(AMBITO) Massa volvió a pedirle a Guzmán que actualice el piso de Ganancias
El titular de la Cámara de Diputados detalló que, en base a una evaluación realizada por los equipos técnicos de la Cámara de Diputados, los trabajadores y jubilados alcanzados por el Impuestos a las Ganancias se han incrementado sustancialmente en estos últimos dos meses.

Mediante una nueva misiva enviada al ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa reafirmó su pedido para que se actualice en lo inmediato el piso de la Ley de Ganancias con el objetivo de beneficiar a los trabajadores y jubilados que quedaron alcanzados por el impuesto por las actualizaciones salariales.

Massa le reiteró al ministerio de Economía su solicitud de actualización de manera inmediata del “piso” para empezar a pagar el Impuesto a las Ganancias, que el propio titular de la Cámara baja impulsó el año pasado, para que los aumentos salariales acordados en paritarias no afecten el poder de compra de los trabajadores.

Massa detalló que, en base a una evaluación realizada por los equipos técnicos de la Cámara de Diputados, los trabajadores y jubilados alcanzados por el Impuestos a las Ganancias se han incrementado sustancialmente en estos últimos dos meses.

El líder del Frente Renovador explica que, a febrero de 2022, la cantidad de trabajadores y jubilados «retenidos» por el tributo era de 742.964 y dicha suma se elevó a 847.878 en mes de abril, es decir, hubo un 14% de incremento en solo dos meses.

En base a estos datos, Massa plantea que se efectivice de manera inmediata un nuevo piso actualizado de remuneración mensual para empezar a pagar el impuesto, volviendo a beneficiar a una gran cantidad de contribuyentes a nivel nacional, en función del objetivo original de la medida.

De esta manera se continuaría dando “sostenibilidad a las políticas de este Gobierno referidas a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”, explica el titular de la Cámara baja en su carta.

Tal como había anunciado Massa el año pasado, la Ley aprobada por el Congreso en abril del 2021 permite considerar las nuevas pautas salariales y faculta al Gobierno a través de un decreto a actualizar el “piso” con el objetivo de acompañar el alivio fiscal de los trabajadores con los incrementos salariales que se acuerden en paritarias.

«Trabajamos protegiendo y aliviando la situación de los trabajadores; y además, como las paritarias van a la alza y a mejorar los ingresos, en el caso de Ganancias previmos una cláusula gatillo, para acompañar las mejoras», había indicado el presidente de Diputados.

Originalmente, en 2021, el piso salarial de $150.000, luego ajustado a $175.000, permitió que 1,5 millones de trabajadores dejaran de pagar el Impuesto a las Ganancias. Luego, por las variaciones inflacionarias, se volvió a delegar la facultad al Poder Ejecutivo para incrementar las deducciones del impuesto durante el año fiscal 2022. Massa propone una suba adicional del piso a partir del cual se paga el impuesto para mantener constante el porcentaje de contribuyentes alcanzados por el tributo.

Así, continuaría consolidándose un esquema progresivo de alivio fiscal y solo lo paguen el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.

Hace dos semanas, el ministro de Economía aseguró que es “una obviedad” que debe anticiparse el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para que este no pierda poder adquisitivo por el impacto de la aceleración inflacionaria y aclaró que la moratoria previsional es un proyecto del Poder Legislativo en el que el Gobierno no participó.

(AMBITO) Por la inflación, el stock de plazos fijos UVA crece 25% real en el año y esperan que siga en alza
Los depósitos que brindan cobertura contra la suba de precios se expanden mes a mes, aunque todavía representan una porción reducida de las colocaciones privadas a plazo.

En el actual contexto de muy alta inflación, los ahorristas buscan herramientas efectivas que les permitan conservar el poder adquisitivo del dinero y ganarle a la suba generalizada de precios. Esto explica el avance que tuvo el stock de plazos fijo UVA con un crecimiento constante mes a mes, que lo posiciona en máximos históricos. En lo que va del año acumulan un alza del 25% en términos reales y la perspectiva es que la expansión continúe. El último dato disponible (19 de mayo), muestra un saldo de $299.248 millones.

