Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(INFOBAE) Guzmán viaja a EE.UU. para acelerar el acuerdo con FMI
El ministro busca el aval del Tesoro para cerrar el acuerdo con el organismo. Se ratifica mayo como límite temporal. Tiempo al tiempo. El Gobierno apuesta a cerrar el acuerdo con el FMI antes de encarar una nueva negociación con el Club de París. El almanaque marca entonces el mes de mayo como el límite temporal. Si bien a fines del año pasado fuentes vinculadas al Frente de Todos habían relativizado la importancia de lograr este objetivo, en las últimas horas el ala de funcionarios del área económica presidido por el ministro Martín Guzmán parece haber apurado las gestiones y redoblado la intensidad para alcanzar esta meta. Para eso, el propio Guzmán tiene pensado viajar a Washington en las próximas semanas. Esto fue confirmado por allegados al ministro que trabajan junto al economista y también por el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, quien no obstante le dijo a Ámbito que la fecha aún no está del todo confirmada. Otras fuentes de Economía, sin embargo, señalan que, de no mediar contratiempos relacionados con la pandemia, sería a fines de febrero o en los primeros días de marzo. Además, consignan dos reuniones de las que participará Guzmán: por un lado, un encuentro con Janet Yellen, la flamante secretaria del Tesoro de los EE.UU. Por otro, con Kristalina Georgieva, cabeza del Fondo Monetario Internacional. Yellen, quien también fue la primera mujer que llegó a estar al frente de la Reserva Federal (Fed, en la jerga financiera) terminó por ganar un puesto clave, a partir de una reputación de “paloma” al frente de la entidad monetaria, sobre todo por su predisposición a la ayuda financiera con “dinero barato” (tasas marginalmente bajas y paquetes de recompra de bonos), que es justamente lo que la Argentina necesita nuevamente para refinanciar su deuda con el Fondo. El Gobierno de Biden ostenta 16,5% de los votos en el FMI, y la “costumbre” de llamar desde el Tesoro estadounidense al organismo ya se vio hace algunos años, cuando el gobierno de Trump llamó a Christine Lagarde para que firme el mayor préstamo de la historia, violando el propio reglamento del Fondo. Yellen podría acompañar el pedido de Guzmán para un menor ajuste, al margen de que el nuevo acuerdo obligaría a una tutoría más sólida que la que establecía el acuerdo stand by. Pero del dato contundente es que el marido de Janet Yellen, George Akerlof, compartió el premio Nobel de economía con Stiglitz, padrino académico de Guzmán y economista de cabecera de Cristina Fernández de Kirchner. Akerlof además trabajó como investigador en el FMI. Esa es la puerta que quiere golpear Guzmán. La del Tesoro. Según pudo saber Ámbito, en la embajada argentina también le está pidiendo al secretario de Energía, Darío Martínez, un viaje a Washington. Para ello el propio Martínez mantendrá una reunión en las próximas horas con personal diplomático, si bien hasta ahora no hay confirmación del viaje. Las fuentes de Gobierno afirman algo: que por más colegiado que sea el FMI, el voto fundamental para destrabar la negociación lo ostenta el gobierno de los Estados Unidos a través del Capitolio. Es decir, que la negociación de carácter político entre el gobierno de Alberto Fernández y el Biden precede a las cuestiones técnicas y financieras. La Argentina viene de afrontar el primero de una serie de exámenes ante el FMI cuando pagó el último lunes 315 millones de dólares, mientras negocia un acuerdo por una deuda con el FMI que supera los 44.000 millones de dólares. Ámbito informó en los últimos días algunos detalles de lo alcanzado hasta ahora. La idea consensuada hasta el momento es que recién se comenzaría a pagar vencimientos en 2025 y no en septiembre de 2021 como establecía el acuerdo anterior. Será, en principio, un acuerdo distinto, de “Facilidades Extendidas”, que otorga un margen de entre 7 y 10 años, el plazo al que apunta Argentina.

(AMBITO) YPF: grupo de bonistas liderados por Dechert LLP consideró positivas las mejoras del canje
Este Comité Ad Hoc de bonistas dijo que apoya los esfuerzos de buena fe de la compañía para adaptarse a las demandas de los inversores y «espera que las mejoras contribuyan en gran medida para convencer a los acreedores internacionales para que sigan invirtiendo en YPF». El Comité Ad Hoc de bonistas de la petrolera YPF liderado por Dechert LLP, DLA Piper Argentina dijo este martes que considera positivas las mejoras en los términos de canje de deuda que hizo la compañía. De acuerdo con un comunicado, el Comité apoya los esfuerzos de buena fe de la compañía para adaptarse a las demandas de los inversores y «espera que las mejoras contribuyan en gran medida para convencer a los acreedores internacionales para que sigan invirtiendo en YPF». El grupo, cuyo comunicado se conoció horas después del rechazo de otros bonistas a la propuesta de la petrolera argentina, consideró positivas las mejoras en los términos económicos de la oferta de canje realizadas por YPF antes de la fecha de vencimiento. YPF, que es controlada por el Estado, había informado el lunes que mejoró la oferta de canje de bonos ajustando la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo para obtener una mayor adhesión al canje.

