Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Gobierno llama a la actualización de las tarifas eléctricas
El ENRE avanzará con Edesur, Edenor y otras empresas hacia una «adecuación transitoria» de lo que deben pagar los usuarios hasta que se arribe a un acuerdo definitivo entre el Poder Ejecutivo y las prestadoras de energía eléctrica. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno dio inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas del servicio de electricidad al convocar a las empresas, entre ellas a las distribuidoras Edesur y Edenor, que concluirá con el descongelamiento que rige hasta marzo. Concretamente, el Ejecutivo, vía el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), convocó a las empresas «con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación». La resolución recuerda que en diciembre de 2020, apenas asumió Alberto Fernández, el Gobierno «determinó el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica». Y es que durante la presidencia de Mauricio Macri el costo para los usuarios de los servicios públicos se multiplicó varias veces. En la resolución también se establece que el ENRE «facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información». Tal como publicó esta semana Ámbito, el Gobierno tiene un plan concreto frente al problema de la actualización de las tarifas de los servicios públicos. La intención oficial es autorizar subas eventuales distribuidas durante este año, pero atadas a la evolución de los costos de las prestadoras de los servicios de energía, gas y agua.

(AMBITO) Guzmán, Stiglitz y llave para llegar al corazón (y el apoyo) de Yellen
El ministro argentino trabajó en el mismo grupo económico que el marido de la flamante secretaria del Tesoro, quien además fue asesor del FMI y compartió el Nobel con Stiglitz. ¿Ayudará con el board del organismo? Nuevamente, la suerte parece hacerle un guiño al país. Y a un Gobierno peronista. El destino quiso que Martín Guzmán tenga relaciones fuertes e importantes -tanto personales como ideológicas- con la persona que manejará la economía de los Estados Unidos y, en consecuencia, la mundial. Sin eufemismos, Janet Yellen mantiene contactos directos con gran parte del grupo de intelectuales formados en las teorías de defensa de la intervención del Estado en los mercados y las políticas públicas, bajo el amparo de Joseph Stiglitz, y coincide en gran parte de los dictados generales del Premio Nobel para la economía mundial. De hecho, su marido George Akerlof, uno de los teóricos del estructuralismo más respetados a nivel mundial; es habitual colaborador de Stiglitz y su sinergia investigadora establecida desde hace años en la Universidad de Columbia. De hecho, el premio Nobel otorgado en 2001 fue al trío Akerlof, Stiglitz y Michael Spence, y sus estudios sobre el “análisis de los mercados con información asimétrica”, o la manera donde algunos operadores financieros se benefician más que otros por tener información privilegiada obtenida por la aplicación de su poder de fuego; y las consecuencias en el tiempo para que aquellos que se beneficiaron con datos clave se vuelvan aún más poderosos. Para algunos, la radiografía exacta de Larry Fink, CEO de BlackRock, persona que además detentaba también el sillón que ahora ocupará Yellen; y que fue objeto del bombardeo verbal de Stiglitz durante las negociaciones entre Argentina y los acreedores con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional. Stiglitz había abierto un años antes del Nobel, en el 2000, la Iniciativa para el Diálogo Sobre Políticas (IPD en inglés) dentro de la Universidad de Columbia, adonde recaló un joven Guzmán como economista aspirante a lugares importantes en la teoría estructuralista mundial. El destino luego quiso que se convierta en el primer ensayo mundial donde el dúo Stiglitz- Akerlof pudieran ejecutar sus visiones sobre la manera de lograr el desarrollo con políticas diferentes a las habituales heredadas del Consenso de Washington, pero también de los defensores del bolivarianismo concéntrico. Yellen fue también la heredera en 1997 del grupo de asesores que había armado Stiglitz, en los comienzos de la gestión de Bill Clinton en la presidencia de los Estados Unidos en 1992. Esta plataforma la llevó en 2010 a ser vicepresidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y luego la primer mujer en dirigir la entidad entre 2014 y 2018. Stiglitz siempre le agradeció públicamente la manera en que mantuvo su herencia ante Clinton, especialmente en la continuidad de la ayuda a los países en desarrollo y la contención en la aplicación del Consenso de Washington. Pero aún hay más. Akerlof fue durante casi 15 años asesor económico externo del FMI, y desde ese rol se vistió de crítico de las recomendaciones de aplicar políticas activas preestablecidas en libros cerrados e innegociables, en países en desarrollo con problemas estructurales. Akerlof escribió y publicó constantemente papers reclamándole a los técnicos