LOCAL

(AMBITO) Preocupación empresarial por la decisión de Uruguay de avanzar negociación con China
La industria teme un impacto «muy grave» en la producción nacional, cuyas exportaciones tienen en el Mercosur el mayor destino. Por el contrario, desde el agro ven con «simpatía» un bloque más abierto e «internacionalizado», pero les preocupa que, si los países cierran por separado, se pierde la potencia negociadora del Mercosur.

El sector empresarial ve con preocupación la decisión de Uruguay de avanzar en un acuerdo comercial con China, por fuera del Mercosur. Aunque las inquietudes varían según cada actividad. La industria teme que este “precedente” derive en mayores aperturas, con un impacto “muy grave” en la producción nacional, cuyas exportaciones tienen en el Mercosur el mayor destino. Por el contrario, desde el agro ven con “simpatía” un bloque más abierto e “internacionalizado”, pero les preocupa que, si los países cierran por separado, se pierde la potencia negociadora del Mercosur. La coincidencia radica en fortalecer el bloque.

“La preocupación en el empresariado existe, no tanto por lo que haga Uruguay, sino por el impacto que tenga en el futuro del Mercosur. Si termina afectando la vigencia hace ruido, porque tenés 3000 empresas que exportan a Brasil en el marco del bloque, ahí si genera miedo”, aseguró a Ámbito Marcelo Elizondo, director de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En cuanto a la decisión específica de Uruguay, Elizondo planteó que hay distintas posturas. “El sector industrial tradicional es más partidario del proteccionismo, pero el agroindustrial lo ve con más simpatía. El 70% de las exportaciones del Mercosur son agroindustriales, claramente quieren una mejora en el acceso a mercados externos como el asiático, en donde tienen que pagar aranceles de dos dígitos en un continente que explica el 32% de todas las importaciones mundiales, mientras que Latinoamérica explica solo el 3%”, detalló.

Cuestionamiento
Así, la preocupación del sector agroindustrial no pasa por la decisión específica de Uruguay, la cual avalan, sino por realizarla por fuera del bloque. “Para los organismos internacionales, en el 2030 el Mercosur podría significar el 50% de los commodities mundiales, cualquier país va a tener miedo de negociar con nosotros, por lo que no podemos dejar de abrirnos cuando podemos ser una potencia”, aseguró a Ámbito Gustavo Idígoras, presidente de la cámara argentina de la industria aceitera y miembro del Consejo Agroindustrial.

Para Idígoras, el primer paso es “cerrar las negociaciones actuales” con la Unión Europea, Canadá, Singapur y Corea del Sur, y luego abrir negociaciones con otros “mercados de interés”, como son India, Rusia, Sudáfrica, Marruecos, Centroamérica, y China. “Necesitamos tener una actitud más ofensiva”, enfatizó. Sobre el impacto que esta mayor apertura podría tener, detalló: “Calculamos 40 mil millones de exportaciones incrementales anuales para el sector, de las cuales 15 mil millones serían para Argentina”.

Desde el sector industrial, la postura es bien distinta. La Unión Industrial Argentina (UIA) planteó que el objetivo debería ser “fortalecer” el Mercosur. “Como bloque vamos a funcionar, porque hay potencias hegemónicas que, si no harán prevalecer sus reglas de juego”, aseguró el presidente de UIA, Daniel Funes de Rioja, en un acto de industriales bonaerenses. “Nuestro desafío es unirnos en un modelo competitivo y eficiente, sobran argentinos si no hay industria”, agregó.

Acerca de la decisión de Uruguay de avanzar en acuerdos comerciales con China, desde la asociación de metalúrgicos (Adimra) plantearon que la preocupación pasa por el debilitamiento del Mercosur como bloque, pero también el desvelo es por los posibles bienes que podrían ingresar a Uruguay. “Las exportaciones industriales argentinas tienen como principal destino Brasil, pero en Uruguay también hay muchos rubros, que podrían ser reemplazados por chinos, con otros precios que es difícil de competir. Podría también darse una triangulación de importaciones chinas desde Uruguay y hacia Argentina y el Mercosur”, aseguró a este diario Aldo Costa, coordinador del departamento de negociaciones internacionales de Adimra.

“Si esto sienta un precedente, es muy grave para la industria nacional. Nadie habla de cerrarse al mundo, sino de buscar criterios entre todos los países para abrirse”, concluyó Costa.

La coincidencia entre agro e industria pasa por buscar la negociación conjunta. Con participación activa en los foros empresariales del Mercosur, Idígoras alienta por una estrategia “agresiva” del Mercosur para abrir mercados, “de manera conjunta”. Consultado acerca de las distintas posturas entre el agro y la industria, planteó: “Entendemos quienes no tienen capacidad de competitividad, pero estas negociaciones duran años, se pueden fijar cuotas para productos sensibles, hay herramientas es una alarma innecesaria impedir una negociación”.

(AMBITO) La democracia y la economía, víctimas del choque en cadena de los poderes en Brasil
El Supremo respondió al desafío de Bolsonaro y lo puso al filo de un juicio político. El sistema empuja, ¿pero hay contexto? La bolsa y el real, termómetros de un escenario negativo. Una crisis larga con escala final en las elecciones de 2022.

Como debía esperarse, la crisis institucional de Brasil registró el martes, día de marchas multitudinarias y de amenazas de autogolpe de Jair Bolsonaro, un hito trascendente pero no terminal. Eso es bueno en la medida en que aleja en lo inmediato el peor escenario, aunque conlleva la desventaja de prolongar un statu quo peligroso. A juzgar por los dichos de Luiz Fux, titular del Supremo Tribunal Federal (STF), y por los movimientos de los partidos opositores, los resortes del impeachment comienzan a encogerse para tomar impulso. Sin embargo, no habría condiciones para una destitución veloz, por lo que la coyuntura devendrá en el oxímoron de una crisis permanente, lesiva para la democracia y la economía.

