LOCAL

(CRONISTA) Devaluación: el Gobierno captó el equivalente a u$s 455 millones que se cubrieron de un salto del dólar
En una nueva operación de deuda pública, la cartera que comanda Martín Guzmán ofreció resguardo a inversores para cubrirse de la inflación y los saltos del dólar, pero no alcanzó a refinanciar todos los vencimientos. Igual, confían en cerrar bien agosto.

En la primera licitación de deuda pública en pesos de agosto, la Secretaría de Finanzas obtuvo este martes unos $ 146.345 millones con siete instrumentos que se utilizaron para descomprimir el perfil de vencimientos en lo que resta del año y extender los plazos hasta 2022 y 2023.

La operación estuvo dirigida exclusivamente a inversores privados (fondos de inversión, bancos, compañías de seguros y tenedores minoristas).

De estos números, $ 102.266 millones se colocaron en letras y bonos que ajustan por inflación o la tasa Badlar privada, mientras que otros $ 44.079 millones (equivalentes a u$s 456 millones) fueron a los dos bonos dollar linked, que cubren a los inversores de una futura devaluación con títulos que pagan en pesos al tipo de cambio del dólar oficial.

Estos fondos no alcanzaron para renovar los $ 224.000 millones que caducan en los próximos días, pero en el Gobierno confían que perder un set no es perder el partido.

En las cercanías de la Plaza de Mayo creen que en las siguientes licitaciones (el miércoles 18 y el viernes 27 de agosto) podrán retornar a la senda del financiamiento positivo: refinanciar todos los vencimientos y conseguir fondos extra para cubrir una parte del déficit fiscal.

En lo que resta del mes solamente expiran unos $ 100.000 millones, que buscarán conquistar con un menú variado de títulos con plazos que podrían ser menores y tasas más acordes a las necesidades de los inversores.

En lo que va del año, el Ministerio de Economía emitió nueva deuda por $ 311.431 millones, a los fines de pagar el desequilibrio financiero del Tesoro; mientras que el Banco Central (BCRA) transfirió hasta el 29 de julio unos $ 510.000 millones entre Adelantos Transitorios y utilidades.

Así, el mix de financiamiento es de 37% en el mercado de capitales y 63% con emisión monetaria, porcentajes que irán cambiando a lo largo del mes. El objetivo de Martín Guzmán y su equipo es que el año culmine en 40% – 60% o con menos emisión de dinero aún.

Fuentes oficiales dejaron abierta la puerta para volver a emitir bonos que cubran a los inversores de los saltos en el dólar, que hoy representaron el 30% de la licitación.

El otro 54% se resguardó de la inflación con letras y bonos vinculados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y el 16% restante apostó por tasa fija.

EL DETALLE
La reapertura de la letra que ajusta por CER y vence el 28 de febrero de 2022 -X28F2- atrajo $ 29.194 millones a una sobretasa de 2,61% anual por sobre la inflación.

El bono a tasa Badlar privada con un premio de 200 puntos básicos, que expira el 3 de abril del año que viene (AA22P), captó $ 15.967 millones, a una tasa nominal anual de 41,75%.

Asimismo, el bono dólar linked TV22D (29 de abril de 2022) atrapó $ 24.061 millones con un excedente de 0,27% anual y ya circularán u$s 1952 millones en total.

La Lecer X29L2 (29 de julio de 2022) sedujo $ 44.771 millones con una sobretasa de 2,85% por encima de la evolución de los precios.

El otro bono dollar linked (T2V2D), que caduca el 30 de noviembre del año próximo, captó $ 20.019 millones y tendrá en circulación desde ahora unos u$s 582 millones.

Por su lado, el bono TB23P vinculado a la tasa Badlar privada con un extra de 525 puntos básicos con vencimiento el 6 de febrero de 2023 atrajo $ 6955 millones (al 42,18% anual).

Y por último, el Boncer TX23 (25 de marzo de 2023) sedujo $ 5378 millones al 3,97% anual por sobre la inflación.

(CRONISTA) Transferencias: CABA fue el único distrito que recibió menos plata en julio
Mientras las 23 provincias recibieron entre 7,6% y 9% más que en 2020, descontada la inflación, la Ciudad de Buenos Aires sufrió una baja de recursos de 55,4% en términos reales.

