El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que declara el Estado de Emergencia Hídrica por la histórica bajante del río Paraná. Está vigente por 180 días en la región de esa cuenca fluvial, que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires.

La decisión se tomó a raíz del «impacto y las consecuencias que está generando la bajante histórica más importante de los últimos 77 años en la cuenta hídrica sobre los márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú».

El decreto 482/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial instruye a diferentes áreas del Gobierno a adoptar medidas para «mitigar las consecuencias de la grave situación que genera la bajante». Entre ellas, se instruye al Banco Nación y a la AFIP a disponer la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente.

CUÁLES SON LAS MEDIDAS OFICIALES
Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo establecerán las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo.
El Ministerio de Obras Públicas dispondrá y monitoreará la realización de obras de infraestructura.
El Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (Siname), planificará las medidas de apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), asistirá las poblaciones ribereñas.

(CRONISTA) El reparto de poder en el Frente de Todos: cómo impacta en reformas y el acuerdo con el FMI
Con la llegada de las listas, qué prevén los analistas en la composición del Congreso y dentro de la coalición oficialista. Cuáles serán las repercusiones

Los analistas internacionales y nacionales miran las elecciones legislativas en clave del reparto de poder de cara a 2023 pero también dentro de la coalición gobernante. Las dudas se centran en las diferencias que mostró el kirchnerismo con el ala más «moderada» que representa Martín Guzmán y el «albertismo».

Mientras hoy los accionistas del Frente de Todos cierran filas, las diferencias por tarifas o el nivel de gasto público generan incertidumbre sobre el aval que tendrían las reformas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

«Es difícil que las elecciones cambien dramáticamente la composición del Congreso pero puede ampliar la diferencia entre las facciones más moderadas y más de izquierda y eso puede determinar la futura discusión por las reformas y cuánta voluntad hay», planteó Todd Martínez, director senior del área de Soberanos para las Américas de Fitch Ratings.

Sobre las medidas «electoralistas» destacan que el Gobierno está haciendo todo lo posible para evitar una devaluación del peso, hubo ajustes mínimos en tarifas y aumentan los subsidios. «Todo puede ser viable en el corto plazo por la suba de los precios de soja y la distribución de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI. Pero evitar un ajuste este año solo implica desbalances mayores para el próximo año».

En campaña, buscan dejar atrás las incertidumbres. «No vamos a poder destinar los u$s 4300 millones que recibiremos del FMI a recuperar la economía», dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pese a que su ex secretario Oscar Parrilli habría presentado en el Senado un proyecto para que no puedan usarse al pago de deuda. Los DEG cancelarán así los pagos con el Fondo y buscarán descomprimir la presión sobre el dólar.

Para los economistas de Torino Capital Group, las tensiones políticas llevaron a distintos sectores afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a resistir las medidas de Guzmán. Hoy evitan mostrar grietas en clave electoral, pero «podrían limitar el camino de la consolidación fiscal y la estabilidad cambiaria sostenibles en el mediano y largo plazo», advierten. Allí recuerdan la interpretación de los inversores institucionales reflejada en la reciente degradación de Argentina a Standalone Market en el MSCI.

SHOCK DE EXPECTATIVAS CON EL FMI
Para el analista de Fitch, «la Argentina y el FMI tienen un interés mutuo por llegar a un acuerdo pero hay diferencias de políticas». Esto puede llevar a que «no sea un buen acuerdo» que genere «un shock positivo en las expectativas».

«El ajuste fiscal puede no ser el punto más duro. Las reformas estructurales van a ser más arduas. Este es un Gobierno que agregó a los problemas: subió impuestos, aumentó los controles de capital y endureció las regulaciones laborales. Es difícil ver qué puede pedir el FMI», agregó el analista.

En el frente monetario reconoció que si bien «el FMI seguramente no ve con buenos ojos la mezcla de tasas de interés negativas, controles capitales estrictos y un tipo de cambio fuertemente administrado», el modelo de libre mercado del programa con Mauricio Macri «terminó en lágrimas en 2019».