que habitualmente realizan misiones en los estados, que evitaran la obligación para que las autoridades de esos países debieran ejecutar reformas laborales, impositivas, de reducciones drásticas de gasto público social y de liberación de variables macro. Crítico del FMI de los 90, Akerlof fue uno de los promotores de los cambios en el organismo, aplicados desde la asunción de Christine Lagarde. Se supone que todos estos datos deberían ayudar para el favor más grande que la gestión de Washington le deba hacer a la Argentina en las últimas décadas. Esto es, convencer al board del FMI donde Estados Unidos maneja la mayoría accionaria, que le apruebe un inédito acuerdo de “Facilidades Extendidas”; único en la historia del organismo. Este debe incluir la posibilidad de no pagar durante tres años ni capital ni intereses, que las cuotas anuales no excedan los u$s2.000 o u$s3.000 millones, que en lo posible el acuerdo se extienda por más de 10 años (difícil), que no haya misiones inspectoras cada tres meses y, lo más importante, que las metas cambiarias y de déficit fiscal sean lo más flexibles posibles. Nuevamente, Guzmán deberá aplicar todo su arsenal diplomático y hacer uso de sus conexiones personales con Columbia.

(AMBITO) El oficialismo en Diputados busca avanzar con sostenibilidad de la deuda, monotributo y biocombustibles
Sin el apoyo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos pretende retomar la semana que viene el trabajo en comisiones. Podría haber sesión el miércoles 27. El oficialismo en la Cámara de Diputados busca retomar el trabajo la semana que viene, luego de la aprobación del protocolo virtual mixto que no firmó Juntos por el Cambio y la agenda de extraordinarias incluye proyectos como la sostenibilidad de la deuda, cambios al monotributo y la prórroga al régimen de biocombustibles. Así lo confirmó el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, quien esta tarde mantuvo una reunión con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para terminar de definir el temario de trabajo estival. “Hoy miércoles 20 de Enero nos reunimos con el Presidente de la Cámara para coordinar el trabajo en extraordinarias. La semana que viene trabajaremos en Comisiones, y Sesión. Monotributo, biocombustibles, deuda, construcción, ciencia y técnica, entre otros”, tuiteó el legislador entrerriano, titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social. Uno de los temas que entrarán en la agenda y que ya había sido anunciado por Massa el pasado 19 de noviembre -último día de sesiones ordinarias de 2020- es el tratamiento de la prórroga al régimen de biocombustibles que ya cuenta con media sanción del Senado. El mismo extiende por cuatro años la Ley 26.093 que establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, que vence en mayo de 2021. Otro de los proyectos que podría tratarse la semana que viene es el de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso con el objetivo de que a futuro las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tengan aval parlamentario. La norma ya recibió media sanción de la Cámara alta el pasado 30 de noviembre. Los diputados también deberán comenzar a debatir el proyecto del Ejecutivo que plantea un nuevo régimen de transición para los monotributistas que están obligados a pasar al Régimen General. En los fundamentos, el proyecto propone «establecer distintos mecanismos para morigerar el impacto negativo» que tuvo la cuarentena en los monotributistas, de manera de beneficiar «a una significativa cantidad de pequeños y pequeñas contribuyentes que, de acuerdo con los parámetros vigentes, quedarían excluidos y excluidas con efecto retroactivo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en una situación extraordinaria». La extensión del protocolo de funcionamiento mixto de la Cámara de Diputados recibió ayer el apoyo de la mayoría de los bloques de la Cámara baja, excepto de Juntos por el Cambio que pide que los temas a tratar en extraordinarias figuren por escrito para evitar que el oficialismo pueda colar el tratamiento de la reforma judicial en extraordinarias. El oficialismo logró que Consenso Federal estampe su firma en el documento, tras lo cual desde el Frente de Todos aseguraron que ya está garantizado el requisito de «consenso mayoritario» para la prórroga del protocolo, que se extenderá así hasta el 12 de febrero inclusive. Según el texto, los diputados que deban sesionar a distancia tendrán que “acreditar debidamente su condición de salud mediante certificado médico remitido desde la casilla institucional a la Secretaría General hasta las 10 del día que se cite a sesión”. Solo quienes requieran autorización podrán participar remotamente, el resto tendrá ausente si no se presenta al recinto.En tanto, mientras se encuentre vigente el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, los legisladores que sesionen desde el recinto “deberán loguearse, activando la VPN”, al igual que los que lo hagan de manera remota.

