Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Economía buscará conseguir más de $200.000 millones en Ledes, Lepase y Boncer
La cartera conducida por Martín Guzmán buscará cerrar febrero con un nuevo financiamiento neto en moneda local. En enero ya obtuvo un saldo favorable de $33.000 millones. El Ministerio de Economía convocó para este miércoles a una nueva licitación de títulos en pesos para cerrar febrero con un nuevo financiamiento neto en moneda local. Según lo plasmado en el comunicado oficial, el Gobierno busca conseguir más de $200.000 millones. En esta ocasión, la cartera conducida por Martín Guzmán ofrecerá seis instrumentos a los inversores: dos letras a descuento (Ledes) y dos letras vinculadas con la tasa de pases pasivos del Banco Central (Lepase), con vencimientos en junio y julio de 2021, y dos bonos ajustados por inflación (Boncer) con fechas de caducación en agosto de 2023 y en julio de 2024. Como de costumbre, la recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00, y la licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de valor nominal (VNO) a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. Cabe recordar que en febrero vencían $250.000 millones; en la primera quincena vencieron cerca de $50.000 millones que Economía logró cubrir a través de una colocación de $82.634 millones. Anteriormente, en enero había exhibido un financiamiento neto de $33.000 millones. De cara al futuro, el Gobierno deberá enfocar sus esfuerzos en julio y agosto ya que en esos meses vencen $580.000 millones. En el extremo opuesto, los meses menos cargados son marzo, junio, noviembre y diciembre.

(AMBITO) Gracias a las Leliq, los balances de los bancos mostraron beneficios
El sistema financiero local volvió a mostrar buenos resultados, aunque menores, el año pasado pese a la pandemia. Sin embargo, la situación no es tan buena como parece. ¿Cuáles son los motivos? A simple vista las ganancias de los bancos del año pasado sufrieron como las de otros tantos sectores económicos en la pandemia aunque, digamos, lograron mantenerse a flote ya que cerca de $220.000 millones no es nada despreciable. Sin embargo, esta rentabilidad ha sido la peor de los últimos seis años. Y no fue todavía peor, gracias a las Leliq y los Pases. En primer lugar, no hay que perder de vista que el sistema financiero local se fondea un 70% con depósitos ya que un 29% del total del pasivo y del patrimonio neto son depósitos a la vista, un 27% son depósitos a plazo y el restante 13% son depósitos en dólares. O sea, tenemos un fondeo bancario fundamentalmente transaccional y de corto plazo. Además en 2020 cayó la participación de los depósitos en dólares a niveles de 2010, por el efecto súper-cepo en los ahorristas, al igual que la de las líneas del exterior y las ON (a un 2,6%). Desde el punto de vista del activo de los bancos, se observa que mantienen altos niveles de liquidez por las exigencias normativas (encajes), junto con el atractivo de las Leliq y la floja demanda de crédito, que cayó 7% en el último año. Es así como los activos líquidos son el 19% del total del activo, los títulos del BCRA son el 16% mientras que el crédito al sector privado el 34%. Al respecto hay un dato positivo, a pesar del fuerte aumento del déficit fiscal en 2020, la exposición de los bancos al sector público se mantuvo en niveles muy bajos, en torno al 11% del activo total. Con relación al crédito al sector privado es insoslayable la concentración en préstamos personales que junto a las financiaciones con tarjeta de crédito son el 41% del total, seguido del descuento de cheques de pago diferido. Así se tiene que en el resto, las financiaciones vía descuentos representan un 30% del total, los adelantos el 9%, los préstamos hipotecarios el 8%, los prendarios el 3% y el 9% restante, otros créditos. Claro que la contracara de esto es que desde 2018 la calidad de cartera se ha deteriorado fuertemente y ha bajado el nivel de previsionamiento. El porcentaje de cartera irregular sobre el total pasó del 2,7% en 2018 al 5,7% en 2019 y al 4,4% en 2020. Mientras que las previsiones sobre la cartera irregular que eran el 150% cayó al 94% en 2019 y al 126% en 2020. Pero como advierten los analistas de la consultora Curat, Martínez Larrea& Asoc., la aparente mejora en las previsiones y en la cartera irregular en 2020 se debe a la flexibilización que permitió el BCRA, a cargo de Miguel Pesce, a los bancos para que no calificaran a los deudores de créditos de consumo y comerciales de acuerdo a las exigentes normas de Basilea sino con un criterio más flexible (lo cual impacta en los cargos por incobrabilidad). Cabe recordar que por las Comunicaciones “A” 6938 y “A” 7107 hasta fin del 2020 se incrementan a 60 días los plazos de mora admitidos en las categorías 1, 2 y 3 y se suspende la recategorización obligatoria. De modo que bajo esta normativa la calificación de deudores y las previsiones se retrasa 60 días, por lo que un cliente de situación “1” a “2” no pasa a los 30 días sino a los 90, o el de “2” a “3” no lo hace a los 90 sino a los 150 días. Todo esto hace que los balances luzcan mejor de lo que lucen porque la pandemia no muestran la verdadera situación de los créditos sino que hay una especie de condescendencia para calificar y provisionar, sino los cargos de incobrabilidad serían mayores y los resultados serían nulos o negativos”, señala la consultora C&ML. Ahora bien, al ver el cuadro de resultados del sistema en su conjunto queda en clara evidencia que la principal fuente de ingresos fueron las Leliq y los Pases con el BCRA, que en los últimos 3 años saltaron del 27% al 47% del total de los ingresos financieros (un 40% por títulos y 7% por Pases). Mientras que los ingresos por intereses pasaron del 66% al 42% del total. O sea, casi la mitad de los ingresos de los bancos están vinculados con la deuda remunerada del BCRA que hoy supera los $2,7 billones. Sin embargo, según datos de C&ML, esto no evitó el deterioro de la cobertura de los gastos de administración con el margen financiero que pasó de un 186% al 168% en 2020. Es decir, cuando en 2019 el margen financiero neto sobre los gastos de administración era el 180%, en 2020 pasó al 161%. Otro tanto pasó con el resultado por servicios respecto a los gastos administrativos que vienen cayendo desde 2015 cuando eran el 43% y ahora son el 26%. De modo que a pesar de la franquicia normativa para calificar y provisionar los créditos, en 2020 la rentabilidad cayó más de 60 % en términos del retorno sobre activos (ROA) y sobre el patrimonio (ROE), ya que se pasó de un 5,4% en 2019 a un 2,3% en 2020 y de un 46,4% en 2019 a un 14,6% respectivamente, según datos de C&ML. Mientras que el Patrimonio Neto de las entidades financieras en dólares acumula una caída de 52% en los últimos 3 años: valuado bajo dólar oficial pasó de u$s22.700 millones en 2017 a u$s15.200 millones en 2019 y a u$s20.000 millones en 2020, y bajo dólar libre a u$s12.100 millones y u$s10.900 millones. A pesar de todo al titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, no le impidió conseguir una paritaria bien acorde con el beneplácito de ser considerados “esenciales” como el amigo Moyano y Camioneros, total las Leliq pagan. “Larga vida a las Leliq”, debería blandir alguna pancarta gremial por la City. ¿Qué pensará el personal sanitario?

