Guía de CEDEARs: Estrategias por Sectores  (NUEVO)

Informe Semanal de Bonos: Soberanos y Corporativos
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Guzmán reafirmó que el acuerdo con el FMI estará en marzo o abril
El ministro de Economía dijo que esperan cerrar 2020 con un déficit primario menor a 7% del PBI. Además, aseguró que el combo antiinflacionario contempla políticas macroeconómicas y un nuevo esquema de regulación de la competencia. A casi cuatro meses de haber iniciado formalmente las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este lunes que la firma de un programa con el organismo deberá esperarse para marzo o abril. Estas declaraciones fueron realizadas por el funcionario nacional en el marco de un evento organizado por Eurasia Group del que participó Ámbito y en el que se discutieron los desafíos económicos y fiscales que enfrenta la región en el contexto de la posmandemia. “Teniendo en cuenta las diferentes fechas, encontramos posible firmar un programa en marzo-abril”, fue la respuesta de Guzmán ante la consulta de los plazos en los que se podría esperar la firma del acuerdo con el FMI. Sin embargo, el ministro advirtió que “no hay que atarse a un tiempo determinado”. “Estamos avanzando a paso firme y la prioridad es hacerlo bien, a paso firme, más que rápido”, aseguró. Entre los dos aspectos que el Gobierno viene trabajando con personal del FMI, Guzmán mencionó los diálogos respecto del desarrollo del mercado de capitales local, al que se le quiere dar más “profundidad” para “elevar los niveles de ahorro en moneda nacional”, y también detalló que buscarán introducir un nuevo esquema de “políticas de competencia en el mercado”. No es la primera vez que Guzmán hace referencia a estos dos aspectos: la semana pasada, en el marco de un seminario organizado por el Peterson Institute for International Economics, indicó que estas eran dos de las cuatro políticas macroeconómicas sobre las cuales estaba trabajando el Ministerio. Las restantes dos son el frente externo y las políticas fiscales. Guzmán destacó la importancia del proceso de reestructuración de la deuda pública y contó por qué decidieron encarar primero el proceso de negociación con los acreedores privados y luego con el FMI. “Dados los tiempos, el calendario de vencimientos, la situación económica y disponibilidad de divisas decidimos ir primero con acreedores porque sino hubiese habido un default duro”, aseguró el funcionario y remarcó: “El país no tenía la capacidad de seguir pagando a los privados todo el año y tener además un programa con el FMI”. El frente externo y las reservas también formaron parte del diálogo. Sobre este punto, Guzmán aseguró que es necesario “ir acumulando reservas internacionales” que permitan que los actuales controles de capitales “que son defensivos, porque se corresponden con una situación de emergencia” se transformen en “unos macroprudenciales”. “El programa que presentamos en el Congreso va a tener metas de reservas internacionales”, remarcó. El ministro de Alberto Fernández también detalló cuál es el combo con el cual planea reducir la inflación en 2021: una combinación de políticas macroeconómicas -que incluyen cuestiones fiscales, monetarias y cambiarias- y también el rol del Estado en la coordinación de expectativas. En relación a este último punto, Guzmán dijo que “se da un proceso de acción colectiva”. “Si cada participante del mercado espera una inflación más alta, va a remarcar más alto. Nosotros, desde el punto de vista de las regulaciones de precios, buscamos esa coordinación de expectativas positivas, que van a jugar un rol importante en la búsqueda de reducir la inflación a un ritmo factible”, aseguró. Además, el ministro tuvo tiempo para hacer una crítica: las estimaciones de las consultoras privadas que participan del REM están por encima de los datos oficiales. “Ha habido por parte del mercado una expectativa inflacionaria que no se ha correspondido con la realidad”, dijo. Para 2021, la expectativa del REM es que los precios aumenten un 50%, mientras que el Presupuesto del año próximo la calcula en torno del 29%. Sobre la cuestión fiscal, Guzmán abrió la puerta a que el déficit primario de 2020 esté por debajo del 7%. “La pandemia ha afectado y va a llevar tiempo la consolidación fiscal”, reflexionó. “Apuntábamos, cuando comenzamos en nuestro período de gobierno, a un déficit fiscal primario de entre 1 y 1,5% para este año. Y la pandemia lo elevó. Terminaremos por debajo del 7% del resultado fiscal primario”, dijo el funcionario, pero advirtió que “llegar al equilibrio fiscal va a llevar más tiempo que lo que calculábamos al inicio de la pandemia”. En línea con lo que había dicho el secretario de Finanzas Diego Bastourre en una entrevista con Ámbito a comienzos de septiembre, Guzmán reiteró que no está planeado volver a los mercados internacionales de crédito en el corto plazo. “No esperamos endeudarnos en moneda extranjera”, dijo y advirtió: “Hay que tener mucho cuidado con eso porque implica que después hay que tener un aumento de las exportaciones lo suficientemente vibrante para poderle hacer frente” a los pagos. Frente a esa situación, sí remarcó que buscarán reducir el financiamiento monetario a una velocidad consistente con la “consolidación fiscal” y que en ese camino esperan un mayor desarrollo del mercado de capitales local.