(BAE) El Gobierno ajustó y el déficit fue de 6,5% del PBI
En los últimos meses, Economía dio rienda suelta al gasto en obra pública pero apretó, con el doble de fuerza, los pagos en IFE y ATP. Así logró un rojo primario que estuvo muy por debajo de los países desarrollados pero por encima del resto de América Latina. El ajuste en el gasto busca evitar un ajuste más traumático, vía devaluación Sobre el cierre del 2020, y una vez que la pandemia dio algo de respiro, el Gobierno ajustó el gasto público extraordinario y, junto con una mejora en la recaudación, logró achicar el déficit primario. El año terminó con un rojo de 6,5% del PBI. Mucho menos que el 8,3% proyectado en el Presupuesto 2021 e incluso por debajo del 7% que se pasó a esperar en los últimos meses. Diciembre, mes estacionalmente alto, terminó con un negativo no tan grave, de 1,1% del PBI. Los números fueron publicados por el Ministerio de Economía. Aclararon que el mejor resultado respecto a lo que se proyectaba responde a que, al comenzar la pandemia, y por la incertidumbre acerca de sus consecuencias, el Gobierno decidió dejarse un margen de libertad para hacer gasto contracíclico. Finalmente, el impulso fiscal para contrarrestar la extraordinaria caída del PBI y el ingreso terminó siendo de 6,5% del producto, lo que está muy por debajo de los esfuerzos de los países más desarrollados. Pero el crecimiento real del gasto está entre los más altos de los emergentes, solo por debajo de los esfuerzos que realizó Brasil. En diciembre, a contramano de los datos que dan cuenta del ajuste, hubo un repunte importante de la obra pública, en línea con el nuevo orden de prioridades de la política fiscal que, en detrimento del gasto social, buscará incidir en el rebote de la actividad económica y el empleo por la vía de la inversión. Por eso, durante el mes, el gasto de capital tuvo una mejora real de 89,3% interanual, tras un crecimiento nominal de 157,7% nominal, versus una inflación de 36,1% en el mismo período.

