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(AMBITO) Economía enfrenta el desafío de conseguir financiamiento en los próximos tres meses
En noviembre deberá enfrentar el vencimiento más importante del año; no sólo por el monto sino por la implicancia casi política de la colocación que habrá que enfrentar: el Bote dólar Linked por unos u$s 1.700 millones, que en su mayoría es propiedad del fondo norteamericano PIMCO.
El ministerio de Economía encara el período más importante de vencimientos hasta las elecciones legislativas. Entre septiembre y octubre deberá hacer frente a dos vencimientos de títulos públicos emitidos en pesos por 284.000 millones y 297.000 millones respectivamente; además de las tradicionales letras de corto plazo lanzadas tanto por el gobierno como por el Banco Central. En noviembre deberá enfrentar el vencimiento más importante del año; no sólo por el monto sino por la implicancia casi política de la colocación que habrá que enfrentar: el Bote dólar Linked por unos u$s 1.700 millones, que en su mayoría es propiedad del fondo norteamericano PIMCO.

Para esto el secretario de Finanzas, Rafael Brigo, deberá conseguir aproximadamente $600.000 millones del mercado local voluntario de deuda en moneda local; decidiendo además cual estrategia es la que aplica. Si la que venía ejecutándose hasta la primer semana de agosto, con vencimientos de largo plazo y tasas inferiores a la inflación (estrategia menottista); o algo más realista de plazos menores (máximo primer semestre 2022) y con un interés superior al IPC. Esta última fue la estrategia desplegada desde la segunda semana del mes pasado, con resultados positivos y con los money markets (Fintech), como principales aliados. En estas horas se resolverá si se repite la fórmula o si se elabora un mix de colocaciones. La intención de Martín Guzmán es la de integrar ambos vencimientos con deuda voluntaria y con actores financieros locales privados, y evitar al máximo la emisión monetaria atendiendo que no son tiempos en los que haya que pensar en tensar más las cuerdas inflacionarias del segundo semestre del año.

Para lograr esta meta, Economía deberá reformular y sostener el “acuerdo de caballeros” no escrito con los grandes fondos de inversión que aún mantienen posiciones en pesos, por el cual se mantendrá la ventana abierta para que estos puedan salir de sus papeles en moneda local y cambiarlos por dólares en el mercado financiero. Hasta julio, y durante todo 2021, Economía había podido renovar largamente superando la demanda a la oferta de deuda, todas las colocaciones de títulos públicos y Letras que se ofrecían al mercado; controlando así las posibles presiones sobre la divisa y manteniendo en moneda local las emisiones de deuda. Aún en términos nominales abultados.

Sin embargo la primer semana de agosto se consideraba tanto desde el oficialismo económico como la mayoría de los operadores privados, que la operación que se enfrentaría sería complicada por el gran número de pesos que debía conseguir Economía, pero se pensaba que se lograría la renovación total de la deuda. Más teniendo en cuenta que la operación anunciada representaba una emisión del tipo “dólar linked”. Esto es, que el operador tiene cubierta la tasa de interés atada a una eventual devaluación de la divisa oficial, algo que desde el gobierno se rechaza casi como religión. Pero que si hubiera aún dudas, el título cubriría ese miedo. Aún así el mercado, al menos en parte minoritaria pero importante, desconfió.

Una vez superadas las pruebas de septiembre y octubre, Economía deberá prepararse para el desafío más importante vinculado a la deuda en pesos hasta fin de año. El vencimiento del Bono del Tesoro Nacional Vinculado al Dólar Estadounidense (BOTE) colocado bajo el esquema dólar linked, y que alcanza los u$s1.766 millones; y que tiene vencimiento final el 29 de abril del 2022; pero paga segundo vencimiento el 30 de octubre próximo. Se trata de un papel en su mayoría bajo poder del fondo norteamericano Pimco, quién desde hace varios meses pugna por salir de las colocaciones en moneda local que mantiene desde los tiempos macristas; pero que sostiene un pacto de no agresión con Economía para ir abandonando el mercado local, pero de manera ordenada. En octubre habrá una oportunidad para medir la vigencia de esta alianza.

(AMBITO) Aldo Abram: «El Gobierno no debería haber postergado el acuerdo con el FMI»
Dice que hubo error de diagnóstico. Espera que antes de marzo que viene haya acuerdo con el Fondo porque no se podrán pagar los vencimientos. Para el economista el gobierno equivoca el camino.

El director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, considera que el Gobierno repite el error de diagnóstico. “Si no corrigen el análisis el país puede caer en una debacle, perderán las elecciones, como ya pasó”, señala. A continuación los pasajes más relevantes de la entrevista con el economista.