(AMBITO) El Fondo aclara que las misiones fiscalizadoras serán inevitables

Lo único que se podría negociar, es que mientras dure el tiempo que el país no tenga que hacer liquidaciones (quizá hasta 2024), estas misiones locales se conviertan en anuales. El FMI tendrá la oportunidad en no menos de tres momentos durante el 2021, 2022 y 2023 para controlar que el país esté cumpliendo con las metas. Será inevitable. Si Argentina quiere un acuerdo Facilidades Extendidas con el FMI, tendrá que aceptar las misiones fiscalizadoras del organismo. En principio, de manera trimestral. Lo único que se podría negociar, es que mientras dure el tiempo que el país no tenga que hacer liquidaciones (quizá hasta 2024), estas misiones locales se conviertan en anuales; y que durante los dos eventos anuales del Fondo se realicen las inspecciones en reuniones conjuntas y presenciales. Esto es, las asambleas de primavera (abril) y otoño (octubre) del FMI, donde habitualmente los ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo se reúnen en Washington o en alguna capital mundial que organice el evento. Pero lo cierto, es que el FMI tendrá la oportunidad en no menos de tres momentos durante el 2021, 2022 y 2023 para controlar que el país esté cumpliendo con las metas firmadas en la Carta de Intención y, seguramente, ratificadas en el board del FMI. Para el gobierno de Alberto Fernández, estas visitas o reuniones fiscalizadoras; son un problema político. En cada misión, los enviados de Washington deberían fiscalizar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí se definan los pasos a seguir. En ese punto podría haber simplemente un correctivo, una recomendación de modificación de políticas o un cuestionamiento mayor. Y si el país persiste en su incumplimiento, desde Washington se debería negociar un perdón (waiver) o varios puntos intermedios hasta la caída del acuerdo. Cada misión se debe reunir con los principales funcionarios económicos del país; que deberían desplegar los números locales y explicarle detenidamente a los enviados de Washington como marcha la economía argentina. Y, los enviados del FMI, tienen el poder de consultar y repreguntar; y eventualmente de cuestionar y discutir los datos que se le muestren. Y de regreso en Washington, pueden criticar y hasta recomendar cambios de políticas. En otras palabras, los representantes del FMI que tengan la firma autorizada en las misiones del Fondo, podrán tomar examen a los funcionarios locales. Algo que evidentemente sería muy difícil de aceptar de parte del ala política más radical del Gobierno. De hecho, recuerdan dentro del kirchnerismo, este tipo de misiones fue lo que determinó que el Stand By firmado en el 2003 termine siendo cancelado y liquidado en febrero de 2005. La decisión la tomó Néstor Kirchner luego de las quejas de varios de sus funcionarios por los datos molestos que a veces pedían los visitantes de Washington. Ahora la situación es diferente y más compleja. Argentina no sólo está lejos de poder cancelar de un pago los u$s44.800 millones que el país debe al organismo y debe pagar; sino que además, lo más probable, es que cuando llegue el momento de comenzar a cancelar el préstamos (supuestamente en 2024), lo más aconsejable sea renegociar con un nuevo crédito los pagos y rearmar el cronograma. Pensar que en lo que reste de la gestión de Alberto Fernández ese dinero (aunque sea una parte) podría estar disponible en las reservas del Banco Central, es una utopía. Lo sabe Alberto Fernández y lo sabe el propio FMI. Y también lo saben los mercados. En consecuencia, Argentina deberá convivir por muchos años con las misiones del Fondo en Buenos Aires; sin que como contraparte haya dinero dispuesto a prestar desde Washington. El país está condenado así, y por muchos años, a mostrarse prolijo fiscal y monetariamente ante el mundo financiero mundial. Y a aceptar que el Fondo sea quién le ponga la nota a ese esfuerzo de prolijidad. Una situación más que incómoda par el kirchnerismo puro y duro.

