Guía de CEDEARs: Estrategias por Sectores  (NUEVO)

Informe Semanal de Bonos: Soberanos y Corporativos
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Juicio por YPF: tenue señal de Preska a favor de la Argentina
El país contará con más tiempo para aportar datos. Cierto mal humor de la jueza por estrategia de Burford. Sin estridencias, el país parece posicionarse algo mejor ante el principal peligro que aún se mantiene en los tribunales internacionales. La semana anterior, Loretta Preska hizo por primera vez un giro hacia la posición argentina; expresando cierto malhumor hacia el principal demandante en el juicio por la manera en que el país reestatizó YPF en 2012. La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York decidió posponer los tiempos de la resolución; permitiéndole al país la posibilidad de aportar todos los datos que necesite para fundamentar su posición sobre la necesidad de tratar el caso en los Estados Unidos, pero con las leyes locales. Como contrapartida, la jueza se manifestó de mal humor sobre los movimientos del demandante, el fondo Burford, y sus cambios de abogados para comenzar a cotizar en Wall Street con el único objetivo de estar mejor posicionado en el caso. Preska dictaminó postergar la definición a partir de junio del 2021, pero con resolución del caso desde octubre del próximo año. Esto le dará tiempo a los abogados que representan al país, para que puedan armar mejores argumentos para justificar la posición diseñada por la Procuración del Tesoro local de llevar las leyes locales hacia la jurisdicción norteamericana; y que sean estos criterios los que Preska tengan en cuenta para tomar una decisión final. Además, en una audiencia clave celebrada el martes pasado en el tribunal de Wall Street donde alguna vez reinó Thomas Griessa, ahora la jueza Preska se molestó por la estrategia del fondo de origen inglés Burford Capital, por haber cambiado de abogados y por haber elegido radicarse en el mercado neoyorquino para tener una posición privilegiada para el cobro de eventuales ganancias por este caso. Según Preska, esta actitud determina una posición de ventaja del fondo, para lograr una representación de “local” en el tribunal, cuando desde que comenzó el caso hacia delante siempre dejó en claro que se trataba de un fondo de inversión europeo que se sintió perjudicado por la manera en que la Argentina habría violentado leyes de los Estados Unidos. Lo que siempre Preska tomó en cuenta, es que se trataba de dos litigantes extranjeros que debían definir sus diferencias en Nueva York. Y ahora considera un intento de obtener una ventaja injustificable el intentar convertirse en local, solo para tener una posición privilegiada y no para radicarse como fondo de inversión estable en Wall Street. El cambio fue marcado por el especialista Sebastián Maril, de FinGuru, que alertó vía Twitter que “durante la audiencia, Preska se mostró molesta con Burford Cap.” Originalmente el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el del YPF, había comprado el 70% de la causa; y actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a inversores privados (en principio unos 10 fondos comunes de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue ubicando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de las casos que va litigando), ganancias extraordinarias. Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables. La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo ingresar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de una audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF.

