LOCAL

(CRONISTA) Vista, la petrolera de Galuccio, aumentó su producción en un 67%
La petrolera Vista Oil & Gas anunció hoy que la compañía produjo durante el segundo trimestre del año un total de 39,9 millones boe/d (barriles equivalentes por día), impulsada por una fuerte suba en petróleo.
Vista Oil & Gas, la petrolera del ex CEO de YPF Miguel Galuccio, anunció hoy que la compañía produjo durante el segundo trimestre del año un total de 39,9 millones barriles por día, un incremento del 67% respecto del mismo periodo del año anterior.

Según explicó la compañía en un comunicado, esto fue impulsado principalmente por el petróleo, que aumentó un 101% año contra año y un 19% en comparación con el primer trimestre del 2021.

La producción de shale oil fue de 24,6 millones barriles por día, la cual proviene del bloque Bajada del Palo Oeste. Allí la compañía completó su octavo pad y tiene 32 pozos en producción.

Los resultados serán presentados este miércoles por Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista.
El segundo trimestre del 2020 mostró un nivel de actividad bajo por el cierre de producción en respuesta a la caída de la demanda tras el inicio de la pandemia. Ante el cambio de escenario, la compañía reactivó sus operaciones rápidamente, y marcó una recuperación acelerada de sus principales métricas operativas y financieras.

El lifting cost del segundo trimestre de 2021 fue de 7,3 $ por barril, un 15% menos al registrado en el segundo trimestre del año pasado y un 3% menos comparado con el trimestre anterior, informaron.

El EBITDA ajustado fue de $ 102,3 mil millones, un 75% de aumento en comparación con el trimestre anterior y un incremento del 904% comparado con el mismo periodo del 2020. Es la primera vez que la compañía alcanza un EBITDA ajustado trimestral de tres dígitos. El flujo de caja libre fue positivo durante el trimestre.

En materia medioambiental y en línea con lo trazado en el primer Reporte de Sustentabilidad publicado meses atrás, Vista proyecta reducir la intensidad de las emisiones de efecto invernadero en un 30% aproximadamente para fines de este año.

En materia social, Vista continúa apoyando las inversiones sociales en Catriel, Río Negro. Durante el segundo trimestre asignó instalaciones de la compañía para ser utilizadas como centro de vacunación contra el Covid-19. También completó la primera fase de la bicisenda de 8 km en dicha ciudad.

(CRONISTA) Lacunza: «El dólar va a hacer por las malas lo que la política económica no haga por las buenas»
El ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri criticó el cepo al dólar y la inflación reprimida. Dijo que el presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán «retrasan los indicadores malos en el marco electoral». Y vaticina un 2022 inestable si no hay cambio de rumbo.

Hernán Lacunza, ex ministro de Economía durante el último período de la presidencia de Mauricio Macri, analizó la actual gestión económica del gobierno de Alberto Fernández y proyectó un futuro inmediato de manera lapidaria: «Después del Plan Primavera viene el invierno», disparó.

Lacunza cuestionó la política económica que lleva adelante el ministro Martín Guzmán, asegurando que «pone parches sobre la inflación» sin lograr resolverla realmente. Según el economista, esto ocurre porque Alberto Fernández «tiene como objetivo retrasar los indicadores malos en el marco electoral».

Consideró que existe una «inflación reprimida» por lo que, aunque el Gobierno «apueste a una inflación del 3% mensual, el problema lo vamos a tener el año que viene».

El economista calificó a la gestión económica como «de anclas y velas», ilustrando al país como un velero en marcha «con el ancla puesta». Y advirtió que si el Gobierno continúa así, «el dólar va a hacer por las malas lo que la política económica no haga por las buenas».

En diálogo con LN+, Lacunza dijo: «Cuando el Gobierno te dice que la inflación es por los oligopolios, por los precios internacionales, pregunto: ¿el resto del mundo no come los mismos alimentos? Y en el resto del mundo la inflación es de entre 3% y 5%. A nosotros nos pasa el 50% anual», consideró el ex ministro.