En cuanto a las perspectivas de devaluación, «el peso no parece muy apreciado entonces no es algo que la economía necesite desesperadamente. Del otro lado, hay un gran problema de confianza y demanda de dólares y eso no parece que se vaya a ir. Por eso los analistas consideran que se necesita un peso devaluado para incrementar reservas», aunque tendría impacto en precios.

Pasados estos debates, las presidenciales de 2023 estarán a la vuelta de la esquina. «Hay poco espacio para determinar el momentum de las reformas», agregó Martínez.

(CRONISTA) El Gobierno empieza a pagar la deuda al Club de París: cuánto desembolsa
Es la primera parte de los pagos parciales acordados por Martín Guzmán para ganar tiempo hasta el 31 de marzo de 2022 para renegociar la deuda de u$s 2.400 millones. Se espera el programa con el FMI para cerrar un nuevo esquema de pagos.

El Palacio de Hacienda realizará el primer pago parcial al Club de París este miércoles 28 por u$s 230 millones. Es la primera parte de los u$s 430 millones acordados por el ministro de Economía Martín Guzmán con el director ejecutivo del Club, Emmanuel Moulin.

La fecha elegida está dentro de los 60 días de ‘gracia’ que tenía para pagar, una señal simbólica para evitar un default. El primero de los dos pagos fue acordado al definir un «puente de tiempo» hasta el 31 de marzo del año próximo para renegociar la deuda con el grupo de acreedores que espera que la Argentina cierre antes un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La deuda total alcanzaba los u$s 2400 millones. Es el último de los pagos pendientes con el organismo aunque Guzmán espera refinanciarlos con tres años de gracia y tasas cercanas a 1,5% contra el 9% actual de intereses para la Argentina, de acuerdo con la renegociación que llevó adelante Axel Kicillof en 2014.

Como con el pago de esta semana no se incurrirá en una cesación de pagos, no habrá punitorios sobre el remanente, según remarcan en el ministerio de Economía.

TRATO IGUALITARIO CON OTROS ACREEDORES
Los desembolsos acordados al Club de París se equipararon a los que se realizarán este año a otros países, en particular China. Durante las negociaciones, los acreedores fueron muy enfáticos en el reclamo de trato igualitario. La segunda cuota, por u$s 200 millones, se cancelará el 28 de febrero de 2022.

Entre los organismos comerciales con los que se saldará una parte de la deuda remanente están el Exim Bank de Estados Unidos, al que se le cancelarán u$s 14 millones, la estatal Atradius de Holanda, por u$s 15 millones, la Swiss Export Risk, el Instituto de Crédito Oficial de España, al que se le cancelan casi u$s 5 millones y Euler Hermes de Alemania, por 65 millones de euros, entre otros pagos a bancos y entidades de inversión de Canadá, Japón y Francia.

El puente de tiempo para renegociar con el Club de París vence el 31 de marzo del año próximo y en las cartas que intercambiaron Guzmán y Moulin, con copia a Kristalina Georgieva, titular del FMI, los acreedores señalaron que sería bueno que la Argentina logre un acuerdo con el Fondo antes de fin de año.

El país negocia un programa de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) que podría cerrarse tras las elecciones. El acuerdo final, en tanto, llegaría tras el paso por el Congreso Nacional y el directorio del FMI.

Hace dos semanas, el equipo de Economía mantuvo una misión con el Fondo en Venecia, Italia, en paralelo a la reunión del G20, donde avanzó en áreas impositivas, sectores exportadores y financiamiento interno.

(CRONISTA) Dólar blue: Rubinstein explicó las «muchas» razones de la suba
El economista Gabriel Rubinstein dejó varias definiciones sobre el mercado cambiario y el accionar del Gobierno a meses de las elecciones.

El economista Gabriel Rubinstein sostuvo que el Gobierno continuará «reprimiendo» al dólar hasta las elecciones, al tiempo que relativizó la postura que pudiera tener al respecto el ministro de Economía, Martín Guzmán, de quien dijo que en la actualidad «es un funcionario de segundo orden».

