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(Ámbito) Confirmado: Argentina aceptará ayuda del FMI contra la crisis. Serán aproximadamente u$s3.500 millones. Se utilizarán para recuperar la economía real, no para pagar vencimientos de deuda. Se estudia para los próximos meses aceptar los u$s5.400 millones que aún están disponibles por el stand by vigente. Alberto Fernández sorprenderá en horas a su propia tropa: con absoluto pragmatismo pedirá al Fondo Monetario Internacional que habilite la línea de financiamiento denominada Derechos Especiales de Giro (DEG); destinada exclusivamente para cubrir necesidades ante catástrofes naturales o emergencias sanitarias como la que, obviamente, generó el estallido del coronavirus. El Presidente tomará así una línea de crédito del FMI que se ubicaría entre los 3.000 y 3.500 millones de dólares, los que se destinarían casi exclusivamente a poder tomar futuras decisiones económicas de sostenimiento de la economía real; como el apoyo a la obra pública y la asistencia a las provincias. En consecuencia, no será dinero para pagar vencimientos de deuda; los que continuarán dependiendo de la decisión del Jefe de Estado y las órdenes que les dé al presidente del BCRA, Miguel Pesce, de utilizar o no las reservas. La próxima, y crucial, parada, será el pago del los u$s1.300 millones del 7 de mayo del Bonar 24; para muchos, el faro para determinar si el país ingresará o no en default voluntario. La posibilidad de contar con los fondos del DEG (Special Drawing Rights, en ingles) le fue adelantada personalmente a Fernández por la directora gerente del organismo financiero, Kristalina Georgieva, quien le había anticipado al argentino que desde su sillón estaba gestionando con los principales socios del FMI, la activación masiva de estas líneas. La búlgara necesitaba del apoyo del G-20, lo que fue habilitado durante una teleconferencia mundial de la que participó también la Argentina a través del secretario de Política Económica, Haroldo Montagu. En la cumbre virtual, donde el G-20 habló de lanzar un plan general de reactivación de la economía global llamado “Hoja de Ruta” (por ahora un conjunto de buenas intenciones), lo cierto es que el país consiguió lo que más buscaba; que el FMI obtuviera el visto bueno del grupo de estados para avanzar en estas líneas de ayuda inmediata. Ahora sólo resta que Georgieva habilite el board del Fondo, para luego comenzar a diseñar el plan de otorgamiento del dinero según el porcentaje de acciones que cada país tenga en el Fondo por integrarlo. Ese dinero se puede utilizar sin restricciones, para el uso que cada estado considere conveniente, pero dentro de la declaración de emergencia. Como en Argentina quedan además sin haberse ejecutado otros 1.500 millones del stand by vigente (contabilizados dentro de las reservas del BCRA), el dinero disponible desde el FMI para los próximos meses de crisis intra y pos coronavirus se acercaría a los u$s5.000 millones. Alberto Fernández medita ahora una decisión aún más polémica que la de aceptar dinero del FMI, en un Gobierno con protagonismo kirchnerista. Georgieva ya le aclaró al argentino que aún quedan disponibles para el país unos u$s5.400 millones correspondientes al último, y suspendido, desembolso por el stand by firmado por Mauricio Macri y que el Gobierno renegociará, en algún momento. Ese dinero ya le corresponde al país por haber cerrado el acuerdo, y podría reactivarse con una nuevo tratado negociado con el organismo. Georgieva ya le confirmó a Fernández que está dispuesta a hablar de nuevos acuerdos, incluso en una negociación inédita para la historia del organismo en el marco de la batalla contra el coronavirus. Sabe además Fernández que tiene el aval inmediato de Europa y Estados Unidos para un nuevo acuerdo general de postergación del pago de la deuda de 44.500 millones, y que en el marco de la emergencia podría disponer de un especial tratamiento para la disponibilidad del dinero. Y que hasta se podría pensar en aceptar lo que reclama Fernández: un plazo de cuatro años sin pagar cuotas de ese dinero. El avance o no en este segundo, y polémico paso, será decisión del presidente. El Jefe de Estado considera, por ahora, que hay tiempo para avanzar en este último capítulo.