Las transferencias automáticas a provincias por Coparticipación y leyes complementarias registraron en julio un incremento del 5,1% en términos reales -descontado el efecto inflacionario- en la comparación interanual, con un acumulado en lo que va del año del 11,4%.

De todas maneras, «en relación a los meses previos se observa una ligera desaceleración en la tasa de crecimiento de dichos envíos», sostiene sobre la evolución de los últimos meses un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En julio el envío consolidado del Gobierno nacional a las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trepó a $ 277.428 millones, en concepto de coparticipación y otras leyes especiales, lo que representó un incremento de 59,4%.

Pero la nota destacada es la fuerte caída de los recursos percibidos por la Ciudad de Buenos Aires, que registró una «caída real del 55,4%», señalan Nadin Argañaraz y Ariel Barraud, economistas del IARAF, en base a los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía.

En contraste, las 23 provincias tuvieron un incrementos reales entre 7,6% y 9% y acumulan en lo que va del año entre 8,4% y 15%. Frente a ello, la Ciudad vio recortarse sus ingresos por Coparticipación en 53,9% en los primeros siete meses del año.

La razón que explica esta diferencia es el «cambio en el coeficiente de distribución primario, que pasó del 3,5% en julio del 2020 al 1,4% a partir de enero del 2021», destaca el IARAF.

Las provincias que recibieron más recursos federales en julio fueron Buenos Aires, con $ 63.301 millones y una suba de 7,6% real interanual; Santa Fe $ 23.807 millones; seguidos de Córdoba, que recibió $ 23.135 millones; Luego Chaco con $ 13.167 millones y cierra el quinteto inicial Entre Ríos con $ 12.750 millones.

En la parte baja del ranking están Tierra del Fuego con sólo $ 3221 millones; Santa Cruz $ 4159 millones; Chubut $ 4238 millones; Neuquén con $ 4685 millones; y La Pampa $ 4929 millones.

La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, recibió $ 6045 millones, un recorte de 32,4% en términos nominales y de 55,4% en términos reales.

(CRONISTA) Provincia publicará «en breve» su oferta por el canje de deuda
Sería el tramo final de un largo proceso que contempló fuertes pulseadas con los acreedores y 20 extensiones de los plazos para entrar al canje. No habría quita de capital pero sí un fuerte recorte de intereses.

La provincia argentina de Buenos Aires publicará «en breve» su oferta de reestructuración correspondiente a la deuda de u$s 7150 millones, afirma un despacho de la agencia Reuters, en base a dijo al testimonio de una una fuente con conocimiento de las negociaciones.

De esta manera, el gobierno bonaerense lograría encaminar la reestructuración de la deuda con los acreedores, que ya lleva más de un año y medio de marchas y contramarchas.

No es un dato menor, en el contexto de la profunda crisis económica que desde 2018 arrastra el país, que fue agravada por la pandemia del coronavirus. Un acuerdo con los tenedores de bonos despejaría el horizonte de vencimientos en el principal distrito del país.

«Estamos terminando junto con los actores involucrados (agentes clearing, fiduciarios) los últimos detalles de la documentación, para publicar a la brevedad la enmienda al canje de deuda», indicó la fuente, que no dio detalles ni mayores especificaciones sobre los plazos y condiciones.

En los últimos días el gobierno bonaerense se mostró confiado en que su oferta tendría una amplia aceptación por parte de los acreedores.

Según trascendió, los nuevos términos y condiciones que formalizará la provincia supondrán una reducción de los servicios totales de aproximadamente u$s 4450 millones en el período 2020-2024.

En la propuesta de canje, los plazos de repago se triplicarán, mientras que habrá una importante reducción en el costo total de la deuda. El cupón máximo se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%.

Desde comienzos de 2020 la provincia de Buenos Aires extendió ya en 20 ocasiones los plazos límite para adherir al canje, sin que el acuerdo estuviera cerca. Ahora la principal «zanahoria» es que si bien no habría quita de capital, sólo quienes adhieran al canje recibirán los intereses devengados a junio de 2021.

Los bonos de la provincia de Buenos Aires subieron recientemente ante la esperanza de un próximo acuerdo, aunque han registrado importantes bajas en el último año debido a la falta de avances concretos en las negociaciones.