El titular de GRA Consultora consideró que «son muchas las razones» que llevaron a la suba de la cotización del dólar paralelo en los últimos días, «pero hay una que es muy fuerte, que es la expansión monetaria que está habiendo y va a haber producto del déficit fiscal que hace que los ahorros tiendan a dolarizarse».

Al respecto, indicó que en un país con una alta tendencia a la dolarización se le está agregando «más combustible» con la emisión de pesos.

Rubinstein señaló que si a la emisión se le suma el temor por «alguna devaluación del (dólar) oficial» para después de las elecciones, se genera un «caldo de cultivo» en el que «es lógico que el dólar aumente».

Luego de varios meses en el que el dólar «había estado relativamente quieto», el Banco Central tuvo que intervenir «mucho» para frenar la escalada en el mercado paralelo.

«La intervención cambiaria pasó de 10 millones de dólares por día que vendía en el mercado contado con liquidación a 20 millones de dólares por día», apuntó, por lo que serían necesarias ventas por «unos 400 millones de dólares por mes».

El mercado tomó nota de la situación y «ahí saltaron las alarmas», dijo. Como reacción, desde el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores «empezaron a reprimir el contado con liquidación» pero el resultado es inverso al pretendido, porque con las medidas adoptadas «crean con la represión más exacerbación, más demanda del dólar blue».

«La razón es que no hay confianza en el Gobierno, hay un déficit fiscal que es muy alto y que en los próximos meses va a quedar en clara evidencia, el mercado se anticipa y se anticipa también a un proceso electoral que siempre trae algunos riesgos», sintetizó.

En declaraciones radiales, Rubinstein anticipó que en el corto plazo el Gobierno recurrirá a «lo que más sabe y más tiene a mano» que es «reprimir» la cotización del dólar financiero y blue.

«No va a cambiar el libreto a mitad del río cuando lo más importante para el Gobierno es llegar lo más tranquilo posible a las elecciones, entonces van a reprimir, van a prohibir operaciones… Van a seguir en esta tónica y se van a bancar la parada, a lo sumo van a vender dólares en el contado a liquidación como están haciendo hasta ahora», aseveró.

Respecto a qué se hará después de las elecciones, admitió que en el oficialismo se busca que «no haya un cimbronazo cambiario», pero al respecto acotó que «el camino del infierno está lleno de buenas intenciones».

«No sabemos bien cómo esa intención va a ser convalidada», planteó, al tiempo que sostuvo que tendrán que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el organismo «acepte que el Gobierno pretende bajar la brecha (del dólar) en forma gradual». No obstante, advirtió sobre las complicaciones de ese propósito porque «una cosa es bajarla gradualmente desde el 50% y otra es desde el 90%».

«No está fácil para el Gobierno ni está fácil para Guzmán, ni tampoco le demos tanto crédito para Guzmán que en este momento es un funcionario de segundo orden», puntualizó.

Más allá de que espera una «radicalización» del Gobierno, Rubinstein señaló que a la vicepresidenta Cristina Fernández «le conviene que haya acuerdo con el Fondo Monetario, porque si no hay acuerdo se descompone toda la economía».

En ese contexto, consideró que el Gobierno «no va a poder aumentar el déficit fiscal» ni tampoco «una política de brechas cambiaria que vayan al 200%».

«Tendrá que reducirlas y si no alcanzan con otras herramientas va a tener que devaluar el dólar oficial, va a haber un límite a la posibilidad de hacer cualquier cosa», finalizó.

(CRONISTA) Crece dolarización a pesar del freno oficial al contado con liquidación de bonos
La estrategia oficial logró aumentar un poco la compra de reservas y congelar el valor del CCL «regulado». Pero la demanda de dólares sigue y el Central tuvo que volver a intervenir fuerte en los mercados financieros.

A dos semanas de las restricciones cambiarias que el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispusieron para los mercados financieros, los resultados observados son mixtos: por el lado negativo, no se calmó la demanda dolarizadora, lo cual obliga al Central a seguir usando sus reservas para recomprar bonos que primero vende contra pesos.

