(AMBITO) Gobierno, UIA y CGT conforman una mesa de trabajo para coordinar acciones contra la inflación
Según pudo confirmar Ámbito, el ministro Guzmán fue anfitrión de una cumbre de la que participaron la UIA y la CGT. Buscan avanzar con un acuerdo que contenga la inflación.

En busca de lograr una contención al poder adquisitivo del salario de los trabajadores, erosionado por la inflación a la que el Gobierno le declaró “la guerra”, los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente, se reunieron esta noche con los principales directivos de la CGT y de la UIA, con quienes acordaron institucionalizar una mesa tripartita de trabajo para tomar «medidas y coordinar acciones que permitan enfrentar de manera más efectiva el problema de la inflación, en particular en lo atinente al acceso a los bienes y servicios básicos».

Del encuentro participaron el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, junto al secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez, y el director Ejecutivo, Diego Coatz; mientras que en representación del sector sindical estuvieron los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto al secretario general adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez.

La reunión tuvo como principal objetivo comenzar delinear un acuerdo de precios y salarios, con el fin de encauzar el alza inflacionaria que comenzó caliente el año y se perfila para volver a estar cerca del 50%, lejos de las expectativas más optimistas del Gobierno.

Un dato no menos desde lo política fue la ausencia de Pablo Moyano, quien viene mostrando fuertes diferencias con el gobierno de Alberto Fernández y con el alineamiento de la CGT a la Casa Rosada. De hecho, esta semana se mostró con Máximo Kirchner, en momentos en que el hijo de la vicepresidente dejó expuesta la crisis en la alianza oficialista por la conducción económica.

(AMBITO) Inflación: estiman que precios de alimentos subieron cerca de 6% en marzo
Señalan que impactó el incremento de los precios internacionales de los commodities y el aumento en los costos por las actualizaciones tarifarias.

La inflación de marzo superará, con cierta holgura, al 4,7% que se registró en febrero. Hasta el propio secretario de Comercio, Roberto Feletti, advirtió que el dato del IPC “va a dar mal” y algunas consultoras privadas proyectaron una suba en los precios minoristas que se acercaría al 6%. Dicha cifra se explicaría, principalmente, por los aumentos de los bienes y servicios regulados –tarifas, prepagas, educación, combustibles- y por los alimentos: se prevé que este rubro crecerá, también, cerca del 6%.

Si bien los alimentos crecerían por debajo de lo que lo hicieron en febrero (fue 7,5%), seguirá siendo una cifra elevada que impacta, sobre todo, en las personas de menores recursos. Los incrementos estarían vinculados, según explican los analistas, al efecto de la suba de los precios internacionales de los commodities y las actualizaciones de las tarifas y combustibles que impactan en los costos.

Por caso, según informaron desde Eco Go, “luego de una tercera semana donde el anuncio de la toma de nuevas medidas contra la inflación disparó el precio de los alimentos, el relevamiento correspondiente a la cuarta semana de marzo registró una variación de 1,6% de los precios estos con respecto a la semana previa”. “Esto implica una desaceleración de 2,4 p.p. en el margen”, señalaron desde la firma, y agregaron que, con este dato, “la inflación de alimentos consumidos en el hogar treparía a 5,8%” en marzo.

Por su parte, de acuerdo al relevamiento de precios que realiza la consultora C&T, los alimentos y bebidas crecieron 5,7% en el mes, “algo menos que en febrero de este año y marzo del año pasado”. “Por un lado, hubo una gran moderación de las verduras luego de la fuerte escalada de enero y febrero. Pero, por el otro, se aceleraron las carnes y los derivados del trigo, sobre todo, en la tercera semana del mes”, remarcaron.

Por lo tanto, desde LCG señalaron en su análisis de la semana pasada que la canasta de alimentos que relevan presentó un aumento promedio de 5,4% en el mes. “Se destacan los panificados y los productos lácteos, con aumentos promedio de 7,8% y 6,1% respectivamente en las últimas cuatro semanas”, explicaron desde la firma.

En tanto, para Focus Market, los alimentos subieron 5,8% y entre los aumentos más marcados, se destaca la harina (20,8%), los huevos (19,2%) y las pastas frescas (10,4%). «En los alimentos, la suba desacelera respecto de febrero, pero pega sobre canasta básica alimentaria. El conflicto Rusia y Ucrania llega ahora sí a nuestras góndolas, con la suba del precio internacional de maíz y el trigo, pero también con el aumento de las tarifas de servicios que pegan en el sector industrial y comercial”, señaló al respecto Damián Di Pace, director de la consultora.

“El Gobierno busca que el fideicomiso al trigo encuentre resultados en la medición de abril. En los últimos tres meses, en Argentina hay aumentos de dos dígitos en categorías básicas. Lo que a fin del año pasado era una extrañeza, ahora se está convirtiendo en normalidad. Los datos de pobreza e indigencia a la baja a fin de 2021 muestran una foto, que en la película a marzo de este año desgraciadamente tiene una realidad más dura. No se llega a cumplimentar la canasta alimentaria y la indigencia crece nuevamente», agregó Di Pace.

Qué medidas tomó el Gobierno
Con el objetivo de frenar la suba de los precios, el Gobierno tomó diferentes medidas a lo largo de las últimas semanas. En una de ellas, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti acordó con los directivos de las principales empresas productoras de consumo masivo retrotraer los precios de 1.700 productos a los valores dl 10 de marzo, así como garantizar el correcto abastecimiento en góndola.

Además, el Gobierno firmó un acta acuerdo con representantes del sector panadero para fijar precios de referencia para el kilo del pan (entre $220 y $270), por un plazo de 90 días. Los valores entrarán en vigencia a partir de la puesta en marcha del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, un mecanismo de compensación mediante el cual se busca desacoplar los precios en el mercado local de los valores internacionales.

Finalmente, Feletti señaló también que a partir del 7 de abril, cuando se relance el acuerdo de Precios Cuidados, habrá una canasta de 60 productos para comercios de proximidad: es que, según relevamientos privados, actualmente existe una diferencia del 20% entre los precios de productos que se ofrecen en los grandes supermercados frente a los locales de cercanía.

(AMBITO) Cambio: el FMI acepta una mayor regulación para flujos de capitales

El Fondo Monetario Internacional realizó una actualización en su “Visión Institucional sobre los flujos de capital” y aceptó que los países deberían poder introducir medidas de gestión de flujos de capital y macro-prudenciales, en ciertas circunstancias, para evitar shocks macroeconómicos y financieros. En una especie de asunción indirecta de lo que ocurrió en Argentina con el préstamo de u$s45.000 millones otorgado a Mauricio Macri, señaló que los movimientos abruptos o especulativos de divisas pueden dar lugar a riesgos sistémicos que conducen a fuertes efectos adversos en la economía.

