HACIENDA COMUNICA INTENCIÓN DE CANJE DEL TC20
En el día de la fecha, la Secretaría de Finanzas de la Nación llevó a cabo una nueva licitación de Letras del Tesoro, por un importe de $32.433 millones superando a la efectuada el pasado 20 de diciembre de 2019 ($18.846 millones) y constituyéndose en la de mayor valor de esta gestión.

Las tasas de adjudicación de los nuevos instrumentos ofrecidos se ubicaron en niveles consistentes con los lineamientos para la sostenibilidad de la deuda, recientemente publicados, y concomitantes al objetivo de reconstruir y fortalecer el mercado de capitales local y consolidar la definición de una nueva curva de tasas de interés en moneda nacional.

Tanto en esta licitación, como en las recientes operaciones de canje efectuadas según el marco normativo dispuesto por el artículo 8 del Decreto 193/2020, se ha continuado y acelerado la agenda de normalización del mercado de deuda en pesos del Tesoro, brindando opciones a los inversores locales y externos de participar y suscribir instrumentos que se diseñan con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública en forma integral y consistente.

Es la persistencia de esta agenda, el diálogo e interacción positiva con todas las partes, la que permitirá disipar las dudas e interrogantes que algunos analistas plantean respecto a la continuidad y sostenibilidad de este curso de acción. Esta Secretaría ha mantenido, a pesar de las dificultades operativas que impone el nuevo contexto internacional y local, su compromiso con la construcción de un perfil de deuda sostenible que contribuya a estabilizar la economía y a recuperar un sendero de crecimiento consistente en el tiempo.

El mes que comienza se caracteriza por poseer los mayores vencimientos de deuda en moneda nacional, fundamentalmente concentrados en el vencimiento del Boncer 2020, que en los próximos días será abordado acorde a los principios antes enumerados y de acuerdo con el marco normativo vigente.

La restauración de la sostenibilidad de la deuda en moneda nacional exige una actitud colaborativa, constructiva y de alta participación de los tenedores de dichos instrumentos, es un esfuerzo conjunto que además permitirá consolidar la agenda de recuperación del crédito de la República Argentina, elemento clave en estos tiempos complejos que debemos enfrentar como sociedad.

(Ambito) Coronavirus: ¿BCRA a todo o nada, o vuelven las cuasimonedas?. Se aceleró el ritmo de expansión monetaria, pero mirando «el día después» hará falta mucha más para apaciguar todos los reclamos y pedidos. Preocupa que las provincias recurran a emitir «sus monedas». A esta altura de los acontecimientos locales e internacionales nadie duda que el Gobierno deberá recurrir a una importante emisión monetaria, muy superior a la prevista a fines del año pasado, que ya de por sí era considerada elevada, para afrontar el impacto socioeconómico del shock externo del coronavirus Covid-19. Pero en la medida en que se van vislumbrando los posibles cimbronazos sobre la economía real ante diferentes escenarios de extensión de la cuarentena, y crujen las arcas provinciales, se intensifica el debate sobre si el BCRA debe emitir todo lo necesario o permitir que reaparezcan las otrora recordadas cuasimonedas de 2001/02 (como el Patacón, Lecop, Lecor, Federal, Cecacor, Quebracho, etc.). Para la gran mayoría de los economistas, desde los más ortodoxos e institucionalistas hasta los más fieles testigos de esa época, es preferible que sea el BCRA quien emita lo que haya que emitir. Pero, quizás, los gobernadores, e incluso intendentes, tienen en mente otros planes para cuando el agua empiece a llegarles al cuello. Lo cierto es que entre el creciente agujero fiscal, hoy incalculable dado el desconcierto que reina a nivel global, regional y por ende también en el país, que algunos arriesgan hasta 4% del PBI según sea el tamaño del derrumbe del PBI este año, y que solo podrá ser financiado con emisión, más las posibles compras de divisas que haría el BCRA para hacerse de reservas, prometen una potencial y significativa inyección de pesos en la economía. Por ende el debate entre un BCRA “a todo o nada” versus la reaparición de las cuasimonedas crece. “Entre elegir cuasimonedas y emisión monetaria lisa y llana, es mejor la emisión lisa y llana. La emisión de cuasimonedas implica más desinstitucionalización, más desorden, más descontrol y a la postre más emisión”, opina el economista Hernán Hirsch, quién considera que “así no se pierde el control y en última instancia la economía se termina acomodando” y al fin de cuentas “si dejan que emitan cuasimonedas, se termina emitiendo más que en el escenario de emisión solo con pesos, ya que se junta la emisión nacional con la provincial y la municipal”. Más crítico es Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, quien sostiene respecto de la emisión de cuasimonedas que “son ilegales y fueron un instrumento de estafa de las provincias a sus ciudadanos porque encima perdieron frente a la moneda local. Pero también son una estafa al estafador, ya que las cuasimonedas funcionan como sustitutos de la moneda, por ende ocupan una parte de la demanda de dinero y eso hace que el BCRA para cobrar el mismo impuesto inflacionario tenga que emitir más, o sea más inflación” para lograr la misma cantidad de recursos que necesita. Si bien se muestra contrario a la opción “cuasi”, el exdirector del BCRA, Pablo Curat, testigo de aquellas épocas, opina que “el déficit de las provincias va a ser cubierto por el Gobierno con ATN, con adelantos de coparticipación, con redescuentos del BCRA o con otros instrumentos pero no con cuasimonedas”. “Además de las implicancias económicas y los ruidos que generaría en la relación con el FMI, sería abrir las puertas de la competencia populista entre todas las provincias”, señala. Al respecto, el economista Norberto Sosa, también fiel testigo de esos años turbulentos, recuerda precisamente que luego “fue un requerimiento del FMI rescatar las cuasimonedas”. Vale recordar que las cuasimonedas se emitieron en 2001 y 2002 por la imposibilidad del BCRA de emitir moneda en el marco de la Ley de Convertibilidad. Todas las cuasimonedas emitidas por el Estado Nacional (Lecop) y las Provincias (Patacón, Federal, etc.) sumaban aproximadamente $8.000 millones. Luego, en 2003, el Congreso dictó una ley para implementar el Programa de Reunificación Monetaria, o sea, el rescate de las cuasimonedas. “El BCRA rescató una parte 1 a 1 (tenencias de empleados públicos y jubilados) y otra parte a precio de mercado. A cambio, el BCRA recibió de la Nación títulos Boden 2007 y 2012 contra los pesos emitidos”, rememora Curat. Por su parte Sosa no olvida el momento ni su sorpresa cuando un legendario funcionario y economista peronista le confió que estaban debatiendo en Buenos Aires entre emitir cuasimonedas o directamente moneda de la provincia. Y aportó un dato para tener en cuenta: “No hay que olvidar que el Banco Provincia tiene la facultad de emitir moneda porque fue fundado antes del Pacto de San José de Flores. Por lo tanto, Axel Kicillof, si quiere, podría emitir su propia moneda”. Agrega que “en aquel momento, el debate se inclinó hacia la opción de que era mejor una cuasimoneda y así nació el Patacón”. En aquellos días, tras la implosión de la convertibilidad, estas alternativas parecían descabelladas pero “la verdad, es que estoy convencido que en aquel momento fue realmente útil para evitar que la recesión fuese más profunda”, sostiene Sosa. Al respecto afirma que de todas las cuasimonedas, la más exitosa, por lejos, fue el Patacón de Buenos Aires, incluso, mejor que las nacionales”. Explica que el secreto del éxito, fue convencer a las empresas para que las acepten y en eso le reconoce el rol que tuvo Aníbal Fernández. También hubo otro secreto: el de garantizarle a las empresas que luego los Tesoros se los tomarían en forman total o parcial para cancelar vencimientos impositivos. “Finalmente, cuando la economía comenzó a recuperarse, (Roberto) Lavagna emitió un bono y rescató las cuasimonedas”, señaló. De modo que los testigos de la historia reconocen que las cuasimonedas fueron útiles en aquel momento para evitar que la recesión fuese más profunda aunque hoy concluyen que lo ideal sería evitar emitirlas. Veremos qué dice la historia ahora aunque la situación actual es distinta a la de 2002. Por lo pronto, el Gobierno y el titular del BCRA, Miguel Pesce, tendrían un as bajo la manga en esta cruzada monetaria: es que tiene aún intacta la capacidad de transferirle utilidades al Tesoro por un monto de ¡casi $1,5 billones!, según estimaciones privadas. Esto equivale hoy a casi el 70% de la base monetaria. Estas ganancias “ficticias” pero ganancias al fin provienen del cambio de valuación de las Letras intransferibles que se hizo en la última semana de diciembre, pasaron a valuarse a valor técnico en lugar de a precios de mercado, explica un reconocido consultor del sistema financiero local. O sea, hay capacidad de fuego.

