(AMBITO) Más plata al bolsillo: debaten pagar bono a trabajadores y cobran los jubilados
El Gobierno busca llevar alivio a los castigados bolsillos con medidas que moderen el impacto de la inflación. Gremios piden bono que empresarios rechazan.

El Gobierno busca llevar alivio a los castigados bolsillos de los argentinos con medidas que moderen el impacto de la inflación que se mantiene en niveles superiores al 4% mensual. Es por ello que prepara una series de medidas que apuntan a aliviar la carga y mantener el nivel de consumo.

Por un lado, se espera el lanzamiento de nuevos programas con precios controlados en alimentos y otros productos de consumo masivo.

En tanto que mientras se están cerrando las paritarias y se acaba de elevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, está en análisis la posibilidad de un bono para trabajadores registrados, que se sumará a pagos extra como a los jubilados y a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Por otro lado, trascendió que los sindicatos habían propuesto el pago de un bono similar al que decretó el gobierno el año pasado, en la reunión que mantuvieron la semana pasada con funcionarios y empresarios.

Las empresas dicen que complicaría el cierre de las paritarias, que está ocurriendo por estos días. De hecho, el pago de bonos compensatorios o de sumas fijas se está acordando en las discusiones salariales de este año, dicen las fuentes privadas.

Lo que sí está confirmado es que el Gobierno otorgará un bono extraordinario en abril de $6.000 a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. También a titulares de pensiones no contributivas, como forma de fortalecer sus ingresos ante la suba de precios de los alimentos registrada en las últimas semanas.

Según datos oficiales la medida alcanza a un total de 4,6 millones de personas destinatarias de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que tienen ingresos previsionales menores a 38.630 pesos.

(AMBITO) Dólar futuro: sin salto devaluatorio, el Banco Central ganó $34.100 millones en el primer trimestre
Por su intervención en esa plaza, ya tuvo ganancias superiores a las de todo 2021 frente a quienes apostaron por una fuerte depreciación tras las elecciones y en la previa del acuerdo con el FMI. Aflojan las expectativas y recupera poder de fuego.

Las apuestas finalmente fallidas de algunos inversores por un salto en el tipo de cambio, que sumaron presión a las expectativas de devaluación en las semanas de definición de la negociación con el Fondo Monetario Internacional a las que el Banco Central llegó con reservas al límite, volvieron a dejarle cuantiosas ganancias a la autoridad monetaria. Al no concretarse ese escenario, el BCRA ganó $34.100 millones en el primer trimestre producto de su intervención en los mercados de dólar futuro, según supo Ámbito de fuentes oficiales.

Los futuros del dólar son instrumentos que se negocian en pesos en el Matba-Rofex y en el MAE. Sirven para brindar cobertura a los inversores ante un eventual salto cambiario. Los contratos pactados allí constituyen una especie de apuesta por cubrirse de una devaluación a un plazo determinado: la diferencia entre el precio convenido y el tipo de cambio realmente existente al vencimiento del contrato hace que el comprador gane si dólar oficial finalmente resulta más alto y que el vendedor lo haga si es más bajo. La venta de estos contratos es una herramienta que utiliza el BCRA para incidir en las expectativas de devaluación.

Pese a que la aceleración del ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial iniciada después de las elecciones legislativas había amainado la cantidad de apuestas del mercado por un salto devaluatorio, la tensión cambiaria se mantuvo en niveles elevados en la previa del acuerdo con el FMI, lo que constituyó una fuente extra de presión. Eso se reflejó, por ejemplo, en la disparada que tuvieron los dólares financieros durante enero.

Por ese motivo, las ganancias embolsadas por el Central en el mercado de futuros durante el primer trimestre ya superan los $30.600 millones conseguidos durante todo 2021. Desde enero de 2020, el BCRA les ganó a quienes pulsearon por un mayor ritmo de devaluación unos $88.200 millones.