El directorio del FMI aprobó una modificación de su visión sobre estas herramientas. Y planteó que los países deberían tener la opción de frenar de forma preventiva las entradas de deuda para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y financiera, y también la salida de capitales.

El objetivo, según expresó el organismo, es que los países puedan hacer uso de este conjunto de herramientas para preservar la estabilidad económica y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios que brindan los flujos de capital, ya que estos pueden ayudar a los países a crecer y compartir riesgos.

En relación al ingreso de capital, reconoce que las medidas de gestión de flujos podrían ser apropiadas por un período limitado, cuando un aumento en las entradas de capital restringe el espacio político para abordar la sobrevaluación de la moneda y el recalentamiento económico. Y en relación al egreso, afirmó que los controles podrían ser útiles cuando las salidas disruptivas corren el riesgo de causar una crisis, como ocurrió en Argentina durante la vigencia del stand by aprobado en 2018. En este punto recalcó que estas herramientas solo son útiles si se considera que los riesgos para la estabilidad financiera de las entradas surgen principalmente por este contexto.

Sobre las economías con grandes deudas externas, el Fondo advirtió que estas pueden ser vulnerables a crisis financieras y recesiones profundas cuando el capital se va. “Los pasivos externos son más riesgosos cuando generan descalces de moneda, cuando la deuda externa está en moneda extranjera y no se compensa con activos o coberturas en esa moneda. Un alto stock de deuda denominada en moneda extranjera puede exponer a los países a vulnerabilidades que den lugar a problemas sistémicos”, señaló el informe.

En esta línea, remarcó que la tenencia de valores por parte de inversores puede actuar como amplificador ante una reversión abrupta en respuesta a un shock global, que puede derivar en una depreciación y, en consecuencia, aumenta el valor en moneda local del vencimiento de la deuda en divisas extranjeras.

Antecedentes

El directorio ejecutivo del FMI aprobó esta revisión después de una sesión realizada la semana pasada. Fue publicada en el Blog del organismo junto a un informe que propone un enfoque en dos pasos para evaluar los riesgos sistémicos de los descalces cambiarios.

El proceso comenzó en 2020, observando las dramáticas salidas de capital que se presenciaron al comienzo de la pandemia global. En adición, señala que “la reciente turbulencia en los flujos de capital en algunos mercados emergentes después de la guerra en Ucrania, son claros recordatorios de cuán volátiles pueden ser los flujos de capital y el impacto que esto puede tener en las economías”.

El FMI adoptó por primera vez la Visión Institucional en 2012, en un momento en que muchos mercados emergentes se enfrentaban a grandes y volátiles flujos de capitales, moldeados por las crisis financieras de la década de 1990 y la crisis financiera mundial de 2008.

Como principio central, la Visión Institucional del Fondo plantea que los flujos de capitales son deseables porque traen beneficios sustanciales a los países receptores. Sin embargo, ante los desafíos macroeconómicos que pueden generar estos flujos, señala que “la actualización principal es la adición de que estas herramientas pueden aplicarse de manera preventiva, incluso cuando no hay un aumento abrupto en las entradas de capital, al conjunto de herramientas políticas ya que pueden surgir riesgos para la estabilidad financiera a partir de una acumulación gradual de deuda externa denominada en moneda extranjera”.

(AMBITO) Clave: convencer al Fondo de que se podrá cumplir este año la meta de crecimiento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Argentina coinciden en que no se cumplirá la meta de inflación anualizada para 2022 pactada en el Facilidades Extendidas, en un tope del 48%. El nivel se discutirá nuevamente en mayo próximo, cuando llegue a Buenos Aires la primera misión del organismo correspondiente al acuerdo que hoy cumplirá una semana. Sin embargo, no es la única variable de la que el organismo desconfía.

El Fondo tampoco cree que la Argentina pueda lograr crecer entre 3,5% y 4,5% este año; y considera que deberá ser una meta que también tendrá que ser rediscutida durante el viaje fiscalizador que Julie Kozac y Luis Cubeddu concreten dentro de dos meses. Aunque, a diferencia de la meta inflacionaria, en el Ministerio de Economía se niegan a abrir la discusión sobre el crecimiento; y reclamarán que la directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el jefe de la misión argentina no objeten lo pactado en este punto, o que, en todo caso, aguarden hasta fin de año para confirmar si lo que calculó resulta lo correcto.

Kozac y Cubeddu dudan abiertamente de esta posibilidad. Desde el cierre de las negociaciones entre enero y febrero creen que no es posible crecer de manera real a ese nivel; y mucho menos sostenerlo en el tiempo. Los técnicos del FMI tienen un argumento bastante sólido: al país le faltan dólares para garantizar un incremento constante del PBI. La visión desde Washington es que no hay divisas suficientes como para financiar la llegada de los insumos necesarios para sostener un nivel de crecimiento sustentable.

Tampoco para financiar un nivel de consumo energético que coincida con la demanda de electricidad, combustibles e infraestructura que sostenga el pronóstico. Y se cuestiona desde Washington que las políticas de trabas de exportaciones que crónicamente aplica el Gobierno, coincidan con la visión de un país abierto a la llegada irrestricta de divisas; la única manera de garantizar un superávit comercial sostenido. Para Kozac y Cubeddu no hay manera de asegurar un crecimiento superior al 2,5% para el 2022; nivel que se sostendría en porcentajes similares durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

La resolución de este debate es fundamental. El corazón del Facilidades Extendidas depende de lograr un equilibrio fiscal, reduciendo el déficit de 2022 (que llegaría al 3,5%), a un equilibrio en 2025. Guzmán asegura que el camino para lograrlo es aumentar los ingresos de manera suficientemente sólida y constante, cuestión que se refleje en la recaudación impositiva; la que debería estar por arriba de la inflación. El ministro de Economía muestra los datos acumulados del 2021, donde la recaudación impositiva alcanzó el 60% con una inflación anualizada algo inferior al 50% y un nivel de crecimiento de la economía en el 9%interanual; datos que, proyectados al mediano plazo, determinarían que su tesis tiene razón.

El FMI replica que esa recuperación se debe al despegue de la pandemia y a un simple efecto rebote, y que los datos comparativos de este año no tendrán relación con los de 2021. Para Guzmán sostener estas proyecciones de recaudación y crecimiento, con un nivel de gastos sólo ajustado con una racionalización de las tarifas de servicios públicos básicos, alcanzarán para conseguir las metas fiscales a las que se comprometerá al país.

Mientras tanto, ambas partes ya saben que la inflación es la primera variable del acuerdo aprobado en Washington hace una semana que no se cumplirá. El debate es que tan lejos o cerca estará el IPC de lo negociado originalmente, y si es posible hacia delante mostrar una reducción del índice.