(AMBITO) El Gobierno reglamentó la ley de góndolas

La normativa apunta a promover una mayor oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados. El gobierno nacional reglamentó la Ley de Góndolas (Ley 27.545) que apunta a promover una mayor oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados, tanto física como virtualmente, y posibilitará que las pymes, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas. Así lo indica el decreto 991/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, en el cual se establece que la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo será la autoridad de aplicación de la ley y determina que en un plazo máximo de 90 días elabore las resoluciones complementarias. En ese sentido, la Secretaría de Comercio Interior deberá elaborar un listado actualizado con la totalidad de los productos alcanzados por la ley, agrupados por categorías de acuerdo a los diversos formatos de espacios de ventas. Este listado será publicado y actualizado en la web de la Secretaría de Comercio para que pueda ser consultado libremente. La Secretaría también dispondrá los requisitos de señalización de los congeladores exclusivos o los exhibidores patrocinados para que estén claramente identificados y diferenciados de las góndolas o locaciones virtuales, para prevenir la confusión de las y los consumidores. Además, podrá fijar un porcentaje máximo de ese tipo de exhibidores en relación con las góndolas para evitar una sobre presentación de algunos productos. La Ley de Góndolas, sancionada por el Congreso el 28 de febrero de 2020, establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor; exige que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios; que las micro y pequeñas empresas cuenten al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos; y que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tengan al menos un 5% de espacio. La Secretaría de Comercio Interior podrá fijar un porcentaje máximo de espacio de venta para los productos importados por cada categoría. Asimismo, aquellos productos que se comercialicen bajo un programa acordado con el Estado, como por ejemplo Precios Cuidados, tendrán criterios específicos de exhibición que deberá elaborar la Secretaría de Comercio Interior. Respecto de los plazos de pago, la ley otorga un máximo de 60 días para que los grandes supermercados abonen a las micro y pequeñas empresas y de 40 días cuando se trate de emprendimiento de la economía campesina, agricultura familiar, cooperativas y mutuales. En ese sentido, la reglamentación establece que esas condiciones deberán acordarse por escrito entre las partes y computarse a partir de la entrega de la mercadería por parte del proveedor o de la proveedora. Además, no se podrán establecer plazos y modalidades de pago preferenciales, con fines exclusorios o inequitativos entre los distintos proveedores o las distintas proveedoras. También, se exige el trato igualitario en las condiciones en los descuentos, bonificaciones, reposición, transporte, abastecimiento, logística y devoluciones.