(AMBITO) El FMI debatió la política contra la inflación del Gobierno con la cúpula de la CGT
Contacto reservado entre la cúpula de la central y la misión del organismo para relevar el Consejo Económico y Social y el acuerdo de precios y salarios. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se involucró en el plan del Gobierno para combatir la inflación y debatió con la CGT sobre la incidencia de los acuerdos por precios y salarios. Fue durante una reunión por zoom reservada el 8 de febrero pasado con la cúpula de la central obrera. Allí los gremialistas insistieron en sus postulados respecto de que las subas salariales no presionan sobre la canasta básica y dieron su apoyo a las negociaciones que inició la administración de Alberto Fernández con los empresarios y el movimiento obrero. El contacto, parte de una dinámica habitual entre el FMI y la CGT, se mantuvo en esta ocasión en reserva para esquivar especulaciones respecto de una eventual intromisión del organismo multilateral de crédito en la política económica del Gobierno. Desde entonces el Ejecutivo avanzó casi en simultáneo tanto con el acuerdo de precios y salarios como con el lanzamiento por decreto de necesidad y urgencia del Consejo Económico y Social. De ambas iniciativas el oficialismo obtuvo el aval de la conducción de la central obrera. Uno de los participantes del zoom le confió a este diario que la cúpula de la CGT incluso le pidió a los delegados del Fondo facilitarle a la Argentina un acuerdo de facilidades extendidas por un plazo de entre diez y doce años para cumplir con los pagos correspondientes a la deuda que tomó la gestión de Mauricio Macri por 44 mil millones de dólares. Uno de los argumentos utilizados por los dirigentes fue que el Fondo había sido corresponsable de aquel endeudamiento dirigido a engrosar las chances de reelección de Macri. Misma tesis sostenida en foros internacionales por Alberto Fernández y su equipo económico. Respecto de la política antiinflacionaria el trío de sindicalistas insistió con la idea de que apoyará todas las gestiones del Ejecutivo siempre y cuando no incluyan un tope a los aumentos salariales de este año. Sobre este punto mencionaron como ejemplo las subas de precios supuestamente injustificadas que hubo en 2020 en cadenas productivas sensibles para la canasta básica y en las que los salarios apenas tuvieron ajustes. Parte de esa conversación fue eje de la reunión de ayer de la “mesa chica” ampliada, un foro que contiene a la conducción habitual de la CGT, con Daer y Carlos Acuña como secretarios generales y otros referentes como Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), y que incluye a dirigentes del transporte (colectiveros de UTA, ferroviarios, aeronáuticos) y de los sindicatos de la energía. Entre los ítems del encuentro estuvo el apoyo manifiesto a las gestiones del Gobierno con la participación de la CGT. Otro tópico fue el escándalo por el desvío de vacunas a personalidades cercanas al oficialismo. En este punto tanto Daer como Cavalieri, Lingeri y Rodríguez apoyaron al eyectado Ginés González García.

(AMBITO) Argentina ahora se aferra a nueva fecha para cumplir con el Club de París: el 30 de julio
El Gobierno mira ahora ya con preocupación una fecha clave para la economía argentina: el 30 de mayo. Ese día el país de cumplir con el pago de los u$s2.400 millones a los miembros del Club de París. Sin embargo, la especulación del equipo económico es que la fecha es importante pero también algo simbólica. Y que se puede «jugar» con el plazo de otros 60 días hasta que el default formalmente se concrete, lo que ampliaría los tiempos hasta el 30 de julio. Ante la certeza que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría dilatarse en el tiempo, el Gobierno de Alberto Fernández mira ahora ya con preocupación una fecha clave para la economía argentina: el 30 de mayo. Ese día el país de cumplir con el pago de los u$s2.400 millones a los miembros del Club de París, el único ámbito donde Argentina se mantiene en default. Sin embargo, la especulación del equipo económico de Martín Guzmán es que la fecha es importante pero también algo simbólica. Y que se puede “jugar” con el plazo de otros 60 días hasta que el default formalmente se concrete, lo que ampliaría los tiempos hasta el 30 de julio. Suponen dentro del Gobierno que la fecha de julio es lo suficientemente extrema como para ya tener definiciones concretas ante el avance de las discusiones con el organismo que maneja Kristalina Georgieva. Saben ya tanto el Presidente como los responsables de las discusiones con el organismo que las posibilidades de un acuerdo para mayo son hoy más que difíciles y que, en concreto, los votos necesarios en el board del Fondo no están aún asegurados. Y, lo peor, las partes técnicas están lejos de un acuerdo, ante los requerimientos de mayores flexibilidades reclamadas desde Buenos Aires. Los nuevos tiempos tranquilizaron, en parte, a Alberto Fernández y ahora el Presidente considera que los plazos son algo más flexibles para poder conseguir mayores apoyos diplomáticos internacionales para avalar la posición argentina. Esta tarea es imprescindible. Los 60 días extras con que cuenta el país están dentro de la Carta de Intención, que en su momento se firmó con el Club de París y sólo puede ser alterada (y suspendida) si alguno de los acreedores fuertes que tiene el país en ese ámbito denuncia a la Argentina, reclama el pago y dicta directamente el default. Suponen desde Buenos Aires que mientras Alberto Fernández, Martín Guzmán y el resto de los acreedores muestren buena fe y actitud negociadora para llegar a un acuerdo con el FMI y el Club de París nadie de sus miembros se levantará de la mesa de discusiones. “Menos en pandemia”, especulan desde la Argentina. Hay un dato a tener en cuenta. Los acreedores del Club de París, son los mismos que los miembros con mayor poder de voto que el board del FMI. Y mientras