La propuesta de canje en la provincia de Buenos Aires tiene como telón de fondo la negociación que el propio gobierno nacional está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un deuda de u$s 44.000 millones más intereses.

Hace un año el Gobierno nacional pasado logró reestructurar más de 100.000 millones de dólares en títulos con acreedores privados, lo que generó un clima propicio para otras reestructuraciones, pese a lo cual ni el acuerdo con el Fondo, ni la renegociación de la deuda bonaerense llegaron a buen puerto hasta ahora.

(CRONISTA) Guzmán reflota una vieja idea de Cristina y quiere sintonía fina con tarifas y subsidios: cuáles son los riesgos
Una promesa de la actual vice en 2011 se puede hacer realidad once años más tarde, en 2022: la segmentación de las tarifas de energía para bajar el déficit fiscal por los subsidios. Advierten por el secreto fiscal y bancario y el peligro de los errores groseros de inclusión y exclusión.

El modelo económico que impulsó Néstor Kirchner desde 2003 se empezaba a agotar: los superávits gemelos (fiscal y comercial) se habían convertido en déficits y la Argentina chocaba en 2011 otra vez contra la famosa restricción externa.

Fue entonces que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prometió «sintonía fina», que algunos entendieron lisa y llanamente como «ajuste fiscal»: un levantamiento de los subsidios para quienes no los necesitaban, que permita un ahorro de recursos para atender a los sectores más vulnerables.

Diez años más tarde, la economía del país está estancada y la riqueza que produce es menor que en aquel momento.

Por eso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se puso al hombro la corrección del «modelo» y la tarea de segmentar las tarifas de la energía, que podría aplicarse en 2022, bien pasadas las elecciones de medio término.

«El camino a seguir ahora es la segmentación apropiada de los subsidios. Estamos trabajando en criterios progresivos. En pandemia fue muy difícil finalizar esta tarea», declaró al canal C5N el funcionario que cada vez que puede recuerda que el actual sistema es pro-rico; es decir, que los recursos del Estado van en mayor medida a los deciles 9 y 10 de la población, que los necesitan menos que el 80% restante.

Según los cálculos de un consultor energético, que prefirió mantener su nombre en reserva, en 2021 los subsidios al sector rondarán los u$s 8400 millones, que equivalen a 2% del Producto Bruto Interno (PBI).

El economista Julián Rojo, que trabaja con el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, reveló que entre julio 2020 y junio 2021, las transferencias del Estado para el funcionamiento de la energía se acercan a los u$s 7500 millones, con un salto interanual en el año móvil (respecto al mismo período de 2019 y 2020) de 40% en dólares.

Como contó El Cronista en mayo, la Secretaría de Energía arrancó con los pedidos de información y bases de datos a distintos organismos y dependencias públicas, además de las distribuidoras de electricidad y gas, para diseñar un registro unificado.

La intención oficial es ir «casa por casa», «usuario por usuario», para conocer quiénes viven en cada domicilio, cuántos son sus ingresos, si cuentan con vehículos o bienes suntuarios, el nivel de gastos de cada hogar y otros datos para precisar la necesidad de cada habitante de contar con algún tipo de subsidio en las tarifas energéticas o quitárselo.

Esta estrategia expone dos peligros: el riesgo de violar el secreto fiscal y bancario y la posibilidad de caer en groseros errores de inclusión (dar el subsidio a una familia que no lo requiere) o de exclusión (sacarle la ayuda a un hogar vulnerable).

El trabajo de segmentación lo llevan adelante técnicos de Economía y Energía junto al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y de la Electricidad (ENRE), y con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Superintendencia de Servicios de Salud, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Syntis), el registro automotor, los registros de la propiedad de las distintas jurisdicciones y los municipios.

Las distribuidoras fueron acercando distintos datos al Gobierno, a demanda de los funcionarios.

«El Syntis tiene información muy detallada a nivel persona, pero es la foto de un momento y no un video. Además, es muy difícil saber quién alquila un departamento y relacionar a un medidor de energía con un usuario. Parece complicada la segmentación de tarifas de esta manera que se plantea», considera un referente del sector, en off the record.

«Más simple es una segmentación geográfica. Por ejemplo, aplicar tarifa plena a todo el Corredor Norte (NDR: los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Núñez y los partidos bonaerenses de Vicente López, San Isidro y San Fernando, entre otros, en donde se presupone que la población tiene mayor poder adquisitivo) y luego tarifa social a demanda de los usuarios que fueron excluidos de los subsidios», agrega esta fuente.