Periodista: Se especula que con la nueva asignación de DEG se pagará al Fondo ¿Qué opina?

Aldo Abram: Dado el nivel de reservas netas y líquidas disponibles, parece imposible retrasar el tipo de cambio mayorista y moderar la suba de los tipos de cambio paralelos financieros, si no se asignan esos DEG a pagar los próximos vencimientos con el FMI. Si el Gobierno hubiera cerrado un acuerdo con el Fondo, los vencimientos de capital de este año se hubieran refinanciado y los nuevos DEG hubieran estado disponible para aquello que se los gestó.

P ¿Por qué razón cree que aún no se cerró ese acuerdo?

A.A.: El FMI tiene un fuerte incentivo a cerrar un acuerdo ya que no le es indiferente que Argentina caiga en cesación de pagos, pues somos una parte importante de su cartera de créditos. Ya es un hecho que el crédito será al plazo máximo posible, 10 años, con algún artículo que permitiría renegociarlo si se cambia el estatuto del Fondo que le pone un techo. Hace meses que se anunció que se bajaría la tasa actual. Las condiciones que exigirán serán mínimas, para que sean aceptables para el Gobierno con una trayectoria de baja del déficit primario y metas de reservas y de política monetaria pactadas de común acuerdo. Quizás haya todavía alguna discusión sobre el plazo de gracia durante el cual no se pagará capital. Hoy parece que la decisión de postergar el cierre del acuerdo para después de los comicios tiene que ver con que parte del Gobierno piensa que sería “políticamente incorrecto” firmarlo antes. Casi seguro se le dará un cierre al tema en el primer trimestre de 2022; porque en marzo los vencimientos con el FMI y con el Club de París son impagables.

P: ¿Esta recuperación económica puede confundir al Gobierno?

A.A.: Fue fuerte la recuperación económica desde el segundo trimestre de 2020, en plena cuarentena, y hasta principios de 2021. No sólo por el hecho de que se fue habilitando a que la gente y las empresas vuelvan a trabajar, sino por un escenario de precios internacionales muy favorable para nuestras exportaciones. El principal problema es que la reactivación puede llevar al diagnóstico equivocado de que ya se está haciendo lo necesario para un crecimiento sustentable. La realidad es que Argentina estaba en una crisis de credibilidad previa a la pandemia. Es decir, estaba en “terapia intensiva” por enfermedades terminales y justo se pescó un “virus intrahospitalario” que la puso al borde de la muerte y de la que está zafando. Sin embargo, nadie se está ocupando de curarle los graves males que la llevaron al hospital, porque el diagnóstico es que no existen. Ahora, si no se le da un tratamiento adecuado al paciente, lo esperable es que haya una nueva profundización de la crisis.

P: ¿Para usted entonces cuál es el diagnóstico correcto?

A.A.: Hay una gran discusión sobre quién es el culpable de la deuda, como si ésta se hubiera gestado de la nada. En cualquier hogar, si se acumula un pasivo excesivo es porque gastan más de lo que pueden. Lo mismo pasa con el Estado; pero a nadie le conviene esa discusión ya que la conclusión obvia es que son responsables todos aquellos que mantuvieron erogaciones públicas excesivas. Además, la solución pasa a ser clara, hay que tener el Estado que se puede pagar. La otra polémica es si los impuestos son bajos o altos. Los funcionarios opinan que son bajos y los contribuyentes, aún los pequeños, sienten que son altos. Pues, las estadísticas demuestran que los segundos tienen razón. El Banco Mundial tiene un índice de 191 países, en el que Argentina está 21 entre los que más exprimen con gravámenes a sus empresas. En otro índice, analizan que le pasaría a una pyme con buenas ganancias respecto a sus ingresos, si pagara todos los impuestos y tasas de cada país. Pues en sólo dos daría pérdida y uno de ellos es Argentina. Un trabajador en relación de dependencia, que no alcanza a pagar el Impuesto a las Ganancias, trabaja cerca de la mitad del mes para el Estado. Hay más de 67.000 regulaciones, con las que los funcionarios pretenden decirle cómo hacer las cosas mejor a quienes trabajan y manejan empresas. Es obvio que los burócratas no saben más que los demás y que lo único que logran es que esas regulaciones no se cumplan o, si alguien lo hace, sea a costa de ser más ineficiente. Ni hablar de la legislación laboral que la realidad demuestra que sólo desincentiva la creación de empleo productivo. ¿Qué argentino o extranjero va a invertir acá para que lo expriman o le digan cómo manejar su negocio? Así habrá menos empleo y bienestar para todos.

P: ¿Qué pasará si no se curan todos estos padecimientos?

