Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(CLARIN) Internet, cable y telefonía fija: el Gobierno autorizó nuevos aumentos en marzo
Las subas de estos servicios serán de entre un 5% y hasta un 7,5%. Días atrás el Ejecutivo ya había permitido un incremento en la telefonía móvil de hasta un 7,5% para febrero y un 2,5% para el próximo mes.
El Gobierno Nacional autorizó nuevos aumentos para los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía fija, que empezarán a regir en el mes de marzo. Lo hizo a través de la Resolución 20$/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial. Días atrás el Ejecutivo ya había permitido un incremento en la telefonía móvil de hasta un 7,5% para febrero y un 2,5% para el próximo mes. Desde hoy se incluyeron el resto del sector de las telecomunicaciones. Por medio de la Resolución publicada este martes, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) estableció que las licenciatarias de Servicios de Telefonía Fija (STF), podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo de 2021 “en hasta un 5%”.
Por su parte, las prestadoras de internet tendrán un esquema de incrementos:
a) Planes que ofrecen hasta 50 Mbps de velocidad de bajada, Segmento Hogar, de prestadores de SVA-INT con menos de 100 mil accesos totales: hasta un 7%.
b) Planes que ofrecen hasta 50 Mbps de velocidad de bajada, Segmento Hogar, de prestadores de SVA-INT con 100 mil accesos totales o más: hasta un 5%.
c) Planes que ofrecen 50 Mbps o más de velocidad de bajada, Segmento Hogar: hasta un 7,5%.
d) Planes Corporativos: hasta un 7,5%.

En el caso de los abonos de televisión por cable residenciales, el cronograma de aumentos será:

a) Planes ofrecidos por prestadores de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico o Radioeléctrico (SRSVFR) con menos de 100.000 accesos totales: hasta un 7%.

b) Planes ofrecidos por prestadores de SRSVFR con 100 mil accesos totales o más: hasta un 5%.

c) Planes o paquetes de servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales “Premium”: hasta un 7,5%.

El plan de aumento para los servicios de televisión satelital será:

a) de hasta cinco por ciento para prestadoras con menos de 200 canales; 7,5% para prestadoras de 200 o más canales; y de hasta un 7,5% en el caso de planes o paquetes de servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales “Premium”.

El año pasado, en medio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, el Gobierno había congelado el precio de los servicios de telecomunicaciones y la prohibición de aumentos alcanzaba hasta fines de 2020. Tampoco estaba permitido el corte de los servicios por falta de pago. Según determinó el ENACOM, los incrementos autorizados «sólo podrán ser aplicados por aquellas Licenciatarias que hubiesen cumplimentado las disposiciones en las que se permitieron las anteriores actualizaciones tarifarias». «Desde el ENACOM se pretende una sinergia regulatoria respecto de los precios que convoque la realidad que las TIC y la TV Satelital representan no sólo como un portal de acceso a la salud, el trabajo, a la educación, a la justicia, a la seguridad, al conocimiento, a la información y al entretenimiento, sino considerando su incidencia fundamental en la construcción del desarrollo económico y social», señaló la entidad. Indicaron también que «admitir un precio irrazonable implicaría una afectación a una gran parte de la sociedad, pretendiendo detraer una proporción excesiva de los ingresos de los usuarios y usuarias, perjudicando su accesibilidad y los derechos fundamentales que las TIC en general permiten satisfacer, máxime durante la pandemia, donde ha quedado demostrado cabalmente que sólo a través del uso de tales tecnologías fue posible esa satisfacción. No es intempestivo recordar que los sucesivos incrementos que se autorizan, son la herramienta más justa, razonable y asequible para todos los actores involucrados, en función de proyectar una salida gradual del congelamiento de precios instaurado hasta diciembre de 2020».

