(AMBITO) Dólar: analistas prevén estabilidad pero ¿hasta cuándo?
La inflación les pone un piso a las cotizaciones. La mayor disponibilidad estacional de divisas en la plaza formal ayudará en el segundo trimestre. Advierten que su evolución estará atada, en parte, a las metas acordadas con el FMI.

Los dólares paralelos operan en calma tras el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El dólar blue comenzó abril a $200 para la venta luego de caer $11 durante marzo, la mayor baja mensual (5,2%) desde enero de 2021. La brecha con el oficial se ubica en el 80%. En la misma dirección, el contado con liqui (CCL) retrocedió $10 el mes pasado.

Analistas consultados por Ámbito coinciden en que la mayor disponibilidad de divisas estacional colabora con ese escenario de estabilidad. Y estiman que su evolución estará atada, en parte, al cumplimiento de las principales metas con el FMI. Algunos advierten que la aceleración inflacionaria les pone un piso nominal a las cotizaciones paralelas.

Sergio Chouza, director de la Consultora Sarandí, planteó que en el mercado de cambios se ve que hay un momento de relativa abundancia, por una mayor disponibilidad de dólares en la plaza formal. “Esto está generando un alivio en los dólares financieros que son los que, en última instancia, arbitran al blue, por lo que uno tiende a pensar que por lo que resta del segundo trimestre no debería haber presiones alcistas. Si esto ocurre en la plaza financiera, probablemente siga a la par la misma dinámica estable la plaza paralela informal”.

El acuerdo con el FMI descomprimió la tensión en el mercado de cambios y actuó como estabilizador sobre la cotización blue, ya que luego de haber tocado valores máximos el 27 de enero, un día antes del primer pago al organismo internacional ($222), se acomodó en torno a los $200. Sin embargo, Christian Buteler, analista financiero, cuestionó la durabilidad actual del blue frente a la aceleración inflacionaria.

“Es muy difícil que se pueda mantener una estabilidad del tipo de cambio con una inflación entre 5% y 6 % mensual. Me parece que no es muy consistente: si todos los precios de la economía suben a ese ritmo, por qué el dólar (que es un precio más dentro de la economía) no debería subir a ese nivel. Actualmente, creo que tocaron un piso tanto para el blue como para los financieros entre $190 y $200”, sostuvo Buteler.

Coincidió en el análisis Alejandro Giacoia, economista en Econviews, “luego de la baja que se dio entre febrero y marzo, creemos que la brecha está en niveles cercanos a su piso, por lo que no quedaría mucho espacio para que las cotizaciones paralelas sigan bajando. En caso de que haya otra suba de tasas, lo cual es probable, y un mayor ritmo de devaluación, podrían ayudar a que la brecha entre las cotizaciones se comprima algo más, pero no mucho”.

Asimismo, Chouza señaló: “Los dólares alternativos han pegado un recorte mayor al 10% nominal. Si a eso le sumas la inflación de estos meses en torno al 30%, estás teniendo una apreciación importante en estos dólares alternativos, nominalmente ya no hay más margen para recortar”.

Las claves
Todos los economistas coinciden en que la capacidad del Gobierno de cumplir las metas acordadas con el FMI será un factor clave para que la cotización del blue se mantenga estable. Sin embargo, Giacoia agrega el factor de la disponibilidad de divisas, principalmente ante el aumento de los precios de la energía. Por otro lado, tanto Chouza como Buteler señalan que la aceleración inflacionaria presionará sobre las cotizaciones.

“La estabilidad tanto del dólar blue como del CCL, al ser cotizaciones libres, depende mucho de las percepciones que tiene el mercado. En adelante, todo lo que tenga que ver con las metas del programa con el Fondo, su cumplimiento y las revisiones trimestrales, son factores que pueden generar ruido. Otra cuestión sobre la que se deberá poner atención es la disponibilidad de divisas que tenga el Central. El aumento del precio de la energía y en particular del GNL pondrá una fuerte presión sobre las reservas internacionales, por lo que es probable que se vaya ajustando el cepo en función de ello y esto puede repercutir sobre las cotizaciones alternativas”, sostuvo Giacoia.

Por su parte, Buteler planteó que, dentro de los principales factores para mantener la estabilidad, se encuentra la emisión: “Los pesos son el combustible necesario para comprar el dólar. Ayudó en este trimestre tener una menor emisión de pesos, pero la realidad es que ya hay muchos pesos emitidos. El mercado en algún momento va a empezar a percibir estos precios baratos y lo va a demandar y el precio de esa manera subirá. También un factor importante es bajar la inflación, que desgraciadamente, al contrario, en vez de bajarla respecto a febrero tenemos una nueva aceleración. El primero se estaría cumpliendo, pero en el segundo estamos lejos”.

Chouza advirtió que, con una economía que tuvo casi 5% de inflación en febrero y aún más en marzo, la estabilidad cambiaria implica una apreciación real significativa: “Te estás apreciando al 5% mensual en los canales paralelos libres, que es un número importante, por lo cual esto no va a aguantar mucho tiempo. Lo que puede pasar es que se acelere, pero menos que la inflación, algo similar a lo que ocurre con el dólar oficial, sobre todo por el hecho de que se están apreciando las monedas de los países vecinos y de que hay inflación en el mundo, además de en la Argentina”.

En esta línea, agregó: “Hay un aspecto más macro que va a empezar a cuadrar los próximos meses, que es la marcha del estado de la economía en general, y cómo avance la perspectiva del cumplimento del programa con el Fondo, en particular. Las metas del tercer trimestre son las más exigentes y las que pueden derivar en mayores presiones sobre el dólar si se observa que el objetivo está lejos de cumplirse o se vislumbra complicado”.

