Lo que tenes que saber y más (03/08/2020)

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DAILY

RIESGO PAÍS (03/08/2020)2269


Información Relevante
CARBOCLOR S. A.
Síntesis de Estados Contables Trimestrales 30.06.2020
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=364098

TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
Sintesis de Estados Contables Trimestrales 30.06.2020
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=364087

ROCH S.A.
RHC5O
Información relativa a la imposibilidad de realizar pago de servicios financieros – Obligaciones Negociables Clase 5
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=364089

Gobierno Nacional
TD21
Aviso de Pago de BONTE DUAL $
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=364080

Gobierno Nacional
TX21
Aviso de Pago de BONCER $ 2021
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=364100

Gobierno Nacional
TB21
Aviso de Pago de BONTE 2021 $
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=364078

FIPLASTO S.A.
Informa operaciones con parte relacionada
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=364077

Medanito S.A.
Informa resoluciones dictadas por la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico que confirma los autos de procesamiento de la sociedad y traba de embargo sobre la misma
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=364075

YPF S.A.
Comunicado de prensa que anuncia Resultado de Oferta de Canje de ON Clase XLVII
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=364070

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A..
INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/8BFD347E-46FA-4421-A27E-E1A2A1F18129#

AUTOPISTAS DEL SOL S.A..
INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/396D0176-BF1C-497E-A102-91C79A52B9FA#

BANCO COMAFI S.A..
INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE CEDEARS – ANUNCIO DE DIVIDENDO CVX – AEM – PSO – GSK – BSBR – RIO- CAJ – NLMK LI – GILD – X – XP- HON – AZN – RDSB – EBR
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/B67F2ADE-EA8F-46F0-9B3A-79E121601C57

BANCO COMAFI S.A..
INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE CEDEARS AVISO PAGO DE DIVIDENDOS – AMX
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/93F7D33E-5A69-44B2-B7E1-8FB3E60DCE8C

Últimos Informes de BMB
Informe Bonos Soberanos & Corp (31/07/2020 -enlace permanente- )

Canje de Deuda USD Ley NY y ARG: Perspectivas

Lista de empresas mas favorecidas por la reestructuración de la deuda soberana  

SECTOR BANCARIO:  ¿qué banco resistirá mejor la pandemia?
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ENMIENDA DEL CANJE:  UNA APUESTA DEL GOBIERNO A LA REESTRUCTURACIÓN PARCIAL  

Calendario de Balances de Cedears
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LOCAL
(Ambito) Acreedores presentarán última oferta al Gobierno: será en 54,9% 
A ese número se llegaría con un mix de incremento en los pagos de unos u$s130 millones anuales en el período 2020/2030, y entre 40 y 50 millones entre 2020 y 2024. También quieren que se prorrogue «anabólico» del bono 2030. “We are working for a compromise at 54,9%”. Muy conforme, pero sin triunfalismo, uno de los principales negociadores contratados por uno de los tres grupos que representan a los acreedores con títulos emitidos bajo legislación extranjera le confirmaba a este diario que los bonistas le presentarán a la Argentina su decisión de volver a negociar “de buena fe”. Y sobre una oferta concreta y definitiva para cerrar el acuerdo. Está armada, básicamente, sobre la fórmula de partir las diferencias financieras entre las dos partes, y en aclarar ante instituciones de peso internacional las cuestiones legales sobre las que no hay acuerdo. Según la fórmula aún en elaboración, la intención es cortar las puntas entre el 53% que proponía el Gobierno de Alberto Fernández y el 56% de la última propuesta de los acreedores. El porcentaje final de Valor Presente Neto (VPN) de la deuda sería un equilibrado (levemente inclinado hacia el costado acreedor) 54,9%. A ese número se llegaría con un mix de incremento en los pagos por parte del país de unos u$s130 millones anuales en el período 2020/ 2030; y entre 40 y 50 millones entre 2020 y 2024, dependiendo de la combinación de bonos que se tome. Reclamarán además que el Gobierno prorrogue el “anabólico” del bono 2030, pero que tome en cuenta una tasa de interés superior al 1% en dólares y 0,5% en euros que ofreció la última, y fallida, oferta de Martín Guzmán, asumiendo que tampoco se aplicaría la intención de los bonistas de una tasa de 4,9%. Según la visión de los acreedores, este podría ser el mayor aporte desde los fondos de inversión para acelerar el acuerdo final. Los números del Excel del negociador que habló este fin de semana con este medio, de profesión abogado, es que al país la mejora que reclamarán los acreedores le costaría un 0,05% del PBI de los próximos 10 años. “Peanuts”, opina la fuente. Sobre la cuestión legal, los acreedores están dispuestos a discutir nuevamente el concepto de “acreedores privilegiados” y, ahora sí, dejarse calificar de esa manera si esto ayuda a destrabar las negociaciones. Esto implicaría que las “cláusulas de reasignación” quedarían delegadas sólo a los inversores particulares. Mientras que, si se llega a un acuerdo, BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Management, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus -entre aproximadamente otros 80 tenedores de deuda-, serían considerados como exentos de la primera calificación y, en consecuencia, liberados de eventuales reasignaciones según las fórmulas de Guzmán. Se convertirían así en VIP, por encima de los particulares en general (salvo personas con mucho volumen de deuda argentina) y de los fondos menores en litigio. Todos estos podrían luego ser derivados a una escala de bonos según los criterios de Economía. Sobre las versiones del fin de semana emitidas desde Buenos Aires, y que hablan de la posibilidad cierta de que el Gobierno de Fernández declare desierto el canje al no haberse conseguido el 50% de las acreencias y que el número final se ubique cerca de un algo humillante 40%, la fuente prefiere la prudencia. “Siempre dijimos que el ganador al final será el Gobierno argentino, y que nuestra actitud nunca será triunfalista. Apostamos por un país para que nos paguen 100% de los papeles más intereses, y estamos negociando un 54,9%. No tiene nada de exitosa esta inversión para nosotros”, aseguraba, hábil, el negociador. Lo cierto es que el viernes por la tarde, ya con los primeros datos preliminares de la Security and Exchange Commission (SEC) sobre la mesa, desde las huestes de los bonistas todo era satisfacción. Esa misma tarde de la última jornada de la semana pasada, los dos principales referentes legales de los fondos de inversión estaban con sus contactos con Wall Street (es decir, ellos mismos), en plena conexión. La apuesta de los tres grupos de bonistas (el Ad Hoc, Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores) era doble. Primero, demostrarle a Guzmán que era fallida su proyección de que los tres grupos no representaban más del 35% de los bonistas, y que la oferta oficial podría convencer al 50% de los acreedores. Esta idea fue expresada por funcionarios argentinos ante el banco intermediario Lazard, luego que hace 20 días los tres grupos hayan sorprendido mostrando su unión y presentando su -hasta aquí- última propuesta; con un comunicado oficial donde aseguraban que ostentaban a la mitad de todos los acreedores. Por esto, los resultados del viernes pasado para los bonistas fueron una demostración de plena de fortaleza en las negociaciones. La consideración es que ahora sí queda claro que sólo con el acuerdo con la alianza de los tres grupos de bonistas habrá pacto. Y que la negociación deberá ser con todos, ya que -otras de las cuestiones que quedó clara el viernes- el acuerdo entre los representantes de los bonistas es sólida e inquebrantable. Dividir la cooperativa del Ad Hoc, Exchange y el Comité fue una de las estrategias desplegada por Guzmán y sus negociadores; evidentemente sin éxito. La coordinación entre el Ad Hoc y Exchange primero, a la que luego se sumó el Comité, funcionó siempre a la perfección, fruto del profesionalismo extremo (al menos para embestir contra Argentina) de Jennifer O’Neil, contratada por BlackRock y Dennis Hranitzky, de Exchange Bonholders. El último intento de dividir la posición de los acreedores fue cuando en la primera semana de julio, desde Buenos Aires se anunció que el Comité de Acreedores, donde teóricamente militaba una gran parte de fondos de inversión friendly, estaban ya a punto de sumarse al canje. La respuesta del grupo fue anunciar que Greylock y Fintech ya no formaban parte de él, y que se unían a Ad Hoc y Exchange. La fuente insiste en la prudencia. “No nos verá contestarle ni a Stiglitz ni a sus funcionarios. Nosotros queremos negociar y terminar este desagradable problema”, afirmaba la fuente que habló con este diario. Estaba haciendo referencia a las últimas declaraciones de Joseph Stiglitz que calificó como “recalcitrantes, miopes, testarudos y de corazón duro” a los grupos de acreedores que rechazan la oferta de Argentina. También a la afirmación de que la unión de los tres grupos de bonistas en un solo frente representaba una “cartelización”.