(BAE) Enero tuvo el menor déficit fiscal desde inicios del 2016
De la mano de las retenciones y un ajuste en el gasto en prestaciones sociales, los ingresos corrientes crecieron más que los gastos y el Tesoro logró, por primera vez desde octubre del 2019, un superávit primario de 24.074 millones de pesos. El gasto en obra pública se casi triplicó durante enero. Al restar los intereses de la deuda, el rojo fiscal fue de $3.030 millones, el menor déficit en cinco años. El aumento fuerte de la recaudación vía retenciones, junto con un ajuste en las prestaciones sociales, generó superávit primario en el primer mes del año. Fue de 24.074 millones de pesos, es decir del 0,1% del PBI esperado para el 2021. Se trató del primer resultado positivo desde octubre del 2019. Además, por la renegociación de los intereses de la deuda, el rojo total fue el más bajo desde enero del 2016 y alcanzó los 3.030 millones de pesos. Sin el canje 2020 con los tenedores privados, habría sido de 47.000 millones de pesos. Los números fueron publicados por la Secretaría de Hacienda. Y mostraron que mientras que los ingresos subieron 53,3% interanual, los egresos corrientes lo hicieron al 45,8% interanual, lo que implicó una reversión de lo que se venía dando en pandemia, cuando lo recaudado llegó a crecer por debajo del 10% y los gastos por encima del 70%. Hacia dentro del gasto cabe destacar una diferencia, que se sostendría a lo largo del año: el gasto en obra pública creció 193,2%, dinámica que empieza a mostrar la búsqueda del Gobierno de impulsar la actividad económica a través de un sector muy generador de empleo y poco demandante de divisas. El gasto en prestaciones sociales reflejará a partir de marzo el incremento en torno a 8,2% en las jubilaciones y ahí cambiarán los números. Pero, en enero, esas erogaciones, que incluyen a la AUH y a las pensiones, crecieron apenas 30,5% interanual nominal. Bastante por debajo del 38,5% que marcó la inflación del mes. En total, se trató de una caída real de 5,8% en el gasto más abultado de las cuentas públicas. Por eso, semejante número terminó inclinando la balanza, porque es muy superior al que generan las obras públicas. Los derechos de exportación fueron los que explicaron en buena medida el crecimiento de los ingresos, lo que se dio en parte por la suba del precio de los commodities del agro, y una mayor liquidación de los exportadores, y en parte por el efecto que generó la salida del paro de aceiteros y portuarios, en diciembre. Desde Hacienda señalaron: «Enero es un mes atípico y la recaudación por comercio exterior fue el principal motivo de mejora en los ingresos. Algo a destacar por el lado del gasto es que el corriente creció 21,2%, lo que implica una suba realmente moderada. Una especial llamada de atención aparece por el lado de los intereses de la deuda pública: en enero pagamos interses por 27.000 millones de pesos. Sin reestructración de 2020 habrían sido 75.000 millones de pesos. Esto modera el crecimiento del gasto corriente. Atenúa el deficit financiero, porque en vez de ser el de 3.000 millones de pesos que terminó siendo, habría sido de 47.000 millones de pesos. Es un punto interesante». Tal como afirmaron, enero es atípico, suele ser el mes de menor presión para las cuentas públicas, tal vez junto con mayo. Para el 2021, de hecho, no se espera un resultado tan amigable como el del primer mes del año y el rojo primario totalizará, siempre según el presupuesto, 4,5% del PBI, es decir alrededor de 1,6 billones de pesos. De ellos, 1,2 billones de pesos serán financiados por el BCRA. Hasta acá no hubo asistencia al Tesoro pero desde Hacienda no descartaron que la haya en las próximas semanas, dependiendo de lo que ocurra con las licitaciones de la Secretaría de Finanzas. Acerca del crecimiento del gasto en obra pública, desde Hacienda destacaron: «El gasto de capital ha crecido 193%, fueron 22.200 millones de pesos. Comparamos contra enero del 2020, mes muy próximo al inicio de la gestión, por lo cual es razonable que aquella base de comparación sea baja. De cualquier manera ha sido importante la suba. Los conceptos a destacar ahí dentro aparecen por el lado de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con agua potable y alcantarillado y las obras energéticas. Todo eso es la apuesta del crecimiento del gasto de capital en el PBI, que impulsa la demanda agregada y genera trabajos genuinos».

(AMBITO) Segunda misión de AMLO con Alberto Fernández: hablar con Biden por el FMI
Los mandatarios se reunirán en México. Fernández buscará abrir un diálogo con EEUU para Biden acepte analizar una flexibilización en el «Facilidades Extendidas» que se negocia con el FMI. Alberto Fernández le pedirá un nuevo favor a su amigo Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En junio del año pasado, el jefe de Estado mexicano aceptó una misión difícil (y algo fallida) ante el fondo de inversión BlackRock para convencerlo de ingresar en el acuerdo por la deuda emitida bajo legislación internacional. Ahora a AMLO se le pedirá intervenir, en lo que pueda, ante el gobierno de Joe Biden para que el norteamericano acepte analizar una flexibilización en el “Facilidades Extendidas” que se está negociando ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). La misión será tan o más difícil como la que encaró en su momento con Larry Fink, el mandamás del poderoso fondo de inversión de origen norteamericano; pero, se supone desde la delegación argentina que viajó al DF, el amigo latinoamericano aceptará el reto. Debe entablar contactos con Biden para que tenga en cuenta el caso argentino, y aceptar un contacto directo con Buenos Aires para que desde el gobierno nacional se le pueda explicar la situación. Concretamente, estudiar la posibilidad de flexibilizar en tiempos y condiciones el acuerdo de “Facilidades Extendidas”; formateado por el organismo que maneja Kristalina Georgieva para 10 años de plazo máximo con la obligación de cumplir con los compromisos desde el cuarto año de vigencia como tope innegociable. Sabe el gobierno que la posibilidad de que un aval de este tipo pueda lograrse, será con el apoyo de los Estados Unidos; ya que es imposible que sin los votos de ese país se consiga una alteración de lo que limita el estatuto del FMI. Y preocupaba en la Casa Rosada la falta de contactos financieros concretos con la aún flamante administración Biden, la que por ahora no demostró tener a América Latina en sus prioridades internacionales. Salvo con México; país con cuyo gobierno el demócrata buscó sostener muy buena relación desde su propia asunción, para diferenciarse de los ruidos de Donald Trump con ese estado. AMLO tiene un línea directa con su par norteamericano, la que por ahora se utiliza para cuestiones vinculadas a la circulación de personas y la pandemia. Se comprometió ayer en el marco de la visita de Alberto Fernández a México a introducir el tema en su dialogo con Biden. Luego será cuestión de los contactos locales con el demócrata aceitar la relación. Por ahora el puente entre Argentina y la administración Biden no está aceitado. Sin ser mala, se reconoce en Buenos Aires que no hay solidez en el dialogo, y que luego de aquel muy buen contacto diplomático entre Fernández y Biden vía telefónica de comienzos de diciembre del 2020 (cuando el norteamericano aún no había asumido), no hubo mayores novedades. Y que la relación más fluida es la que mantiene el ministro de Economía Martín Guzmán con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. El esposo de la funcionaria, George Akerloff, compartió en 2001 el premio Nobel de Economía con Joseph Stiglitz (y Michael Spence); y fue uno de los economistas extranjeros que ponderó las negociaciones que el país mantenía con los acreedores extranjeros. Todos los mencionados trabajaron o trabajan en el grupo de investigaciones que dirige Stiglitz en Nueva York. Pero además, Akerloff, fue durante 15 años asesor externo del FMI, con el que mantiene relaciones directas y sólidas. La carta puede ser jugada en cualquier momento, pero se necesita del aval del propio Biden para poder discutir flexibilizaciones ante el FMI. Por ahora el presidente de Estados Unidos no se involucró con el organismo financiero internacional. De hecho mantiene como embajador de su país ante el FMI a Marc Rosen, exhombre de Wall Street y el delegado designado por Donald Trump; y la persona que le abrió a la Argentina la puerta para el acuerdo negociado entre Mauricio Macri y el expresidente republicano. La gestión de AMLO con BlackRock fue ejecutada en junio de 2020, luego de un pedido personal de Alberto Fernández para que intercediera con Larry Fink. El jefe de BlackRock es uno de los principales inversores externos en México, y desde ese rol logró establecer buenas relaciones con todos los presidentes mexicanos. López Obrador dijo públicamente en aquellos tiempos que Fernández, “sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink que ellos estaban buscando una negociación de su deuda y que ya tenían un dictamen de cuánto podrían reconocer de la deuda y que él quería cumplir, que no quería firmar nada y luego que se incumpliera con las obligaciones, que se aceptara la propuesta de ellos”. Agregó que le habló al líder de BalckRock, “que es una buena persona”, para preguntarle si estaba al tanto de ello, a lo que el director del fondo le dijo que no dependía sólo de él pero que propondría al consejo una disminución del 50-55%”. En aquel momento la oferta argentina era la de pagar el 41% de capital. La gestión de AMLO no llegó a buen puerto. Con el tiempo los contactos que llevarían a un entendimiento fueron los del ex YPF Miguel Gallucio, con muy buena relación con Fink en su paso por la petrolera (BlackRock es uno de los accionistas privados); quién fue el que trajo la oferta final que aceptaría el norteamericano.: 54,8%.