Matías de Luca, economista en LCG Consultora, señaló que, con datos hasta mitad de mayo, los depósitos a plazo UVA vienen creciendo en términos reales, especialmente los minoristas, por encima del 10% mensual real, aunque estos últimos representan solo un quinto del total de los depósitos UVA. Los mayoristas, en cambio, vienen creciendo a un ritmo del 3,5% mensual real, principalmente traccionados por los depósitos del sector público. Mientras que, los privados continúan creciendo en términos reales, pero a una velocidad mucho menor.

En este sentido, continúan con la tendencia creciente que experimentan desde principio de año. En abril, según el informe Monetario Mensual del Banco Central, los depósitos en UVA registraron un crecimiento mensual de 13,9% en términos reales. Asimismo, en marzo experimentaron un crecimiento del 5,8% mensual en términos reales, lo que implicó una aceleración de 2,9 puntos respecto a la tasa de expansión de febrero.

Según un informe de Equilibra, “en términos reales, los depósitos que ajustan por inflación han recuperado el dinamismo pre electoral 2021, y vienen creciendo 25% respecto a diciembre del 2021, aunque todavía representan menos del 5% de los depósitos a plazos fijo del sector privado”. En consecuencia, explican que “la mayor participación de este tipo de colocaciones está haciendo que los bancos prefieran cubrirse comprando deuda indexada en desmedro de liberar el fondeo para préstamos”.

Los plazos fijos UVA ganaron protagonismo en este contexto ya que su cotización se basa en el índice CER – Coeficiente de Estabilización de Referencia- que es elaborado por el Banco Central y aumenta en proporción a la inflación. Su plazo mínimo es de 90 días y al vencimiento su valor se actualiza en función del CER y paga un adicional de 1% nominal anual. Por otro lado, los plazos fijos UVA precancelables, tienen la opción de retirar el dinero a partir de los 30 días, pero el ajuste se hace por una tasa nominal anual menor a la de los plazos fijos tradicionales, por lo que el dinero no termina creciendo al ritmo del IPC.

Sobre las expectativas de cómo continuarán los depósitos que ajustan por inflación los próximos meses, Lucio Garay Méndez, economista en Eco Go, consideró que “el combo inflación alta y un Banco Central corriendo de atrás a la hora de subir la tasa de interés” genera los incentivos para el traspaso de plazo fijo tradicional a plazo fijo UVA. “Los últimos datos de inflación estuvieron por encima de lo esperado y esas expectativas desancladas, es decir, que no haya un horizonte claro sobre el camino de desinflación lleva a que la gente quiera atar sus ahorros a la inflación. En paralelo, comienza a haber una mayor educación financiera y una difusión más generalizada de estos instrumentos de ahorro, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Hay una gran parte de la población que no está bancarizada y eso le pone techo al stock de plazo fijo UVA”, dijo.

Sin embargo, advirtió: “Mientras que no haya un plan económico que dé previsibilidad, difícilmente se estabilice la demanda de pesos. Mientras tanto, seguramente la inflación siga por encima del movimiento del dólar, pero esto no dura para siempre; en algún momento, tarde o temprano, el tipo de cambio real se tiene que recomponer. En este contexto, los depósitos en pesos también tienen una cuota alta de imprevisibilidad”.

Desde Equilibra, señalan que “en tanto la inflación no ceda y la incertidumbre siga creciendo a medida que nos acercamos a las próximas elecciones, los plazos fijos ajustables por CER/UVA y los tradicionales de muy corto plazo seguirán siendo preferidos por inversores minoristas”.

Por su parte, Roberto Luis Geretto, economista es CMF Asset Management, explicó que el programa con el FMI llevó a un desanclaje de expectativas ya que “el acuerdo no limita la emisión secundaria, por ejemplo, emitir para comprar reservas o desarmar Leliq, a lo cual se suman aumento de tarifas y no poder usar el dólar como ancla; esto sumado a desequilibrios macro, llevan a mayor inflación”. Y afirmó que este contexto “hace que los plazos fijos UVA sean cada vez más valorados y sigan ganando terreno”.

