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(AMBITO) Dólar: los cuatro escenarios que baraja el mercado
Los analistas trabajan con varios escenarios partiendo de la base de que se logra un acuerdo con el FMI. Ven volatilidad en el CCL y advierten sobre el nuevo panorama inflacionario mundial.

Los analistas financieros se la están viendo en figurillas para tratar de pronosticar lo que va a ocurrir con las principales variables financieras en 2022. Sobre todo, en lo que tiene que ver con las versiones de dólares financieros como el MEP o el CCL, que están muy sujetos a decisiones de gobierno que no son del todo predecibles.

En general, se están trabajando sobre cuatro escenarios: uno es que funciona el crawling peg con una corrección del 15%; otro en el que funciona el crawling y se agrega un desdoblamiento “sui géneris”, como por ejemplo permitir que se liquiden operaciones de exportación a través del Contado con Liquidación. Un tercero sería que haya un “salto” devaluatorio y un cuarto, una combinación de crawling con un salto posterior, en caso de que esa política gradual no funcione. Todo esto parte de la idea de que se logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central entre las principales consultoras y fundaciones, la inflación del año entrante debería cerrar en 52%, el Dólar Oficial en $161 y la tasa Badlar, que es el promedio del interés de plazo fijo de mas de $1 millón, cerraría en 36,45%.

La administradora Fondos Quinquela, por su lado, plantea para el escenario más optimista de todos que el dólar subirá 45% en 2022, el IPC, 50%, la Badlar, 34% y el dólar CCL cerraría con una suba del 47%.

Posibilidades
Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, trabaja sobre un escenario en el cual se logra el entendimiento con el organismo internacional de crédito y que las devaluaciones mensuales del BCRA siguiendo la inflación, dan resultado. Señala que “anticipar los dólares financieros es muy difícil, pero se puede llegar a decir que la brecha estará en el 75%”. Para Equilibra el dólar oficial cerraría a diciembre del 2022 en $160, la tasa Badlar en 36%, y la inflación subiría 56%. “Puede ser que haya una aceleración del crawling al inicio y luego se pondría en línea con la inflación”, señaló a Ámbito.

El segundo escenario, según Quinquela, es la inclusión de un desdoblamiento. En ese caso, el dólar oficial crecería 45%, el IPC, 58%; la Badlar subiría 39%, y el CCL solo el 13%. En el caso de que hubiera un salto devaluatorio, las variables se moverían 70%; 58%, 41% y 28%, de manera respectiva. La cuarta hipótesis, la que plantea una devaluación mensual al inicio con un salto posterior, marca que el dólar sube 75%, el IPC, 63%, la Badlar, 37% y el CCL, apenas subiría 28%. El promedio de los cuatro escenarios resultaría con un dólar oficial de $170 a diciembre de 2022; el IPC, en 58%; la Baldar cerraría en el 38,3% anual y CCL en $285 con una suba del 30%.

Al respecto, Javier Marcus, economista y jefe de Negocios de Southern Trust, señaló que es de esperar el año próximo “un aumento del tipo de cambio sin sobresaltos pero que se mueva a una mayor velocidad para no atrasar el tipo de cambio real”. Teniendo en cuenta que la inflación no va a ser menos del 45% para esta consultora, Marcus señala que “eso da la pista de cómo va a ser el crawling peg del tipo de cambio y la suba que requerirán las tasas de acuerdo a las recomendaciones del fondo”. El economista consideró que se puede suponer que tanto inflación, como tasa de interés y el dólar “se acomodarán para no generar retraso y acelerar la liquidación de exportaciones”. Por otro lado, estimó que “en relación al dólar CCL se puede afirmar que está a valores altos, equivalente a los $4 de 2002 por lo que sí se puede sostener la coyuntura sin sobresaltos debería bajar en términos reales”. Marcus advirtió que “si no hay acuerdo o si hay un shock externo como una gran suba de tasas internacionales, baja de la soja o mayores problemas de actividad en Brasil el escenario puede ser totalmente diferente. Un escenario menos probable pero que afecta las expectativas de los agentes económicos”, indicó.