(AMBITO) Senado: proyecto de blanqueo para pagarle al FMI comenzaría a tratarse la próxima semana
El camino para el debate fue allanado este jueves luego de que se conformara la comisión de Legislación General, que quedó a cargo del senador oficialista de La Pampa, Daniel Bensusán. Hoy, la iniciativa cosechó 22 nuevas firmas dentro del Frente de Todos.

El proyecto de senadores del Frente de Todos, que propone un blanqueo a evasores fiscales con fondos en el exterior del país para cancelar la deuda de u$s45.000 millones con el FMI, podría comenzar a tratarse en comisiones el próximo martes, un día antes de que lleguen al recinto las modificaciones al Consejo de la Magistratura.

El camino para el debate fue allanado este jueves luego de que se conformara la comisión de Legislación General, que quedó a cargo del senador oficialista de La Pampa, Daniel Bensusán. La otra comisión a la que el proyecto tiene giro es la de Presupuesto y Hacienda, también en manos de un legislador del Frente de Todos, el riojano Ricardo Guerra.

La iniciativa establece una alícuota del 20% sobre los bienes contemplados, o del 35% si el blanqueo se hace a los seis meses de entrada en vigencia.

«Los dólares no faltan en la Argentina, los dólares se han fugado. Este proyecto crea un fondo destinado exclusivamente para pagar la deuda con el FMI. Se va a constituir con un aporte que vamos a exigir que realicen aquellos que fugaron la plata y no la declararon», sostuvo días trás el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, uno de los autores del proyecto que cuenta con el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el kirchnerismo, calculan que hay fuera del país cerca de u$s400.000 millones de dólares sin declarar y que con la iniciativa se podrían recaudar unos u$s70.000 millones.

Además, el proyecto indica que quienes «no ingresen el aporte deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas vigentes, más sus intereses, accesorios y/o multas de acuerdo a la Ley de Procedimiento Fiscal».

También, aclara que los infractores «serán pasibles de ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y en la Ley Penal Tributaria» y del «decomiso definitivo de bienes previsto en el artículo 305 del Código Penal».

El proyecto, que además de Parrilli fue presentado por los senadores oficialistas José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate, sumó en las últimas horas 22 nuevas firmas entre los 35 integrantes del Frente de Todos: Claudia Ledesma Abdala, Silvia Sapag, Silvina García Larraburu, Adolfo Rodríguez Saá, Lucia Corpacci, Marcelo Lewandoski, Andrada Guillermo, María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Cristina López, Sergio Leavy, Ricardo Guerra, Mariano Recalde, Nora Giménez, Carlos Alberto Linares, Ana María Ianni, María Teresa González, Sandra Mendoza, María Eugenia Catalfamo, José Rubén Uñac, Pablo Yedlin y Daniel Bensusán.

Sin embargo, el mayor escollo será superar la prueba de la oposición que hasta el momento lo calificó de «inviable e incumplible» y criticó que se trate de un nuevo impuesto. “El proyecto del oficialismo es épica vacía para tratar de unir al resquebrajado Frente de Todos. Tiene un serio problema: el nuevo impuesto que buscan creares inaplicable. ¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna garantía para repatriarlos”, indicó el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri.

(AMBITO) Estiman que un tercio de las importaciones ingresan al país bajo amparo judicial
Son cálculos del sector privado. Hay unas 1000 empresas con recursos ante tribunales. Se cuestionan SIMI de productos con Licencias No Automáticas, que son bienes de consumo final. Pymes advirtieron por falta de materias primas.

Tanto los empresarios de la industria como aquellos que se dedican a la importación abrigaban hasta hace unas semanas la esperanza de que para abril iban a poder contar con más dólares provenientes de la liquidación de la cosecha. Ahora creen que la escasez de divisas se va a prolongar por lo menos hasta agosto y eso se explica en el incremento del precio del gas que el país deberá importar este año. Serían u$s5.000 millones más que en 2021.

Desde febrero, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ajustó los controles sobre la capacidad económico financiera de las empresas se produjo una fuerte restricción a las compras desde el exterior y tal como habían anticipado empresarios en ese momento, la medida generó una reacción de las importadoras a nivel de la Justicia.

Según estimó Miguel Ponce, el director del Centro de Estudios del Comercio Exterior del Siglo XXI, “un tercio de lo que ha ingresado este año al país lo ha hecho bajo amparo de los jueces”. Para el consultor de empresas “la cantidad de amparos es inusual desde la época del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno” cuando se habían puesto en vigencia las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI)”.

En el Banco Central los funcionarios rechazan los cuestionamientos de los empresarios, al destacar que en lo que va del año se está produciendo un “récord de importaciones”. Si se ven los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) en los dos primeros meses las compras crecieron 36,6% en enero y 51,7% en febrero, mientras que en el acumulado del bimestre suben 44,1%, todo respecto de 2021. Los datos del INDEC corresponden a operaciones devengadas, es decir informadas, pero eso no quiere decir que se hayan pagado.

Los amparos de los jueces están dirigidos contra las declaraciones del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que deben hacer los importadores a través de la Aduana. Se terminan de autorizar en el Ministerio de Desarrollo Productivo e interviene también la AFIP. En la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) estiman que poco menos de 1.000 empresas están importando bajo amparo judicial.

Las SIMI cuestionadas, en general, son de empresas que importan productos bajo Licencias No Automáticas (LNA), que corresponden a bienes finales o que tienen proveedores locales. Las que ingresaron bajo Licencias Automáticas (LA) son de insumos para la producción o de bienes que no tienen proveedor local. Las LNA pueden tener un período de trámite de 90 días y alcanzan a unos 1.500 productos. Las LA tal como lo indica su nombre, son de diligencia inmediata.

Las empresas definieron como estrategia no cuestionar al Banco Central, que obliga a pedir crédito comercial a proveedores del exterior a las empresas que importen por encima del 5% del valor del año pasado o del 70% respecto del 2020. “El BCRA no dice que no se puede importar. Dice que para hacerlo hay que respetar ciertas condiciones”, explicó un empresario a Ámbito Financiero. El importador consideró que “es imposible operar con el plazo de 180 días” porque no se ajusta a los criterios del comercio exterior. También señala que la restricción de dólares genera problemas para el envío de pagos anticipados a un proveedor del exterior. “Hay que pensar que si una empresa quiere importar un insumo que se tiene que fabricar, el proveedor pide un anticipo”, explicó. A su vez dice que las operaciones no se pueden abonar a través de dólar Contado Con Liquidación (CCL) porque en ese caso el gobierno estaría reconociendo un desdoblamiento del tipo de cambio.

“Pensábamos que esto se iba a poder resolver para abril, pero con la guerra en Ucrania el precio del gas se disparó y ahora creemos que esto se va a prolongar por lo menos hasta agosto”. explicó. Se estima que este año el gas importado demandará unos u$s5.000 millones más que en 2021 y eso obligará a administrar los dólares. Se prevé entonces que las restricciones para las importaciones, sobre todo la de bienes de consumo final, se van a mantener.