(BAE) Ahogadas en lo fiscal, las provincias comienzan a flexibilizar la cuarentena. Con caídas de 11% en la coparticipación de marzo, Chubut y Misiones anuncian relajamiento. Ya en la previa a la crisis sanitaria, las 23 provincias contaban con un déficit consolidado de 1,5% del PBG.  La situación de las provincias es crítica: los recursos escasean y por eso algunas flexibilizarán en lo inmediato el aislamiento obligatorio. Es el caso de Chubut, que anunciará un relajamiento para los sectores de la construcción y otros oficios cuentapropistas. También el de Misiones, que habilitará a la foresto industria a retomar sus operaciones. Y podrían seguirlas otros distritos. Con el país parado, se espera una fuerte contracción en las recaudaciones fiscales de los distritos, a lo que se sumará el arrastre que generará el bajo consumo sobre la recaudación nacional del IVA: por eso, ya hubo un desplome de 11,3% en la coparticipación de marzo, tal como adelantó este martes BAE Negocios. Esa situación empeorará en abril y todo eso en el marco de un mercado financiero cerrado. La dificultad para financiar el gasto (principalmente salarios públicos) acucia a las provincias. Es el caso de Chubut, que continúa en conflicto por el pago de los sueldos estatales atrasados. En conferencia de prensa, tal como publicó el diario El Chubut, el gobernador Mariano Arcioni reconoció que está trabajando en «un plan para que en forma paulatina haya salidas laborales para sectores que son monotributistas o autónomos». «El jueves estaremos anunciándolo», adelantó. La necesidad imperiosa es reactivar las economías provinciales, hoy ahogadas, y generar recursos para el fisco. En esa misma línea, se espera que otras provincias exploren en la búsqueda de soluciones. Algunas ya lo están haciendo: además del caso de Chubut, aparece Misiones como uno de los que relajará la cuarentena en forma parcial. Lo confirmó la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) en base a un acuerdo con el gobierno de Oscar Herrera Ahuad: «La foresto industria de Misiones podrá reactivar su actividad en los próximos días. Se podrá cumplir con pedidos puntuales de productos con alta demanda en el marco del aislamiento obligatorio, como la fabricación de camas y mesas de luz destinadas a la atención de salud, la producción de pallets para la industria agroalimentaria y también se podrá cumplir con objetivos de exportación». Al déficit consolidado de las 23 provincias, de 1,5% del PBG, ya en la previa a la crisis sanitaria, se sumó la contracción real de la coparticipación. «Las provincias dependen cada vez más de la asistencia del Gobierno nacional», afirmó el hasta hace poco director nacional de Asuntos Provinciales, Félix Piacentini. Consultado por este medio, agregó: «Hay provincias muy complicadas, que no van a resistir por mucho tiempo. Se puede complicar y que sea necesario flexibilizar. La coparticipación está cayendo 10% en términos reales y en la misma magnitud lo está haciendo la recaudación propia. La mayoría del gasto en las provincias es en salario y la otra opción es reducirlos». Y dijo: «Las que pueden tener necesidad de buscar soluciones son Chubut, Jujuy, Chaco, incluso CABA por el gasto extraordinario en salud, Córdoba, Santa Fe. Donde están los centros urbanos, que ahora tienen una demanda de servicios que no estaba contemplada. Ahí puede haber más vulnerabilidad fiscal».