Luego se refirió al cepo cambiario, al que definió como «anormalidad: Es como un torniquete en una sala de guardia. Si un paciente se está desangrando, vale ponérselo. Pero no podemos convivir con el cepo al dólar un año y medio».

Siguiendo con ese ejemplo, aseguró que con la soja rozando los u$s 600 en cierto momento de este año, la Argentina tiene «una transfusión de sangre que llueve del exterior gratis» pero que, no obstante, el Gobierno no logra relajar el cepo «sino que lo ajusta aún más. Algún día nos tenemos que preguntar cuál es la bacteria o el virus que está haciendo esa hemorragia».

En el mismo sentido, dijo que «no va a entrar un dólar si no está seguro de si puede salir».Cuando vas al médico, y el médico te dice que tenés colesterol alto porque tomás sol, te vas más asustado porque se equivocó con el diagnóstico. El Gobierno le está errando al diagnóstico y hace mala terapia».

(CRONISTA) Advierten que ya empezó el «desajuste» de las cuentas públicas y se profundizará aun más
Un informe de Invecq Consulting señala que junio la marcó un punto de inflexión en en el deterioro de las cuentas públicas y por ello reclama mayor prudencia fiscal. De no hacerlo, el riesgo es mayor presión cambiaria y dificultades para domar a la inflación.

La tentación de expandir el gasto público y frenar ajustes inexorables durante la campaña electoral, como es el caso de las tarifas de servicios públicos, pareció dar señales de prudencia en los primeros meses del año, reflejada en los datos de equilibrio fiscal primario de los primeros meses del año.

Pero esa «buena letra» en materia de cuentas públicas parece ahora volver a las viejas costumbres, al punto que junio ya estaría marcando un quiebre en la tendencia, que muy probablemente se intensifique en el segundo semestre al calor de la acalorada disputa electoral que se avecina.

Un informe de Invecq Consulting asegura que junio establece un punto de giro en la dinámica de ingresos y egresos, acentuando el déficit fiscal primario.

Esto marcaría el inicio de un deterioro de las cuentas públicas en los próximos meses, que en función de las urgencias electorales desoye incluso lo aconsejable en momentos en que el país negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional que le permita reprogramar una deuda de u$s 44.000 millones más intereses y cronograma de pagos muy exigente para 2022 y 2023.

En la dinámica de junio «los ingresos totales cayeron 4% real, el gasto total creció 3%, el gasto primario creció 13% y crecieron tanto el déficit primario como el déficit total. Es decir que junio representa un quiebre de tendencia que, con seguridad, se profundizará en los meses siguientes», sostiene Invecq.

Lo que explica, en parte, este desempeño fueron los menores ingresos previstos por derechos de exportación y el Aporte Solidario Extraordinario, junto a un mayor gasto previsible en el tramo final de la campaña electoral.

Según la consultora que conduce el economista Esteban Domecq, la evolución de las cuentas fiscales de los primeros meses del año mostraba una cierta prudencia fiscal que, sin embargo, Invecq ponía en duda para la segunda parte del año.

«Hoy, con los números del primer semestre, confirmamos aquello de que ‘una golondrina no hace verano’ al identificar que las finanzas públicas han comenzado desde junio un nuevo ciclo de desajuste en relación al 2019», apuntó el informe.

Justamente ése fue el último año de gobierno de Mauricio Macri «, cerró con el menor desequilibrio fiscal desde 2013», afirmó.

FUTURO CERCANO
Hacia adelante, las mayores presiones viene por el lado del gasto. En primer lugar, por la evolución de las jubilaciones. «Dado el diseño de la fórmula de movilidad jubilatoria, es probable que en junio hayamos visto el piso de este gasto y que desde aquí en más comience a incrementarse a un ritmo más acelerado que el de la inflación», destaca el documento.

A esto hay que agregar los bonos, como el que se pagará en agosto y requerirá una erogación de 30.000 millones de pesos.

