habría cerrado la plataforma multi-app WeChat en Estados Unidos acogiéndose a la primera enmienda. Esta decisión es una victoria para su propietario Tencent (HK:0700) Holdings. El Departamento de Comercio, por su parte, ha suspendido la orden que habría prohibido las descargas de la aplicación de vídeo en streaming TikTok, citando el progreso a la hora de firmar un acuerdo que convertiría a Oracle (NYSE:ORCL) y Walmart (NYSE:WMT) en accionistas minoritarios de sus operaciones en Estados Unidos. Trump dijo el sábado que había aprobado dicho acuerdo. ByteDance, el propietario chino de TikTok, ha dicho que no transferirá ninguna tecnología a ninguna de las dos compañías como parte del acuerdo, socavando la afirmación de Trump de que China no tendría «nada que ver» con TikTok en Estados Unidos.
(Investing) Las acciones apuntan a una apertura a la baja
Los mercados bursátiles de Estados Unidos apuntan a una apertura a la baja este lunes, lastrados por un cóctel de noticias, sobre todo por las sospechas de que la muerte de la jueza del Supremo, Ruth Bader Ginsburg, el fin de semana distraerá a los legisladores de la urgente tarea de aprobar un nuevo paquete de medidas de apoyo económico. Los informes de que el Reino Unido está a punto de imponer nuevas restricciones para controlar una segunda oleada del virus Covid-19 (véase más adelante) también han sido un factor importante. A las 12:30 horas (CET), los futuros de Dow 30 se dejan 534 puntos o 1,9 %, mientras que los futuros del S&P 500 bajan un 1,6 % y los futuros del Nasdaq descienden un 1,3%. Si bien las noticias de Nikola no han tenido especial impacto en el resto del mercado, llegan en un momento en que se están extendiendo los temores de que las valoraciones de las acciones tecnológicas han alcanzado niveles insostenibles
(Investing) Reino Unido anunciará nuevas restricciones para contener el virus
El gobierno del Reino Unido se dispone a anunciar nuevas restricciones a la vida pública para frenar un fuerte aumento de los casos de Covid-19. El principal asesor científico del Gobierno, Sir Patrick Vallance, ha dicho en una reunión informativa que el Reino Unido se enfrenta a 50.000 nuevos casos al día a mediados de octubre si no se ponen en marcha nuevas medidas ya. Mientras tanto, el asesor médico jefe Andrew Whitty ha dicho que el país va «en la dirección equivocada». Los informes de los medios de comunicación del Reino Unido sugieren que las nuevas medidas del Gobierno se dirigirán en gran medida a los sectores hotelero y del transporte. Eso parece ir a frustrar el objetivos del Gobierno de que cada vez más personas regresen a sus lugares de trabajo, y de eliminar gradualmente el programa nacional de ceses a partir de octubre. La libra se deja un 0,5% frente al dólar en respuesta.