Dicha emergencia no es nueva y se remonta a marzo de 2014, cuando la operación Lava Jato decidió no solo darse a la tarea de combatir la corrupción sino también a la de demoler el sistema político, en especial al Partido de los Trabajadores. Luego vinieron las manifestaciones del “que se vayan todos” de 2014, el acoso y la destitución amañada de Dilma Rousseff en 2016, el encarcelamiento y proscripción de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y, ese mismo año, la elección del ultraderechista Bolsonaro. Desde entonces, con los embates de este, sus guerras privadas, sus fake news, sus provocaciones y su desaprensión frente a la pandemia, más crisis todavía.

El “Donald Trump del trópico” decidió el martes escalar en su reyerta con el Supremo, desatada por las investigaciones de este contra él y su entorno, por la constatación de que Lula da Silva sufrió una persecución político-judicial y por la resistencia a cambiar el sistema electoral a su antojo. Así, envalentonado ante la multitud en Brasilia y San Pablo, sugirió que clausuraría el alto tribunal, afirmó que desconocerá los fallos del juez que más odia –Alexandre de Moraes– e insistió en que si no se modifica el sistema de voto electrónico, Brasil simplemente no tendrá elección presidencial el año que viene. “Les digo a los canallas que nunca iré preso. ¡Solo Dios me saca de Brasilia… muerto o victorioso!”, avisó. No un resultado electoral desagradable, claro.

Quienes juegan su dinero cada día –los que, vale recordar, allanaron en éxtasis el ascenso de Bolsonaro– dieron cuenta el martes del deterioro de las expectativas: la Bolsa de San Pablo se hundió 3,8% y el dólar escaló casi 3%, superando el umbral de los 5,32 reales.

Nubarrones

El pesimismo se justifica. Los camioneros, que apoyan a Bolsonaro, seguían bloqueando el martes con decenas de vehículos el accesos al Supremo, mientras el titular del alto tribunal ponía al jefe de Estado al borde de la ilegalidad. Saliendo en defensa de De Moraes, Luiz Fux señaló en un esperado pronunciamiento que “si el desprecio a las decisiones judiciales ocurre por iniciativa del jefe de cualquiera de los poderes, esa actitud, además de representar un atentado contra la democracia, configura un crimen de responsabilidad que debería ser analizado por el Congreso Nacional”. Clarito: el crimen de responsabilidad es lo que gatilla la apertura de un proceso de impeachment.

Los pedidos de juicio político deben ser habilitados o bloqueados in limine por el presidente de la Cámara de Diputados. El oficialista Arthur Lima este martes evitó pronunciarse al respecto, cuando ya se acumulan más de 120 presentaciones sobre su escritorio. El hombre, referente del centrão –una constelación de partidos conservadores que solo tienen como amigos al poder y las prebendas–, se acercó al presidente recientemente, ya en su hora de debilidad, por lo que nadie se descarta que se esté reservando la chance de saltar del barco en el momento justo.

Mal negocio

Mientras la espuma de la crisis política sube, la economía –que en el segundo trimestre alarmó con una retracción no esperada, lo que augura que el rebote pospandemia no iría en el año mucho más allá de un mediocre 5%– sufrirá más y más. Encima, el presidente del Senado, el conservador Rodrigo Pacheco, congeló el tratamiento de la agenda del Gobierno, lo que deja en suspenso la ampliación de programas sociales clave para el proyecto “Bolsonaro 2022”.

El rechazo al presidente extremista crece y, con ello, la amenaza de un juicio político. Sin embargo, los gobiernos no caen por sus fechorías sino por anemia. En ese sentido, las multitudes que respaldaron a Bolsonaro en las calles hacen improbable una remoción.

Lo que queda, entonces, es puro impasse y tensión, pero con una fecha límite: octubre de 2022, cuando se realice la primera vuelta presidencial. Si para entonces el sistema institucional resiste los embates oficialistas en pos de una reforma electoral y si el jefe de Estado sigue rezagado frente a su enemigo Lula da Silva, llegará la hora de la verdad.

¿Jugará entonces Bolsonaro a todo o nada y precipitará una ruptura? ¿O se bajará de su candidatura para evitar la derrota? Y, acaso, ¿insistirá Lula en la suya o le pagará al establishment el peaje de su reivindicación histórica cediéndole su sitio a otro dirigente ante el altar de la unidad nacional?

Las preguntas sobran y las respuestas escasean. Mientras, lo seguro es que la democracia y la economía crujirán en Brasil.

(AMBITO) Ultimátum del Gobierno a las automotrices: «Sean sustentables»
El secretario de Industria, Ariel Schale, emplazó a terminales para radiquen planta de pintura.

Con una inusitada dureza, el Gobierno le dio un ultimátum a las automotrices para que se encuadren en el modelo industrial que impulsa la actual gestión, en medio de la tensión que existe en el sector por la falta de divisas.

“Las empresas que no sean sustentables no tienen lugar en la Argentina”, dijo el secretario de Industria, Ariel Schale, en una reunión que mantuvo con representantes de todos los sectores de esta industria como fabricantes, autopartistas, concesionarias y gremios.

El encuentro se realizó el viernes pasado, en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, para analizar el avance del proceso de integración de piezas nacionales. Por el lado privado-gremial, había directivos de ADEFA, AFAC, ACARA, más el secretario adjunto del SMATA, Mario Manrique, y el titular de la UOM, Antonio Caló.