(AMBITO) Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 3 de febrero
La autoridad monetaria comenzó con el pie derecho un mes en el que se prevé un menor flujo de divisas. En el segmento bursátil, el dólar «contado con liqui» y el «bolsa» alcanzaron nuevamente precios máximos desde octubre. El dólar «contado con liqui» (ccl) volvió a subir este martes y redujo su distancia con el «solidario» y el blue, quedando a menos de $2 de este último. En el segmento oficial, el Banco Central (BCRA) volvió a cerrar la jornada con un saldo positivo en sus intervenciones para regular la cotización mayorista a pesar de que se prevén más días de ventas que de compras durante febrero producto de diferentes presiones sobre la demanda de moneda estadounidense. El ccl sumó un 0,3% (47 centavos) a $151,49 para llevar la brecha con el mayorista al 72,7%; mientras que el mep o «bolsa» subió en la misma proporción (50 centavos) a $148,81 lo que dejó un spread del 69,7%. De esta manera, los tipos de cambio bursátiles alcanzaron nuevamente precios máximos desde fines de octubre. Según analistas, fue la primera jornada del año en la cual no se vislumbraron indicios de intervención de organismos oficiales mediante venta de bonos para bajar al mep. Federico Broggi, jefe de Research de Invertir en Bolsa (IEB), comentó a Ámbito que febrero es un mes en el cual tanto el tipo de cambio oficial como los paralelos se van a ver presionados por diferentes factores. De todos modos, aclaró que «afortunadamente el Gobierno fue recuperando herramientas los últimos meses para amortiguar estás presiones como reservas y disminución de sus tenencias vendidas en dólar futuro y, aún cuenta con la posibilidad de subir tasas». Al ritmo de la paulatina caída de la demanda de dinero, los dólares financieros cerraron el mes pasado con alzas de hasta casi 7,5%, lo que representó la mayor suba mensual desde septiembre pasado, y el doble de la registrada por el tipo de cambio oficial a lo largo del primer mes del año, período en el que el Banco Central volvió a sumar divisas a sus reservas. En ese marco, las brechas se ampliaron hasta seis puntos porcentuales. Más allá de las habituales intervenciones de organismos oficiales, la CNV y la AFIP pusieron bajo la lupa la operatoria de estos tipos de cambio a lo largo del mes pasado, a través de inspecciones, controles y nuevas regulaciones. En busca de dotar de mayor volumen al mercado y así reducir la volatilidad de las cotizaciones, la CNV viene flexibilizando mes a mes el denominado «parking», que es el plazo en el cual los inversores deben quedarse con sus activos en pesos antes de liquidarlo en dólares. Adicionalmente, el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont encontró operaciones con bonos y acciones poco justificadas por un monto aproximado de u$s402 millones en los últimos dos meses.

(AMBITO) YPF prepara asamblea del 11 de febrero para convencer a bonistas que piden más
En la reunión buscarán sumar adhesiones al nuevo canje. Un grupo de bonistas ya rechazó la nueva oferta. Tras una fallida primera convocatoria a sus tenedores de bonos del 25 de enero, YPF mantiene para el 11 de febrero su segunda convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de acreedores para convencer a los bonistas que aún no aceptaron. En la víspera, el directorio de YPF mejoró su propuesta de refinanciación de deuda por u$s 6.600 millones, con una combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo 2021. Según destacaron desde la empresa, la nueva oferta es un «último esfuerzo» por acercar posiciones con los inversores. La propuesta vuelve a «ajustar» la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo 2021, según deslizaron a Ámbito desde la petrolera de bandera nacional. Este título es el objetivo principal de la transacción en el marco de las restricciones cambiarias que imposibilitan a la compañía pagarlo en su totalidad al vencimiento. Este martes se conoció que un grupo de bonistas de YPF, entre los cuales se encuentra el fondo BlackRock, rechazó la última mejora de oferta realizada por la petrolera. Los bonistas consideraron «insuficiente» la última enmienda que incrementa el pago de efectivo en el bono con vencimiento en 2021. La petrolera, que no tiene acceso al mercado de cambios para afrontar un pago de más de 400 millones de dólares, había advertido que se trataba de su «último esfuerzo» para intentar convencer a los bonistas pero, según consignó la agencia Bloomberg, el Grupo Ad Hoc de acreedores la rechazó. Ese consorcio de bonistas está integrado por 13 inversores institucionales que actúan en nombre de sus clientes y son titulares de más del 25% del total de los bonos en circulación. El grupo Ad Hoc es uno de los dos involucrados en la negociación con la petrolera argentina. La oferta superadora apunta a generar un «rebalanceo» entre efectivo y títulos: los tenedores del bono 2021 recibirán una mayor cantidad de efectivo, reduciendo en igual medida los nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2026 entregados en contraprestación por sus títulos ingresados en el canje. Con la última oferta, YPF espera contar con la participación de un número importante de sus inversores y lograr así los objetivos buscados en el marco de la oferta inicial presentada el 7 de enero pasado. YPF realizó la semana pasada una primera mejora a su oferta inicial -que se sumó a una adenda implementada la semana anterior- con la que se buscó fortalecer la estructura de garantías del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026, y atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los próximos dos años. Respecto del flujo de intereses durante los próximos años, la compañía incorporó en la mejora de la semana pasada el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033. Adicionalmente, para incrementar el valor económico de la propuesta de canje, la empresa incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicable desde enero de 2023. Por otro lado, también modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras. Con este último ajuste al prospecto, YPF espera alcanzar con éxito el final del proceso en curso que por cuestiones regulatorias y legales debe concluir a más tardar el 12 de febrero, fecha máxima para la liquidación del canje y emisión de los nuevos títulos.