Asimismo, agregó: “Otros instrumentos para cubrirse son los FCI CER, que también protegen contra la inflación. También los bonos soberanos que ajusten por CER, siempre que se confíe en el futuro repago en tiempo y forma. Y, por supuesto, la dolarización de carteras es la clásica forma de cobertura, la cual muy probablemente en 2023 sea más utilizada, como es habitual en años electorales”.

(AMBITO) Oportunidad para Argentina: India eliminó aranceles para el aceite de soja y girasol
Ante los problemas de abastecimiento y la suba de precios, el país asiático desgravó los ingresos de aceite de soja (del que Argentina le vende alrededor de u$s3.000 millones al año) y también de girasol.

Se abre una gran oportunidad para el comercio agroindustrial de Argentina, en medio de las presiones ante la escalada de los precios de los commodities del agro y los problemas de abastecimiento a nivel mundial a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. El Gobierno de India decidió eliminar los aranceles de importación para el aceite de girasol y soja, por un cupo total de 2 millones de toneladas por año que regirá a partir de hoy 25 de mayo y hasta el 31 de marzo del 2024. De esta manera, ese país busca no solo asegurarse la compra del producto sino también enfriar los precios internos y detener la inflación que en abril pasado superó el 7%.

Esta medida beneficiará en forma directa a los principales productores de aceite de soja: Argentina, Brasil y Estados Unidos. En el caso del girasol, la nación que podría sacar mayor partido es Argentina.

Al respecto, Gustavo Idígoras, Director Ejecutivo de Ciara – Cec, la cámara que nuclea a las principales agroexportadoras que operan en el país, detalló en diálogo con Ámbito: “Argentina es el primer abastecedor de aceite de soja de India, a quien le vendemos por alrededor u$s3.000 millones al año, con lo cual este cupo de exportación es una muy buena noticia para la industria porque se podría ganar todavía más mercado. En aceite de girasol Ucrania era el primer y Rusia el segundo abastecedor en India y ahora han desaparecido, así que es una buena oportunidad para Argentina de entrar con fuerza a ese mercado. El único punto a tener en cuenta es que nuestra capacidad anual de exportación en aceite de girasol no supera las 800.000 toneladas a todo el mundo por eso estamos buscando que los productores siembren más girasol frente a una demanda fenomenal que debería aprovecharse”.

Otro punto clave es que actualmente la industria de procesamiento de soja tiene una capacidad ociosa que ronda el 49%, es decir, el sector necesita de más soja y de mejor calidad para producir más y salir al mundo a vender el producto. La posibilidad de llegar a India con un cupo de mercado sin aranceles hasta 2024 se presenta como la oportunidad ideal para que las empresas agroexportadoras logren finalmente alcanzar un mayor nivel de procesamiento. Eso, además, traería aparejado un mayor ingreso de divisas para el país. En tanto, como dato, el aceite de soja no tiene relevancia para el consumo doméstico, por lo que su exportación no debería tener un impacto directo en los precios internos.

De cualquier manera, lo cierto es que la crisis alimentaria ya es una realidad en el mundo. A raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania y las debilidades que quedaron en evidencia en la cadena de suministro a partir de la pandemia de Covid, según la ONU, actualmente hay 49 millones de personas en 43 países que están en la puerta del hambre. Es por eso que diversos países comenzaron actuar para asegurarse no solo el abastecimiento de las materias primas del agro y energía, sino también para que los precios de los alimentos dejen de subir en sus mercados y detener así la creciente inflación. Desde Estados Unidos, pasando por India y Argentina, entre muchos otros, implementan diversas fórmulas para frenar este proceso que atenta contra la economía mundial.