(Ámbito) Guzmán propondrá nuevo acuerdo al FMI y no pone plazo para cerrar con bonistas. El ministro de Economía adelantó que ese acuerdo se alcanzará una se realice la demora revisión del FMI. Tambièn aclaró que «no hay fecha» para cerrar con bonistas. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que continuará el diálogo esta semana y la próxima con tenedores de bonos para reestructurar la deuda de u$s 68.842 millones emitida bajo legislación extranjera, al tiempo que buscará alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar otros US$ 44.000 millones. Debido a la pandemia del coronavirus «se atrasó» el cronograma lanzado a finales de enero por el propio Ministerio y que preveía que para fin de marzo ya estaría cerrada la operación, dijo Guzmán esta noche durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda. «Hemos tenido un pequeño retraso en la oferta formal», debido a la situación que está viviendo el mundo y por eso «una fecha precisa no está siendo posible» de definir, sin embargo aseguró que se está «dialogando de manera constructiva con los bonistas» para alcanzar acuerdos y llegar a un horizonte de normalización de la deuda. Guzmán también destacó que su cartera le presta «mucha atención al análisis de sostenibilidad de la deuda que hizo el FMI» el 20 de marzo y que apuntaba a que Argentina necesitaba cinco años de gracia, una quita de entre u$s55.000 y u$s85.000 millones «o una combinación de estos factores». Esos principios se utilizarán en la negociación con los privados, y la propuesta resultante puede contar con un periodo de gracia para el pago de la deuda, la reducción de cupones, la quita de capital, junto con extensión de plazos «en múltiples combinaciones» de estas herramientas, dijo Guzmán. «La oferta no tiene porqué ser exactamente igual, pero sí prestamos atención a las sugerencias del staff técnico del Fondo», dijo el funcionario quien también detalló que le podrían brindar a los acreedores un bono atado al PBI «si es de su interés». Al ser consultado sobre cuándo el Gobierno pretende volver al mercado financiero internacional, el ministro desalentó cualquier tipo de urgencia al afirmar que «Argentina no volverá a endeudarse a tasas que no sean sostenibles». En cuanto a los precios de los bonos argentinos en los mercados globales, Guzmán detalló que «no hay muchas transacciones y hay una enorme heterogeneidad». El titular del Palacio de Hacienda también adelantó que el país va a «seguir refinanciando como lo viene haciendo» los vencimientos de títulos emitidos bajo legislación local y que la restructuración de esas acreencias «se hará después de la de la deuda externa» por motivos legales. El funcionario también sostuvo que el Gobierno quiere «un nuevo acuerdo con el FMI, en base a los propios supuestos macroeconómicos, que le brinden sustentabilidad al pago de la deuda. Argentina no está en condiciones de hacer frente al acuerdo logrado por el gobierno anterior». Sin embargo, apuntó a «el diálogo constructivo que viene teniendo el Gobierno» con el FMI y que espera que se normalice la situación desatada por la pandemia del Coronavirus, para que una misión técnica del organismo realice las revisiones de acuerdo al Artículo Cuarto del organismo «paso previo a las negociaciones».
(Ámbito) Conurbano: Alberto le anunció a intendentes paquete de ayuda por $380.000 millones. Lo hizo en una reunión por videoconferencia. Además les pidió que controlen el cumplimiento de precios máximos y el aisalmeinto social obligatorio en los municipios. El conurbano bonaerense como foco crítco de la pandemia, en términos sanitarios pero también sociales, llevó a Alberto Fernández a ponerse al frente de una videoconferencia con 30 intendentes del de los municipios más poblados de la provincia de Buenos Aires. Acompañado en la residencia por Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Juan Zabaleta (Hurlingham), el Presidente confirmó que habrá un paquete de medidas por más de 380 mil millones de pesos para auxiliar a empresas, pymes y contener a los barrios más vulnerables en medio del parate económico que se extenderá, al menos, hasta después de semana santa. En la