(AMBITO) El Banco Central acumula en 2021 más de u$s600 millones en compras netas y suben las reservas internacionales
La entidad pudo comprar divisas en ocho de las 10 últimas ruedas cambiarias. Los tipos de cambios paralelos (MEP, CCL, blue/ilegal) continúan en el sendero de la estabilización, luego del cimbronazo cambiario de septiembre-octubre. Los tipos de cambios paralelos (MEP, CCL, blue/ilegal) continúan en el sendero de la estabilización, luego del cimbronazo cambiario de septiembre-octubre, en un escenario donde el Banco Central pudo comprar dólares en ocho de las 10 últimas ruedas cambiarias. «La brecha cambiaria es fundamental en la construcción de expectativas, y su correlato en términos de formación de precios. En los últimos meses viene bajando de forma paulatina, y ya tocó los niveles más bajos en casi seis meses», indica el informe. Esto viene permitiendo al BCRA reducir el movimiento devaluatorio del tipo de cambio oficial, que durante noviembre-enero se aceleró a 3,5%-3,8% mensual, mientras que en los meses previos la depreciación venía siendo del 2,6%-2,8%. A falta de una semana para que culmine febrero, el tipo de cambio mayorista se movió un 2,1%, y de continuar con el mismo ritmo, cerrará el mes en torno al 2,7%. El gobierno busca que este año el dólar mayorista se mueva entre un 25%-29%, alineándolo al objetivo de cumplir con la meta inflacionaria que se propuso (29% interanual en 2021). En 2020, la devaluación del dólar mayorista fue del 40,5%. El fortalecimiento del mercado de capitales local ha permitido al Tesoro refinanciar más de la totalidad de sus vencimientos. De esta forma se garantiza el desembolso del Presupuesto comprometido sin generar mayores tensiones a partir de la monetización del déficit fiscal. Por otra parte, desde diciembre, las reservas internacionales comenzaron a incrementarse de manera más sostenida, presentando una dinámica positiva en gran parte de los días hábiles. Tal es así que de las 51 jornadas entre el 30 de noviembre del 2020 y el 19 de febrero del 2021, en 39 días las RR.II. crecieron y solo en 12 se redujeron. Entre diciembre y enero las reservas se incrementaron en u$s863 millones, mientras que entre agosto y noviembre del año pasado habían caído u$s4.764 millones, fundamentalmente por la venta neta de divisas y la salida de depósitos en dólares. La buena performance desde diciembre de las RR.II. se explica en gran parte por la compra neta de divisas que viene logrando el BCRA, a partir de la continuidad de la estabilización de la brecha cambiaria, el incentivo al complejo agroexportador a liquidar (baja transitoria de derechos de exportación, por ejemplo) y la menor monetización del déficit fiscal gracias al mayor financiamiento en el mercado de capitales local (que reduce la cantidad de pesos en la economía, lo que reduce en parte la demanda de dólares). Es por ello que, desde el 30 de noviembre, el BCRA compró divisas en 38 de 51 jornadas, mientras que en tan solo 8 días presentó un saldo vendedor neto (y en 5 mantuvo el saldo en cero). El saldo actual, hasta el 19 de febrero, es de una compra neta por u$s1.221 millones. En las dos primeras semanas de febrero el BCRA no presentó venta neta de divisas y compró u$s456 millones. Las estimaciones indican que en la tercera semana (corta, por el feriado de Carnaval), la tendencia continuó.