A.A.: Si todas esas dolencias no se “curan” con las necesarias reformas estructurales, el resultado ya sabemos cuál será. El paciente ha estado en terapia intensiva muchas otras veces antes y ha entrado en crisis por no hacer lo que correspondía, ya sea por mal diagnóstico o por no animarse a darle el tratamiento adecuado. Para los que dicen que hacerlo trae costos políticos, difícilmente sea peor que llevar al país a una debacle y terminar perdiendo las elecciones presidenciales. Ya pasó y es lo que volverá a suceder.

(AMBITO)Dólar CCL se ubica a menos de $10 del blue por primera vez en 3 semanas
En el segmento oficial el Banco Central comenzó septiembre con venta neta de divisas, algo que no había ocurrido en ningún inicio de mes en lo que va de 2021.

Luego de superar los $173 durante la rueda, el dólar «contado con liqui» (CCL) recortó la suba pero aún así se ubica a menos de $10 del blue por primera vez en tres semanas. En el segmento oficial el Banco Central (BCRA) comenzó septiembre con venta neta de divisas, algo que no había ocurrido en ningún inicio de mes en lo que va de 2021.

En el segmento bursátil, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró casi estable a $170,56 (+18 centavos) y quedó a menos de $10 del blue. La brecha con el mayorista crece levemente al 74,4%. En agosto, el también denominado dólar «cable» avanzó 0,9% ($1,55) a $170,40.

Mientras tanto, el MEP terminó casi sin variaciones a $170,42 (+12 centavos). El mes pasado subió 1,2% ($2,07), la corrección más acotada desde marzo.

En agosto el CCL acumulo un alza de apenas 0,9%, mientras que el incremento mensual del MEP (+1,2%) fue el más acotado desde marzo.

En el último mes, la tranquilidad en las cotizaciones no solo abarcó a los tipos de cambio bursátiles y al oficial, regulado por el BCRA, sino también al blue.

El Gobierno asegura que el tipo de cambio está en niveles competitivos y en el BCRA no analizan la posibilidad de una aceleración en los ajustes diarios del dólar, en sintonía con el objetivo de que no vuelva a acelerarse la inflación.

Por su parte, en el mercado prevén un mayor aumento del dólar para después de las elecciones legislativas, teniendo en cuenta que estos meses parecen ser más complicados en materia de acumulación de reservas.

Entre lunes y miércoles, la autoridad monetaria tuvo que desprenderse de u$s270 millones para abastecer una robusta demanda, que no encuentra el mismo correlato que en semanas previas desde el lado de la oferta.

«Mayores vaivenes vienen mostrando los saldos diarios del BCRA, despertando preocupación aquellos que arrojan importantes ventas a raíz del nivel de reservas netas. Ante ello es que los dólares financieros en sus referencias más libres reflejan mayor dinamismo, tras la pausa reciente por las últimas normativas, mientras que los tipos de cambio implícitos regulados siguen todavía respetando la ¨barrera¨ de los $ 170, aún cuando para ello son requeridas mayores intervenciones (del BCRA y ANSES mediante venta de bonos) para domar a dicha plaza», detalló el economista Gustavo Ber.

Desde la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones remarcaron que «agosto prendió algunas alarmas» ya que «el roll-over de deuda en pesos fue el más bajo desde junio de 2020», «la emisión no se detiene» y «la acumulación de divisas del BCRA se detuvo», en un contexto de «demanda por cobertura que crece y considerando que los peores meses en términos fiscales comienzan generalmente a partir de septiembre».

Dólar oficial
El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, y un 35% a cuenta de Ganancias- ascendió 13 centavos este miércoles a $170,31, luego de registrar el mes pasado un incremento de apenas 1,1%. Sucedió ya que el minorista -sin los impuestos-, subió ocho centavos hasta los $103,22 de acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero

Mientras tanto, el dólar mayorista cerró la jornada en los $97,78, cuatro centavos por encima del cierre del martes, en línea con la estrategia del BCRA de validar ajustes diarios acotados para quitar presiones sobre la inflación.

En el año el dólar mayorista acumula una suba del 16,2%, muy por debajo de una inflación acumulada que en lo que va del año ya superó el 80%.

Con una baja el volumen negociado en esta rueda, la moneda estadounidense volvió a exhibir un dominio de la demanda autorizada de bancos y empresas durante casi todo el desarrollo de la jornada. Como sucede habitualmente, los precios se movieron en un sendero de fluctuación bastante acotado por las intervenciones oficiales en el mercado.

El Banco Central tuvo que vender u$s80 millones, en términos netos, para subsanar el faltante de la oferta y para corregir subas momentáneas en la cotización.