La entidad que preside Miguel Pesce embolsó vía futuros $12.500 millones en enero, $12.100 millones en febrero y sumó otros $9.500 millones en marzo, adelantaron fuentes oficiales. Y afirmaron que en marzo el monto fue menor al de los meses previos “porque cayó la expectativa de devaluación”, algo que también se reflejó en el retroceso de alrededor de $10 en los dólares paralelos. Las presiones del mercado se aplacaron al compás de las perspectivas de avance del reclamado acuerdo con el Fondo, que incluyó en su primer desembolso un refuerzo para las reservas.

El nuevo programa con el FMI no plantea un salto devaluatorio, aunque sí una aceleración del ritmo de depreciación. La pauta fijada es mantener estable en el tiempo el nivel de competitividad de la economía de fines de 2021, medido en base al índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM). En lo que va del año el BCRA elevó progresivamente la suba mensual del dólar oficial: fue del 2,2% en enero, 2,3% en febrero y 3,3% en marzo. Si bien se mantuvo considerablemente por debajo de una inflación desatada, la apreciación del real y el alza de precios en Estados Unidos contribuyeron a sostener el ITCRM.

Si bien el dato es aún incipiente y el Central le imprime cierta volatilidad al crawling peg (depreciación administrada), abril comenzó con una nueva aceleración a niveles mensualizados del 4%, según cálculos privados en base a las dos primeras ruedas del mes. Con todo, cepo mediante, la capacidad del BCRA de regular el ritmo de deslizamiento le otorga una ventaja importante a la hora de pulsear con los inversores que apuestan por una devaluación mayor.

Entretanto, toda esta dinámica le permitió a la autoridad monetaria recomponer su poder de fuego para intervenir en el mercado de futuros en caso de que las presiones vuelvan a escalar. Es que, a medida que las expectativas de depreciación aflojaron, la entidad redujo su posición vendida en contratos del Rofex y el MAE desde los u$s5.100 millones de fines de noviembre hasta los u$s2.700 millones de fines de febrero, cerca de la mitad. En marzo, podría haber bajado otro escalón.

El acuerdo con el FMI le fijó un tope a la intervención en esa plaza, aunque se trata de monto elevado: el BCRA podrá vender hasta u$s9.000 millones en contratos de dólar futuro.

(AMBITO) Blanqueo arranca hoy en el Senado
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas comenzará hoy a debatir el proyecto oficial para gravar con una tasa de 20% los inmuebles no declarados por argentinos en el exterior y el 35 % en el caso que no lo hagan voluntariamente.

Esa idea tiene como destino crear un fondo destinado al pago de deuda al FMI con una recaudación que aun no resulta fácil de precisar.

El debate no será pacífico. Para la oposición, el proyecto “tiene la clara intención de desviar la atención pública de la grave crisis política que corroe al Frente de Todos y su incapacidad para afrontar los temas urgentes que afectan a millones de argentinos”.

Ayer Juntos por el Cambio difundió un comunicado en el que expresa que para recuperar bienes no declarados en el exterior “no hace falta una nueva ley”.

“Esta iniciativa que impulsa el oficialismo es un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales. Si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del ‘Colaborador’, los ingresos al fondo se reducirían al 14%. Todo esto sin importar el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse dinero de la corrupción u otras actividades delictivas”, señalan los opositores.

Al mismo tiempo la Cámara de Diputados comenzará a debatir hoy en comisión una reforma de la ley de alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.

La discusión se dará en la comisión de Legislación General, que se conformará a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por Sergio Massa, con titulares de los bloques de Juntos por el Cambio.

(AMBITO) FMI: economista turca fiscalizará las metas que prometió Argentina

Un nuevo nombre habrá que anotar para evaluar la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para seguir la marcha de las fiscalizaciones del acuerdo entre el país y el organismo. Y más específicamente, la evaluación sobre el equilibrio y viabilidad de las variables argentinas en los primeros dos años y medio de vigencia del tratado; período en el que el país tendría que cumplir 11 misiones trimestrales.