La discusión de fondo es cuánto tienen que pagar los usuarios por la energía, si es un derecho humano básico que tiene que ser satisfecho al menor costo y sin importar su relación con el equilibrio fiscal del Tesoro (como plantea una parte del Frente de Todos, que tiene su cara visible en el interventor del Enargas, Federico Bernal) o si los precios deben reflejar los costos de producción y ser una señal para incentivar el ahorro (la línea Guzmán).

«¿En 2022 le vas a aumentar las tarifas a la clase media o como los ingresos seguirán deprimidos se va a evitar actuar así? Esa será una decisión política», resumen fuentes.

Otro consultor especializado planteó: «Es inentendible que no hagan la segmentación con el mismo criterio que la Asignación Universal por Hijo (AUH). Pueden subir la tarifa a todos y le agregan los subsidios en la tarjeta AUH o dentro de otro plan. Pero sí es imposible hacerlo con información de AFIP».

(CRONISTA) ¿Termina el viento de cola? Cayó la soja hoy en Chicago y se acerca a los u$s 500 por tonelada
La mejora en las perspectivas climáticas luego de un informe del USDA y, en paralelo, el temor por el avance de la variante Delta, que podría provocar una caída en la demanda, explican los resultados negativos en la rueda de negocios de hoy del Mercado de Chicago.

Si bien el precio de la soja después de alcanzar los casi 600 dólares por tonelada en mayo se mantuvo con volatilidad en torno a los u$s 540 y u$s 520 -y estaba todo dado para que continúe en altos valores- terminó hoy la rueda de negocios con pérdidas en torno al 1,5% en la Bolsa de Chicago, lo que representó un retroceso de más de u$s 9, hasta que se ubicó en 511,77 dólares por tonelada.

La jornada en el principal punto de referencia mundial para el valor de las materias primas agrícolas también dejó bajas para el maíz. Los futuros cayeron un 1,47% y cerraron a 216,72 dólares la tonelada. El trigo, en tanto, se cotizó con bajas del 0,68% y terminó con un valor por tonelada de 266,21 dólares en los contratos futuros con entrega en septiembre.

La razón de la caída fue el clima. Después de un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se supo que mejoraron las condiciones climáticas de los cultivos. A eso se sumó el avance de la variante Delta que generó temor en los operadores por posibles desaceleraciones de demanda en países claves como China.

«La baja puede explicarse porque no hay tanto miedo por el efecto del clima en la producción, y además, puede ser que haya un poco de efecto por la variante Delta que está pegando en Estados Unidos y China, cuando se creía que estábamos saliendo de la pandemia», explicó David Miazzo, economista jefe de FADA, a El Cronista.

La posición que vence en agosto de soja fue la que registró una menor caída de u$s 9,74, pero si se observan las posiciones que le siguen las caídas fueron superiores a los 10 dólares. Por ejemplo, al de septiembre bajó 2,39%, lo que significan u$s 11,94 y concluyó la jornada en u$s 486,39 la tonelada.

«Gran parte de la corrección de precios tiene que ver con el clima en Estados Unidos. Agosto es un mes crítico para la soja en el país y en este momento se espera un clima más templado con más lluvias lo que significa un alivio importante», explicó la economista y jefa de estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) Emilce Terré.

En esta línea, el mercado suele estar atento a los cultivos en condiciones ‘Buenas o Excelentes’ y el USDA informó el lunes que los cultivos de soja en condiciones Excelentes alcanzan el 60% en Estados Unidos, cuando la semana anterior era el 58% y los operadores esperaban que se deterioren aun más.

El precio de la soja continúa en buenos niveles en términos históricos y se ubica un 50% por encima de los valores del año pasado.

MENOR MARGEN PARA LA SOJA:
Desde que comenzó el viento de cola a la soja argentina le costó aprovechar los saltos de precios generados por las condiciones climáticas estadounidenses. Por la brecha entre el precio que se paga en Estados Unidos y el que reciben los productores en nuestro país por el costo de fletes, retenciones y el sobre costo que significa la histórica bajante del Paraná, se espera una pérdida de la presencia de la soja en el total de hectáreas sembradas.