(Ambito)Deuda: si no hay acuerdo, una nueva oferta se enmarcará en programa que se discuta con FMI 

La distancia hoy entre el Gobierno y los acreedores es de u$s1.600 millones, según estiman analistas. Si se extiende el plazo, sería la séptima prórroga. La relación con el Fondo, clave. El tironeo entre el ministro Martín Guzmán y los acreedores externos no afloja. Entre hoy y mañana, el Gobierno debe ponerle un broche final al acuerdo con los bonistas porque así lo indica la fecha límite que el país incluyó en la última oferta que oficializó a comienzos de julio ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Serán 48 horas determinantes. Si no se logra un acuerdo y se cae la oferta vigente, fuentes oficiales le dijeron a Ámbito que una eventual nueva propuesta de la Argentina estará enmarcada en las conversaciones por un nuevo programa con el FMI y lo más probable es que, dado el deterioro de las perspectivas sobre la economía mundial, el retoque empeore los rendimientos que recibirán los acreedores. El reloj sigue avanzando. Las diferencias entre las partes son económicas y legales. Entre la última propuesta del país y la que presentaron de manera conjunta los tres grupos de acreedores, la distancia es de u$s1.600 millones. El análisis que hace el mercado es que la propuesta de los tres grupos de bonistas arroja un VPN de u$s56,1; tres dólares por encima de lo que valúan a la propuesta oficial. Esa diferencia, indica un análisis realizado por la consultora 1816, se explica por el “bono PDI” (por el cual los acreedores piden cupón anual fijo de 4,9% versus el 1% que ofreció el Gobierno) y también por el flujo total de los bonos. Sobre esto último, desde la consultora estimaron que los comités piden “u$s1.000 millones más de flujos en el actual mandato presidencial y, en total, u$s1.600 millones durante la vida total de los bonos”. La revisión de las cláusulas legales fue una puerta que el Gobierno buscó abrir para seguir dialogando y aceptó modificaciones bajo la condición de que sean avaladas por los organismos de regulación de mercado de capitales a nivel internacional. Fuentes oficiales le dijeron a Ámbito que no se buscará extender el plazo más allá del 4 de agosto, aunque dejaron la puerta abierta a que haya alguna otra definición durante el día de hoy. “Por ahora la decisión es no extender. Se analizará mañana (por hoy)”, respondieron desde la administración nacional. Si el Gobierno decide extender la fecha hasta fin de agosto, sería la séptima prórroga. Sin embargo, también desde el Gobierno aseguran que, si los acreedores no aceptan la actual oferta, las discusiones en el futuro estarán enmarcadas en un nuevo programa que la Argentina acuerde con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Si no hay acuerdo, la nueva propuesta estará enmarcada en un nuevo programa con el FMI. Pero esa propuesta se va a hacer con un nuevo ejercicio de cálculo, porque la que todavía está vigente asumía una caída de 2,3% del PBI mundial y ahora las proyecciones hablan de una caída del alrededor del 10%”, aseguraron desde el Gobierno en diálogo con Ámbito. “El FMI no va a convalidar un deal que no asegure la sostenibilidad de su pago”, razonaron. En enero, cuando el covid-19 estaba focalizado en China, el FMI estimaba que el PBI del mundo crecería un 3,3%. En abril, esas estimaciones pasaron a -3,3%. Y, en los últimos cálculos de junio, la contracción mundial llegará al 4,9% en promedio, estimó el organismo conducido por Kristalina Georgieva. El razonamiento que hacen desde el Gobierno es que, con este nuevo panorama mundial, no se puede “evitar un default a cualquier precio”. “A nadie le conviene ir por el lado judicial, porque en ese camino no se cobra, se litiga”, fue otro de los argumentos a favor de cerrar un acuerdo. Durante el fin de semana se habló de la posibilidad de un acuerdo standstill, una especie de pacto de congelar las negociaciones y retomarlas en el futuro. Sobre esta posibilidad, un conocedor de la estrategia oficial aseguró que depende de los acreedores, pero que no le parece probable que los bonistas quieran postergar las negociaciones. Sobre el acuerdo con el FMI y la posibilidad de recibir nuevos fondos netos por parte del organismo, desde el Gobierno dijeron que “es probable que no” se vaya por ese camino. “Filosóficamente estamos en contra de pedir más fondos, porque el endeudamiento es parte del problema”, remarcaron. ¿Cuándo se avanzará en las negociaciones con el organismo internacional? “Próximamente”, aseguran.