(BAE) El empleo tardará 5 años en recuperar niveles prepandemia
Si bien la actividad económica, a priori, logrará torcer la racha de tres caídas anuales consecutivas, el empleo no logrará recuperar lo perdido en el segundo trimestre del 2020. Los indicadores de pobreza también tendrán un andar lento. Con una política fiscal redistributiva, la historia sería distinta, aunque las restricciones monetarias juegan en contra. Las variables sociales clave, como el empleo y la pobreza, sufrieron un mazazo durante la pandemia y se deterioraron a una velocidad récord, aunque en el caso de la desocupación Argentina mostró un desempeño mejor al del resto del continente, gracias al ATP y la prohibición de los despidos. Eso sí: la expectativa en materia de empleo es que el rebote sea mucho más lento y tomaría en torno a cinco años de crecimiento a buen ritmo para recuperar los niveles previos. La consultora Abeceb publicó una estimación en base a un dato en el que Argentina tuvo peor desempeño que el promedio global: las horas trabajadas. Mientras que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo las horas trabajadas cayeron 10% interanual en promedio, en Argentina lo hicieron al 20%. Eso ocurrió por una cuarentena espcialmente rígida y una cantidad de protocolos para volver a la actividad, lo que permitió por ahora una sostenida recuperación del PBI. Pero una normalización de ese ritmo llevará al rebote de los puestos de trabajo a hacerse más lento. Según la estimación de Abeceb, en el 2021, con un rebote de la actividad proyectado de 5,9%, el crecimiento del empleo estaría entre 1,6% y 3,3%, lo que significaría una creación de 500.000 puestos de trabajo. Por cierto, mucho menos que los 2.000.000 que se perdieron a velocidad extraordinaria entre el primer trimestre y el tercero del 2020. Cabe destacar que, más allá del desempeño de la economía local en horas trabajadas, Argentina tuvo el segundo mejor destino en materia de desempleo a nivel América Latina. De hecho, la desocupación saltó desde el 8,9% en el último trimestre del 2019 hasta el 11,7% en el tercero. Un incremento de 2,8 puntos. Con la excepción de Uruguay (salto de solo 2 puntos), al grueso de los vecinos les fue peor: Chile pasó de una tasa de 7,8% en el cuarto trimestre del 2019 a 12,3% en el tercero del 2020, una diferencia de 4,5 puntos; Perú de 6,3% a 16,5%, una brecha de 10,2 puntos; Bolivia de 4,8% a 10,8%, un gap de 6 puntos; Paraguay urbano de 6,3% a 10,1%, un salto de 3,8 puntos; Colombia de 11,3% a 21,2%, un incremento de 9,9 puntos; Brasil de 11,2% a 14,2%, una suba de 3 puntos (promediando los tres meses de cada período); Ecuador urbano de 4,4% a 7,5% entre diciembre y septiembre, un crecimiento de 3,1 puntos. Eso sí, el mayor impacto durante el segundo trimestre del 2020, cuando el empleo se desplomó, lo sufrieron los asalariados no registrados y los cuentapropistas. Es decir, el trabajo precario, que también fue el que explicó el importante rebote una vez que la cuarentena comenzó a ceder, hacia el tercer trimestre. Para Abeceb, la recuperación seguirá siendo traccionada por esos sectores. Un informe publicado por la consultora LCG realizó proyecciones para el segundo trimestre de pobreza y desocupación, a partir de distintos escenarios para el salario real y la recuperación del empleo. Señaló que, en un supuesto optimista, en el que el salario crece 3% y la cantidad de gente que tuvo que salir del mercado laboral durante la pandemia recupera su puesto, el desempleo sería de 10,6%. Se trata de un número todavía muy alto pero bastante mejor que el 13,1% que marcó el segundo trimestre del 2020. E idéntico al del mismo trimestre del 2019. La pobreza, por su parte, bajaría hasta 42,9%, también un número altísimo, aunque por debajo del 47% que marcó el segundo trimestre del 2020. En un escenario menos optimista, en el que el salario empata con la inflación y solo el 75% de los trabajadores recupera su puesto de trabajo, la pobreza quedaría en 45,7% y el desempleo en 11,4%. En el peor de los mundos, con el salario cayendo 7% y sin recuperación del mundo del trabajo, la desocupación se iría a 14,7% y la pobreza a 50,4%. Además estimó que con una política fiscal redistributiva, el número de pobreza podría desplomarse hasta el 33,8%. Sostuvo: «La respuesta lógica pareciera que es que habrá que hacer políticas de redistribución más efectivas. Los resultados efectivamente se consiguen. En un escenario en el cual se asumen que los inactivos surgidos de la pandemia vuelven al mercado pero que solo 3 de 4 consiguen un empleo, y que el salario real ajusta 3% anual, si se mantiene el IFE la pobreza caería a 44,3%; si se suma un bono de $5000 a jubilados, pensionados y beneficiarios de un plan social se podría aspirar a un 38,5%; y si ese beneficio fuera de $10.000 como el IFE, podríamos retomar un nivel de pobreza de 33,8% hacia el 2 trimestre de 2021».

(BAE) La Justicia suspendió el DNU que declaró servicio esencial a las telecomunicaciones
Una medida cautelar determinó que el Enacom «no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas». Según la evidencia, el decreto impide a las empresas poder recuperar las inversiones realizadas y continuar prestando sus servicios tal como hacen hoy. Una resolución judicial suspendió el decreto que regulaba los precios de la telefonía móvil y determinó que los servicios de internet y la televisión por cable y determinó que podrán fijar sus precios a fin de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan. La medida cautelar determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de «todo acto dictado como consecuencia de dichas normas». Asimismo, ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) «abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva». El amparo fue interpuesto por la cableoperadora TV Cable Color S.A. de Córdoba, el organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, que se encuentran suspendidas de un modo general, algo que alcanza a todos los operadores de telecomunicaciones de Argentina. De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, de la prueba aportada surge que la imposibilidad de fijar los precios libremente establecida por el Decreto 690 -que declaró servicios públicos a las TICs, incluyendo a la TV por cable- impide a las empresas poder recuperar las inversiones realizadas y continuar prestando sus servicios tal como hacen hoy. Desde la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) aseguraron que la situación del sector ya se había visto muy afectada por la Resolución 1466 de diciembre pasado que autorizó un aumento de entre el 5% y el 8 por ciento. “Ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un año”, declararon. Las situación de la industria afectada por el DNU
«La intervención estatal y el consecuente atraso en los precios, sumado al significativo aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una disminución muy significativa de la generación de ingresos», detallaron. En este sentido, sugirieron que el DNU «pone en riesgo la posibilidad de realizar inversiones de capital ya no para el crecimiento sino para el propio mantenimiento de los servicios TICs que demandan los usuarios». Además, agregaron que, por la pandemia del coronavirus (Covid-19), los usuarios requieren cada vez mayor ancho de banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos. «El fallo deja en claro que los derechos vulnerados no son sólo los de la empresa y quienes dependen de ella, sino también los de todos aquellos que se sirven de los servicios que ésta presta. En otras palabras, que los usuarios pueden verse privados de continuar recibiendo los servicios contratados», aclararon desde la ATVC. “Existen sobradas experiencias de servicios públicos donde la falta de inversión -producto de la alteración de la ecuación económica de los mismos- terminó degradándolos al punto de comprometer su misma prestación. Pretender hacer lo mismo con servicios que están en competencia y que requieren altos niveles de actualización tecnológica, sería condenar a los argentinos a la desconexión y el atraso”, alertó la entidad empresaria, tras conocerse el fallo judicial. Además, recordó que “en ningún país del mundo los servicios TICs tienen una regulación con estos alcances ni un régimen de precios general intervenido por el Estado”. No obstante, los operadores aclararon estar dispuestos a colaborar «para atender situaciones de vulnerabilidad, para establecer mecanismos de emergencia y para contribuir a un acceso universal de los servicios básicos», aunque consideraron necesario «asegurar la sustentabilidad y la continuidad operativa de quienes nacimos, crecimos y operamos sin subsidios y en competencia a lo largo y ancho de todo el país». Qué dice el DNU que regula las telecomunicaciones
El DNU 690/20 establece modificaciones a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e incorpora un artículo a esa norma a través del cual otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Asimismo, determina que la autoridad de aplicación -el Ente Nacional de Comunicaciones- “garantizará su efectiva disponibilidad”. El DNU había sido anunciado por Alberto Fernández el pasado 21 de agosto. A través de su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado comunicó que se congelaban hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a internet y la TV paga. No obstante, los declaró servicios públicos esenciales. De este modo, las empresas que prestan estos servicios no podrían en el futuro aumentar los precios a sus clientes sin contar con una autorización previa del Estado.