(AMBITO) Tensión con alimenticias y supermercados: 600 productos no retrotrajeron precios y piden ver los costos
Con una inflación en alimentos cercana al 6% para marzo, esta semana la Secretaría de Comercio Interior pondrá en marcha dos nuevos acuerdos de precios, para frutas y verduras, y para comercios de proximidad; no descartan multas por incumplimiento en retrotraer precios

La Secretaría de Comercio Interior pondrá en marcha a partir de esta semana dos nuevos acuerdos de precios. La cartera que encabeza Roberto Feletti buscará que Precios Cuidados llegue a comercios de proximidad, luego de acordar con mayoristas “márgenes de ganancia”. Además, habrá una canasta de 5 frutas y verduras a precios regulados en supermercados. En tanto, no descartan multar alimenticias y supermercados por no retrotraer el precio de 600 productos, que tuvieron aumentos de 14% en tres días.

Así, la Secretaría de Comercio Interior buscará que haya 4 canastas de precios regulados: un listado de 1300 productos de consumo masivo de Precios Cuidados en los supermercados; un listado de 60 productos de Precios Cuidados en comercios de cercanía, donde no llegaban los acuerdos y se realiza más de la mitad del consumo de los hogares; una canasta de 7 cortes de carne en supermercados y, una de 5 frutas y verduras.

Los nuevos programas de la gestión de Feletti en el Ministerio de Desarrollo Productivo buscarán que estén vigentes desde este jueves. En cuanto a llevar Precios Cuidados a comercios de cercanía, el viernes pasado hubo una reunión entre Feletti y los mayoristas, dado que es el lugar de donde se abastecen los comercios de proximidad, al no tener contacto directo con las alimenticias. “Hubo acuerdo y salieron conformes”, contó Feletti en declaraciones a radio Futurock.

Este lunes habrá reunión con almacenes y supermercados chinos para cerrar el listado de precios al que le van a comprar a los mayoristas y luego vender al público. “Tuve contactos directos con el Presidente, Alberto Fernández está muy interesado en que esto se ponga en funcionamiento este programa, pide información y también resultados. También le plantee el tema de las retenciones”, contó Feletti.

El secretario de Comercio Interior está convencido de que la única manera de evitar el traslado a precios internos de la inédita suba en los commodities es vía un aumento en las retenciones de trigo, maíz y girasol, que tuvieron fuertes subas por ser Ucrania uno de los principales proveedores de estos alimentos. “Kulfas respaldó mi propuesta de retenciones”, contó Feletti. De todos modos, dentro del equipo económico no avanzarán por no poder pasar el proyecto por el Congreso.

El otro programa que buscarán que se ponga en funcionamiento desde esta semana es una canasta de precios regulados para frescos: serán 4 verduras y 1 fruta. En principio, estarán en los supermercados y mayoristas, y buscarán cómo hacer para llegar a ferias y comercios de proximidad del conurbano bonaerense, en un diálogo que lleva Feletti con los intendentes. En enero y febrero, la suba de estacionales tuvo fuerte impacto en el número de inflación. El miércoles 13 de abril, una semana después de que se pongan en funcionamiento estos programas, se publicará el dato de inflación de marzo del Indec, que las consultoras estiman cercano al 6%.

Multas y ¿nuevas leyes?
Tras el anuncio presidencial de la “guerra contra la inflación”, los precios en góndola subieron 14% en promedio, detectó la Secretaría de Comercio Interior en base a un relevamiento propio. Hace una semana se cumplió el plazo que tenían 1700 productos para retrotraer los precios a los valores de principios de marzo. Hasta el momento, las alimenticias lo hicieron en 1100 productos, y todavía restan otros 600.

En algunos casos convalidarán esas subas, debido al alza de los costos, como es el caso de la mayonesa, donde el aceite de girasol, producto de exportación de Ucrania, tuvo una suba exponencial. “Les pedimos que ralenticen esa suba, pero para el girasol tenemos una retención del 7%, cuando en 2015 era del 28%, son cosas a revisar”, contó Feletti. Pero para los demás productos, la Secretaría les pidió ver los costos.

Ante la consulta de si podría haber sanciones, tales como multas o imputaciones, Feletti contestó: “Yo no anticipo medidas, las tomo, pero si, puede haberlas. Estamos en un día a día permanente de tensión”. Para esta negociación puntual de precios, Feletti afirmó que las herramientas con las que cuenta el Estado “sirven”, tales como la ley de abastecimiento o defensa de la competencia. “Si me preguntás si presentaría un proyecto de ley antimonopólico te diría que probablemente habría que discutirlo. Pero hoy las leyes que tenemos para este tipo de problemas son suficientes”, agregó.

Como ejemplo de la llamada “inflación monopólica” se refirió a los insumos difundidos de la industria. Tal fue el caso con las cadenas de pastas, a las que les aseguraron la compra de la harina subsidiada con el fondo del trigo, y la respuesta de los comerciantes fue que tenían fuertes subas en insumos como el cartón.

(AMBITO) ¿Y si la Corte ordena sancionar una nueva Ley de Coparticipación?
Se desparraman interrogantes en el oficialismo por desenlace de demanda de Ciudad por fondos coparticipables y destino del Consejo de la Magistratura a partir del 16-A. Solución institucional en ambos casos, o caos. Idéntico problema para el Gobierno que vuela sin instrumental. La candidata “independiente” de Macri asegura su sitio y se perfila para el contraataque.