(Infobae) Los bonistas rechazaron la propuesta de Guzmán sobre la deuda y sugirieron aplazar pagos por seis meses por la pandemia Tras analizar la presentación del funcionario para renegociar, los acreedores privados indicaron que los lineamientos de la oferta no dejan espacio para un acuerdo y que es más lógico postergar vencimientos mientras dure la crisis por el coronavirus. Los acreedores más dialoguistas rechazaron los lineamientos de la oferta que presentó la Argentina y expresaron que la única chance de acordar es que haya una postergación de los pagos por seis meses hasta que se resuelva la crisis de la pandemia. Desde Estados Unidos, la reacción a la propuesta que difundió el martes el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue contundentemente negativa. Una fuente ligada a un fondo de inversión que suele tener un diálogo constructivo con Economía afirmó, contundente: “No hay espacio para un acuerdo”. “Esto es lo mismo que Guzmán dijo hace varios días en su videoconferencia, pero puede ser suficiente para que digamos que no hay espacio para llegar a un acuerdo. No tiene ninguna importancia”, expresó, disgustado. Para la fuente, la única alternativa en medio de la alta volatilidad que exhiben los activos financieros en todo el mundo es que haya un acuerdo para la extensión de los plazos (standstill) hasta que se despeje la incertidumbre financiera por la pandemia por el coronavirus. Para varios acreedores, la única chance de un acuerdo es que haya una extensión de los plazos por seis meses hasta que se reduzca la incertidumbre por la pandemia Pero si la Argentina persistiera en presentar una oferta en abril, como dio a entender ayer Guzmán, el acreedor indicó que “deben pagar una parte en efectivo”. “Si el bono lo toman a 30 o 40 centavos, nadie va a aceptar un título nuevo con un período de gracia y baja en los cupones por varios años sin cash”, aclaró. El desenlace de esta crisis es clave para que los acreedores sepan cuál es la capacidad real de pago de la Argentina en los próximos años, sobre todo por los recursos fiscales que deberá destinar, como otros países, a paliar la profunda recesión y la crisis social generada por la pandemia. En este sentido, anteayer Guzmán afirmó en su encuentro con los periodistas que, por el coronavirus, se vieron obligados a reformular su escenario de corto plazo, pero no el de mediano plazo. La idea de reutilizar el cupón ligado al PBI, como ocurrió en las ofertas que hubo en 2005 y 2010, tampoco tienta demasiado a los acreedores, luego de la manipulación de las estadísticas oficiales, como la del crecimiento económico, registrada entre 2007 y 2015. “El ministro debería dejar los libros y de hablar solo con Joseph Stiglitz porque la realidad es diferente en el mercado”, expresó el ejecutivo. “Si la oferta es para tomarla o dejarla, el nivel de aceptación será muy bajo. Y, aunque un default de la Argentina pierde relevancia en este contexto de crisis, ¿quién se va a perjudicar más si ocurre: el país o nosotros?”, aclaró la fuente. Además, ratificó que los números que presentaron tanto el Gobierno como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para justificar la situación de no sustentabilidad de la deuda “no le cierran a nadie en el mercado”. Desde Nueva York, un trader indicó que “resulta completamente inaceptable la idea de que el Gobierno confisque una parte del capital de los inversores, locales o extranjeros, a pesar de la situación de fuerza mayor por la pandemia”. “Haití, Puerto Rico, algún país muy afectado por los carteles de la droga podrían tener alguna justificación, pero nada de eso se ve en la Argentina”, explicó. En particular, sobre los lineamientos que presentó Guzmán, dijo que “plantean reducir cupones que de por sí ya no son tan altos y, a la vez, quieren un período de gracia con un cupón más bajo y la posibilidad de una quita de capital”. Además, consideró que “por un lado pretende reducir los cupones y, al mismo tiempo, ofrecer la posibilidad de un cupón ligado al PBI. No tiene sentido”. Por esta razón, así como los precios de los bonos argentinos subieron anteayer en base a un rumor infundado de que el Gobierno había llegado a un acuerdo con los bonistas para lanzar la oferta, ayer volvieron a caer. En Buenos Aires, un experimentado economista y ex negociador consideró que el Gobierno debería pagar con las reservas del Banco Central los vencimientos de USD 3700 millones bajo ley extranjera que tiene este año y esperar a que el panorama global aclare para plantear una oferta. Economistas plantean que se paguen los vencimientos en dólares de este año con las reservas del Banco Central “La Argentina no tiene un problema de sustentabilidad como plantean el Gobierno y el FMI. La cifra del 92% del PBI está mal medida. La deuda a renegociar es del 40% del PBI, un nivel más bajo que el de otros países. No tenemos un problema de solvencia, si no de liquidez, porque no nos prestan”, explicó. El economista advirtió que “aunque algunos en el Gobierno tengan la tentación de ir a un default en este contexto global, el problema no lo va a tener la Nación, sino las provincias y las empresas privadas que no van a poder financiarse. La mirada debería ir más allá de lo que pasa en la Casa Rosada”. En este sentido, un informe de hoy del estudio EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto afirma que “la magnitud de la caída y, sobre todo, la capacidad de recuperación de la economía a medida que se vayan levantando las restricciones es muy distinta en el escenario donde Argentina logra renegociar la deuda en forma exitosa que en el que termina materializando un default”. Ec Go calcula una recesión que podría ir del 4 al 7% este año dependiendo de cómo se resuelva esta cuestión. En el mercado “no cierran” los números que presentaron tanto el Gobierno como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para justificar la situación de no sustentabilidad de la deuda. “En el primer caso, el rebote que brinda la gradual puesta en marcha de la economía en el tercer trimestre se montaría sobre el shock positivo que implicaría el desplome del riesgo país desde los niveles actuales, la reducción de la incertidumbre idiosincrática y la recuperación en la demanda de pesos”, explicó. Este último factor “va a ser fundamental también en términos del margen de maniobra del Banco Central a la hora de comenzar a retirar los estímulos, moderando el esfuerzo requerido en términos de absorción monetaria y habilitando un mayor roll over de los vencimientos en moneda local que disminuya el financiamiento monetario requerido”, aclaró. En este contexto, subrayó, “el pragmatismo en la renegociación de la deuda en dólares, un prudente manejo de las reservas del Banco Central y un manejo correcto de la política aumentan las chances de que, una vez disipada la pandemia, la economía pueda pensar en volver a crecer sin que explote la puja distributiva”.