(BAE) Dólares del campo: el BCRA prepara una medida para agilizar la liquidación de granos
Dará cobertura cambiaria a un valor negociable que ofrece Matba-Rofex y permite a los productores vender granos con precios a fijar de forma garantizada. El Directorio de la entidad lo tratará este jueves. Buscan potenciar la herramienta para apurar el ingreso de divisas. El Banco Central y Matba-Rofex trabajan para potenciar un instrumento financiero que apunta a reducir el acopio de granos por parte de los productores agropecuarios y, por ende, a agilizar la liquidación de divisas de los exportadores. Según supo este diario de fuentes al tanto de las conversaciones, el Directorio de la entidad que preside Miguel Pesce se prepara para oficializar este jueves una norma que dé cobertura cambiaria a los contratos garantizados de venta con precios a fijar. La expectativa oficial es que esto ayude a disminuir las toneladas retenidas por los chacareros durante la cosecha y contribuya, con un mayor ingreso de dólares, a estabilizar el tipo de cambio y a acumular reservas. Se trata del PAF Garantizado, una herramienta que ofrece Matba-Rofex desde diciembre. Básicamente, consiste en respaldar una operación muy extendida en las cadenas del agro: la compraventa de granos con precios a fijar entre productores y exportadores o agroindustriales, que representa alrededor del 40% de la comercialización de cada campaña. Con este instrumento, por el que los compradores integran el 110% del valor del grano recibido como garantía, los productores esquivan el riesgo de dificultades para el cobro, como les ocurrió a muchos a raíz de la presunta estafa de Vicentin. A comienzos del año pasado, las autoridades del BCRA le habían pedido al Rofex el desarrollo de un valor negociable que ayude a agilizar la venta de granos y la retención de las cosechas que suelen realizar los productores para preservar el valor de sus activos, especular con ventas a mayor precio o presionar por una devaluación. Por caso, según estimaciones que manejan los funcionarios, de la cosecha pasada de soja aún quedan en los silobolsas unas 15 millones de toneladas, que a precios de hoy equivalen a unos 7.500 millones de dólares. En julio el instrumento ya estaba en desarrollo tras las primeras reuniones entre la cadena de granos y Matba-Rofex. En noviembre lo aprobó la Comisión Nacional de Valores y en diciembre ya estaba operativo. En los dos meses que lleva activo, se pactaron 70.000 toneladas con PAF Garantizados. La mayor parte fue en trigo por una cuestión estacional, aunque el objetivo es que se utilice para todos los granos. Ahora la intención oficial es ayudar a potenciar su uso. ¿Cómo funciona el PAF Garantizado y qué hará el BCRA?