“La suposición es la madre de todas las cagadas”. La frase sirve para la vida pero oída en el cuarto piso del Palacio de Tribunales debe ser enmarcada en dos expedientes de actualidad con alto voltaje político y sobre el que encaja a la perfección esa “máxima”. La cautelar que solicitó la Ciudad de Buenos Aires por la detracción de un porcentaje de la coparticipación que le dio Mauricio Macri para la transferencia de las comisarías porteñas y la inconstitucionalidad del actual formato del Consejo de la Magistratura que avanza a los tropiezos a su fecha límite de caducidad, el próximo 16 de abril. En ambos hay una característica común: nadie sabe qué decisión tomará la Corte Suprema.

Con los puentes quebrados (hace rato) entre el Gobierno y la cabeza del Poder Judicial nadie se atreve siquiera a preguntar y las averiguaciones son infructuosas sobre el destino de los expedientes en trámite. La suposición dentro del oficialismo de que la Corte se inclinaría por darle la razón a Horacio Rodríguez Larreta en el reclamo cuando este mes se agote el tiempo extra que concedió el máximo tribunal para que haya una mesa de negociación bilateral, empujó a una jugada política. El presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro –que es el enlace con el caso en la Corte- reunieron esta semana a 19 gobernadores para apuntalar su postura y convertir la discusión en una reedición del choque entre unitarios y federales. Esa gestualidad fue acompañada con la advertencia de algunas provincias de que podrían acudir a la Corte si le da la razón a la Ciudad y deben reintegrarse los fondos, con un taxímetro imparable que ya marca los $120 mil millones desde diciembre 2020. La carta que acercó De Pedro a la mesa de Entradas de Talcahuano 550 puso en papel ese reclamo.

En pasillos judiciales tuvieron una mirada contrapuesta sobre el movimiento, al que consideraron un error táctico que parte de un supuesto que podría no reflejarse en el expediente. Y es que el 26 de abril fenece el plazo de la negociación bilateral, lo que disparará que la Corte se avoque a definir –primero- la medida cautelar que solicitó Ciudad. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cómo? Menos. “No se fía”, es lo único que escuchan del lado de tribunales acerca de algún anticipo.

En ese contexto, madura una opción donde la política ha exhibido su fracaso. La Ley de Coparticipación data de 1988, varios años antes, incluso que la Ciudad de Buenos Aires fuera dotada de su autonomía y con la promesa de una actualización que nunca se dio. Sería la salida más institucional sobre la cual la actual norma arrastra desigualdades, discrecionalidad y permanente tensión entre los distritos, siempre necesitados. Si es el epílogo, nadie podría sorprenderse: durante la audiencia de conciliación del pasado 10 de marzo, el presidente de la Corte Horacio Rosatti deslizó, como al pasar, una reflexión al finalizar el encuentro. Fue la imperiosa necesidad de una nueva Ley de Coparticipación, además de completar el proceso de autonomía porteña. No se sabe cuál de las dos es más difícil en este contexto de crispación política. Son del tipo de soluciones institucionales de convocatoria al consenso de los poderes representativos del Estado que siempre entusiasman a los dos exconvencionales constituyentes, hoy ministros de la Corte.

El otro asunto candente y con iguales interrogantes aparece con otras urgencias: qué va a pasar el 16 de abril cuando caduque el actual formato de 13 miembros del Consejo de la Magistratura y no se vislumbre ni una nueva ley votada por el Congreso, ni una pacífica designación de los 7 miembros vacantes para completar el esquema de 20 integrantes. Para la Corte “silenzio stampa” hasta el 15 de abril cuando se reevalúe la situación al filo del plazo es solo una manera de estirar el misterio para que nadie anticipe un eventual desembarco en el órgano de selección y remoción de jueces.

El 7 de abril los jueces elegirán a una representante, en una campaña con chispazos pero sin escándalo. Dos días antes –el 5- será el turno para que los abogados voten en todo el país con el seguro resultado de que asuman Jimena de la Torre y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez para ocupar dos plazas en juego.

El caso de De La Torre es bien paradojal porque enrolada en la lista “Abogacía para la Independencia Judicial es la más destacada exponente de lo opuesto. Tal como reveló Ámbito fue el propio Mauricio Macri el que la nominó como cabeza de lista sin la más mínima objeción de sus socios de Juntos por el Cambio. Su pasado como ex N°2 de la AFIP en tiempos de Leandro Cuccioli no es lo que le redituó mayores chances pero sí su experiencia en aprovechar ese rol para convertirse en uno de los enlaces del macrismo con los tribunales en la articulación que requería la AFIP para apuntalar causas judiciales de interés político. Venía de como jefa de Gabinete de la UIF con Mariano Federici y con el cambio de gobierno recaló en el despacho de Cristian Ritondo. Desde allí, fue una de las espadas para embestir contra la actual titular del organismo Mercedes Marcó del Pont cuando desistió de la querella en el caso Oil Combustibles, luego de confirmarse el cúmulo de irregularidades que rodearon la construcción de la prueba en el juicio oral. La señaló por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario por haberse retirado del juicio penal y civil.

Sin embargo, como subdirectora general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, la propia De la torre firmó el desistimiento de dos querellas en causas de narcotráfico. El 26 de octubre de 2018, María Isabel Jimena de la Torre autorizó el desistimiento de la AFIP en la causa “Larenas Eduardo Enrique s/lavado de activos y averiguación de contrabando de estupefacientes” que tramitaba en el juzgado Federal de Lomas de Zamora. Era un caso pintoresco que involucraba a un luchador de artes marciales mixtas, la contratación de sicarios e inversiones en Nordelta sospechadas de lavado. Ese mismo día, De la Torre dio de baja la participación de AFIP en el caso “García Rivera Jaime Eduardo y otros s/ infracción Ley 23.737 y art. 278”, que tramitaba ante el fuero federal de La Plata. Esa causa se inició en 2013, a partir de un sonoro operativo de decomiso de 250 kilos de cocaína escondida en muebles antiguos. Se conoció como “Luis XV”. Al parecer, los desistimientos de AFIP como querella no fueron tan inhabituales.