(AMBITO) Cuáles son las claves para que el BCRA no pierda reservas este año
Iniciado el segundo año de la pandemia, resulta crucial arribar a un acuerdo con el FMI. Pero también el comportamiento del mercado cambiario marcará la tónica de los acontecimientos. Días atrás explicamos y detallamos las necesidades de financiamiento en pesos que tuvo el Gobierno en 2020 y cómo las cubrió, y cuáles serían las de este año y qué opciones hay. Pero esa es solo una parte de la historia. Los últimos gobiernos además de preocuparse de dónde salen los pesos para cubrir el déficit primario, los intereses de la deuda de BCRA y los intereses de la deuda pública, también necesitan financiamiento en dólares para afrontar sus compromisos. O sea, el problema macro de cada año, desde hace más de más de una década, puede resumirse en de dónde salen los pesos y los dólares para cerrar el año. En esta oportunidad ahora avanzaremos sobre las necesidades de dólares. No es un tema menor, aunque todo quede embarrado por el caso de las vacunas VIP, pero no hay duda que ambos temas son focos de discusión en las negociaciones con el FMI, de ahí su relevancia. El año pasado, el faltante de dólares rondaba los u$s9.000 millones aproximadamente. No hace falta denunciar un spoiler pero ya no es sorpresa que el año pasado el Gobierno echó mano de las reservas del BCRA. Para dimensionar el obstáculo en cuestión y por dónde pasan las variables claves veamos los grandes números del 2020. Por un lado los pagos de capital e intereses sumaron más de u$s7.100 millones, de los cuales casi u$s4.200 millones fueron a Organismos internacionales, poco más de u$s2.400 millones a Acreedores privados y el resto fueron Otros pagos al Sector público. Por otro, hubo cerca de u$s2.000 millones de desembolsos de Organismos financieros. De modo que el faltante de dólares del fisco fue de más de u$s5.200 millones que, como se “espoileó” fue cubierto con las reservas netas del BCRA. Al respecto, vale recordar que la gestión Fernández arrancó con un stock de reservas netas estimado en más de u$s12.100 millones y cerró 2020 con menos de u$s3.300 millones, de modo que la caída casi llegó a u$s8.900 millones. Esta pérdida de reservas se explica por los más de u$s5.200 millones para afrontar los pagos de la deuda a organismos y bonistas, más otros casi u$s4.200 millones de ventas netas del BCRA y u$s500 millones de otras operaciones. Estas salidas fueron compensadas, en parte, por la mejora en la cotización del oro que implicó una revaluación de las reservas netas de más de u$s1.000 millones. Ahora bien, para completar el análisis hay que observar lo que pasó en el mercado cambiario. En 2020, la demanda que ascendió a cerca de u$s12.800 millones, estuvo alimentada por las personas por el canal de Atesoramiento (u$s4.000 millones) y el Turístico (u$s1.700 millones), y por las empresas en más de u$s7.000 millones. Mientras que la oferta, nutrida por el superávit comercial cambiario (recordar que no todos los embarques son liquidados y por ello surgen discrepancias entre el diferencial de lo exportado e importado y lo cobrado y pagado) de aproximadamente u$s8.600 millones. Por ende, la diferencia entre la demanda (u$s12.800 millones) y la oferta (u$s8.600 millones) fue cubierta por el BCRA con ventas netas de divisas. A esta altura está claro que es clave el stock de reservas netas del BCRA de cara al futuro mediato, no solo para intervenir sino para pagar vencimientos; y cómo juegue el mercado cambiario. El problema es que, según estimaciones privadas, el stock de reservas netas líquidas casi se ha esfumado, ya que se descuentan los DEG y el oro en manos del BCRA, que suman entre ambos unos u$s4.000 millones. Este año el BCRA, presidido por Miguel Pesce, arrancó con u$s3.300 millones de reservas netas, incluyen DEG y oro, pero las netas líquidas las estimaron en el mercado en torno de los u$s700 millones. Entonces, por dónde pasan las claves este año: no solo por la negociación con el FMI sino también porque el mercado cambiario sea lo más equilibrado posible. A modo de anticipo, cabe señalar que el año pasado en el mercado cambiario el “cepo” a la demanda de personas compensó la menor oferta. Por ello, no hay margen para que flexibilicen las restricciones, sino que incluso le den otra vuelta de tuerca. Los números “grandes” del 2021 indican que el total de vencimientos se arrima a los u$s11.000 millones, de los cuales más de u$s7.750 millones son FMI (casi u$s5.000 millones), Club de París (u$s2.800 millones), BID (u$s1.200 millones), Banco Mundial (u$s500 millones) y u$s1.400 millones de Otros organismos y Otros pagos. Si bien el BCRA volvió a comprar dólares en los últimos meses el fisco no tiene de dónde sacar semejante monto de divisas. Para evitar que el BCRA utilice reservas que no son propias, el Gobierno precisa acordar con el FMI y luego con el Club de París (aunque en cierta manera es simultáneo porque varios negociadores son los mismos) no desembolsar este año la mayor parte de los u$s7.750 millones, y a la vez, conseguir financiamiento del BID y BM para nuevos proyectos, que impliquen desembolsos de más de u$s1.700 millones. Esto implicaría una especie de 100% roll-over. Pero además de conseguir todo esto, el ministro Guzmán requiere que el mercado cambiario se lo más equilibrado posible para que el BCRA no pierda reservas. Una simulación preliminar de Macroview da cuenta que para adecuar el mercado cambiario a una oferta similar a la del año pasado, de entre u$s7.000 y u$s8.000 millones, la demanda debería reducirse en más de u$s4.000 millones. Si esto se da, la oferta del superávit comercial cambiario le empataría, como mínimo, a la demanda de modo que el BCRA no perdería reservas. Para ello, estiman una demanda piso con cepo de u$s7.000 a u$s8.000 millones (suponiendo que se mantiene el actual) compuesta por u$s3.000 a u$s4.000 millones de las personas físicas (entre u$s250 y u$s300 millones mensuales de atesoramiento y turismo) y solo u$s4.000 millones de las empresas. Macroview proyecta un saldo comercial versión INdEC (devengado) de aproximadamente u$s13.500 millones, donde aún con la demanda súper limitada, el financiamiento comercial negativo no debería superar al del año pasado (u$s6.000 millones). En síntesis, mientras se precisa que se acuerde con el Fondo y luego con el Club de París, y evitar los fuertes desembolsos de este año, en paralelo el mercado de cambios debe tender al equilibrio, es decir, que la oferta de divisas calce con la demanda. Veremos si el actual cepo es suficiente para ello.