(Ambito) BCRA: nuevo incentivo para que bancos compren Leliq y bajen dolarización 

La autoridad monetaria amplió el límite para la posición neta excedente de Leliq. No caben dudas de que el directorio del BCRA ante la disyuntiva “deuda” versus “inflación/dólar”, opta por lo primero. Después se resolverá qué hacer con esta bola de endeudamiento, hoy todo es pandemia. Pero de ahí surgen los fantasmas de una versión remix de un nuevo Plan Bonex u otro mecanismo sustituto. Porque el stock de Pases y Letras de Liquidez (Leliq) ya se ha estacionado, cómodamente, por encima de $2,4 billones (poco más que una base monetaria completa). En este contexto no extraña que el BCRA haya tomado dos nuevas decisiones la semana pasada que van en esta línea. Por un lado resolvió aumentar la tasa mínima para los plazos fijos de hasta $1 millón al 33,06% anual (al elevar el rendimiento de los plazos fijos minoristas en pesos al equivalente al 87% de la tasa de referencia de política monetaria hoy en el 38%). Con el fin de desalentar el ahorro doméstico en moneda extranjera y asegurarse que los agregados monetarios sigan acompañando la expansión monetaria. En julio los plazos fijos privados en pesos crecieron más de $110.000 millones y más de $306.000 millones en el último bimestre. Suman hoy más de $1,9 billones. Pero por otro lado, y quizás poniendo el foco en algo que gozó de poca difusión, a través de la Comunicación “A” 7077, el BCRA decidió “desalentar” la mayor tenencia de dólares de los bancos a la vez que pudieran además estacionar más liquidez excedente, incluso la que se adicionará si los plazos fijos privados en pesos siguen creciendo, en Leliq. Esta circular del BCRA establece que “el límite para la posición neta excedente de Leliq se ampliará por la diferencia positiva entre el límite para la posición de contado de moneda extranjera (u$s2,5 millones) o el 4 % de la RPC del mes anterior, el mayor de ambos, y el promedio mensual de saldos diarios de la posición de contado observada, o cero de resultar negativo, del mismo mes”. En buen romance, es una zanahoria para que los bancos limiten la tenencia de dólares contado al mínimo indispensable para atender las necesidades de caja, a cambio de mejorar sus ingresos financieros. Para tener una dimensión de la posición en moneda extranjera (PGC) de los bancos, el último dato disponible de junio mostró un stock de u$s5.226 millones (aumentó por la suba del stock de billetes a u$s3.444 millones como de divisas). Este stock es conservado por las entidades básicamente para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y necesidades del mercado de cambios. “Es una norma que busca que los bancos vendan parte de su posición de dólares contado. Cuanto menor sea esa posición más pueden pasar de Pases a Leliq y aumentar así su rentabilidad”, explicó a este diario Pablo Curat, exdirector del BCRA, quien estima que la mayor parte del traspaso será de los Pases que rinden menos que las Leliq y los préstamos. Vale señalar que el BCRA le paga a los bancos una tasa del 19% anual por los Pases pasivos a un día de plazo y de 38% por las Leliq que son a 7 días. En lo que va del año el BCRA ya pagó intereses por más de $358.000 millones. Para Rodrigo Álvarez, de Analytica, ambas resoluciones del BCRA son un premio para los bancos que tienen una posición en dólares inferior al máximo permitido, o sea, es un premio para que los bancos que tienen menos posición en dólares estén menos dolarizados, que puedan integrar más Leliq, así les genera más rentabilidad y desincentivan la dolarización. Por su parte Curat considera que hoy el problema es el retraso en el acuerdo de la deuda externa, por lo que estas medidas pueden ayudar en algo pero son un instrumento muy limitado, para comprar un poco de tiempo. Dado que la emisión seguirá al dente por varios meses y como la probable futura demanda de crédito no será lo suficientemente agresiva como para absorber semejante nivel excedente de liquidez, el stock de deuda remunerada del BCRA continuará su ascenso, hasta que se reinicie algún circulo virtuoso por el cual la demanda de dinero crezca sostenidamente y/o se active un boom crediticio. Hasta tanto, y una vez resuelto el tema del canje con bonistas, todo seguirá encapsulado en la bóveda de las Leliq.