Si bien la autoridad máxima que deberá firmar la aprobación (o no) de cada una de las visitas de los técnicos de Washington a Buenos Aires es el director gerente para el Hemisferio Occidental, el brasileño-israelí Illan Goldfjan, quien fue designada por Gita Gopinath para tomarse el trabajo de evaluar la consistencia de los números criollos será Ceyla Pazarbasioglu.

Se trata de una economista turca que tiene su pasado en el FMI, el Banco Mundial (BM) y en el mercado financiero privado de Wall Street (en el grupo ABM AMRO). Volvió este año a pedido de la subdirectora gerente para ejercer el estratégico cargo de Directora del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación, desde el cual tiene que llevar el cálculo mensual sobre la marcha de los dineros del organismo, pero también la consistencia de las economías de los países con mayor relación financiera y crediticia con el FMI. Y, obviamente, Argentina y su Facilidades Extendidas, que detenta casi el 70% de las acreencias del Fondo, es parte fundamental de su tarea.

Ante esta realidad, parte del trabajo constante de Pazarbasioglu será el de considerar la marcha el Facilidades Extendidas firmado con Argentina, y elevar sus visión estratégica sobre la posibilidad (o no) del cumplimiento de las metas. Según la tarea asignada por Gopinath, cuando alguna variable no cumpla las metas pactadas; tendrán que rediseñarse nuevos equilibrios con el resto de las otras mediciones.

Por ejemplo, será la economista turca la que tendría que evaluar dentro de los laboratorios internos del FMI, las consecuencias dentro del Facilidades Extendidas del incumplimiento del IPC en las metas de crecimiento, política monetaria, cambiaria, fiscal, etc. Esos datos luego se dirigirán hacia la número dos del FMI y de Goldfjan; para que luego se llame a renegociación con la Argentina. Pero, en este caso, con los datos del departamento de Estrategia, Política y Evaluación como referencia; y no ya los cálculos que se presentaron originalmente por el Palacio de Hacienda y se aprobaron en Washington el viernes 25 de marzo pasado. La importancia de Pazarbasioglu quedó plasmada ese día, al ser invitada para que firme el acuerdo con la Argentina, compartiendo cartel con Gopinath, Goldfjan y la directora adjunta para el Hemisferio Occidental Julie Kozac.

Metas
Pazarbasioglu será, por ejemplo, quien determine en qué medida y con que aproximación la meta de inflación pactada de un máximo de 48% queda atrás, y por qué porcentaje queda reemplazada. Y cuál será la consecuente medición que deberá aplicarse para las otras metas que figuren en el acuerdo y que deban ser renegociadas como inevitable determinación ante el incremento del IPC superior al originalmente acordado.

Pero la tarea más importante que tendrá que analizar la economista, será el nivel de crecimiento de la economía argentina este año; ante la poca creencia desde Washington sobre que el país pueda cumplir la promesa de un alza de 3,5 y 4,5% del PBI. Como contó este medio el viernes pasado, a diferencia de la meta inflacionaria, el ministro de Economía y el Ejecutivo se niega a abrir la discusión sobre el crecimiento; y reclamarán que Lozac y Luis Cubeddu, el jefe de la misión argentina respeten lo pactado, o que, en todo caso, aguarden hasta fin de año para confirmar que lo que se calculó desde el Palacio de Hacienda sea lo correcto. Será tarea de los dos técnicos del FMI y decisión previa de Goldfjan. Sin embargo, los tres delegados del Fondo tendrán en sus manos las mediciones que ejecute Pazarbasioglu en su estratégico Departamento.

(AMBITO) Transportistas de granos lanzaron un paro nacional para la semana próxima
Así lo dispuso la Federación de Transportadores Argentinos. La medida de fuerza será el lunes 11 y será en reclamo de una actualización de tarifas en el sector, entre otras demandas.

La Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA) anunció este lunes que el próximo 11 de abril iniciará un paro nacional en reclamo de una actualización de las tarifas del sector y la falta de abastecimiento de combustibles.