India, por ejemplo, salió con los tapones de punta, y no solo prohibió las exportaciones de trigo, sino que también redujo impuestos especiales sobre los combustibles y eliminó también los impuestos de importación sobre algunas materias primas utilizadas en la industria del acero y el plástico.

Para dimensionar el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, nada mejor que los números. Solo Ucrania tiene capacidad para alimentar a 400 millones de personas a partir de su producción de maíz y trigo, granos que hoy no están pudiendo salir del país sitiado por la guerra. Esta situación no solo impacta en forma directa en países ricos de Europa sino también en aquellos más pobres como África que son compradores netos de su producción.

Por su parte, Rusia es el principal exportador de fertilizantes nitrogenados y gas natural, y el segundo exportador a escala global de petróleo crudo. Mientras, en Ucrania, sus producciones de trigo suponen un tercio de las exportaciones mundiales de este cereal, así como produce el 80% del aceite de girasol del mundo y el 19% del maíz.

Según las previsiones del Banco Mundial, la interrupción de las exportaciones de estos bienes supondrá que el precio de la energía suba más de un 50% este año y el de los productos agrícolas más del 20%, que ya se ubican en niveles máximos históricos.

Mientras tanto, en Argentina todavía se discuten diversas medidas para frenar la inflación y el incremento de los precios de los alimentos, que van desde mecanismos compensadores hasta la suba de las retenciones a los cereales. Por el momento, lo cierto es que la inflación sigue en alza mientras en el medio aparecen oportunidades de mercado que podrían colaborar con el ingreso de divisas que tanto necesita la economía local.

(AMBITO) Advierten que el estancamiento del consumo condicionará el crecimiento de la actividad
Las perspectivas para los próximos meses no son optimistas y desde distintas consultoras señalan que la inflación «erosiona» la capacidad de compra de las familias.

La aceleración de la inflación de los últimos meses encendió las alertas e hizo mella en el consumo. De hecho, tal como difundió INDEC el martes, en marzo las ventas en los supermercados se contrajeron (0,1%) de manera interanual por primera vez en diez meses. De todas formas, de cara a los próximos meses, las perspectivas no lucen muy alentadoras. Es por eso que distintas consultoras señalaron que el estancamiento en el consumo podría resentir el crecimiento de la actividad económica.

“Me parece que el consumo se va a mantener estancado. La baja del 0,1% no es muy significativa, pero sí es un estancamiento que impide que el consumo siga creciendo. Y eso me parece que se va a mantener. Quizá sea más volátil: en los meses que en algún sector se otorgue refuerzo de ingresos, aumento de salario mínimo vital y móvil o una actualización de paritaria fuerte, ahí se va a reactivar fuerte el consumo. Porque además no se puede saber cuál puede ser la inflación dentro de dos o tres meses. Por eso, imagino que será una evolución más parecida a un ‘serrucho’, con tendencia a estancarse, que a un crecimiento sostenido”, analizó a Ámbito Nicolás Pertierra, Economista Jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

Este estancamiento en el consumo puede condicionar el crecimiento de la actividad que se había previsto para este año. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central, se estima un crecimiento de 3,5% del PBI para este año. El programa con el Fondo, de hecho, prevé una expansión de entre el 3,5% y el 4,5%.

En marzo, la economía se contrajo 0,7% mensual, según difundió el INDEC. Para abril, de acuerdo al Índice General de Actividad que elabora la consultora Orlando Ferreres, se podría esperar un avance del 0,5%. “En cuanto a las perspectivas para los próximos meses no podemos ser optimistas”, remarcaron desde la firma, y explicaron: “La inflación sigue carcomiendo los ingresos y la capacidad de consumo de las familias, y el Gobierno no logra aplicar políticas económicas efectivas para enfrentar la escalada de precios, ni está logrando acumular reservas de dólares, y las metas acordadas con el FMI lucen ya de difícil cumplimiento. En los próximos meses podríamos ver mayores restricciones sobre las importaciones y tensiones en cuanto a la disponibilidad energética. En este contexto es natural anticipar que la actividad entrará en un período de estancamiento”.