vean que hay conversaciones y espíritu de acuerdo no se declararía el default. Para esto, afirman desde la Casa Rosada y Hacienda, la clave será sostener un dialogo siempre constructivo y mantener a Georgieva y al director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, entre los convencidos de la buena fe local. El problema es que la espera, manteniendo el default, hace que el riesgo-país se sostenga no menos de 200/300 puntos por arriba de los niveles actuales, con records por encima de los 1,500 puntos. De sostenerse el saldo impago hasta julio, cualquier crédito, tanto público como privado, permanecerá cómodamente en los dos dígitos en dólares, un nivel impagable para la Argentina. Esto además del castigo diario que se sostiene de manera firme sobre los títulos públicos que ingresaron en el canje de deuda del año pasado. El default que se sostiene desde el viernes 5 de junio de 2020 es un caso inédito (por lo negativo) en la breve historia moderna del país con la entidad y luego de haber dejado de pagar los compromisos en 2001 tras la declaración de default generalizado de Adolfo Rodríguez Saá del 22 de diciembre de ese año. Finalmente, y bajo la gestión del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, el país regularizó en mayo de 2014 la relación con la negociación de un nuevo y ambicioso plan de pagos. En aquellos días, Argentina soñaba con volver a los mercados internacionales, y buscaba una alternativa cerrando el default directo con este grupo de países. Sin embargo, en mayo de 2019 volvió a incumplir, ya con Mauricio Macri en el poder, al no liquidar la totalidad de un vencimiento a la espera de mejores vientos financieros en 2019. Estos nunca llegaron y finalmente el Gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán como ministro de Economía oficializaron la situación el 5 de mayo de este año. Ese día Argentina directamente dejó vencer la anteúltima cuota y un mes después (pasados los 30 días hábiles reglamentarios) se oficializó el default. Se deberían haber girado unos u$s2.102 millones, correspondientes al pago final del acuerdo que había negociado Kicillof como ministro de Cristina de Kirchner, cerrando, en ese momento, el penúltimo foco de deuda impago que mantenía el país desde fines de 2001. Sólo restaba terminar con el juicio con los fondos buitre, que recién se cerró en abril de 2016 con Prat Gay como ministro. Por ahora Guzmán mantiene sobre el Club de París aquel mensaje que lanzó el 5 de febrero del año pasado en Roma, con el papa Francisco y la titular del FMI como testigos directos, sobre que “la Argentina pagará tasas de interés del 9% de la deuda de 2020 a 2021 con el Club de París, no sólo es insostenible, sino que también marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración. Definitivamente no es pari passu lo que estamos tratando de hacer; entendemos las complejidades del Club de París, pero si vamos a hacer las cosas bien, también necesitamos cooperación”. Guzmán se quejaba ese día abiertamente por las condiciones del acuerdo que había negociado Kicillof en mayo de 2014, cuando por una deuda de unos u$s9.700 millones, el Club de París le aplicaba una tasa de interés de 9% para el nuevo plan de pagos, un nivel considerado muy elevado contra el 4% de promedio para créditos de países emergentes en aquellos tiempos. Esa tasa de interés se aplicó en realidad desde mayo de 2019. Decidió en su momento Macri, con Nicolás Dujovne como ministro, no pagar aquel vencimiento, y ahorrar unos u$s1.900 millones, dinero clave para sostener en aquellos tiempos plan cambiario en momentos de corridas.

(AMBITO) Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 24 de febrero
El Contado con Liquidación cedió 96 centavos (0,7%) a $143,47. En este contexto, la brecha con el oficial volvió a superar el 60%. Por su parte, el dólar solidario avanzó 10 centavos a $156,47. Los dólares financieros cortaron este martes una racha de fuertes bajas, en la que acumularon una caída de hasta $11, por lo cual las brechas crecieron mínimamente para superar nuevamente el 60%. Concretamente, el Contado con Liquidación subió 96 centavos (0,7%) a $143,47. En este contexto, la brecha con el oficial se ubicó al 60,2%, tras haber tocado en la rueda previa mínimos desde julio. La de hoy se trató de la primer alza después de cinco caídas consecutiva, período en el cual acumuló un descenso de $9,25. En sintonía, el MEP avanzó 93 centavos (0,8%) a $139,86, tras tocar su mínimo desde el 10 de diciembre de 2020 en la rueda anterior, por lo que el spread con el oficial culminó al 56,2%. En las anteriores siete ruedas, el Bolsa había acumulado una baja de $11,09. De esta manera, el mercado evalúa si el tibio rebote de este martes marca un piso en la cotización del MEP y el CCL. Febrero resultó –hasta el momento- ser un muy buen mes para el BCRA, cuando el mercado pensaba que sería un gran desafío debido a la menor demanda de dinero y menores liquidaciones de granos por estacionalidad. La sorpresa vino desde el sector agropecuario, donde se vio una mayor liquidación de granos –por ende mayor ingreso de divisas– que el esperado. Una de las razones tiene que ver con el alza de los precios internacionales de los granos durante el 2021, con subas del 5,3% para la soja y 13% para el maíz. A su vez, la menor demanda de dólares desde el sector privado proviene de mayores restricciones, tanto a las importaciones como a la compra de dólar oficial. Es así como la oferta de divisas proveniente del sector agropecuario satisface la demanda de dólares local por demás, dejándole al BCRA un saldo a favor. «Hacia adelante, históricamente la liquidación del agro en marzo también es baja, siendo el tercer mes con menor ingreso de divisas desde este sector si tomamos los datos desde 2003. Importante para tener en cuenta de cara al próximo mes con un BCRA bajando el ritmo de devaluación del dólar oficial», destacó la consultora PPI.