Por otro lado, empresarios pymes también presentaron hace unos días sus quejas ante el Banco Central. Advirtieron que se va a producir “un parate” de las fábricas por falta de materias primas.

“Las pymes están sufriendo la falta de materia prima que no se produce en el país. Y si bien existe un sistema para garantizar el consumo histórico de cada fábrica, que busca evitar un salto en las compras externas ante la escasez de dólares, la comparación con la casi nula actividad en pandemia y con el año pasado, cuando recién se estaba restableciendo con dificultades la producción, muestra un panorama que no se ajusta a las necesidades de la reactivación de este año”, afirmó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

Rosato advirtió sobre un efecto no deseado que se está produciendo por los amparos. “Las importaciones de insumos para la actividad están en el listado de Licencias Automáticas, mientras que los productos terminados cuentan con Licencias No Automáticas. Ante las restricciones y la aplicación del cupo para importar, se está dando una dinámica de autorizaciones más ágiles de LNA que de LA, lo que provocó involuntariamente un ciclo de importación de valor agregado”, advirtió.

(AMBITO) Dólares del agro: por altos precios prevén ingreso de divisas de u$s44.500 millones
Los principales complejos agroindustriales aportarían u$s6.000 millones más que el año anterior. Preocupa el alza de los fertilizantes para la próxima campaña.

Las diversas proyecciones de los analistas del agro adelantan que este año el campo aportará una cifra récord de divisas producto de la escalada que experimentaron los precios de los granos a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario prevé unos u$s38.600 millones, teniendo en cuenta los principales complejos exportadores, la Fundación Mediterránea amplia la cifra hasta los u$s44.500 millones, al sumar además los envíos de otras cadenas como el maní o el biodiesel. De cualquier manera este 2022 se espera un nutrido ingreso de dólares, aunque aparecen otros nubarrones en el frente.

El dato a considerar es que, en base a las proyecciones de la Fundación Mediterránea este año ingresarían u$s6.000 millones más que el año previo (+16%). Si bien se prevé un ajuste de las cantidades (-7%, promedio ponderado), éste estaría siendo más que compensado por los mayores precios internacionales (+24%) promedio ponderado.

En este contexto desde la entidad detallan: “Para Argentina las implicancias económicas del conflicto Rusia Ucrania son mixtas. En términos de la balanza comercial se tiene, como buena noticia, la suba de precios de commodities agrícolas, la revalorización de los bienes que concentran la canasta exportadora del país, pero como noticia negativa, la suba de precios del gas natural, energéticos en general y fertilizantes, productos en los que el país es importador neto y en los que si se quisiese mantener la provisión 2021 deberán asignarse muchas más divisas”.

Fertilizantes en la mira
En el caso de los fertilizantes, no es una cuestión menor a tener en cuenta, porque estos insumos claves para el campo aumentaron incluso más que los granos y de consolidarse esta tendencia, una menor nutrición en los campos podría traer aparejado una caída en la producción y área sembrada.

Según indica la Fundación Mediterránea en Argentina se vienen utilizando entre 5 y 6 millones de toneladas de fertilizantes en las últimas campañas de acuerdo a estimaciones privadas. Dado el aumento de los precios, el interrogante es qué sucederá con este consumo este año, en esta la campaña agrícola 2022/23 y en otras actividades productivas que también los utilizan (caso de las pasturas que se fertilizan para incrementar la producción de alimento para animales).

“Un escenario de no reducción del consumo de fertilizantes importados en 2022 luce muy poco probable, considerando la suba de precios y los posibles problemas de abastecimiento a nivel global (el único factor que podría contribuir sería una fuerte caída de la producción nacional). Los escenarios de reducción de consumo son los que tienen más probabilidad de ocurrencia, dado que hay varios factores que empujan en esta dirección: el propio aumento de los precios relativos, problemas de abastecimiento global, posible aumento de la producción nacional y/o hasta posibles restricciones del gobierno al acceso de divisas. Nótese que una caída del 30% en la utilización de fertilizantes importados implicaría a los precios previstos en el ejercicio, una salida de divisas del orden de USD 3.032 millones, una factura un 33% superior a la de 2021”, alertan desde la entidad.

Una cuestión a advertir es que un menor consumo de fertilizantes no es gratis en términos de producción de granos, exportaciones e ingreso de divisas. De reducirse las importaciones de fertilizantes (y no ser compensadas por mayor producción nacional), es de esperar un impacto negativo sobre la productividad agrícola. Lo anterior deriva en un dilema de política económica importante: en un escenario de escasez de divisas, el gobierno podría estar tentado a restringir importaciones, entre ellas de fertilizantes, pero de hacerlo estaría también impactando negativamente sobre la propia generación de divisas.

Básicamente, los dólares extras que pueden ingresar del campo pueden convertirse en un respiro para las arcas nacionales pero lo cierto es que el Gobierno tendrá que afrontar dilemas claves respecto al uso que le da a esas divisas.

(AMBITO) Pese a las últimas restricciones, las importaciones saltaron al récord de u$s7.200 millones en marzo
Subieron el 35% interanual, en parte impulsadas por el shock de precios internacionales. Empresarios cuestionan la falta de acceso a divisas. Se creó una mesa entre el BCRA, Desarrollo Productivo y las cámaras para atender casos puntuales.

El contexto de escasez de divisas, agudizado por el impacto de la guerra en Ucrania, llevó al Gobierno a reforzar la administración de los dólares para el comercio exterior. Así, en las últimas semanas se incrementaron los reclamos de las empresas contra los controles dispuestos por la AFIP en febrero y el Banco Central en marzo. Pese a ello, las importaciones saltaron en marzo 35% interanual y alcanzaron el valor más alto en más de una década, le adelantaron a Ámbito fuentes del equipo económico.

Las compras al exterior de bienes medidas en términos CIF (incluyen el valor FOB, más el flete y el seguro) terminaron marzo en unos u$s7.200 millones, confió una fuente. Se trata del nivel más elevado desde el pico histórico de agosto de 2011, cuando marcaron u$s7.671 millones. Los detalles de su composición se conocerán el 20 de abril, cuando el INDEC difunda los datos del Intercambio Comercial Argentino registrado en Aduana el mes pasado.

En otra dependencia oficial señalaron que la suba refleja, por un lado, el incremento de las cantidades importadas para abastecer un crecimiento de la producción que sigue firme. Aunque, por otro, reconocieron que el récord de importaciones también ilustra la encerrona que genera en el frente externo el shock de precios internacionales derivado de la guerra en Ucrania, que golpeó tanto en los commodities como en los insumos. Un caso claro es el de los combustibles, cuyas importaciones ya se habían disparado en febrero 420,8% medidas en valor, impulsadas por un salto en los precios del 235,1%. En marzo, la energía que importa Argentina continuó en fuerte alza.