La entidad señaló que la medida se tomó «ante la falta de respuesta al pedido de convocatoria de la Mesa de Negociación Participativa para la actualización tarifaria de los fletes de granos».

La FeTrA dijo que el paro busca evitar «mayores daños en la economía de sus representados» y advirtió que se «torna imposible seguir trabajando en condiciones razonables».

La central transportista fundamentó la protesta por la falta de actualización de la tarifa nacional para los fletes, contemplando el precio real del gasoil y la no reglamentación de la cláusula gatillo.

La entidad denunció a los dadores de cargas por «abuso de su posición negándose a pagar una tarifa justa y razonable» y reclamó también por la inseguridad en las inmediaciones portuarias y falta de condiciones de infraestructura en los accesos a puertos.

La FeTrA informó que el paro se realizará «en todo el país con manifestaciones en diferentes cruces de rutas, plantas de acopio y puertos graneleros», porque entienden que no puede seguir trabajando «en estas condiciones».

Por su parte la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) se sumó al pedido de otros sectores de la agroindustria y le propuso al gobierno de Alberto Fernández llevar el actual porcentaje de mezcla del 5% del biodiésel con el gasoil al 20%.

En un comunicado la entidad explicó que el faltante de gasoil puede ser sustituido «rápidamente» por el biodiésel de la industria exportadora.

El segundo trimestre del año es el momento en que se recolecta el grueso de la soja y el maíz, que el año pasado registraron exportaciones por cerca de 30.500 millones de dólares, incluyendo los embarques del aceite y la harina derivados de la oleaginosa.

A su vez, el otoño austral es un momento de intenso tránsito de camiones a los puertos de la zona de Rosario, el polo agroportuario y agroindustrial argentino ubicado sobre el río Paraná.

(AMBITO) Argentina cerró canje de deuda bajo ley local: adhesión llegó a 99,75%, la más alta de la historia
En esta última instancia para aceptar la oferta de reestructuración enviada por el Gobierno en septiembre de 2020, entraron cerca del 30% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles.

El Ministerio de Economía informó que este lunes concluyó definitivamente el canje de deuda externa bajo ley local. La adhesión de los bonistas privados terminó en el 99,75%, la más alta de la historia.

Vale recordar que en septiembre de 2020 la cartera que conduce Martín Guzmán había anunciado una adhesión del 98,8% a la oferta de reestructuración final enviada a los acreedores, pero luego abrió varias etapas para que aquellos que habían decidido rechazar la propuesta revisaran su postura.

En esta última instancia, finalizada el pasado martes 30 de marzo, cerca del 30% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles aceptaron finalmente la oferta, que incluye la colocación de los «nuevos» títulos ya vigentes (bonares).

De este modo, aproximadamente u$s41.330 millones de los u$s41.433 millones del total de la deuda elegible se reestructuró.

«El universo de Títulos elegibles remanente alcanza los u$s103,6 millones (a valor nominal). En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir», detallaron desde Economía.

«El canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años, al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se reduce al 2,75% respecto al 7,6% previo a la operación», destacaron en el Palacio de Hacienda.

La reestructuración con bonistas privados le dio al país un alivio cercano a los u$s35.000 millones en un período de 10 años.

En paralelo, el Gobierno cerró hace semanas la negociación para extender los plazos y distribuir de una manera más sostenible el perfil de vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y pateó el puente de tiempo con el Club de París por los dos años y medio que dura el programa con el FMI, aunque espera llegar a una reestructuración definitiva antes del 30 de junio.

(INFOBAE) Escasez de gasoil: las internas políticas y la ausencia de ley de Presupuesto suman presión a la crisis
Las petroleras reclaman al Gobierno una desgravación impositiva para el combustible que estaba prevista en el proyecto para este año que fue rechazado en el Congreso. La parálisis de gestión por las diferencias con el kirchnerismo duro complican una solución

Un mercado completamente distorsionado por la intervención estatal, sometido a un shock externo de precios en el medio de la peor crisis política del Gobierno que paraliza la gestión en muchas áreas no puede dar otro resultado que un desabastecimiento, al menos en el caso del negocio petrolero aunque puede ser aplicable a otros rubros. Eso es lo que se espera para el suministro de gas en los próximos meses y es lo que ya ocurre con el gasoil.