Posicionada como “el azote” a los jueces federales, De la Torre tiene garantizado su sitio en el nuevo Consejo pero en tribunales ya la visualizan como una “cruzada” con un rol distinto a los anteriores: marcar de cerca a los jueces con causas que preocupan al macrismo. La interna oficialista le jugó de aliada. Algunos sectores del kirchnerismo se interesaron recién el viernes por la elección que se definirá mañana.

Con todo, las apuestas giran en torno al rol que tendrá la Corte a partir del 16. El máximo Tribunal ya habló en un fallo el 16 de diciembre de 2021. Se resguardó para la definición final y con el panorama establecido. El 18 de abril está anunciada la elección de los académicos, fuera del plazo pero con preaviso. No existe novedad desde Diputados ni de Senadores que jugaron al mutismo durante todo el proceso. El amague de una nueva ley, como se expresó en estas líneas, choca con dos realidades distintas. En el Senado buscan aprobar el proyecto de 17 –sin la Corte- que bajó del Gobierno. En Diputados el panorama es opuesto. Con la oposición abroquelada, la mejor perspectiva para los oficialistas es negociar que la Corte ingrese pero no presida el Consejo. Llamó la atención el tweet de Roberto Lavagna de ayer dejando en claro que para él es “natural” que el órgano sea presidido por el titular de la Corte. El bloque de Consenso Federal que le responde en Diputados era una de las apuestas de negociación que tenía el oficialismo para evitar tener a la Corte sentada en el Consejo. Muy difícil.

¿Podría la Corte tomarle juramento a los miembros electos y desembarcar a partir de esa fecha con 18 de los 20 integrantes? La ley reinstaurada por el fallo fijaba el quórum en 12 miembros presentes. Le sobra.

(AMBITO) Estiman que el desarme de las Leliq permitirá cumplir con la meta monetaria en 2022
Consultoras prevén que fondos de Money Market migren a otros FCI que compran títulos soberanos, lo que permitirá obtener 1,6% del PBI en el mercado.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó el Gobierno contempla tres metas “cuantitativas” importantes que atan los desembolsos a su cumplimiento. Déficit, reservas y financiamiento monetario son las claves. En el camino de reducir la asistencia del Banco Central al Tesoro, la apuesta por el mercado de deuda en pesos cobra cada vez mayor relevancia. Según estimaciones privadas, el equipo financiero encabezado por Martín Guzmán debería conseguir el equivalente a 1,6% del PBI en colocaciones públicas, algo que los analistas consideran posible gracias a un eventual desarme de las posiciones de Leliq.

Un informe de la consultora 1816 estima que las necesidades financieras de 2022 rondan el 3% del PBI. Esto se debe a la necesidad de cubrir un rojo equivalente a 2,5% de déficit fiscal y un 0,5% de intereses de deuda en dólares. En el acuerdo con el FMI se contempla que el Banco Central envíe al Tesoro asistencia por 1% del PBI y además que los organismos multilaterales de crédito aporten un 0,4% del producto. “Entonces el mercado debe proveer 1,6% del PBI”, razona el documento. “Para nosotros, el 1,6% del PBI vendrá del achicamiento del stock de Leliq, de modo que el número de agregado de pasivos en pesos del sector público no se mueve o incluso baja si sigue la tasa real negativa”, estimaron los analistas. Según el último dato disponible, el saldo de Leliq asciende a $4,16 billones de pesos, un aumento nominal de 127% respecto del que había el último día hábil de 2021.

¿Cómo se producirá el desarme de Leliq que permitirá conseguir el financiamiento necesario? “No necesariamente serán los bancos los que pasen Leliq a soberanos: pueden hacerlo otros inversores migrando de Money Market (indirectamente compran Leliq) a otros FCI (compran más del 60% de soberanos), como venimos viendo”, asegura el informe.

En marzo, la dupla Rafael Brigo – Ramiro Tosi, secretario de Finanzas y subsecretario de Financiamiento respectivamente, consiguió un financiamiento neto mensual de $280.000 millones, con un porcentaje de rollover del 137%, de acuerdo a datos de la consultora Equilibra, y a un 150% si se netea la porción canjeada del TX22. En lo que va de 2022, el saldo es positivo en $650.000 millones por encima de los vencimientos del período.

Según estimaciones de la consultora Equilibra, en el segundo trimestre vencen más de $700.000 millones promedio por mes. El primer gran vencimiento será esta semana: el del Bocan 22 (AA22), que la consultora calcula en un 40% del total en poder de no residentes. Sin embargo, Economía ya comunicó que, con los fondos conseguidos hasta el momento, podía enfrentar la primera quincena del cuarto mes del año y la primera licitación está programada recién para el martes 12.

“Si bien esperamos que el financiamiento neto del segundo trimestre sea algo menor que el obtenido durante los primeros tres meses del año, la mayor parte de los vencimientos está en manos de bancos y de fondos de inversión locales, que no tendrían muchas más opciones que renovarlos, ante el estricto cepo cambiario”, analiza.