(AMBITO) Exclusivo: cae la prohibición de despidos y se atenúa el recargo indemnizatorio
Alberto Fernández tiene a la firma las resoluciones que preparó Trabajo, con aval del gabinete económico, y que regirán desde el 1 de enero.
La prohibición de despidos dejará de regir el 1 de enero y el recargo indemnizatorio vigente para las cesantías que de todos modos se producen se reducirá a partir de ese día de manera gradual hasta desaparecer antes de mitad de año. Se trata de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Trabajo y el gabinete económico, que debe convalidar en última instancia Alberto Fernández, respecto de dos de las medidas clave sobre las que el Gobierno buscó blindar los puestos de trabajo desde el arranque de su gestión y, en particular, a partir de la pandemia.

El agravamiento de las indemnizaciones arrancó con la gestión del Frente de Todos con la duplicación de los montos y se mantuvo en el tiempo como un recargo del pago legal que en la actualidad tiene un tope de 500 mil pesos. La prohibición de las cesantías, en tanto, fue implantada en marzo de 2020 como coletazo directo de las tensiones en el mercado laboral por las restricciones a la actividad económica derivadas de la crisis sanitaria. Desde entonces el sindicalismo bregó por mantener ambas medidas y las cámaras empresarias, por derogarlas con el argumento de que representaban un desaliento a la creación de empleo.

El criterio fue expuesto a dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante una charla de la que participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y sus respectivos equipos. Moroni respondió a una pregunta al respecto y blanqueó la planificación, confirmada luego por funcionarios a este diario: la prohibición de despidos tendrá fecha de defunción junto con el año y al mismo tiempo la penalidad se reducirá en un escalonamiento todavía no resuelto en el lapso de cuatro a seis meses. Una opción es bajarle 20% por mes a los 500 mil pesos del actual recargo indemnizatorio.

Desempleo
El equipo económico se convenció de tomar ambas determinaciones con los últimos números del mercado laboral: en septiembre la medición del segundo trimestre del año marcó un 9,6% de desempleo, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y por primera vez, de vuelta en un dígito. En el segundo trimestre de 2020 la desocupación tocó un pico de 13,1 por ciento en el momento de mayor rigor de las restricciones por la pandemia del coronavirus. Desde entonces la actividad económica mostró mejorías aunque en el caso del mercado laboral lo hicieron en un contexto de sostenibilidad de una mayor precarización, marcada por el reemplazo de empleos de calidad, formales y de salarios de medios a altos, por otros precarios y ligados a formas como el monotributismo.

Junto con la crisis sanitaria el Ejecutivo desplegó acciones para garantizar el sostén de los puestos de trabajo en el sector privado que incluyeron, además de la prohibición de despidos y la multa indemnizatoria, el pago de parte de los salarios a través de herramientas como la Asignación para el Trabajo y la Producción (ATP), primero, y un fortalecimiento del subsidio Repro que abona el Ministerio de Trabajo a las empresas de los sectores más golpeados por la baja en la actividad económica.

La prohibición de efectuar despidos fue una de las primeras reacciones en momentos en que el Grupo Techint anunció la cesantía de 1.450 operarios de la construcción en obras que desarrollaba en varias provincias. Pese a las instancias de negociación abiertas y a los reclamos del propio Alberto Fernández (sugirió que Paolo Rocca era “miserable” por echar personal en el inicio de las restricciones) el conglomerado siderúrgico completó todas las desafectaciones pautadas.

(AMBITO) En enero, el Gobierno buscará un acuerdo de precios y salarios
El objetivo es consensuar con empresarios y sindicalistas para anclar las expectativas.

La reducción de la inflación aparece como uno de los grandes desafíos para el escenario económico del 2022. Con un piso elevado que dejará el 2021 y con la más que probable aceleración de los precios regulados producto del acuerdo que se alcance con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno explora distintas herramientas para frenar una posible escalada. Con este escenario, el Ejecutivo buscará alcanzar un acuerdo de precios y salarios para encauzar las expectativas. Para ello aceleran mesas tripartitas con empresarios y sindicatos para comienzos de enero.