Desde la BCR señalan que si se comparan los márgenes de producción en Argentina para los diferentes cultivos, el maíz ocupa el primer puesto. Mientras con los maices se pueden conseguir rendimientos de 100 y 120 quintales por hectárea, la soja tiene un techo de 45 y 52 quintales por hectárea.

A eso se suma la presión fiscal. «El principal punto son las retenciones: la de soja casi triplica a la de maíz. Sumados a los impuestos posteriores, posicionan al sistema agrícola en una actividad de alto riesgo, en especial para el pequeño productor», concluyeron.

(CRONISTA) Lanzan canje de ON con el primer bono verde corporativo de la Argentina a nivel internacional
Genneia, compañía líder en energías renovables, lanzó esta obligación negociable que se ofrece a cambio de su ON Clase XX con vencimiento en enero 2022. Es respaldado por los ingresos del parque eólico más grande del país.

Genneia, empresa líder en generación de energías renovables en Argentina, anunció una nueva Obligación Negociable (ON) en el mercado internacional, para el canje de su ON Clase XX por u$s 500 millones.

Además, la empresa lanzó tres nuevas obligaciones en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto de u$s 40 millones, ampliable hasta los u$s 80 millones.

Los cuatro instrumentos fueron calificados como bonos verdes, por cumplir con requisitos nacionales e internacionales en la materia.

El bono verde en el mercado de capitales internacional Clase XXXI tiene vencimiento en agosto de 2027, denominado en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023.

El bono se ofrece como canje de la ON Clase XX, por un total de u$s 500 millones y por la ON privada por un total de u$s 53 millones, ambas con fecha de vencimiento en enero de 2022.

«Esta oferta de canje se realiza cinco meses antes de su vencimiento y con un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para Genneia es un verdadero orgullo acercar proactivamente una propuesta de estas características a sus inversores», expresó Carlos Palazón, CFO de la empresa.

«Estas obligaciones negociables se encuentran respaldadas por los ingresos del Parque Eólico Madryn, de 222 MW de capacidad instalada, el más grande del país, que representa 30% de los ingresos de Genneia», explicó Palazón.

(CRONISTA) Presión para el dólar Senebi: vencen $ 29.000 millones de fondos extranjeros
Este jueves vencen $ 150.000 millones de un bono ajustado por CER. Fondos institucionales del exterior tienen $ 29.000 millones y casi la mitad tiene decidido irse

El dólar Senebi, que es una suerte de contado con liquidación blue, ya que si bien es legal es libre, pasó la barrera de los $ 180 y se negoció durante toda la rueda a $ 181,25, con lo cual hasta superó la marca de los $ 180,50 del blue, y pasó a ser el billete más caro del mercado.

Es que es la única forma que tienen las empresas y fondos institucionales del exterior de mandar las divisas al extranjero.

Si bien la cotización parece cara, en la City la ven barata en relación a lo que se viene, ya que este jueves vencen $ 150.000 millones del TX21, el bono ajustado por CER, donde hay una tenencia de $ 29.000 millones en manos extranjeras, de fondos institucionales que tienen a corto plazo como Pimco.

DOLARIZACIÓN DE PORTFOLIOS
En las mesas estiman que casi la mitad de ese monto partirá devuelta a los Estados Unidos, con lo cual presionará aún más al Senebi.

En total se acreditarán entre el miércoles y jueves $ 34.000 millones, que casi la mitad buscará dolarizarse mediante el Senebi, ya que no están dispuestos a renovar y tampoco están interesados en los dólar linked
Además, este miércoles vence el bono TB21 por $ 68.000 millones, de los cuales $ 5000 millones están en manos de tenedores extranjeros. En total se acreditarán entre el miércoles y jueves $ 34.000 millones, que casi la mitad buscará dolarizarse mediante el Senebi, ya que no están dispuestos a renovar y tampoco están interesados en los dólar linked.

En total, hay deuda en mano extranjera por el equivalente a u$s 2200 millones a un dólar Senebi de $ 182 sólo en bonos en pesos y letras
Por eso, le ofrecieron la reapertura del Boncer TX23, pero los inversores extranjeros no aceptan un canje ni refinanciar, con lo cual estiman en la City que el Senebi se pondrá picado.