(bae) El titular de la UIA afirmó que sólo el 20% de la industria funciona con normalidad. Se trata de las actividades esenciales que están exceptuadas.  Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, el presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA), Miguel Acevedo, aseguró que «sólo están trabajando las actividades consideradas esenciales, que son alrededor del 20% de la industria». Sostuvo que «la pandemia tiene repercusiones sanitarias, económicas y productivas impresionantes» y afirmó que, además de cuidar la salud, lo principal también es «mantener la producción y el empleo». «Estimo que antes del 12 de abril se van a ir liberando actividades relacionadas al aluminio, a la papelería, a la logística y a la cosecha que está comenzando» en el sector agrícola, agregó el dirigente industrial. Al respecto, destacó las «respuestas integrales» que ofrece el Gobierno y la presencia en todas las provincias en el Comité de Crisis de la UIA. El empresario consideró: «estamos ingresando en una segunda etapa». Y vaticinó que próximamente va a autorizarse el funcionamiento de «empresas proveedoras de las consideradas esenciales porque hay mucha dependencia en toda la cadena logística». Acevedo subrayó también que la actividad bancaria es fundamental para el funcionamiento de la economía y pidió que el Gobierno accione para que al menos haya «dotaciones mínimas». Asimismo, destacó que la mayoría de las empresas vendieron un 40% menos en marzo y que presentan problemas para sostener costos fijos y afrontar pagos de salarios. «Cuando el PBI empezaba a recuperarse, o al menos detenía su caída, apareció la pandemia para llevarnos a un tercer año seguido de recesión», se lamentó el titular de la UIA. Por último, sostuvo que la producción de alimentos y medicamentos está garantizada pero «falta llegar a todos los lugares y capas sociales».

(Ámbito) Malo: se acelera inflación a 3,6% en marzo. Luego de mostrar una desaceleración en los primeros dos meses de 2020, la inflación volvió a subir impulsada por aumentos en educación. Luego de generar optimismo en los dos primeros meses de 2020, la inflación se aceleró al 3,6% en marzo según el IPC de la consultora Orlando Ferreres & Asociados. De acuerdo al informe, el salto fue impulsado, fundamentalmente, por un incremento del 10,7% en educación explicado por los ajustes en las matrículas escolares y otros bienes asociados al inicio de clases. También se registraron aumentos importantes en Transporte y Comunicaciones (5,8%) por subas en los celulares y en el precio de los vehículos, y en Indumentaria (4,5%) debido a factores estacionales por el cambio de temporada. Por su parte, Alimentos y Bebidas, el rubro con mayor incidencia en el IPC General, también trepó por encima de la media (3,8%) producto de las variaciones en frutas, verduras y carnes. Por el contrario, el congelamiento en el valor de los medicamentos y la estabilidad en el de las prepagas se evidenció en el leve ajuste de precios del sector salud, que apenas subieron un 1%. De esta manera, la inflación de los últimos 12 meses para Orlando Ferreres fue del 52,5%. Los datos del INDEC exhibieron una desaceleración de la inflación en el arranque del año. En febrero los precios subieron un 2%, el nivel más bajo desde enero de 2018. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central arrojó una estimación del 2,9% para marzo y en torno al 40% para todo 2020.