La situación se volvió crítica en las últimas semanas cuando ante el inicio de la cosecha gruesa quedó en evidencia la escasez del combustible para enfrentar el aumento de la demanda, en un contexto de disparada de los precios internacionales, que en el caso del gasoil trepó 65% en dólares respecto del año pasado y cotiza en torno a los USD 820 el metro cúbico.

Para paliar el impacto de semejante suba y morigerar las pérdidas de las petroleras ante el desacople de los precios locales con el objetivo de asegurar un mayor suministro, las compañías del sector, incluida YPF, impulsaron la idea de desgravar la importación del combustible, aunque sea de manera transitoria en el trimestre clave para el campo. Pero las desinteligencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los funcionarios de la secretaría de Energía bajo su órbita por un lado, y las dificultades en el Congreso para tratar cualquier proyecto por el otro, traban esa posibilidad.

Los faltantes de gastoil crearon un escenario crítico en las últimas semanas cuando ante el inicio de la cosecha gruesa quedó en evidencia la escasez del combustible para enfrentar el aumento de la demanda
En rigor, la propuesta del sector petrolero apunta a subsanar otra de las consecuencias que trajo la pelea política interna del Gobierno, que es la falta de la sanción del proyecto de Presupuesto 2022. En ese texto estaba prevista la desgravación de al menos 4 millones de metros cúbicos de gasoil, una cantidad cuatro veces mayor que la eximida del pago de los impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono prevista en el Presupuesto del año anterior. Como el proyecto para 2022 nunca se aprobó, quedó vigente la ley de 2021 en la que está contemplada, entonces, la exención para apenas unos 800.000 metros cúbicos, destinados exclusivamente a Cammesa para la generación térmica. En otras palabras, paradójicamente el Gobierno previó complicaciones en el abastecimiento energético, por lo menos en el caso del gasoil, pero las diferencias en en el Frente de Todos, que llevaron a Máximo Kirchner a echar por tierra el acuerdo para aprobar el Presupuesto de este año, le impiden ahora avanzar en cualquier gestión crítica para alivianar una crisis que pudo anticipar.

El Presupuesto suele prever un cupo de desgravación para la importación de gasoil, algo que la falta de sanción de esa ley impidió aplicar este año en toda su extensión
El ex subsecretario de Presupuesto, Nicolás Gadano, explicó que desde hace años, el Poder Ejecutivo recurre a una eximición legislativa a través de la sanción del Presupuesto para facilitar la importación de gasoil a pérdida y disimular sus costos. Se trata de un cupo de importación que cuenta con una exención al impuesto a los combustibles (ITC) y al dióxido de carbono que beneficia a los importadores, reduciendo sus pérdidas ante la regulación del precio en el mercado local. Pero la desgravación prevista para 2021, cuyo cupo ya se habría agotado, estaba prevista exclusivamente para la generación térmica, es decir, para Cammesa. Pero la intención era modificar eso.

“La ley que está vigente, que es la del año pasado, impide a YPF o a las petroleras importar gasoil para venderle al campo o a las estaciones de servicio porque era estrictamente para generación térmica. En el Presupuesto de este año, que no se aprobó, no sólo se aumentaba el volumen sino que se abarcaba la generación pero no de manera excluyente”, dijo Gadano. Agregó que, en definitiva, la exención es un subsidio a las petroleras que, a diferencia del resto de los subsidios a la energía, impacta en los recursos en vez de reflejarse en el nivel de gasto. Uno de los puntos clave es que el ITC es un impuesto de asignación específica, cuyos recursos se destinan a la Anses y a la provincias además del Tesoro. De aplicarse la exención prevista en el proyecto de Presupuesto rechazado, el costo fiscal ascendería a unos USD 540 millones, cifra que tal vez podría ser menor en caso de que el Congreso avanzara en una desgravación transitoria. “Con cuestiones tributarias no se puede hacer un decreto de necesidad y urgencia, hay que pasar por el Congreso. Y este momento no parece tan propicio para aprobar leyes”, opinó el economista.