Diciembre: aceleró la obra pública pero ajustó el gasto social
Cabe destacar, en ese sentido, que durante noviembre el gasto en obra pública ya había anotado una mejora real de 4,3%, pero había sido la primera desde que llegó la pandemia. En octubre la contracción real fue de 27,1% real. Y en agosto había llegado a ser de 39,1%, lo cual resultó extraordinario no solo por lo profundo del ajuste sino porque comparaba contra un agosto del 2019 en el que Cambiemos había apretado el cinturón con una baja de 21,4%. Se dio, así, en plena pandemia, una virtual desaparición de la obra pública. Desde Economía hicieron referencia al ajuste del gasto, junto con el nuevo hincapié puesto en acelerar la obra pública: “El crecimiento del gasto total en diciembre fue de 52,7% interanual. Es significativo porque ya es una suba similar a la de la prepandemia. En febrero del 2020 el gasto primario había crecido 51,4%. Esto se da gracias a una serie de medidas de armonización de la administración fiscal al escenario macroeconómico. Hacia dentro del gasto se ven algunas líneas con comportamiento más acelerado, lo que tiene que ver con prioridades de política pública. La invrsión de capital, fundamentalmente en aguas potables y alcantarillado, vivienda, transporte, vialidad. A medida que se fueron recuperando niveles de actividad, se pudo ir reactivando esa prioridad en el gasto de capital”. Si bien en diciembre también hubo una aceleración interanual en las transferencias extraordinarias, entre las que se incluyen pagos de IFE y el ATP, y desde el Gobierno intentaron destacarlo, lo cierto es que esa mejora se dio contra un diciembre del 2019 en el que esos gastos no existían. Respecto a meses como agosto se registró una caída importante en esas cuentas. Bien concreto: en diciembre ambos programas generaron gastos por $11.000 millones. Mucho menos que los $100.000 millones de junio y los más de $70.000 millones de julio y agosto.

(BAE) La asunción de Biden revitaliza la OMC: cómo impacta en Argentina
Donald Trump había paralizado el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio. Su sucesor regresaría a un enfoque multilateral, que podría favorecer al país, aunque también hay luces de alerta por los controles al dólar.
La asunción de Joe Biden abrió la expectativa de un regreso a la política multilateral por parte de los Estados Unidos, que permitirá revitalizar la Organización Mundial de Comercio ( OMC), entidad que Donald Trump se encargó de vaciar especialmente. Entre los analistas avizoran un escenario más favorable para la Argentina de cara al ingreso de los productos que hoy tienen dificultades para venderse en territorio norteamericano, pero también advierten por posibles sanciones por las trabas para acceder a los dólares en el mercado local. Actualmente, la OMC quedó acéfala después de que el brasileño Roberto Azevedo renunciara a su presidencia. En la Cancillería no esperan mayores novedades en este frente hasta marzo, cuando se definiría si finalmente quedará por primera vez al frente de esa organización alguien de origen africano: la ex ministra de Finanzas nigeriana, Ngozi Okonjo-Iweala, a la que Trump se opuso. La elegida para la Secretaría de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, es la que tendrá en sus manos la decisión de revertir la postura del ex presidente Trump. Lo cierto es que la política del predecesor de Biden, basada en el bilateralismo, consistió en dejar vacantes los tribunales del organismo en donde los EE.UU. tenían representantes, lo que derivó en una incapacidad de acción para dirimir las disputas comerciales entre países, que ahora podría retomar si Estados Unidos vuelve a impulsar su funcionamiento. “Ahí hay una luz amarilla, porque la Argentina ya ha recibido reveses en la OMC por lo que en su momento eran las Declaraciones Juradas de Importaciones (DJAI), y ahora podrían avanzar denuncias por la demora en las Licencias no Automáticas o dificultades para acceder a los dólares”, planteó Mercelo Elizondo, de la consultora DNI, en diálogo con BAE Negocios. Por su parte, Alejandro Mayoral, titular del departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial Argentina ( UIA) consideró que “se va a poder trabajar mejor. Vamos a volver a cosas más multilaterales, y menos unilaterales y agresivas, con una operatividad mucho más sensata, que eso a la Argentina le viene bien”. Entre esos puntos, el mercado de biocombustibles, que hoy permanece cerrado por los elevadísimos aranceles impuestos por la administración de Trump, aparece como la prioridad número uno de los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, sobre todo porque llegó a representar USD1.300 millones por año en exportaciones. De todas formas, Mayoral aclaró que “tampoco es que el mundo pre Trump era idílico” y que el cambio de gestión “no quiere decir que no siga habiendo ese tipo de decisiones”. “Hay lobbies que pueden impedir la entrada de productos argentinos”, aseguró. El caso de los biocombustibles es emblemático porque, justamente, fueron los productores norteamericanos los que le solicitaron a su gobierno el cierre de las importaciones, con el argumento de que los derechos de exportación a la soja que aplica Argentina abarata el insumo y lo transforma en una suerte de subsidio. “Se podría avanzar en una negociación para bajar el porcentaje de retaliación”, se esperanza Elizondo, en referencia a los aranceles de 70% que hoy dejan fuera de competencia al biocombustible criollo. Otros productos con dificultades son por ejemplo los limones, que fueron autorizados a ingresar hace algunos años, aunque aún restan los pasos administrativos para aprobar los envíos desde las plantas locales. Tanto en este producto como en la carne, los productores lograron encontrar otros mercados, como China o Europa, para reemplazar la demanda estadounidense. Sin embargo, la situación del biocombustible es más complicada, porque sólo el mundo “desarrollado” importa ese bien para mezclar con nafta o gasoil, por lo que hoy las plantas están con un porcentaje muy alto de capacidad ociosa.