La convocatoria a un diálogo entre empresarios y sindicatos para coordinar la política de precios y salarios no es nueva. A comienzos de este año, el Gobierno hizo un llamado para converger hacia la meta del 29% de inflación anual. El resultado estuvo lejos del buscado y la lectura que hacen en el Ministerio de Economía es que el movimiento obrero organizado cumplió con su parte pero el sector patronal “no exhibió el mismo nivel de coordinación”

Nuevo capítulo
El diálogo para fortalecer los lazos con referentes empresariales de distintos sectores ya comenzó con una serie de encuentros que se produjeron entre noviembre y diciembre, pero tendrá un nuevo capítulo en enero, cuando se convoque a una mesa tripartita para analizar la coyuntura económica y anclar las expectativas. Será un cónclave paralelo al Consejo Económico y Social que también contiene a referentes del sector privado y del mundo del trabajo, pero que analiza proyectos económicos con relevancia en el mediano plazo.

“Es la mejor herramienta para recuperar poder adquisitivo”, señalaron desde el Gobierno a Ámbito con respecto a la idea de ordenar las expectativas. El mismo funcionario, sostuvo que “ya quedó demostrado que los salarios no son los que configuran la inflación y se vio incluso con lo que sucedió el año pasado, la pelea seguirá siendo controlar el avance de los precios”.

Previsiones
La pauta inflacionaria que estaba prevista en el fallido proyecto de Presupuesto 2022 alcanzaba el 33% anual, lejos de lo que pronostican las consultoras privadas, que prevén un alza superior al 50%. El esquema para que los salarios no queden desactualizados, será similar al de este año: paritarias anuales pero con revisión semestral o cuatrimestral, de acuerdo a lo que suceda con el avance de los precios.

La estrategia que buscará implementar el Gobierno fue avalada por el FMI. Luego de la misión que semanas atrás funcionarios técnicos del Ministerio de Economía y el Banco Central llevaron adelante en Washington, el organismo reconoció que el problema del avance de precios es multicausal. Pero además señaló en su comunicado que la coordinación de precios y salarios es una cuestión central para detener el fenómeno inflacionario.

Ayer, después de una reunión entre el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Agricultura Julián Domínguez, se confirmó la puesta en marcha de un fideicomiso consensuado entre el sector privado para desacoplar los precios del maíz y del trigo. Junto con los programas de precios y la reducción del déficit y la emisión monetaria, conformarán los ejes del plan oficial para reducir la inflación.

(AMBITO) El FMI discutirá mañana su propia evaluación del multimillonario crédito otorgado a Macri en 2018
Alberto Fernández había pedido que se conociera antes de un nuevo acuerdo. Moderada expectativa por la autocrítica del organismo. Las irregularidades del mayor préstamo en la historia del organismo.

Mañana el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional tratará la “evaluación ex post” elaborada por el staff técnico sobre el programa Stand By que le otorgó al Gobierno de Mauricio Macri en 2018. Esta mochila, que constituye el mayor condicionante para la economía argentina de las próximas décadas y cuya refinanciación está hoy en negociación, fue el préstamo más grande en la historia del organismo: primero se firmó por u$s50.000 millones, luego se amplió a u$s57.000 millones y finalmente se alcanzaron a desembolsar u$s44.867 millones.

Ese mismo día el Ejecutivo actual le pagará a la entidad multilateral algo más de u$s1.850 millones correspondientes al segundo vencimiento de capital de aquel Stand By, como señal de la vocación de acordar un nuevo programa en el corto plazo que permita postergar los siguientes pagos. Producto del acuerdo de 2018, entre 2022 y 2023 Argentina debería cancelar casi u$s40.000 millones, una suma inafrontable para el país. El programa de Facilidades Extendidas que hoy se negocia trasladaría los pagos al Fondo al período 2026-2031, los cuales se sumarían a los ya abultados compromisos con los bonistas privados surgidos del canje de 2020.