En la misma línea, desde LCG señalaron que, “puesto que el consumo representa en promedio 70% del PBI, con una inflación que se acelera, difícilmente esta variable sea el motor de crecimiento durante 2022; especialmente en un contexto donde los incrementos salariales son rápidamente erosionados por la suba de los precios”. Es por eso que desde la consultora proyectan una desaceleración de la actividad en la segunda parte del año, que redundará en un crecimiento de la economía de “no más del 2%” este año. Cifra que respondería, aclaran, al “arrastre estadístico” que dejó 2021.

Se “debilitan” los drivers
En la misma línea, desde la consultora Ecolatina analizaron que de cara a los próximos meses “crecen los riesgos de que se debiliten los drivers que explicaron la recuperación del poder adquisitivo y, por ende, del consumo».

“Para empezar, la marcada aceleración inflacionaria, que desde el segundo semestre de 2021 fue contrapesada en materia de ingresos por la reapertura de paritarias, posiblemente comience a hacer mella en el poder adquisitivo en adelante: el salto de inicios de año y las perspectivas de registros elevados para los próximos meses, puede poner en jaque la continuidad en la recuperación del ingreso disponible”, señaló la firma, que destacó: “Pese a los holgados acuerdos paritarios y los recientes bonos a sectores de menores ingresos, la suba de precios hace más factible un escenario donde se trunque la recuperación real de los ingresos y salarios iniciada a finales del año pasado”.

Además, destacaron que la instrumentación del acuerdo con el FMI también “obturará” los drivers que impulsaron el consumo en el último tiempo, por “cuatro vías”. Por un lado, el ajuste de las tarifas energéticas le pone un piso elevado a la inflación, golpeando el ingreso disponible; la meta de déficit fiscal “acota al sesgo expansivo de la política fiscal para impulsar la demanda”; además, la suba en las tasas de interés encarece el crédito al consumo y la inversión; y, finalmente, la meta de acumulación de reservas “le pone un tope al nivel de importaciones que se pueden pagar con el actual nivel de oferta de divisas, sumado al salto de la inflación global, el encarecimiento de los fletes y el recalentamiento del déficit turístico”.

Consumo masivo
En ese contexto, el consumo masivo también podría verse afectado en los próximos meses, aunque la caída del poder adquisitivo no golpeará de la misma manera a todos los canales. “Creo que lo que van a permitir las paritarias, los bonos y los refuerzos que se van a dar, incluso el aumento de las jubilaciones, van a permitir que en el caso de los mayoristas y las grandes superficies comerciales crezca el consumo. Y va a desacelerar un poco en los autoservicios y comercios de cercanía. Va a depender también mucho de la aceleración de precios que veamos en las categorías de consumo masivo. Pero lo que vemos es que se erosionó mucho el poder adquisitivo”, señaló a Ámbito Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

De hecho, según el informe que realiza la firma vía Scanntech (lector de código en 670 puntos de venta de todo el país), el consumo masivo cayó en abril 8,7% interanual, para acumular en el primer cuatrimestre una contracción de 3,1% frente al mismo periodo del año anterior.

(AMBITO) Renta inesperada: el FMI avala, pero por ahora no tomará como referencia al impuesto
Sólo incorporará a las proyecciones del programa los ingresos del tributo si este se aprueba en el Congreso. Ven como positivo que se cobre en 2023.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue avalando la propuesta, por ahora congelada, de la creación del impuesto a la “renta inesperada”, pero no aceptará contabilizar dentro de las proyecciones futuras de la recaudación que presente el Ministerio de Economía los eventuales ingresos que el nuevo tributo aporte en caso de aprobarse. Los datos fiscales que se analizan en estos días sobre las proyecciones que desde Buenos Aires comunicaron en las reuniones virtuales que se mantienen entre los técnicos del organismo financiero internacional y los funcionarios del oficialismo, no suman lo que se obtendría por el impuesto presentado en sociedad por Martín Guzmán. Tampoco otras alternativas que se analizan y que son debatidas en estos tiempos dentro de la política argentina.