Migración de cartera
«Probablemente una parte pase de bonos a letras CER, se vendan por mercado y migren así. Los fondos suelen aceptar los canjes y luego van vendiendo todos los días por mercado esas letras o bonos», revela un avezado mesadinerista.

Una alta fuente del Gobierno asegura que «no se va todo lo que vence. Siempre renuevan parcial y van llevándolo de a poco».
En total, hay deuda en mano extranjera por el equivalente a u$s 2200 millones a un dólar Senebi de $ 182 sólo en bonos en pesos y letras.

De esos u$s 2000 millones, unos u$s 300 millones vencen en los próximos 90 días. Representa una semana de volumen en toda la Bolsa, pero como ellos sólo pueden operar Senebi, equivale a tres semanas de volumen. Por ahora, lo nuevo que les ofrecería el Gobierno para renovar es dólar linked, pero los fondos prefieren más los CER.

VOLUMEN RECORD EN CCL
El lunes se operó el volumen más alto de la historia en el dólar contado con liquidación: fueron u$s 125 millones de nominales de AL30 contra pesos en t+2 en la bolsa por pantalla (PPT), lo que refleja que sigue muy alta la demanda de CCL, lo que obligará al BCRA a gastar más dólares en la intervención, para evitar que se escape de cara a las elecciones.

En los primeros tres días de la semana pasada, en 1816 estimaron que el Banco Central vendió bonos contra pesos por u$s 28 millones promedio por rueda (en monto CCL).

El lunes se operó el volumen más alto de la historia en el dólar contado con liquidación: fueron u$s 125 millones de nominales de AL30 contra pesos en t+2 en la bolsa por pantalla (PPT)
Desde el 20 de julio, todos los días se operan al menos u$s 90 millones de nominales de AL30 contra pesos en T+2 por pantalla, pero la rueda del lunes fue récord absoluto.

Este número se lo suele seguir de cerca porque correlaciona muy bien con la intervención del BCRA. A partir del factor «Otros» de variación de base monetaria estima 1816 que el Central vendió u$s 32 millones de títulos contra pesos el miércoles pasado (último dato disponible), uno de los montos más altos del año.

RECORD DE INTERVENCIÓN EN JULIO
Por lo tanto, julio parece haber cerrado con ventas brutas de títulos por alrededor de u$s 400 millones, récord mensual hasta aquí.

Pero agosto comenzó ayer con un valor récord en lo que va del año para el CCL: $ 170,14 en su versión en modo «Precios Cuidados», o subsidiados, mientras el Senebi, que es el libre, se operó todo el día en $ 181,25.

En el equipo económico ni quieren pronunciar la palabra Senebi. Aducen que, técnicamente, no tiene cotización: «Vos podés cerrar un precio y pasarlo durante todo el día, no tiene valor de pantalla como la PPT, no hay valor de referencia, son operaciones OTC (over the counter, entre puntas, sin quedar registrado en las pantallas), no tiene macheo de operaciones, con lo cual no tiene cotización fija como la PPT».

(AMBITO) El Banco Central terminó de levantar la barrera de divisas para pensar ya en 2022

El Banco Central (BCRA) cumplió su misión cambiaria, monetaria y política, comprometida para los primeros siete meses del año. La entidad que maneja Miguel Pesce terminó de armar la barrera de divisas necesaria para que hasta las elecciones legislativas de noviembre, haya confianza en los mercados en que las cuentas cambiarias estén en orden y sin alteraciones. Y que se pueda pensar en terminar 2021 en cierta paz. Sólo restaría que se cumplan las estimaciones de reducción de la presión inflacionaria, para que la divisa en su versión oficial pueda desarrollar la estrategia final de cierre del ejercicio. No es poco, a cinco meses del 31 de diciembre.

El BCRA logró cerrar julio con un saldo positivo de u$s715 millones, pese a que parte del dinero de las reservas debió utilizarse para pagar el lunes el vencimiento de u$s345 millones en intereses del correspondiente al stand by firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, al contado y con dinero contante y sonante depositado en las reservas del BCRA. Y a que la semana anterior se cumplió con el pago a los estados pertenecientes al Club de París, los que recibieron (país por país) unos u$s231 millones, correspondientes al primer pago del acuerdo firmado en junio por Martín Guzmán, dentro del puente de tiempo cerrado con el organismo. En total, fueron unos u$s576 millones los que se giraron a ambos frentes, con lo que el país no entró en default con ninguno de los dos organismos financieros.