(Ambito) El Gobierno apuesta a ponteciar YPF Agro, con la mirada en Vicentin 

Quieren potenciar la empresa estatal que buscaría de aliados a otros damnificados por el default. El comité de bancos locales no está dispuesto a negociar una quita e insistiría con la posibilidad de capitalizar deuda. La derogación del DNU para intervenir y eventualmente expropiar la firma agroindustrial Vicentin llegó tan sorpresivamente como el propio DNU anunciado casi dos meses atrás por Alberto Fernández. En este marco el Gobierno ya trabaja en un nuevo plan que tendrá como protagonista a la división agropecuaria de YPF con el claro objetivo de convertirla en una empresa testigo del sector, pero eso no es todo, porque apuesta a que el comité de bancos locales, con el Nación a la cabeza, lograrán capitalizar parte de sus deudas en Vicentin y de esa manera se harán de una porción más que interesante del comercio granario. YPF Agro tiene un gran potencial por explotar en el comercio de granos local, porque por la venta de insumos -combustibles y fertilizantes- recibe a cambio, en gran parte de las operaciones, granos que luego manda a procesar en plantas de terceros. En esta nueva etapa el Gobierno buscaría de aliada a la firma cooperativa ACA, otra de las damnificadas en la caída de Vicentin y que está pronto a inaugurar una nueva terminal portuaria en la provincia de Santa Fe. La derogación del DNU de intervención de la compañía agroindustrial que entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.350 millones, abre diversos frentes para todos sus acreedores, incluido el Gobierno con acreencias por más de u$s300 millones a través de los bancos públicos. En este contexto en el mercado explican que la deuda total de la empresa supera ampliamente el valor de sus activos, entonces, la posibilidad de que un inversor externo se haga cargo del futuro de la compañía es altamente improbable a menos que sus acreedores estén dispuestos a aceptar un quite de deuda. Posibilidad que en el Banco Nación descartan de plano y algo similar sucede con el comité de bancos internacionales que continúan investigando en la justicia internacional la posible desviación de fondos. En este esquema entra en juego la posibilidad de que sus acreedores capitalicen deuda y eso es lo que buscaría el comité de bancos locales, que pondrían como estandarte a una YPF Agro sólida, que contará con el asesoramiento en su plan de negocios a Gabriel Delgado, el fallido interventor de Vicentin, y de aliada a las cooperativas ACA. Mientras tanto la Justicia federal e internacional avanzan en sendas investigaciones para conocer en profundidad como fue que una compañía que se mostraba sólida financieramente, en pocos meses, concretó el default más grande en la historia de la agroindustria nacional. Aquí se esperan los mayores avances, porque según dicen, ninguno de sus grandes acreedores está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y las denuncias por desvío de fondos, defraudación y estafas sobre los dueños de Vicentin y su directorio comenzarían a acumularse en las próximas semanas. En el aire resuena además que soliciten la quiebra fraudulenta de la compañía, también vía judicial, y ahí el panorama sería otro porque el grupo empresario debería responder con sus activos y no solo con aquellos relacionados a la empresa que hoy está en concurso de acreedores. Lo cierto que a partir de la derogación del DNU, la novela de Vicentin está lejos de concluir porque, por lo pronto, la primera lectura es que cientos de productores y cooperativas que le vendieron granos, serán, en primer término los más damnificados porque la empresa continúa presionando para que concreten un quite de deuda del 50%. Por su parte el comité de bancos internacionales, integrado por el CFI, Natixis Credit Agricole, FMO y Rabobank, y el ING, sigue de cerca la situación en la Argentina y evalúa los pasos a seguir y este no es un dato menor. Este mismo grupo de entidades son los mayores prestamistas del agro local para la pre financiación de exportaciones y apalancan a un sinfín de grandes empresas relacionadas con la producción de alimentos. Es por eso que desde el mercado remarcan “sería un pésimo antecedente para toda la agroindustria local que los bancos internacionales no logren cobrar sus acreencias y ya la investigación en la Justicia internacional es una mancha para el agronegocio argentino”.

(Infobae) Alberto Fernández adelantó que el gobierno buscará convertir a YPF Agro en una “sociedad autónoma” que sea “empresa testigo” en la exportación de cereales

Tras desistir de intervenir Vicentin, el presidente adelantó que ésa era la idea con la que querían rescatar a la empresa santafecina y que buscarán lo mismo de modo directo, para evitar concentración y «picardías» en el sector agroexportador. Confirmó prórroga a la negociación de la deuda y la continuidad del IFE. Alberto Fernández señaló hoy que tras dejar sin efecto el proyecto de intervención de Vicentin, el gobierno considera la posibilidad de hacer de YPF Agro, una división dentro de la petrolera de mayoría estatal, una sociedad autónoma que sirva de “referencia” para el sector cerealero. En entrevista radial por “El Destape Web”, el presidente dijo que la idea de tener una “empresa testigo” en el sector agroexportador era precisamente lo que intentó con el DNU de intervención de la agroexportadora Vicentin, ya que esa división de YPF había desarrollado mucho el negocio de canjear combustibles y fertilizantes por cereales de los productores y luego comercializarlo y que se intentaba lograr “una buena sinergia” entre YPF Agro y los activos de la agroexportadora “para evitar que el mercado de exportación de cereales se concentre aún más”.  “La idea era esa. La conclusión que uno saca es que lo mejor es que YPF Agro se consituya en una sociedad autónoma y sirva de referencia en el sector cerealero sin tener que hacer una inversión millonaria en dólares para salvar a los accionistas de Vicentin”, dijo Fernández. Según el presidente, la idea original de la intervención era que YPF Agro se pusiera al frente “para darle la potencia que Vicentin necesita, pero no nos dejaron; nos pusieron todos los obstáculos, me tuve que bancar cacerolas, bocinazos, insultos, nunca nos dejaron ver lo que había dentro de Vicentin, pero lo que conocemos es preocupante”. Por eso, insistió el presidente, “tal vez sea hora de desarrollar (YPF Agro) de ese modo” (esto es, como sociedad autónoma paa operar en el sector cerealero. “No tenemos problemas con el sector privado en el mercado cerealero, sino que queremos prudencia y tener una empresa testigo donde se hacen las picardías”, justificó.
“No nos dejaron”
Fernández explicó largamente que su proyecto de intervención de Vicentin era conocer en un plazo de 60 días la real situación de la empresa, para salvarla, no para salvar a los accionistas o socios o para convalidar un desfalco. “Pero no nos dejaron”, insistió, y criticó la actitud de la oposición e incluso al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, al que acusó de estar muy influenciado por la empresa. “Necesitábamos esos 60 días para conocer cuál es el conflicto económico de Vicentin, porque además de Vicentin hay un entramado de sociedades que había que desentrañar”, señaló el presidente. Sin embargo, prosiguió, el juez Lorenzini impidió ese trabajo y la Justicia en lo contencioso administrativo rechazó el pedido de traslado de la causa a la Justicia Federal. “Instalaron que somos expropiadores seriales”, se quejó el presidente, “pero hay un conflicto real” y refirió que la información del Banco Nación, de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Ciudad e incluso de un proceso de “Discovery” en la Justicia de Nueva York que dijo “sigue investigando la fuga de dinero de ejecutivos de Vicentin”.