El Gobierno viene impulsando la necesidad de incrementar la participación de autopartes nacionales en el proceso productivo para poder sustituir importaciones de insumos, foco del déficit comercial que tiene el sector.

El contexto no es el mejor ya que el problema principal es la salida del país, en los últimos años, de gran cantidad de empresas proveedoras por distintos motivos, desde la presión impositiva, falta de previsibilidad, rigidez laboral, altos costos y baja escala.

Este fue el otro punto en el que el funcionario mostró una posición de sorpresiva firmeza, en base a la relación venía manteniendo con las empresas.

Concretamente, emplazó a las terminales para que presenten, antes del inicio del 2022, algún proyecto para la radicación de una planta de pinturas para dejar de importar ese producto imprescindible en el proceso de fabricación de vehículos

“Si no desarrollan una fábrica nacional de pintura, hablen con las concesionarias porque, desde el año que viene, van a tener que vender autos color chapa” dijo a este diario que habría dicho el funcionario.

A partir del año pasado, se fueron los dos fabricantes de pintura que había en el país. La estadounidense Axalta Coating Systems cerró en 2020 su planta en la localidad de escobar y la alemana BASF mudó este año se producción de pinturas a Brasil.

No cayó bien en las empresas la diatriba oficial, teniendo en cuenta que el sector está incrementando la producción, dentro de un contexto económico y sanitario desfavorable. “En el Gobierno creen que es un problema de voluntarismo de nosotros que vengan un autopartistas a invertir y radicarse” señalaron desde una automotriz.

La situación es delicada por el éxodo de proveedores que hubo en los últimos tiempos y el mensaje de Schale va en línea con el comentario que, desde el Ministerio, hicieron trascender, el año pasado, cuando las noticias de salidas de empresas del país saltaron a los medios: “Si creen que se van a ir a Brasil y, desde allí, seguir abasteciendo a la Argentina, están equivocados”.

Si bien la balanza comercial en el segmento de autos genera superávit, el rojo del sector viene dado por las autopartes. Un 0 km nacional tiene, en promedio, 70% de piezas importadas por lo que, al aumentar, la producción, se necesitan más dólares para importar insumos.

El Gobierno otorgó un cupo anual de divisas para cada empresa para importar autopartes y vehículos, pero la mayor producción y demanda interna hace que sea insuficiente. También se complica para cumplir con las exportaciones.

Si bien el funcionario habló en general, no todas las terminales están en la misma situación, por lo que las duras palabras fueron destinadas a determinadas empresas que entendieron el mensaje.

Otras están tratando de aumentar la producción pero se encuentran con el problema de que los proveedores locales, especialmente pymes, no están en condiciones de abastecer la mayor demanda porque requieren de inversiones e incorporación de personal que, en un país de tanta inestabilidad, no son decisiones fáciles de tomar.

También enfrentan el problema de que los operarios rechazan hacer horas extras por la quita que les provoca el Impuesto a las Ganancias. A esto se suma que los sindicatos están presionando para que las automotrices tomen más personal, algo que también es resistido por los motivos mencionados. Incluso, por la dificultad de conseguir trabajadores aptos para las funciones que tendrían que asumir, tal como reveló el presidente de Toyota.

(AMBITO) Juntos por el Cambio presentó un proyecto para eliminar las indemnizaciones y reemplazarlas por un seguro
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció a favor de la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros, como utiliza el gremio de la construcción. Ocurrió luego de que legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto en ese sentido.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció a favor de la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros, como utiliza el gremio de la construcción. Ocurrió luego de que legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto en ese sentido.

«Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro», dijo el alcalde porteño anoche en declaraciones al programa Intratables de América TV, del que participó junto a la primera precandidata a diputada nacional por CABA y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

En ese marco, Rodríguez Larreta señaló: «Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste. No dijo que hay que sacarlo de un día para el otro»,

«Hay que ir yendo a un sistema como por ejemplo el de la construcción en la Argentina, donde hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización», dijo y agregó que «incluso para el trabajador termina siendo mejor».

«Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar como podemos generalizarlo a otros sectores. No es el sistema de Suecia o Dinamarca, es de acá, de la industria de la construcción, ya esta probado, Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro», concluyó el jefe de Gobierno porteño.