(INFOBAE) Impuestazo de AFIP a los porteños: claves para entender el revalúo y dos ejemplos del impacto en el bolsillo de los propietarios
El nuevo cálculo es parte del acuerdo con el FMI. El tributarista Sebastián Domínguez analizó los ejes del proyecto que Horacio Rodríguez Larreta definió hoy como ilegítimo y discriminatorio

Hoy, en una dura carta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió por carta a la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, que revea y revoque el dictamen dispone un fuerte aumento de la valuación de bienes inmuebles en la Ciudad que integran la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales.

Según Larreta, el pedido se sostiene en que la decisión del Gobierno nacional es ilegítima, discriminatoria y atenta contra la seguridad jurídica.

El tributarista Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, analizó los cambios que anunció la titular de la AFIP para entender cómo cambia la vida de los contribuyentes a partir de esta modificación en la forma en que se determina el Impuesto a los Bienes Personales que, en la práctica, implica cuadruplicar de un plumazo los valores de los inmuebles en la Ciudad.

Además, calculó dos escenarios para medir el impacto en el bolsillo de los propietarios.

Escenario 1: una persona con una casa que vale $30 millones, con la base imponible es cero; tiene otro para alquilar por $3 millones, un auto ($1 millón) y efectivo por $50.000.

“Este contribuyente paga cero de Bienes Personales con el cálculo anterior. Con el nuevo, la propiedad que alquila pasa a valer $12 millones. Y así de cero pasa a pagar por ese impuesto más de 53.000 pesos”, detalló Domínguez.

Escenario 2: una persona con una casa que vale $30 millones (base imponible es cero), tiene otro para alquilar por $3 millones, un auto ($3 millones) y efectivo por $6.000.000.

“Esa persona ya pagaba Bienes personales, unos 42.250 pesos. Ahora pasaría a tener una base imponible de más de 16 millones de pesos, y va a agar algo más que 136.000 pesos por ese impuesto. O sea, tiene un perjuicio de más de 94.000 pesos”, detalló el tributarista.

Las 12 claves para entender los cambios, según SDC Asesores Tributarios:

1 – ¿Cómo puede la AFIP incrementar por 4 la valuación de los inmuebles en CABA?
La AFIP no cambia el valor de los inmuebles en CABA.

El incremento se produce porque modificará el criterio respecto a qué valor debe considerarse.

A través del Dictamen (DI ALIR) 1/2022 dejó de lado el criterio que surgía del Dictamen (DI ALIR) 1/2018 establecido durante el Gobierno anterior, volviendo al criterio del Dictamen (DAT) 12/2013.

2 – ¿Cómo se valúan los inmuebles para el impuesto sobre los bienes personales?
Para valuar un inmueble se debe tomar el costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio actualizado deducida la amortización correspondiente (valor residual).

Ese valor no puede ser menor a la base imponible fijada para el pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquida el impuesto o al valor fiscal determinado a esa fecha.

Actualmente, conforme a la Ley 27.480, se debe tomar la base imponible o valor fiscal al 31/12/2017 actualizada por el IPC (Indice de precios del consumidor) al 31 de diciembre del año en que se liquide el impuesto.

Es decir, se debe tomar el mayor de los tres valores (valor residual, base imponible para los impuestos inmobiliarios, valor fiscal) a los fines de la valuación de los inmuebles para el impuesto sobre los bienes personales.

3 – ¿Cómo se calcula el impuesto inmobiliario en CABA?
En CABA se determina el impuesto inmobiliario partiendo de la valuación fiscal homogénea (VFH), se la multiplica por la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC) que desde 2012 tiene un valor de 4, y luego se le aplica una tabla que fija la cuota.