“El verdadero desafío llegará en julio, cuando el Tesoro deberá pagar casi $1,3 billones, junto con cupones en dólares de la deuda reestructurada”, advirtió Equilibra.

(AMBITO) EE.UU. pidió al FMI los datos del monitoreo a la economía argentina
El Gobierno de Biden requirió la información que surja de las misiones trimestrales que auditarán las cuentas locales.

El Gobierno de los Estados Unidos le pidió explícitamente a la conducción del Fondo Monetario Internacional (FMI) que lo mantenga informado sobre la evolución de la economía argentina, y el cumplimiento del Facilidades Extendidas aprobado el viernes 25 de marzo en la sede del organismo en Washington. Curiosamente, los representantes de ese país ante el Board que firmó ese día el acuerdo, no tuvieron grandes participaciones en el debate sobre el caso argentino durante el tiempo en que el acuerdo se discutió abiertamente en ese máximo ámbito del Fondo; dejando a Alemania, Japón y los Países Bajos las críticas más duras contra la realidad económica local. Sin embargo, en el momento posterior al voto, los delegados norteamericanos dejaron en claro que quieren conocer de boca del propio FMI la marcha del acuerdo; asegurando además que confiarán abiertamente en lo que desde el organismo se determine. Esto es, si el país va cumpliendo o no con lo firmado, y el posterior análisis que los enviados trimestrales del FMI vayan cerrando sobre la realidad económica argentina.

El informe trimestral que se presente ante el FMI, será entonces girado hacia la administración Biden para que el Ejecutivo de ese país tenga una visión cercana de cómo evolucionan las principales variables locales. Quién recibirá el informe, a pedido personal, es David Lipton, exnúmero dos del FMI en tiempos de Christine Lagarde; y quién aceptó firmar sin muchas ganas el stand by del 2018.

El norteamericano es hoy asesor directo de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y la persona destinada por el Gobierno de Joe Biden para analizar el caso argentino ante el FMI.

Nuevamente Lipton vuelve a cruzarse con los destinos económicos del país, en una situación incómoda para las dos partes. Al funcionario de Yellen le molestó abiertamente la intención del Gobierno de avanzar en acusaciones serias y directas por la responsabilidad de los funcionarios argentinos y las autoridades del FMI que firmaron el stand by de 2018, algo que tiene a Lipton como protagonista fundamental. Al funcionario, por lo que se sabe en Washington, tampoco le gustaron las acusaciones desde Buenos Aires sobre las posibles relaciones del organismo con la última dictadura y las responsabilidades directas del FMI como causa y no efecto de las sucesivas crisis económicas locales desde el 83 a estos tiempos.

Lipton, militante demócrata, dejó su cargo de subdirector gerente en el FMI en febrero del año pasado. Fue reemplazado por su compatriota del Partido Republicano Seiji Okamoto, designado en el puesto por Donald Trump en uno de sus últimos actos de gobierno; y quién luego fue reemplazado en febrero pasado por la indonorteamericana Gita Gopinath.

Será la segunda instancia en los últimos años en los que Lipton se cruce con la Argentina y sus circunstancias económicas. La última vez que el economista tocó algún tema donde estaba involucrado el país, no fue una buena experiencia. En agosto de 2018 Mauricio Macri enfrentaba una corrida cambiaria, con reservas más que débiles en el BCRA. El Gobierno de entonces realizó un pedido oficial para que los dineros provenientes desde Washington ayudaran a la entidad que manejaba entonces Luis “Toto” Caputo a enfrentar la embestida. La idea era dar batalla con la estrategia de aportar todos los dólares que el mercado pidiera, con el objetivo de dar la imagen a los mercados que el Gobierno no vulneraría el derecho de los ahorristas de todos los niveles para acceder a las divisas.

El pedido de la Argentina se enfrentó con la negativa radical de Lipton. El heredero ideológico de Anne Krueger, se oponía militantemente a violentar el artículo VI de la carta orgánica del FMI, donde se explicita que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. El técnico de Washington no formaba parte en las misiones del FMI que negociaron, avalaron y luego fiscalizaron el stand by, pero liberó de responsabilidades a sus colegas que sí participaron. Macri llamó a Trump para pedirle que presionara/habilitara al FMI para que le permita el uso del dinero del stand by para realizar política cambiaria. El norteamericano ni lo pensó. Llamó a su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que a su vez telefoneó a Lipton para darle la orden de obedecer a Macri si quería permanecer en su cargo. Lipton finalmente aceptó y firmó el permiso para que el país dispusiera de unos u$s6.000 millones para contener eventuales corridas cambiarias, con un límite diario de u$s250 millones, inaugurando una etapa de estabilidad cambiaria y de huida masiva de fondos del país ante la cercanía de las PASO del 11 de agosto de 2019. Es el mismo Lipton que ahora debe evaluar si conviene o no ayudar al país. En este sentido, tampoco Argentina tuvo suerte.

(AMBITO) Mientras el gobierno prepara un plan de contingencia, la Mesa de Enlace advierte por la falta de gasoil
En un comunicado, la entidad agraria señaló que el gasoil se ha convertido «en un recurso escaso» en distintas localidades del país y propuso la utilización de biocombustibles para suplir el faltante del momento.

La semana pasada, ante las denuncias por faltantes, la petrolera YPF aseguró que «está garantizado» el abastecimiento de gasoil para los consumidores del canal mayorista. «A través de sus más de 100 distribuidoras YPF Agro con presencia en todo el país, la compañía garantiza el acceso al gasoil a los productores agropecuarios», sostuvo en un comunicado. Sin embargo, este fin de semana la Mesa de Enlace encendió la alarma por casos puntuales en los que esta problemática se mantiene en algunas zonas productivas.