(Infobae) BlackRock y sus aliados advirtieron que, sin cambios en la oferta argentina, el Gobierno no podrá hacer el canje ni tener un acuerdo con el FM

ILuego de que el Ejecutivo dejó trascender que no hará modificaciones ni estirará los plazos de la oferta presentada el 4 de julio, los líderes de los bonistas dejaron en claro su postura: no aceptarán; el FMI tampoco aceptaría refinanciar la deuda si no se mantiene el diálogo; advertencias de los analistas sobre el efecto que podría tener la falta de acuerdo sobre el dólar y los bonos. Los principales acreedores de la Argentina creen que, si el Gobierno no modificara la oferta actual, la aceptación sería muy baja y por lo tanto no podría hacer el canje. Esta situación tendría influencias negativas en el plano financiero local en los próximos días, tanto en el valor del tipo de cambio, a través de una mayor brecha entre el dólar oficial y los tipos de cambio alternativos, así como en el valor de bonos y acciones. Además, los bonistas entienden que el Fondo Monetario Internacional (FMI)) no aceptará una negociación si antes la Argentina no cierra su problema con los bonistas. “El Gobierno cree que el FMI le va a decir que puede hacer lo que quiera, pero lo que puede ocurrir es que la deuda se acelere y que el Fondo les diga que no hay nuevo acuerdo”, advirtió a Infobae una calificada fuente de uno de los comités de acreedores desde Nueva York. Otra fuente que lidera uno de los comités dijo a Infobae que “el directorio del FMI no avalará un nuevo programa sin que el país llegue a un acuerdo con los bonistas y, en particular, este año en Estados Unidos no hay nadie que tenga voluntad o tiempo como para ponerse a escuchar al gobierno argentino”. El propio organismo multilateral tiene una política muy clara (Lending into Arrears) para los países que están en default con sus acreedores privados. Así lo expresó, por escrito, en 2016: “El Fondo puede prestar a un miembro en mora soberana a acreedores privados externos solo cuando se haya emitido un juicio que: (i) el apoyo inmediato del Fondo se considera esencial para la implementación exitosa del programa de ajuste del miembro, y (ii) el miembro está siguiendo políticas apropiadas y está haciendo un ‘esfuerzo de buena fe’ para llegar a un acuerdo de colaboración con sus acreedores privados”. Es decir, sin diálogo con los bonistas, el Fondo no negociará un nuevo acuerdo, según su propia letra de molde. “Este criterio está diseñado para garantizar que se realicen esfuerzos para restablecer las relaciones de los miembros con los acreedores, aumentando así la probabilidad de que pueda recuperar el acceso a los mercados de capitales”, indicó el FMI en ese entonces y nunca cambió su postura. Un paraguas como un standstill, de extensión de plazos, que los acreedores propusieron varios meses atrás, podría permitir algún diálogo más constructivo con el organismo multilateral que conduce Kristalina Georgieva. El presidente Alberto Fernández instruyó al ministro Martín Guzmán a no pedir, al menos por el momento, una nueva extensión al plazo, que vence el martes 4 de agosto, para que los bonistas respondan si aceptan o rechazan la oferta oficial. Hasta poco antes, prevalecía la posición de estirar los plazos; la nueva instrucción presidencial sería una forma de aumentar la presión sobre los bonistas, a los que el gobierno les ha dicho -en mensajes públicos e incluso a través de un comunicado oficial- que no habrá una nueva mejora de la oferta. Los acreedores se mostraron escépticos al respecto.

La diferencia
“El acuerdo está a 1,5 dólares entre ambas ofertas y se están perdiendo miles de millones de dólares de alivio financiero, como lo propusimos en la última oferta”, advirtió la fuente ligada a BlackRock, el fondo más importante de Wall Street.
El ejecutivo afirmó que, en este contexto, el Gobierno no llegará al piso mínimo que se fijó para hacer el canje en la última oferta que presentó ante la comisión de valores de Estados Unidos. La otra fuente de los bonistas dijo que “el Gobierno comete un papelón tras otro; tiene una solución al alcance de la mano y, en vez de ver a los comités como una oportunidad, los ve como enemigos, cuando ya dejamos en claro que tenemos entre todos el 60 por ciento de los bonos que se van a renegociar. Tienen que bajar el tono, porque si no, en vez de encontrar una salida, van a llevar al país a una situación desastrosa”. Un ex negociador agregó que “la Argentina puede decidir más adelante, hasta el 4 de septiembre que vence la oferta) que le da los beneficios del early bird a todos los que entren”, ya que ese es el día fijado para el intercambio de los bonos viejos por los nuevos. Por lo tanto, muchos creen que el Gobierno está presionando a los fondos de inversión a que entren con pocas municiones. “Y respecto a los cambios legales, si son objetivamente positivos para los bonistas, y nadie se puede quejar, para lo que necesita opinión legal, se los puede dar a todos sin cambiar fechas”, aclaró el exfuncionario. De todos modos, indicó que “si el Gobierno cree que alguien accedería a canjear solo por el beneficio de esa modificación legal, no darle tiempo a la gente para que la acepte, no tiene sentido; lo único que está un poco más en juego es el early settlement”, aclaró. De inmediato, reafirmó: “Si no se llega al nivel mínimo de participación autoimpuesto, no hay canje”. Esto es, “el 50% de los bonos Indenture 2016 y el 50% de los bonos Indenture 2005, o el 66% del total”. Para el director de Eco Go, Federico Furiase, la movida oficial “es riesgosa; creo que quieren tener garantías de que los acreedores van a estar adentro antes de anunciar nueva extensión del plazo”. De hecho, fuentes ligadas a la negociación del lado argentino afirmaron que sólo harían estos cambios si los bonistas muestran su compromiso explícito de aceptar un deal. “Entiendo que sobre la hora el Gobierno extenderá el plazo; no creo que patee el tablero con el impacto que puede haber sobre brecha cambiaria, pero a veces la lógica de la política no sigue la lógica económico-financiera”, afirmó. “No podemos descartar a esta altura la opción de un acuerdo de extensión de plazos, standstill, con los acreedores y en el medio acordar con el Fondo un programa macro que despeje incertidumbre para despejar la cancha y calmar las puntas de una negociación que se viene desgastando”, indicó Furiase.

