LOCAL

(AMBITO) Señalan economistas que programa con el FMI requerirá de un acuerdo político
El Gobierno está cerca de cerrar las negociaciones. El acuerdo duraría por lo menos una década. Los economistas Héctor Torres y Miguel Kiguel dieron su parecer al respecto.

El futuro entendimiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en teoría implica asumir una serie de compromisos de política económica, durará por lo menos una década. Algunos de esos compromisos tal vez tengan que empezar a llevarse a cabo ahora pero deberán ser concluidos por otro gobierno y por ello analistas privados consideran necesario que haya un entendimiento entre oficialismo y oposición para el cumplimiento.

Algo de eso comenzó a deslizarse durante la reunión de la semana pasada del Council of Americas, en la que tanto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijeron claramente que la Argentina necesita de un acuerdo político. Massa le puso fecha. Señaló que debía comenzar a hablarse después del 10 de diciembre próximo y hasta propuso una agenda con una decena de temas.

Lo que es cierto es que el nuevo acuerdo al que llegue el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el organismo que conduce Kristalina Georgieva, tendrá que ser aprobado por el Congreso, para otorgarle fortaleza institucional, aunque eso no es sinónimo de consenso. Por lo menos, llegado el momento, se abrirá un debate, dicen los economistas.

Héctor Torres, exrepresentante del Gobierno argentino ante el organismo internacional de crédito durante la pasada gestión, señaló que las reformas económicas que requiere el país son tan importantes que deberán ser continuadas por siguientes administraciones. “Los programas de facilidades extendidas (al cual va a acceder Argentina) son para países que tienen problemas estructurales que se manifiestan en economías estancadas y con problemas recurrentes de balance de pagos”, explicó el exfuncionario. Al respecto, Torres señaló que “esos problemas requieren reformas que no se pueden implementar en el período de tiempo que le resta a este gobierno”.

“Entiendo que el Fondo quisiera que el Gobierno elabore, explique y busque consensuar una hoja de ruta, que asegure que las reformas gozan de apoyo suficiente como para poder ser continuadas por quien asuma el gobierno en el 2023”, añadió el ex representante ante el Fondo. Torres consideró además que el Fondo aprendió que en Argentina “no se puede combatir la inflación sólo con política monetaria y que para que haya confianza en el peso, no se trata de subir la tasa de interés, sino de generar superávit comerciales y de cuenta corriente sostenidos a lo largo del tiempo”.

Miguel Kiguel, exsubsecretario de Financiamiento, afirmó que “hoy un acuerdo con el Fondo tiene que ser aprobado por el Congreso, con lo cual de hecho estaría aprobado por los dos partidos (coaliciones)” de mayor peso en el poder legislativo. El economista añadió que “esa es la idea que tuvo el Fondo, que adoptó Argentina y por la cual el Congreso ya aprobó la ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública”. La norma pone límites a la capacidad de tomar deuda por parte del Poder Ejecutivo y establece que cualquier acuerdo que en el futuro se logre con la institución financiera deberá ser avalado por una ley especial. “Es cierto que el acuerdo no estará explícitamente avalado por los dos partidos, pero al estar aprobado por ley tendrá más fuerza”, explicó el titular de la consultora Econviews.

En el clásico menú de medidas que puede reclamar el FMI figuran la reducción del déficit fiscal primario y la implementación de medidas para flexibilizar el mercado laboral, como así también fijar un camino para reducir la inflación y eliminar el cepo cambiario. Pero el tipo de acuerdo que podría conseguir la Argentina en el actual contexto de pandemia podría representar que la mayor parte del compromiso de medidas se tengan que adoptar hacia el final del acuerdo cuando haya otra administración.

(AMBITO) Lo que piensan en Wall Street que harán los países con los DEG
El Fondo ya distribuyó la nueva asignación de DEG y ahora se tejen especulaciones sobre el destino de los mismos. En la anterior asignación, la mayoría optó por mantenerlos en las reservas. ¿Será igual?
¿Qué planean hacer los países con los nuevos DEG que recibieron del FMI? Es la pregunta que se plantean en los principales bancos de inversión de Wall Street porque para muchos pueden ser un salvavidas para cerrar el año sin sobresaltos. Así por ejemplo los economistas de Goldman Sachs y del Bank of América imaginan que probablemente Argentina, Ecuador, El Salvador, Colombia y Panamá las utilicen con fines fiscales, mientras que los planes de México dependerán de las negociaciones entre el Gobierno y el banco central. Es probable que Brasil, Perú, Chile, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica las mantengan como reservas. En Chile, los DEG pueden desacelerar el ritmo de acumulación de reservas, ya que el banco central estará más cerca de su meta.

Solo Venezuela deberá despreocuparse porque el FMI no le entregará su asignación de DEG de u$s5.100 millones (son un 80% de las reservas actuales) debido a los problemas de legitimidad de las autoridades. No los pierden, sino que las autoridades no podrán usarlos hasta que la comunidad internacional reconozca a un Gobierno. Vale señalar que las estructuras legales e institucionales de cada país determinan si la asignación de DEG se puede utilizar para financiar los déficits presupuestarios. Cuando los bancos centrales mantienen la asignación de DEG y administran los flujos de divisas, el financiamiento presupuestario estará limitado por las leyes/regulaciones que rigen los préstamos del banco central al gobierno. La mayoría de los países, alrededor del 70%, registran las asignaciones de DEG en el balance del banco central, otros, incluido EE.UU., registran activos/pasivos en DEG en el balance del Gobierno. Veamos los principales casos.