«El gasoil se ha convertido en un recurso escaso en distintas localidades del país, razón por la cual se han registrado subas más que llamativas y la disponibilidad del producto es escasa y/o cuotificada», señalaron las entidades del agro. Vale recordar que el sector consume casi el 30% de la oferta de gasoil en el país

«Consideramos que el campo también puede ser parte de la solución ante la falta de combustibles y, dentro de ese plan de contingencia, el biodiésel podría suplir la demanda en las distintas regiones del país. De esta manera, tener en cuenta la disponibilidad de biocombustibles, no sólo nos puede ahorrar divisas al país, sino que además de superar una faltante del momento, se estaría promoviendo el uso de energías limpias, sumamente beneficiosas en el medio ambiente», agregaron. De no buscarse una solución, la entidad afirmó contundente: «Nos será muy difícil encarar este ciclo en un contexto de desabastecimiento», advirtieron.

«Entendemos también este problema no es sólo del sector agropecuario, sino que entorpece el normal funcionamiento del resto de los sectores de nuestro país, como el transporte. Es por eso que realizamos un llamado a las autoridades para que pongan en marcha un plan de contingencia, que dé respuesta a la creciente demanda. Este problema requiere de una solución inmediata», concluyen.

Desde el gobierno, ya preparan un plan de contingencia. La Portavoz Presidencial Gabriela Cerruti aseguró que el Gobierno prepara un plan energético para que no falten gas y gasoil en los próximos meses. En la misma línea, aseguró que la próxima semana se conocerán novedades al respecto.

Consultada acerca del posible impacto del contexto bélico internacional en el abastecimiento local, Cerruti dijo que «la Secretaría de Energía se mantiene en alerta y tiene conversaciones para que no haya faltante».

«El Gobierno puede garantizar que no va a faltar gas en invierno. Está tomando todas las medidas necesarias para que no haya faltante», remarcó la funcionaria.

La Portavoz afirmó que la próxima semana se conocerá un plan de «acciones que están llevando adelante» tanto el ministro de Economía Martín Guzmán como el Secretario de Energía, Darío Martínez.

(AMBITO) La «maldición» de los años pares: 3 factores que pueden impedir el crecimiento económico en el 2022
Luego de un 2021 con un crecimiento del 10,3%, el panorama económico para la Argentina en 2022 parece aún más desafiante. Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) las expectativas cambiaron por la guerra entre Rusia y Ucrania y una inflación que no da tregua. ¿Porqué la Argentina puede volver a entrar en una fase recesiva?

Luego de un 2021 con un crecimiento del 10,3%, el panorama económico para la Argentina en 2022 parece aún más desafiante. Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) las expectativas cambiaron por la guerra entre Rusia y Ucrania. A su vez, la persistente inflación también se tornó más compleja y al menos en este primer trimestre del año se espera que supere el 13% con creces. La Argentina podría volver a caer en la «maldición de los años pares» y volver a entrar en una fase recesiva pese al arrastre estadístico del 2021.

Según la previsión del Fondo Monetario, la Argentina crecerá en torno al 3,5% al 4,5%. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central arrojó una expansión del PBI del 3% para este año, «un número similar al arrastre estadístico, lo que implica que el nivel de actividad se estabilizará (o caerá levemente) en términos desestacionalizados», explicó el último informe de Equilibra.

De confirmarse estas expectativas, estos números «permitirían romper la maldición de los pares recesivos iniciadas hace diez años». «Sortear la recesión de los años no electorales permitiría encadenar dos años consecutivos de expansión, lo que no sucede en nuestro país desde 2010-2011, que coincide con el pico del PBI per cápita alcanzado antes del inicio de las restricciones cambiarias», agregaron. Sin embargo, el panorama a nivel local e internacional cambió.

En su último informe, Equilibra elaboró tres factores que pueden impedir el crecimiento económico en este 2022:

«Vemos un escenario más complicado. Estimamos que hay elementos recesivos que podrían evaporar el elevado arrastre estadístico positivo que dejó el año pasado, generando incluso una mínima caída promedio del PBI en 2022 (-0,5%)», expresaron desde la consultora.

Impacto negativo de la sequía sobre la producción agraria
La intensa sequía/ola de calor que azotó al país a comienzos del año golpeó fuerte al sector agropecuario, ya que registraría una caída en su producción de dos dígitos en 2022. El impacto productivo negativo directo rozaría 1,0p.p del PBI y alcanzaría 1,5 p.p. si se consideran las actividades conexas (producción de alimentos, transporte de cargas y otros).

Además, las pérdidas de la cosecha gruesa (la producción de maíz caería 1/3 y la de soja 1/4 respecto a la campaña pasada) implicarían una merma significativa de divisas por menores volúmenes de exportación, y también menores recursos fiscales por retenciones.

Por último, la sequía no sólo afectó la cosecha gruesa sino también dañó cultivos agrícolas de menor escala, quemó pasturas y disparó la mortandad de animales, lo cual explica buena parte del fuerte incremento del precio de los alimentos frescos registrado durante febrero. Incluso, redujo la generación hidroeléctrica -cuya producción es más económica y no requiere combustibles fósiles respecto de otras fuentes- por la falta de agua en ríos y embalses.