(AMBITO) Con 79% de crecimiento el comercio electrónico en Argentina es récord global
El caso argentino fue un récord global con 79% de crecimiento del comercio electrónico seguido por Singapur con 71,1%. ¿El comercio electrónico despegó en la pandemia, o estaba muy lento respecto de su crecimiento y potencial de capacidad de desarrollo y penetración en el mercado Argentino? ¿Tenemos que pensar que la pandemia obligó a su uso como medio más seguro para la compra en el medio de la cuarentena estricta, o cómo un verdadero cambio de shock en la oferta y la demanda respecto del uso de plataformas de comercio electrónico? Somos argentinos y como nos creemos el ombligo del mundo nos comparamos primero con lo que pasa afuera a veces cuando nos conviene respecto de lo que pasa adentro de nuestras fronteras. Cuando el dato es malo utilizamos el “sesgo de la información” seleccionando los datos o universo de fuentes recolectadas para que el dato se acomode a nuestras circunstancias. Durante el 2020 el comercio electrónico mundial facturó un total de u$s 4,2 billones, un 27,6 % más que el año anterior cuando había sido el año anterior de u$s 3,5 billones de acuerdo a la empresa norteamericana de investigación e-Marketer. Las expectativas de facturación para los próximos 3 años a nivel mundial son crecientes. Las proyecciones para 2021 son de u$s 4,9 billones, 2022 de u$s 5,6 billones y 2023 de u$s 6,5 billones. Si tomamos América Latina el crecimiento promedio en la región fue del 36,7 % estando por encima del resto de las regiones del mundo. Sin embargo, el caso argentino fue un récord global con 79 % de crecimiento del comercio electrónico seguido por Singapur con 71,1 %, España 36 %, Brasil 35 %, Reino Unido 34,7 % entre los países medido por e-Marketer. En Argentina de acuerdo a la CACE durante los primeros seis meses del 2020 los negocios online vendieron en el país un total de 92 millones de productos a través de 54 millones de órdenes de compra, convirtiendo al comercio electrónico en un aliado fundamental para las empresas y los consumidores durante la pandemia. Por último, con relación a los medios de envío, se revirtió la tendencia que se venía sosteniendo en 2018 y 2019 donde el retiro en punto de venta era el preferido de los compradores: en 2020 pasó a liderar la entrega de productos a domicilio con el 60% (vs. 39% en 2019), un resultado esperable por la cuarentena y las restricciones de movilización que implicó el Decreto Nacional mencionado más arriba. De acuerdo a un Informe de Tienda Nube que es una plataforma con presencia en América Latina para que emprendedores, pymes y comercios puedan contar con su negocio online a través de más de 8 millones de transacciones, las tiendas nube facturaron 32.579 millones de pesos en Argentina, es decir, un 557% más que en 2019 y el ticket promedio fue de $3.989. Del total de esa facturación anual, el segmento Indumentaria volvió a posicionarse en primer lugar con un 46%, lo cual demuestra la importancia de esta industria en el e-commerce. Le siguieron, al igual que en 2019, Accesorios de Moda y Salud y Belleza (ambas con un 8%) y la novedad es la aparición de un segmento cuya evolución fue, probablemente, una consecuencia directa de la cuarentena: se trata de Alimentos y Bebidas, que también representó un 8% de la facturación anual y disputa el puesto número 2 de segmentos que más facturaron durante 2020 en Tienda Nube. Por último, en el puesto número 3 se ubica Casa y Jardín (6%). Por su parte, varió la cantidad de tiendas nube creadas por provincia durante 2020: a principios de año, el 40% de las tiendas nube estaban radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); para diciembre de 2020, la Ciudad concentró el 32%, mientras que el resto de las provincias fue apareciendo paso a paso en escena. Se fortalecieron así Gran Buenos Aires (30%), Buenos Aires (14%), Córdoba (7%) y Santa Fe (6%).

(CRONISTA) YPF colocó deuda atada al dólar y a las UVA por u$s 121,8 millones
En la primera operación después de la reestructuración de su deuda externa, la petrolera estatal YPF obtuvo del mercado local fondos dollar linked y otros ajustados por UVA. En la primera colocación de deuda después de reestructurar una parte de sus compromisos financieros, la petrolera estatal YPF obtuvo u$s 121,8 millones con dos instrumentos emitidos en el mercado local. La reapertura de la Obligación Negociable (ON) Clase XIV, emitida el 4 de diciembre de 2020, con un vencimiento a 36 meses -en 2023- atrajo el equivalente en pesos a u$s 75,5 millones. Este título tiene la característica de «dollar linked»: se suscribe en moneda nacional y se coloca en divisa, por lo que al término de la vida útil funciona como un seguro de cambio, con una tasa extra del 2% anual en dólares. Por otro lado, la emisión de la nueva ON Clase XIX denominada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) a tasa fija con vencimiento a los 42 meses (el 26 de agosto de 2024) sedujo u$s 46,3 millones -$ 4128,5 millones o 60,4 millones de UVAs-, con una tasa nominal anual de 3,50%. Ambos instrumentos pagarán intereses trimestrales, mientras que el capital se abonará todo junto al vencimiento. YPF recibió 134 órdenes en total. Actuaron como colocadores SBS Trading, el Banco Galicia, el Banco de Servicios y Transacciones (BST) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hace dos semanas, la petrolera de bandera completó la reestructuración de su deuda. El canje del bono de corto plazo, con vencimiento el 23 de marzo, logró la aceptación de casi un 60% de sus acreedores, y el Banco Central (BCRA) aprobó la operación. En total, YPF pudo refinanciar unos u$s 600 millones de sus compromisos financieros entre 2021 y 2022, con lo que liberó su caja para invertir cerca de u$s 2700 millones en todas sus áreas de negocios. De estos fondos, u$s 2100 millones irán a la exploración y producción de petróleo y gas con el objetivo de frenar la caída y estabilizar la extracción; mientras que otros u$s 600 millones se destinarán a refinerías, estaciones de servicio y el negocio de Gas y Energía.