(INFOBAE) El gabinete económico debatirá hoy el congelamiento de los alquileres y los nuevos esquemas para IFE y ATP El equipo encabezado por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero discutirá la posibilidad de relanzar el Ingreso Familiar de Emergencia y readecuar la ayuda a las empresas a través de un nuevo esquema de asistencia para el pago de sueldos que tiene un alcance más acotado. Luego de que fuera suspendida la semana pasada, el Gobierno retomará hoy la reunión de rutina del gabinete económico. En ese marco, los ejes centrales girarán en torno al rebrote de coronavirus y la posibilidad de tener que volver a implementar una ayuda económica por parte del Estado para el sector privado, sobre todo considerando que podrá haber medidas restrictivas en el corto plazo. Desde el Ejecutivo no descartan que la economía vuelva a resentirse ante un nuevo aislamiento social que se podría implementar en los próximos días para morigerar los contagios de covid-19. De esta manera, el equipo económico encabezado por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero discutirá este jueves la posibilidad de relanzar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y adecuar la ayuda a las empresas a través del Repro II, un nuevo esquema de asistencia para el pago de sueldos que tiene un alcance más acotado que el plan que implementó el Poder Ejecutivo al inicio de la pandemia. El diagnóstico oficial es que la probabilidad más alta es la de reimplementar un programa similar al bono de Anses de $10.000, mientras que la ayuda para el pago de salarios como el ATP quedaría circunscripta a sectores aún golpeados
Lo que no habrá es una continuidad del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) tal como estuvo diseñado el año pasado. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, ese programa específico ya no volverá a implementarse. El propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró ayer en una entrevista radia que el ATP terminó a fin de año. “Fue pensado como un programa en el peor momento de la pandemia, tuvimos un momento con la mitad de la economía paralizada y había que pagar salarios del sector privado para que no tuviéramos un derrumbe, mayor daño”, remarcó. Los niveles de actividad no terminan de recuperarse desde el primer impacto de la pandemia en marzo. El diagnóstico oficial es que la probabilidad más alta es la de reimplementar un programa similar al bono de Anses de $10.000, mientras que la ayuda para el pago de salarios como el ATP quedaría circunscripta a sectores todavía golpeados, como el turístico o el de entretenimiento, y se implementaría mediante el Repro II. El programa Repro (Recuperación Productiva) ya existía antes de la crisis sanitaria, pero el Gobierno decidió renovarlo y adaptarlo a una coyuntura en que algunos rubros particulares de la economía continúan con números de ventas o facturación deprimidos. Para eso, implementó el esquema que implica un pago de $9.000 por cada empleado y que está sujeto a distintos requerimientos, tal como lo hacía el ATP. Según detallaron fuentes oficiales a Infobae, en diciembre, el primer mes de Repro II, unas 3.400 empresas pudieron acceder a la ayuda oficial para el pago de sueldos, lo que representó en total unos 110.000 trabajadores. El último día de este mes vencerá el decreto que dispuso el congelamiento de los montos de alquileres y los créditos hipotecarios UVA. El programa estaba abierto a empresas de cualquier rubro, mientras que los sectores críticos eran atendidos por el ATP. Ahora esos rubros, los más golpeados por la pandemia, pasarán a engrosar los números del Repro II. Por ejemplo, está previsto en la próxima ronda sumar a las prestadoras de salud. Incluso se asistirá en el pago de salarios de trabajadores temporales de rubros como turismo, gastronomía, salud y espectáculos, entre otros. Días atrás, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dijo en Infobae que “si se vuelven a paralizar algunas actividades por un rebrote vamos a tomar políticas sociales excepcionales”.