«Septiembre es el primer mes del año que comienza con un rojo para el Banco Central, un dato que parece confirmar la caída estacional de los ingresos de los principales exportadores y una simétrica mejora de la demanda, factores que pueden condicionar en el inicio del último cuatrimestre del 2021 los resultados de la autoridad monetaria en materia de recuperación de reservas netas», expresó Gustavo P Quintana, de PR Corredores de Cambio.

A partir de una intensificación de las ventas durante los últimos días de agosto, la entidad que conduce Miguel Pesce culminó el mes pasado con un escueto saldo positivo acumulado de apenas u$s10 millones.

Si bien el mes pasado se trató del mes más difícil desde noviembre de 2020, desde el BCRA sostuvieron que el dato no fue negativo ya que agosto es un mes en el que tradicionalmente termina vendiendo (en agosto del año pasado se desprendió de casi u$s1.300 millones).

En el segundo semestre, el BCRA lleva comprados u$s635 millones que se suman a los casi u$s6.500 del primer semestre y totalizan más de u$s7.100 millones acumulados en el año.

A pesar de las ventas del BCRA, las Reservas Brutas Internacionales subieron ayer u$s25 millones hasta los u$s46.180 millones.

Dólar blue
El dólar blue hoy bajó por segunda jornada consecutiva y tocó mínimos de tres semanas, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas de la Ciudad de Buenos Aires.

El dólar informal retrocedió $1 este miércoles hasta los $180,50, su valor más bajo desde que tomaron vigencia las nuevas restricciones del Banco Central para la operatoria con los tipos de cambio financieros (lo cual inicialmente llevó al blue hasta los $183).

De esta manera, la brecha con el oficial descendió al 84,6%, por debajo del 90% registrado a fines de julio.

(CRONISTA) Cannabis medicinal, economía verde y desarrollo productivo 4.0: las claves del plan industrial del Gobierno hasta 2023
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó hoy el documento denominado «Estrategia y acciones para el Desarrollo Productivo».

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó hoy el documento del plan denominado «Estrategia y acciones para el Desarrollo Productivo 2020-2023», en el que detalla las distintas políticas públicas llevadas a cabo desde el inicio de la gestión y «consolida la mirada estratégica del Gobierno nacional para desarrollar la estructura productiva a futuro, con una visión de largo plazo», se informó oficialmente.

«Este documento sintetiza los esfuerzos realizados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021 y la mirada estratégica del gobierno del presidente Alberto Fernández para desarrollar nuestra estructura productiva. Sus objetivos van más allá de la coyuntura y apuntan a consolidar una mirada de largo plazo que trascienda a la actual acción de gobierno», explicó Kulfas, en la introducción de la publicación.

«Estructurar consensos para el mediano y largo plazo es central para superar los problemas de inestabilidad y penduleo que han caracterizado a la trayectoria de las últimas décadas», agregó el ministro.

La estrategia productiva de cara al futuro se estructurará, a partir del impulso de tres grandes políticas para el cambio estructural, apunta el Gobierno.

Por un lado, el Plan Desarrollo Productivo Argentina 4.0 que incorpora más de 50 iniciativas para impulsar la adopción del paradigma de la cuarta revolución industrial en el tejido productivo, y cuenta con un presupuesto superior a los $10.000 millones.

El plan conjuga medidas que favorecen la adopción de soluciones tecnológicas por parte de empresas locales, así como el desarrollo de soluciones propias.

En segundo lugar, el Plan de Desarrollo Productivo Verde lanzado en julio, y que consta de una serie de medidas y propuestas que apuntan a aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y creación de empleo vinculado a los desafíos ambientales. Esto implica medidas para la creación de nuevos sectores, como a la reconversión de empresas y/o sectores para que sean ambientalmente sustentables.

Dentro de este plan se destacan agendas de gran relevancia como la electromovilidad, la economía circular, el hidrógeno o energías renovables (que incluye la capitalización de IMPSA).

En tercer orden, la agenda del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial ha sido otra impulsada desde el Ministerio con una perspectiva de futuro, y derivó en el diseño de un proyecto de ley para creación del Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.

Este proyecto busca generar las condiciones para que esa cadena productiva -creciente en varios países- pueda desarrollarse en el país, creando puestos de trabajo, valor agregado y desarrollo territorial.

(CRONISTA) Trabas: Argentina en el podio de los países con mayores desincentivos al agro
Pese a que las cadenas agroindustriales generan el 72% de todas las exportaciones, las retenciones y medidas como el cierre de exportaciones son vistas por las entidades como la marca registrada de la política oficial hacia el sector.

Pese a que la Argentina tiene un claro perfil agroexportador, está entre los pocos países que aplica Derechos de Exportación, también conocidos como retenciones, e integra el «selecto» podio de países que desincentivan las exportaciones del sector agroindustrial.