El acuerdo sellado por Macri y la exdirectora gerente del FMI, Christine Lagarde, y firmado por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger -entonces ministro de Economía y presidente del Banco Central, respectivamente-, estuvo marcado por una serie de irregularidades denunciadas por integrantes del actual oficialismo. Incluso dieron lugar al anuncio de Alberto Fernández, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de 2021, de la realización de una querella criminal que no tuvo mayores avances.

La expectativa generalizada sobre la evaluación ex post no es la de una autocrítica a fondo. Aunque en el Gobierno esperan ver reflejados al menos algunos de sus planteos. De hecho, el Presidente le había pedido semanas atrás al organismo que hiciera su revisión del acuerdo con Macri antes de firmar un nuevo programa.

Lo cierto es que este tipo de evaluación es un paso formal y habitual del organismo, que se suele focalizarse en cuestiones técnicas. “No es algo particular que estamos haciendo por Argentina. Lo hacemos con todos los programas de acceso excepcional”, señaló el vocero del FMI, Gerry Rice, el jueves pasado.

Por lo pronto, el organismo se encargó de correr a los principales responsables de aquel programa, que incluyó un shock de ajuste fiscal y monetario, que derivó en una profundización de la recesión y la inflación más alta en tres décadas. Además de Lagarde, se fueron Alejandro Werner, exdirector para la región; Roberto Cardarelli, el primer responsable del staff para el caso argentino; y David Lipton, exnúmero 2 del Fondo y actual asesor de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.

Mientras tanto, el Gobierno continuará la negociación con el staff vigente de cara al nuevo programa, cuya definición parece extenderse después del rechazo de la oposición al proyecto de Presupuesto 2022. El foco de las discusiones está en las metas macroeconómicas que integrarán el plan plurianual. Por caso, el caído Presupuesto contenía las proyecciones planteadas por Martín Guzmán, muchas de las cuales son todavía objetadas por el organismo, que reclama un ajuste más acelerado de las cuentas públicas.

Irregularidades
En la antesala de la autoevaluación del FMI, el centro de estudios CEPA elaboró un informe que detalla una serie de irregularidades cometidas en el crédito otorgado a la gestión de Cambiemos “que no van a estar en la revisión”. Por un lado, las de carácter político. Fundamentalmente, el hecho de que programa del año 2018 tuviera “el apoyo de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump” para intentar favorecer la reelección de Macri, como reconoció Mauricio Claver-Carone, exrepresentante de ese país en el directorio del Fondo y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

El documento del centro que dirige Hernán Letcher, alineado con el oficialismo, cuestiona también un conjunto de incumplimientos formales por parte de la administración de Cambiemos. Entre ellos, la no constancia de actos administrativos y la ausencia de constancia del dictamen previo del BCRA sobre el potencial impacto del crédito en la balanza de pagos.

Asimismo, puntualiza en la vulneración del estatuto del FMI por parte del propio organismo al permitir que los desembolsos se utilicen para financiar la salida permanente de capitales. La Sección 1 del Artículo VI del estatuto del FMI en su inciso a) indica: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.

Guzmán señaló en distintas oportunidades que los u$s45.000 millones desembolsado se fueron en partes prácticamente iguales en el pago de “deuda insostenible” a los bonistas y a abastecer la formación de activos externos.

El CEPA afirmó también que “al menos tres de los cuatro criterios de un préstamo de acceso excepcional (los que equivalen a más del 187,5% de la cuota del país) fueron incumplidos”. Y mencionó los referidos a la sustentabilidad de la deuda pública a mediano plazo, la perspectiva de retorno a los mercados globales de crédito y el acompañamiento político al programa.

Por último, cuestionó la finalidad política del diseño del calendario de desembolsos y una estructura de repago “que fue siempre, bajo cualquier punto de vista, impagable para el país”. En la reconfiguración del programa a tres meses de haberse firmado, se determinó que “casi el 90% de los pagos se realizara antes de las elecciones primarias de junio de 2019”.