Con todo, la discusión respecto del acceso a divisas para importar está en pleno desarrollo. En los últimos días tanto industriales como importadores aseguraron que tienen problemas para traer bienes necesarios para la producción. “Las pymes están sufriendo la falta de materia prima que no se produce en el país”, reclamó el titular de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato.

En particular, las empresas se quejan del límite que dispuso el BCRA a comienzos de marzo, a través de la Comunicación A7466. Esa medida otorga acceso a dólares cash a las firmas que importen hasta 5% más del valor del año pasado o 70% más que en 2020, en el caso de los productos con licencias automáticas. Por encima de esos guarismos, están obligadas a pedir financiamiento a más de 180 días. Según los importadores, estos cupos extra son insuficientes porque, aseguran, la propia suba de precios internacionales los consume.

En el Central afirman que la medida buscó en realidad contener el sobrestockeo que venían realizando las empresas. También evitar que todos los pagos se realicen con dólares cash y forzar a que una mayor porción de las compras al exterior sea financiada con crédito comercial. La financiación de importaciones en términos históricos, señalan, representaba alrededor de un tercio de las operaciones y hoy se ubica muy por debajo de ese nivel. Y consideran que la explicación es que muchos especulaban con un salto devaluatorio “que no se concretó y no se va a concretar” y por eso querían hacerse de dólares “baratos”.

Es en parte debido a eso que en el primer bimestre se registró una importante brecha entre las divisas que salieron del BCRA para pago de importaciones y el valor de los bienes que ingresaron al país: se abonaron u$s1.181 millones menos que el monto registrado en la Aduana. Previsiblemente, en marzo se habría dado una dinámica similar. “Les pedimos que vayan regularizando las prácticas comerciales habituales. Con la incertidumbre por la deuda, era esperable que se intentara cancelar toda la deuda. Ahora que hay acuerdo con el FMI, hay que volver de a poco a la normalidad”, dijo una fuente oficial a Ámbito.

Pese a que afirman que el ingreso de insumos se mantiene firme, reconocen en el Gobierno que existen trabas para determinados bienes de consumo final y algunos problemas en otros bienes para la producción, que buscan solucionar. En ese sentido, fuentes del Central señalaron que existe una mesa de trabajo entre la autoridad monetaria, el Ministerio de Desarrollo Productivo y las cámaras empresariales sectoriales para corregir casos particulares e intentar evitar que haya un impacto en la actividad económica local, que siempre es el gran riesgo en los momentos de escasez de divisas.

Por ahora, el interrogante es si en el segundo trimestre, con la liquidación de la cosecha gruesa, se flexibilizará el cepo o si los altos precios del gas que se importará en gran cantidad este invierno llevarán a mantener los controles.

(INFOBAE) La escasez de gasoil se agudiza en las zonas fronterizas por la demanda de los camioneros de países vecinos
Transportistas de Misiones y Mendoza se refirieron a las ventajas que tienen sus pares de otros países al cargar combustibles en Argentina, aprovechando la devaluación del peso argentino. En Brasil el gasoil es hasta 50% más caro que en la Argentina

Se profundiza el faltante de gasoil en diferentes lugares del país, como consecuencia del desfase entre el precio de venta y el de importación, lo que lleva a las petroleras a racionar las entregas a las estaciones de servicio, que a su vez aplican cupos de venta de hasta 15 litros por vehículo. Una problemática que afecta, especialmente, al sector de la producción, los contratistas rurales y los transportistas.

Las alertas de todos los sectores mencionados se encendieron teniendo en cuenta que el campo está arrancando la cosecha de los cultivos de verano, como soja y maíz, pero también se intensifican las tareas de preparar los suelos para la próxima siembra de trigo y cebada. Si bien la situación se podría agravar en los próximos días, trascendió hoy que el Gobierno habría recibido una propuesta del sector privado para aumentar el corte de uso de biodiésel, y que eso permita hacer frente al faltante de gasoil.
Mientras tanto, los transportistas volvieron a expresar su preocupación por el impacto del faltante en sus respectivas actividades, y advirtieron que el mismo se siente de modo particular en las provincias fronterizas, dado que las estaciones de servicio dan prioridad de carga a camiones de Bolivia -en Jujuy y Salta-, de Paraguay -en Chaco, Corrientes y Misiones-, de Uruguay –en Entre Ríos-, de Brasil en todo el corredor de la Ruta 14, y de Chile, en Mendoza, “por el hecho de que pagan más que la tarifa oficial y en dólares”.

Anibal Goichik es transportista en Misiones y Director del Departamento Técnico de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). En diálogo con este medio narró lo que sucede en su provincia con el ingreso y salida de camiones de Brasil, que utilizan a la Argentina como destino final de la mercadería que transportan o bien como un país de tránsito.

“Los camiones de Brasil llegan a la Argentina con sus tanques vacíos y acá los llenan a un precio que es un 50% más barato que en su país. Es decir, se aprovechan de la devaluación de nuestro peso y del diferencial cambiario”, señaló Goichik, quien definió como “crítico” el panorama de Misiones por el faltante de gasoil, a lo que agregó: “El gasoil que conseguimos se comercializa con el sistema de cupos y a un mayor precio en los abastecimientos a granel, que es la posibilidad que tenemos los transportistas de comprar al por mayor pero que hoy es más caro que en los surtidores”.

Además, Goichik comentó que ese mayor precio que hay que pagar por el gasoil está provocando un aumento en la estructura de costos de los transportistas, que al momento de trasladarlo a las tarifas de flete “el cliente muchas veces no convalida eso y ahí nuestra actividad empieza a complicarse”. A raíz de esto, desde otros sectores de los transportistas de carga, solicitaron a las autoridades nacionales que se realice una actualización de la tarifa de flete.

Más problemas en la frontera

Una problemática similar, planteó Daniel Gallart, presidente de la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM). “La situación es crítica. Nos venden gasoil de a 150, 200 y hasta 300 litros, y con eso no podemos completar los tanques de los camiones. A modo de ejemplo, para un viaje de Mendoza a Buenos Aires se consumen unos 800 litros ida y vuelta. Además, el precio es de entre 115 y 125 pesos por litro, y entre 10 y 12 pesos superiores a los valores del surtidor. Y ese es el problema, porque ese valor de surtidor es el que se releva como valor oficial”.

A todo esto, planteó que el impacto inmediato en el desarrollo de la actividad es una demora en su entrega, con precios más altos: “Todo esto provoca aumentos en los costos y las tarifas, porque se nos hace difícil trasladar esos aumentos. También se nos empieza a complicar el cumplir en tiempo y forma con las entregas de la mercadería.