(AMBITO) Se «argentiniza» el mercado automotor: casi 50% de 0 km vendidos son nacionales
A comienzos del año pasado, más de 70% de los vehículos vendidos eran importados. Hoy, los «made in Argentina» lideran ranking de patentamientos ,según los datos de registros acumulados en febrero. Este será un año diferente para el sector automotor. Un antes y un después. El motivo: el fuerte giro que está teniendo el mercado en materia de penetración de los 0 km nacionales. Los dos primeros meses del 2021 ya evidencian ese cambio. Si se toman, por ejemplo, los datos de patentamientos durante los días transcurridos en febrero, queda claro que hay una “argentinización” de las ventas. Según las estadísticas oficiales, en lo que va del mes, el 45% de los registros correspondieron a vehículos salidos de fábricas radicadas en el país. El 55% restante, obviamente, corrió por cuenta de 0 km importados. Un año atrás, en febrero del 2020, los vehículos nacionales representaban 28,5% de las operaciones totales y los llegados de otros países se ubicaban en 71,5%. Cifras similares se alcanzaron en enero pasado. Es decir que, en los últimos doce meses, la participación de los autos extranjeros cayó en más de 16 puntos porcentuales. Esa relación de 7 a 1 fue la que dominó las operaciones durante los últimos años. El drástico cambio es consecuencia de limitaciones macroeconómicas que se suman a una decisión del Gobierno de beneficiar a la producción local. Las restricciones a las importaciones que rigen en la actualidad se deben a la escasez de dólares. Difícil saber si con disponibilidad de divisas también se limitaría el ingreso de importados. La realidad es esta y las reglas son las actuales. Lo que sí está claro es que las autoridades, a través de la aprobación o no de los permisos para importar, van dirigiendo la composición del mercado. La intención del Gobierno, según fuentes del sector, es que se vendan más vehículos nacionales que importados o, al menos, que haya equilibrio. Los datos de comienzo del año van en ese sentido. Por un lado están los 0 km “made in Argentina” que se benefician de esta política. Modelos como la Toyota Hilux, Fiat Cronos o Peugeot 208 son los ganadores de la foto actual. Los grandes perdedores son los distribuidores de marcas importadas no radicadas que sobreviven con el cupo de dólares que libera el Gobierno. En el medio están las propias terminales que son, a su vez, las principales importadoras de vehículos. Si producen más y exportan, más fondos tendrán para importar el resto de la gama. La consecuencia de esta política es una disminución de la oferta. El consumidor debe elegir entre los modelos que hay. Esto produce desabastecimiento, listas de espera y sobreprecios. Un dato que hay que tener en cuenta es que los vehículos producidos en la Argentina tienen, en promedio, 70% de piezas importadas por lo que también generan problemas a las escasas reservas del Banco Central. De los diez modelos más vendidos del mes, cinco son nacionales. Hasta hace poco había un amplio dominio de los brasileños. El ranking de febrero lo está encabezando Fiat Cronos y Toyota Hilux. En tercer lugar, hasta ayer, se ubicaba el Volkswagen Gol. La serie seguía con Etios, Amarok (nacional), Corolla, Peugeot 208 (nacional), Ford Ranger (nacional), Yaris y Chevrolet Onix. También surge de este ranking que Toyota tiene cuatro modelos entre los diez primeros. Según los registros, es la automotriz que más vehículos lleva nacionalizados en el mes, unos 2.245. También es la que más produce.

(INFOBAE) La brecha cambiaria ya está por debajo del 60%, pero a un alto costo: el riesgo país volvió a máximos Las intervenciones del Gobierno en el mercado de bonos precipitaron la caída del dólar Bolsa a $ 139. La estabilidad cambiaria es clave para aspirar a un rebote mayor de la economía.
Ya está terminando el primer bimestre del año y la tranquilidad del dólar es posiblemente el mayor activo que puede mostrar el Gobierno. La caída de la divisa en los mercados financieros incluso fue más allá del que esperaban las autoridades y los inversores. Ayer el “dólar Bolsa” perforó los $ 140, su nivel más bajo del año, mientras que el tipo de cambio libre finalizó prácticamente sin cambios a $ 147. Pero se produce una situación como mínimo curiosa. La caída de la divisa no es sinónimo de mayor confianza por parte de los inversores, como indicaría la lógica. Al contrario, los bonos continuaron en caída y ayer el riesgo país finalizó a 1.507 puntos básicos, el mayor nivel desde que se avanzó con la reestructuración de la deuda a principios de septiembre de 2020. Se trata de toda una paradoja. Si se observa la evolución del dólar, la impresión es que los mercados miran con mayor confianza la evolución de la economía. Sin embargo, la evolución de los bonos revela exactamente lo contrario: a pesar de los altísimos rendimientos en dólares, nadie los quiere. Por supuesto que la caída del tipo de cambio y al mismo tiempo la suba del riesgo país están íntimamente conectados. Sucede que tanto el BCRA como ANSES venden bonos dolarizados y así ayudan a bajar el tipo de cambio financiero, tanto el “dólar Bolsa” como el “contado con liquidación”. Sin embargo, no hay información oficial sobre el monto vendido hasta ahora por ninguna de las dos instituciones. Para el equipo económico no sólo es importante que el dólar financiero se tranquilice como viene sucediendo, sino que además esto permite que se achique la brecha cambiaria. Ya no está en niveles del 100% como sucedió en octubre, sino que ahora se ubica en “solo” 55%, teniendo en cuenta que el dólar Bolsa finalizó rozando los $ 139 y el mayorista finalizó a $ 89,50. Si se toma como referencia el dólar libre, que cerró a $ 147, la brecha salta a niveles del 64%. Esa reducción de la brecha será fundamental para acelerar la liquidación de dólares por parte de las cerealeras, ya que una distancia demasiado grande entre el tipo de cambio oficial y el financiero provoca que se acelere la demanda de importaciones y, del otro lado, que los exportadores opten por esperar para liquidar a la espera de un tipo de cambio oficial más atractivo. La batalla cambiaria recién se dará en la segunda parte del año, en especial a medida que se acerquen las elecciones legislativas y aparezcan compras por cobertura
Por delante, el panorama del mercado cambiario luce bastante tranquilo. En marzo cae el pago del impuesto a la riqueza, lo que obligará a muchos contribuyentes a vender dólares a través del mercado de bonos para hacer frente a la obligación en pesos. El monto es significativo y no bajaría de los USD 1.000 millones, aunque resulta difícil hacer un cálculo preciso. Ya en abril comenzarán a ingresar los dólares de la cosecha de soja, que este año será extraordinaria con precios superiores a los USD 500 la tonelada. Esto permitirá que el Banco Central acumule reservas e incluso que se alivie parcialmente el cepo cambiario, especialmente para autorizar más importaciones. Por lo tanto, da la sensación que la batalla cambiaria recién se dará en la segunda parte del año, en especial a medida que se acerquen las elecciones legislativas y aparezcan compras por cobertura. En cuanto al mercado de bonos, por ahora no aparecen demasiados interesados en comprar a pesar de que el rendimiento en dólares supera el 17%. Ayer, en un día volátil para los mercados financieros, los bonos dolarizados cayeron 1% en promedio y siguen sin encontrar un piso.