Ahora habrá que esperar al 23 de agosto para que lleguen los u$s 4.350 millones provenientes de los Derechos Especiales de Giro (DEG), dinero con el que se cumplirá con los vencimientos con el FMI del 30 de septiembre y el 30 de diciembre (si no hay antes un acuerdo con el organismo)

Así, los dos compromisos más importantes que quedan para 2021 estarán saldados. Con esto puede determinarse que el cronograma del año está cubierto y sólo habrá que esperar hasta marzo 2022 para volver a zona de peligro. Como se supone que para ese mes el acuerdo con el FMI será una realidad, es posible que lo peor de los peligros de los vencimientos del gobierno de Alberto Fernández estarán saldados; si el Facilidades Extendidas incluye una renegociación de vencimientos de los pagos con el organismo, quizá, hasta 2026.

La batalla ahora será interna. El BCRA logró mostrar un saldo de compras de u$s7.170 millones en lo que va de 2021, distribuidos en 2.226 millones en el primer trimestre, 4.187 millones en el segundo y 715 millones en el primer mes del tercero. Si se suman los u$s850 millones que quedarán liberados de los DEG por no estar comprometidos en los pagos al FMI (u$s3.600 millones totales), el saldo favorable será de casi u$s8.000 millones. Un volumen en el que, coinciden el oficialismo financiero y los privados, es lo suficientemente alto como para despejar amenazas importantes contra la estabilidad cambiaria del dólar oficial.

No sólo el BCRA, sino también el Gabinete Económico están convencido que este dinero debe ser defendido y blindado; y quedar como parte de las reservas para 2022; año en el que sólo debe pensarse en incrementar la cuenta hasta superar los u$s10.000 millones. Se insiste en que los dólares deben utilizarse sólo para sostener la actividad económica real, abasteciendo a los importadores esenciales (no al resto) y a una cuenta especial que se conocerá a fin de año y que, se descarta, será más que abultada: el pago a la importación de combustibles, un números que siempre es en dólares y supera los u$s1.000 millones.

No cree este sector del oficialismo que deban pensarse, siquiera, en flexibilizaciones al cepo cambiario; el que debería mantenerse (según esta visión) imperturbable por varios meses (años) más. En todo caso esperar a mucho después de cerrado el acuerdo con el FMI para analizar la conveniencia y posibilidades de una flexibilización tenue. Casi imperceptible.

El ala política piensa diferente. En tiempos electorales, esos dólares se ven con ansiedad. Se cree que al menos el resto de los DEG que no sean utilizados para los pagos de septiembre y noviembre, deberían ser utilizados para su fin específico y para el que fueron creados desde el FMI: atender las consecuencias de la pandemia en las economías de los países en desarrollo. Y en lo posible poder avanzar en otros dólares de las reservas para tener más dinero de ejecución de “políticas sociales”.

(AMBITO) Traspié: Guzmán renovó sólo 65% de deuda que vence esta semana
Quedaron $77.500 millones sin refinanciar y podría haber un nuevo pedido al BCRA para cubrirlo. El mercado le puso un tope a la extensión de plazos. Economía ajustará la estrategia para fondearse.

Martín Guzmán comenzó agosto con un traspié en su estrategia financiera. En la primera licitación de deuda en pesos del mes, que representaba un desafío importante por el abultado monto de los vencimientos a refinanciar, solo logró renovar el 65%. El Ministerio de Economía colocó ayer $146.345 millones frente un volumen de pagos semanales por cerca de $224.000 millones. Así, quedaron sin renovar unos $77.500 millones, que deberán ser cancelados este jueves. Una posibilidad latente es que, para afrontarlo, el Tesoro necesite pedir una nueva asistencia monetaria al Banco Central, algo que Guzmán procura evitar para evitar sumarle más presión a los dólares paralelos.

Más allá de que aún restan meses complejos en el marco de un mercado tensionado en pleno clima electoral, la licitación de ayer representaba una prueba mayúscula. Aglutinaba el desafío de renovar el mayor vencimiento semanal del año, concentrado en dos bonos (el Boncer TX21 y el Badlar TB21) y con 100% de acreedores privados. Ante ello, la Secretaría de Finanzas había ofrecido un menú sin letras cortas, con siete instrumentos a 2022 y 2023 plazo, sumado al regreso de los bonos dólar linked para dar una señal de que no prevé una devaluación poselectoral.