Para Argentina es un salvavidas para los pagos del FMI y la presión cambiaria. Recibió u$s4.330 millones. Es probable que los DEG se utilicen para el vencimiento de capital de septiembre con el FMI (u$s1.900 millones) pero también para fortalecer las reservas ante la presión cambiaria,y a la espera de renegociar con el organismo después de las elecciones.

En el caso de Brasil es probable que permanezcan como reservas (son el 4%), ya que no ha proporcionado ninguna orientación pública sobre cómo se usarían. Existía la iniciativa del ministro Guedes de vender reservas para reducir la deuda pública bruta pero no se debatió. Y el uso de los DEG para fines fiscales podría ser complicado por la reciente ley de autonomía el banco central.

En cuanto a Chile, los DEG ayudarán a lograr el objetivo de acumulación de reservas. El FMI le asignó u$s2.400 millones y serán sumados al programa de compra de divisas (en 2021 compró u$s6.000 millones, un 50% del monto anunciado) para fortalecer su posición de liquidez. Las reservas eran un 16,7% del PBI, con los DEG llegan al 17,5% y la meta era el 18%. Esto podría implicar desacelerar el ritmo de compras dadas las recientes presiones cambiarias e inflacionarias (y las grandes necesidades financieras del Gobierno). Esperan que los mantenga en las reservas.

Para Colombia los DEG podrían reducir las necesidades de emisión. Recibió u$s2.800 millones que se depositarán directamente en el banco central como parte de las reservas. Hasta el momento no ha habido un anuncio oficial sobre su uso pero durante una audiencia en el Congreso el ministro Restrepo afirmó que está considerando la posibilidad de usarlos para financiar el presupuesto. Los préstamos del banco central al Gobierno están permitidos, pero requieren el voto unánime de la junta. El Gobierno podría reemplazar la colocación de deuda con los DEG para cerrar el año. No sería nada novedoso ya que en 2020 el FMI aumentó una línea crediticia en u$s5.000 millones y el Gobierno la uso para financiarse.

Ecuador es uno de los pocos que ha anunciado que los usará para financiar el presupuesto. Recibió casi u$s1.000 millones. Como el banco central no es totalmente independiente y no se prevén dificultades para acceder a los fondos.

En el caso de Perú, el uso de DEG requeriría un cambio constitucional. Recibió u$s1.800 millones. La independencia del banco central es fuerte. El artículo 84 de la Constitución prohíbe al BC proporcionar financiamiento al Gobierno y establece que el BC tiene la responsabilidad exclusiva de la gestión de las reservas. Por lo tanto, esperan que Perú los mantenga como reservas ya que es poco probable que se produzca un cambio constitucional debido al control del Congreso por parte de la oposición.

(AMBITO) ¿Oportunidad? Sigue cayendo el precio en dólares de los inmuebles en CABA
Una unidad de dos ambientes y 50 m2 cuesta 125.658 dólares y una de tres ambientes y 70 m2 alcanza los 178.846 dólares.
Los valores en dólares a los que se publican las ofertas de venta de departamentos usados de dos y tres ambientes mostraron otra retracción para el promedio de la Ciudad del 5,2% el último trimestre, lo que acusa una baja del 18,3% en la comparación interanual entre inicios de agosto del 2021 contra el mismo mes del año pasado, según un informe de Reporte Inmobiliario.

El valor del metro cuadrado promedio del usado para calidad estándar sin amenities se ubicó en agosto de este año en los u$s1.643,1, mientras que el promedio del trimestre anterior era de u$s1.732,2 y un año atrás, en agosto de 2020, alcanzaba los u$s2.011,4 por m2.

Cabe destacar que la caída alcanza el 31,55% si se compara el valor actual con los u$s/m2 2.400 correspondientes al “pico” de febrero 2019. Los valores prácticamente ya se retrotrajeron y hasta perforaron los que se observaron durante el primer cepo del Gobierno de Cristina de Kirchner.

En tanto, según un informe realizado por el portal de propiedades Zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires, el 34% de los departamentos en venta fue retasado a la baja en los últimos 6 meses del 2021. En la actualidad, el descuento promedio efectuado en el último semestre es del 8,0%.

La baja de este tipo de avisos registró un salto en mayo del 2020 y llegó a su punto máximo: pasó de una media de 7,0% a 8,7% en tres meses.

A nivel histórico, en 2017 el porcentaje de retasados representaba el 18%, comenzó a aumentar a finales del 2018 y la tendencia continúa en alza hasta el día de hoy.

Los departamentos demuestran una baja del 0,9% durante el último mes y acumulan un descenso del 5,1% en el 2021. Actualmente, el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires es de u$s2.413.

¿Cuánto dinero cuesta comprar una propiedad en CABA?
Una unidad de dos ambientes y 50 m2 cuesta 125.658 dólares y una de tres ambientes y 70 m2 alcanza los 178.846 dólares.

Las unidades en pozo continúan con una mayor resistencia a la caída de precios. De acuerdo con el tipo de propiedad, el valor del metro cuadrado varía: un departamento a estrenar en la Ciudad de Buenos Aires se adquiere por 2.648 dólares/m2 y una unidad usada comprende un costo de 2.315 dólares/m2.