(INFOBAE) El banco JP Morgan advirtió que las reservas netas llegan a USD 3.000 millones Desde diciembre la entidad acumula un saldo neto positivo por su intervención en el mercado. Pero las reservas netas -que excluyen préstamos y depósitos- caen unos USD 800 millones en 2021
Los agentes del mercado miran con preocupación el nivel de reservas de libre disponibilidad en las arcas del BCRA, aquellas con las que se pueden honrar los pagos de capital e intereses de la deuda pública. Un informe de JP Morgan, titulado “Argentina: el laberinto de la política monetaria”, reseña que en la economía nacional la inflación se aceleró, en medio de la aplicación de una política monetaria heterodoxa, que además afronta el desafío de reducir el ritmo de devaluación del peso con un nivel bajo de reservas”, lo que considera que “no es una política óptima para contener la inflación”. “El BCRA ha podido comprar divisas, pero las reservas netas siguen disminuyendo”, subrayó JP Morgan. JP Morgan calculó que las reservas netas del BCRA -que excluyen préstamos y depósitos- caen unos USD 800 millones en 2021
Desde diciembre hasta el 12 de febrero (último dato consolidado del Central), la entidad monetaria acumula un saldo neto positivo de unos USD 1.172 millones por su participación en el mercado, mientras que las reservas brutas crecieron solo 717 millones de dólares. ¿Qué explica esta renovada capacidad del BCRA para adquirir reservas? JP Morgan enumera algunos factores parecen transitorios, como la estacional demanda de pesos y la normalización de las exportaciones (afectadas en diciembre por tres semanas de medidas de fuerza de portuarios y aceiteros). El BCRA apeló a la compraventa de bonos para bajar la cotización de los dólares que se negocian en la Bolsa, pero la estrategia también deteriora sus reservas
Para la entidad, otros factores parecen más persistentes, como la restricción a las importaciones que contribuye a un mayor superávit comercial. Esto, sumado al menor riesgo de una sequía grave que reduzca la producción del agro, el aumento de los precios internacionales de estos commodities y las amenazas gubernamentales de aumentar las retenciones, que incentivó la liquidación de exportaciones. Todo esto ha permitido al BCRA crear un “puente” para llegar al trimestre abril-julio, que concentra las ventas externas de la cosecha de soja y maíz. El BCRA apuesta a que una mayor liquidación de exportaciones, con importaciones reprimidas, permite estabilizar el mercado hasta la llegada de la cosecha gruesa en abril
“Pero, en este puente todavía vemos una estructura inestable. En particular porque las reservas brutas se han recuperado ligeramente desde principios de diciembre, pero las reservas netas siguen tendencia a la baja”, subrayó JP Morgan. Las reservas netas o de libre disponibilidad del BCRA, que no cuentan los préstamos y los depósitos privados, son cercanas a USD 3.000 millones, incluida la tenencia de oro. En este aspecto, el BCRA tendría dificultades para disponer hoy de los USD 2.400 millones necesarios para cancelar un pago con el Club de París a fin de mayo. Y renegociar el vencimiento con el Club de Paris requiere además tener firmado el acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, por cuestiones estatutarias.