“La fijación del precio en el PAF se hace mediante la operatoria de contratos a futuro. La posición de futuro a la que está referenciada el contrato define el tope temporal máximo para pautar el precio. Por ejemplo, hoy hay PAF para el trigo a marzo, julio y septiembre. La fijación la hacen ambas partes de forma independiente. El vendedor del grano cuando quiere fijar un precio vende futuros y el comprador del cultivo cuando quiere hacerlo compra futuros”, explicó Marcelo Comisso, gerente de Investigación y Desarrollo de Productos de Matba Rofex en diálogo con BAE Negocios. Fuentes al tanto de los planes oficiales le confiaron a este medio que la norma que discutirá este jueves el directorio del BCRA busca dar cobertura cambiaria a Rofex para que la entidad bursátil pueda hacer crecer la operatoria de esta herramienta. Es que Rofex tiene que constituir garantías por los contratos a futuro que se celebran y las dificultades para construir esas garantías limita la capacidad de generar contratos a futuro. Con la nueva regulación, podrán constituirlas en pesos linked contra una letra del BCRA. Como los productores pactan en dólares pero reciben siempre pesos que se liquidan en el mercado oficial, quien vende a futuro se garantiza el precio y cobrar al tipo de cambio de la fecha de fijación de la cotización. Así, la medida apunta a desarrollar el mercado de futuro y a la vez dar garantías, previsibilidad y cobertura a los productores, confiaron las fuentes. En el Gabinete económico hay buenas expectativas respecto de este instrumento. Consideran que hoy la principal demora en el ingreso de divisas está dada por el acopio de granos por parte de los chacareros. Si la herramienta ayuda a que el tránsito del producto desde el silobolsa hasta las grandes agroexportadoras sea más rápido, se agilizará la llegada de agrodólares. Incluso se entusiasman con la posibilidad de que los sojeros se desprendan de parte de la producción retenida y que esto traiga un alivio en febrero, un mes siempre complicado en materia cambiaria por la menor demanda estacional de dinero y por el bache que tradicionalmente se genera en la liquidación del sector primario hasta que entre la cosecha gruesa, a fines de marzo o comienzos de abril. El actual boom de precios de los commodities, que hizo subir la soja casi un 40% en medio año, podría ser un aliciente importante para que los productores busquen garantizarse un valor elevado ante el riesgo de que los actuales niveles no se sostengan en el tiempo. Comisso contó que en estos momentos tienen reuniones con distintos sectores de las cadenas agroindustriales para ampliar el desarrollo del PAF Garantizado en el maíz y en la soja. “Creemos que el potencial de uso puede ser muy alto”, remarcó. Uno de los grandes objetivos económicos del Gobierno para este año pasa por mantener el dólar a raya y que la evolución del tipo de cambio acompañe el ritmo de la inflación. Otro es iniciar un sendero de acumulación reservas, que en términos netos –es decir, las divisas de libre disponibilidad- se encuentran en un nivel muy bajo. Con un supercepo que no se relajará en el corto plazo, la clave para cumplir ambas metas es conseguir un importante superávit comercial. Proyecciones privadas anticipan un saldo a favor de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares para este año. Pero para lograrlo serán fundamentales dos factores. Por un lado, que se concrete un mayor ingreso de divisas impulsado por la suba de los commodities. Esto dejaría unos 10.000 millones de dólares adicionales de exportaciones, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. En el Gobierno son algo más cautelosos y esperan un extra de 3.000 millones. Por otro lado, del ritmo de crecimiento de las importaciones que genere el rebote de la economía que en Argentina siempre es elevado: por cada punto de crecimiento de la actividad, las compras al exterior se expanden 3%.

(INFOBAE) El BCRA, ante una decisión difícil: contener la suba del dólar oficial para desalentar las expectativas de inflaciónEs uno de los temas que sigue con mayor atención el titular de la entidad, Miguel Pesce. Se espera una baja gradual de la inflación a 3,7% en febrero. Para buscar una disminución mayor en los próximos meses, habría una señal por el lado de la política cambiaria.
Uno de los objetivos que se propuso Miguel Pesce al asumir en el Banco Central fue evitar que se produzcan situaciones de atraso cambiario. Al menos logró que el dólar oficial no le pierda pisada a la inflación a lo largo de 2020 y que el tipo de cambio real no sufriese un deterioro relevante, aunque las cotizaciones de los dólares financieros se dispararon a lo largo del año pasado. Uno de los dilemas que enfrenta ahora el titular del BCRA es si mantiene la tasa de devaluación muy cerca de la evolución de la inflación o, por el contrario, empieza a poner un freno a la suba del dólar oficial para así también influir en las expectativas inflacionarias. En diciembre el dólar mayorista subió 3,5% y en enero llegó a 3,7%, en ambas ocasiones levemente por debajo del 4% que marcó la inflación cada mes. Ayer el tipo de cambio mayorista cerró a $ 8,70 y en el arranque de febrero mantuvo un ritmo similar de suba al que venía mostrando en el primer mes del año. Siguiendo esta lógica, la suba del tipo de cambio debería mantenerse en el rango del 3,5% al 4% mensual. Pero dentro del BCRA dudan. ¿Y si es justamente la suba del dólar oficial lo que también termina acelerando la inflación? En una jerga coloquial seria algo así como el dilema del “huevo y la gallina”: ¿qué viene primero? Según las proyecciones que se manejan en el BCRA, la inflación de febrero apuntaría al 3,7%, por lo que de por sí podría alentar a una desaceleración del ritmo de devaluación oficial. Habrá que ver hasta qué punto el titular de la entidad está dispuesto a dar ese paso. Otro tema clave es si llegó el momento de volver a subir la tasa de interés, que en los últimos meses quedó claramente debajo de la inflación. También sería lógico, pero el temor del equipo económico es que tasas mucho más altas terminen impactando en el ritmo de reactivación que muestran distintos sectores. El ritmo de aumento del dólar oficial también es un elemento que genera presiones inflacionarias. Por eso, en el Central creen que una desaceleración también ayudaría a establecer un ancla contra la suba de precios, que se aceleró fuertemente hasta llegar a un pico de 4% mensual en diciembre y enero
Por otra parte, si la expectativa oficial es que la inflación se ubique debajo del 35% y más cerca del 30% este año, la lógica indica que la tasa de devaluación debería ser menor para no alentar los ajustes de productos más dolarizados. El mejor ejemplo es el combustible. Las dos subas de enero explican, junto con el fuerte aumento de la carne, por qué el primer mes del año arrancó con un índice tan elevado. Un aspecto que le juega a favor al Central es que las monedas de la región y en general de los mercados emergentes tienen buenas perspectivas, es decir que podrían revaluarse en relación al dólar. Esto sería por el fuerte ingreso de divisas producto del aumento de las materias primas. En este escenario, un menor ritmo devaluatorio del peso tendría cierta lógica en el marco de lo que sucede con los socios comerciales de la Argentina, en particular Brasil. Febrero no es un mes sencillo para el manejo de la política monetaria. Hay poco ingreso de divisas y al mismo tiempo quedan muchos pesos sobrantes por la fuerte emisión monetaria de fines del año pasado. Por eso el equilibrio es muy delicado. En años anteriores se cometió el error de relajar demasiado las riendas ante un tipo de cambio que parecía estabilizado, pero se termina pagando caro, con un fuerte salto de los dólares financieros. Un aumento de la brecha cambiaria tendría fuertes consecuencias negativas para el ritmo de inflación y desde ya para la recuperación económica.