Los barrios más baratos y más caros de CABA para comprar departamentos
En cuanto al rango de precios en la Ciudad de Buenos Aires, el 96% de los barrios registra un descenso en su valor mensual. Aquellos que presentan un menor costo son: Lugano (u$s1.128 por m2), La Boca (u$s1.692) y Nueva Pompeya (u$s1.710). Por su parte, en la zona media del ranking se encuentran Villa Real (u$s 1.987 m2), Versalles (u$s2.141 m2), Liniers (u$s2.201 m2), Parque Chacabuco (u$s2.301) y Saavedra (u$s2.483). El barrio que presenta el precio más elevado es Puerto Madero, con un precio de u$s5.628 m2, seguido por Palermo (u$s3.112) y Belgrano (u$s2.987).

Respecto al costo de la construcción, entre octubre del 2020 y mayo del 2021, hay una recuperación de los valores, pero hoy vuelve a descender y se ubica un 3,7% por debajo del índice CAC (Cámara Argentina de la Construcción) de abril del 2021. En la actualidad, construir tiene un costo un 27% menor que en el promedio registrado entre 2012 y 2021.

(AMBITO) Dólar: se moderan las expectativas de devaluación
Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que el Banco Central volvió a operar dólar futuro y cerró agosto con posición vendida de solo u$s300 M. A pocos días de las PASO, el Gobierno ve un mercado más calmo.
El Banco Central sostuvo durante agosto su política de ancla cambiaria para intentar consolidar la lenta desaceleración mensual de la inflación, que persiste en niveles muy elevados.

Si bien interrumpió por primera vez en el año la continua reducción del ritmo de depreciación mensual, el dólar mayorista terminó con un alza del 1,09%, apenas por encima del 1% de julio pero lejos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que las consultoras estiman algo por debajo del 3%. Ocurrió en un mes pre-PASO que cerró con algo más de calma en las expectativas de devaluación pese a que, como era de esperarse, creció la búsqueda de cobertura para después de las elecciones.

En ese marco, el BCRA volvió a intervenir en el mercado de futuros aunque terminó el mes con su capacidad de intervención casi a pleno en esa plaza.

Según supo Ámbito de fuentes oficiales, el Banco Central operó algunos contratos, la mayoría a agosto aunque también unos pocos a posiciones algo más extensas. Así, luego de tres meses de cerrar sin contratos abiertos en el Rofex, ahora quedó con poco más de u$s300 millones vendidos. Un número que de todas maneras es muy bajo, más aún para una etapa preelectoral, que le garantiza casi plena capacidad de capacidad de acción para salir a contener eventuales movimientos disruptivos.

El mercado de futuros del dólar es una plaza que se negocia en pesos pero que le brinda a los inversores cobertura ante una eventual devaluación. La venta de este tipo de contratos es una herramienta que utiliza el BCRA para incidir en las expectativas de depreciación. En el pico de la corrida de octubre de 2020, por caso, llegó a tener contratos abiertos por el equivalente a u$s8.400 millones, lo que permite dimensionar el margen de intervención actual.

Ese poder de fuego para incidir en las expectativas se suma a otro dato que fue leído como positivo en la entidad que preside Miguel Pesce. Si bien ayer tuvo que desprenderse de otros u$s130 millones para abastecer la típica demanda por cierre de posiciones de fin de mes por parte importadores y bancos, según fuentes privadas, terminó agosto con saldo neutro en sus intervenciones en el mercado de cambios oficial ante un todavía importante ingreso de divisas del agro. Un resultado que no se veía desde 2016 y que es atípico para un momento del año en que la estacionalidad del flujo comercial suele jugar en contra.

Fue un mes en el que la llegada de los u$s4.334 millones de derechos especiales de giro (DEG) del FMI reforzó las reservas del Central. Aunque el grueso de esos recursos se irá en lo que resta del año en pagos al propio organismo. Así, las tenencias internacionales brutas subieron en agosto u$s3.598 millones (la diferencia se explica fundamentalmente por cancelaciones de deuda e intervención sobre la brecha cambiaria) y terminaron ayer en u$s46.180 millones. Sin incluir los DEG, las reservas netas quedaron en torno a los u$s7.000 millones, según cálculos privados.

Este es el plafón con el que cuenta el BCRA para sostener su política de ancla cambiaria en los próximos meses. Ayer, por caso, el dólar mayorista subió 3 centavos a $97,74, lo que redondeó un alza mensual de casi 1,1%. En el año, acumula un incremento del 16,15%, la mitad de la inflación de los primeros siete meses de 2021. Ese poder de fuego es también el que utiliza para intervenir sobre las cotizaciones financieras (MEP y CCL), que cerraron agosto con algo más de calma en $170 luego de jornadas agitadas a raíz de las últimas restricciones establecidas para su operatoria.

Expectativas
En ese marco, el mercado “compra” el sendero planteado para el tipo de cambio hasta las elecciones. Lo muestran los precios pactados en los contratos cortos de dólar futuro del Rofex, que a lo largo de agosto cayeron entre 253 y 443 puntos básicos, según cálculos del analista Andrés Reschini.