Pese a ello, Argentina es una potencia exportadora en muchos mercados agropecuarios y el campo es la virtual «fábrica de dólares» del país, al punto que 7 de cada 10 dólares que genera el comercio exterior se origina en las cadenas agropecuarias.

Así lo informó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) a través de una nueva edición del «Monitor de Exportaciones Agroindustriales», según el cual en el primer semestre de 2021, las cadenas agroindustriales «generaron un total de u$s 25.650 millones en concepto de exportaciones».

Esto equivale al «72% de las exportaciones argentinas para dicho período», con una elevada concentración en las cadenas granarias que explican el 74,8% del total exportado por el sector.

Más atrás vienen las economías regionales con 11,6%, las exportaciones de carne vacuna con 7,4%, lácteos el 1,9%, mientras que los otros rubros engloban el 4,3% restante.

Además, hay que recordar que sólo en el primer semestre del año, las cadenas agroindustriales aportaron u$s 4808 millones de Derechos de Exportación, esto equivale al 92,2% del total recaudado por AFIP por este concepto, señala FADA.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) «nuestro país es uno de los tres del mundo, que no apoya a la producción y, según el Banco Mundial, uno de los pocos que cobra Derechos de Exportación significativos», apunta el informe

Nicolle Pisani Claro, economista de FADA, asegura que «la mayoría de los países no cobran o cobran poco (derechos de exportación), lo que ayuda al desarrollo de las regiones». Por el contrario, y siguiendo a la OCDE, Argentina lidera junto con India y Vietnam el ranking de países que desincentivan, y son la contracara de Estados Unidos, China, países de Europa, Brasil o Canadá, que se destacan por el apoyo económico al sector.

Según el Banco Mundial, en estos países sólo se cobra menos del 1% en Derechos de Exportación, mientras que en Argentina se cobra entre 15% y 25%.

EL RANKING
El Estimado de Apoyo al Productor es un relevamiento que lleva adelante la OCDE (PSE por su sigla en inglés), y expresa el nivel de apoyo a los productores agropecuarios, como porcentaje de los ingresos del productor, y presentado por país.

Sobre un total de 27 países con relevancia en los mercados internacionales de productos agroalimentarios, a los que se suma la Unión Europea como bloque, 25 tienen un apoyo positivo al productor o un incentivo al productor agropecuario.

Sólo tres naciones -Argentina, India y Vietnam- tienen desincentivos al productor, es decir un apoyo negativo. Y entre ellos, Argentina muestra el peor indicador.

Mientras la Unión Europea alcanza un 19,3% de apoyo sobre el ingreso del productor, Estados Unidos tiene el 11%, Noruega el 50,9%, Israel el 21,4%, China el 12,2%, México el 9,6% y Brasil el 1,3% de incentivos.

En contraste, Vietnam tiene -6% de apoyo al productor, seguido por la India con -7,6% y la Argentina con -18,8%. «El valor negativo que arroja el PSE (%), es producto de la existencia de Derechos de Exportación a los productos agropecuarios y agroindustriales», señala el informe de FADA.

Y agrega: «Con estos números, es claro el desincentivo a la producción agropecuaria en el país al compararlo con otros competidores a nivel internacional».

«La mayoría de los países incentivan la exportación, hacen lo imposible para negociar y abrir mercados, porque entienden que exportar es bueno para sus habitantes. Lo contrario es directamente prohibir exportaciones, como sucede en el caso de la carne y como en otros momentos pasó con el maíz, trigo y leche», explicó David Miazzo, economista jefe de FADA.

Por su parte, Pisani Claro apuntó que «una forma de desincentivar las exportaciones son los Derechos de Exportación, un impuesto que no se coparticipa con las regiones que produjeron esa riqueza y hacen que el productor perciba un ingreso menor».

Y subrayó que por eso «las regiones se pierden todo lo que se podría reinvertir en sus zonas, con pérdidas millonarias para las ciudades y pueblos que generan la producción».

(CRONISTA) La recaudación tributaria se desacelera pero sigue por encima de la inflación
La recaudación creció 64,2% interanual en agosto, informó el Ministerio de Economía, gracias a la recuperación y el comercio exterior. No obstante, el incremento es menor que en anteriores meses, con una inflación más alta.

La recaudación ascendió en agosto un 64,2% en relación con el mismo mes del año pasado, informó este miércoles el Ministerio de Economía.

Como viene sucediendo en cada uno de los meses de este año, la mejora en los ingresos tributarios se explica por la recuperación económica y, en parte, por la baja base de comparación en 2020, producto de la pandemia.

No obstante, un dato es que el crecimiento de la recaudación tributaria, si bien todavía por encima de la inflación se viene desacelerando mes a mes frente a la comparación con los tiempos más estrictos de la cuarentena del año pasado.