Pero además la partida de subsidios económicos ya venía «desajustada», y en junio «muestra un crecimiento de casi 100% real versus 2019». Esto se relaciona con la política tarifaria, con un congelamiento que en opinión de Invecq «llegó para quedarse, salvo que se diseñe un programa con el FMI».

También inciden las transferencias a las provincias y los programas sociales implementados para contener el impacto en los sectores más vulnerables.

Un último punto gira en torno al perfil de la deuda, cuyos intereses cayeron tras el canje con acreedores privados pero «empezarán a crecer durante el segundo semestre como consecuencia de las colocaciones a corto plazo que se hicieron en el mercado local durante el primer semestre».

En este contexto, Invecq enciende las alarmas y por ello considera que la «responsabilidad fiscal debería ser algo superior» en un contexto de inestabilidad como el actual y a menos de nueve meses de necesitar un acuerdo con el Fondo para no caer en default.

«De lo contrario, la presión cambiaria continuará empeorando y la ansiada reducción de la tasa de inflación será más difícil de ser conseguida», remató la consultora.

(CRONISTA) Argentina, entre los 20 países con más barreras para comerciar por altos costos y cepo a las importaciones
A las quejas de los operadores del comercio exterior se suma un informe técnico que pone al país entre los más caros para ingresar productos.

Las reiteradas quejas que los importadores elevan por las demoras que padecen para lograr la autorización de bienes que intentan ingresar al país no solo responde al delicado equilibrio que el Gobierno intenta hacer en la balanza cambiaria y la disponibilidad de dólares, en un año electoral. También hay un correlato en el alto costo que supone importar, y que expone a las industrias locales a quedar fuera de competencia, sin chance de insertarse en cadenas globales de valor.

Un reciente informe técnico de escala global desnuda que la Argentina está entre los 20 países que más trabas ponen a las importaciones, a través del cobro de derechos o aranceles de importación en frontera que encarecen los bienes y dificultan su acceso a los fabricantes y consumidores locales.

De acuerdo al World Tariff Profiles que periódicamente elabora la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Argentina cobra aranceles aduaneros promedio del 13,4% a los bienes, con picos del 35% en algunos casos. El promedio global está en torno al 8,7%.

Entre 135 naciones con estadísticas actualizadas, la Argentina ocupa el puesto 15 entre los países con tarifas arancelarias más altas, y solo la superan Bután, Irán, Egipto, Argelia, Camerún, Zimbabwe, las Islas Comoros, la India, Bangladesh, Venezuela, Uganda, Corea del Sur y Kenia. Brasil, en tanto, ocupa el puesto 16, con 13,3% de arancel promedio.

Para Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI y especialista en comercio exterior, la alta carga arancelaria de la Argentina «supone varios problemas: un muy caro acceso a tecnología, a bienes de capital calificados, y muy difícil participación en cadenas globales de valor, además de distorsiones con rubros que pagan más del 30%, y otros que no pagan nada».

En efecto, el índice global que exponen la OMC y la Unctad revive el debate que por estas horas se da en el seno del Mercosur, con Brasil y Uruguay pujando por rebajar el Arancel Externo Común (AEC), que ronda el 11,6%. Los gobiernos de Jaír Bolsonaro y Luis Lacalle Pou presionan por una rebaja del 10% en todos los rubros, pero la Cancillería, por orden de Alberto Fernández, propone una baja en el 75% de las posiciones arancelarias, pero sin afectar las barreras proteccionistas sobre industrias sensibles que se verían afectadas por más facilidades para ingresar bienes de consumo.

Según Elizondo, «el 60% del comercio internacional sucede entre países que han bajado la tarifa arancelaria a cero, y hace 30 años, eso solo reflejaba el 5% de las transacciones globales». A su parecer, las tarifas altas ponen un techo al desarrollo de la economía local, ya que «el principal componente de las importaciones se dirige a inversión: son piezas y partes para componer o reparar, y la Argentina, estando entre los peores del ranking, está actuando en contra de la competitividad».