(INFOBAE) Dura advertencia de los bancos internacionales por el aumento de la inflación en la Argentina para este añoUn estudio del Instituto de Finanzas Internacionales indicó que si no se reduce el nivel de emisión monetaria, puede tener efectos de “desestabilización” sobre la economía.
El think tank de los bancos internacionales advirtió que la inflación podría dispararse hasta el 60% este año y dijo que debe haber un ajuste fiscal fuerte para que el nivel de emisión no desestabilice a la economía. En un informe, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, según su sigla en inglés) consideró que a medida que la actividad económica se normalice, la presión sobre la emisión monetaria crecerá este año. El informe del equipo que conduce Robin Brooks –y que integran Sergi Lanau y Martín Castellano- indica que el déficit de la Argentina superó al promedio de los otros países emergentes. De hecho, llegó al 8,5% del PBI, el más alto de las últimas cinco décadas. El Gobierno preveía que con la reducción de los programas aplicados el año pasado por la cuarentena y la pandemia (IFE y ATP) podría llegar al 4,5% prometido en el presupuesto nacional, pero el rebrote del coronavirus llevó a que el gabinete económico deba analizar algún cambio en esta estrategia; a esto se suman las idas y venidas en torno del aumento de las tarifas de los servicios públicos que el ministro Martín Guzmán había anunciado para este año. “El déficit fiscal de Argentina se disparó el año pasado. Vimos lo mismo en otras partes de mercados emergentes, pero el aumento de los gastos y la emisión de dinero en Argentina estuvieron fuera de lo común”, indicó el equipo del think tank que integran los principales bancos de todo el mundo. El aumento del gasto público y la emisión de dinero en la Argentina estuvieron fuera de lo común el año pasado
“El gasto primario real aumentó un 27%, comparado con una mediana de los mercados emergentes de sólo un 8 por ciento. A falta de acceso al mercado, el Banco Central financió la mayor parte del déficit”, se indicó. “La inflación no aumentó debido a la esterilización y a la baja velocidad del dinero por la cuarentena, pero el mercado de divisas sufrió fuertemente”, aclararon los analistas. “El exceso de pesos bajo estrictos controles de capital se tradujo en una amplia brecha con el mercado paralelo que no se veía desde la década de 1980”, expresó el informe. En este contexto, los analistas estudiaron qué nivel de déficit fiscal “sería compatible con condiciones monetarias más estándar en 2021”. “El déficit primario propuesto por el gobierno de 4.5% del PBI implica un grado de monetización del déficit que probablemente aumentará la inflación sustancialmente cuando la velocidad del dinero vuelva a la normalidad”, indicaron. El déficit primario propuesto por el Gobierno de 4,5% del PBI implica un grado de monetización del déficit fiscal que probablemente aumentará la inflación sustancialmente cuando la velocidad del dinero vuelva a la normalidad “Un menor déficit primario implicaría menos impresión de dinero y podría ser compatible con una caída de la inflación y un mercado de divisas más funcional”, sostuvo. También admitieron que eliminar la monetización del déficit parece completamente imposible, incluso si el FMI pone dinero fresco sobre la mesa. “Si no vemos una consolidación fiscal sustancial, el crecimiento monetario seguirá siendo desestabilizador. El déficit fiscal de Argentina probablemente superó el 8% del PBI el año pasado”, anticiparon antes de que se conociera el resultado oficial del Palacio de Hacienda.