(AMBITO) Agro: liquidación de divisas cerraría el año con caída del 15%

Durante este mes ingresarían menos de u$s1.000 millones. La huelga que afecta a los puertos empeoró el panorama. Un diciembre para el olvido, así de categórico es el resumen que hacen los empresarios del sector agroexportador de granos y cereales local. La huelga gremial que mantiene inactivos a los principales puertos exportadores de la Argentina estaría generando pérdidas de alrededor de u$s100 millones al día. En tanto, la liquidación de divisas cerraría este año con una caída de alrededor del 15% y diciembre anotaría ingresos por debajo de los u$s1.000 millones. Justamente cuando la economía local parece estabilizarse de la mano de una menor brecha entre el dólar oficial y el blue y la mayoría de los sectores está mostrando reactivación, la liquidación de divisas del agro, por cuestiones estacionales, en gran medida, y otro tanto por la huelga que afecta a la actividad, culminaría el año por debajo de los u$s20.000 millones, lo que se traduce en un caída de más de u$s3.700 millones, teniendo en cuenta que el 2019 cerró en un total de u$s23.700 millones. De todas formas, para el próximo año aparece una luz de esperanza en el horizonte. Teniendo en cuenta que los productores agropecuarios aún conservan en sus silos alrededor de 13 millones de toneladas de la cosecha de soja 2019/20, en el caso de que las variables económicas muestren estabilidad y la brecha entre el dólar oficial y el blue, continúe bajando, se podrían activar negocios que implicaría una mejora en los ingresos de divisas en los primeros meses del año. Las próximas semanas serán clave y los ojos del Gobierno estarán puestos en las ventas de granos en el mercado local y en la declaraciones juradas de ventas al exterior de las empresas exportadoras. En este contexto, lentamente aparecen también oportunidades de negocios que tientan a los productores, como por ejemplo créditos para comprar maquinaria agrícola o reinvertir en mayor tecnología para sus campos. Este escenario podría compensar, en parte, la estrepitosa caída en los ingresos del agro durante este 2020. Además, para la próxima cosecha de soja se espera una producción por debajo de la campaña previa pero mejores ingresos gracias a la suba de los precios internacionales. Según detalla la Fundación Mediterránea, si los rindes medios de los cultivos de verano (trigo, maíz y soja) se ubicasen entre un 5% y 15% por debajo de los tendenciales (impactados por una posible sequía de una intensidad entre leve y moderada) y los precios internacionales se mantuviesen en niveles cercanos o superiores a los que se observan actualmente en los mercados de futuros, la cosecha 2020/21 tendría un valor de mercado de entre u$s33.000 millones y u$s39.900 millones. De lo que no hay dudas es que durante el 2021, los dólares del agro tendrán un rol estratégico para apuntalar la economía local pospandemia y si los planetas se alinean, quedará como un mal recuerdo no solo el covid sino también el retroceso de la actividad económica.

(BAE) Vencimientos: Economía canjea títulos por dos bonos en moneda extranjera. Suman USD750 millones de valor nominal.

El Gobierno realizará hoy un canje de Letras del Tesoro en pesos por dos bonos que suman USD750 millones de valor nominal, para cubrir y alargar vencimientos de deuda del próximo año. Existe expectativa en el mercado por la operación y polémica por el nivel de endeudamiento que está teniendo el Tesoro, a tasas consideradas muy altas por los analistas. Economía ofrecerá entregar títulos que vencen en el 2030 por hasta USD400 millones y otros del 2035 por USD350 millones. El canje ofrecido es similar al que ya realizó en noviembre y busca descomprimir vencimientos en moneda local en la primera mitad del año próximo y evitar que los pesos que vuelven a los inversores, al vencer los títulos, impacten sobre el tipo de cambio. Economía quiere entregar los bonos sobre todo a fondos que están queriendo hacerse de dólares en el mercado del contado con liquidación, para descomprimir ese mercado y mantener a raya la brecha cambiaria, una estrategia que está dando resultados. El Tesoro entregará bonos global 2030 y 2035, que se negocian en el mercado secundario a un precio de USD39 y USD35, respectivamente, por cada 100 de valor nominal. Dados los plazos de vencimiento y el precio de mercado, son papeles que muestran un retorno implícito para el comprador de 16% anual para el bono al 2030 y del 14,6% para el título al 2035, según analistas. La colocación del mes pasado y la que se hará hoy ocurren al mismo tiempo que el resto del mundo emite deuda a tasas muy bajas. Así, la deuda europea rinde 0% o menos, Perú colocó días atrás un bono a 100 años a una tasa del 3,75% y Brasil hizo lo propio con tres títulos -a 5, 10 y 30 años- a una tasa promedio del 3%. Sin embargo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostiene que la tasa de interés que convalida Economía es “mucho menor que la que calculan los mercados”. Guzmán argumenta que “como es un canje, cuando se emite esa deuda hay que subastar con títulos en pesos. Lo que obtuvimos es que la tasa implícita en ningún caso sea del 17%. Se entregaron dos bonos: para el AL30 la tasa fue del 5,63%, porque no compraron al tipo de cambio oficial, sino que los inversores pagaron un valor cercano a los $150 por dólar en promedio; y para el AL35 resultó del 7,18%