«Durante agosto se registró un comportamiento destacado de los impuestos asociados al mercado interno y el mercado de trabajo, que dan cuenta de la reactivación en los niveles de actividad», remarcó el Gobierno.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentó 75,9% interanual, mientras que los tributos del sistema de seguridad social (aportes y contribuciones) subieron más del 63%.

La suma de los tributos que responden a la actividad económica trepó 74%: el impuesto a los Combustibles (84,3%), el IVA (75,9%), impuestos Internos (55,5%) y el Impuesto a los Créditos y Débitos (66,0%; «este último continúa afectado por la exención al sector Salud», recordó el Ministerio de Economía.

También volvió a observarse un aporte significativo de los Derechos de Exportación (retenciones), que se incrementaron un 131,9% anual.

La recaudación acumulada durante los primeros ocho meses del año se encuentra en los niveles pre-pandemia ($ 6,8 billones, con un salto de 67,4% frente a enero-agosto 2020) y también creció medida contra agosto de 2019, cuando se desencadenó una nueva crisis por la devaluación pos elecciones PASO.

«El crecimiento de los tributos que otorgan progresividad al sistema tributario fue fundamental para lograr este desempeño, impulsados por las modificaciones incorporadas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva», también se señaló oficialmente.

El Impuesto a las Ganancias aumentó 63,9% (creció en términos reales), «incluso bajo los efectos de las recientes reformas implementadas para aliviar la carga tributaria de los trabajadores en relación de dependencia».

«El impacto del incremento en las deducciones personales sobre las rentas de dichos contribuyentes se vio, además, acentuado por la devolución en concepto de diferencias adeudadas de meses pasados», indicaron.

(CRONISTA) El BCRA ya no compra dólares, pero sigue con poder de fuego para tener el CCL a raya
Analistas privados creen que, hasta las elecciones la brecha se ampliará algunos puntos, pero no ven una disparada. Si no alcanzan las divisas para intervenir, el mercado teme más normativas en pos del objetivo.
Luego de siete meses en los que el Banco Central (BCRA) había acumulado compras netas por u$s 7170 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios, en agosto la buena racha empezó a menguar por motivos estacionales y apenas pudo hacerse de poco más de u$s 10 millones. Y en septiembre arrancó vendedor.

El hecho de ingresar en meses más complicados en materia de compra de dólares podría generar algunas dificultades para una autoridad monetaria que se acostumbró a usar reservas para intervenir en las cotizaciones paralelas, al vender bonos contra pesos y recomprarlos contra dólares. Sin embargo, informes de mercado proyectan que el BCRA mantendrá a raya al contado con liquidación (CCL) y al MEP, al menos hasta las elecciones.

Se espera, de todas formas, un deslizamiento que podría hacer que la brecha que hoy se encuentra en 74% escale al 82% para el 14 de noviembre (día de los comicios generales). Sin embargo, el poder de fuego para evitar un gap del 130%, como se vio en 2020, parecería intacto.

Un informe de Buenos Aires Valores estima que el BCRA gastó u$s 340 millones a lo largo de julio para que no se disparen los dólares financieros y señaló: «Faltando dos meses y medio para las elecciones generales creemos que la entidad continuará con esta misma estrategia y la profundizará de ser necesario. La capacidad de intervención del BCRA en los dólares financieros va de la mano de la disponibilidad de divisas en el mercado cambiario. Por esta razón, creemos que – de ser necesario – el BCRA continuará intentando disminuir el volumen de intervención requerido durante los próximos meses, aunque eso signifique más regulaciones».

«El BCRA hace un manejo artesanal del tema reservas internacionales, acumulando hasta el 20 de cada mes y luego liberando importaciones y pagos al exterior», Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment
En tanto, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, consignó: «El poder de fuego acumulado en 2021 sigue siendo importante, por lo que el BCRA podría mantener la calma cambiaria hasta fin de año. Además, las últimas disposiciones cambiarias limitan algo más el volumen en los dólares financieros, por lo que el BCRA necesitaría intervenir menos para enfrentar eventuales tensiones. Puede intuirse, además, que el ritmo de intervención se redujo en agosto».

En tanto, La Consultora 1816 elaboró un informe que proyecta que, de cara a las elecciones, el tipo de cambio oficial seguirá subiendo en torno al 1% mensual y que el CCL, presionado por la emisión monetaria, subirá en torno al 2,8% mensual. Tomando la valuación actual y en base a dichas proyecciones, el oficial mayorista llegaría a noviembre en torno a los $ 100 y el CCL cerca de los $ 183.