(INFOBAE) Martín Guzmán planea una gira por Estados Unidos, Europa y Asia para continuar las negociaciones con el FMI y el Club de París En Washington buscará reunirse con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. Alemania y Japón son los dos principales acreedores del grupo de naciones al que el país le debería pagar USD 2.400 millones en mayo. Como parte de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, el ministro de Economía Martín Guzmán protagonizará en las próximas semanas una gira global que incluirá no solo a los Estados Unidos sino también a países de Europa y de Asia. Según afirmaron fuentes oficiales a Infobae, se trataría de distintos viajes por tramos, que comenzará con una escala por los Estados Unidos. En Washington, en primer lugar, el jefe del Palacio de Hacienda tomará contacto con las autoridades del FMI, principalmente por la directora gerente del organismo Kristalina Georgieva. También podría haber un encuentro con la titular del Tesoro norteamericano Janet Yellen. Para más adelante quedarían las escalas europeas y asiáticas, que estarán sujetas a protocolos y eventuales restricciones de viajes por el coronavirus. Para encarar la parte final de la negociación con el FMI -de acuerdo al calendario inicial que se planteó el Ministerio de Economía, que preveía un acuerdo en mayo- Guzmán viajaría directamente a reunirse con la máxima autoridad del Fondo. En los últimos días desde el Gobierno relativizaron esa primera fecha preliminar para cerrar un acuerdo y abrieron la puerta a alcanzar un programa financiero más tarde este año y con características distintas a las que establece el estatuto del FMI. La lógica de esa mirada, según explicó recientemente la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco, es que así como los dos acuerdos firmados por la Argentina y el Fondo en 2018 “salieron” de la letra tallada en piedra de la normativa del organismo (principalmente por el monto otorgado, que fue el más alto de la historia del FMI), la renegociación de ese programa también podría hacerlo. La segunda parte del “road show” de Guzmán para cerrar la negociación de la deuda tiene que ver, además del desenlace con el Fondo Monetario Internacional, con los USD 2.400 millones que el país le debe al Club de París, el consorcio de naciones acreedoras de la Argentina. Para eso, el ministro de Economía visitaría distintos países clave para negociar nuevas condiciones de pago al Club. La segunda parte del “road show” de Guzmán para cerrar la negociación de la deuda tiene que ver, además del desenlace con el Fondo Monetario, con los USD 2.400 millones que el país le debe al Club de París
La lista de los principales acreedores en ese consorcio puede dar una pista de cuáles serían sus escalas en Europa y por qué se extendería hasta Asia. Tal como informó Infobae, más de la mitad de la deuda argentina al Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28 por ciento). El acuerdo firmado en 2014 por Axel Kicillof y los países acreedores de la Argentina implicó la devolución de USD 9.690 millones en un plazo de cinco años, hasta mayo de 2019. De total, cerca de USD 5.000 millones fue el capital adeudado mientras que el resto (unos USD 4.700 millones) estuvo integrado por intereses de esos pasivos y por punitorios acumulados a lo largo de los años. Al finalizar los cinco años iniciales previstos del acuerdo, la Argentina todavía debía unos USD 1.900 millones.Poco tiempo después de encarar la reestructuración de la deuda privada, Guzmán anunció al consorcio de naciones que buscaría postergar un año el pago. El 13 de marzo, el Ministro de Economía envió una carta a los miembros del Club de París expresando la decisión de posponer hasta el 5 de mayo de 2021 el pago de USD 2.100 millones (es decir, los USD 1.900 millones más la tasa de interés) originalmente vencido el 5 de mayo de 2020. Días después Guzmán les adelantó que buscaría un cambio en las condiciones del acuerdo. El 7 de abril, el Palacio de Hacienda envió una segunda carta al Club de París con una propuesta para modificar los términos, y anticipó que pretendía discutir principalmente una extensión de las fechas de vencimiento y una “reducción significativa” en la tasa de interés. En el caso de que la Casa Rosada pudiera acordar con el Fondo Monetario y el Club de París una reprogramación de la devolución de los créditos, Economía se liberaría así de los dos pagos más onerosos que le esperan en 2021, que sumarían entre los dos organismos poco más de USD 6.000 millones.

(CRONISTA) El Gobierno estudia quitar subsidio a grandes usuarios de energía eléctrica
Para ahorrar unos $ 35.000 millones, Energía evalúa quitar un beneficio para pequeñas industrias y comercios con consumo mayor a 300 kW de potencia. Restaría presión para aumentar tarifas a otros sectores. La Secretaría de Energía analizó en las últimas semanas eliminar los subsidios a la electricidad de grandes usuarios para ahorrar unos $ 35.000 millones y restar presión para un aumento de tarifas a otros sectores. La propuesta, que todavía está en estudio y debe ser aprobada por Presidencia, apuntará a la demanda General no residencial que consume más de 300 kW de potencia, e incluye a pequeñas industrias y comercios. Así lo confirmaron a El Cronista fuentes oficiales, aunque aseguraron que la idea aún estaba en análisis. Si finalmente prospera, solamente quedarán subsidiados los usuarios residenciales (hogares) y los comercios con menor demanda de potencia. Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la programación trimestral febrero-abril 2021 establece que el precio promedio por megavatio-hora (MWh) del sistema es de u$s 60,11 o $ 5692, que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) paga a medias con el Estado nacional. Los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Menores (GUME) y la Autogeneración abona el precio completo, mientras que la Demanda General no Residencial con consumo mayor a 300 kW paga $ 3152 (55% del costo) y quienes utilizan menos de 300 kW destinan $ 2268 por MWh (el 40% del costo). Puntualmente, Energía evalúa eliminar los subsidios a la Demanda General no residencial con consumo mayor a 300 kW (Grandes Usuarios del Distribuidor, GUDI), que utilizan en total unos 2828 gigavatios-hora (GWh) al año, o un 9% del total del sistema.
Con esta medida, los subsidios solamente se concentrarían en el 73% del sistema, mientras que grandes industrias, fábricas y comercios electro-intensivos pagarían el costo completo de la energía eléctrica. A medida que se deprecia el peso frente al dólar, crecen las necesidades fiscales del Estado mientras se mantengan congeladas las tarifas, ya que los costos principales del sistema (gas para las usinas termoeléctricas y contratos renovables) están en dólares. Por caso, los usuarios residenciales (hogares) abonan únicamente $ 2007 por MWh, el 35% del costo total. Por esta vía se canaliza la mayor parte de los subsidios energéticos, presupuestados en unos $ 623.000 millones en total (1,7% del Producto Bruto Interno, PBI). De acuerdo al informe de resultado fiscal que presentó la Secretaría de Hacienda, en enero de este año la asistencia financiera del Tesoro a Cammesa fue de $ 6954 millones, con un salto interanual de 55,2%, que superó ampliamente la inflación. La empresa mixta que administra el sistema requiere cada vez más subsidios del Estado, ya que, por el congelamiento de las tarifas, las distribuidoras dejaron de pagar la energía y se financian con ese dinero. Esa deuda ya trepó por encima de los $ 140.000 millones y será negociada en los próximos meses con las autoridades energéticas, con la oferta de planes de pago en hasta 60 cuotas con seis meses de gracia y la ejecución de inversiones prioritarias. A diferencia del caso del gas (ver aparte), la Secretaría de Energía no definió hasta ahora una convocatoria a audiencia pública para analizar los costos del mercado eléctrico mayorista, su pasaje a tarifas y la porción que asumirá el Estado mediante subsidios. Y como el sector tiene regulación provincial (excepto en el transporte de energía y la distribución en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde controla la Nación), algunos gobernadores ya avanzaron por su cuenta en aumentos de tarifas. Tal es el caso de Salta (Edesa), Tucumán (Edet), Chaco (Secheep) y Mendoza (Edemsa), donde la negociación es con el poder provincial.