No obstante, sí se pudo contener el valor del contado con liqui (CCL) de bonos, aunque se disparó la brecha interna entre los distintos tipos de cambio financieros.

En tanto, el ritmo de compra de reservas tuvo una mejora en los primeros días post cerrojo, pero fue decayendo. No obstante, la adquisición de dólares sigue muy por encima de lo que se observaba en otros años con cepo. De hecho, el Central solía ser vendedor neto en los julio con cepo y ahora eso se dio vuelta.

En sentido, cabe señalar que en los primeros días de julio de este año el BCRA adquiría en promedio u$s 62 millones, mientras que a partir de las medidas pasó a u$s 67 millones diarios. Así, las reservas brutas crecieron u$s 674 millones durante el mes y las compras netas están en torno a los u$s 1050 millones.

Retomando lo referente a los objetivos cambiarios de la medida, en los primeros tres días posteriores a la implmentación el mercado había observado una caída en las transacciones con bonos AL30, en línea con los deseos del Central. Pero esto se revirtió pronto.

«Uno de los objetivos centrales era bajar la demanda de CCL y resulta evidente que no funcionó», destacó un informe Consultora 1816.

El informe continúa: «No solo continuó al alza la brecha, sino que también se mantuvo muy alto el volumen operado de bonos. El volumen de AL30 contra pesos en ByMA T+2, por pantalla, volvió a los valores máximos que había previo a los anuncios».

El director de la consultora Anker Latinoamérica, Federico Furiase, agregó: «Después de las regulaciones había bajado el volumen de AL30 contra pesos y contra especie D, pero en las últimas jornadas volvió a aumentar. Probablemente, el BCRA, ante la persistencia de las presiones, viene vendiendo fuerte AL30 contra pesos y recomprando AL30D MEP con dólares de las reservas».

En tanto, el texto de 1816 concluye: «Alcanzó niveles nunca vistos la operatoria de AL30 contra MEP por pantalla, post restricciones. En otras palabras, se limitó la compra de cable y parte de eso pasó a ser compra de MEP».

Como se mencionó al principio de esta nota, el objetivo que sí logró el Gobierno es frenar la suba del CCL que se realiza con bonos. Sin embargo, esto encierra un problema: la brecha dentro de la brecha.

Por ejemplo: el CCL que se realiza con AL30 se encuentra en $ 167,17 (llevándolo a cabo en T+2). Y un contado con liqui con acciones (tomando el promedio de los cinco papeles más usados para esta operación) se ubica en $ 181,43.

Los grandes jugadores a los que ya no les alcanza el segmento prioridad precio tiempo para satisfacer su demanda de dólares pagan unos $ 180 para comprar CCL en el Segmento de Negociación Bilateral.

Por otro lado, el mercado viene aprovechando las restricciones para realizar un rulo que consiste en salir del país con dólar cable a través de bonos y volver con Ledes. Esta «avivada» surge al calor de los desarbitrajes que se generan por tener un CCL de bonos planchado.

(CRONISTA) Plan Aguantar, la nueva estrategia del Gobierno para dominar al dólar blue
Piden a las financieras que no difundan las cotizaciones del billete, ni del informal ni del Senebi. En el mercado observan operadores con «escopetas cargadas» para intervenir en caso de que en la semana el precio se quiera escapar.

«Plan Aguantar». Así es como denominan en la City a la nueva estrategia que encara el Gobierno para frenar la suba del dólar blue.

«No dar información del precio del dólar y listo, no hay necesidad, no hay que darle importancia. No dar ni el precio del dólar blue ni del dólar Senebi. Que se distraigan con la baja que tuvo el Bitcoin mejor».

Éste fue el pedido que en el mercado le achacan en primer lugar a Byma y luego a la Comisión Nacional de Valores (CNV): no quieren que se divulgue información del precio de ningún dólar que sea libre porque sus precios son mucho mayores que el de los financieros. Se refieren al dólar MEP y al contado con liquidación (CCL), subsidiado por el Banco Central.