(Ámbito) Deuda: abril es «pagable» pero se complica mayo. Se espera que en los próximos días el Gobierno presente su propuesta. En caso de que se demore la negociación, hay dudas sobre capacidad para pagar la amortización de capital del AY24. El 31 de marzo era la fecha límite que había fijado el Gobierno para reestructurar la deuda con bonistas privados, meses antes de saber que el mundo iba a ser completamente diferente al llegar ese día, debido a la disrupción generada por el coronavirus. En principio, todo indica que los vencimientos de abril podrán ser afrontados con los recursos de los que dispone actualmente la Argentina. Sin embargo, para el próximo mes aparece en el horizonte un día que obliga a la renegociación a contra reloj: el 8 de mayo, cuando vencen unos u$s 1.600 millones del Bonar 2024. En lo que respecta los pasivos en moneda extranjera, en abril el Ministerio de Economía deberá abonar u$s850 millones, entre los que aparece un pago al Instituto de Finanzas Internacionales y la liquidación de intereses del Bonar 2020, Bonar 2025, Bonar 2037, Birad 2021, Birad 2026, Birad 2046. Estos últimos tres son en moneda extranjera. Por otra parte, en las últimas horas la cartera que conduce Martín Guzmán pagó unos 250 millones de dólares por intereses de bonos PAR (ley neoyorquina) que vencían el último día de marzo. “Los vencimientos en dólares de abril no son tantos. Hay mucho en moneda local y algo con organismos internacionales, que se pueden refinanciar”, señaló el economista Martín Kalos, de Elypsis. Aunque advirtió: “La perspectiva para mayo es distinta”. Precisamente, el día 7 del mes que viene vence una amortización de capital del Bonar 2024, por unos u$s1.326 millones, a lo que se debe sumar un interés de u$s290 millones por la emisión de ese mismo bono. “Además de la deuda con privados, en mayo vence un pago con el Club de París, que quizás se pueda refinanciar, porque es algo entre estados. De hecho, ya se refinanció el año pasado”, destacó Jorge Neyro, de la consultora ACM. En total las obligaciones en divisa para el quinto mes, sumando deuda con bonistas y con organismos internacionales llega a los u$s4.800 millones. Respecto de la deuda con privados específicamente, es muy probable que el Gobierno presente una oferta a los bonistas antes de mayo, para no tener que afrontar pagos que implicarían una importante sangría a las reservas del Banco Central. “Una posibilidad para este año es que elijan pagar los intereses de la deuda en dólares de ley local y patear para adelante las amortizaciones de capital, como ya hizo con las Letes. Y, al mismo tiempo, pagar capital e intereses de los bonos en ley extranjera, para mostrar buena voluntad”, agregó Neyro. En una tónica similar, Santiago López Alfaro de Delphos Investment, señaló: “Es muy posible que el capital de la deuda en dólares de ley local se reperfile, como ya pasó con las letras”. Otro analista consultado, que prefirió reservar su nombre, indicó: “Si la negociación se estira mucho no va alcanzar para pagar lo que viene. No hay reservas para tanto. A lo sumo se puede llegar hasta agosto, no mucho más. Porque, además, en octubre vence el total del capital del Bonar 2020”. Si Argentina logra afrontar sus pagos de deuda en ley extranjera y los intereses de ley local podría evitar ingresar en cesación de pagos, aunque en medio de la crisis sanitaria todo parece más difícil. “Los bonos argentinos ya están en precio de default”, recordó Neyro. Donde el panorama de corto plazo parece un poco más calmo es en lo que tiene que ver con deuda en pesos. En ese sentido, López Alfaro confió en que el Gobierno no debería tener problemas en seguir haciendo roll over de la mayor parte de los vencimientos, como viene sucediendo en las últimas semanas. En abril las obligaciones en moneda local (expresadas en dólares) alcanzan los u$s180 millones y en mayo u$s90 M.

(Ámbito) La cosecha de soja arranca en un escenario complejo: ¿qué pasará con los precios y los flujos?. Ámbito habló con tres analistas sobre las perspectivas con relación a los resultados de la campaña agrícola 2019/2020. La cosecha de soja arranca en un escenario complejo: su precio se disparó casi un 8% en las últimas dos semanas y cerró marzo a u$s325 pero fue en un contexto volátil que lo llevó a tocar su mínimo mensual en los u$s301 el 16 de marzo. Pero, decíamos, el escenario es volátil por lo que resulta difícil prever con claridad si la tendencia alcista se mantendrá a lo largo de la campaña. De hecho, este miércoles –primer día de abril- cae casi 3%. Tres analistas hablaron con Ámbito sobre todas estas cuestiones, al ser consultados sobre las perspectivas en relación con los resultados vinculados a los precios y el comercio internacional de la campaña agrícola 2019/2020. Todo dependerá de varios factores: la guerra Estados Unidos – China, las dificultades de logística en el comercio internacional, las posibles medidas restrictivas que podrían adoptar los gobiernos y las futuras políticas monetarias de los principales países. En Argentina, se suma la crisis económica local previa al Coronavirus.
Tejeda Rodríguez, de la Bolsa de Cereales porteña
Agustín Tejeda Rodríguez, economista jefe de la Bolsa de Cereales porteña, aseguró a Ámbito que la campaña sojera 2019/20 se enfrenta a un escenario complejo, como pocas veces. “Al escenario convulsionado por las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del planeta, y la Peste Porcina Africana, se suma ahora una situación sin precedentes: el coronavirus”, detalló. “Todos estos factores tienen la particularidad de que restringen el consumo de productos agroalimentarios y afectan la demanda mundial, pero las consecuencias de las medidas que los países están adoptando para combatir el coronavirus son algo más complejas y podrían conducirnos a otro lugar”, agregó. En términos locales, indicó Tejeda Rodríguez , se suma la situación de la economía argentina y las medidas que el nuevo Gobierno ha adoptado desde diciembre pasado, especialmente los aumentos en derechos de exportación, que afectan directamente las rentabilidades relativas entre cultivos y los márgenes al productor. “Menores precios y mayores impuestos resultan en una compleja situación, con gran parte del área sembrada con una probabilidad baja de cubrir costos de producción esta campaña”, dijo Contó que “ante la expectativa de una suba de derechos de exportación, la comercialización registró desde agosto del año pasado un extraordinario dinamismo en comparación a campañas anteriores. Desde inicios de este año, y ante la incertidumbre que estamos registrando, el ritmo de ventas se ha reducido considerablemente”. En términos estrictamente productivos, el clima ha jugado un papel central. “Cuando parecía que nos acercaríamos a los rendimientos récord de la campaña anterior, falta de lluvia y días de mucho calor en la etapa crítica del cultivo provocaron mermas de producción, que se encuentra actualmente en 52 millones de toneladas para soja y 50 millones de toneladas para maíz, con posibilidades de sufrir nuevos recortes”, mencionó. Consultado sobre el impacto del coronavirus en los precios, Tejeda Rodríguez destacó que “cómo ha señalado la FAO, será crucial monitorear las acciones individuales de los países buscando algún mecanismo de coordinación, para evitar que ante el pánico se responda con acciones que puedan llevarnos a una situación de relativa escasez, cuando no hay razón para ello desde el punto de vista de los fundamentales de los mercados, que muestran volúmenes récord de producción”. Como ha sucedido en otras crisis mundiales, ante el temor a la falta de productos y la suba de precios, los países importadores comienzan a adelantar y aumentar sus compras, y los exportadores a restringir sus exportaciones, autoprovocando la suba de precios que resulta en nuevas medidas restrictivas que conducen, finalmente, a una crisis de seguridad alimentaria mundial. “Algunos países como Kazajstán, Rusia, Turquía y China han comenzado a aplicar medidas de este tipo”, mencionó el analista. Para Tejada Rodríguez, “desde el punto de vista de los precios internacionales, también será importante analizar lo que suceda con las políticas monetarias de los principales países y sus consecuencias en los valores relativos de las monedas, una vez que los principales focos de incertidumbre comiencen a disiparse. Como muestra la relación histórica, una devaluación del dólar tiene una correlación positiva con el precio de los commodities agrícolas”.
Javier Buján, presidente de Kimei Cereales
Por su parte, Javier Buján, presidente de la consultora Kimei Cereales, destacó que las expectativas con respecto a la próxima cosecha de soja son “buenas y dentro de los niveles esperados en términos productivos a pesar de que algunas zonas sufrieron problemas climáticos». En referencia a las expectativas comerciales, el analista señaló que hay dos situaciones: “A nivel interno, se presentan problemas en distintas localidades que implementan medidas extremas y fuera de la resolución del gobierno nacional e impiden el libre tránsito de camiones o bien castigan con cuarentenas a quienes concurran a los puertos, lo cual complica la logística y los costos al momento de la cosecha”. Por otro lado, continúo Buján en diálogo con Ámbito, “a nivel externo, la preocupación pasa por la contracción de la demanda mundial y el consecuente crecimiento de stocks en los países exportadores (EEUU – Brasil – Argentina)”. “Esto habrá que verlo porque, de todas formas, el mercado en las dos últimas semanas experimento subas importantes que permitió una mejora de precios del orden de entre 10 y 15 dólares”, puntualizó.
La visión de una analista externo
Alexander Londoño, analista de la consultora internacional ActivTrades, mencionó en diálogo con Ámbito que “el incremento de la producción de soja en Argentina y Brasil de febrero a marzo estuvo presionando al precio de la soja a la baja, pero al aumentar la demanda, el precio regresa al alza durante las últimas dos semanas”. Para Londoño, “la demanda por la soja e incluso el trigo y el maíz ha subido en medio de la situación por el coronavirus, debido a que los consumidores han aumentado la compra de alimentos procesados de estos granos y cereales, a medida que la mayoría de las principales ciudades del continente entran en cuarentena y las personas se abastecen de suministros”. El especialista indicó que “el coronavirus impactó en la suba de precios, también en el caso del trigo y el maíz. Sumó además que, como efecto colateral, el incremento de los alimentos de la canasta familiar como la carne, los lácteos y los huevos, debido a que de estos granos se alimentan los animales en las granjas”. Consultado sobre los cambios en el comercio mundial que pueden esperarse para cuando termine la pandemia, Londoño respondió: “Es posible que los precios de la soja se mantengan alrededor de los niveles actuales, debido a que se espera una recesión global, especialmente en China que es el principal consumidor de soja en el mundo”. Cabe anotar que incluso antes de la emergencia global por el coronavirus, el precio de la soja ya venía cayendo debido a la desaceleración económica en China, ocasionada por la guerra comercial con Estados Unidos.