Por ejemplo, si la valuación fiscal homogénea de un inmueble en 2022 es $ 500.000, el impuesto inmobiliario se determinará de la siguiente forma:

VFH $ 500.000 x USC 4 = $ 2.000.000

Monto fijo del impuesto inmobiliario $ 6.300 + 0,70% sobre el excedente de $ 1.200.000, es decir, $ 5.600

Impuesto Inmobiliario: $ 11.900 ($ 6.300 + $ 5.600)

4 – ¿Qué es la Valuación Fiscal Homogénea?
La AGIP indica que VFH es el valor fiscal del inmueble. Se calcula considerando el valor económico e incidencia del terreno según ubicación geográfica y entorno y la incidencia comercial del distrito, por un lado, y el valor real de edificación según la categoría, destino, calidad y características.

Nunca podrá ser superior al 20% del valor de mercado del inmueble.

5 – ¿Qué es la Unidad de Sustentabilidad Contributiva?
La AGIP indica que la USC es un índice que permite mantener uniformes y homogéneas las valuaciones técnicas, sin afectar la base imponible para otros impuestos o para las exenciones a jubilados y discapacitados.

Fue establecido en 4 desde su incorporación al Código Fiscal en 2012 y sólo puede modificarlo, total o parcialmente la legislatura de CABA.

6 – ¿En qué consiste el cambio de criterio?
El cambio de criterio de la AFIP consiste en indicar que la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC) forma parte de la base imponible del impuesto inmobiliario en CABA.

7 – ¿Qué consideró el Dictamen (DAT) 12/2013?
El Dictamen (DAT) 12/2013 consideró que la base imponible del impuesto inmobiliario no es la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) dado que dicha base está conformada por Valuación Fiscal Homogénea (VFH) multiplicada por la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC).

En la práctica, la AFIP consideró que la base imponible era la Valuación Fiscal Homogénea por 4.

8 – ¿Qué consideró el Dictamen (DI ALIR) 1/2018?
A través del Dictamen (DI ALIR) 1/2018, la AFIP cambió su criterio y consideró que la base imponible del impuesto inmobiliario o valor fiscal es la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) y no debe considerarse la multiplicación por la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC).

Para decidir así, consideró que el Código Fiscal de CABA establece expresamente que la base imponible del impuesto inmobiliario es la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) y así debe ser considerado conforme a una perspectiva de interpretación basada en la letra del texto legal y sobre la base del juego armónico de las normas que rigen el caso.

La AFIP entendió que la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC) no forma parte de la base imponible, está disociada de la valuación de los inmuebles, es una ponderación discrecional efectuada anualmente por el legislador local en virtud de la política fiscal y no debe ser considerada a los efectos de la comparación de valores para valuar los inmuebles en bienes personales.

9 – ¿Es legal que la AFIP cambie de criterio?
Alguien pudo haber invertido en un inmueble para alquilar considerando un determinado costo del impuesto sobre los bienes personales, ahora le cambiarán las reglas de juego.

Quizás, si la persona hubiera conocido que se iba a cambiar el criterio, no hubiera realizado la inversión.

Eso es posible, pero, lamentablemente, la AFIP puede cambiar su criterio ya que no hay un derecho adquirido para los contribuyentes sobre la base de un Dictamen de dicho Organismo.

“La forma más virtuosa de financiar la política pública es a través de los ingresos tributarios y, principalmente, aquellos que provienen de los sectores de mayor capacidad contributiva” (Marcó del Pont)
Solamente hay un derecho adquirido para quienes hayan realizado una consulta vinculante preguntándole al Fisco cual era la base imponible que debían considerar para valuar los inmuebles y la AFIP les haya contestado aplicando el criterio del Dictamen 1/2018.

En esos casos, la AFIP debería notificarles el nuevo criterio de valuación y se aplicará sólo para adelante.