(AMBITO) El grupo Vila-Manzano-Filiberti le compró Edenor a Pampa Energía
«Se firmó un acuerdo de venta», confirmaron a Ámbito fuentes ligadas a la negociación. Pampa Energía destinará los recursos a la producción de gas en Vaca Muerta y a una central térmica que comparte con YPF. El holding Pampa Energía vendió la empresa de distribución de electricidad Edenor al grupo de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti. “Se firmó un acuerdo de venta”, confirmaron a Ámbito fuentes ligadas a la negociación, quienes también revelaron que al cierre de la jornada bursátil se conocerán más detalles de la operación, con una comunicación oficial a la Bolsa de Comercio. En ese momento se conocerá el monto de la venta. Según pudo saber este medio, Pampa decidió salir del segmento de distribución para focalizarse en dos principales negocios, que son la producción de gas en Vaca Muerta, con una inversión de u$s250 millones que se suman al Plan GasAr, y el cierre de ciclo combinado de la central térmica Ensenada Barragán que opera la compañía junto a YPF, con otros u$s200 millones de inversión. “Todo lo que se recaude de la venta de Edenor se invertirá en esos dos proyectos”, destacaron ejecutivos al tanto de los planes de la firma de Marcelo Mindlin. Edenor opera la mayor red de distribución de electricidad, por su cantidad de clientes. Pampa Energía posee 56% en Edenor, que se estima tiene un valor de mercado de alrededor de u$s160 millones. La firma eléctrica cuenta con 3,2 millones de clientes y representa aproximadamente el 20% de la demanda total de electricidad en el país. En Pampa aseguran que el desprendimiento de Edenor no fue motorizada por el congelamiento de tarifas durante la pandemia, ni por los planes a futuro del Gobierno nacional de incrementar las boletas de luz con sintonía fina. “Es una empresa con 15 años en Pampa. Se compró en 2005 y durante mucho tiempo hubo tarifas congeladas y no por eso se vendió, al contrario, se mantuvo, y cuando hubo recomposición de tarifas, y pudo sacar ganancias, se reinvirtió. Por ese motivo no es”, sentenciaron ante la consulta de Ámbito. En el mercado recuerdan que Pampa siempre tiene ofertas por sus activos, pero que en muchos casos ni siquiera trascienden, porque no llegan a ofrecimientos formales. En este caso, la intención de Vila, Manzano y Filiberti avanzó. En las últimas horas Edenor informó que recibió casi $3.200 millones de Estado nacional en compensación por brindar el servicio a barrios populares desde 2017 al 2020, que según se anunció, se utilizarán para mantener y sostener la calidad del servicio y la red eléctrica. Una vez informada la intención de venta a los mercados, se notificará al Ente Nacional de Regulación Energética (ENRE), quien deberá aprobar la cesión, y una vez logrado ese permiso, la asamblea de Pampa Energía se reunirá para dar el último adiós a Edenor en el grupo.

(BAE) Acreedores pueden acelerar bonos de Edenor tras venta de la empresa
En el prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables (ON) en dólares con vencimiento en 2022 al 9,75%, la empresa incluyó la llamada «venta envenenada» o «píldora envenenada». Los acreedores podrán exigir que se cumpla esa restricción. Y otra cláusula informada por la compañía se parece a los contratos de venta de jugadores de fútbol. Edenor, la empresa que Pampa Energía acaba de vender al grupo Vila-Manzano por unos 100 millones de dólares, emitió deuda con cláusulas denominadas «poison put», las que habilitan al acreedor a reclamar el pago anticipado del capital e intereses. De acuerdo con la definición de Thompson Reuters, las cláusulas «poison put» otorgan al acreedor el derecho a ser reembolsados a la par si ciertos eventos ocurren antes del vencimiento de la deuda. Estos eventos incluyen cambio de control de la empresa, adquisición hostil, pago de grandes dividendos o reestructuración de la compañía. Estas cláusulas, en general, actúan como disuasivas a los intentos de adquisición ya que imponen significativas obligaciones al comprador. Precisamente, Edenor emitió en octubre de 2010 Obligaciones Negociables (ON) Clase 9 con vencimiento en 2022 al 9,75% en dólares por unos USD 300 millones, de acuerdo con información de la compañía. El prospecto de la emisión incluye varias restricciones u obligaciones de «no hacer» para el emisor, entre estas vender sus activos. Fuentes de la compañía indicaron a BAE Negocios que la cláusula «poison put» efectivamente está incluida en la mencionada ON Clase 9 y que «se gatilla cuando cambia el control accionario de la compañía». La aprobación de la transacción está sujeta a la decisión de la asamblea de accionistas de Pampa Energía y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). «Una vez que el ENRE y la asamblea de Pampa aprueben la operación, es decir que la venta se concrete, esa obligación pasa a ser responsabilidad de los compradores, de los nuevos controlantes de Edenor», indicaron las fuentes a BAE.