(BAE) El Gobierno colocó $33.080 millones y pateó vencimientos para julio y diciembre. Licitación de Letras del tesoro en pesos.  El Gobierno logró captar $33.080 millones en el mercado local con una nueva licitación de Letras del Tesoro (LETES) que le permitieron postergar vencimientos para julio y diciembre próximos, mientras continúa avanzando en la reestructuración de cerca de USD68.000 millones con bonistas extranjeros. La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó ese miércoles $4.080 millones con una letra a descuento, con vencimiento el 1 de julio, a una tasa nominal anual del 30,70% y una tasa efectiva anual de 34,45%. También colocó otros $29.000 millones en una Lete ajustable por CER (Lecer) que vence el 4 de diciembre próximo, a una tasa nominal anual de 1,75% y una efectiva, de 1,76%. El Ministerio de Economía indicó que en la licitación recibió 73 órdenes de compra para suscribir los nuevos instrumentos por un total en conjunto de $34.350 millones. La cartera que conduce Martín Guzmán destacó que las tasas de adjudicación de los nuevos títulos «se ubicaron en niveles consistentes con los lineamientos para la sostenibilidad de la deuda», que el martes por la noche presentó el ministro ante la prensa. Además señaló que con las licitaciones de deuda «se ha continuado y acelerado la agenda de nacionalización del mercado de deuda en pesos». El comunicado difundido este miércoles por Finanzas resaltó que «a pesar de las dificultades operativas que impone el nuevo contexto internacional y local» sigue manteniendo su compromiso «con la construcción de un perfil de deuda sostenible que contribuya a estabilizar la economía y a recuperar un sendero de crecimiento consistente en el tiempo». En abril tienen lugar los mayores vencimientos de deuda en pesos, fundamentalmente concentrados en el vencimiento del título Boncer 2020, que ajusta por CER.