(INFOBAE) Control cambiario: el Gobierno convoca a las empresas para anticiparles cuántos dólares tendrán disponibles durante 2021Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo mantuvieron encuentros con algunas compañías y a otras les informa vía telefónica si el plan presentado fue o no aprobado. Buscan que no superen las importaciones de 2020
El Gobierno explicó el resultado comercial deficitario de diciembre (de USD 364 millones) por el paro de tres semanas del gremio de aceiteros, pero la foto del cierre de 2020 preocupa. Sin esa situación particular, la balanza ya venía en franco deterioro desde agosto del año pasado, por lo que el foco hoy está puesto en lograr un crecimiento de las exportaciones y en frenar las importaciones que no sean destinadas a la producción local. El principal problema hoy es que no hay dólares y, en la visión oficial, la recuperación de las reservas será un camino gradual. En este contexto, que ya se viene explicitando desde el año pasado pero que con el rebote de la economía comienza a sentirse más por la necesidad de las empresas de importar más, es que el Gobierno comenzó a reunirse con el sector empresario para fijarles cuál será la pauta de comercio exterior 2021. Con el formulario que deben completar ante la AFIP lleno, los funcionarios de la Secretaría de Industria comenzaron a hacer la devolución. Con algunas firmas se está reuniendo de forma presencial, mientras que con otras sólo basta con un llamado telefónico. De hecho, con varias de las terminales automotrices ya hubo encuentros, en tanto que esta semana será el turno de los supermercados, según confirmaron fuentes empresarias. La línea que están bajando los funcionarios es que no autorizarán un cupo mayor al efectivamente concretado en 2020, o en algunos casos un leve excedente; por lo tanto, un salto más importante en el nivel de compras al exterior deberá estar compensado por un aumento en la exportación. Otra opción es avanzar con una mayor localización de insumos locales para liberar cupo para otros productos. “Nos habían pedido en diciembre nuestro plan anual de producción, exportación, localización e importación para este año y tuvimos una reunión el mes pasado en la que nos dijeron que estaban de acuerdo en todo, pero que en cuanto a las compras al exterior, lo iríamos viendo mes a mes”, dijeron fuentes de una automotriz. Como gran importador, no sólo de piezas sino también de autos terminados, el sector ya venía desde el año pasado con fuertes restricciones en la aprobación de las licencias no automáticas. Para este año, la preocupación es mayor, ya que la industria arrancó el 2020 con importantes stocks, que hoy ya no existen; y la proyección de patentamientos asciende a los 450.000, que representa 30% más en términos interanuales. Los funcionarios niegan los planteos de los empresarios en cuanto a que no se aprueban los permisos para importar; por el contrario, afirman que el nivel de autorizaciones fue alto
Fuentes de esta terminal valoraron que durante enero el Gobierno autorizó las licencias que se había comprometido -que igualmente eran menos que las pretendidas- y están a la espera del encuentro de febrero para que les avisen cuál será el nivel de aprobación de este mes. Según les dijeron los funcionarios -del equipo del secretario de Industria, Ariel Schale-, el monitoreo será permanente durante el primer trimestre, ya que en marzo podría haber un fuerte aluvión de dólares por la cosecha gruesa y eso descomprimiría la apretada situación actual.“Este año empezamos con un cupo limitado de importaciones. El 2020 lo habíamos empezado sin limitaciones. Hay que ver cómo sigue. Lo importante acá es si vamos a poder alcanzar los objetivos de negocios con los niveles que nos están aprobando. Y yo no creo”, admitió un importante directivo de otra automotriz, y agregó: “Los que más exportan podrán importar más”. El presidente de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), Rubén García, confirmó a Infobae que “algunas empresas han tenido llamados de la Secretaría en los que les avisaron que les darán bastante menos de lo que habían pedido en el plan presentado”. “Te hacen un aviso protocolar de algo que en 2020 no cumplieron. Una vez que presentaste las proyecciones, te llama una persona y te dice ´te vamos dar X’, siempre menos, y en 2020 ya había sido menor que en 2019. Hoy te piden igual que el año pasado que bajó abruptamente el trabajo. Lo único que están haciendo es achicando el comercio y el trabajo”, se quejó el directivo. El sector del supermercadismo es otro que suele importar cantidades importantes de mercadería y ha sufrido las consecuencias del regreso de la administración del comercio. Los mayor inconvenientes se detectan en los rubros de juguetes, textil y electrónica/electrodomésticos, ya que además del cuidado de los escasos dólares que hoy tiene la Argentina, el Gobierno busca proteger la producción nacional. Fuentes de una cadena precisaron que pudieron importar mercadería por unos USD 40 millones cuando el objetivo era hacerlo por USD 50 millones y tuvieron problemas con mercadería que quedó demorada en la Aduana y que “seguramente será descontado del cupo previsto para 2021″. Las empresas que reciben el llamado del Gobierno con la buena noticia de que “el plan presentado fue aprobado” son aquellas que prevén un aumento en las exportaciones y una disminución de las importaciones, el esquema ideal para el equipo que lidera Matías Kulfas. Le ocurrió a una importante firma de consumo masivo, que recibió ayer el llamado esperado, pero que al mismo tiempo tiene licencias no automáticas sin aprobar desde hace cinco meses. Frente a estos planteos de los empresarios de que no se aprueban los permisos para importar, los funcionarios lo niegan y afirman, por el contrario, que el nivel de autorizaciones fue alto. De hecho, las compras al exterior entre noviembre y diciembre del año pasado tuvieron un aumento interanual superior al 20% y eso hizo que, conjuntamente con una caída superior de las exportaciones, el superávit se fuera consumiendo. Pero ya diciembre mostró déficit y la situación hacia adelante no se presume alentadora en materia de exportaciones -más allá del efecto cosecha-, por lo que el sector empresario imagina un 2021 igual o más restrictivo que el año pasado.

(INFOBAE) Cuánto deberían aumentar las tarifas según el “plan Guzmán” de subsidios para este añoEl ministro de Economía defendió el Presupuesto y dijo que el Gobierno no gastará en subsidios más que en 2020. El ENRE y Enargas trabajan en un cuadro tarifario nuevo y apuran una segmentación de usuarios para definir los aumentos.