La máxima que llegó desde Washington en las pantallas de los hombre y mujeres que tienen a su cargo la misión es que sólo se puede hablar de las medidas que ya están reglamentadas y aplicadas, y no sumar a los cálculos de dinero y porcentajes lo que eventualmente podría recaudarse. Si luego el gobierno lograra nuevas fuentes de financiamiento, se tomarán obviamente como válidas y como datos concretos. Pero no se aceptará contabilizarlos desde hoy.

Todo esto pese a que el Fondo aceptó y avaló el impuesto planteado por Guzmán en abril pasado. Y que incluso recibió el apoyo personal de Kristalina Georgieva durante la presentación del ministro en la pasada cumbre de primavera del Fondo y el Banco Mundial (BM). Martín Guzmán le había explicado la idea ante Gita Gopinath, la autoridad interna más importante del organismo financiero que en líneas generales controlará el Facilidades Extendidas y pujará por una relación virtuosa con el país, de quien obtuvo un espaldarazo técnico a la iniciativa.

Lo importante de lo conversado con la subdirectora gerente del FMI fue que, de lograrse la aprobación en el Congreso de la idea de aumentar la presión de Ganancias sobre los privados, lo recaudado habrá que esperarlo más para 2023 que para este año. Las empresas que estén alcanzadas por el impuesto lo declararán recién cuando presenten sus balances de este ejercicio, algo que sucederá, en su mayoría, entre fines de 2022 y el primer cuatrimestre de 2023, con lo que la AFIP lo percibiría en el próximo ejercicio fiscal.

Sin embargo, esto no fue algo que incomodara ni al ministerio de Economía ni al FMI ya que Martín Guzmán, su equipo y el staff técnico del Fondo consideran que 2023 será más complicado que este año, especialmente en términos fiscales. Según las especulaciones financieras y fiscales del Ejecutivo en general, este año no habría mayores problemas para lograr un déficit entre ingresos y gastos primarios (sin contar intereses) no superior al 2,5% del PBI. Incluso desde Economía se especula con un porcentaje holgado algo lejos de la meta máxima. Esto, además de confiar en un crecimiento de la economía por arriba del 3,5%.

En esos días, para Economía era más importante que la “renta inesperada” ayude a lograr la meta de un déficit máximo de 1,9% para 2023; un año que, además, es electoral. En abril se lo veía también como una alternativa válida para acercar el año próximo posiciones políticas con el kirchnerismo durante tiempos electorales. De ahí que en esos tiempos el FMI no sólo veía con simpatía el incremento de la presión tributaria (incluso se presiona por un incremento aún mayor que el que tiene en mente Guzmán), sino que el traslado del ingreso real para el ya anticipado complicado 2023 es algo percibido como fiscalmente más efectivo.

Sin embargo, informados, saben desde Washington que las posibilidades políticas reales de avanzar con el tributo son bajas. Lectores de la realidad argentina, conocen en el FMI las dificultades internas de la coalición gobernante y las escasas posibilidades de que la “renta inesperada” pueda ser aprobada por un Congreso sin mayorías oficialistas.

Sobre las verdaderas intenciones actuales del Gobierno en avanzar en el proyecto y enviar el texto al Congreso aún no hay muchas novedades ni referencias. Por lo que se sabe, por ahora es un tema en discusión entre el Ejecutivo y los empresarios. La idea de Guzmán es avanzar siempre que haya consenso con los privados, algo que aún no se logró.