(CRONISTA) Subsidios eléctricos: confirman quita de beneficio a grandes industrias y comercios, que verán subas de hasta 50%
El secretario de Energía, Darío Martínez, firmó una resolución que incrementa en hasta 89% el precio mayorista. Podrían subir los precios de bienes industriales. La Secretaría de Energía eliminará a partir del lunes 1 de marzo un subsidio a la electricidad de grandes industrias y comercios de todo el país. Más precisamente, era un beneficio en el costo mayorista de la energía eléctrica de unos 2900 Grandes Usuarios que consumen más de 300 kilovatios (kW) de potencia y la pagan a la distribuidora (denominados GUDIs), que verán aumentos en sus boletas de entre 35% y 50%, de acuerdo a cálculos oficiales. La intención es lograr un importante ahorro fiscal, que no puede precisar Energía por el momento, pero que calculan que sería cerca de $ 20.000 millones. Tal como contó anoche El Cronista, se trata de una corrección de un «manifiesto tratamiento desigual en materia de costo de la energía eléctrica que había entre usuarios de más de 300 Kv diarios», según informó oficialmente hoy el Gobierno, y tendrá un impacto significativo. El Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en las horas pico, resto y valle trepará a partir del mes que viene un 89%, al tiempo que el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica se duplica, de $ 80 a $ 160, de acuerdo a lo que establece la Resolución 131 y su anexo, firmada el lunes por el secretario del área, Darío Martínez. Asimismo, el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF) se mantiene en $ 80.000 por megavatio-mes. Con todo, la parte mayorista de las facturas de estos grandes usuarios representa entre el 30% y el 50% del total, dependiendo cada distribuidora y los impuestos provinciales y municipales. Es por eso que en el Gobierno estiman que el alza rondará el 35% a 50% final. Energía dejó afuera de la resolución a organismos y entes públicos que presten los servicios de salud y educación. Fuentes industriales consultadas por este diario contaban que, si bien esta medida tiende a un sistema justo y que defienden la idea de que las tarifas deben reflejar los costos, este aumento debería ser escalonado y que podría tener un importante impacto en los precios de los bienes, justo cuando el Gobierno ajusta todas las tuercas para que no se escape la inflación. «Hasta ayer existían en Argentina menos de 2900 grandes consumidores sobre unos 650.000 pequeños y medianos comercios, talleres, industrias y prestadores de servicios, que tenían un subsidio que significaba un diferencial de costos y un beneficio con respecto a sus competidores en la provisión de los mismos bienes y servicios. Estas industrias beneficiadas iban desde fábricas automotrices hasta grandes espacios comerciales, incluso petroleras», comunicaron en el Gobierno. Martínez manifestó: «Hemos tomado esta medida para remediar inequidades que provocaban distorsiones en el costo de la electricidad entre empresas de similares tamaños y actividades, algunas de las cuales pagan el precio monómico y no tenían acceso a la tarifa subsidiada, de la que gozaban sus competidoras».

(CRONISTA) Las expectativas de inflación crecieron más de 50% en el último año
En febrero las perspectivas de aumentos de precios para los próximos 12 meses promediaron el 45,2%, 15 puntos porcentuales más que el 30% que se preveía un año atrás, de acuerdo con un informe del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT. El fuerte salto inflacionario producido en octubre y que dejó dos incrementos de 4% en diciembre y en enero iniciaron la espiralización de precios que se venía esperando para cuando se flexibilizara la cuarentena. Pero para la mayoría de la población esta dinámica no va a menguar: para los próximos 12 meses el índice de precios trepará 45,2%, según el promedio de respuestas que arrojó una encuesta de expectativas del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). El estudio, realizado sobre la base de 1200 casos, deja una cifra levemente superior a la de enero, que había anotado una media de 44,1%. Desde abril hasta diciembre de 2020, las encuestas arrojaron un 40%, salvo en mayo (50%) y octubre (45%), por lo que los primeros dos meses de 2021 pueden anticipar una tendencia alcista. De hecho, hasta marzo, la expectativa de inflación del informe de la UTDT marcaba un 30%, muy inferior al último dato, que es 15 puntos porcentuales superior, o un 50% si se toma en proporción. En los últimos cinco meses, el promedio de la inflación esperada fue de 44,7%; un año atrás, este promedio era de 32,6%. Además, el cambio en las expectativas impactó más en los segmentos de menores recursos. Al analizar por nivel de ingreso (que el estudio afirma aproximar por el nivel educativo), los hogares con ingresos menores tienen una expectativa de una suba de precios mayor que los sectores de mayores ingresos (46,7% vs 44,3%, respectivamente). Esta brecha se incrementó: en enero era de 1,1 puntos porcentuales y ahora es de 2,4 unidades. En la distribución regional, el interior continúa mostrando mayores expectativas de inflación (49,1%). Allí también es donde subió más la inflación esperada: 1,3 puntos porcentuales respecto a la medición de enero. Este incremento de las expectativas de inflación de la población está en línea con la dinámica de las previsiones de los analistas, que en los últimos meses elevaron sus proyecciones en magnitudes similares, según se desprende del Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas (REM) que realiza el Banco Central (BCRA). Hasta marzo vaticinaban para los 12 meses siguientes incrementos por debajo del 40%, pero con la prolongación de la cuarentena treparon hasta el 50% actual. Las principales preocupaciones del equipo económico del Gobierno están cifradas en esta tendencia alcista de las expectativas inflacionarias, dado que se ubican muy por encima del 29% pautado en el Presupuesto 2021 y que se busca sostener. Para los analistas se trata de una meta muy difícil de cumplir, teniendo en cuenta que el 4% de enero y un 3,4% en febrero, que es el promedio de las proyecciones privadas, dejan un margen para un inflación promedio mensual de 1,8% para lo que resta del año.