El proyecto de Juntos por el Cambio propone:
Artículo 1 ° .- Creación. Créase el Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) como institución indemnizatoria del trabajo en el marco de la nómina salarial a los efectos de garantizar la indemnización de los trabajadores ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades.
Artículo 2 ° .- Objeto. El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer e instituir el Seguro de Garantía de Indemnización (SIG) como instrumento y fondo de capitalización que permita indemnizar con remuneraciones mensuales a los trabajadores en relación de dependencia ante eventuales despidos o cese de actividades acorde la cantidad de años de aportes al mismo por parte de los trabajadores en equivalencia con sus años de antigüedad.
Artículo 3 ° .- Constitución. El Seguro de Garantía de Indemnización estará constituido en base a los conceptos patronales incluidos en la nómina salarial y los aportes vigentes por parte de cada trabajador sin poder para ello añadir ni incrementar conceptos ni puntos a los ya vigentes.
Artículo 4 ° .- Los aportes referidos al Seguro de Garantía de Indemnización que serán destinados a un fideicomiso administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social y las autoridades de aplicación que designe el Poder Ejecutivo Nacional acorde al artículo 20 de la presente ley. El dinero depositado en dicho fondo se ajustará por inflación y solo estará a disposición del trabajador en caso de cese laboral acorde a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 5 ° .- Remuneración. Ante caso de renuncia o cese de actividades, jubilación o retiro o despido, fuese este último con o sin causa justa, el empleado percibirá una remuneración del Seguro de Garantía de Indemnización mensual equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo.
Artículo 6 ° .- Límite de remuneración. Las cuotas mensuales equivalentes al Seguro de Garantía de Indemnización previstas en el artículo anterior cesarán cuando éstas superen los meses que correspondan a los años trabajados.
Artículo 7° .- Despido. En cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización. El trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a su Seguro de Garantía de Indemnización a partir del segundo mes transcurrido su despido efectivo.
Artículo 8 ° .- Renuncia. En caso de renuncia del trabajador, la primera cuota del Seguro de Garantía de Indemnización no podrá ser percibida hasta pasados los primeros treinta y un (31) días de la misma.
Artículo 9 ° .- Garantía. El Estado actuará como garante del cobro del Seguro de Garantía de Indemnización. La Administración Pública Nacional no puede integrar prima de riesgo en forma alguna.
Artículo 10.- Continuidad laboral activa. No se cobrará el de Seguro de Garantía de Indemnización en caso de cambios de una actividad laboral o empleador por otro.
Artículo 11.- Antigüedad. El aporte al Seguro de Garantía de Indemnización por parte del trabajador es acumulable y continuo aún en caso de caso de cambio de trabajo, empleador, función o actividad laboral o traslado. Los cambios de empleo, empleador, destino o dependencia laboral no configurarán pérdida de activos en término de antigüedad por parte de lo computado en el Seguro de Garantía de Indemnización de cada trabajador.
Artículo 12.- Alcance. El Seguro de Garantía de Indemnización será obligatorio para todos los trabajadores del sector privado, Administración Pública Nacional y sociedades del Estado.
Artículo 13.- Retiros y jubilaciones. El Seguro de Garantía de Indemnización será aplicable y acumulable ante retiros y jubilaciones, constituyendo el mismo un suplemento sobre los haberes de estos en base a la reglamentación de la presente ley.
Artículo 14.- El porcentaje del costo para el empleador será determinado por la reglamentación de la presente ley acorde a la rotación de personal histórica de la empresa, y a un porcentaje fijo, en caso de tratarse del sector privado.
Artículo 15.- Fórmula. La fórmula utilizada para el costo del Seguro de Garantía de Indemnización deberá ser calculada en base a: 1 + (8.33/n) donde n representa la antigüedad promedio de los empleados de la empresa que realiza los aportes. El monto del seguro por parte del empleador es del 1%, más el 8.33% dividido en la antigüedad promedio de los empleados. El costo para el empleador tendrá un piso mínimo del 2% los aportes y un máximo del 8.33%.
Artículo 16.- El Seguro de Garantía de Indemnización formará parte del acervo sucesorio.
Artículo 17 .- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo Nacional designará la autoridad de aplicación de la presente ley en coordinación y articulación con la administración de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Banco Central de la República Argentina y sus entidades de control correspondientes.

(AMBITO) Entusiasmo oficial por la recaudación 2021: 10 puntos por encima de la inflación
La evolución de la recaudación impositiva muestra un acumulado a agosto de unos $6.795.034,7 millones, lo que implica una variación interanual de 67,4%. Si se tiene en cuenta que la inflación interanual acumulada al octavo mes del año (el dato se conocerá la semana próxima) ronda el 50% (un nivel muy alto), la diferencia a favor de AFIP sería de diez puntos porcentuales.

El Gobierno se entusiasma por la evolución de una variable clave para medir la marcha de la economía, y su influencia directa en las perspectivas de mediano plazo. O al menos para cerrar el 2021. La evolución de la recaudación impositiva muestra un acumulado a agosto de unos $6.795.034,7 millones, lo que implica una variación interanual de 67,4%. Si se tiene en cuenta que la inflación interanual acumulada al octavo mes del año (el dato se conocerá la semana próxima) ronda el 50% (un nivel muy alto), la diferencia entre los ingresos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el alza general y estructural de los precios muestra una diferencia a favor del organismo recaudador por más de 10 puntos porcentuales; distancia que se mantendría hasta fin de año.

Más allá de que se computan los ingresos por unos $233.000 millones extras por el aporte a las grandes fortunas, la diferencia se sostiene desde marzo pasado, apuntalada ahora por el ingreso de tributos vinculados al consumo y la actividad económica y financiera. Según los datos de agosto, el incremento interanual llegó a 64% con el dato que la comparación ya se hace contra un mes donde las restricciones económicas del 2020 ya habían comenzado a descongelarse. El organismo que maneja Mercedes Marcó del Pont marca también que los resultados del mes pasado ya se ubican por arriba de los del 2019;,apuntalados también por el consumo.

El mes pasado, el incremento de la recaudación fue motorizado por Combustibles (+84,3%), IVA (+75,9%), Impuestos Internos (+55,5%) y el Impuesto a los Créditos y Débitos (+66,0%). En promedio el alza de estos tributos ronda el 74%, superando largamente el 50% de inflación acumulada. También fue bueno en agosto el aporte de las retenciones a las exportaciones, con un incremento de 131,9%.

El entusiasmo oficial ante estos datos es que la variable consumo está ahora apuntalando la recaudación, lo que podría continuar favoreciendo el nivel de ingresos en lo que resta del 2021, sosteniendo la diferencia de 10 puntos porcentuales por encima del alza de los precios. Si esto sucediera, para fin del ejercicio la recaudación final real se ubicaría en un nivel superavitario, incluso pese a la fallida medición oficial de 29% de inflación para todo el 2021 que figura en el Presupuesto.