Por último, Gallart habló sobre lo que sucede del otro lado de la cordillera de los Andes: “En Chile no hay faltante de combustible, lo que pasa es que los precios son otros. Un litro de gasoil cuesta 220/230 pesos argentinos. Por su parte el transporte chileno viene y carga en la Argentina a un precio de 115 pesos, y luego siguen con su viaje a Brasil, Uruguay, Buenos Aires, o Bahía Blanca, entre otros destinos. Si los precios estuvieran dentro de la racionalidad económica, no pasaría todo esto”.

(INFOBAE) El índice de inflación de marzo será mayor al 5% por el impacto de los alimentos y los combustibles
Tras la fuerte escalada de febrero en la suba de precios del 4,7%, el tercer mes del año acentuará con la misma tendencia según las consultoras privadas

Luego de que la inflación se disparara a 4,7% en febrero y acumulara un 52,3% en los últimos doce meses, consultoras privadas indagadas por Infobae señalaron que la suba del índice de precios de marzo supera el 5%, principalmente impulsada por alimentos. También inciden los aumentos de las tarifas, colegios, combustibles y prepagas.

El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti anticipó este jueves que el índice precios de marzo será negativo pero defendió su gestión sobre los acuerdos de precios al asegurar: “Milagros no hago”.
El funcionario afirmó además que la guerra entre Rusia y Ucrania, más la suba en los productos de harina, tendrán un fuerte impacto en el índice de inflación de marzo. “La guerra y los precios de los productos de harina pegarán mucho en la inflación de marzo”, dijo Feletti esta mañana en declaraciones a Radio con Vos.

En ese contexto, si bien el dato oficial se conocerá recién el miércoles 13 de abril, distintas consultoras que se encuentran cerrando los números de marzo adelantaron a Infobae que la suba de precios del tercer mes del año supera el 5% con fuerte incidencia de los alimentos.

En el caso de Ecolatina, afirmaron que el índice general de precios cerrará el mes en 5,8% con una suba de alimentos levemente por encima de ese porcentaje. En tanto, desde Eco Go calcularon una inflación de 6,3% y de 5,9% en alimentos.

Mientras que para la consultora Empiria, el índice de precios general cerrará marzo por encima del 5% con fuerte impulso de alimentos y como consecuencia también de las correcciones tarifarias y la suba de combustibles que se concretó este mes.

Cabe recordar que desde mediados de marzo los combustibles registran un aumento promedio de hasta 11,5% en las principales estaciones de servicio de todo el país. YPF anunció aumentó el 14 de marzo un 9,5% en promedio el precio de sus combustibles básicos y un 11,5% en promedio el de los de categoría premium, algo que imitaron el resto de las empresas.

“La inflación de origen fiscal y monetario, la corrección de precios regulados, tipo de cambio y las expectativas negativas están acelerando la variación de precios mes a mes” (Di Pace)
Según Focus Market, la inflación se acelera con un piso del 5% para el tercer mes del año. En ese sentido, indicaron que los capítulos de Transporte, Educación, Salud, Alimentos y Bebidas y Vivienda están por encima del indicador general superando todos los casos el 5% de inflación mensual.

“La inflación de origen fiscal y monetario, la corrección de precios regulados, tipo de cambio y las expectativas negativas están acelerando la variación de precios mes a mes” explicó Damián Di Pace, director de la consultora. En el caso de Alimentos, dijo que “la suba desacelera respecto de febrero pero pega sobre la canasta básica alimentaria. En los últimos tres meses en Argentina hay aumentos de dos dígitos en categorías básicas. Lo que a fin del año pasado era una extrañeza, ahora se está convirtiendo en normalidad”.

Para la consultora del economista Orlando Ferreres, la suba de precios de marzo alcanzó el 4,7%, presionada por la suba de alimentos que arrojó un alza de 5,3% de acuerdo a sus cálculos.

No hay que perder de vista que la suba de precios del segundo mes del año estuvo por encima de lo que esperaban las consultoras privadas, que proyectaban un 4 por ciento. Los alimentos volvieron a tener un peso relevante en la inflación de febrero, ya que aumentaron un 7,5 por ciento. En ese sentido, marzo continuaría con la misma tendencia.

En el segundo mes del año la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor aumento del mes a nivel nacional, además de ser la de mayor incidencia en todas las regiones: en el promedio, aportó más de 2 puntos porcentuales a la suba del Nivel general.

Lo más relevante en la división fue el incremento de verduras, tubérculos y legumbres, donde se destacaron –al igual que en enero- la lechuga, con una disparada del 72,7% en el precio, también el tomate, la papa y la cebolla. En ese sentido, registraron fuerte aumentos las frutas, especialmente el limón y la naranja, con alzas de 27% y 19,8%, respectivamente.

De acuerdo a LCG, la inflación de marzo cerrará en 5,8% con una suba superior al 7% en alimentos. “Básicamente la suba de combustibles, tarifas, prepagas y colegios la impulsaron al alza”, dijo a Infobae el director de la consultora, Guido Lorenzo. En esa misma línea, desde Seido estimaron una suba de precios para el período mencionado de entre 5 y 5,5% por ciento.

Desde el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (CREEBBA) afirmaron que el capítulo de alimentos disminuyó en marzo en comparación con febrero aunque registró un 5,3%. De acuerdo a la consultora, tanto frutas como verduras no han tenido aumentos tan grandes como en enero y febrero. Aunque el precio de las carnes cerró el mes en un 5%, mientras que lácteos en un 4,3%, condimentos por arriba del 8%, y alimentos preparados en 11 por ciento.

Asimismo, el Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca arrojó un alza de precios de 5,21% para marzo y una variación interanual de 54,5%, lo que arroja una inflación acumulada para 2022 de 16,23% en solo tres meses.

“Marzo continúa con el salto de régimen registrado desde diciembre con una inflación superior al 4% mensual sumando 5,21% en este caso. Alzas son observadas a lo largo de todos los capítulos, con puntos específicos de estacionalidad: las principales subas se registran en el capítulo Educación (11,66%), superando los dos dígitos debido a la actualización de las cuotas de colegios, seguido de Esparcimiento (6,77%), Alimentos y Bebidas (6,21%) y Otros bienes y servicios (6,2%) todos superando el 6%. El primer trimestre del año cierra con más de 15 puntos de inflación acumulada”, analizaron.

A fines de febrero los analistas de mercado proyectaron que la inflación minorista para el 2022 se ubicará en 55%, igual estimación que en la encuesta previa. Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central entre consultoras, bancos, universidades y otras entidades que pronostican los principales indicadores de la economía.

Cabe destacar que en el en marco del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que aprobó el Congreso de la Nación, las partes estimaron un rango esperado de inflación que va desde 38% anual en el escenario más optimista hasta 48 por ciento.

Suba de tasas

Luego de conocerse el dato de inflación de febrero, el Banco Central decidió convalidar una nueva suba en la tasa de referencia. En línea con la tendencia global, el BCRA subió la tasa de política monetaria (Leliq 28 días) de 42,5% hasta 44,5%, mientras que la de plazos fijos minoristas subió desde 41,5% a 43,5% TNA.