El Cronista pidió una opinión a funcionarios del Gobierno sobre el puesto alcanzado en el ranking. Pero no obtuvo respuesta.

(CRONISTA) Emisiones dólar linked en el radar del Gobierno para reducir la presión cambiaria
Los analistas consultados aseguran que no serviría como medida aislada, pero sí dentro de una batería de decisiones. Fuentes oficiales afirmaron que el Gobierno no descarta la posibilidad de nuevas licitaciones de estos bonos.

En octubre del año pasado, cuando las presiones cambiarias habían llevado las cotizaciones paralelas a récord históricos, el Gobierno apeló a una batería de medidas entre las cuales incluyó la emisión de bonos vinculados al valor del dólar oficial. Estos instrumentos fueron las vedettes del mercado y ayudaron a bajar aquella inestabilidad.

Esta vez la situación es más calma, pero, ante el creciente impulso dolarizador que traen las elecciones, algunos actores de mercado creen que la emisión de dólar linked puede ser utilizada por el Gobierno para bajar la tensión, dentro de otra batería de acciones.

Fuentes oficiales señalaron respecto de los dólar linked: «Es algo que siempre está en evaluación y dentro de los instrumentos con los que se elaboró el programa financiero 2021».
En lo que va de 2021 el Tesoro tan solo emitió bonos vinculados al dólar en mayo, en el marco de una megalicitación que incluyó todo tipo de instrumentos para poder cubrir uno de los principales vencimientos del año.

Un informe reciente de Buenos Aires Valores (BAVSA) destaca que ante las presiones que sufre el ancla cambiaria por el lado de la brecha, el Gobierno tiene un combo de opciones entre las que aparece «la reapertura de emisiones de bonos dollar linked», tomando en cuenta que el TV22 pasó de rendir 4% a principio de mes a rendir -1 por ciento.

«Si las licitaciones vienen débiles y necesitan mejorar el roll over, es posible que tengan que emitir un dólar linked lo más largo posible», destacó Sabrina Corujo, de PPI
No obstante, BAVSA advierte a los inversores: «Si pensamos que Finanzas podría emitir instrumentos dólar linked linked aprovechando su rendimiento negativo en el mercado tanto para el TV22 como para el T2V2, sugerimos prestar atención. Con un TV22 rindiendo -1% y una LECER X18A2 rindiendo 2,7%, el mercado está priceando una devaluación real de 3,7% anualizado hasta fin de abril del 2022, cuando actualmente el tipo de cambio oficial se está devaluando – 2% mensual. Si sigue este ritmo hasta noviembre inclusive, se precisaría una devaluación real del 2,7% mensual promedio entre diciembre y abril para llegar al breakeven».

Un informe de la Consultora 1816 se pregunta qué puede hacer el Gobierno para frenar el contado con liqui y una de las respuestas es: «El antecedente de octubre y noviembre de 2020 es claro: se frenó la corrida con un cóctel que incluyó bajar parking, vender dólar, hacer subastas para no residentes, subir tasas y hacer compromisos fiscales».

El portfolio manager de Toronto Trust, Jorge Viñas, añadió: «La revivida demanda de dólar linked soberanos en las últimas semanas, especialmente para vencimientos 2022, que llevo el rendimiento del TV22 a negativo, indica que hay apetito y el Gobierno tendría margen para emitir. Sin embargo, no necesariamente va a frenarse la presión cambiaria por este motivo».

En ese sentido, Viñas agregó: «La experiencia de 2020 indica que cuando se emitieron los dólar linked el CCL empezó a aflojar, pero conjuntamente se dieron otras señales de mayor racionalidad monetaria y fiscal que, junto con el salto en el precio de la soja, fueron claves y más importantes que la emisión de dólar linked».