No quieren que se difunda información del precio de ningún dólar que sea libre, o sea, ni del blue ni del Senebi, porque sus precios son mucho mayores que el del MEP y el del contado con liquidación, subsidiado por el Banco Central.
«¿Cómo va a saber entonces la gente cuándo le conviene comprar o vender dólares, si no tiene el precio del blue?», preguntó El Cronista a una fuente conocedora de las negociaciones entre el Gobierno y financistas.

«Que pague lo que sienta, igual que miles de argentinos que venden dólares del 1° al 6 para pagar tarjetas e impuestos», contestó.

SOBREOFERTA DE DIVISAS
Por lo pronto, el viernes sobre el cierre de las operaciones se vio algo de sobreoferta de divisas en el informal a $ 187: no quedó tan demandado, por eso en las mesas apuestan a una baja que puede llegar hasta $ 180 en la semana.

Entre los mesadineristas especulan sobre los próximos movimientos del Gobierno. En el runrun típico, por ejemplo, algunos sostienen que el Gobierno tiene escopetas cargadas a través de dos financieras con u$s 6 millones para intervenir durante toda la semana.

Los mesadineristas escrutan el poder de fuego del Gobierno y algunos creen ver una escopeta cargada con u$s 6 millones en cabeza de dos financieras, prestas a intervenir durante toda la semana
PODER DE FUEGO
Al tratarse de un mercado de apenas u$s 5 millones diarios, el poder de fuego que da tener más de u$s 1 millón semanal en promedio para tenerlo bajo control puede provocar un descenso hasta los $ 180, especulan los corredores de cambios.

Van a contener al billete para evitar que se dispare de precio, porque saben que la gente vota con el bolsillo, y con un dólar a $ 200, aumentan los precios.

«No puede llegar de golpe a $ 200. Una suba de un día de $ 10 o $ 15 no le sirve a nadie: ni al Gobierno, ni a la oposición y menos a los cambistas. El Gobierno lo que puede hacer es bajarlo a $ 180», estiman en el sector.

LA FAMOSA MANO AMIGA
De todos modos, existe un manto de sospecha sobre las manos amigas. Salir a intervenir fuerte es quedar al descubierto, y hoy nadie quiere eso. De todos modos, prevén que haya alguna pausa en estos días luego de tanta suba del blue, pero no descartan nuevas subas en las semanas siguientes.

«Hay gente monitoreada, hay cambistas filtrando información sobre irregularidades en el mercado, hay mucha política interesada en saber quién interviene, hay jugadores que no quieren intervenir por miedo a que la oposición deschave todo esto, aunque no le conviene porque el Gobierno anterior también tuvo sus cambistas amigos», revelan en las cuevas.

«El dólar financiero a $ 181 no ayuda, y ese por ahora no tiene techo; el dólar Senebi le pone un piso al blue: por más que no se arbitren, se miran de reojo».
«Es que los que intervienen no son del palo, son siempre terceros. El cambista no va a deschavar a otro cambista, pero cuando interviene un financista o cuevero grande que no es del palo se comenta, y alguno lo filtra», recela un avezado corredor de cambios.

«Hay que ser realista, el dólar financiero a $ 181 no ayuda y ese por ahora no tiene techo. El dólar Senebi le pone un piso al blue: por más que no se arbitren, se miran de reojo», concluye la fuente.