Más allá de lo que suceda este año, 1816 especula que el FMI, cuando acuerde con el Gobierno, no aceptará fácilmente que el Central siga vendiendo dólares en el CCL.

Ante esta reflexión, El Cronista consultó a Héctor Torres, exrepresentante ante el organismo, quien afirmó: «El Fondo entiende el riesgo que implicaría eliminar los controles de cambio. Por ende, la brecha no va a desaparecer de inmediato y podría ser necesario mantener un grado de intervención en el CCL».

No obstante, Torres aclaró: «Muy probablemente, el Fondo le pida al Gobierno una hoja de ruta que lleve a una progresiva unificación del mercado de cambios, a una eliminación de las restricciones a las exportaciones, a un aumento de las reservas y a un sinceramiento del precio de la energía (por motivos fiscales, ambientales y de cuenta corriente)».

MANEJO ARTESANAL DE LAS RESERVAS
Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, describió de la siguiente forma el accionar del BCRA en el MULC: «El BCRA hace un manejo artesanal del tema reservas internacionales, acumulando hasta el 20 de cada mes y luego liberando importaciones y pagos al exterior».

(INFOBAE) Por la falta de demanda de crédito, los bancos destinan el 90% de los depósitos en deuda pública
Tanto las empresas como los particulares tienen temor de perder ingresos y por eso son reticentes a endeudarse. La concentración en títulos emitidos por el Estado conlleva riesgos para el sector financiero

La falta de demanda de crédito y la voracidad del Estado provocaron una situación inédita en el sistema financiero. El equivalente al 90% de los depósitos del sector privado están invertidos en deuda pública, tanto en títulos emitidos por el Banco Central como en letras colocadas por el Tesoro para hacer frente a sus necesidades de caja.

En los bancos reconocen que la demanda de crédito es escasa por dos razones: una reactivación tenue que no termina de consolidarse, pero sobre todo los temores de la gente por el futuro. El miedo a perder el empleo, por ejemplo, suele ser uno de los principales condicionantes. En el caso de las empresas, al no haber planes de inversión significativos, las necesidades de financiamiento bajan sustancialmente. Y en general se requiere crédito de muy corto plazo para capital de trabajo, que en ocasiones es satisfecho por otras vías, como el mercado bursátil vía descuento de cheques diferidos o facturas electrónicas.

La contracara de este fenómeno es que la mayor parte de los depósitos que reciben los bancos de empresas e individuos no vuelve al sector privado, sino que es dirigido a la compra de deuda pública. Un informe elaborado por el economista Gabriel Rubinstein concluyó que esta relación está en su pico máximo de los últimos tiempos.

El principal riesgo ante tanta concentración de deuda pública es que se reduzca la demanda de pesos de la gente y de las empresas, por ejemplo ante el temor de una devaluación
“La exposición al sector público viene creciendo muy fuerte en los últimos meses. En septiembre del año pasado llegaba al 78% de los depósitos del sector privado y ahora ya estamos en el 90%”, aseguró el economista.

Ese aumento se relaciona al menos en parte con la fuerte emisión monetaria del año pasado. Los pesos emitidos terminaron en buena medida en los bancos y luego el Central sale a absorberlos vía Leliq y pases pasivos. A este fenómeno se agregó el Tesoro nacional y sus crecientes necesidades de financiamiento para salir a cubrir el déficit cuando no recurre a la emisión. Según Rubinstein, el 62% de los depósitos privados se encuentra colocado en instrumentos emitidos por el Central para absorber dinero excedente y un 28% en letras del Tesoro.

La tasa que pagan tanto los pases como las Leliq es del 38% y, en el caso de los títulos del Tesoro, levemente superior. En ambos casos se trata de un rendimiento que está más de diez puntos porcentuales por debajo de la inflación, lo que implica una importante pérdida patrimonial para las entidades.

La gran emisión de pesos del año pasado terminó en los bancos y éstos invirtieron ese dinero en Leliq y pases del Banco Central. En la medida que no aumenta la demanda de crédito del sector privado, crece la proporción del financiamiento al sector público
Semejante proporción no significa necesariamente que no existan fondos disponibles para prestarle al sector privado. Más bien es al revés: la falta de demanda provoca que la única fuente para obtener rentabilidad que tienen los bancos sea a través de la colocación al sector público. Existe, por supuesto, la preocupación de que el sector público desplace al sector privado en la búsqueda de financiamiento en la medida que el déficit fiscal no baje significativamente.

¿Hay algún peligro en semejante concentración de recursos en deuda emitida por el sector público, tanto el Tesoro como el Banco Central? El principal riesgo es que se reduzca la demanda de pesos de la gente y de las empresas, por ejemplo ante el temor de una devaluación. En ese caso, podría haber retiro de depósitos que presione a los bancos a desarmar parte de su cartera en bonos. En ese escenario, el Central debería devolver las Leliq a los bancos y eso implicaría automáticamente mayor emisión monetaria.