(AMBITO) Otra prueba para Guzmán: sale a buscar más pesos y el mercado espera una suba de tasas para no poner en riesgo el acuerdo con el FMI
Necesita al menos $100.000 millones para cubrir los vencimientos de fin de mes, pero necesita un margen mayor de financiamiento para no presionar las metas de emisión monetaria. El Ministerio de Economía busca moderar las colocaciones de deuda indexada

El Ministerio de Economía llevará adelante este viernes la segunda y última licitación de mayo de deuda en pesos ante el mercado local y espera cubrir al menos los $166.000 millones de una letra del Tesoro a descuento que vence el próximo martes, y en lo posible conseguir un margen de financiamiento mayor. El Gobierno necesitará, no solo en la operación de esta semana sino a lo largo del año, un saldo positivo considerable en cada colocación de bonos para no poner en peligro las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La parte más difícil de las obligaciones financieras de este mes tuvieron lugar hace diez días, cuando la Secretaría de Finanzas colocó unos $820.000 millones y consiguió así un margen neto cercano los $66.000 millones. Al tratarse de una parada difícil ante la plaza financiera doméstica, el Gobierno lo celebró porque mayo implicaba un mes exigente para el esquema de colocaciones de bonos. En el mercado fueron menos optimistas.

Por un lado, lo relativizaron porque parte del éxito en la última licitación tuvo que ver con la emisión del Bote 2027, un bono dual (es decir que puede o bien pagar tasa fija o bien estar indexado más un 1% de tasa) que fue adquirido por los bancos, que necesitaban reemplazar al Bonte 2022 que tenían en su poder. La finalidad de este tipo de activos para las entidades financieras es que pueden utilizarlos como parte de los encajes que les exige el Banco Central.

La parte más difícil de las obligaciones financieras de este mes tuvieron lugar hace diez días, cuando la Secretaría de Finanzas colocó unos $820.000 millones y consiguió así un margen neto cercano los $66.000 millones
Solo tomando en consideración la primera parte de la licitación pasada -al día siguiente hubo una “segunda ronda” en que Economía consiguió $36.000 millones más- del total colocado unos $466.000 millones correspondieron a ese título dual para los bancos, que vence en 2027. En segundo lugar le siguió el título indexado, por otros $178.343 millones, una letra a descuento por $167.861 millones. Más atrás quedó el bono dollar linked, del que el Tesoro solo vendió en pesos el equivalente a USD 1.278 millones.

Para este viernes la exigencia es menor: se vencen $166.340 millones de una letra a descuento y el saldo neto que acumuló por el momento Finanzas es poco mayor a $66.000 millones. De esta manera, el piso de pesos que necesitará recolectar Guzmán esta semana será de $100.000 millones. No obstante, no sería el escenario ideal para el Poder Ejecutivo obtener solo ese monto.

Eso sucede por que la expectativa hacia adelante es que Economía necesite tener un nivel de cobertura de vencimientos (roll over) cercano al 130% cada mes para no poner en peligro las metas con el Fondo Monetario Internacional. Esto significa que además de conseguir pagar la totalidad de obligaciones de cada mes, requerirá un 30% más de forma neta. Con esos pesos evitará tener que ser asistido por el Banco Central para cubrir el déficit.

Hasta la primera licitación del mes el porcentaje de roll over ronda el 108% en mayo, aún lejos de ese 130% que estima el mercado. De todas formas, al mirar la foto completa en lo que va del año ese porcentaje es de 123%, mucho más en línea con esas metas. Para los analistas, una de las formas en las que Finanzas podría acercar aún más su nivel de cobertura a esa cifra sería a través de una suba en las tasas que ofrece al mercado o poner sobre la mesa títulos atados a la inflación.

La consultora Equilibra lo explicó de la siguiente manera: “El Tesoro debería alcanzar un financiamiento neto de 1,1 billones de pesos para lograr sumar 1,7 billones de pesos en todo el año (2,2% del PBI), compatible con el techo de asistencia del BCRA al Tesoro de 1% del PBI”, mencionaron.

El Ministerio de Economía necesita tener un nivel de cobertura de vencimientos (roll over) cercano al 130% cada mes para no poner en peligro las metas con el Fondo Monetario Internacional
“El gran interrogante es si el mercado local seguirá respondiendo como lo hizo en el primer cuatrimestre del año”, consideraron. Y enumeraron tres factores: “los vencimientos de los próximos meses son mucho más abultados que los del período enero-abril, por lo que, para lograr el mismo financiamiento neto el valor efectivo adjudicado deberá ser mucho mayor”.