En tanto, Nery Persichini, jefe de estrategia de GMA, indicó: «Si bien la introducción de instrumentos dólar linked podría contribuir a canalizar algo de la demanda de cobertura, no sería condición suficiente porque corre el problema desde atrás. Debería haber un compromiso más ortodoxo por el lado del gasto y de la asistencia monetaria y un sendero de relajación de las restricciones».

Persichini acotó: «La postergación del acuerdo con el Fondo podría haber sido un ancla de expectativas que abaratase los costos de las decisiones macro, pero habrá que esperar por lo menos hasta 2022. La tolerancia a mayores desequilibrios es cada vez menor».

Asimismo, la directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI), Sabrina Corujo, indicó: «Un eventual cambio de estrategia del Tesoro debería tener en cuenta no solo con el tipo de instrumentos sino también con la duration. Quizás para extenderse en duration tengan que ofrecer algún atractivo adicional como un dólar linked. Se vienen meses cargados de vencimientos y estamos en plena carrera electoral, por lo que habrá que ver licitación por licitación y cada una de ellas va a ser una prueba para el Tesoro. Tendrán que pensar la estrategia luego de cada subasta».

Además, Corujo sostuvo: «El mercado va a estar evaluando un combo que va a incluir cómo vienen las licitaciones, la brecha cambiaria, la evolución de gastos e ingresos y la política monetaria».

Por último, la analista afirmó: «Si las licitaciones vienen débiles y necesitan mejorar el roll over, es posible que tengan que emitir un dólar linked lo más largo posible».

(CRONISTA) Empresas que cobraron ATP y compraron dólares deberán devolver la ayuda
El organismo fijó el mecanismo para la devolución de la ayuda estatal otorgada durante la pandemia por parte de las empresas que compraron dólares. Otorgará un plan de facilidades.

A través de la Resolución General 5035/2021 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Ingresos Públicos ( AFIP) estableció las condiciones dispuestas para la devolución de la ayuda salarial que recibieron las empresas como parte del programa ATP por haber incumplido algunas de las condiciones para acceder al beneficio, como la compra de dólares o distribución utilidades, entre los más destacados por el organismo.

Con la firma de Mercedes Marcó del Pont, la medida dispuso las condiciones para el reintegro del salario complementario para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que se creó a los efectos de «atenuar el impacto negativo de la disminución de la actividad productiva como consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento» fijadas por la pandemia del coronavirus.

En la normativa se estableció que «el empleador deberá conservar a disposición del Organismo los papeles de trabajo de los que surjan la nómina y los períodos involucrados, así como el cálculo del monto que se reintegra y de los respectivos intereses».

Asimismo se apuntó que «las sumas correspondientes al beneficio de salario complementario, percibidas por los salarios devengados entre los meses de abril y diciembre de 2020, deberá efectuarse dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos computados desde que se efectivice la notificación».

La AFIP fijó que los intereses a aplicar sobre el monto del capital serán calculados desde la fecha en que se hayan acreditado las sumas en las cuentas de los trabajadores, hasta la de la efectiva restitución del importe adeudado.

También se dispuso un régimen de facilidades de pago, aplicable para la restitución voluntaria del beneficio. La financiación contempla un pago a cuenta del 20% de la deuda consolidada y hasta 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a excepción de la primera, que incluirá los intereses financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento. La tasa efectiva mensual será del 2%.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes siguiente al de consolidación, se precisó.

La caducidad del plan de facilidades de pago operará sin que medie intervención alguna por parte de la AFIP, cuando se produzca la falta de cancelación de dos cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento.

(AMBITO) Facundo Moyano propone estatizar por ley la Panamericana y el Acceso Oeste
El diputado presentó un proyecto para crear una empresa estatal para hacerse cargo de arterias con concesiones privadas. Se llamaría Autopistas Metropolitanas SA (AUMET).

El diputado nacional Facundo Moyano presentó un proyecto de ley que apunta a la creación de la empresa estatal Autopistas Metropolitanas SA (AUMET), la cual se haría cargo de las concesiones privadas que actualmente controlan Autopistas del Sol y GCO, ambas del grupo privado español Abertis.