(BAE) Volvió el “carry trade”: el dólar planchado ofrece fuertes ganancias de corto plazo en inversiones en pesos La estrategia del equipo económico es mantener el dólar estable y aprovechar las restricciones cambiarias para impulsar las alternativas en moneda local. Así se busca llegar a las elecciones de octubre. Se replica casi a la perfección el esquema de cepo cambiario que estuvo vigente entre 2012 y 2015 Aunque en su campaña presidencial, Alberto Fernández criticó la “timba financiera” del gobierno de Mauricio Macri, la imperiosa necesidad de estabilizar el mercado cambiario también le está dando una muy buena oportunidad a los inversores de conseguir fuertes ganancias de corto plazo. Aunque no se trata de un “seguro de cambio”, la presión del Gobierno para mantener un dólar estable favorece las colocaciones en pesos, ofreciendo fuertes ganancias para los inversores. En los últimos tres meses hubo en realidad un efecto combinado entre la ganancia obtenida por inversiones en pesos y al mismo tiempo la caída nominal del dólar, que fue cayendo gradualmente desde los máximos de $ 190 hasta $ 140. Y aunque es cierto que nadie asegura que el tipo de cambio se vaya a mantener estable o con movimientos leves de ahora en más, lo que sí está claro es que el Gobierno tiene un gran incentivo para mantenerlo lo más controlado posible. Una fuerte suba de la divisa generaría más incertidumbre y también mayor presión inflacionaria, justo cuando el Gobierno está intentando alinear las variables para que la inflación empiece a bajar luego del pico del 4% de diciembre y enero. El esquema actual es prácticamente idéntico al que estuvo vigente entre 2012 y 2015, en el segundo mandato de Cristina Kirchner. El cepo actual se fue endureciendo hasta llegar a una situación muy parecida a la de aquella época, incluyendo un dólar controlado (aunque en aquella época mucho más bajo en términos reales que el actual), mientras que las tasas de interés se ubicaban por debajo de la inflación. El incentivo a quedarse en pesos en aquel momento no estaba dado por los rendimientos, que de hecho no eran tan bajos, sino por cierto grado de certeza de que las tasas le ganarían al tipo de cambio. Ahora se da un escenario parecido. La tasa de plazo fijo es de 38% anual, aunque la inflación anualizada corre al 55% y el mercado espera que culmine el año entre 45% y 50%. Sin embargo, se trata de un rendimiento que puede resultar muy atractivo si el tipo de cambio cae o incluso si se mantiene relativamente estable. En definitiva lo que el inversor privilegia es la ganancia en “moneda dura” y no evalúa si mantiene o no el poder adquisitivo por causa de la inflación. Este comportamiento de pasarse a pesos para aprovechar la tranquilidad del dólar da lugar a una “bicicleta financiera” que ya existió muchas veces en la Argentina. En términos más sofisticados se trata de la operatoria de “carry trade”, que tanto se criticó durante la gestión de Macri, a partir de los elevados rendimientos de las Lebac en pesos. El problema de estos esquemas es siempre el mismo. El tipo de cambio comienza a atrasarse ante una inflación que no cede lo suficiente y en algún momento debe sincerarse. Pasó en enero de 2014, en pleno cepo de Cristina, y también en 2018 en la segunda parte del gobierno de Cambiemos. Esa dolarización termina presionando fuerte sobre el tipo de cambio, se produce una suba de la tasa de interés y hay también un impacto en los niveles de actividad económica. Justamente el cepo cambiario procura que ese proceso de dolarización se produzca en forma más suave y que haya importantes trabas para hacerlo, en especial para empresas, fondos comunes de inversión y compañías de seguros. Los inversores institucionales están así “condenados” a permanecer en moneda local. Además de los plazos fijos en pesos, hay otras “variantes” que van ganando peso en el mercado, como los depósitos indexados por UVA, que ajustan por inflación más una tasa del 1% anual. Los bancos no las publicitan pero están obligados a ofrecerlas en el menú de opciones de inversión. Estas colocaciones están creciendo a partir de la búsqueda de inversores que buscan posicionarse en pesos pero además no perderle pisada a la inflación. De la misma manera, en el mercado local también se pueden invertir en bonos emitidos por el Tesoro y por empresas. Algunos tienen tasa fija, pero también pueden ajustar por la evolución de la tasa de interés de mercado (pero hoy son menos buscados), por la evolución de la inflación (CER) o por tipo de cambio. Para inversores menos sofisticados, la mejor opción son los fondos comunes de inversión que invierten en renta fija en pesos, que ofrecen todo tipo de alternativas. En los últimos meses, los inversores que apostaron por opciones en pesos ganaron 10% en moneda dura por mes o incluso más, a partir de la caída del tipo de cambio. Aunque no hay certezas, el objetivo del Gobierno es mantener el dólar estable, lo que le daría aún más aire a esta nueva <i>bicicleta financiera</i>
En los últimos tiempos quienes se animaron a posicionarse en pesos consiguieron retornos de 10% mensual en dólares o incluso más. Pero, claro, la ganancia pasada no es sinónimo de poder repetirla en el futuro. En general, las sociedades de Bolsa recomiendan a los pequeños y medianos inversores manejaron con cautela. Básicamente porque no hay certeza sobre la evolución que pueda tener el tipo de cambio financiero, básicamente el dólar MEP y el “contado con liquidación”. Tanto el Banco Central como ANSES estuvieron vendiendo bonos dolarizados para mantener el tipo de cambio a raya y consiguieron el objetivo. Ahora ambos organismos no estarían interviniendo, pero se mantuvo el mismo comportamiento: se deprimen las paridades de los bonos aunque el tipo de cambio se mantiene tranquilo. En el corto plazo no parece haber grandes peligros sobre un cambio en esta dinámica. Además, en marzo estarían ingresando los dólares de quienes tienen que pagar el impuesto a la riqueza y eso generaría más venta de bonos dolarizados y por ende el dólar no debería sufrir mayores sobresaltos. Y más adelante en el calendario también se espera el ingreso de los dólares de la cosecha, que también ayudaría a mantener a la divisa a raya, favoreciendo las opciones en moneda local.