Relevancia
La importancia del dato es doble. En primer lugar, implica, tal como adelantó este diario, que el déficit fiscal programado para el 2021 de un desequilibrio primario de 4,5%, no sólo no se superará sino que podría ubicarse en un nivel menor de 4%. Esto pese al incremento electoral en el nivel de gasto que se proyecta para el trimestre septiembre-noviembre. Aún computando una aceleración de las partidas de gasto, podría llegarse al penúltimo mes del año dentro de la barrera del 3% sobre el PBI, para luego dejar espacio a un diciembre donde siempre el nivel de ejecuciones fiscales se acelera. La meta final será la de no llegar a ese 4% y mostrar una plataforma más controlada para el 2022. El otro lado que aporta la mejora en la recaudación, es que puede pensarse un próximo ejercicio sin alza de impuestos, dejando de lado dos sospechas que rondan los mercados en estos tiempos. En la mente del Ejecutivo no está presupuestado ni un revival del aporte a las grandes fortunas ni un incremento en la presión tributaria a las grandes empresas. SI finalmente hay algún tipo de planteo de reforma tributaria, quedará para el 2022 con ejecución real en el 2023.

Finalmente, la mejora de la recaudación sobre la inflación es una tranquilidad para Martín Guzmán y sus negociadores ante el FMI. Se sabe que una de las variables que mirará de lleno el organismo financiero será que los ingresos fiscales sobre los que se deberá calcular una reducción del déficit sean reales y mejores al alza de la inflación. Y que en la proyección para el lustro 2022-2026 tenga términos no ficticios en el momento de calcular ingresos serios sobre los que se apoyarán el resto de las variables.

(AMBITO) Última prueba frente al mercado antes de las PASO: el Gobierno busca cubrir casi $85.000 millones con dos bonos atados al dólar
En agosto el Ministerio de Economía tuvo un traspié para financiar los vencimientos en pesos del mes. Todavía tiene en el horizonte compromisos por 1,5 billones hasta fin de año

Tras una nueva suba del dólar que dejó a la moneda norteamericana que se negocia en el mercado paralelo en su valor más alto del año a cuatro días de las elecciones primarias, el Gobierno afrontará este jueves su última prueba de fuego ante el mercado antes de las PASO: buscará conseguir los pesos suficientes para cubrir unos $85.000 millones de vencimientos.

La colocación de deuda en moneda local que tendrá lugar este jueves será la última antes del turno eleccionario y se dará después de que las tres operaciones de agosto dieran como resultado el peor número de financiamiento neto -es decir, descontando los vencimientos- que tuvo el Tesoro en los últimos 14 meses.

El Gobierno afrontará este jueves su última prueba de fuego ante el mercado antes de las PASO: buscará conseguir los pesos suficientes para cubrir unos $85.000 millones de vencimientos

Para el mercado, el Gobierno necesitará en lo sucesivo reajustar su estrategia para salir a captar los pesos del mercado de capitales local a través de tasas de interés más atractivas o plazos más cortos, ya que en momentos de incertidumbre, por ejemplo ante la llegada de elecciones, los inversores se alejan de los títulos más largos y se refugian en las duraciones más cercanas.

Este jueves la secretaría de Finanzas pondrá sobre la mesa un menú de bonos diverso que buscará además pasar el mensaje al mercado de que no se viene una devaluación. Para eso ofrecerá títulos atados a la cotización del dólar, los llamados bonos dollar linked. Los inversores los compran y los cobran en pesos, pero el rendimiento dependerá del movimiento del tipo de cambio.

Por definición, los bonos dollar linked son un instrumento de cobertura ante movimientos del tipo de cambio, pero que no implican para el inversor pasarse a moneda extranjera, ya que tanto la compra del título público como su cobro se realiza siempre en pesos. Por eso, la lectura del sector privado es que cuando el Tesoro quiere bajar la línea de que el dólar no saltará de acá a fin de año sale a licitar este tipo de bonos.

En las habituales licitaciones que realiza periódicamente, el Ministerio de Economía ofrece un menú de títulos de deuda con tasa fija, con interés variable como aquellas que están atadas a la tasa de pases del Banco Central, los que dependen del índice CER que sigue a la inflación.

La Secretaría de Finanzas pondrá sobre la mesa un menú de bonos diverso que buscará además pasar el mensaje al mercado de que no se viene una devaluación. Para eso ofrecerá títulos atados a la cotización del dólar, los llamados bonos dollar linked.
Entre las 10 y las 15 de este jueves los inversores podrán elegir alguno de los tres títulos en pesos: una Ledes con vencimiento el 31 de marzo próximo -por $15.000 millones- o dos Lecer, con fecha de finalización 18 de abril o 29 de junio de 2022, por $25.000 millones cada uno. Luego habrá dos dollar linked: uno hasta noviembre de 2022 por USD 75 millones y otro abril de 2023 por USD 150 millones.

Las tres primeras opciones estarán incluidas en el programa de Creadores de Mercado, el sistema que implementó el Ministerio de Economía para reforzar la participación de inversores institucionales en las licitaciones de deuda pública y, una vez colocados esos bonos, que tengan mayor liquidez. De esta forma, sobre esos $65.000 millones en cuestión Finanzas podría, eventualmente, establecer una “segunda vuelta” de licitación que sería exclusiva para los miembros de ese programa.