(Infobae) Deuda: Los acreedores recurrieron al FMI y al Tesoro de EEUU para cambiar las cláusulas de los bonos argentinosTambién contactaron a la Asociación Internacional de Mercados de Capital y al Instituto de Finanzas Internacionales. Quieren reforzar las “Cláusulas de Acción Colectiva” para limitarle al gobierno la aplicación de tácticas de “redesignación” y “Pacman”. Grupos de acreedores de la Argentina tomaron contacto con varias organizaciónes internacionales en busca de apoyo para cambiar las reglas de sus títulos extranjeros, según fuentes familiarizadas con el tema El Fondo Monetario Internacional (FMI), el departamento del Tesoro, la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA, según sus siglas en inglés) y el Instituto de Finanzas Internacionales son algunas de las organizaciones que fueron informalmente contactadas por los bonistas, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas. Si bien estos grupos no tienen ninguna injerencia en la letra de los contratos, la idea es que si los compran le daría al ministro Martín Guzmán cobertura política para aceptar los cambios, que fortalecerían los derechos de los derechos de los acreedores cerrando los resquicios legales para los bonos argentinos emitidos a partir de 2016. El cambio de estos “indentures”, como se denomina en inglés a las cláusulas legales de los títulos, es un aspecto clave en la parte final de las negociaciones entre el gobierno argentino y los principales acreedores, incluyendo a BlackRock Inc, Ashmore Plc y Fidelity Management & Research Co. Así no Las actuales “Cláusulas de Acción Colectiva” están escritas en un modo por el cual la Argentina puede forzar una restructuración sin un acuerdo amplio de sus acreedores mediante las estrategias de “redesignación” y “Pac-man”. Los inversores quieren hacer más difícil para la Argentina la aplicación de esas tácticas, que se aprovechan de cómo están estructuradas las “Cláusulas de Acción Colectiva”. Guzmán dijo en un evento el jueves que el país podría adoptar esos cambios si tienen el apoyo de la comunidad internacional. Una vocera del Tesoro de EEUU, la oficina de prensa del FMI y un funcionario del Instituto de Finanzas Internacionales declinaron hacer comentarios al respecto. Una vocera de la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA) no respondió a preguntas y la oficina de prensa de Economía de la Argentina también declinó hacer comentarios. Argentina y sus principales acreedores están entrando en las fases finales de conversaciones que llevaron varios meses para restructurar USD 65.000 millones en títulos de deuda, que el gobierno dijo que no podía pagar incluso antes de que el coronavirus golpeara su menguante economía. La brecha entre las posiciones de las partes negociadoras es de dolo 3 centavos de dólar (por dólar de deuda a restructurar) calculadas a “Valor Presente Neto”, según analistas de los bancos Goldman Sachs y Morgan Stanley. La última oferta del gobierno expira el 4 de agosto, a menos que sea extendida.

(Cronista) El Gobierno se involucra con otra empresa y ahora busca un salvataje para IMPSA El Estado Nacional participa en la firma a través de los bancos Nación y BICE. Desde el ministerio de Desarrollo buscan un instrumento que le permita acceder a capital y trabajo. Debe u$s 550 millones. uego de involucrarse -con distintos motivos y argumentos- en empresas como Vicentin y Edesur, ahora el Gobierno busca resolver la compleja situación de IMPSA, empresa dedicada a los sectores hidroeléctrico y nuclear, y con gran presencia en obras relacionadas directamente con el Estado Nacional, como Yacyretá e YPF. La compañía, que según las fuentes consultadas se encuentra en «situación límite», hace algunas semanas tuvo un primer acercamiento con el Gobierno –con el equipo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas- para encontrar una solución a la grave crisis. Y a partir de allí se trabaja para ver de qué modo se puede lograr ese salvataje estatal. Los inconvenientes de la firma mendocina comenzaron hace ya algunos años, pero la pandemia mundial del coronavirus fue el golpe que la dejó absolutamente groggy. Según las fuentes consultadas por El Cronista, lo que la firma precisa es básicamente el apoyo oficial para acceder a capital de trabajo, algo que actualmente complica la normal actividad de la empresa. «No se sabe aún si será a través de un préstamo, un subsidio o qué figura se encontrará. Pero sí se sabe que si no se hace de forma rápida el problema se agravará todavía más», afirmó la fuente. El rojo de IMPSA hoy es de nada menos que de u$s 550 millones pero, aunque los informantes no precisaron cuál sería el monto de la ayuda estatal que se solicita, indicaron que «sería inferior a esa cifra porque no se busca saldar ese rojo sino encontrarle la vuelta para que la empresa pueda desarrollar sus tareas con normalidad». Es que a raíz de la pandemia, este año se vieron seriamente afectados tanto los proyectos locales como los que Impsa podría acceder en otras partes del mundo. Ese fuerte nivel de endeudamiento, incluso, es el que le impide hoy lograr una garantía que les permita participar de un proyecto en Malasia por más de u$s 100 millones, que sin dudas le daría aire a la empresa. Por ejemplo, la empresa debe trabajar en un reactor para YPF, pero busca sin suerte materias primas en Francia, China e India, mercados hoy cerrados. Su situación, incluso, podría generar problemas a la provincia de Mendoza. IMPSA virtualmente se transformó (como parte de una UTE, la única en presentarse) en la ganadora de una licitación para levantar una central hidroeléctrica en esa provincia, una obra de más de u$s 1000 millones. La búsqueda de ayuda por parte de Impsa en dirección al Gobierno tiene dos ejes. Por un lado, porque como consecuencia del alto nivel de endeudamiento que muestra hoy es imposible que un banco lo considere apto para tomar un préstamo. Incluso, en el Gobierno aprovechan para diferenciarse de lo que ocurrió con Vicentin, que pese a su delicado estado, en ese entonces el Banco Nación le continuaba habilitando dinero. «Sería la opción más fácil a corto plazo; pero sin dudas no la vaya a solucionar realmente el problema», dijeron las fuentes. El otro eje por el que se acudió a Desarrollo Productivo es porque el Estado es uno de los dueños de IMPSA, justamente a través del Banco Nación, y el banco BICE. Ambas entidades son parte de la empresa mediante uno de los fideicomisos que se conformó como parte del acuerdo con acreedores acordado tras la fuerte crisis que la empresa debió afrontar al salir al rescate de hoy desaparecida WPE, del mismo conglomerado y con operaciones en Brasil. IMPSA –que por ese entonces estaba en manos de la familia Pescarmona- debió salir a su rescate con u$s 850 millones, golpe del que nunca se repuso. La idea es ahora resolver la incorporación de capital de trabajo, para luego reestructurar la deuda.