(AMBITO) FMI: Argentina cumplirá con vencimientos y Martín Guzmán podrá negociar durante 7 meses
El Gobierno utilizará parte de los u$s4.350 M que llegarán vía DEG para pagar u$s1.800 M el 30 de septiembre.
El tema de debate era el último tramo de negociaciones por los cierres de las listas para las elecciones legislativas de noviembre. Sin embargo, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se dieron un tiempo para hablar de una de las decisiones de Estado más importantes para encarar el último semestre del año, cuando la campaña será la principal protagonista política; y donde se buscará que los ruidos económicos sean lo menos sonoros posibles. Especialmente para el capítulo Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para esto se necesitaba que los dos mayores dirigentes del oficialismo cerraran la principal preocupación macroeconómica y financiera que los mercados tienen para lo que resta del 2021. Y, curiosamente, no hubo problema para que la vicepresidenta aceptara lo que el jefe de Estado reclamó a nombre de Martín Guzmán: que el dinero proveniente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que serán enviado en algún momento de agosto próximo desde el Fondo, se utilicen en su mayor parte para cumplir con los compromisos de vencimientos que el país tiene hasta fin de año. Si bien Cristina había sido la principal impulsora de una iniciativa legislativa que comenzó en el Senado para que ese dinero se destinara exclusivamente para paliar las consecuencias de la pandemia (este es incluso el fin que impone el FMI), la vicepresidenta y Alberto Fernández acordaron que lo mejor para las condiciones electorales del oficialismo es normalizar lo máximo posible la economía; y liberar de ruidos financieros el camino a las elecciones de noviembre.

Como uno de los dos vencimientos con el FMI por u$s1.800 millones caerá el 30 de septiembre, tiempos plenamente electorales; las dos partes resolvieron quitar la incógnita de antemano y despejar de internas el cumplimiento de esos pagos. Por esto, queda ahora clarificado que el Gobierno utilizará parte de los u$s4.350 millones que llegarán vía DEG para pagar este compromiso. Mientras tanto las negociaciones entre Argentina y el FMI continuarán, y si para diciembre aún no hay acuerdo Guzmán podrá utilizar otros u$s1.800 millones para cumplir el 30 de diciembre con el segundo pago comprometido al FMI por los intereses del Stand By firmado por Mauricio Macri en 2018.

La confirmación de lo acordado el viernes fue responsabilidad de Cristina. Durante el acto del sábado en Escobar de presentación de los candidatos del oficialismo e inicio de la campaña electoral, la vicepresidente dijo textualmente que “anoche Alberto me decía que en unos días van a ingresar los Derechos de Giro. El FMI decidió entregarle dólares a los países por los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder porque en el 2018, después de que en el 2015 tuviéramos un país sin deuda, ahora debemos 45 mil millones de dólares al FMI, además de los 70 mil millones que se reestructuró la deuda el año pasado”. Fue la manera de darle luz verde a la estrategia del ministerio de Economía. Y de darle un guiño a los mercados, preocupados por la interna entre el Ejecutivo y el kirchnerismo sobre las verdaderas intenciones políticas ante el acuerdo con el FMI. Liberada la incógnita del uso del dinero de los DEG para los pagos del año, ahora los focos quedarán concentrados en el contenido del acuerdo con el organismo que dirige Kristalina Georgieva.

En este sentido, para el ministerio de Economía el panorama ahora se clarifica. Guzmán y su embajador ante el FMI, Sergio Chodos, tendrán al menos siete meses para discutir los términos del Facilidades Extendidas que se negocia desde octubre/ noviembre del 2020. La nueva frontera será el primer vencimiento de capital del Stand By por unos u$s4.050 millones de marzo del año próximo; y para el que ya no alcanzarán los DEG. Aparece aquí el próximo gran tema en el que el oficialismo deberá ponerse de acuerdo. Es hoy una utopía pensar en que el organismo aceptará un plazo mayor a 10 años para un acuerdo de este tipo. Deberá aceptarlo la coalición gobernante si quiere que avancen las negociaciones. A cambio Guzmán discute que se incluya una cláusula que explícitamente mencione que si en los próximos años el FMI incluye un cambio en su fórmula diseñada para los Facilidades Extendidas que permita acuerdos a plazos mayores a los 10 años; automáticamente Argentina esté incluida en el beneficio. En el mismo sentido se negocia una reducción de los intereses y que las obligaciones de comienzo de pagos comiencen a los 4,5 años de inicio del acuerdo. Hacia delante, y con el panorama de los próximos vencimientos del 2021 despejados, Guzmán y el FMI comenzarán a discutir el contenido del Facilidades Extendidas en los términos que realmente definirán los próximos años de la economía argentina.