Sin embargo, el panorama es distinto tras el umbral del 14 de noviembre: el mercado espera una aceleración del ritmo de depreciación que empiece a compensar parte del desfase entre la suba acumulada por el dólar oficial y la inflación. Así, la curva de tasas implícitas en los contratos se empina: pasa del 31,96% a fines de noviembre al 50,43% a fines de enero. Aun así, las posiciones más largas también cerraron con precios a la baja, aunque con un descenso algo más leve.

El economista e investigador Alfredo Schclarek Curutchet sostiene que la lectura no debe ser lineal: “Los contratos de dólares futuros son una especie de seguro de cambio, por ello, su precio no sólo refleja una expectativa de depreciación sino también un componente de riesgo. Los precios actuales para los meses postelectorales reflejan un mayor riesgo o incertidumbre sobre cuál será la estrategia del BCRA después de las elecciones. Es decir, si te voy a dar un seguro, no sólo debo cobrarte por la expectativa sino también por la incertidumbre”.

Algo similar ocurrió con los bonos soberanos dólar linked, otro habitual refugio de cobertura cambiaria para los inversores. Los títulos atados al tipo de cambio oficial a 2022 subieron en el mes 1% en promedio y terminaron con rendimientos negativos, aunque en las últimas ruedas la demanda se detuvo y operaron más ofrecidos.

En todo este cuadro se apoya el Gabinete económico para sostener que hoy por hoy no existen significativas expectativas de un salto devaluatorio para después de las elecciones, un escenario que descartan de plano. Y remarcan que, lejos de lo que se anticipaba hasta hace poco, los activos argentinos viven hoy un rally alcista a días de las PASO.

Es por eso que, ante la consulta de Ámbito, fuentes cercanas a Martín Guzmán desmintieron ayer un supuesto anticipo del Presupuesto 2022 publicado en un portal, que proyectaba un dólar mayorista para fines de ese año a $159, lo que implicaría una suba anual del 55%. “Son datos falsos. El proyecto está aún en elaboración. Y esos no son los números que están contemplados”, aseguraron.

(AMBITO) Carne: la Mesa de Enlace va por una protesta, pero frigoríficos piden dialogar
Desde el Gobierno se fundamentó la extensión de la medida en «la tendencia de estabilización en los precios de la carne vacuna» en el mostrador.
Luego de la decisión del Gobierno de prorrogar las restricciones para la exportación de carne, los presidentes las patronales del campo decidieron avanzar con medidas de protesta aunque por ahora no se confirmó fecha ni modalidad. En tanto los representantes de la industria frigorífica pidieron una audiencia con el Ministro de Agricultura, Luis Basterra para buscar una solución al conflicto.

Durante un encuentro que tuvo lugar en la Sociedad Rural de Santa Fe, productores, dirigentes del sector ganadero y referentes de la industria frigorífica reclamaron al Gobierno la normalización de las exportaciones de carne y rechazaron la política ganadera llevada adelante por la administración nacional.

A partir de ahora las agrupaciones rurales debatirán puertas adentro las posibles medidas pero todo parece indicar que no habrá novedades hasta tanto se realicen las elecciones de medio término y recién en ese entonces se avanzará con un cese de comercialización de hacienda.

En las últimas horas y antes de que quedara caduca la medida impulsada por el Gobierno -que rige desde el 20 de mayo- que limita y establece un cupo para las ventas de carne al exterior, se definió prorrogar hasta el 31 de octubre próximo la restricción que pesa sobre los cortes vacunos.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó a Ámbito que “el Gobierno día a día genera más incertidumbre con el cierre de las exportaciones de carne y el daño que se genera en la cadena es irreversible. La medida no ha tenido el efecto de bajar el precio en el mostrador. Ya se había demostrado antes y ahora también. El problema es la inflación”. El titular de una de las entidades más combativas y que oportunamente se retiró de la discusión de un Plan Ganadero, agregó: “Pensábamos que iba a predominar el sentido común dentro del gobierno pero vemos que no lo hay. El Gobierno quiere confrontar, no quiere dialogar. Desde el mismo Gobierno se propuso discutir un plan de desarrollo ganadero y siguen las exportaciones cerradas. Es una provocación y quieren confrontar con el campo en lugar de dialogar”.

Del encuentro no participaron los “autoconvocados” que habían elevado a la Mesa de Enlace un pedido de protesta que propiciaba un cese de comercialización. Ariel Bianchi, referente de ese grupo de productores aseguró a Ámbito que “no levantar el cierre de la exportación sólo acelerará los tiempos para definir medidas. Rechazamos la prorroga que mantiene las exportaciones con cupos, porque quedó demostrado que no se logra nada positivo para el país”. Desde el Gobierno señalaron que la medida se prorrogó para consolidar “la tendencia de estabilización en los precios de la carne vacuna”. Al mismo tiempo, pese a datos negativos respecto al año pasado, en la Casa Rosada enfatizan que las exportaciones de carne “no están cerradas y que se está exportando muy por encima del promedio histórico”. Desde que implementó el cupo para las exportaciones de carne el 20 de mayo, el Gobierno monitorea de forma permanente el comportamiento de las ventas externas. Según el último dato consolidado, en julio se exportaron u$s 194 millones en carne bovina. Fuentes oficiales reconocen que esta cifra implica una caída del 16% respecto a lo exportado en julio de 2020, y también está por debajo del mismo mes de 2019, pero enfatizan que “es mayor al promedio histórico”, lo que muestra una dinámica positiva.