“A pesar de la nueva suba, las tasas pasivas en pesos quedaron por debajo de la inflación y la devaluación esperadas. La tasa de política monetaria debería subir 500 puntos básicos para que la TEA iguale a las expectativas de inflación y devaluación para los próximos 12 meses”, afirmaron desde la consultora.

Mientras tanto, desde la Secretaría de Comercio avanzaron con medidas como el control de precios de alimentos, aunque por ahora, como reconoció el propio Feletti, no tuvieron el resultado esperado.

(INFOBAE) El Gobierno utilizará parte del préstamo del FMI como financiamiento en pesos y tendrá ayuda para cumplir con la meta de déficit
Unos USD 4.400 millones del nuevo crédito alimentarán reservas y al mismo tiempo serán usados como “apoyo presupuestario”, por lo que obtendría más de $480.000 millones

El Gobierno podrá contar con una “ayuda” fiscal millonaria para allanar el camino de cumplimiento del objetivo de déficit primario al que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional para este año. Una parte del préstamo total que enviará el organismo a la Argentina será utilizado por el Ministerio de Economía como refuerzo de reservas y también como “apoyo presupuestario”. El Ministerio de Economía y el FMI, de todas formas, ya anticiparon que deberán reconsiderar algunas de las variables del acuerdo ya que el organismo cree que existen “riesgos excepcionalmente altos” para los supuestos del programa.

Así lo establece el memorando técnico, uno de los documentos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso para la aprobación del acuerdo. Se trata del paper que establece en general definiciones técnicas pero que también explicita algunos compromisos de política económica y pautas a seguir que no están explicadas en la hoja de ruta de las políticas económicas consensuadas con el Fondo.
Al hacer una definición del ítem reservas internacionales netas (RIN), en el punto 19 del memorando, el Gobierno especifica: “Los pasivos brutos incluyen los desembolsos del FMI, excepto el componente de financiación neta del programa (DEG 3.166 millones), también considerado como apoyo presupuestario, que incrementarían las RIN”, manifiesta el documento.

“Los pasivos brutos incluyen los desembolsos del FMI, excepto el componente de financiación neta del programa (DEG 3.166 millones), también considerado como apoyo presupuestario, que incrementarían las reservas” (Memorando técnico con el FMI)
En esa oración habla entonces de un financiamiento neto (es decir, por fuera de los vencimientos que debe cubrir el Extended Fund Facility del anterior crédito Stand By) de 3.166 DEGs, lo que implica unos USD 4.376 millones al valor de la conversión de este jueves entre las dos unidades de medida. Es una suma muy similar al primer envío de derechos especiales de giro que hizo el FMI en agosto pasado a la Argentina en el marco de su ayuda especial a sus países miembro para afrontar el Covid.

De esta manera, el FMI devuelve así al Tesoro los dólares que utilizó entre septiembre y enero para afrontar los pagos sucesivos al Fondo Monetario mientras se desarrollaba la negociación. Esa porción del préstamo (casi el 10% del total) tendrá entonces una doble función como refuerzo a las arcas del Banco Central y como financiamiento en pesos.

Informes recientes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), hicieron la misma consideración. “En el memorando se establece que durante este año 2022 unos USD 4.400 millones se usarían como apoyo presupuestario. Se entiende que eso permitiría cubrir parte del déficit fiscal que todavía habrá que seguir financiando este año”, explicó este último centro de estudios, con base en Córdoba.

El año pasado el Gobierno había también hecho un “doble uso” similar de los DEGs, aunque hay diferencias técnicas entre un caso y otro. En agosto del año pasado, cuando se acreditó el envío de DEGs, mediante un asiento contable la Secretaría de Hacienda hizo que esa inyección de divisas también puedan ser consideradas como un “ingreso extraordinario”. De esta forma, pudo allanar el camino fiscal que tenía el Gobierno a esa altura del año. Hacienda pudo conseguir unos $422.000 millones de financiamiento en esa ocasión y le permitió, de por sí, que el Estado termine el 2021 con un rojo primario más bajo de lo que se preveía en un principio.

En este caso ese esquema contable no podría ser llevado adelante, explicó a Infobae un economista experto en cuentas del sector público que pidió no ser identificado. La diferencia radica en el cáracter que tenía el primer envío de DEGs de agosto y el que tiene como parte del programa nuevo. “En agosto se podía pasar como ingreso por ‘arriba de la línea’, es decir como un ingreso extraordinario al Tesoro, pero en este caso se trata de un financiamiento directo, es un préstamo del FMI. Es como cuando el Tesoro consigue pesos por una licitación de bonos”, graficó.

La operatoria debería ser la siguiente: el FMI envió los Derechos Especiales de Giro a la cuenta que tiene el Tesoro nacional en el Banco Central. El Gobierno puede venderle esos DEG al BCRA y conseguir pesos con los que financiar el déficit. Esto implicaría para Hacienda un financiamiento, con el tipo de cambio mayorista actual, que ascendería a $490.000 millones, lo que representaría a pesos de hoy poco más de 0,7 por ciento del Producto Bruto, estimó Nadin Argañaraz, de Iaraf.

Eso sucedería en caso de decidiera vender todos los DEG al BCRA al mismo tiempo, con la cotización presente. Si esa conversión de los USD 4.400 millones lo hiciera a lo largo del año, por tramos, podría entonces obtener en pesos un financiamiento mayor en términos nominales. No es una cifra menor en un contexto en el que el Gobierno necesitará un doble recorte: en el del déficit primario, desde 3% a 2,5% del PBI y de 3,7% a 1% del PBI en la asistencia monetaria desde el Banco Central.

Si el Gobierno llevara adelante nuevamente ese esuqme, eso representaría para el Estado un ingreso de unos $490.000 millones, lo que representaría a pesos de hoy poco más de 0,7 por ciento del Producto Bruto
Una de las cuestiones que el Gobierno asegura también en la letra chica del acuedo es que cualquier excedente a la recaudación programada será utilizada para cumplir con la meta fiscal. “Nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla en el evento de que ocurra un shock externo adverso, y de esta manera reflejar nuestro compromiso respecto a las políticas de estabilización macroeconómicas”, asegura el memorando.

Las dudas sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos fiscales surgieron como consecuencia del shock de precios internacionales que siguió a la invasión rusa en Ucrania, principalmente de energía y alimentos. Ya algunos informes privados sugerían que el Gobierno podría necesitar alguna alternativa para cumplir el objetivo de déficit primario en caso de que no pueda llevar adelante un recorte de subsidios como el que propuso.