INTERNACIONAL
 
(Investing) TikTok se ha convertido en el último foco de conflicto entre los Gobiernos chino y estadounidense, mientras Microsoft (NASDAQ:MSFT) vuela en círculos; Wall Street apunta a una apertura tranquila a medida que se desarrolla la temporada de presentación de resultados. Los inversores buscarán en Washington más noticias sobre otro paquete de ayudas, a medida que el coronavirus entra en una nueva fase. Los datos económicos se centran en el informe del sector manufacturero del ISM este lunes, a la espera del informe de empleo clave del viernes.

(Investing) Mercados: Posible corrección en agosto; ¿oportunidad de compra?.
Después de un nuevo mes de infarto, los traders ya miran las previsiones de los expertos para este mes de agosto. Y, de nuevo, vuelve a imponerse la cautela. El principal foco de incertidumbre continúa siendo la evolución de la pandemia, donde en Estados Unidos marca el sexto día consecutivo con más de mil muertes diarias con California, Florida y Georgia siendo los estados más afectados, mientras a nivel mundial Brasil, India y el continente sudamericano continúan mostrando importantes crecimientos en número de contagios y en Melbourne (Australia) anuncian nuevas medidas restrictivas para frenar la expansión, explican en Renta 4 (MC:RTA4). “Ojo a las declaraciones del presidente de la Fed de Minneapolis que ha dicho que sugiere un cierre de la economía de 4 a 6 semanas para frenar el virus. Es la primera vez que se oye a un miembro de la Fed decir eso”, apunta José Luis Cárpatos, CEO de Serenty Markets. Este experto se hace eco de las previsiones de Morgan Stanley (NYSE:MS), que prevé debilidad para las bolsas en los próximos 1 a 3 meses, aunque nada grave, y JP Morgan (NYSE:JPM), que creen que podríamos asistir a una “modesta corrección” en 1 ó 2 semanas, que sería según la gestora una oportunidad de compra. Según Renta 4, “en el plano macroeconómico hay buenas noticias, aunque es cierto que hay que mostrar cierta prudencia: los indicadores más adelantados de ciclo están recuperando, pero también es cierto que vienen de mínimos históricos. Es buena noticia la recuperación de los PMIs en ‘V’, pero estos no nos dicen cómo está el nivel de actividad, que tenemos claro que es muy inferior al nivel prepandemia”.  “Creemos que la recuperación será lenta y de baja intensidad ante las presiones que existen, tanto sobre el consumo como presión que puede existir sobre la inversión ante unos balances dañados”, añaden estos expertos. “Seguimos manteniendo una posición de prudencia teniendo en cuenta los riesgos que persisten y unas valoraciones que continúan en niveles muy exigentes especialmente en EE.UU. En este contexto, nos parece pronto para que la rotación hacia ciclo sea sostenida a falta de mayor visibilidad sobre la evolución de la pandemia y, por derivada, de cuáles serán el ritmo y la intensidad de la recuperación económica”, insisten. En cualquier caso, en Renta 4 resaltan la falta de dirección en los mercados durante las últimas semanas, “que hace más importante si cabe monitorizar de cerca las carteras para poder adaptarnos con flexibilidad, aprovechando potenciales tomas de beneficios para ir incorporando de forma gradual y con una visión de medio plazo posiciones en algunos valores más vinculados al ciclo y que puedan emerger de la situación actual como ganadores a largo plazo”, concluyen.

(Investing) TikTok, en el centro de la diana
La aplicación china de vídeos compartidos TikTok se ha convertido en el último foco de conflicto en el deterioro de la relación entre las dos mayores superpotencias económicas del mundo, Estados Unidos y China. Sin embargo, Microsoft podría tener la respuesta a este problema en particular después de que el gigante tecnológico de Estados Unidos confirmara que está manteniendo conversaciones con el propietario de la aplicación Bytedance sobre la compra de las operaciones de la app en Estados Unidos. Trump había prometido anteriormente prohibir esta app, pues la Administración estadounidense afirma que representa un riesgo para la seguridad nacional debido a los datos personales que maneja. Esto encaja con la dura postura que ha adoptado Estados Unidos con las empresas chinas que, según ellos, contienen tecnología clave.

(Investing) La «extraordinaria propagación» del coronavirus en EE.UU.
Los casos de coronavirus siguen aumentando en muchos lugares de Estados Unidos, registrando julio la peor cifra mensual de nuevos casos desde que comenzara la pandemia. Además, los expertos en coronavirus de la Casa Blanca advirtieron el domingo de que el país se encuentra en una nueva fase del brote. El virus ya se ha cobrado más de 150.000 vidas en Estados Unidos, con diferencia el mayor número de muertos del mundo, además de más de otro medio millón en todo el mundo. Teniendo esto en cuenta, los inversores estarán pendientes de Washington, donde el Congreso sigue estancado en la próxima ronda de alivio económico de la pandemia.