Agosto terminó con un sabor agridulce para el Gobierno. Por primera vez en 14 meses no pudo concluir con financiamiento neto positivo, por lo que requirió una mayor asistencia del Banco Central para cubrir su gasto. En lo que va del año el Tesoro consiguió del mercado de capitales local cerca de $390.000 millones para financiar el déficit, menos del 40% que se había planteado en el Presupuesto. El restante 60% debería provenir desde la autoridad monetaria.

La primera parada de septiembre implicará afrontar un vencimiento de cerca de $85.000 millones que corresponden a una Lecer, es decir uno de los títulos públicos atados a la inflación. El panorama general del mes muestra que las obligaciones de pago suman $440.000 millones, pero que de ese total hay que descontar $157.000 millones de un bono TS21 en manos del Banco Nación que será renovado en su totalidad.

La primera parada de septiembre implicará afrontar un vencimiento de cerca de $85.000 millones que corresponden a una Lecer, es decir uno de los títulos públicos atados a la inflación.
Septiembre no representará, afirman desde el mercado, el mes más exigente en la hoja de ruta de lo que queda de 2021 para la Secretaría de Finanzas. Al observar el panorama más amplio, el Gobierno ve que en los próximos cuatro meses entre septiembre y diciembre la hoja de ruta financiera todavía le exige cubrir vencimientos por 1,5 billones de pesos. Todo lo que no salga de los fondos que consiga en el mercado local deberán llegar a través de la asistencia del Banco Central.

En los próximos días, además, el mercado contará con otro dato central de la estrategia financiera del Gobierno. El miércoles próximo el Ministerio de Economía presentará el Presupuesto 2022 que indicará, entre otras cosas, cuál será el déficit esperado por el Poder Ejecutivo para el año próximo y además en qué proporción deberán financiarlo los inversores locales y el BCRA.

(INFOBAE) El blanqueo para la construcción quedó a mitad de camino: por qué el Congreso no trata la prórroga
La ley fue promulgada en marzo pasado, pero luego la reglamentación demoró y se consumió parte del plazo de vigencia de la norma. El Ejecutivo envió un nuevo proyecto para prorrogar el período, que espera en el Parlamento ser tratado desde hace meses

La Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que impulsó un blanqueo de capitales destinado a dinamizar la actividad, fue sancionada en marzo de este año. Pero las demoras en su reglamentación afectaron los plazos de vigencia de la norma, lo que llevó a que fuera escaso su éxito y a que el Ejecutivo tuviera que enviar otra iniciativa al Parlamento con una extensión del período de adhesión. Sin embargo, pasaron ya varios meses y la nueva iniciativa, que ya tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados, sigue cajoneada a la espera de ser tratada en el recinto.

La norma contemplaba varios plazos para que los inversores ingresen al blanqueo, pero los más atractivos eran los primeros 60 días, que tenía un costo del 5% del total exteriorizado. Luego, había un mes más con el 10% y el último, hasta el 9 de julio, con el 20%. Pero de los primeros 60 días, sólo hubo 5 viables para que los interesados se sumen, ya que la reglamentación demoró demasiado tiempo y se consumió gran parte de ese tiempo.

Según pudo saber Infobae, al 6 de julio (casi al cierre) hubo 704 presentaciones al blanqueo, de las cuales 650 se realizaron al 5% y otras 54, al 10%, por un total de $19.943 millones, que al tipo de cambio paralelo son poco más de USD 100 millones.

Desde el sector de la construcción y los desarrolladores inmobiliarios vienen insistiendo, mediante gestiones ante los legisladores, en la aprobación del proyecto con los nuevos plazos, ya que el blanqueo finalizó en julio, con escasa exteriorización, y quedó a mitad de camino. Pero por ahora son puras promesas y el foco hoy está puesto en los comicios del domingo. Incluso, hay quienes sostienen que no es momento de relanzar una iniciativa de estas características porque los inversores suelen mantener la cautela en períodos electorales.

“Somos los únicos empujando todo esto. Creo que es una cuestión de seguridad jurídica. Los que tienen fondos para exteriorizar lo quieren hacer; así quedó demostrado durante los únicos 5 días que tuvieron con el costo del 5%. Además, se puede decidir en qué invertir ese dinero hasta fines de 2022, según la Ley”, remarcó a este medio el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech.

Por otra parte, y a diferencia del primer período de vigencia, hoy el inversor tiene la posibilidad de elegir en qué proyecto utilizar el dinero exteriorizado, ya que desde junio la AFIP tiene habilitado el sistema para que los desarrolladores puedan inscribirlos. “Si se abre de nuevo la oportunidad de exteriorización, ya los vendedores pueden ir a buscar a esos compradores. Mucha gente no exteriorizó porque había solo 5 días, había restricciones por la pandemia y, por otro lado, no sabían a qué proyecto aplicarlo”, explicó el directivo.

Por su parte, el titular de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, sostuvo que “dinero no declarado en la Argentina hay mucho y los blanqueos siempre suman”, pero puso en duda sobre si el actual es el mejor momento para relanzarlo -a pesar de que fue, junto con los directivos de Camarco, uno de los impulsores- debido a que “las decisiones inmobiliarias siempre se enfrían antes de las elecciones y durante el verano”.

De todos modos, señaló que hoy hay oportunidades y que la apuesta es entrar cuando todavía se arrastran precios de la incertidumbre. “Hoy si uno quisiera comprar un terreno y pagarlo en efectivo, encontrás buenas ofertas”, aseguró, en alusión a la brecha cambiaria.

Créditos hipotecarios: otro “cajoneo”

La otra iniciativa que quedó cajoneada en el Congreso fue la que crea un sistema de cobertura y promueve el crédito hipotecario, también enviada en octubre del año pasado por el Ejecutivo al Parlamento y aún no fue tratada.