cumbre virtual organizada por el círculo dorado de intendentes albertistas que encabezan Juan Zabaleta, de Hurlingham, Mariano Cascallares, de Almirante Brown, y Gabriel Katopodis Katopodis, casi en un doble rol de ministro-intendente, Fernández también anunció que habrá una campaña de vacunación para la gripe en el conurbano bonaerense donde habitan más de 16 millones de personas. Este martes, en La Matanza, brigadas del Ejército comenzaron a repartir bolsones de alimentos. El altera es doble. Social por la inestabilidad económica que genera el aislamiento obligatorio en los barrios donde se vive al día. Y sanitario porque si la circulación local del virus avanza sobre los barrios de emergencia, donde es fácticamente imposible que familias numerosas permanezcan 24 horas confinadas en casillas de chapa sin servicios básicos, la espiral de contagios podría saturar la disponibilidad de camas y respiradores. Alberto también les pidió ayuda a los intendentes para fiscalizar en los distritos el cumplimiento de los precios máximos y hablaron sobre el envío de insumos, sobre la situación económica y social en cada una de las comunas y acerca de cómo los municipios trabajan para controlar el acatamiento de la cuarentena. El jefe de Estado escuchó los diagnósticos de los intendentes peronistas, algunos de los cuales se resisten aún al ingreso del Ejército en sus distritos para evitar el riesgo de que los soldados sumen funciones represivas en caso de desmanes sociales. Pero también de jefes comunales opositores como Jorge Macri de Vicente López (con quien el Presidente chatea casi a diario), Néstor Grindetti (Lanús), Gustavo Posse (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jaime Méndez (San Miguel). El encuentro virtual contó además con los intendentes de Morón, Lucas Ghi; de San Martín, Fernando Moreira; de Berazategui, Juan Mussi; de Ezeiza, Alejandro Granados, y de Florencio Varela, Andrés Watson. También participaron los jefes comunales de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de José C. Paz, Mario Ishii; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Moreno, Melina Fernández; de Quilmes, Mayra Mendoza; de San Miguel, Jaime Méndez; de Cañuelas, Marisa Fassi; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Ensenada, Mario Secco; de Tigre, Julio Zamora; de Punta Indio, Hernán Yzurieta, de Berisso, Fabián Cagliardi y de Escobar, Ariel Sujarchuk. «Absolutamente de acuerdo con la decisión de extender la cuarentena. Estamos trabajando muy en sintonía con las decisiones que se están tomando desde Nación», explicó Jorge Macri. El peronista Fernando Gray (Esteban Echeverría) afirmó que “estamos trabajando todos, los tres niveles de Gobierno, para poner en funcionamiento el hospital lo antes posible”, al recorrer junto a la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, el Hospital del Bicentenario de Monte Grande. Más temprano, Katopodis, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, habían recorrido el hospital de campaña instalado por el Municipio en el Polo Educativo de Villa Jardín, donde se destinarán fondos del Gobierno Nacional.
(Ámbito) El Banco Central ya emitió en lo que va de marzo casi $490.000 millones. Todo sea para proteger la cadena de pagos en medio de este vendaval, parece ser el estandarte que hoy flamea la entidad y el Gobierno en su cruzada monetaria que promete un fuerte aluvión. Si a alguien el Covid-19 ya lo “vacunó” antes de tiempo fue al BCRA. No es momento de rasgarse las vestiduras, está claro que hay que emitir, lo que haga falta, para proteger la cadena de pagos. La inflación pasó para otra agenda. No hay pronóstico, serio, que valga hoy. Si el IPC termina dando 40, 60, o 80% anual a fin de año, Dios dirá. Hoy el norte es como mantener la “acuarentenada” economía doméstica lo más encendida posible. Con ese mandato presidencial el BCRA comenzó la “ardua” tarea de ir lubricando la economía con los pesos que sean necesarios. Si bien ya venía haciéndolo, por otros motivos, el shock externo de la pandemia no solo aceleró todo sino que derrumbó todas las proyecciones monetarias. Se sabía que el BCRA, con este Gobierno, iba a “optimizar” el