Al mismo tiempo, también correría riesgo el programa de financiamiento del Tesoro, que en buena medida descansa en el financiamiento que aportan los bancos.

En este escenario, es sumamente importante que el Gobierno consiga anclar las expectativas y evite que siga cayendo la demanda de pesos. Si ocurre, habría mayor presión sobre los depósitos bancarios y obviamente sobre el tipo de cambio.

(INFOBAE) A pesar de los controles, la deuda del Banco Central llegó al mismo nivel que tuvo durante la crisis cambiaria de 2018
El stock de Leliq y pases emitidos por el BCRA hoy se ubica en torno al 134% de la base monetaria. En marzo de 2018, durante la gestión de Federico Sturzenegger, la “bola de nieve” había llegado al 137%. Para un informe privado, es un nivel considerado “peligroso” que implica un “una importante presión inflacionaria”

La deuda remunerada que tiene el Banco Central entre letras de liquidez (Leliq) y pases pasivos se duplicó en la gestión de Miguel Pesce y tras alcanzar en mayo un pico de 141% de la base monetaria y hoy se mantiene en torno a 134%, un nivel considerado “peligroso” por los analistas si se tiene en cuenta que implica un “inmenso potencial de emisión futura y una importante presión inflacionaria”.

Así se desprende de un análisis de la Fundación Libertad y Progreso en base a datos del BCRA, en el que alertó: “Coquetear con niveles similares previos a la crisis de confianza en 2018 sumado a la alta inflación, puede ser peligroso”, en referencia a que la relación deuda remunerada/base monetaria se manttiene cerca del máximo alcanzado durante la gestión del ex titular del Central, Federico Sturzenegger, con el 137 por ciento.

Cabe destacar que al no ser computada en cabeza del Tesoro, estos pasivos no son considerados como parte de la deuda pública, pero tiene una significativa incidencia en el desempeño del Banco Central, ya que al ser de corto plazo obliga a una permanente renovación tras cada vencimientos, a razón de dos por semana. En ese sentido, se estima que el costo de la permanente renovación de las leliqs equivale a unos USD 14.000 millones anuales.

En la campaña electoral de 2019, el actual presidente Alberto Fernández fue particularmente crítico con la gestión que llevaba a cabo con las Leliq (que en 2018 reemplazaron a las Lebac) el por entonces presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y sostuvo que al llegar al poder utilizaría esos recursos para aumentar las jubilaciones.

Coquetear con niveles similares previos a la crisis de confianza en 2018 sumado a la alta inflación, puede ser peligroso (Fundación Libertad y Progreso)
En tanto, la Fundación Libertad y Progreso remarcó que “a lo largo de la gestión de Miguel Ángel Pesce en el BCRA, la deuda remunerada (Leliqs más pases pasivos) se duplicó ya que cuando asumió era el 63% de la base monetaria”.

“Hoy, la magnitud de los pasivos es tan grande que excede a la base monetaria en 1,34 veces. Todo esto en un contexto en donde la inflación se ubica en el 51,8% interanual”, afirmó.

Asimismo, el economista jefe de la fundación, Iván Cachanosky, destacó que “la deuda remunerada equivale a emisión futura, por lo que el potencial de emisión es inmenso y se ubica casi en los mismos niveles críticos a los que llegó la gestión anterior”.

“Para peor, es muy probable que la emisión monetaria gane velocidad agravando aún más el problema de la inflación”, advirtió.

El principal problema cuando la deuda remunerada es tan grande es que la misma entidad se ve obligada a emitir para pagar los intereses de la misma deuda remunerada, entrando así en un círculo vicioso. Esta problemática no hace más que continuar alimentando la bola de nieve (Cachanosky)
Según Cachanosky, “el problema empeora ya que parte de los depósitos de la gente están respaldados en gran medida por las Leliqs y no por pesos” y en consecuencia “si las personas comienzan a demandar esos pesos, los bancos tendrán que devolverle las Leliqs al BCRA y la entidad se verá obligada a emitir”.

“El principal problema cuando la deuda remunerada es tan grande es que la misma entidad se ve obligada a emitir para pagar los intereses de la misma deuda remunerada, entrando así en un círculo vicioso. Esta problemática no hace más que continuar alimentando la bola de nieve”, dijo.

Para solucionar el problema, concluyó, “se vuelve necesario bajar en serio el gasto público”, ya que “de lo contrario, la dependencia de la deuda y la emisión continuarán siendo una constante en Argentina, con sus consecuencias económicas”.