Según especuló Tabakman, “al ser un tema tan sensible, si se aprobará este proyecto, se generaría una expectativa en la gente respecto de poder sacar un buen préstamo hipotecario al día siguiente, y la verdad es que eso no es probable que suceda por la alta inflación que todavía hay en la Argentina”, a pesar de que la propuesta es que los créditos sean indexados por la variación salarial (CVS).

Por otra parte, se crea un fondo compensador -con fuentes de financiamiento diversas- que le garanticen a la entidad financiera que si la inflación se dispara y sube más que la variación salarial y de la cuota, ese fondo le compensará la diferencia.

“La ley hay que aprobarla. El día que vuelvan los créditos hipotecarios, tienen que estar indexados por salarios. Pero al día siguiente, ¿hay un boom de créditos hipotecarios? Eso, mientras la inflación sea alta, lo veo difícil”, sostuvo el titular del CEDU. A lo que el presidente de Camarco sumó: “Si hubiera que esperar a que la macroeconomía sea la ideal para tener crédito hipotecario, no necesitaríamos una ley de este tipo. La realidad es que justamente este proyecto viene a generar una herramienta para atacar los problemas que hoy surgen a la hora de pensar en este tipo de préstamos”.

(INFOBAE) La Mesa de Enlace se reúne hoy en Rosario para tratar la propuesta de la Rural de judicializar el cepo a la exportación de carne
Los dirigentes se reúnen en Rosario para debatir la presentación de un recurso de amparo contra la medida del Gobierno. También se analizará el plan de lucha para después de las PASO

En momentos de alta tensión entre el Gobierno y el campo por las restricciones a la exportación de carne vacuna, las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace analizarán hoy en profundidad la propuesta de una de ellas, al Sociedad Rural, de ir a la Justicia para frenar el alcance de las medidas que fueron extendidas hasta el próximo 31 de octubre. El tema estará al tope de la agenda que se debatirá en un encuentro de los presidentes de las cuatro entidades que se realizará en Rosario, en la sede de la Federación Agraria Argentina, además de la continuidad del plan de lucha que se lanzó la semana pasada y que se profundizará tras las elecciones primarias.

La propuesta de la Rural de judicializar la restricción a las exportaciones de carne vacuna se basa en la presentación de un recurso de amparo para plantear que la medida oficial constituye una violación de los derechos constitucionales. Además, la estrategia persigue la obtención de una rápida respuesta judicial para evitar que se generen perjuicios irreparables en todo el sector.

En la Rural señalan que la prohibición de exportar carne vacuna “es considerada inconstitucional por irrazonable, entre otros motivos, porque genera un desincentivo a la producción de carne vacuna y produce la pérdida de numerosos puestos de trabajo”. Además aseguran que se deberían haber contemplado medidas más efectivas para aumentar la cantidad de toneladas producidas, y no llegar al extremo de frenar los embarques al exterior.

El resto de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, apoyadas en sus asesores legales, evalúan si prestan su apoyo o no a la iniciativa de la SRA. También hay una ronda de contactos con otras entidades de la cadena de ganados y carnes, en el mismo sentido. Los dirigentes consideran que la presentación judicial, en el caso que se realice, debe contar con un amplio acompañamiento de aquellos sectores que se vieron afectados por la decisión del Gobierno.

Al mismo tiempo, los principales dirigentes del campo argentino avanzarán hoy en su encuentro en la sede rosarina de la Federación Agraria en otro punto clave: los alcances que tendrá el plan de lucha que se lanzó la semana pasada en la Sociedad Rural de Santa Fe. Una vez transcurridas las PASO, no se descarta que el accionar gremial termine en un cese de comercialización, no solamente de hacienda sino también de otras producciones, como los granos.

Reuniones y críticas

Además, hace poco más de un mes, hubo una reunión de toda la cadena cárnica en el predio de la Rural, en el barrio de Palermo, donde se logró cerrar el encuentro con un documento que llevó por título “Perdimos todos”, tanto la producción, como la industria frigorífica, los trabajadores y los consumidores, quienes con un menor poder adquisitivo hoy enfrentan numerosos problemas para acceder a los cortes vacunos a precios populares. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, celebraron el éxito del cepo a la exportación que permitió una baja de los precios en el últimos mes del 1,4%, según los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Desde la dirigencia del campo salieron a cuestionar dichas expresiones. Los integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) publicaron un comunicado en el cual señalaron: “La carne no estabilizó su precio en mostrador por el desacierto de una medida demagógica, anacrónica, y de sesgo antiproductivo; el precio de la carne históricamente demuestra una estacionalidad que se repite todos los años de condiciones normales en esta época, como resultado de la interacción entre la dinámica del mercado de demanda interno y la producción”.

(BAE) Depósitos de largo plazo tocan su punto más bajo del siglo
El BCRA logró mantener una suba del dólar en 1,1% mensual y la inflación desaceleró por debajo del 3%, según la expectativa del mercado. Eso permitió que la tasa de los plazos fijos se volviera positiva y las colocaciones crecieron durante agosto. Sin embargo, mirando su composición, se observa que la participación de las de largo plazo está en mínimos históricos

Los plazos fijos reaccionaron y crecieron en agosto frente a la menor suba del precio del dólar que viene convalidando el BCRA, en torno a 1,1% mensual, y a la marginal desaceleración inflacionaria. Sin embargo, en el mismo mes se batió un récord histórico para los últimos veinte años: fue el agosto con menor participación de los depósitos a plazos relativamente largos. La incertidumbre macro funciona como un desincentivo y genera que los bancos tengan menos fondos para brindar préstamos productivos.