Todo este cúmulo de irregularidades bien podría cuestionar parte de la legitimidad de origen de ese programa. Por lo pronto, negociación mediante, esa deuda va camino a reciclarse en un nuevo acuerdo que marcará la política económica de los próximos lustros.

(AMBITO) Supercampaña de trigo asegura liquidación récord de agrodólares
En lo que va del mes el sector ya ingresó al mercado de cambios más de u$s1.300 millones, lo que representa un crecimiento respecto a noviembre del 30%.

La liquidación de divisas del sector agroexportador en lo que va de diciembre acumulaba hasta el viernes de la semana pasada poco más de u$s1.300 millones, lo que representa un crecimiento respecto a la misma fecha del mes anterior del orden del 30% y auguraría que el último mes del año concluiría con el récord de más de u$s2.000 millones.

Los sostenidos precios internacionales, fundamentalmente el trigo y el maíz, junto a la mayor cosecha del cereal auguran un excelente cierre de año en el ingreso de dólares frescos por parte del sector agroexportador. Según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires diciembre terminaría con una liquidación en torno a los u$s2.300 millones lo que representa que el año concluirá con un total de u$s33.000 millones, cifra récord y que representa un incremento interanual de alrededor del 60%.

Lo cierto es el gran motor del ingreso de divisas en la última parte del año y se puede esperar que durante los primeros meses del 2022, es la excepcional cosecha de trigo. En este marco, recientemente el ministerio de Agricultura confirmó que la campaña ya supera los 22 millones de toneladas.

Al respecto el ministro Julián Domínguez expresó: “Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los productores y reconocer su esfuerzo. Con el incremento del área sembrada, de las inversiones en tecnología y de las buenas prácticas agrícolas, sumados a condiciones climáticas favorables, hicieron posible esta cosecha histórica.”

Según explican desde la cartera agrícola, los datos muestran que la producción ya triplica el consumo del mercado interno. Además, ya se han anotado un estimado de 12,5 millones de toneladas de exportación, lo que significa 1,2 millones más que el total exportado en la cosecha anterior. En ese sentido Domínguez remarcó: “Quiero reafirmarles a los productores que estos volúmenes les permiten comercializar su cosecha con tranquilidad sin responder a presiones especulativas.”

De esta manera, desde el ministerio detallan, para despejar cualquier duda del sector productivo, que con los números finales de la cosecha, a mediados de enero, se podrá ratificar una exportación récord. En tanto que, durante la segunda quincena de enero se convocará a todos los integrantes de la cadena del trigo para determinar los volúmenes de equilibrio.

Lo cierto es que más allá de los volúmenes de equilibrio establecidos por el Gobierno nacional para asegurar el abastecimiento en el mercado interno de cultivos claves para la producción de alimentos como el trigo y el maíz, en el sector continúan proyectando un sostenido ingreso de divisas para los primeros meses del próximo año porque en la práctica los saldos exportables continuarían prácticamente sin modificaciones que en la actual campaña.

Concretamente, según las proyecciones en enero próximo ingresarían más de u$s3.000 millones y en febrero unos u$s2.300 millones. Valores además ampliamente superiores a lo que aportó el campo un año atrás.

(INFOBAE) El “plan plurianual” sigue en la incertidumbre a la espera del acuerdo con el FMI y no hay indicios sobre su contenido
Lo había prometido Alberto Fernández para la primera semana de diciembre, pero nunca vio la luz. El voto negativo al proyecto de Presupuesto 2022 complica todavía más la planificación para el año próximo

Fue anunciado con “bombos y platillos” por Alberto Fernández pocas horas después del cierre de los comicios. En un mensaje grabado luego de las elecciones legislativas, el Presidente prometió que “la primera semana de diciembre” enviaría al Congreso un “plan económico plurianual”, que además estaría alineado a las negociaciones con el FMI. Pero cuando faltan pocos días para fin de año nada de eso sucedió y el famoso plan tendrá que seguir esperando.