(CRONISTA) Tarifas: el ajuste tendrá un fuerte impacto en los precios
El Gobierno nacional se encuentra frente al dilema de frenar la inflación y, a la vez, de ajustar las tarifas. Mientras busca reunirse en el Ministerio de Producción con empresarios del sector alimenticio para lograr consensos, analiza eliminar los subsidios eléctricos a grandes consumidores para ahorrar $35.000 millones. El Gobierno nacional se encuentra frente al dilema de frenar la inflación y, a la vez, de ajustar las tarifas. Mientras busca reunirse en el Ministerio de Producción con empresarios del sector alimenticio para lograr consensos, analiza eliminar los subsidios eléctricos a grandes consumidores para ahorrar $35.000 millones y cumplir el objetivo que figura en el Presupuesto 2021 de que «los subsidios en relación con el PBI no crezcan» en todo el año. El congelamiento tarifario lleva casi dos años e impacta a diario en el déficit fiscal, como en la evolución de los precios. En 2020 los subsidios para cubrir las boletas de energía eléctrica subieron un 64%, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Algunos de los grandes usuarios que se verían afectados por esta quita de subsidios, como la compañía de energía Pecom o la cadena de supermercados Coto junto a su frigorífico, alertaron que por la modificación podrían percibir hasta un aumento del 70% en sus boletas de luz. Damián di Pace, director de la consultora Focus Market, indicó que la quita de subsidios significará un aumento de costos tanto de producción, distribución, como de comercialización para las grandes cadenas de supermercados y especificó sobre la estructura de precios que «un 40% de la superficie de estas cadenas suele ser de frío, por lo que sin dudas terminará derivando en un aumento en el precio de los bienes finales». En este contexto, la industria alimenticia que se reunirá en los próximos días con el Gobierno denuncia que en la cadena de producción hay retrasos de costos del 25% en promedio por los congelamientos de precios impuestos desde la Secretaría de Comercio Interior. Para Guido Lorenzo, economista y director de la consultora LCG: «Los sectores de la economía real sobre los que podría recaer esta quita de subsidios lo que menos necesitan es tener un aumento de costos luego de una recesión tan fuerte como la que se vivió en 2020» y agregó que pareciera que el Gobierno se dirige hacia un escenario de confrontación con los que denomina «formadores de precios». El ministro de Economía, Martín Guzmán, que además de tener que cumplir con su plan, negocia actualmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), propuso que las tarifas se ajusten por inflación y en la próxima audiencia pública para discutir el nuevo cuadro tarifario eléctrico propondría una suba en torno al 30%. Sin embargo, por las diferentes visiones dentro del Gabinete autorizarían una suba menor a los dos dígitos. Sebastián Einstoss, economista de la consultora Eco Go, definió a la estrategia oficial de reducir la inflación un 5% con respecto a la de 2020 como «un esquema poco creíble y una tarea para nada sencilla. La decisión de definir nuevos esquemas tarifarios va en el sentido correcto desde lo fiscal, pero requiere coordinación desde el lado monetario y cambiario para que sea consistente». Más allá de que el Gobierno nacional comience el ajuste quitándole subsidios «a los que más tienen», hay una clara necesidad de converger a un resultado fiscal inferior al de 2020, que fue de 6,4% del Producto Interno Bruto (PBI).

(CRONISTA) Convocan a audiencia pública para definir la suba del gas: cuándo es y cuánto sería el aumento
El interventor del ente regulador, Federico Bernal, emitió hoy la convocatoria. Allí se estudiará un incremento en los ingresos de distribuidoras y transportistas y el pasaje a tarifas del costo del gas.
El Gobierno completó este lunes el cronograma de audiencias públicas para definir un aumento en las tarifas de gas, que sería de entre 7% y 9% para los usuarios residenciales. El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, emitió la Resolución 47, que convoca a estudiar el martes 16 de marzo una suba en la remuneración de las distribuidoras y transportistas, que se aplicaría a los usuarios a partir del 1 de abril. Las empresas tendrán tiempo hasta este viernes 26 de febrero para remitir a las autoridades sus propuestas con los nuevos cuadros tarifarios. De acuerdo a lo que contaron diversas fuentes privadas del sector, el organismo regulador pondría un tope de entre 25% y 29% de incremento para los ingresos de las licenciatarias de estos servicios públicos (TGN, TGS, Metrogas, Camuzzi, Naturgy y EcoGas, entre otras), que repercutirá en alzas de entre 7% y 9% finales para los usuarios. No obstante, en el Gobierno prefieren no hablar de porcentajes, ya que decidirán después de evaluar los resultados de las audiencias públicas. El día previo (lunes 15 de marzo), se realizará otra audiencia convocada por la Secretaría de Energía, en la que se analizará el costo mayorista del gas, la proporción que se trasladará a los usuarios y la parte que asumirá el Estado nacional vía subsidios. Durante el mes que viene, además, habrá una segunda ronda del Plan Gas, exclusivamente para obtener mayor volumen en invierno. Las petroleras presentarán sus ofertas el martes 2 de marzo y la adjudicación será el miércoles 10 Una semana más tarde, el jueves 18, se realizará la licitación internacional para contratar el alquiler de un barco regasificador en el Puerto Ingeniero White de Bahía Blanca. El Gobierno busca que se instale un buque durante los meses más fríos del año para contar con una garantía de suministro confiable y sustituir importaciones de combustibles líquidos.