(Cronista) Para ARBA, “la parálisis de la actividad generará caída de hasta el 40% en la recaudación de abril» «La recaudación de la Provincia de Buenos Aires depende un 70% de ingresos brutos y de la actividad comercial”, aseguró su director Cristian Girard. El director de ARBA, Cristian Girard, alertó este jueves que la actual paralización de la economía como consecuencia del aislamiento y la caída de las transacciones económicas como consecuencia de la lucha contra el coronavirus, «va a generar una fuerte caída de la recaudación» de la provincia de Buenos Aires. Según sostuvo Girard se esperan que respecto de las proyecciones que manejaban antes de la crisis del coronavirus y las medidas que se tomaron, «habrá una baja en la recaudación de entre un 25 y un 40% menos para el mes de abril». «Teniendo en cuenta los $ 40.000 millones que esperábamos recaudar en el mes, podremos estar entre los 10.000 millones y los $ 17.000 millones abajo en abril. La verdad es mucho el impacto que va a tener. Pero es una lógica consecuencia del parate económico que estamos viviendo como consecuencia del aislamiento», indicó el titular de ARBA este mañana en diálogo con radio Continental. Por otro lado, ayer se conoció que además la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires reprogramó para el mes próximo el vencimiento de la cuota 2 del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en la planta baldía como edificada, que vencía el 14 de abril. “la medida apunta a aliviar la situación que enfrentan los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, en medio de las dificultades provocadas por la pandemia de Covid-19”, detalló Girard. Con los cambios implementados en el calendario fiscal, el vencimiento de la segunda cuota del Inmobiliario Urbano pasará para el 14 de mayo, es decir que habrá un plazo de 30 días más para pagarla. El titular de ARBA destacó que “vivimos momentos delicados en los que, sin perder de vista la responsabilidad de cuidar los recursos del Estado, buscamos dar una respuesta solidaria para ayudar a las y los bonaerenses en este contexto extraordinario”. En ese sentido, puntualizó que “la reprogramación del Inmobiliario Urbano beneficia a 3,2 millones de familias de la Provincia y representa recursos por $ 900 millones, que ARBA dejará de recaudar en abril para paliar la situación de los hogares que ven afectado su ingreso como consecuencia del parate económico”. Girard recordó que “así como sucede ahora con el Inmobiliario Urbano, también pospusimos el vencimiento de Ingresos Brutos, por lo que el esfuerzo fiscal del Estado provincial superará los $1.350 millones durante este mes”. “El gobernador Axel Kicillof me pidió que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los contribuyentes, en especial a los sectores medios. Con ese objetivo, pospusimos vencimientos, suspendimos embargos a deudores y brindamos facilidades de pago para favorecer a pymes, microempresas, profesionales, autónomos y prestadores de servicios”, subrayó el titular de ARBA.

(FMI) Coronavirus: Guzmán confirmó que no se solicitó al FMI línea especial por la pandemia Así lo manifestó el ministro de Economía en un diálogo con periodistas. La Argentina sí se beneficiaría si avanza la idea del Fondo de ampliar los DEG para todos los países miembros. La Argentina no solicitó al Fondo Monetario Internacional ninguna de las líneas disponibles para los países afectados por la propagación del coronavirus. Así lo confirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un encuentro con periodistas en el que dio especificaciones sobre los lineamientos de sostenibilidad de la deuda pública, en medio de las negociaciones con los acreedores privados. Sí, en cambio, el país podría verse beneficiado si se produce una ampliación, que sería para los 184 países miembros, de los Derechos Especiales de Giro (DEG), tal como ocurrió en la crisis fiananciera de 2009. No obstante, hasta ahora el proceso para llegar a que el Board of Governors (conformado por todos los ministros de Economía y Finanzas de los países que son parte del FMI) lo apruebe aún falta. Hasta ahora se trató sólo de una discusión, y restan varios pasos formales para que, eventualmente, ocurra. Así lo confirmaron hoy funcionarios del FMI acerca de los recursos que cuenta el Fondo para ayudar a los países a combatir el COVID-19 (coronavirus). En sí, el FMI tiene dos líneas de crédito disponibles ante emergencias de este calibre por las que puede prestar hasta u$s 50.000 millones. Se trata de la Línea de Crédito Rápido (RCF, por sus siglas en inglés) y del Instrumento de Financiación Rápida (RFI, en inglés). Hasta ahora el organismo recibió poco más de 80 solicitudes que, bajo estas líneas, correspondería aproximadamente a u$s 20.000 millones, según se detalló en la conferencia de ayer. Por este motivo ahora la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, está pidiendo a las países miembro aumentar los recursos disponibles. Para ninguno de los dos programas el FMI requiere la presentación de un plan económico, debido a la naturaleza transitoria del shock de la balanza de pagos y a la eventual fragilidad interna que pueda atravesar el país, aunque para el segundo sí puede requerir ciertas condicionalidades, a diferencia del primero. En la otra posibilidad, la de la ampliación de los DEG, la historia marca que la Argentina se podría de algún porcentaje de recursos: en 2009, la anterior crisis financiera global, se emitió esta moneda del FMI por unos u$s 250.000 millones, de los cuales el país recibió unos u$s 2500 millones.