Un punto importante a destacar es que el fenómeno climatológico de la Niña -temperaturas por debajo de la media en el Océano Ecuatorial que produce precipitaciones por debajo de la media y temperaturas extremas en la mayor parte de nuestro país- detrás de la sequía y ola de calor sufrida a principios de año, continuaría durante el invierno frenando la generación hidroeléctrica y potenciando la demanda de gas y/o luz para calefaccionar los hogares

2. Menor disponibilidad de divisas para importar

Para Equilibra, al menos cinco variables se desprenden de la necesidad de la Argentina de acumular reservas: el crecimiento déficit del turismo internacional, el aumento del rojo energético (profundizado por el conflicto de Rusia-Ucrania), el aumento del precio de los fertilizantes también desatado por la guerra y los desembolsos netos del FMI y de organismos internacionales.

«Al analizar las perspectivas del balance cambiario notamos que las divisas remanentes para importar podrían no alcanzar siquiera para comprar los mismos volúmenes que el año pasado. Por ende, los sectores productivos dependientes de las importaciones no podrían sostener -por falta de insumos- el nivel de actividad de fines del 2021, diluyendo buena parte del arrastre estadístico positivo. De todas formas, los sectores no transables que dependen principalmente de la demanda interna -como la mayoría de los servicios- no se verían tan afectados por las restricciones a las compras externas», agregaron.

En ese sentido, estimaron: «Si se cumple la meta de acumulación del acuerdo, no habría dólares suficientes para sostener el nivel de actividad del 2022 (el PBI caería 1%). En cambio, para que la economía no caiga este año, la acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN) debería ser sólo de u$s1800 millones, lejos de la meta acordada». En ese sentido, Equilibra estima que la estimación de reservas mediante weiver se ajustará a u$s3800 por la disparada de precios energéticos,c ompatible con una contracción del -0,5% del PBI.

3. El stock estanflacionario a escala global desatado por la invasión rusa a Ucrania

El impacto de la guerra sobre la economía argentina es recesivo por varias vías. En primer lugar, la suba de los precios de las commodities energéticas y alimenticias tendrán un efecto acelerador de la inflación y contribuirán a horadar el poder de compra de los salarios, pegando especialmente en las familias de menores ingresos (que destinan una mayor proporción de su gasto a alimentarse).

«Esto no sólo da por tierra el rango de inflación anual que esperaba el programa para 2022 (38-48%), sino que generaría un impacto recesivo por caída del salario real (si estos trepan menos de 60% no compensarían la suba de precios de este año). La merma del salario real será especialmente relevante para las actividades no transables -como la mayoría de los servicios- que dependen de la demanda doméstica. El arrastre estadístico positivo que dejaron estos sectores a fines de 2021 es levemente superior al 1,0%», sumaron.

«Los efectos recesivos también operarán por vía externa. Pese a que aún no hay estimaciones fiables del impacto sobre la economía mundial, sabemos que el crecimiento global será menor (Europa podría caer en recesión) lo cual debiltará la demanda externa de nuestros productos exportables. También habrá mayor inflación internacional respecto al escenario previsto antes del estallido de la guerra. Además, la tensión financiera ha generado mayor aversión al riesgo, que se traduce en depreciación de monedas emergentes y menor acceso/encarecimiento del crédito internacional. Todo esto impacta de forma negativa sobre la actividad económica en Argentina», concluyeron.

(AMBITO) Mientras sube el déficit, trabajan ya en el nuevo Presupuesto 2022
En el primer trimestre del año el Gobierno agregó un rojo de $3.876 millones al previsto. El 15 de abril debería presentar las nuevas proyecciones de gastos e ingresos al FMI. Este mes también debe llamar a audiencia pública para discutir precio de energía mayorista. El Gobierno de Biden requirió la información que surja de las misiones trimestrales que auditarán las cuentas locales.

Según indica el programa que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó con la Argentina, el próximo 15 de abril el jefe de Gabinete, Juan Manzur, debería modificar el Presupuesto vigente para adaptarlo a las proyecciones de crecimiento, inflación y demás variables incluidas en ese entendimiento. Todo bajo el contexto de los cambios que están ocurriendo en la economía global que impuso la invasión de Rusia a Ucrania.

La adaptación de las previsiones sobre gastos e ingresos de 2022 figura como la primera de las metas a cumplir por el Gobierno de Alberto Fernández con el organismo que conduce Kristalina Georgieva. Este año la Administración Pública Nacional arrancó con un crédito presupuestario de $10,8 billones e ingresos por $7,9, billones, pero le está costando mantenerse dentro de esos parámetros.

Debido a diferentes modificaciones realizadas por la Jefatura de Gabinete en el primer trimestre del año, al resultado primario deficitario previsto, de poco más de $2 billones, habrá que agregarle $3.876 millones más, según estimó la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC).

El viernes se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 343, por la que se aumentó el presupuesto de la Administración Nacional en $7.233 millones y el cálculo de recursos en $3.788 millones.

Entre las principales modificaciones figuran un refuerzo de los créditos para el INDEC en $8.884 millones para acciones vinculadas con la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas y $3.000 millones para la ANSES, a fin de incorporar las erogaciones asociadas al complemento mensual, financiadas con mayores aportes y contribuciones por el mismo monto.

También se aumentan las partidas de la Jefatura de Gabinete en $1.161 millones para dotarla de mayores recursos tecnológicos, atender las erogaciones pertinentes para el cumplimiento de su cometido y asegurar una mayor presencia en el territorio del Instituto Nacional de las Juventudes.

Por otra parte, se reducen en $6.674 millones los créditos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio de Trabajo y se compensan entre esa cartera y la de Salud $4.264 millones destinados al Plan 1000 días.