Según los datos del INDEC y del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) el monto exportado en julio fue un 11% mayor a las ventas externas de julio de 2018, un 71% más que julio de 2017, un 135% más que julio de 2016; y un 172% más que julio de 2015.

Posturas en la cadena
Desde el sector de los frigoríficos, Javier Peralta, Secretario de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), confirmó que “la prorroga no hace más que agravar la crisis que atraviesa la industria. Todos nos estamos perjudicando, por un lado tenemos problemas con los productores porque cae el precio que reciben por la hacienda y también pierden los trabajadores, porque con las reglas actuales pierden entre el 30 y 40% de sus ingresos”.

Tras la reunión de la Mesa de Enlace con productores, hubo otro encuentro con la Cadena de la Carne, donde no todos están de acuerdo en apoyar un cese de comercialización. Es que todos los eslabones -consignatarios, matarifes, frigoríficos- se verían afectados mientras los productores podrían continuar trabajando tranqueras adentro. Según informes privados, desde que comenzaron las intervenciones en el mercado de la carne la industria perdió más de 110 millones de dólares por mes. Para Peralta, la continuidad de las resoluciones oportunamente anunciadas “es una medida electoralista, porque le hicieron creer a la gente que la carne es cara porque se exporta y eso no es así”. Mientras tanto, desde el gobierno sostienen que gracias a las limitantes en la venta de carne al exterior se logró frenar el aumento y estabilizar el precio de la carne en el mostrador.

(CRONISTA) Guzmán necesita refinanciar deuda por $ 1,3 billones hasta fin de año
Por primera vez en 14 meses, Economía cerró agosto sin excedentes tras renovar casi toda la deuda. Para cerrar el programa financiero como lo planeaba, requiere en el mercado un roll over de casi 130%
El Ministerio de Economía necesita renovar deuda en pesos por cerca de $ 1,3 billones en los cuatro meses que quedan del año y conseguir un excedente de entre 25% y 30% (casi $ 400.000 millones más) para cumplir con el programa financiero.

La buena noticia que tiene el Gobierno es que dejó atrás el bimestre más exigente (julio-agosto), con un perfil de vencimientos muy altos con acreedores privados.

Los fondos extranjeros tienen en su poder un remanente de pocos títulos (un 35% estaría en un vencimiento del 13 de septiembre), por lo que se calmaría la presión sobre el dólar paralelo.

Al cierre de agosto, el programa financiero tuvo su primer tropiezo: fue el primer mes en los últimos 14 que el ratio de roll over cerró por debajo de 100% (98% en esta ocasión). En los despachos oficiales piensan que «perder un set no es quedar eliminado».

En septiembre, la Secretaría de Finanzas tendrá que renovar cerca de $ 430.000 millones en instrumentos de mercado, según las valuaciones asignadas por el informe oficial de la deuda cerrado a fines de julio; las necesidades bajan a casi $ 300.000 millones en octubre, más de $ 330.000 millones en noviembre y otros $ 120.000 millones en diciembre, números que se incrementarán por las recientes colocaciones del último mes y por la inflación en los títulos CER y los movimientos del dólar oficial en los dollar linked.

Para Joaquín Waldman, economista de Ecolatina, la estrategia de emitir instrumentos cortos «no fue suficiente», como así tampoco el debut de los Creadores de Mercado.

«Se necesita un roll over mayor a 120% en lo que resta del año para cumplir con el mix de financiar al Tesoro con un 60% de emisión y 40% de endeudamiento neto», calculó.

Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica, opinó: «Está muy apretado el programa financiero. Bajo un supuesto de déficit primario de 3,2% del PIB en el año y financiamiento monetario de $ 1,5 billones, tendrían que conseguir hasta fin de año un financiamiento neto de $ 255.000 millones, consistente con un ratio de refinanciamiento con privados de 130%».

«Es probable que sigan subiendo la tasa real que pagan las letras con ajuste por inflación, la tasa fija de las Ledes y alguna colocación linkeada al dólar para tratar de manejar la coyuntura y descomprimir la brecha cambiaria, pero esto no cambia los problemas estructurales», cerró.

(CRONISTA) Cepal: la región crecerá 5,9% este año pero proyectan fuerte desaceleración en 2022
Así lo informó hoy el organismo al presentar su último relevamiento sobre el comportamiento de las principales variables económicas y las proyecciones de la región para este año y el próximo.

Tras casi dieciocho meses de pandemia América Latina y el Caribe no sólo que este año no logrará recuperarse de la profunda caída que provocó el coronavirus en 2020 sino que, en algún sentido, este año se acentuaron algunos de los mayores problemas de las región.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la economía crecerá en la región 5,9% este año, por debajo todavía del 6,8% que cayó el PBI regional en 2020. Además, para el próximo año proyecta una desaceleración del crecimiento, ubicando la expansión en 2,9%.

La secretaria Ejecutiva del organismo, la mexicana Alicia Bárcena, presentó las proyecciones durante la presentación del informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del Covid-19.

Además, en el nuevo informe anual la CEPAL advierte que la crisis «ha agudizado los problemas estructurales de la región, proyecta una desaceleración para el próximo año y afirma que para sostener un crecimiento sostenible, dinámico e inclusivo se requiere aumentar la inversión y el empleo».