uso de la “maquinita” para cubrir los agujeros fiscales. Es más, la principal preocupación, o mejor dicho, el acertijo que los analistas tenían como obsesión este año, era cuánto iba a tener que emitir el BCRA para comprar las divisas del sector externo superavitario, que le permitiría al Tesoro afrontar vencimientos de deuda. Pero hoy ya todo esto es historia. El tsunami coronavirus se llevó puesto todo. Mientras en el BCRA siguen recalculando y aceitando la “maquinita” por lo pronto ya intensificó la emisión monetaria. Así al cabo de los primeros 25 días de marzo, último dato oficial, la base monetaria ya se expandió en nada menos que $489.754 millones, o sea, un aumento del 22%. De esta manera la base superó, por primera vez, los $2 billones a un total de $2,206 billones. Se trata de un ritmo de expansión monetaria del 66,22% interanual (además la variación de la base en lo que va del año es de $310.507 millones, lo cual representa ya el 64% de todo lo emitido en 2019). ¿Cómo se explica lo de marzo? Sencillamente por dos factores: la asistencia financiera al Tesoro y el desarme de las Letras de Liquidez del BCRA (Leliq). Este diario ya venía señalando el sostenido aumento de la ayuda del BCRA al Tesoro, la cual se intensificó, lógicamente, en estos días. El 19 el BCRA le transfirió vía Adelantos Transitorios (ATN) $50.000 millones al Tesoro, de modo que ya acumula en lo que va de marzo una emisión de $125.000 millones (el día 2 le giró $75.000 millones). De este monto se estima en el mercado que han quedado en la cuenta del Tesoro en el BCRA más de $45.000 millones. En lo que va de la gestión de Miguel Pesce, el Gobierno ya recibió ATN por $392.000 millones. Vale recordar que el Gobierno se financia también a través del señoreaje, e impuesto inflacionario sobre las tenencias de pesos de la economía. Por ende mientras más inflación, más impuesto y más recaudación. Pero son los tenedores de pesos los que tienen la última palabra. O sea, si la demanda de dinero convalida esto no habrá mayores novedades. Claro que si la demanda de dinero se retrae ahí entran a terciar otros temas como el mercado cambiario. Por lo pronto, hoy la demanda parece acompañar. Veremos. Por otro lado, ya había comenzado tímidamente, previo al tsunami Covid-19, a ir liberando liquidez vía Leliq. Pero al shock del coronavirus potenció los ánimos emisores y bajo el objetivo de aumentar la oferta de crédito al sector de las pymes comenzó un desarme más agresivo. Al día de hoy, último dato oficial el 25, por el canal de las Leliq el BCRA inyectó $258.964 millones, de los cuales más del 80% se concentró en los días 19 ($80.123 millones) y 25 ($128.902 millones). Los bancos que llegaron a tener un stock de Leliq de $1,7 billones, hoy lo han reducido a $1,27 billones. Pero una parte fue redireccionada, mientras se aceita el mecanismo de los nuevos créditos promocionados, en Pases Pasivos (son colocaciones a uno o a siete días de plazo de las entidades en el BCRA a cambio de una tasa de interés, hoy en 11,40% anual a un día) que alcanzan un monto de casi $113.000 millones. Ante este panorama, por suerte, el BCRA no tuvo que comprar divisas, de modo que se evitó de emitir, por ahora, más dinero por este canal. En enero había comprado por el equivalente a $46.814 millones pero luego en febrero y en lo que va de marzo absorbió, al vender divisas al sector privado, unos $18.412 millones. Vale señalar que la contracara de no haber comprado es que el stock bruto de reservas internacionales quedó estancado por debajo de los u$s44.000 millones, por lo que todo drenaje para pagar deudas u otros compromisos se traducirá en una lenta sangría. Ahora todo es un interrogante porque no puede aventurarse cuánto será el superávit comercial en este nuevo mundo bajo cuarentena. Pero si se cumplen los pronósticos optimistas en los próximos meses el BCRA debería estar volviendo a comprar dólares a los exportadores, con lo cual, a la ya “emisión Covid-19” se le sumará la proveniente de la adquisición de divisas. Habrá que ver dónde estará la economía argentina a mitad de año. Mientras tanto el BCRA deberá reprogramar su programa monetario 2020/21.