En segundo lugar, “los bancos ya han migrado buena parte de su integración de encajes desde Leliqs a letras del Tesoro” y por último, “el mercado prefiere títulos indexados, y con vencimiento antes de las próximas elecciones, por lo cual a medida que vayamos adentrándonos en la segunda mitad del año el Tesoro deberá redoblar esfuerzos para colocar deuda con plazo mayor al año (vía mayores tasas o, en contra de lo acordado con eI Fondo, con mayor oferta de títulos indexados)”, continuó Equilibra.

Por último, consideró que “para incentivar a los bancos privados a que sigan desarmando posiciones de Leliqs e integren encajes a través de instrumentos del Tesoro, y seducir al resto del sector privado para que renueven vencimientos, las tasas deberán volver a subir en las próximas licitaciones”. El Banco Central fue el que movió primero sus tasas de referencia tras el IPC de abril de 6% y las subió por cuarta vez en lo que va del año.

Un informe de Consultatio habla de una suerte de “muralla invisible” entre los vencimientos pre y post elecciones presidenciales de 2023. “El apetito del mercado está fuertemente concentrado en los vencimientos cortos y en los activos indexados a la inflación. Mirando hacia adelante, casi pareciera haber una ‘muralla invisible’ que separa los vencimientos que caen luego de las PASO del próximo año”.

“La última licitación dejó en claro esto: exceptuando el bono por encajes, el porcentaje de deuda emitida con vencimiento post elecciones 2023 fue más bajo que en abril y en marzo”, alertó Consultatio y concluyó que “viendo la dinámica actual, cuesta ser optimista y nos parecemos encaminar a un triple incumplimiento con el Fondo”.

Para Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, “nuestra clase favorita de activo continúa siendo los bonos CER. Esperarnos que continue ofreciendo retornos atractivos ante la inercia en los precios y la suba de las expectativas de los mismos”, consideró.

“Los bonos CER estuvieron bajo presión, en línea con la caída en las posiciones en los Fondos Comunes de Inversión y las perspectivas de incremento de oferta en los tramos de la curva con vencimiento en 2024. En este punto vemos una normalización en los márgenes de los bonos convencimiento entre 2024 y 2023, que se venia ampliando, en línea con el calendario electoral”, comentó.

Un informe de Quantum, por su parte, explicó que “como la oferta de plazos fijos ajustables por UVA está limitada y la tasa de interés real en pesos sigue siendo menor a la inflación, la consecuencia fue rendimientos fuertemente negativos para distintos instrumentos de deuda soberana ajustables tanto por variaciones en índices de precios como por tipo de cambio oficial”.

De todas formas, mencionó como síntoma que “desde hace unas semanas los rendimientos de estos instrumentos están subiendo, reflejando decisiones de cambio en la composición de las carteras. Estas pueden estar asociadas, entre otras razones, a límites internos de algunos inversores y a visiones sobre el riesgo crediticio de los instrumentos”.

El menú que pondrá sobre la mesa el Ministerio de Economía para intentar cerrar mayo con el mayor porcentaje de roll over posible incluirá una letra a descuento solo para Fondos Comunes de Inversión, letras a descuento, con tasa variable e indexada para los bancos y fondos inversores que participan del programa Creadores de Mercado y, para el resto del público, un bono que paga tasa Badlar más un 5% extra que vence en abril de 2024 y un título atado a la inflación más 1,80% de tasa extra a noviembre de 2025.

La emisión de títulos que siguen a la inflación creció considerablemente en los últimos meses. En abril, por ejemplo, representaron 55 de cada 100 pesos colocados en el mercado local. Y en marzo habían implicado 77 de cada 100 pesos. Como contrapartida, de todas formas, la Secretaría de Finanzas destacó que más allá del stock, el Gobierno comienza a alargar el perfil de vencimientos de este tipo de activos para evitar una concentración de obligaciones de pago.