El panorama luce complejo, dado que la pandemia de coronavirus sigue presente pero por otro lado, la crisis profundizó problemas estructurales que llevan décadas en la región como la baja inversión y productividad, la informalidad en la economía y el empleo, la desocupación, la desigualdad y por supuesto, también la pobreza e indigencia.

Según destacó Bárcena, la expansión de 2021 se explica especialmente por una baja base de comparación y también por el impacto positivo de los precios de las materias primas, por las exportaciones de la mayoría de los países, aunque ciertamente, no en todos.

Para la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, «existen importantes asimetrías entre los países desarrollados y las naciones de ingreso medio -entre las que se encuentran la mayoría de los países de América Latina y el Caribe- tanto en la dinámica de la vacunación, como en la capacidad de implementar políticas para la recuperación económica».

AGENDA DE PRIORIDADES
Y ya en tren de buscar alternativas para encaminar la situación, Bárcena apuntó: «Para mantener políticas fiscales y monetarias expansivas los países de la región requieren complementar los recursos internos con un mayor acceso a la liquidez internacional y con mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la deuda, si es necesario».

Además, destacó que «se necesitan iniciativas multilaterales para enfrentar las incertidumbres sobre la vacunación y el acceso de los países en desarrollo a financiamiento en condiciones adecuadas», agregó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

El informe deja en claro que para revertir décadas de estancamiento hay que resolver problemas estructurales que impactan en el crecimiento de los países de la región. Y da algunos datos que erizan la piel.

Incluso antes del Covid-19l, más precisamente en el sexenio 2014-2019 América Latina y el Caribe creció a una tasa promedio de 0,3%, «menor al promedio del sexenio que incluye la Primera Guerra Mundial (0,9%) y el de la Gran Depresión (1,3%)», precisó la Cepal.

Al observar la inversión, la región «muestra una caída progresiva, alcanzando en 2020 uno de sus niveles más bajos en las últimas tres décadas (17,9% del PIB)». Es el mismo porcentaje que tiene la economía argentina según datos del estudio Orlando Ferreres y Asociados, difundidos esta semana.

Además, el Covid generó el mayor deterioro del mercado laboral en la región desde 1950, con una caída de 9% en el número de ocupados, y el más afectado en todo el mundo. Y otro dato sorprendente. La evasión fiscal en América Latina y el Caribe trepa a u$s 325.000 millones, el 6,1% del PBI regional.

(CRONISTA) Pesce se acerca a las fintech, pone más distancia con las criptos y rechaza la moneda digital
El presidente del BCRA aseguró: «Argentina no tiene un problema de ahorro, tiene un problema de transformación del ahorro en financiamiento».

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, volvió hoy a arremeter contra el bitcoin y descartó que la autoridad monetaria tenga pensado emitir un peso digital, durante un webinar organizado por la Cámara Argentina de Fintech.

A lo largo del encuentro, el funcionario elogió el rol dinamizador las empresas financieras con base tecnológica y además se refirió al ahorro que está por fuera del sistema.

En relación a las criptomonedas, el titular del Central advirtió: «Estas monedas fueron creadas como un mecanismo de pago, no como un instrumento de inversión. Su escasez (por su propia naturaleza) ha motivado que la financiarización de estos instrumentos eleve su precio y le otorgue un altísimo grado de volatilidad».

Respecto de esto último, Pesce agregó: «Una de las característica que debiera tener una moneda es su estabilidad y el Bitcoin no la tiene». Además, destacó que el consumo de energía que generan las criptos es «un problema».

A la hora de referirse al aporte de las fintech y de los medios de pago digitales al sistema financiero argentino, Pesce resaltó: «Las fintech vinieron a ponerle dinámica a un sistema que no la tenía. Los bancos se han puesto a trabajar para poder estar a tono con esa dinámica que han impuesto las fintech y eso es bienvenido. Tenemos bancos abriendo sus monederos o cuentas en forma virtual, cuando hace un tiempo renegábamos con la cuenta gratuita universal y hoy se está consiguiendo a través de medios digitales».

Además, Pesce resaltó que están trabajando para que los sistemas sean interoperables y que las personas puedan transferir dinero de cuentas de fintech a bancos o viceversa de manera indistinta. «El 29 de noviembre es la fecha clave para poner en funcionamiento el sistema interoperable», recordó.

No obstante, destacó que el Banco Central seguirá trabajando para que solo puedan realizar intermediación financiera aquellas entidades autorizadas para tal fin.

Por otro lado, Miguel Pesce se refirió al problema crediticio de nuestro país. «La relación entre préstamos y PBI en la Argentina en el último tiempo ha caído más respecto de la paupérrima cifra que siempre hemos tenido. La manera de que el financiamiento crezca no es solo prestándole a los mismos, sino incorporando más personas y más empresas vía mercado de capitales o vía sistema financiero».

Minutos antes, Pesce había señalado que las fintech tienen un «extraordinario potencial» para ayudar a transformar el ahorro de las familias en desarrollo productivo y en financiamiento.

Además, indicó que «los residentes argentinos tienen inversiones en el exterior en el orden de u$s 400 mil millones, un saldo positivo con respecto a los inversores extranjeros en la Argentina de u$s 130 mil millones».