(BAE) Guzmán consiguió financiamiento neto por más de $70.000 M en el bimestre pero no cancelará adelantos transitorios
Colocó este jueves $131.844 millones en cuatro letras en pesos. Así, superó la meta fijada para noviembre-diciembre de una tasa de refinanciación del 110%: obtuvo un 111,7%. Los fondos extra se utilizarán para cubrir parte del rojo primario pero no se devolverán AT al BCRA.
En la última licitación del año, el Ministerio de Economía colocó este jueves $131.844 millones en cuatro letras en pesos. Así, sobrecumplió la meta autofijada para el último bimestre de obtener un 10% de financiamiento neto: el saldo fue del 11,7%, que equivale a algo más de $70.000 millones. Finalmente, los fondos extra se utilizarán en su totalidad para cubrir parte del rojo primario del período. Es decir, no se usarán para cancelar adelantos transitorios (AT) del Banco Central, como estaba previsto en caso de que el roll over bimestral superara el 110%. Así se lo confirmaron altas fuentes de la Secretaría de Finanzas a BAE Negocios, que señalaron que el saldo neto superó los $70.000 millones. Pese a que ese financiamiento irá a cubrir el agujero fiscal del bimestre, la mayor parte del mismo fue cubierta por los $404.982 millones que la autoridad monetaria le transfirió al Tesoro en concepto de utilidades durante noviembre y diciembre. “Con este resultado, se cumplen los objetivos fiscales y financieros postulados el pasado 2 de noviembre, con los que se apuntó a construir un puente de estabilidad que conectase con el programa económico para el año 2021, del cual la ley de Presupuesto será el pilar central”, celebró el ministro Martín Guzmán después de la operación. Y agregó que también se cumple con el compromiso de “no solicitar AT al BCRA para hacer frente a su financiamiento”. Con todo, Economía no cumplirá con otra parte de lo anunciado en esa fecha, en el marco de una serie de medidas market friendly con la que buscó capear el momento más álgido de las presiones devaluatorias. Entonces, había informado que “cualquier incremento de financiamiento neto que supere ese umbral” (el 10% de los vencimientos) sería destinado a “reducir adicionalmente el nivel de asistencia del Banco Central”. Pese a que el excedente fue del 12%, finalmente los fondos irán a fondear el rojo primario. Las fuentes oficiales explicaron que la decisión se debió a que se cumplió el objetivo “con una leve diferencia en positivo”. En definitiva, el resultado no será sustancialmente distinto ya que cerca del 90% del déficit récord derivado de la pandemia (de algo más de $2 billones a lo largo de 2020) fue cubierto con emisión monetaria. La señal que buscan dar Guzmán y el equipo de la Secretaría de Finanzas, liderada por Diego Bastourre, con el resultado bimestral es la de un paso en el sendero de reemplazo de la asistencia del BCRA por fondeo en el mercado. De cara a 2021, apuntan a un mix de financiamiento de 60% deuda y 40% emisión. “En un año que a nivel internacional fue marcado por las imprevisibilidades que la pandemia trajo, y que a nivel nacional fueron potenciadas por la crisis macroeconómica que el país venía sufriendo desde abril de 2018, poder cerrar el año 2020 en los frentes presupuestario y financiero de forma consistente con lo planeado nos deja con un punto de partida en cuanto a las condiciones monetarias y fiscales para el inicio de 2021 que facilita ahondar en la construcción de previsibilidades”, planteó Guzmán. Luego de la 40° licitación del año, el Tesoro obtuvo un saldo neto favorable de $386.730 millones en sus colocaciones de deuda pública en pesos en 2020. Desde Finanzas, destacaron que esto fue posible gracias a la reconstrucción de la curva de rendimientos en moneda local con “tasas sostenibles para el Tesoro y positivas en términos reales para los inversores”.