(CRONISTA) El Gobierno enfrenta pagos por u$s 10.000 millones en 2021, como los pagará
Se trata de importantes vencimientos que en su mayor parte el Gobierno buscará reestructurar y financiar con desembolsos de organismos internacionales y otros multilaterales.
Si bien fueron despejados los abultados vencimientos de la deuda externa con privados, el Gobierno este año afrontará importantes obligaciones de pago por más de u$s 10.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Club de París y otros organismos multilaterales. En un contexto de escasez de reservas internacionales en el Banco Central (BCRA) a pesar de la acumulación de las últimas semanas, se trata de una cifra exigente y por ello la idea del Gobierno es reprogramar o renegociar una parte importante. En total, son u$s 10.013 millones que expiran en el año, con los mayores desafíos en mayo (u$s 2930 millones), en septiembre (u$s 2205 millones) y en diciembre (u$s 2035 millones). El primero está explicado por el vencimiento de más de u$s 2400 millones con el Club de París, mientras que en los otros dos meses operan pagos de capital al Fondo, todas obligaciones que el Gobierno prevé reprogramar. En primer lugar, la idea de Economía es llegar a un acuerdo con el FMI entre marzo y abril, con lo que pueda reprogramarse el pago de capital que ronda los u$s 3735 millones, entre los vencimientos de septiembre y de diciembre. Es que la reprogramación es el objetivo principal del Gobierno dado que entre 2022 y 2024 Argentina deberá devolver más de u$s 40.000 millones, por lo que la intención es una postergación de cuatro años. En tanto, los intereses trimestrales que deben abonarse al organismo que preside Kristalina Georgieva en febrero, mayo, agosto y noviembre sí se abonarán en tiempo y forma, oscilan entre los u$s 290 millones y los u$s 390 millones, financiados con los desembolsos de otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF y el Banco Mundial (BM) entre otros. De hecho, el Gobierno ya está en conversaciones con estas entidades y otras menores para captar préstamos por u$s 5000 millones en 2021, lo que le permitiría afrontar la mitad de las obligaciones en moneda extranjera. Pero además de dotar de credibilidad al rumbo económico del Gobierno y de desembarazarlo de importantes obligaciones de pago, el acuerdo con el Fondo le permitiría a Argentina sentarse a negociar con los acreedores del Club de París, a los que se les debe pagar más de u$s 2400 millones. Un programa firmado con el FMI es requisito fundamental que exige el Club de París, debido al seguimiento de variables macroeconómicas y de crecimiento que asegura la tutela del principal organismo de crédito a nivel global. El vencimiento es a comienzos de mayo, por lo que durante el quinto mes del año transcurirrá el plazo de gracia para pagar. No honrar esta obligación traería aparejadas nuevas cargas sobre la deuda en concepto de intereses y punitorios, además de renovar las tensiones sobre los bonos argentinos del exterior y en el endeble frente cambiario. En tanto, prácticamente no hay acreencias con bonistas del sector privado, debido a la reestructuración de la deuda externa, mientras que a nivel local también se canjearon la mayor parte de las letras del Tesoro y los bonos en dólares por títulos a más largo plazo, como son los bonos step up con maduraciones que van de 2030 a 2041 y que descomprimieron el perfil de vencimientos de corto plazo. Por otro lado, sí expiran letras intransferibles que posee el Banco Central, como la de u$s 2121 millones que vence en marzo, pero está previsto que el Gobierno pueda renovar los vencimientos sin complicaciones, tal como ocurrió con el de u$s 7500 millones que operó en enero.