Tanto Kristalina Georgieva como el directorio del FMI consideraron que el programa firmado con la Argentina tiene riesgos “excepcionalmente altos”, lo que obligará a una “recalibración” temprana de algunas variables. El shock de precios internacionales pondrá en tensión las proyecciones de inflación previstas -entre 38 y 48% anual- y el camino de recorte de subsidios energéticos.

(INFOBAE) Por el programa con el FMI, el Gobierno modificará el Presupuesto por decreto para evitar otro debate complejo en el Congreso
En las próximas dos semanas deberá “adaptar” la ley de gastos e ingresos del año pasado que quedó vigente por el bochazo parlamentario al proyecto para el 2022. Es el primer objetivo acordado con el Fondo Monetario en el acuerdo técnico

En las próximas dos semanas tendrá lugar el primero de una larga lista de compromisos “laterales” asumidos por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional en el programa económico: “adaptar” el presupuesto que quedó vigente tras el rechazo del Congreso al proyecto de ingresos y gastos para 2022 a las nuevas condiciones macro establecidas en el acuerdo.

Para eso, el Poder Ejecutivo buscará modificar por la vía administrativa el presupuesto 2021 prorrogado para este año y evitará así tener que discutir en el parlamento un nuevo proyecto. El rechazo de la ley de leyes, en diciembre pasado, fue un golpe duro a la hoja de ruta que se había planteado el ministro de Economía Martín Guzmán en la hoja de ruta de la negociación con el FMI.
El paso a paso de las negociaciones -que por entonces todavía tenían carácter técnico- implicaba que el Gobierno nacional debía tener aprobado en el Congreso el presupuesto 2022 como una de las “acciones previas” a la concreción de un entendimiento técnico. El “bochazo” sobre la hora que tuvo el proyecto oficial trastocó el plan original. Guzmán salió a decir incluso, horas después, que no podría diseñarse un nuevo presupuesto con variables actualizadas porque llevaría meses de elaboración.

El primer objetivo del acuerdo con el FMI es“adaptar” el presupuesto que quedó vigente tras el rechazo del Congreso al proyecto de ingresos y gastos para 2022 a las nuevas condiciones macro establecidas en el acuerdo.
Resulta que una de las críticas más repetidas en la oposición a esa iniciativa rechazada era que los supuestos macroeconómicos explicitados en ese proyecto habían quedado vetustos. Como referencia, se planteaba un horizonte de inflación para 2022 de 33% anual y de poco más de 40% para 2021. La aceleración de precios de la última parte del año hizo terminar el IPC anual en casi 51% y el propio programa con el FMI terminó por convalidar un arco de inflación de entre 38 y 48%, una proyección que también ya quedó atrasada.

Habrá, explicaron fuentes oficiales a Infobae, dos modalidades por las cuales el Gobierno pueda cristalizar esa adaptación del presupuesto vigente del 2021 al nuevo programa con el FMI. “Las adecuaciones pueden hacerse o por decisión administrativa o resolución; en ese caso no se comunican al Congreso. Cuando se hacen por decreto de necesidad y urgencia, sí se comunica al Congreso”, detallaron desde un despacho oficial.

De acuerdo a la hoja de ruta prevista con el FMI, esa adecuación podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo. Ahora bien, ¿qué implica una “readecuación” presupuestaria como la que llevaría adelante el Gobierno?

Según la definición que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “las modificaciones presupuestarias son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Se originan por varios motivos entre los cuales pueden mencionarse las sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de categorías programáticas y cambios no previstos en la proyección de los ingresos”.

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) puso en números las modificaciones presupuestarias ya realizadas por el Gobierno nacional en lo que va del año. El 9 de febrero pasado se aprobó, vía resolución administrativa, un cambio que recalculó en $224 millones los ingresos del Estado y en $655 millones los gastos, lo que implica un resultado negativo por $431 millones.

De acuerdo a la hoja de ruta prevista con el FMI, esa adecuación podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo y el Gobierno podrá hacer esos cambios vía administrativa o por DNU
En este caso, el Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión.

Incluso ya hay una serie de métricas concretas que tienen como fecha de corte este jueves y que serán evaluadas por los técnicos del FMI en la misión anticipada que tendrán a mediados de mayo. El organismo y el Gobierno decidieron adelantar la primera evaluación -la primera instancia estaba planeada para el 10 de junio- ante el cambio de escenario internacional de precios, que pondrá un fuerte presión sobre las expectativas de inflación y de subsidios elaboradas en el programa económico.

Para fines de marzo, según la letra chica del acuerdo, la cifra que actuará como referencia de techo para el caso del déficit primario será de $222.300 millones. Asimismo, solo permitirá un valor de 535.900 millones de pesos como deuda “flotante”, es decir pagos atrasados del ejercicio anterior. Este último número se mantiene fijo a lo largo de 2022.

Luego habrá metas indicativas para dos aspectos: recaudación y gasto social. En el primer aspecto, el Gobierno debería tener un ingreso real 2,417 billones de pesos entre los primeros tres meses del año. Además, habrá erogaciones en programas de asistencia social que tendrán un cupo mínimo de casi $152.000 millones.

Sobre las metas monetarias, ligadas a la gestión del BCRA, habrá dos criterios de ejecución y una meta cuantitativa. En el primer grupo se listan el piso de variación reservas internacionales netas del Banco Central y el tope del financiamiento monetario desde la autoridad monetaria hacia el Tesoro. Hacia finales de marzo, las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tendrá como techo una suma de $236.800 millones.

El 9 de febrero pasado se aprobó, vía resolución administrativa, un cambio que recalculó en $224 millones los ingresos del Estado y en $655 millones los gastos, lo que implica un resultado negativo por $431 millones, según ASAP
Según un informe de la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, el Gobierno se perfila para poder cumplir con todas las metas previstas para este último día de marzo. “Con datos disponibles hasta febrero, el déficit primario acumula $92.982 millones, por lo tanto debería superar $129.000 millones en marzo para quedar por encima del límite de la meta. Dada la dinámica de ingresos y gastos, aún incorporando la actualización de las jubilaciones y pensiones correspondientes a marzo, parece poco probable que se supere la meta trimestral”, consideró.

“En cuanto al target de financiamiento monetario, con datos al 23 de marzo el BCRA acumula adelantos transitorios al Tesoro por $122.000 millones con lo cual se mantiene por debajo de la meta de $236.800 millones. A su vez, el Tesoro logró un ratio de refinanciamiento de los vencimientos de deuda en moneda local de 142% lo cual ayuda a reducir el financiamiento monetario”, anticipó.

“Las reservas internacionales netas, por su parte, deberían acumular un incremento de USD 1.200 millones versus diciembre en los primeros tres meses del año. Al 15 de marzo la variación es de -USD 2.400 millones pero si se suman los USD 4.400 millones de financiamiento neto que ingresaron el viernes por el préstamo del FMI, se superaría el objetivo trimestral”, concluyeron desde PxQ.