Se trata de cambios sobre el Presupuesto 2021 prorrogado por decreto por el Poder Ejecutivo porque la oposición en el Congreso rechazó el proyecto de 2022. Esa ley tenía una proyección de inflación del 33% anual y un crecimiento para este año del 4%, con un déficit de 3 puntos del PBI. El acuerdo con el FMI plantea una inflación de entre 38% y 48%, y un déficit de 2,5% del PBI.

Es previsible que, debido al descalabro que produjo la guerra en Ucrania en los mercados mundiales de materias primas y de energía, la Argentina y el organismo con sede en Washington tengan que volver a sentarse en una mesa a afinar el lápiz. El término que usa el FMI es el de “recalibrar” políticas, pero no dice si eso incluye recalcular las metas.

Frente a ello, otra de las medidas comprometidas, vinculadas para ajustar el Presupuesto, es la reducción de los subsidios a la energía. El acuerdo dice que durante abril el Gobierno convocará a audiencia pública para llamar a un ajuste de tarifas mayoristas. Forma parte de lo que se denomina meta “estructural”. La suba deberá comenzar a regir el 1 de junio próximo.

El Gobierno tenía previsto gastar este año casi $1,4 billones en subsidios económicos pero según lo acordado tendrá que recortar unos $420.000 millones, lo que equivale a un 0,6 puntos del PBI.

(INFOBAE) Acuerdo con el FMI: el Gobierno comenzó a adaptar el presupuesto al nuevo programa económico
Según la hoja de ruta consensuada con el organismo, tiene tiempo hasta el 15 de abril para modificar partidas y presentar su nuevo plan de ingresos y erogaciones. El viernes reasignó $7.200 millones para el Censo de Población y la AUH, entre otros gastos

El Gobierno comenzó a adaptar el presupuesto vigente, es decir el prorrogado del año pasado tras el fracaso en el Congreso para aprobar el proyecto para 2022, a los lineamientos del acuerdo con el FMI. Se trata del primer objetivo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario. El último viernes, en ese sentido, el Poder Ejecutivo incrementó las partidas para el ejercicio actual por más de $7.200 millones.

De acuerdo a la hoja de ruta prevista con el FMI, esa adecuación podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo. En lo que va del año, el Gobierno hizo por la vía administrativa dos modificaciones parlamentarias, según recopilaron informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Argentina de Presupueso (ASAP).
La más importante fue la de este último viernes. Según publicó el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, la reasignación de partidas totalizó $7.233 millones, con un recálculo de recursos por $3.788 millones. De esa manera, la modificación implicó un aumento del déficit en $3.445 millones, según la OPC.

De acuerdo a la hoja de ruta prevista con el FMI, la readecuación del presupuesto prorrogado del año pasado al acuerdo con el Fondo podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo
Algunos aspectos del gasto público tuvieron incrementos de partidas, otras disminuciones y otros, de un tercer grupo, registraron “compensaciones”. Entre los incrementos de fondos están el Ministerio de Economía por $8.884 millones para financiar la implementación del Censo Nacional de Población que se realizará este año. También habrá otros $3.000 millones para el Ministerio de Trabajo, específicamente para el presupuesto que Anses utiliza para la Asignación Universal por Hijo. Por último, la Jefatura de Gabinete contará con $1.161 millones más para el Instituto Nacional de las Juventudes.

Entre las disminuciones también aparece el Ministerio de Trabajo, específicamente para la partida correspondiente al programa Repro, por el cual el Gobierno paga parte del salario de trabajadores del sector privado de rubros productivos considerados críticos en el contexto de pandemia. Ese recorte es de $6.674 millones.

Entre las compensaciones, para Anses, junto con la de Salud, habrá $4.264 millones para el Plan 1.000 Días que apunta a asistencia en la nutrición para niños hasta los 3 años. Otros $2.800 millones para el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penintenciario Federal, y por último, $2.000 millones para el programa Gestión del Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agricultura.

Según la definición que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “las modificaciones presupuestarias son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Se originan por varios motivos entre los cuales pueden mencionarse las sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de categorías programáticas y cambios no previstos en la proyección de los ingresos”.

En este caso, el Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión.

Habrá, explicaron fuentes oficiales a Infobae, dos modalidades por las cuales el Gobierno pueda cristalizar esa adaptación del presupuesto vigente del 2021 al nuevo programa con el FMI. “Las adecuaciones pueden hacerse o por decisión administrativa o resolución; en ese caso no se comunican al Congreso. Cuando se hacen por decreto de necesidad y urgencia, sí se comunica al Congreso”, detallaron desde un despacho oficial.

Según publicó el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, la reasignación de partidas del último viernes totalizó $7.233 millones, con un recálculo de recursos por $3.788 millones. De esa manera, la modificación implicó un aumento del déficit en $3.445 millones, según la OPC
En este caso, el Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión.

La semana pesada vencieron las primeras metas indicativas con el FMI, que serán analizadas con el staff en la primera visita que tendrá el organismo a mediados de mayo. Para fines de marzo, según la letra chica del acuerdo, la cifra que actuará como referencia de techo para el caso del déficit primario fue de $222.300 millones. Asimismo, solo permite un valor de 535.900 millones de pesos como deuda “flotante”, es decir pagos atrasados del ejercicio anterior. Este último número se mantiene fijo a lo largo de 2022.

Además hubo metas indicativas para recaudación y gasto social. El Gobierno debería tener un ingreso real 2,417 billones de pesos entre los primeros tres meses del año. Además, habrá un mínimo a gastar en programas de asistencia social por casi $152.000 millones. Por su lado, el BCRA deberá cumplir con un piso de variación reservas internacionales netas: hacia finales de marzo, las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones. Respecto a la monetización del déficit, el techo indicativo implica una suma de $236.800 millones.