El congelamiento de tarifas atraviesa sus últimos meses y el Gobierno prepara para el segundo trimestre del año un esquema de deshielo de los valores de los servicios públicos tras un año y medio de precios sin cambios. Al menos esa es la hoja de ruta que se planteó el ministro de Economía Martín Guzmán, que no deja de ser un plan con cuestionamientos dentro del propio Frente de Todos y que, por lo tanto, todavía está en disputa. El jefe del Palacio de Hacienda busca aplicar incrementos segmentados con una premisa central: que este año no se gaste más subsidios que los que fue gastado en 2020. Claro que el programa de descongelamiento que trazó Guzmán conllevaría un ritmo de aumento en las tarifas que pondrá a prueba otra de las metas económicas de este 2021: que la inflación termine unos cinco puntos porcentuales por debajo del 36,1% con que terminó el 2020. De acuerdo a estimaciones privadas, las boletas deberían tener reajustes de, al menos, el 40% para cumplir con la intención de no agrandar la cuenta presupuestaria de subvenciones. Hace diez días, en una visita al Chaco en el marco de las “giras” por el interior del país que comenzó en 2021 y que incluyen reuniones con gobernadores, empresarios y charlas en universidades públicas, Guzmán habló sobre la perspectiva de descongelamiento de tarifas en el año electoral. Martín Guzmán busca aplicar incrementos segmentados con una premisa central: que este año no se gasten más subsidios que los que se gastaron en 2020.
“Venimos trabajando en un cuadro tarifario, el marco para eso la ley de Presupuesto 2021 que establece cuál es el monto de subsidios sobre el PBI en el cual se debe enmarcar el cuadro tarifario. Vamos a desestimar el cuadro tarifario de la gestión anterior porque no lo consideramos razonable”, afirmó. Y en ese sentido, concluyó: “Queda afuera porque no lo consideramos razonable en función de alinear los objetivos de tarifas razonables para los hogares y las empresas, alcanzables y alineadas con fomentar la competitividad y que al mismo tiempo sean tarifas que fomenten los incentivos a la inversión”, dijo Guzmán. De esa forma, el ministro de Economía defendió la ley de gastos e ingresos que le da un plafón para sostener ante las empresas del sector y, además, hacia dentro de la alianza de Gobierno, la necesidad de iniciar el proceso de deshielo de las tarifas, que están congeladas desde agosto de 2019 tras las elecciones presidenciales primarias.

Cuánto deberían aumentar las tarifas bajo el “plan Guzmán”
En el Gobierno evitan hablar de cualquier cifra de eventuales reajustes de tarifas. De todas formas, el eje de la política de subsidios que marcó Martín Guzmán -que no aumenten este año en relación al PBI- permite a consultoras y expertos hacer estimaciones sobre cuánto deberían aumentar los servicios públicos en ese marco de acción. De acuerdo a un trabajo de la consultora Ecolatina, las boletas de luz y de gas deberían aumentar este año un 40% para que las subvenciones tengan el mismo peso presupuestario (2,6% del Producto Bruto Interno) que en 2020. Es un punto porcentual más en relación a 2019, el último año con correcciones tarifarias. Un informe reciente de la PxQ, la consultora que dirige Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Axel Kicillof, el aumento que requerirían las tarifas para estabilizar el ratio de subsidios sobre el PBI sería del 30%. Esto en el marco de una inflación del 40%. Y por su parte, los economistas Julián Rojo y Alejandro Einstoss, especialistas en el sector energético, estimaron que en realidad las tarifas necesitarían un incremento de piso de 60% para el gas y de 40% para la energía eléctrica para que no aumente en términos reales el gasto en subsidios. Las consultoras estiman que las tarifas deberían aumentar entre 30 y 60% este año para que la cuenta de subsidios no aumente en relación a 2020. Durante 2020 el Gobierno duplicó en términos nominales el gasto en subsidios durante 2020 por el congelamiento de tarifas, lo que medido en términos reales representa un 30% de incremento, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En total el Poder Ejecutivo gastó unos $580.000 millones, un incremento real de 31%. Para el sector energético (gas y energía eléctrica) el aumento fue de 35% y para el transporte público, de 17%. La mayor parte de la suba en el gasto en subvenciones estuvo explicado por los $323.000 millones que el Estado destinó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la compañía estatal que compra de forma mayorista el suministro a los productores. Con tarifas congeladas, las distribuidoras acumulan deudas con Cammesa y el Estado nacional debe salir a cubrir esa diferencia con subvenciones. Esta partida de gasto tuvo un alza de 64% en términos reales, según midió la Oficina de Presupuesto del Congreso. Para el caso del gas, los subsidios del Estado son dirigidos directamente a la oferta a través del Plan Gas, que requirió fondos por $40.000 millones y que representó así un 2% de incremento real. Por el contrario, los envíos de fondos a Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa) superaron los $46.000 millones, una caída de 24% por el abaratamiento del precio de importación de gas. Las subvenciones a la demanda también cayeron un 16%.