Aquella referencia del Presidente tenía como objetivo encauzar de alguna manera las expectativas de los inversores y mostrarse en pleno ejercicio de poder, más allá de la dura derrota electoral sufrida. Pasaron las semanas sin una sola señal concreta sobre su contenido. Es un reflejo, por otro lado, de las dificultades evidentes para avanzar con el acuerdo con el FMI. Ambas partes aseguran que hay “avances”, pero al mismo tiempo reconocen que deben seguir trabajando.

En el ojo de la tormenta aparece el ministro de Economía, Martín Guzmán, que sigue pateando para adelante la presentación de un plan económico. Al arrancar la gestión de Alberto Fernández la excusa fue la necesidad de reestructurar primero la deuda. Luego llegó la pandemia y la renegociación con los bonistas. Pero faltaba el FMI, lo que según el ministro también impedía tener un plan de largo plazo. Como estas negociaciones se estiran y continuarán recién en la segunda semana de enero, también habrá que seguir esperando para conocer –si es que lo hay- el plan económico del Gobierno, a más de dos años de haber arrancado la gestión.

Pasaron las semanas sin una sola señal concreta sobre el contenido del plan prometido el día de las elecciones. Es un reflejo, por otro lado, de las dificultades evidentes para avanzar con el acuerdo con el FMI
Alberto Fernández no sólo no cumplió con la promesa de presentarlo, sino que además se contradijo con expresiones del 2020, cuando en plena pandemia aseguró que no creía en este tipo de planes económicos.

Mientras tanto, el equipo económico está más preocupado por el día a día. La situación cambiaria es el punto más sensible, ante las escasas reservas netas que le quedan al Banco Central y a horas de un nuevo pago por casi USD 1.900 millones por el vencimiento de un pago al FMI. Estos desembolsos siguen mostrando la buena voluntad del Gobierno por cumplir con esos compromisos y al mismo tiempo llegar a un acuerdo, pero los tiempos se acortan peligrosamente.

Las demoras para llegar a un entendimiento con el FMI le pusieron un palo en la rueda al “plan económico plurianual” que había prometido el Presidente para la primera semana de diciembre. Pero la espera continuará, mientras se siguen estirando las negociaciones en Washington
El 9 de enero vencen otros USD 700 millones que habrá que pagarle a bonistas privados que entraron en el canje del año pasado y tanto en enero como febrero hay otros pagos menores de intereses al FMI. Pero marzo es la fecha límite, ya que el 22 de ese mes vencen más de USD 2.800 millones, que ya no hay posibilidad de enfrentar usando reservas. Para ese momento debería estar cerrado el programa con el FMI, lo que permitiría extender los plazos de la deuda por 10 años.

El contexto internacional luce más complicado y genera nuevos desafíos para el 2022. La Reserva Federal norteamericana ya anunció que habrá suba de tasas el año que viene, lo que implica menor ingreso de divisas para países emergentes. Además, la variante Ómicron está generando cierres de actividad cada vez más generalizados en Europa y también se empieza a complicar Estados Unidos.

Siguiendo con el “día a dia”, ahora Guzmán se entusiasma con la cosecha récord de trigo, en torno a los 22 millones de toneladas. De ese total, ya se anotaron 12,5 millones para exportar, lo que representa un fuerte ingreso de divisas especialmente durante enero. Estos dólares deberían ayudar para mantener el mercado cambiario equilibrado en el verano, a pesar de la fuerte expansión de pesos típica de fin de año. Además, se espera que el Banco Central suba las tasas y salga a absorber el dinero excedente emitido en estas semanas para hacer frente a una mayor demanda de pesos, puramente estacional.

(INFOBAE) Presupuesto rechazado: el involuntario aporte de Máximo Kirchner a las exigencias del FMI
La falta de aprobación de la “ley de leyes” le quitó a Martín Guzmán un argumento político clave en la negociación con el organismo ya que no tiene ahora referencias respecto del recorte del déficit fiscal o la emisión monetaria. Inflación y suba de tasas, otros puntos todavía en suspenso