(INFOBAE) La deuda invisible: el Gobierno terminó 2020 con casi $250.000 millones de pagos sin cancelar Representan casi el 1% del PBI e implica un aumento respecto a los pasivos flotantes con que asumió el Gobierno de Alberto Fernández. El Ministerio de Economía canceló parte de ese saldo en las primeras semanas del año. La ejecución del Presupuesto durante el año de pandemia dejó una cuenta pendiente de pago –por atrasos en el giro de fondos a provincias o de obra pública– cercana a los $250.000 millones para 2021, de acuerdo a datos oficiales. Se trata de un leve aumento respecto a la cifra que había registrado el Estado nacional a fines de 2019 tras el cambio de Gobierno. En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”. La ejecución del Presupuesto en 2020 dejó una cuenta pendiente de pago cercana a los $250.000 millones para 2021. Se trata de un leve aumento respecto a 2019
“La presencia de restricciones fiscales y dificultades de acceso al crédito generan incentivos para recurrir a la deuda flotante como fuente alternativa de financiamiento, demorando intencionalmente los pagos de bienes y servicios adquiridos por el gobierno para su funcionamiento”, explicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un informe. Según la OPC, la mayor parte de la deuda flotante que acumula este año el Estado correspondió a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones. De acuerdo a datos oficiales de la Tesorería General de la Nación a los que tuvo acceso Infobae, la deuda flotante de 2020 finalizó en los $245.728 millones, lo que implica un pasivo cercano al 1% del Producto Bruto Interno. Como comparación, un año antes los pasivos atrasados habían concluido en torno del 0,8% del PBI. Según explicaron a Infobae fuentes del Ministerio de Economía, “la deuda que quedó pendiente al cierre del ejercicio 2020 se ha ido atendiendo en parte durante enero”, comentaron. “El Presupuesto 2021 es ‘ejecutable’ desde el 20 de enero, según lo que se determinó por decreto. Lo que se pagó en esas primeras semanas de enero fue en parte esa deuda. Es una deuda razonable y un movimiento habitual”, en el manejo del presupuesto público, agregaron en Hacienda. Las cifras de la Tesorería reflejan que buena parte de esos pasivos fueron saldados durante la primera parte del año. Al cierre de los números fiscales de enero, la deuda exigible al Tesoro ya se había reducido hasta los $160.000 millones La deuda flotante que pasa de un ejercicio fiscal a otro no es una novedad para la administración pública nacional. En 2013 los pasivos arrastrados hacia 2014 totalizaron $47.000 millones, lo que representó en ese entonces un 1,4% del PBI. Desde ese año la deuda exigible fue paulatinamente en baja y desde 2016 fue menor al 1% del PBI.
Consecuencias de la deuda invisible en la economía
Según la OPC, la generación de deuda exigible puede derivar en problemas para la normalidad de los procesos de contrataciones y de compras públicas. Incluso es un problema que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento. “La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía. En primer lugar, aumenta los costos de provisión del gobierno, en la medida en que los proveedores y contratistas incrementan los precios de referencia que ofrecen al sector público con el fin de mitigar los riesgos y el costo de oportunidad de una eventual demora excesiva en el cobro”, explicó el organismo. “Adicionalmente, lleva al gobierno a obtener condiciones de contratación menos favorables, como fruto de las conductas defensivas de los proveedores para tratar de asegurarse el cobro, y puede desincentivar a proveedores competitivos de participar en concursos y licitaciones públicas”, continuó. “Las demoras en los pagos pueden repercutir sobre la liquidez de los proveedores y contratistas, afectar el resto de sus actividades y proyectos, generar presión sobre los mercados de crédito, en la medida que deban recurrir a financiamiento bancario, e incluso llevarlos a retrasar sus pagos de impuestos”, apuntó la OPC. La deuda flotante es uno de los aspectos que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento.

(INFOBAE) El precio de los alimentos terminará este mes con un aumento cercano al 4%Así lo indican las mediciones preliminares de dos consultoras privadas, que estiman que el IPC rondará el 50% este año, frente al 29% calculado por el Gobierno.