(Cronista) Por una interna energética y sin fondos para subsidios, la estatal Enarsa dejó de vender gas En una carta que remitió al mercado, la empresa estatal avisó que no podrá vender gas subsidiado, pero no afecta al suministro. Se expone la interna energética. Los contratos de provisión de gas natural entre productoras y distribuidoras vencieron este miércoles 1° de abril a las 6 y el mercado quedó sin un rumbo claro, mientras la estatal Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa) dejó de entregar el producto. Según supo El Cronista a través de cinco fuentes calificadas sin contacto entre sí y que todas se expresaron en off the record, reina la incertidumbre entre las petroleras (YPF, Total Austral, Tecpetrol, Pan American Energy -PAE-, Pampa Energía, Compañía General de Combustibles -CGC- y Wintershall, entre las principales) y las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Ecogas, entre otras) por el vacío en que cayeron y el costo que deberán asumir por vender con escasos márgenes -o, en algunos casos, a pérdida- el producto y sin un marco normativo certero. Lo que sucedió es que el Gobierno no llegó a activar una extensión temporaria de los contratos como pedían ambas partes (las productoras por un mes y las distribuidoras por tres o seis meses más), mientras el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene que atender las urgencias generadas por la pandemia del Covid-19 (coronavirus) y sus devastadores efectos económicos. Urgido por los costos económicos de la pandemia de Covid-19 (coronavirus), el Gobierno no activó a tiempo una extensión de estos contratos energéticos En el medio, la ex Enarsa (que recuperará en los próximos meses ese nombre, borrado por el ex presidente Mauricio Macri) envió una nota a las distribuidoras, productoras y comercializadoras de gas natural en la que advierte que cesará en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En el documento, al que accedió en exclusiva este diario y que está firmado por el director Comercial de Ieasa, Sebastián Bonetto, la compañía estatal aclara que no recibió instrucciones de parte del Gobierno para continuar con la provisión de gas. La nota fue remitida con copia al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales. Interna Una fuente del mercado aseguró que Ieasa estaba obligada a dejar de entregar gas que compra a las productoras y luego revende a pérdida o con subsidios a las distribuidoras, ya que sin una normativa de la Secretaría de Energía (la Autoridad de Aplicación) estaría operando en forma ilegal. Ieasa es una empresa pública creada durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner y su ministro de Planificación, Julio de Vido. En definitiva, es una herramienta del Estado para ejecutar política energética. Allí aseguran que en su rol de árbitro en la reventa de gas con subsidio no pueden ir a pérdida sin una expresa autorización de Energía, que ahora depende en último término del Ministerio de Desarrollo Productivo. La ex Enarga entrega gas para Camuzzi Gas del Sur (ya que en la Patagonia aún no se pagan los valores que en el resto del país, sino más baratos, por ser una zona de bajas temperaturas al igual que en la Puna y la localidad mendocina de Malargüe) y distribuidoras del norte como Gasnor y Gasnea, cuya producción cercana (la de la Cuenca Noroeste) es insuficiente para abastecerlas. Pero ahora dejó de proveer el combustible y librará a cuenta propia a esas distribuidoras, que deberán salir a comprar a productores como YPF o privados el gas necesario para la operación. Esto en ningún caso afecta al suministro a hogares y comercios, que está plenamente garantizado. Según contaron a este medio fuentes cercanas a la ex Enarsa, el total de los subsidios que canalizaron por esa vía el último año fue en torno a los u$s 500 millones. Las sucesivas devaluaciones del peso dejaron al precio del gas por debajo de lo requerido para repagar nuevas inversiones. Caerá la producción en 2021 Los contratos de provisión de gas, surgidos de una subasta a través del Mercado Electrónico de Gas (Megsa) en febrero de 2019 tuvieron una vigencia entre abril del año pasado y esta mañana, con un precio promedio ponderado de u$s 4,62 por millón de BTU, pesificados a un tipo de cambio de $ 41 por dólar. Ese precio quedó atrasado por las sucesivas devaluaciones de la moneda nacional, y los productores terminaron recibiendo un precio efectivo menor a los u$s 3, que no alcanza para repagar nuevas inversiones. El resultado fue que desde agosto del año pasado no hay perforaciones en busca de gas, lo que anticipa una menor producción a partir de 2021, con mayores importaciones y el riesgo de volver al «círculo vicioso» del déficit energético, uno de los principales responsables del estancamiento económico en la última década, según admiten en el mercado. La carta de Ieasa deja expuesta la interna oficial en el área energética. De acuerdo a lo que confirmó El Cronista por involucrados en esa rencilla, existen dos líneas en el Gobierno: La que se enrola en las filas de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está conformada por los número 1 de la ex Enarsa (Andrés Cirnigliano, cercano a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, cuñada de Cristina), el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas, dirigido por el interventor Federico Bernal) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre, presidido por el interventor Federico Basualdo). La que responde al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, principal asesor de Alberto Fernández en cuanto al devenir de la economía local, dado que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se aboca a la renegociación de la deuda externa. En esta línea están técnicos como el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, y el vicepresidente y gerente general de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Esteban Kiper. La línea cristinista argumenta que las empresas energéticas fueron las grandes ganadoras del modelo económico de Macri y apunta a bajar los precios locales para que sean compatibles con un rápido resurgimiento de la economía. Los embanderados con Kulfas son negociadores y miran al largo plazo procurando mantener la producción de gas y petróleo en alza, aún con costos más altos que los que aceptarían los cristinistas. El secretario de Energía, Sergio Lanziani, fue arropado por la línea del cristinismo y desde hace dos meses se vienen lanzando rumores sobre su salida, que finalmente no se concretó. El futuro del mercado de gas en Argentina ¿Qué pasará en adelante? Desde hoy, el mercado opera spot, sin contratos, pero en los próximos días habría una reunión entre el Gobierno, las productoras, las comercializadoras y las distribuidoras para saldar este problema. La operación en modalidad spot no es un peligro hoy, pero sí puede generar altísimos costos en invierno, cuando empieza a faltar el gas por el aumento de la demanda (a causa de las bajas temperaturas). Como contó este medio el 10 de febrero, el Gobierno planeaba una licitación de mediano plazo (3 o 4 años) para el aprovisionamiento de gas de las distribuidoras y las generadoras eléctricas en condición firme, pero esta subasta se realizaría después del invierno, contaron fuentes al tanto de las negociaciones. La Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) le había solicitado a Carbajales el 19 de marzo realizar una subasta anual de gas para recontractualizar el mercado. Mientras continúe el congelamiento de tarifas, que en principio se iba a extender hasta el 30 de junio y ahora es muy probable que dure por lo menos todo el año, dada la severa crisis económica profundizada por el Covid-19, el Enargas no puede autorizar a las distribuidoras a hacer un pass through a los usuarios de los mayores costos que tienen estas empresas por la compra del gas. «Ieasa se hacia cargo de un subsidio y al no tener fondos, no se quiere responsabilizar», analizó el gerente de Comercialización de una petrolera, en reserva. El número uno de una productora de gas en el sur del país aseguró que las petroleras y distribuidoras tenían un principio de entendimiento que todavía no se formalizó. Desde una de las mayores distribuidoras del país, a su vez, comentaron que «no tiene sentido ahora renegociar nada, se van a prorrogar todos los contratos, como en otros ámbitos de la actividad económica».