Para Pesce, «la Argentina no tiene un problema de ahorro, tiene un problema de transformar el ahorro en financiamiento».

Respecto de la posibilidad de que los bancos centrales emitan monedas digitales, Pesce admitió que es algo que se habla en foros internacionales, pero que no está en los planes de su gestión por el momento.

«Hay que aprovechar las infraestructuras que tienen los países», y «no es necesario sobreinvertir en un sector donde ya hay estructura».

«Preferimos guardarle al BCRA el rol de regulador sobre el sistema de pagos y es así que pensamos el sistema de Transferencias 3.0», resaltó.

(INFOBAE) El dólar en 2022: el Gobierno planea un esquema de “devaluación en cuotas” para salir del atraso
El equipo económico buscará evitar a toda costa un salto discreto del tipo de cambio. Los economistas creen que la suba el año próximo oscilará entre 40% y 60%

Si en algo coinciden bancos de inversión de Wall Street, economistas locales e inversores en general es que el Gobierno no podrá mantener el ritmo de aumento en dosis homeopáticas del dólar oficial luego de las elecciones. Desde las usinas oficiales busca descartar un salto devaluatorio discreto, porque considera que no tendría ningún resultado práctico: sería una mejora competitiva de corto plazo, pero que rápidamente se perdería por un salto inflacionario. El objetivo sería avanzar en un plan de “devaluación en cuotas”, es decir un ajuste cambiario que arrancaría en el verano. El tipo de cambio oficial cerró ayer a $ 97,80.

Los economistas que integran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco central esperan un tipo de cambio de $ 153,5 para fin del año próximo. Una suba del dólar de ese alcance implicaría un ajuste de aproximadamente un 43% en 2022, es decir prácticamente en línea con la inflación esperada para el año que viene. En caso de verificarse este escenario, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, retomaría la política que venía llevando adelante hasta principios de este año, es decir ajustar el dólar en línea con el aumento de la inflación para no perder competitividad. El pronóstico para este año es que la inflación arañe el 50%, mientras que el dólar oficial seguiría muy de atrás con un aumento de sólo 29%.

El equipo económico descarta la posibilidad de una devaluación brusca cómo sucedió en enero de 2014, porque sólo generaría un mayor salto inflacionario. El objetivo, que el FMI ve con buenos ojos, es apuntar a un esquema de “devaluación en cuotas”, que arrancaría en el verano

Sin embargo, a partir de una orden del ministro de Economía, Martín Guzmán, se desacopló la suba del tipo de cambio oficial a la evolución de la inflación: 1% de la primera contra 3% en promedio de la segunda. Atrasar el dólar no es gratuito. Si bien es útil como ancla antiinflacionaria, genera otros problemas. El más visible es el aumento de la brecha cambiaria, que volvió a niveles del 75%.

Otro de los problemas de planchar el tipo de cambio es que alienta las expectativas de devaluación futura. Es decir que los inversores se van adelantando a lo que luce inevitable, que es un sinceramiento del tipo de cambio oficial y actúan en consecuencia. Ésta es posiblemente la principal causa por la cual el Tesoro no logró renovar la totalidad de vencimiento de títulos de corto plazo en pesos a lo largo de agosto.

La promesa del equipo económico de evitar una devaluación brusca es en principio creíble para el mercado. El estricto cepo cambiario permitiría seguir administrando el tipo de cambio, pero sin flexibilizar las actuales restricciones para el acceso a los dólares oficiales.

Por lo tanto, el escenario que imaginan tanto en Economía como en el Banco Central es que se vaya a una suerte de “devaluación en cuotas”, un esquema que sincere gradualmente el dólar oficial y permita ir cerrando la brecha. La suba del tipo de cambio sería como mínimo similar a la inflación. Pero algunas consultoras como Econviews van más allá y plantean que el ajuste del tipo de cambio oficial sería del 60%: de esta forma también se recuperaría el terreno perdido contra la inflación del 2021.

El aumento del tipo de cambio es sin lugar a dudas uno de los temas más sensibles para el año próximo. El peligro principal es que al encarecer el ingreso de insumos importados se produzca un fuerte salto de la inflación. Lo positivo es que se trataría de la medida más razonable para achicar la brecha cambiaria y evitar que se siga disparando el tipo de cambio libre.

La escasez de reservas es un gran condicionante para el manejo del tipo de cambio. El Banco Central terminó con saldo neutro en agosto y las reservas líquidas bajarán a menos de USD 5.000 millones para fin de año. Por lo tanto, el margen para mantener el tipo de cambio usando las reservas es mínimo.

Con este escenario, además, el FMI obligaría al Gobierno a sincerar los distintos tipos de cambios, achicar las brechas y reducir en forma gradual las fuertes restricciones al movimiento de capitales.

(INFOBAE) Con menos ingreso de dólares y la cercanía electoral, el Gobierno le puso un freno a las importaciones
Varios sectores confirmaron que en agosto la aprobación de SIMIs fue más baja que el ritmo habitual. Lo adjudican a la falta de divisas y la inminencia de los comicios

Los datos oficiales se conocerán cerca de fin de mes, cuando el Indec dé a conocer las cifras de la balanza comercial de agosto. Pero ya desde diversos sectores empresarios anticiparon que la cercanía electoral y el menor ingreso de dólares del sector agropecuario está impactando negativamente en la autorización de los permisos para importar. El ritmo de liberación de las denominadas SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) se redujo de forma notoria para muchos sectores, que comenzaron a iniciar reclamos ante la Secretaría de Industria y Gestión Comercial Externa.