(INFOBAE) Cuáles fueron las provincias que más sufrieron la cuarentena y su impacto económico Un estudio privado analiza distintas variables económicas y medidas de aislamiento para medir el golpe que sufrió cada distrito. Tierra del Fuego, Jujuy y la provincia de Buenos Aires fueron los distritos que más restricciones a la actividad económica tuvieron durante los meses más intensos de cuarentena, por lo que fueron los que peores resultados obtuvieron en términos de consumo, producción, actividad de la construcción y pérdida de empleo durante el segundo trimestre de 2020. La evaluación, resultado de un análisis privado, asocia la intensidad de las medidas de aislamiento social al desempeño económico de las distintas jurisdicciones del país. “Si bien todas las provincias fueron afectadas de manera negativa por la cuarentena, las siguientes fueron las que peores resultados arrojaron en general: Tierra del Fuego, Jujuy y provincia de Buenos Aires”, concluyó el último informe de Fundación Libertad. “Estas tres fueron de las que sufrieron una cuarentena más prolongada y estricta. Dichas jurisdicciones arrojaron de los peores resultados en términos de consumo, de construcción, de producción y del mercado laboral”, agregaron. Tierra del Fuego, Jujuy y provincia de Buenos Aires fueron las que sufrieron una cuarentena más prolongada y estricta
El reporte analiza el impacto las medidas de aislamiento social en el empleo, la construcción, la actividad, la facturación de empresas y otras variables. En términos de empleo, la provincia de Buenos Aires fue la que mayor caída en su tasa de actividad sufrió, con un retroceso del 23,9% entre el primer y segundo trimestre del año. Le siguen Tucumán con el 22,3% y La Pampa con el 20,0%. La tasa de actividad es la proporción de la población en edad de trabajar que de hecho trabaja o busca activamente trabajo, es decir ocupados y desocupados. Ese guarismo es el que más fuertemente se desplomó durante la cuarentena más estricta, con una variación más relevante incluso que la desocupación, porque el cierre de actividades y los límites a la movilidad hicieron que aunque muchas personas perdieron sus ingresos no pudieron buscar activamente una actividad. El distrito bonaerense también aparece como el más afectado si los datos se analizan en términos de tasa de empleo, que es la porción de la población activa que de hecho trabaja. Esa cifra retrocedió 25,2% en la provincia de Buenos Aires, en Tierra del Fuego 24,0% y en Salta 21,1%. Se trata de las jurisdicciones en las que más empleos se perdieron. Respecto de la actividad de la construcción, uno de los sectores clave para la generación de empleo, el informe analiza datos de marzo a septiembre para concluir que la actividad privada en el rubro cayó en Tierra del Fuego 33,6%, en Mendoza 30,6%, en Buenos Aires 28,7% y en Chaco 28,5%. Analizando la facturación de empresas, en base a datos oficiales de agosto, el informe registra que en todo el país el 12,.7% de las empresas tuvieron facturación mínima o nula. Las provincias con más empresas afectadas fueron Jujuy con el 25,6% de las empresas, Tierra del Fuego con el 24,4% y CABA con el 16,9%. En el polo opuesto se ubicaron Santa Fe, Misiones y Entre Ríos con 7,1%, 8,8% y 9,1% respectivamente. El mes más complicado para los empresarios fue el de abril: en promedio el 25,9% de las empresas de todo el país facturaron lo mínimo o directamente no lo hicieron
“Sin embargo, el mes más complicado para los empresarios fue el de abril: en promedio el 25,9% de las empresas de todo el país facturaron lo mínimo o directamente no lo hicieron. Las provincias más afectadas aquel mes fueron Tierra del Fuego (38,6%), CABA (31,9%) y Río Negro (30,9%). Las que menos sufrieron el mes de abril por su parte fueron Entre Ríos (17,3%), Jujuy (17,4%), y Misiones (17,9%), dejando en evidencia que en todas las jurisdicciones el porcentaje de empresas que tuvieron la facturación mínima alcanzó los dos dígitos”, señaló el análisis. En términos de consumo, el particular impulso que tuvieron las compras más esenciales hacen que a nivel nacional se haya registrado un crecimiento del orden del 1,1% a precios constantes, es decir, sin computar el efecto de la inflación sobre los valores. Sin embargo, el avance de los meses hace que aún en momentos menos restrictivos, el consumo haya pasado por algunos de los peores momentos del año.