La suba en el precio de los alimentos, el producto más valioso para la población vulnerable, apunta a terminar entre el 3,5 y el 4,2 por ciento este mes. Así lo estimaron en sus mediciones semanales las consultoras LCG y Eco Go, que calcularon que la inflación general terminará en torno del 3,5 y 3,2 por ciento, respectivamente. Sería una baja respecto del 4% registrado por el Indec en enero en general y del 4,8% para los alimentos en particular; febrero suele ser un mes de menor inflación que enero por cuestiones estacionales. El estudio que dirige Guido Lorenzo explicó que “en la tercera semana de febrero la suba de precios de los alimentos promedió 0,5%, desacelerándose 0,19 por ciento respecto de la semana anterior”. “El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 4,6% en las últimas 4 semanas y 3,3% medida punta a punta en las mismas semanas. Estos niveles de precios dejan un arrastre para lo que queda de febrero de 3,8 por ciento”, precisó el último informe de LCG. Lorenzo estimó una suba del IPC del 3,5% para este mes y del 50% para todo el año. Por su parte, Eco Go indicó que “en líneas generales la semana presentó una ligera desaceleración en el margen, debido principalmente a la interrupción en los aumentos del sector cárnico”. Sin embargo, “al mismo tiempo, comienzan a observarse variaciones en categorías que permanecieron congeladas durante continuas semanas”. “En el corto plazo el crawling continúa en línea con la inflación , acelerándose en el margen. Esta dinámica junto con un intento por aumentar los salarios en términos reales puede presionar al alza los precios en un contexto de crecientes demandas sociales”, advirtió el estudio de Marina Dal Poggetto.Según EcoGo, hasta hace un tiempo atrás barajaban dos escenarios posibles para este año. “Uno con plan de estabilización y acuerdo con el FMI que permitía recomponer los precios de los bonos y reducir la brecha cambiaria en el marco de un programa fiscal, monetario y cambiario consistente. Esquema que permitía apuntalar el rebote de la economía y un salto en la tasa de inflación que permitiera licuar el exceso de pesos recomponer parte del atraso de precios rezagados durante la pandemia”, detalló. En esta dirección “parecía que habían girado en octubre pasado cuando el salto en la brecha cambiaria los asustó”. El otro escenario se basaba en “el intento de maximizar el corto plazo, postergando el acuerdo con el FMI y/o avanzando en uno que sólo refinancie los vencimientos, manteniendo un déficit en torno al 4,5% presupuestado, con la inconsistencia monetaria resultante del esquema de financiamiento, e intentando usar como semi ancla el dólar y las tarifas para intentar mejorar los salarios reales terminaba coordinando un salto en la brecha cambiaria y un nuevo cambio de régimen inflacionario”. Al respecto, EcoGo subrayó que “el primer escenario hay que tacharlo. Claramente el gobierno prioriza la próxima elección. Pero también sabe que si pifia en el intento de maximizar el corto plazo, el riesgo de inestabilidad financiera está presente”. En este contexto se observan “las decisiones que va tomando una coalición de gobierno diversa, cuya prioridad es que no se rompa y lleguen juntos a la elección”. “El guiño a la izquierda para girar a la derecha, cambia de dirección cuando la coyuntura lo permite o lo requiere. La principal válvula de escape de las inconsistencias es la brecha cambiaria”, detalló, “en una economía en la que siguen sobrando pesos, faltando dólares y los precios de los bonos siguen de remate”. Los bancos y consultoras que participan del informe Forecast Economics estiman que la inflación será del 47,7% este año, aunque Empiria se estiró al 55,7%, UBS al 54,9% y el Galicia al 52%, frente al 29% calculado por el Gobierno. Para el año próximo, los privados anticipan un aumento del 38,3% en los precios al consumidor (24% según el Gobierno), por lo que la Argentina cumplirá dos décadas con un régimen de alta inflación.

(INFOBAE) El precio de la soja saltó a USD 516 por tonelada en el mercado internacional Los contratos con vencimiento en marzo próximo registraron un incremento en torno al 2 por ciento. Subieron también los valores del maíz y el trigo. En la operatoria del Mercado de referencia de Chicago de esta jornada, se registraron importantes subas en el precio de la soja, como consecuencia del avance lento de la cosecha en Brasil, que es el ritmo más lento de los últimos 10 años, y los bajos stocks de la actual campaña. Los contratos de soja con vencimiento el próximo mes subieron en torno al 2% y cotizaron a USD 516,62. Por su parte, la posición marzo del maíz subió USD 1,08 y cotiza a USD 218 . Por último, los contratos con vencimiento en marzo de trigo aumentaron USD 0,64 y cotizaron a USD 244,62. Al respecto, sobre los stocks, desde la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron: “Si bien el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyectó una producción récord de soja para la campaña 2021/2022 en dicho país, la demanda también sería muy elevada, por lo que los stocks finales serían solo marginalmente incrementados y permanecerían cerca de mínimos históricos”. En lo que respecta a la operatoria en el mercado local, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la soja con entrega hasta el 15 de marzo alcanzó un valor de compra de USD 330 la tonelada. Por otro lado, el precio ofrecido por maíz con entrega corta se ubicó en USD 205 la tonelada, y la oferta por trigo contractual cayó hasta los 2015 dólares la tonelada. En nuestro país la campaña gruesa atraviesa un momento de noticias para destacar. Por un lado, los altos precios internacionales que se mantienen, y que cotizan en máximos de entre seis y ocho años, y por otro, las lluvias que se dieron en gran parte de enero y febrero que permitieron recuperar los niveles de humedad en los campos y detener el deterioro de los cultivos. En este contexto, especialistas de la Bolsa de Rosario proyectaron que el valor bruto de la cosecha de soja y maíz alcanzaría los USD 25.354 millones, son casi USD 6.686 millones mayor a la obtenida en el ciclo 2019/20, a pesar de que la estimación de producción se espera que sea menor en casi 5 millones de toneladas. “Este valor interno de la producción de soja y maíz contribuye considerablemente dentro del producto nacional y, además, realizan un gran aporte al equilibrio de las cuentas externas del país, ya que conjuntamente estos dos complejos representan cerca del 40% del valor de las exportaciones argentinas”, comentaron desde la BCR.

Exportaciones
También habrá un impacto positivo de esta situación en los ingresos por las futuras exportaciones. El economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón, dijo que “por las mejores perspectivas productivas y el nuevo nivel de precios, el aporte de agro dólares apunta alto este año; la pregunta es qué tan alto”. En esta línea, el especialista construyó diferentes escenarios, que contemplan que la estimación de exportación y los precios se mantengan, como así también que estas variables suban o bajen. Para Garzón, si los precios internacionales se mantienen en un nivel en torno a los USD 500 la tonelada para la soja y de USD 230 la tonelada para el maíz y sus respectivas producciones se ubican en 48 y 47 millones de toneladas respectivamente, sumado a sus respectivos subproductos y otros cultivos como el trigo, la cebada y el girasol, podrían ingresar al país USD 33.919 millones, un 33,9% más que en 2020, o sea, unos USD 8.589 millones. Este último es el escenario base para Garzón, que también ve como probables otros 5 escenarios más de los 15 que construyó, proyectando precios y cantidades exportadas a la baja. El escenario más pesimista prevé una caída del 8% en volumen y del 10% en valores y estima despachos por USD 27.864 millones, lo que, de todas maneras, representaría una expansión del 10% respecto a 2020, con USD 2.534 millones más ingresados. El más optimista prevé un volumen 8% mayor al del escenario base y precios 10% mayores y estima embarques por USD 40.565 millones, 60% superiores a los del año pasado.