10 – ¿El nuevo criterio se va a aplicar en forma retroactivo por los años no prescriptos?
Si la AFIP quisiera, podría aplicar el nuevo criterio por los años no prescriptos, aún cuando existen argumentos para discutirlo.

Sin embargo, de acuerdo al Dictamen (DIALIR) 1/2022, el cambio de criterio no se aplicaría respecto a los períodos fiscales cuyos vencimientos operaron con anterioridad al 10/03/2022 respecto a los contribuyentes que hubieran presentado sus declaraciones juradas y abonado el tributo conforme el criterio del Dictamen (DIALIR) 1/2018.

Esto implica que la AFIP pretende aplicar el nuevo criterio para el período fiscal 2021 que vence en junio 2022 y para todos los casos de contribuyentes que regularicen presentaciones y pagos por períodos fiscales anteriores desde el 10/03/2022 en adelante.

11 – ¿Este cambio de criterio implica siempre un mayor impuesto sobre los bienes personales?
Este cambio de criterio no necesariamente implica un aumento del impuesto sobre los bienes personales en todos los casos.

En CABA se determina el impuesto inmobiliario partiendo de la valuación fiscal homogénea (VFH), se la multiplica por la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC) que desde 2012 tiene un valor de 4, y luego se le aplica una tabla que fija la cuota
Se debe tomar el mayor de los tres valores (valor residual, base imponible para los impuestos inmobiliarios, valor fiscal) a los fines de la valuación de los inmuebles para el impuesto sobre los bienes personales.

Si una persona compró recientemente un inmueble en CABA es probable que el valor residual (valor de compra amortizado) sea mayor a la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) por la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC).

En este caso, el cambio de criterio no tendrá ningún efecto hasta el momento en que el valor residual se sitúe por debajo de la base imponible del impuesto inmobiliario conforme el nuevo criterio de la AFIP

12 – ¿Qué hacer si no se está de acuerdo con este nuevo criterio de la AFIP?
Quienes no estén de acuerdo con este nuevo criterio de la AFIP podrían optar por continuar determinado el impuesto sobre los bienes personales tomando como base imponible la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) sin aplicar Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC).

En ese caso, la AFIP podría realizar acciones de inducción (por ejemplo, notificaciones al domicilio fiscal electrónico indicando que surgirían de sus bases de datos que no se valuaron correctamente los inmuebles e invitando a rectificar la declaración jurada) y si el contribuyente no rectifica la declaración jurada, abrir una fiscalización para luego iniciar un procedimiento de determinación de oficio del impuesto sobre los bienes personales.

La resolución determinativa en el marco del procedimiento de determinación de oficio, se podría apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación, siempre que supere los $25.000.

Si no supera ese valor, sólo se podría plantear el Recurso de Reconsideración para ante el Superior que terminaría ratificando la determinación de oficio ya que es un recurso administrativo dentro de la órbita de la AFIP.

Mientas dure la discusión en el Tribunal Fiscal de la Nación no será necesario pagar ya que el recurso tiene efecto suspensivo.

Si la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación fuera a favor del Fisco, se podría recurrir la misma ante la Cámara Nacional competente para luego, eventualmente llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ante una sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación ratificando el criterio fiscal, se deberá pagar el impuesto y los intereses mientras se continúa discutiendo, no así la multa que sólo se deberá pagar si la sentencia queda firme a favor del Fisco.

En este caso, si finalmente se le da la razón al contribuyente, el Fisco deberá devolver el dinero pagado.

Existen también otros caminos que se pueden explorar como pagar el impuesto aplicando la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC) y luego solicitar la devolución del mismo o establecer una estrategia judicial como podría ser plantear una acción judicial para obtener una medida cautelar a los efectos de que el Fisco no pueda exigir la diferencia de impuesto mientras se resuelve si se debe o no aplicar la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC).

Todo dependerá de los valores involucrados ya que en puede suceder que la diferencia del impuesto sobre los bienes personales por aplicar la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC) no justifique los riesgos y costos que implica una discusión contenciosa con el Fisco.