Durante el primer semestre del año, incluso durante julio, el ritmo de aprobación de las importaciones mostró una recuperación, que se debió a una mayor disponibilidad de divisas producto de la buena cosecha gruesa y los altísimos precios de las commodities y a un rebote de la actividad económica tras el golpe de 2020. De hecho, los datos oficiales del séptimo mes del año reflejaron superávit comercial de USD 1.537 millones, a partir de exportaciones que crecieron 47,1% interanual (alcanzaron los USD 7.252 millones) e importaciones que treparon 65,6% hasta los USD 5.715 millones). Las compras al exterior comenzaron a activarse a partir de marzo, con incrementos interanuales en torno a esos valores, con un mes de junio en el que treparon casi 80 por ciento.

A partir de agosto, el ritmo de crecimiento de las importaciones debería mostrar una reducción, producto del feedback que tuvieron las empresas con las autorizaciones de las SIMI, y la tendencia podría sostenerse durante lo que resta del año, sostienen los analistas en comercio exterior. Suele suceder que las compras al exterior se concentran en la primera parte del año por la mayor afluencia de dólares del campo, pero este año el contexto podría agravarse en función del escenario electoral, la mayor dolarización de carteras que genera la incertidumbre y la necesidad del Banco Central de tener suficientes reservas ante cualquier evento disruptivo. Incluso, la posición neta de la entidad tras finalizar agosto fue positiva pero en apenas USD 13 millones, por lo que no logró sumar reservas, excepto los DEG del Fondo Monetario

“Cada sector tiene sus particularidades, pero hoy la Argentina tiene un péndulo en cuanto a la autorización de las importaciones que va de muy cerrado a poco cerrado, pero siempre cerrado. La disponibilidad de dólares es bastante acotada y eso genera que haya sectores que estén teniendo menos autorizaciones en comparación con meses anteriores”, afirmó a Infobae el gerente general de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), Fernando Furci.

El directivo reconoció que “históricamente, en el segundo semestre hubo menos autorizaciones que en el primero, y sobre todo el último trimestre porque es el más alejado de la época de mayor ingreso de divisas”. En cuanto a los sectores, remarcó que “el problema es generalizado”, aunque destacó a los rubros automotriz, de neumáticos y repuestos en general, calzado, textil, cerámicos y madera, entre otros.

En la industria automotriz admiten que durante agosto se frenó la firma de los permisos para importar, lo cual agrava aún más el escenario actual de escasez de vehículos, demoras en las entregas y, consecuentemente, importantes sobreprecios. De acuerdo con información a la que accedió este medio, mientras que el acuerdo de las terminales con el Gobierno contemplaba, para todo 2021, la liberación de 180.000 SIMIs, con un promedio de 15.000 mensuales (de USD 15.000 cada una), las aprobaciones de agosto rondaron las 10.000. Desde la Asociación de Fabricantes de Autos (Adefa) admitieron esta ralentización, así como también desde varias de las terminales.

En el mismo sentido, los concesionarios pidieron acelerar la aprobación de las importaciones. “Solicitamos que, sin dejar de atender las cuestiones macroeconómicas que deben prevalecer, se contemple una mayor liberación de importaciones, es un número de dólares que no son significantes. Y que haría crecer de forma muy notoria un sector que es un gran abastecedor de empleo y dinamizador de otras industrias en el país”, señaló Ricardo Salomé, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

El directivo reconoció que “históricamente, en el segundo semestre hubo menos autorizaciones que en el primero, y sobre todo el último trimestre porque es el más alejado de la época de mayor ingreso de divisas
En el sector de indumentaria, que adquieren en el exterior algo de producto terminado pero especialmente insumos para la producción, también admitieron este freno durante agosto. Y mucho peor es el escenario para los importadores netos, como pueden ser los que compran repuestos para el mercado de reposición, por ejemplo. “Veníamos con restricciones súper agresivas hasta abril, luego nos empezaron a autorizar -no lo que hubieran querido- y en agosto nos disminuyeron las aprobaciones en un 50%”, dijeron desde una firma importadora de baterías, que ya inició, vía virtual, los reclamos correspondientes.

Según agregó la fuente, esta situación les genera quebrantos de stock, ya que no disponen de un cupo que responda a la demanda real del mercado. “Siempre estamos con un stock muy acotado; entonces, cuando eso se frena, empieza a haber faltante en tu cadena, y los precios aumentan”, precisaron desde la firma, tras aclarar que hoy tienen escasez de varios modelos.

Consultado al respecto, el analista en comercio exterior, Marcelo Elizondo, confirmó las versiones de varios sectores que plantean un endurecimiento de los controles, aunque aclaró que aún no están expuestos los números. El titular de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI) coincidió en que siempre durante la primera parte del año hay mayor disponibilidad de dólares que le dan más aire a las importaciones. “Los importadores saben eso, entonces concentran mucho en los primeros meses del año. Lo que sí creo es que el factor electoral puede influir en que va generando cierto nerviosismo y mayor dolarización, lo que hace que el gobierno tenga que estar más estricto con la liberación de los dólares para la importación”, precisó Elizondo.