“Un dato a destacar es que en el mes donde se da la mayor caída no fue uno de los meses más restrictivos de la cuarentena en términos generales. Dicho mes fue el de agosto, en el cual tan solo 7 jurisdicciones presentaron aumentos interanuales en sus ventas mientras que las 17 restantes evidenciaron disminuciones. En tanto que a nivel nacional, las ventas cayeron un 5,6% durante aquel mes”, consignó la Fundación Libertad. Los sectores del país más golpeados son los que aplicaron las medidas sanitarias más intensas. “Haciendo un análisis a nivel provincial, se puede aseverar que tanto en la provincia de Buenos Aires y CABA, como en la región del NOA, se llevaron a cabo las mayores restricciones a la actividad económica. En estas jurisdicciones hubo períodos prolongados de tiempo en fase 1 la cual fue muy prohibitiva con la actividad económica en general”, afirmó el reporte.

(INFOBAE) A partir de enero las exportaciones de soja volverán a tributar un 33% de retencionesEn octubre pasado el gobierno anunció una baja temporaria de tres meses de los impuestos que no será renovada. Mientras tanto los productores siguen reclamando su eliminación, en un contexto de suba del precio internacional de la oleaginosa.
Históricamente las retenciones son una gran disputa entre el Ejecutivo nacional y el sector agropecuario, que tuvo su momento de mayor tensión durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en marzo de 2008 se promovió la Resolución 125 con retenciones móviles, que fue rechazada en el Senado con el recordado “voto no positivo” del ex vicepresidente, Julio Cobos. A finales del gobierno de Mauricio Macri las alícuotas de retenciones eran de 24,7% para la soja y 6,7% en el caso de los cereales, con un tope de retención de 4 pesos por dólar exportado. Una vez que asumió la presidencia Alberto Fernández, el tope fue eliminado y soja pasó a tributar un 30% y maíz y trigo un 12%. Luego, en marzo pasado, el Gobierno le sumó 3 puntos más a la oleaginosa y provocó un cese de comercialización de granos y hacienda por parte de un sector de la Mesa de Enlace. En octubre de este año y en medio de la pandemia del coronavirus, el gobierno lanzó un paquete de medidas económicas que incluía una baja temporaria de retenciones a las exportaciones del complejo sojero por tres meses. Esa reducción finaliza el último día de 2020 y no será renovada, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales. En el caso del poroto de soja en octubre tributó una retención del 30%, en noviembre del 31,5%, en diciembre del 32% y a partir del próximo 1° de enero volverá al 33%. Para los subproductos de la oleaginosa, entre los cuales la harina y el aceite se destacan por su peso, la alícuota pasa del 27-28% en octubre al 30-31% en enero de 2021, restableciéndose el diferencial entre los despachos de materia prima y los que tienen algún procesamiento, algo que siempre fue rechazado por el sector primario. Además, el gobierno luego de haberlo anunciado en marzo pasado, en las últimas semanas comenzó a pagar la devolución de retenciones para pequeños y medianos productores de soja de hasta 400 hectáreas y cuya facturación no haya superado los 20 millones de pesos en 2019. Todo en el marco del “Plan de Compensación y Estímulo a Pequeños Productores de Soja y Cooperativas”. La baja temporaria de las retenciones a la soja derivó en un nuevo capítulo de tensiones y rispideces entre el gobierno nacional y el campo. Los integrantes de la Mesa de Enlace señalaron que “una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retención solo le sirve a algunos actores, que no son los productores agropecuarios”. Por otro lado, desde la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) reclamaron “una señal clara y contundente a través de un cronograma de baja gradual permanente y no transitorio de retenciones, hasta la eliminación definitiva de las mismas. Esta última medida de baja temporal de las retenciones, no provoca estímulos, sino una irritación en el sector agropecuario”