A la luz de la investigación judicial que puso la lupa en las gestiones de renegociación de los contratos de los peajes y control de autopistas por parte de funcionarios de Cambiemos, y a la espera de que concluya una auditoría integral que viene desarrollando el ministerio de Obras Públicas, el legislador oficialista propone que la nueva empresa estatal se haga cargo de los accesos Panamericana y Oeste.

Según detalla el proyecto, el paquete accionaria de la empresa quedaría en un 35% en manos del Ministerio de Transporte, otro 35% para Obras Públicas, 13% para Vialidad, 7% para el gremio de los peajistas (que Facundo Moyano lidera) y el restante 10% para un operador privado designado mediante una licitación pública.

De concretarse la iniciativa, AUMET pasaría a desarrollar actividades equivalentes de mantenimiento y operación de rutas y autopistas a las que desarrolla Corredores Viales SA en la red Cañuelas-Ezeiza-Ricchieri.

La nueva firma estatal también tendrá como facultad la ejecución de obras viales de enlace en los municipios bonaerenses que están atravesados por la Panamericana y el acceso Oeste.

La letra chica del proyecto señala que AUMET tendrá por objeto desarrollar por su cuenta o por terceros «la construcción, mejora, reparación, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación comercial colateral y la prestación de servicios al usuario en las trazas de los accesos Norte y Oeste».

En tanto, se propone un directorio de cinco miembros con tres años de mandato, que podrán ser reelegidos en forma indefinida.

La presidencia quedará siempre en cabeza de uno de los tres representantes oficiales que enviarán Vialidad Nacional y los ministerios de Obras Públicas y Transporte.

(AMBITO) Deuda: el Gobierno paga hoy u$s230 millones al Club de París
Es parte del acuerdo alcanzado para estirar la negociación hasta el 31 de marzo. La próxima semana cancelará otros u$s350 millones al FMI. Las señales al mercado, en plena tensión cambiaria.

El Gobierno le pagará hoy unos u$s231 millones al Club de París. El monto fue acordado el mes pasado para evitar el default de la deuda con este grupo de países acreedores. Este giro forma parte de una serie de compromisos en moneda extranjera con organismos multilaterales y bilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que el Ejecutivo afrontará durante el segundo semestre y de un conjunto de señales lanzadas por el oficialismo en el último tiempo para intentar llevar calma al mercado ante las primeras tensiones cambiarias preelectorales. La próxima semana se cancelarán otros u$s350 millones de intereses al FMI.

El pago de hoy fue acordado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante junio, cuando ya transcurrían los 60 días de gracia para cancelar los u$s2.437 millones que el país le adeuda al Club de París que habían caducado en mayo. El entendimiento, que fue negociado durante las últimas giras europeas de Guzmán y de Alberto Fernández, abrió un puente de tiempo hasta el 31 de marzo para cerrar un nuevo programa con el FMI y renegociar los pasivos con el Club sin que se declare el default.

Hasta entonces, habrá que abonar una segunda cuota de u$s199 millones el 28 de febrero para completar u$s430 millones. El monto de esos pagos intermedios se definió para equilibrarlos con los que se realizarán a otros acreedores bilaterales por fuera del grupo, principalmente a China. Esta fue una de las exigencias de países como Japón para acceder a posponer los u$s2.000 millones restantes. Es que este mismo mes se realizan tres pagos de créditos provenientes del gigante asiático por alrededor de u$s200 millones. En diciembre y enero están previstos giros por otros u$s200 millones a ese país.

El saldo remanente continuaría devengando intereses a una tasa anual del 9%, como plantean los términos del acuerdo de 2014 firmado por el entonces ministro Axel Kicillof para salir del default con el Club de París en el que Argentina había caído en 2002.