(bae) Ley de Promoción Petrolera: el sector quiere definiciones y el Gobierno busca más compromiso

La Secretaría de Energía de Nación trabaja en el envío de la ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas al Congreso. La intención era girarla antes que termine el año. Pero Darío Martínez pretende que exista un real compromiso de producción.
Hay una coincidencia tácita entre los actores del sector hidrocarburífero sobre que, indefectiblemente, el 2021 será mejor que el año actual. Y en ese marco, colocan la posible futura ley de promoción de inversiones como un detalle no menor para mejorar las perspectivas de producción. En el marco del aniversario 113º del Día del Petróleo, La Opinión Zona Norte consultó a distintos partícipes sobre la futura norma aún en ciernes. Para el vicegobernador Eugenio Quiroga, es imprescindible que se contemple algún tipo de incentivo “para aquellas empresas que hagan inversiones, generen más puestos de trabajo y mayor actividad”. La idea es que se cree “un círculo virtuoso”. Desde Chubut, el ministro de Hidrocarburos Martín Cerdá sostuvo que lograr la ley “será muy importante” y admitió que esperan recibir un borrador para “aportar el conocimiento que tenemos”. Mientras que el intendente Juan Pablo Luque resaltó la importancia para municipios y provincias de que se contemple la importancia de las regalías que las operadoras pagan por la producción. El CEO de YPF, Sergio Affronti valoró el objetivo bajo el cual se analiza la futura ley la que apunta “al autoabastecimiento energético y comenzar a exportar energía a la región y al mundo”. Y en ese marco, la iniciativa jurídica “vendría a afianzar este proceso y acelerarlo para poder aprovechar esa ventana de oportunidad y generar un proceso económico con amplios beneficios para el país”. Con un horizonte previsible en el petróleo y el gas, el objetivo es la exportación
Pero el impulsor de la ley, pretende más compromiso de las empresas. “A veces me parece que yo soy el más entusiasmado. Y no debería ser así”, confió Darío Martínez en una entrevista a Más Energía. El secretario de Energía resaltó que “hay un horizonte previsible en el petróleo y el gas, con una previsibilidad que no había” y cree que el precio del crudo de Brent, en torno a los USD 50, “se va a sostener por un par de años”. Eso más “un esquema de retenciones a la baja” es un escenario ideal para que las empresas inviertan y exporten, “pero siempre cuidando el mercado interno”, afirmó.
Sin respuestas
La intención del Gobierno es que en el sector hidrocarburífero “se vaya hacia un proceso de exportación importante”.”Falta que las empresas que tienen las áreas quieran asociarse, que busquen de verdad inversores” a partir de que se definan “reglas claras”, dijo Martínez. “Hay una buena oportunidad, pero hace falta voluntad”, dijo Darío Martínez
Admitió el funcionario que “cuando me siento con los actores de la industria” si bien hay coincidencia en el objetivo, no encuentra la respuesta que pretende. “Hay una buena posibilidad, pero hace falta voluntad”. Y explicó: “Cuando me siento a hablar con los jugadores, estoy yendo con un objetivo puntual, que es cumplible, lo hablo, y quiero saber a qué producción nos animamos a llegar, para nosotros poder analizar la decisión, y no está esa respuesta. Y si no está, no veo el entusiasmo que nosotros sí tenemos”. Para Martínez se necesita un esfuerzo y un compromiso de la industria. “Yo me pongo a discutir la ley, me siento con cada jugador y les digo: ¿si yo planteo esto en una ley, qué producción me asegurás? Y ahí no veo respuestas contundentes”, lamentó.