(Ámbito) Advierten que caída del PBI podría superar el 6%. El banco central de EE.UU., en la mira de todos, reaccionó con una medida sorpresiva. Ahora es el Congreso quien debe aprobar paquete de ayuda fiscal. La economía argentina viene de dos años consecutivos de retracción económica y en 2020, lejos de revertirse la tendencia, podría haber una caída que, según los pronósticos más pesimistas, alcanzaría el 7%. La condición para que algo así suceda es que el aislamiento social preventivo se extienda más allá del 13 de abril. “Si la cuarentena finaliza en los tiempos que anuncia el Gobierno, calculamos que la caída del Producto Bruto Interno (PBI) va a estar en el orden del 4 al 4,5%”, explicó el director de la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno. Aunque advirtió: “Si se extiende unos meses va a ser mucho peor: por ejemplo, si llegamos a fines de abril en esta situación, más otros dos meses de salida gradual, podría haber una disminución del PBI del 7%”. Por su parte, Daniel Artana, economista jefe de FIEL, indicó: “Nosotros tenemos un escenario de la economía cayendo más del 7% este año, con un segundo trimestre en caída de dos dígitos y un tercero que también sufre, porque, por más que se vaya levantando la cuarentena, la normalización de algunas actividades va a demorar más tiempo”. Estos pronósticos no difieren demasiado de lo que anticiparon días atrás los analistas de Goldman Sachs. Esta banca de inversión advirtió que el producto total de Latinoamérica retrocedería un 3,8%, lo que implicaría la peor recesión en la región desde la Segunda Guerra Mundial. Respecto de nuestro país, Goldman Sachs advirtió sobre una retracción del Producto en torno al 5,4%. Con un tanto más de optimismo, Irina Moroni, de Fundación Capital, estimó que el PBI argentino perdería 3,7% este año, aunque, en un escenario más negativo, ese número podría llegar a un 5,5%. En tanto, desde la consultora LCG, Guido Lorenzo explicó: “Con la duración de la cuarentena, tal cual está prevista, la caída de la actividad sería de, al menos, un 2,9%. Si el aislamiento se extiende un mes más y/o las actividades se retoman lentamente, la baja superaría los 4 puntos del PBI, seguramente”. Al respecto, el economista del estudio EcoGo Juan Ignacio Paolicchi, señaló: “Los escenarios del PBI dependen de cuánto dure la cuarentena y cuánto tiempo la economía opere a media máquina. Si la cuarentena dura poco la economía podría caer 2,5% este año. De lo contrario podríamos a ir una caída del 4,5%”. Desde la consultora Ecolatina proyectaron varios escenarios ponderando dos cuestiones: la duración de la cuarentena y el arreglo (o no) al que llegue el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los acreedores internacionales. Antes del coronavirus, los analistas auguraban que el PBI iba a perder un 1,3% durante 2020. Sin embargo, con una coyuntura de dos meses de cuarentena cambiaron su proyección a una baja del 4,9% en caso que Guzmán logre cerrar un canje, del 5,7% si el ministro se ve obligado a pagar cash y del 6,5% si Argentina entra en default En caso que la cuarentena obligue a perder tres meses de actividad, el escenario planteado por Ecolatina es aún más oscuro: la actividad económica podría ceder un 8,5% en el año si hay canje, un 9,5% si Argentina sigue pagando su deuda en efectivo y un 10% si hay default. Más allá de que todos los estudios privados ponderan la incidencia del aislamiento, también es cierto es que ya antes de la disrupción generada por el Covid-19 la mayoría de los economistas esperaba un retroceso en el conjunto de bienes y servicios que produce el país. Pero el problema sanitario multiplicó la baja esperada. Así como a los países con mayor integración el confinamiento los golpea por la crisis del comercio internacional, en Argentina la mayor afectación se da a raíz del shock en el consumo interno. En la actualidad el PBI argentino se ubica en niveles inferiores a los que mostraba una década atrás. Y este dato se agrava aún más si se tiene en cuenta el factor demográfico: la población crece, año a año, alrededor de un 0,8%. Razón por la cual, ya de por sí, un alza del 1% en el Producto significaría un crecimiento nulo.