El encendido discurso Máximo Kirchner que derivó en la falta de aprobación del Presupuesto para el próximo año traerá aparejadas, además de las ya palpables consecuencias políticas, complicaciones no previstas tanto en la gestión cotidiana de los recursos como en la crítica negociación con el Fondo Monetario. Ambas se harán sentir más temprano que tarde. El “problema inesperado” que el Presidente Alberto Fernández reconoció el viernes ante la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, dejó en evidencia las profundas dificultades del Gobierno para conducir un proceso que requiera la construcción de apoyos para avanzar en el “amplio consenso” que exige el FMI. A tal punto quedó expuesto que ambas partes consideraron necesario un contacto para enviar el mensaje de que las negociaciones continúan en agenda y que el traspié con el Presupuesto no tiene, a ese efecto, mayores implicancias. Eso, sin embargo, es una verdad a medias.

El primero en sufrir los coletazos de la falta de un presupuesto aprobado por el Congreso será, previsiblemente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando retome, durante el verano del año próximo, el contacto con los técnicos del FMI. Cuando eso ocurra, admiten fuentes oficiales, el funcionario se enfrentará a lo que se espera sea la ronda final de negociaciones con una herramienta menos para fortalecer su posición. Es que, al no contar con el Presupuesto aprobado, el Gobierno no quedó comprometido a ninguna de las variables vertidas en el proyecto y que el FMI cuestiona. Por ende, la página está en blanco y todo es posible. Guzmán tiene ahora un argumento menos a la hora de contraponer condicionamientos de la política en el tire y afloje con el organismo. “Como no tenemos Presupuesto, ahora no hay un número consolidado de déficit fiscal”, explicó una alta fuente involucrada en la negociación quien consideró que eso los deja en una situación de mayor debilidad. Eso porque el punto de partida desde el cual los negociadores argentinos deben zanjar las diferencias pierden nitidez y su postura se vuelve más endeble.

Al no contar con el Presupuesto aprobado, el Gobierno no quedó comprometido a ninguna de las variables vertidas en el proyecto y que el FMI cuestiona. Por ende, la página está en blanco y todo es posible. Guzmán tiene ahora un argumento menos

Como suele ser habitual, la pauta de déficit fiscal es la principal diferencia entre el Gobierno y el Fondo, de la que deriva el resto de las disidencias. La proyección oficial oficial del frustrado proyecto de Presupuesto indicaba un desequilibrio de 3,3%, inaceptable para el FMI, que exige esa variable por debajo de 2,5% del PBI. Al equipo que lidera Julie Kozack, la subdirectora en el departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, le preocupa no sólo el nivel de desequilibrio sino, sobre todo, su mecanismo de financiamiento. Y es ahí donde los argentinos se topan con la más fuerte resistencia. Aún cuando el ministro plantea un freno al financiamiento vía emisión monetaria al pasar de 3,1% del PBI a 1,8% en 2022, en el organismo consideran insostenible ese nivel de asistencia por parte del Banco Central.

El planteo del FMI conduce a un punto de fricción dentro del propio equipo negociador ya que en el Banco Central reprochan a Guzmán que no profundice la estrategia de financiamiento a través de títulos con CER, ofreciendo al mercado variantes de más corto plazo que las de vencimientos a 6 meses que viene colocando. Esa modificación, consideran, quitaría presión a la autoridad monetaria ya que se convertiría en una opción atractiva para los depósitos a plazo fijo corporativos que todo este año prefirieron quedarse en tasa negativa en el banco antes que apostar a los títulos del Tesoro.

La definición sobre otras dos variables clave quedaron, por ahora, en suspenso. La primera, trascendental, la proyección de inflación. La segunda, el nivel de tasas de referencia. El FMI hizo pública su exigencia de tasas reales positivas, es decir, por encima de la inflación, Y, aunque desde el BCRA admitieron estar de acuerdo con una suba de tasas, en el Gobierno pasan un mensaje en clave: “Nosotros no somos gente de poner la tasa en 70%”, afirmó un funcionario que, por las dudas, aclaró: “Tampoco vamos a tomar la proyección de inflación del REM (arriba de 50% para 2022)”. Huelga decir que también la previsión de 33% de Guzmán está, desde un principio, fuera de la discusión.

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