(CRONISTA) Desabastecimiento: el Gobierno se mete en las empresas para buscar sobrestock y menor producción
Cerca de 15 alimenticias ya recibieron a los funcionarios, que quieren evitar especulaciones por parte de las compañías. El Gobierno advirtió el faltante de productos que se comenzó a dar en varios comercios de diferentes partes del país, y salió con todo a fiscalizar a las productoras de alimentos por dentro. Desde la semana pasada, funcionarios del Gobierno se acercaron a no menos de 15 compañías con el objetivo de observar de cerca no solo el nivel de producción que mantienen, sino también el nivel de stock con el que cuentan. De este modo, pretenden dilucidar cuál es el momento en el que se rompió la cadena de aprovisionamiento. Incluso, las inspecciones llegaron también a algunas cadenas de supermercados con la misma búsqueda: analizar la cantidad de productos en góndolas, y el volumen de stock, descartando que exista cualquier tipo de especulación en cuanto a la oferta. La mira oficial está puesta solo en los alimentos. Estos operativos incluyeron tanto a compañías estrictamente alimenticias como a aquellas que fabrican otro tipo de productos, como higiene o perfumería. Pero en esos casos solo se ocupan de analizar lo referente a los alimentos. Además, tampoco se trazó una diferenciación entre la mercadería que forma parte del programa Precios Cuidados y la que no. «El faltante se verificó en ambos segmentos, por lo que la decisión es abarcar un abanico lo más amplio posible», sostuvo otra de las fuentes. Según pudo saber El Cronista, en varias de las empresas fiscalizadas se encontraron -en opinión del Gobierno- varias cuestiones que, al menos, merecen una explicación por parte de los fabricantes. Así, una vez que la misión oficial se retira, las empresas reciben un informe pormenorizado con todos los puntos sobre los que se requiere una aclaración. Luego, tienen cinco días hábiles para presentar sus explicaciones. El Gobierno determinará luego si corresponde o no la aplicación de algún tipo de sanción. En las empresas, en este sentido, hicieron referencia a dos cuestiones centrales. La primera, que el conflicto de los transportistas generó inconvenientes en la normal provisión de insumos para llevar adelante su producción, situación que no les permitió alcanzar el nivel de producción habitual. «Ya lleva demasiados días pero no se le encuentra una solución por parte del Gobierno. Ese también es un punto que se debería tener en cuenta a la hora de analizar sanciones», afirmó el vocero de una alimenticia. Además, en algunos casos se dieron cortes de luz, que obligaron a reiniciar la producción y desechar productos que quedaron a mitad de camino. Por último, las alimenticias sostienen que también se debería hacer foco en los costos intermedios existentes en la cadena de producción, un punto en el que, afirman, «nunca se puso el foco como corresponde y es clave a la hora de analizar nuestros costos. La rentabilidad es cada vez menor». Del otro lado, desde los centros de abastecimiento apuntan contra las alimenticias, y denuncian que el sector comercial está «jaqueado» ante las listas de precios con incrementos de precios que llegan por parte de los proveedores, superiores a los autorizados por la Secretaria de Comercio.

(CRONISTA) Fuerte apuesta de Argentina por acercarse a EE.UU. en energía, comercio y deuda
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, preparan visitas a ese país para potenciar las relaciones bilaterales; acercamientos del embajador Argüello al gobierno de Biden. La Argentina se encamina en los próximos días a reforzar los vínculos con Estados Unidos bajo una nutrida agenda enfocada no sólo en el acuerdo por la deuda con el FMI sino también en el plano de las inversiones energéticas, el refuerzo del comercio bilateral y las acciones conjuntas contra el cambio climático. La cristalización de esta estrategia estará plasmada en los viajes que se están programando para las próximas semanas a Estados Unidos del ministro de Economía, Martín Guzmán y del secretario de Energía, Darío Martínez, con la supervisión del embajador argentino en Washington, Jorge Argüello. «Están dadas las condiciones para potenciar la agenda bilateral. Existe buena sintonía entre los presidentes Fernández y Biden. Vemos, con expectativa, la etapa que se abre y la oportunidad de profundizar un esquema de trabajo conjunto entre Washington y Buenos Aires», dijo Argüello a El Cronista. Y bajo el mandato de establecer las «condiciones atmosféricas propicias para una profundización» de las relaciones bilaterales, como ya lo planteó abiertamente el embajador argentino, la administración de Alberto Fernández busca estrechar lazos con el flamante gobierno de Joseph Biden. No habrá por el momento una reunión bilateral entre ambos presidentes aunque Argüello ya tomó contacto con varios funcionarios clave del nuevo gobierno norteamericano con la idea de avanzar en una agenda nutrida y amplia. En este contexto, Guzmán prepara una visita a Washington para fines de febrero donde mantendrá un encuentro con la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, y otra reunión con autoridades del directorio del FMI. El viaje de Guzmán estará atado a estrictas medidas de protocolo sanitario por el COVID-19 y el ministro de Economía buscará en su encuentro con Yellen establecer un acercamiento a la administración de Biden para potenciar las inversiones norteamericanas en la Argentina. Guzmán conoce a la secretaria del Tesoro de sus épocas universitarias en Nueva York y comparten la visión económica del mundo bajo la mirada de un admirador en común: Joseph Stiglitz, el economista estadounidense que recibió un premio Nobel. A la vez, la reunión de Guzmán con el board del FMI apunta a avanzar al máximo las negociaciones por la deuda que se esperan cerrar antes de mayo y que tendrá como objetivo primordial del Gobierno un aplazamiento del pago hasta el 2025 con una reestructuración por 10 años. Por otra parte, la Argentina busca norteamericanas aumentar las inversiones extranjeras en energía en Vaca Muerta y la visita de Martínez a Houston prevista para marzo apunta a esa dirección. Tanto en la Casa Rosada como en la Cancillería ajustan los detalles de esta visita que estará supervisada desde Washington por el embajador Argüello. No habrá por el momento una reunión bilateral entre ambos presidentes aunque Argüello ya tomó contacto con varios funcionarios clave del nuevo gobierno norteamericano con la idea de avanzar en una agenda nutrida y amplia.
En este caso la idea es ofrecer un road show del secretario de Energía con los petroleros de Houston y promover beneficios de inversión en la Argentina. Este viaje dependerá en gran medida del escenario sanitario por la pandemia aunque se prepara una videoconferencia si deben cancelar la visita. En paralelo a todo esto, el Gobierno avanza con la administración de Biden en contactos informales y oficiales con referentes del flamante gabinete. El eje en el multilateralismo, la lucha por el cambio climático y el combate al COVID forman parte de las charlas en esas reuniones de acercamiento a Estados Unidos. Después de todo, el embajador Argüello ya habló de la puesta en marcha de «una asociación estratégica entre la nueva estrategia exterior de Estados Unidos y la Argentina».