Y es que la certeza de un dólar calmo es hasta fines de año y, luego, la cuestión dependerá de un arreglo con el FMI para patear hacia adelante los abultados vencimientos del 2022. En agosto, los plazos fijos a más de 60 días perdieron lugar sobre el total de las colocaciones y representaron apenas el 19,8%. Para colmo, aquellos que son a más de 180 días ocuparon solo el 2,3%, dato que no se veía desde agosto del 2003. Y los de más de 366 días fueron el 0,1% y también fueron récord negativo para lo que va del siglo XXI.

El BCRA publicó esta semana los datos de la variación positiva de los plazos fijos, que acumularon dos meses en alza, de la mano de una inflación que se proyecta en 2,8% para agosto y un crawling peg en 1,1%. La suba del stock de los plazos fijos fue de 0,8% real mensual desestacionalizada. La tasa de los minoristas fue de alrededor de 3% mensual, por lo que ya se puede empezar a pensar en una tasa real positiva. Leve, pero positiva. Los mayoristas, en cambio, ofrecen una tasa en torno al 2,8%, que empata con el IPC del Indec. Y, paradójicamente, los que traccionaron en agosto fueron los mayoristas de más de $20 millones.

Desde la autoridad monetaria señalaron: “El impulso provino fundamentalmente de las colocaciones del segmento mayorista, que desde mediados de julio presentaron una tendencia creciente. Así, este tipo de colocaciones contribuyeron positivamente a la expansión del mes, revirtiendo el comportamiento observado entre mayo y julio”.

Y agregaron: “A nivel de depositantes, los dos principales actores del segmento mayorista, las Prestadoras de Servicios Financieros (PSF) y las empresas, incrementaron sus tenencias a lo largo del mes. En el caso de las colocaciones de PSF, su crecimiento estuvo vinculado al incremento del patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión de Money Market (FCI-MM). El dinamismo que presentaron estos fondos también se reflejó en un marcado aumento de los depósitos a la vista remunerados. Por su parte, las empresas también colocaron parte de sus excedentes en inversiones a plazo fijo, pasado el período de mayores gastos salariales y de pago de impuestos”.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en cambio, puso la lupa en los datos desagregados según duración de los depósitos. Ahí se observa una caída fuerte de los de largo plazo, que tocaron piso histórico durante agosto. La dinámica cortoplacista tiene tradición en el siglo XXI pero es mucho más fuerte en los últimos años, luego de las megadevaluaciones de 2018 y 2019. Y el clima electoral del 2021, con incertidumbres cambiarias en el horizonte de mediano plazo, no permitió cambiar la tendencia.

Es algo similar a lo que se observó en las colocaciones recientes del Tesoro que, cuando a principios de agosto intentó alargar plazos de sus deuda, obtuvo el rechazo del mercado y el mes terminó con el primer financiamiento neto negativo del 2021.

Desde Iaraf señalaron: “En agosto los plazos fijos del sector privado en pesos crecieron en términos nominales un 53,0% interanual (considerando promedio mensual). Mientras las colocaciones de hasta 59 días crecieron un 55,9%, las de 60 días o más lo hicieron un 42,5%. Los depósitos a mayores plazos son esenciales para financiar la inversión productiva en una economía. En agosto de 2021 solo el 19,8% de los plazos fijos privados en pesos fueron colocaciones a 60 días o más

Y agregaron: “El principal desincentivo a las colocaciones de más largo plazo es la inestabilidad macroeconómica. Resulta vital estabilizar la economía y generar las condiciones que permitan previsibilidad. Esta es una condición necesaria para que los depósitos puedan empezar a estirar sus plazos y de esa forma los bancos dispongan de capacidad prestable de largo plazo para financiar inversión productiva. La historia de los últimos 22 años refleja claramente la pérdida de capacidad prestable genuina para fondear inversiones que requieren un período de recuperación de plazo largo”.

(BAE) Alberto aseguró que «estamos cerca» de lograr un acuerdo con el FMI
En un contexto preelectoral, Argentina está cada vez más «cerca» de renegociar la deuda tomada en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, según precisó el presidente. Guzmán busca un «Acuerdo de Facilidades Extendidas» que tiene un plazo máximo de diez años

El presidente Alberto Fernández indicó que «estamos cerca» de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), en referencia a la renegociación de la deuda de aproximadamente 45 millones de dólares que mantiene el país con el organismo.

Hace unos días, Fernández había afirmado que como mandatario no iba a firmar «algo que dañe a los argentinos», en diálogo con Radio 10, en donde señaló que no había un límite de tiempo para efectuar el acuerdo. Esta vez, aseguró a La Nación que el país está «cerca» de llegar a un convenio.

En ese sentido, aclaró que para el Gobierno «es una condición sine qua non» el costo extra que aplica el FMI a los países que reciben más crédito del que les correspondería. De esta forma, la administración apunta a lograr un acuerdo que permita al país mayor libertad de gasto público y sea mejor visto para las inversiones internacionales.

En agosto Argentina recibió un pago del Fondo de 4.335 millones de dólares por derechos especiales de giro (DEG), la moneda del organismo, como parte de un desembolso de 650.000 millones de dólares entre todos los países miembro.

Qué espera conseguir la Argentina
El ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado hace unos días que buscará conseguir la modalidad que tiene un plazo máximo de 10 años, llamada «Acuerdo de Facilidades Extendidas». En esa línea, señaló que el entendimiento intenta ser «sano» porque «más deuda significa menos dólares, menos dólares significa menos trabajo y más inflación».