Todo hacia delante será discreto y en conversaciones blindadas. La intención política es que el FMI deje de estar en escena mientras dure la campaña. Luego que se hayan elegido los próximos representantes del Congreso; será el tiempo de las negociaciones políticas entre el oficialismo y la oposición para que el acuerdo al que se llegue tenga aprobación parlamentaria de la mayor amplitud de la clase política posible.

(AMBITO) Advierten por caída en la demanda de la maquinaria agrícola
Mientras aumentan los indicadores de pateamiento y ventas en el sector, empresarios señalan que disminuyeron las consultas para la adquisición de nuevos equipos. Por ahora las fábricas trabajan al 100% de su capacidad.

Según datos difundidos por la División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), los patentamientos de cosechadoras crecieron 53,7% en junio y los de tractores registraron incrementos del 84,3%,

El dato concreto indica que la industria de la maquinaria agrícola sigue mostrando buenos indicadores. Durante el mes de junio se patentaron 577 tractores, lo que arrojó un incremento del 84,3% comparado contra las 313 unidades de mayo, y del 32% comparado con el mismo mes del año pasado cuando se registraron 437 unidades. Así, la cantidad de tractores registrados durante los primeros seis meses del año ascendió ahora a 2.326 unidades.

Los números también fueron favorables para el segmento cosechadoras, un rubro que por el alto valor de los equipos suele ser más complejo. En el sexto mes del año se patentaron 63 unidades, con una suba del 53,7% respecto de las 41 que se vendieron en mayo aunque con una baja del 49,6% en la comparación interanual, dado que en junio del año pasado se registraron 125 unidades. La caída es fuerte, sin embargo vale aclarar que la comparación en ese período contempla el cierre de fábricas y registros tras el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

Sin embargo, detrás de estos indicadores favorables hay otros que preocupan y por eso se encendieron algunas alarmas entre los fabricantes. Las mermas en las consultas se evidenciaron en tractores, fertilizadoras y cosechadoras. Luciana Mengo, Presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agro Componentes de Córdoba (AFAMAC), confirmó que en la región “la demanda cayó en todos los rubros pero se mantiene la producción y las plantas trabajan al tope de su capacidad instalada, con entregas pendientes de operaciones ya concretadas”.

Las fábricas trabajan al límite de su capacidad instalada e incluso algunas registran demoras en las líneas de producción gracias a la alta demanda que se arrastra desde el año pasado y que continuó durante gran parte del primer semestre del 2021. Si bien las empresas invirtieron para ampliar su capacidad tecnológica y sumaron nuevos empleados para hacer frente a los requerimientos del mercado, que exige cada día más innovación, también es real que quedaron muchos frentes abiertos entre exportaciones, importaciones, búsqueda de más financiamiento, capacitaciones y aprovisionamiento de stocks.

Otro tema que complicó la fabricación de equipos fue el incremento en el valor de los insumos, por lo tanto las empresas debieron planificar las compras y asegurar el aprovisionamiento de materias primas para tomar ventaja ante futuros aumentos. También se generaron algunas trabas en la importación por la excesiva demanda de materia prima aunque se fueron normalizando con el tiempo. En el caso del acero, indispensable para la fabricación, aún persiste un problema global de abastecimiento por alta demanda y eso también dificultó el cumplimiento de las entregas.

En cuanto al resto de las importaciones -neumáticos y otros componentes que no se fabrican en el país- existieron algunos reclamos pero oportunamente se resolvieron gracias al diálogo entre el sector público y privado.

Para evitar éstos vaivenes, desde la industria insistieron en la necesidad de avanzar en el ámbito legislativo para que a partir de la sanción de una ley se pueda establecer cuáles son los productos de fabricación nacional según su composición. La idea es que el estado pueda establecer prioridades a la hora de fijar políticas diferenciales para quienes fabrican y ponen a trabajar a toda una cadena de valor versus las empresas que sólo ensamblan en el país. En definitiva, todos compiten por los mismos recursos para que se autoricen las importaciones de componentes indispensables para la fabricación de maquinaria agrícola.