(Investing) El índice manufacturero del ISM indicará crecimiento
El informe de empleo del viernes será el dato económico clave de esta semana, pero antes de eso el Instituto para la Gestión de Suministros publica su índice manufacturero a las 16:00 horas (CET). Se espera que indique un pequeño repunte hasta 53,6 puntos en julio, frente a los 52,6 del mes anterior, lo que sugiere que esta parte de la economía sigue en territorio de expansión, aunque las medidas de contención que se reintrodujeron en algunos estados en la segunda mitad del mes podrían propiciar una sorpresa negativa. La actividad manufacturera de toda la zona euro se ha expandido este lunes por primera vez desde principios de 2019, y la lectura definitiva del índice de gestores de compras del sector manufacturero de IHS Markit ha repuntado hasta 51,8 puntos en julio frente a los 47,4 de junio.

(Investing) El debilitamiento del dólar impulsa el oro y los bonos
El índice dólar ha tenido un mal julio, sufriendo su mayor caída mensual en tres años.
Los traders han estado preocupados por la explosión de casos de coronavirus por todo Estados Unidos, ante los temores de que una respuesta ineficaz pudiera resultar en un deterioro duradero de la economía estadounidense que podría mantener las tasas de interés y el crecimiento en niveles bajos durante años. Esto ha dado lugar a una subida del precio del oro, que ha avanzado más de un 9% en el mes de julio hasta registrar máximos históricos. El metal precioso está denominado en dólares y por lo tanto es más barato para los inversores fuera de Estados Unidos, además de considerarse un almacén de valor durante la incertidumbre geopolítica. También ha aumentado la demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a cinco años ha registrado mínimos históricos después de que la Reserva Federal emitiera la semana pasada un mensaje prudente de apoyo a la economía estadounidense azotada por el coronavirus.

(Investing) Petrobras considera que lo peor «ya pasó» y prevé un aumento de la demanda. La petrolera estatal Petrobras (NYSE:PBR), la mayor empresa de Brasil, consideró este viernes que lo «peor» de la crisis provocada por el COVID-19 «ya pasó» y prevé un aumento de la demanda interna por combustibles y derivados en el segundo semestre del año. «La recuperación de la demanda de derivados en el mercado interno ha sido constante» y «creemos que la fase peor ya pasó, por lo que debemos seguir con una demanda de estable a creciente» en los próximos meses, señaló en una rueda de prensa la directora de refinación y gas natural de la compañía, Anelise Lara, en la que comentó los resultados semestrales divulgados la víspera. Ese aumento, señaló la ejecutiva, se dará sobre todo en el diesel y gasolina, pues la búsqueda de queroseno de aviación todavía es «pequeña» debido a la «significativa» restricción de vuelos que está vigente en la mayoría de países. Pese a que sus directores consideran que el sector petrolero enfrenta su mayor crisis en los últimos cien años, Petrobras mantuvo en el segundo trimestre su meta de concluir 2020 con una producción promedio de 2,7 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural. Solo en el primer semestre, la compañía produjo 2,85 millones de barriles de petróleo y gas equivalentes, un 10,4 % más de lo registrado en el mismo período de 2019, mientras que en el segundo trimestre, el incremento fue de 6,4 % en el comparativo interanual. La producción estuvo pujada sobre todo por la planta de Buzios, considerada el «gigante del presal», una enorme reserva de la que extrae crudo a precios muy bajos en aguas profundas del Atlántico, y el «activo de mayor valor para Petrobras», según expresó el director de Explotación y Producción, Carlos Alberto Pereira. «Tuvimos un desempeño operacional bastante sólido pese a la pandemia que afectó nuestras actividades», destacó Pereira, quien agregó que la planta de Buzios alcanzó un récord de producción diario el pasado 13 de julio, con 844.000 barriles de crudo equivalente por día, e igualmente cerrará julio con «un récord de producción mensual». Para hacer frente a la caída de la demanda y el exceso de oferta global, que hizo el precio del crudo desplomarse, Petrobras suspendió sus operaciones en 62 plataformas marítimas en aguas rasas. No obstante, pese a la paralización de actividades en esas plataformas, la petrolera estatal experimentó un «expresivo aumento» en las exportaciones, que han «compensado» la bajada en la demanda en el semestre. En abril, la exportación de crudo superó la marca de un millón de barriles por día saliendo de la costa brasileña, lo que supone un nuevo récord y «confirma la tendencia de crecimiento» en los envíos al exterior. La compañía señaló, además, que China se mantuvo como el principal destino, con un 87 % del volumen total exportado entre abril y junio.

SIN CAMBIOS EN EL PLAN DE DESINVERSIÓN
Petrobras también dejó inalterado el ambicioso plan de desinversiones que puso en marcha hace cuatro años para vender activos poco estratégicos y mejorar su salud financiera, aunque reconoció que hubo algunos «retrasos» en la conclusión de algunos negocios. La meta, según explicó el presidente de la estatal, Roberto Castello Branco, es reducir la deuda bruta de la empresa hasta los 60.000 millones de dólares, que actualmente se encuentra en los 91.000 millones de dólares, así como los gastos. «Tenemos que estar preparados para ser una empresa resistente a la volatilidad de los precios del petróleo y a las fluctuaciones de la economía global», dijo Castello Branco. «No podemos depender de factores externos para generar valor, tenemos que generarlo con nuestros propios medios, a través de la reducción de los gastos y siendo más eficientes», completó. En ese sentido, el presidente adelantó, además, de que Petrobras deberá concluir la venta de la refinería de Landulpho Alves (RLAM), en el estado de Bahía (nordeste), «dentro de uno o dos meses», ya que está discutiendo los detalles del negocio con el fondo Mubadala, la compañía que presentó la mejor oferta. «Estamos en una fase normal de negociaciones, de aciertos para la firma del contrato», que «deberá acontecer en breve, dentro de uno o dos meses», recalcó Castello Branco. Petrobras, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, registró en el primer semestre de 2020 pérdidas por 51.236 millones de reales (8.347 millones de euros), en contraste con las ganancias de 22.897 millones de reales (unos 3.730 millones de euros al cambio actual) del mismo período del año pasado.

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