(BAE) La coparticipación en cuarentena: en marzo cayó 11,3% en términos reales. Aceleró fuerte el ritmo de la caída respecto al mes previo. El deterioro se explica principalmente por el desempeño del IVA. Efectos del coronavirus que dejan de ser proyecciones y se convierten en realidad: en marzo la coparticipación se fue a pique y cayó 11,3% en términos reales. La situación de las provincias es crítica, ya que tanto su recaudación tributaria como los aportes desde Nación se ven afectados por la crisis sanitaria. Y todo eso, con los mercados financieros completamente cerrados. Los distritos, igual que las empresas, encaran la cuarentena complicados por la falta de liquidez. Los números fueron publicados este martes a través de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El efecto del coronavirus sobre la coparticipación, que se realiza en forma automática a partir de una recaudación tributaria del Gobierno nacional que también sufrirá un fuerte impacto, se observa al comparar con febrero. Para que se sostuviera el ritmo respecto a lo que ocurrido en febrero, en términos reales, la suba nominal de los fondos enviados debería haber sido de 41,1%. En cambio, fue de 30,4%. En febrero la contracción real fue de 4%, un número también complicado pero bastante mejor que el 11,3% de marzo. Desde Iaraf destacaron que el deterioro se explica principalmente por el desempeño del IVA, el impuesto que más participación tiene dentro de la masa coparticipable. Si bien la mayoría de los pesos que le ingresan al fisco por la vía del IVA dependen de las ventas realizadas por las empresas durante el mes previo (en este caso, febrero), los pagos de marzo se pudieron haber visto interrumpidos por la falta de liquidez. Y lo peor está por venir: «El próximo mes de abril, en cambio, la recaudación de IVA (y por lógica la coparticipación del mismo) se verá afectada por el doble impacto del aislamiento por el virus que generará un menor devengamiento por la caída de las ventas de marzo, junto a la extensión de la falta de liquidez que impactará en el pago de los distintos vencimientos que ocurran en el mes (o en la propia posibilidad de diferimiento de los vencimientos sugerida como política frente a la crisis)». Con el mes ya terminado, los fondos coparticipados en marzo fueron $136.848 millones. En términos de poder adquisitivo, los envíos por coparticipación de marzo se encuentran un 30% por debajo del nivel promedio del año 2019, y está en los niveles más bajos desde 2016. La situación ya era mala para las provincias, que son deficitarias en términos fiscales (el negativo consolidado de las 23 es 1,5% del PBG total y sólo 4 tienen superávit). Al no emitir moneda, la complicación es cómo pagar los sueldos. Además, la crisis exigirá mayor gasto (a la economía nacional y a las provinciales). Sostenerlas demandará un incremento de la emisión monetaria por parte del BCRA. La base podría llegar a duplicarse durante el 2020. Marzo ya fue récord histórico, con una emisión de $489.000 millones.
(Cronista) Gobierno estudia un decreto de necesidad y urgencia para asistir a las empresas Establece la baja de aportes patronales y habrá aportes de la Anses para pagar salarios de firmas que no puedan trabajar por la cuarentena obligatoria. Con ello se busca contener los despidos. el Gobierno está decidido a intervenir activamente para evitar que los efectos indeseados de la cuarentena obligatoria en la economía arrastren a las empresas, en especial las pequeñas y medianas, y con ellas a los puestos de trabajo que generan. A través de un decreto de necesidad y urgencia, se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria. Establece la baja de aportes patronales y aportes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para pagar salarios de firmas que no puedan trabajar por la cuarentena obligatoria. Con ello se busca contener despidos y a la vez evitar un impacto que ponga en riesgo a las empresas. Entre los beneficios se prevé la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino; una Asignación Compensatoria al Salario para personal en relación de dependencia en empresas de hasta 100 empleados; REPRO para asistir empresas de hasta 100 trabajadores durante la emergencia; y prestaciones económicas por desempleo con piso de $6.000 y máximo de $10.000. El decreto regirá hasta el 30 de abril, prorrogable por la Jefatura de Gabinete, y a cambio los empleadores no podrán disponer despidos sin causa, ni por razones de fuerza mayor. Deberá reincorporarse también a los trabajadores despedidos por estas causas desde el 29 de febrero de 2020.
(Cronista) Desconcierto en YPF por el aumento de un impuesto mientras baja el crudo En la petrolera estatal se mostraron inquietos por el incremento de más de $ 3 por litro en las naftas del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que no se lo dejan trasladar al público. El Gobierno finalmente aumentó a partir de hoy el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) en línea con la inflación minorista registrada en el final de 2019, por lo que tendrá un impacto neto de $ 3,09 por litro en las naftas y de $ 1,99 en gasoil, si se cumpliera al pie de la letra la obligación de cortar esos combustibles con bioetanol y biodiesel. La medida, adelantada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y materializada ayer por una circular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) generó desconcierto en YPF, ya que las refinadoras deberán absorber este incremento y no podrán trasladarlo a los precios para el público minorista, que se mantendrían congelados, según avisó el Gobierno. Fuentes de la petrolera estatal se mostraron inquietas por descargar el costo de este ajuste en el sector, que generaría una transferencia de unos u$s 300 millones al Estado en todo 2020 (una cifra que podría ser menor si sigue en descenso el consumo de combustibles a lo largo del año) por parte de YPF y de u$s 500 millones en total para todas las refinerías (Axion, Raízen y Puma Energy sumadas). Trasladar al público el aumento de un impuesto sería incompatible con el crudo tan barato en el mundo. Por eso, en YPF analizan pedir permiso para exportar excedentes de petróleo y generar caja.