Los u$s231,4 millones que se cancelarán hoy irán a las cuentas de instituciones financieras oficiales de los integrantes del Club: Alemania, Japón, Estados Unidos, España, Francia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Israel, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Las que más recibirán serán la alemana Euler Hermes (u$s79,8 millones al tipo de cambio del 31 de mayo), el Japan Bank for International Cooperation (u$s37,7 millones), el Eximbank USA (u$s14,5 millones) y la Swiss Export Risk Insurance (u$s13 millones).

En adelante, el Gobierno buscará reestructurar con este conjunto de países las tasas y los plazos de repago de la deuda remanente. En su primera propuesta enviada al Club de París, Guzmán planteó un esquema de tres años de gracia, la cancelación del compromiso durante los siguientes siete años y una reducción de los intereses desde el actual 9% a un 1% hasta 2023 y un 1,5% entre 2024 y 2031.

Para avanzar en las conversaciones, el Club exige que se defina el nuevo programa con el FMI que el Gobierno negocia para refinanciar los u$s45.000 millones que tomó Mauricio Macri. Tras las últimas reuniones, Economía ve más encaminada la posibilidad de eliminar los sobrecargos que fija el Fondo (lo que permitiría reducir en u$s950 millones los intereses anuales) y de incluir una cláusula que permita a futuro extender los plazos de repago en caso de que se apruebe una nueva línea de crédito más larga que la de Facilidades Extendidas (diez años), como contó Ámbito. Pero continúa el hermetismo sobe las condicionalidades fiscales y monetarias que plantea el Fondo.

Justamente al Fondo el Tesoro le pagará unos u$s350 millones la próxima semana, que corresponden a los intereses del programa stand by de 2018. Así se lo confirmaron fuentes oficiales a este diario. El compromiso está fechado para el 1º de agosto pero al tratarse de un domingo se hará efectivo en los días subsiguientes. Junto a otros vencimientos con multilaterales, el próximo mes el Gobierno deberá desembolsar u$s493 millones, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En julio, también de acuerdo con la OPC, los pagos de deuda en divisas ascienden a u$s777 millones, entre el Club de París, entidades internacionales y el primer pago a los bonistas tras el canje de 2020 que ya se realizó.

Durante todo el segundo semestre los compromisos en moneda extranjera, sin incluir los pagos intra sector público, totalizan unos u$s6.300 millones. Más del 70% corresponden a los vencimientos de capital (en septiembre y diciembre por más de $1.880 millones cada uno) e intereses (en agosto y noviembre por unos u$s350 millones) con el FMI. Un número más que importante en momentos en que el Gabinete económico enfoca sus cañones en contener las tensiones cambiarias.

En ese marco, el oficialismo ya adelantó que al menos el primer pago de capital se cancelaría con parte de los derechos especiales de giro (DEG) que enviará el propio organismo al país en agosto. La distribución del equivalente a u$s650.000 millones de DEG (la moneda del Fondo) entre los países miembro de la entidad se espera que sea aprobada el próximo lunes. A Argentina le corresponderán unos u$s4.350 millones, que podrían ampliarse si el FMI define que los países de ingresos medios puedan ser beneficiarios de un segundo reparto de los DEG que no utilicen los estados ricos.

Cristina Fernández de Kirchner confirmó el sábado pasado que esos recursos no serán usados por el Gobierno para paliar la situación social y la política sanitaria, el destino promovido por el bloque de senadores del Frente de Todos y por el propio Fondo. “El FMI decidió entregarle dólares a los países por los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder porque en 2018, después de que en 2015 tuviéramos un país sin deuda, ahora debemos u$s45.000 millones”, dijo la vicepresidenta.

(INFOBAE) La emisión del Banco Central, a toda velocidad: en julio alcanzó los $180.000 millones
Es la suma que transfirió en el mes al Tesoro en concepto de “utilidades”, que en realidad sólo existen en un asiento contable. En todo el año sumaría unos 1,6 billones de pesos

La máquina de emitir volvió a funcionar a toda velocidad. Luego de algunos meses más tranquilos, en especial en el primer cuatrimestre del año, volvió a acelerarse la creación de dinero por parte del Central con un solo objetivo: financiar el creciente déficit fiscal.