(CRONISTA) El caso Vicentin: la agroexportadora que quiso intervenir el Gobierno presentará en los próximos días una propuesta de pago a los acreedores
Además se aguardan anuncios sobre la intención de 3 empresas de adquirir una participación mayoritaria a través de la modalidad de capitalización. Cómo siguió operando la empresa y cuáles fueron sus números el mes pasado

Según confirmaron a Infobae fuentes cercanas a Vicentin, la agroexportadora del norte de Santa Fe presentará en los próximos días una oferta de pago a sus acreedores, en línea con los plazos estipulados en el Concurso preventivo, a cargo del juez de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación de Reconquista, Fabián Lorenzini.

La deuda total de Vicentin es de USD 1.350 millones, de los cuales USD 1.000 millones corresponde a bancos. El Banco Nación es el principal acreedor, con $18.000 millones, seguido por el Provincia con $1.600 millones. Otro acreedor oficial es el BICE, con $5 millones. Los otros USD 350 millones son deudas con empresas del sector agrícola.

Por otro lado, se aguardan novedades en torno a la “manifestación de interés no vinculante” presentada por tres compañías, que están evaluando la posibilidad de adquirir una participación mayoritaria del capital de la Sociedad a través de la modalidad de capitalización. Las empresas que presentaron la propuesta son la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro, una de las empresas del holding de la familia Pérez Companc, y Viterra Argentina, la ex Glencore, que ya es socia de Vicentin en Renova

Según se informó, la manifestación de interés contempla que, de prosperar la transacción, los interesados adquirirán una participación que en forma conjunta les otorgue todos los derechos políticos necesarios para adoptar las decisiones que hagan al giro ordinario y extraordinario de la Sociedad, procurando que la sumatoria de sus participaciones no sea superior al 90% (noventa por ciento) del total del capital y votos de la Sociedad.

Dicha propuesta fue considerada como positiva por parte de los integrantes del comité ad hoc de acreedores financieros internacionales de Vicentin, con los cuales la agroexportadora mantiene una deuda de USD 530 millones. Las entidades que conforman dicho comité, son la Corporación Financiera Internacional (la agencia del Grupo Banco Mundial que atiende al sector privado); FMO (un Banco de Desarrollo controlado por el estado holandés) y los bancos privados ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.

Las entidades acreedoras manifestaron semanas atrás su intención de “entablar un dialogo honesto y constructivo con todas las partes interesadas, incluyendo a potenciales inversores, con la plena intención de arribar a una solución superadora a cualquier alternativa distinta”. Pero más allá de la intención de trabajar con todos los sectores para encontrar una solución, reclamaron modificar íntegramente la administración y gerenciamiento de Vicentin. “El Comité Ad-Hoc está convencido de que un cambio en el órgano de administración y en el management de la empresa es absolutamente necesario para recobrar la confianza de todos los actores del mercado local e internacional”, señalaron semanas atrás en un comunicado.

La situación de la empresa

De acuerdo al informe mensual de evolución que presentó Vicentin en junio pasado las plantas continuaron operando a facon y generaron ingresos por USD 5.150.000 más IVA y con una molienda de soja cercana a las 340.000 toneladas. En lo que respecta a la planta de Ricardone, la molienda fue de 15.000 toneladas de soja y 26.000 toneladas de girasol, con ingresos por USD 99.000 más IVA.

En el último mes la empresa brindó adicionalmente servicios de alquileres y almacenaje de granos, con una facturación cercana a los USD 360.000 y servicios de elevación de productos líquidos y sólidos con una facturación aproximada de 370 mil dólares. En junio los ingresos totales por molienda de cereales y oleaginosas. almacenaje y elevación, según se detalló en el informe al que accedió Infobae, sumaron USD 6.870.000. Los costos vinculados a los mencionados ingresos, incluyendo los aguinaldos de la Sociedad, fueron de USD 7.500.000.