(INFOBAE) Córdoba se sumará al pelotón de provincias en situación de posible defaultEntró en el período de gracia de 30 días para afrontar un vencimiento, que hoy no pagará. En situacion ya estan Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Rioja y Río Negro.

La provincia de Córdoba se prepara para enfrentar una temporada de verano y, además, la posibilidad de entrar en default. La administración de Juan Schiaretti definió hoy que no pagará el cupón del CO21D, un título que está en proceso de de renegociación, en situación performing (pago normal). A partir de ahora, el gobierno cordobés comunicó que se acoge al período de gracia de 30 días, buscando cerrar la negociación, cuyo plazo de aceptación de ofertas vence hoy, 14 de diciembre, y que en unas horas se comunicará que se extienden la fecha para negociar una cuarta oferta que presentará hoy la provincia . “Esta muy difícil la negociación, está muy complicado por eso vamos a anunciar una nueva fecha de cierre del canje de deuda para seguir negociando”, explicó un alta fuente de la administración mediterránea. La intención de Schiaretti es extender los plazos porque es poco probable que se consiga la adhesión del 66%, que es lo que necesita la provincia para cerrar la negociación. Además de la extensión de los plazos, la provincia presentará su cuarta oferta a los acreedores que ya rechazaron las tres anteriores. La última, el Gobierno de la Provincia de Córdoba propueso reestructurar sus tres bonos de su deuda por casi USD 1.700 millones y para ello ofertó que lso bonos que este año venía pagando 7,125% por los títulos 2021 y 2027 y 7,45% por el de 2024. bajar 2.5% en 2021 y en 2022 y el 5,5% desde 2023 hasta el término del bono. Hoy se conocerá la oferta de Córdoba pero como no pagó y quedó en la misma situación en situacion de default estan Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Rioja y Río Negro. El resto de las provincias -Salta, Jujuy y Tierra del Fuego- están en proceso de negociación pero pagando los vencimientos. La provincia que está por alcanzar un acuerdo es Chubut. Según explicaron a Infobae desde la consultora Politikon Chaco, que hace un relevamiento sobre las negociaciones de las provincias, la provincia patagónica tiene un principio de acuerdo y mañana, que vence el plazo, podría alcanzar el 75% de aceptación que necesita para renegociar sus vencimientos. El gobierno de la provincia de Chubut anunció un principio de acuerdo con los bonistas en relación a los títulos de Deuda garantizados amortizables a una tasa del 7,75% (PUL26), que fueron emitidos por USD 650.000.000,00 que pagaban una tasa de interés anual fija del 7,75%, de manera trimestral y con vencimiento en 2026. La propuesta chubutense incluye una postergación del vencimiento del capital del título a 2030; el interés del bono devengará a una tasa anual del 7,50% hasta el 26 de octubre de 2021 y, en adelante, a una tasa anual de 7,75% por año; hay una mejora en la garantía, dado que regalías adicionales serán cedidas bajo la estructura modificada; y un pago por consentimiento fijo en efectivo equivalente a 50 puntos básicos del monto de capital en circulación, a ser distribuido entre los tenedores que otorguen su consentimiento de manera anticipada. De esta manera, Chubut está a punto de sumarse a Mendoza y Neuquén como los únicos distritos del país que lograron renegociar su deuda. Hasta ahora, la provincia mendocina que conduce el radical Rodolfo Suárez anunció la reestructuración de la deuda de USD 590 millones en la que logró estirar los plazos y reducir intereses que le permitió un ahorro de 80 millones de dólares. Por su parte, la provincia patagónica que conduce Omar Gutierrez del MPN, reestructuró dos títulos por más de USD 700 millones, uno de ellos con regalía hidrocarburífera. Para lo que resta del año quedan dos vencimientos de la provincia de Buenos Aires que están dentro del paquete a reestructuraR (mañana, vence el título PBJ27, y el 16/12 vencen letras del tesoro LBD20, BB3M1, BBJ21, BBM21); otros dos de Salta que se pagarán, uno de la Ciudad de Buenos Aires, otro de Río Negro y otro de Chubut .