El 22 de julio (último dato oficial disponible) la entidad que preside Miguel Pesce le transfirió al Tesoro $ 50.000 millones. De esta forma, ya suma en el mes un total de $ 180.000 millones, la cifra más alta desde diciembre del año pasado.

El monto enviado a través del mecanismo de “transferencia de utilidades” es más impactante cuando se tiene en cuenta que el mes anterior esas mismas transferencias de pesos habían sido la mitad, es decir $ 90.000 millones. Contando lo de julio, en lo que va de 2021 ya son casi $ 500.000 millones.

La expansión monetaria de este mes revela que el rojo fiscal está aumentando a pasos acelerados, algo que está en línea con lo esperado por el mercado y los consultores económicos. De hecho, el déficit de 0,5% del PBI del primer semestre saltaría a más de 4% en la segunda parte del año.

Semejante expansión de la cantidad de dinero tendrá tarde o temprano un impacto sobre la inflación y el tipo de cambio. Probablemente el Banco Central salga a absorber parte de esa expansión con mas Leliq o pases, pero seguirá aumentando los pasivos de la entidad, que ya están en valores récord
El rojo de las cuentas públicas de estos próximos meses está relacionado con la necesidad de aumentar el gasto para afrontar las elecciones legislativas. Habrá una fuerte suma destinada a obra pública y sobre todo al gasto social, como el bono a jubilados de agosto ($ 5000 por persona), nuevos beneficios para quienes reciben la AUH, además de refuerzos de becas y la tarjeta Alimentar.

Aunque el Gobierno intenta hacer frente a parte de este déficit con colocación de deuda, en realidad el espacio que tiene para hacerlo en el mercado doméstico es relativamente chico.

Según los cálculos del economista Fernando Marul, el déficit primario llegaría en esta segunda parte del año a 1,2 billones de pesos. De ese total, unos $ 300.000 millones provendrán de la emisión de bonos, pero el resto será exclusivamente emisión monetaria, es decir creación de dinero. El total del segundo semestre oscilaría entonces entre $ 900.000 millones y un billón de pesos.

El ritmo de emisión monetaria está en línea con lo que venían pronosticando los principales consultores económicos. En todo el año llegaría a 1,6 billones de pesos, por lo que todavía hay por delante cerca de un billón pagar que el Central le gire al Tesoro
Desde ya que semejante expansión de la cantidad de dinero tendrá tarde o temprano un impacto sobre la inflación y el tipo de cambio. Probablemente el Banco Central salga a absorber parte de esa expansión con mas Leliq o pases, pero seguirá aumentando los pasivos de la entidad, que ya están en valores récord.

Por eso, todas las miradas apuntan a lo que podría suceder luego de las elecciones legislativas de mediados de noviembre. Por un lado, el Banco Central se verá obligado a acelerar la suba del tipo oficial, que ahora está virtualmente planchado y con un incremento mensual de apenas 1,2%. Y del otro lado existe una posibilidad importante que la gran emisión de pesos de estos meses terminará impulsando el tipo de cambio como ha sucedido en otras oportunidades. Salvo, claro, que aumente sensiblemente la demanda de pesos ante una mejora del clima financiero. Sin embargo, es prematuro afirmar que éste será el escenario post electoral ante el elevado nivel de incertidumbre existente.

El año pasado la emisión monetaria llegó a un récord histórico, ante la necesidad del Gobierno de hacer frente a los millonarios gastos de la pandemia. En total fueron 2 billones de pesos que se emitieron a través de adelantos transitorios y transferencia de utilidades contables. Este año la cifra será menor, pero igualmente significativa: 1,6 billones de pesos.

La apuesta oficial es que la reactivación económica aumente justamente la demanda de pesos y por lo tanto esta mayor oferta no signifique un excedente de dinero. En ese caso, el impacto inflacionario y sobre el tipo de cambio sería mucho menor.