(CRONISTA) La Ciudad vuelve a la Corte Suprema para ampliar su denuncia por la quita de coparticipación

Sucede luego de que el Congreso aprobó la semana pasada el financiamiento de la Seguridad. Mientras, aguarda que el máximo tribunal defina si acepta el pedido de pronunciamiento interpusto por el BCRA por las Leliqs a Ciudad de Buenos Aires ampliará mañana la medida judicial que presentó en septiembre ante la Corte Suprema por la reducción de los fondos que percibe en concepto de coparticipación. Esta vez la administración de Horacio Rodríguez Larreta se explayará respecto a la ley que se aprobó la semana pasada en el Congreso, a partir de la cual se estipula un monto fijo para financiar la Seguridad porteña como parte del acuerdo de traspaso. En septiembre el Gobierno porteño pidió al máximo tribunal declarar la nulidad e inconstitucionalidad del decreto nacional que redujo de 3,50% a 2,32% la coparticipación e interpuso una medida cautelar para frenar la sangría de $ 150 millones diarios que dejó de percibir desde entonces. Con la ley sancionada la semana pasada – una medida que evalúan otro recorte de fondos – estiman que la coparticipación se redujo a 1,4%, la misma cifra que recibía la Ciudad antes de que Mauricio Macri llegase a la presidencia y la aumentase. El texto aprobado incluye la apertura de una mesa de negociación de 60 días entre la Nación y la Ciudad para acordar una cifra. Hasta que entre en vigencia el acuerdo el Tesoro Nacional transferirá a la Ciudad en forma mensual y automática $ 24.500 millones; Rodríguez Larreta ya avisó que es una cifra insuficiente. Luego de trabajar desde inicios de diciembre en el texto de la ampliación la Procuración General porteña tendrá un breve descanso antes de embarcarse en un nuevo frente. En Parque Patricios aguardan que el máximo tribunal declare o no admisible el pedido de pronunciamiento que presentó el viernes el Banco Central para declarar la inconstitucionalidad de la eliminación de la exención de Ingresos Brutos a las Leliqs. Por ahora en el Gobierno porteño no han tenido acceso a la presentación. La entidad monetaria considera que esta modificación impositiva «afecta la política monetaria» . El Gobierno porteño consiguió aprobarla la semana pasada en la Legislatura como parte de un paquete de medidas económicas para recuperar parte de los $ 65.000 millones que dejará de recibir en 2021 por la quita de coparticipación. El BCRA consideró que «se encuentran en juego cuestiones de máxima gravedad institucional» y que «el gravamen a aquellas actividades e instrumentos que hacen a la política monetaria nacional genera o puede generar una grave afectación de la economía en su conjunto» . «Pareciera que estas acciones sólo afectan a la política monetaria del BCRA cuando la Ciudad decide hacer lo mismo que vienen haciendo otras provincias» , comentaron fuentes porteñas a El Cronista. Y aunque aún no han tenido acceso a la presentación ya la califican de, al menos, «llamativa» . «Cuando Tucumán, Salta y Misiones comenzaron a cobrarle Ingresos Brutos a los intereses de las Leliqs el Central no reclamó ni presentó recurso alguno ante la Corte» , sugirieron.