Pese a ello y a que convalidó otra suba de la tasa en los títulos CER (atados a la inflación), no logró juntar lo necesario para refinanciar los pagos, en el contexto de un mercado en modo electoral que le pone un tope a la extensión de los plazos de colocación. Fuentes de Economía asociaron el resultado a una mayor demanda de una parte de los inversores por instrumento más cortos y se mostraron optimistas en que se podrá revertir en las próximas licitaciones, menos cargadas de vencimientos. Para ello, adelantaron que actuarán con flexibilidad y adecuarán los plazos a ofrecer.

En concreto, Economía recibió un total de 1.032 ofertas por un total de $157.777 millones de valor nominal, del cual se adjudicó un valor efectivo de $146.345 millones. Es decir que de por sí la demanda fue baja en relación a los vencimientos. Del monto captado, el 54% fue a títulos ajustables atados a la inflación (Lecer a febrero y a julio próximos y Boncer TX23 a 2023), un 30% dólar linked (a abril y noviembre de 2022) y 16% a tasa Badlar (a abril de 2022 y febrero de 2023).

Con respecto a las tasas, el rendimiento real convalidado para los instrumentos CER subió en promedio al 2,8%. En la licitación previa había sido del 2,6% y en la anterior del 2,4%. Los bonos a tasa Badlar pagaron 41,75% nominal anual el más corto y 42,18% el más largo. Mientras que los dólar linked, que rendían apenas negativo en el mercado secundario, se reabrieron con una tasa de corte del 0,27% a abril y del 0,51% a noviembre de 2022.

La consultora Gabriel Rubinstein y Asociados consideró que la licitación fue “muy mala” y advirtió que los pesos que quedaron sin refinanciar podrían sumar “combustible para el CCL (dólar contado con liquidación)”. La preocupación es que quienes decidieron cobrar sus tenencias en lugar de renovarlas busquen dolarizarse a través de la Bolsa y presionen sobre la brecha cambiaria, que el Gobierno procura mantener bajo control con intervenciones del Central.

Consultados por Ámbito, en Economía plantearon que el resultado no va a afectar directamente al CCL ya que el universo mayoritario de tenedores que no renovó estaba conformado por bancos y fondos comunes de inversión, que por sus mandatos de inversión no se volcarían a dolarizarse. “Es más una preferencia de plazos más cortos que de moneda. No vemos que pueda generar ninguna tensión en el dólar paralelo. En las próximas semanas vamos a ajustar el menú de instrumentos con flexibilidad para que le sirva a la estrategia del Tesoro y que sea atractivo para los inversores”, afirmaron. Además, valoraron que la emisión de bonos dólar linked “ayuda a disipar expectativas devaluatorias” y consideraron un acierto haber ofrecido estos títulos.

“Fue un mal resultado que complica un poco la estrategia financiera. Quizás en la próxima licitación ofrezcan de nuevo instrumentos más cortos y suban algún punto más la tasa para atraer a los inversores que no entraron”, señaló Joaquín Waldman, economista de Ecolatina. Y respecto de potenciales tensiones cambiarias adicionales, sostuvo que dependerá de la decisión que tomen los inversores que no renovaron y de si el Tesoro precisa pedirle mucho al BCRA para afrontar este pago o si tiene colchón como para aguantar.

En lo que resta de agosto, Finanzas intentará juntar los pesos no renovados esta vez y minimizar la necesidad de emisión monetaria. Según el cronograma oficial, habrá dos licitaciones más antes de fin de mes (el miércoles 18 y el viernes 27) y los vencimientos a renovar rondarán los $95.000 millones.

En julio ya se había acelerado la asistencia monetaria del BCRA, que le giró $180.000 millones al Tesoro, algo esperable por la estacionalidad y la ampliación del gasto público encarada por el Gobierno tras la disciplina fiscal de comienzos de año. Ese mismo mes, más exigente en materia de vencimientos (como también lo serán agosto y septiembre) se redujo el porcentaje de rollover de la deuda del 125% en el primer semestre al 112% y el financiamiento neto fue de $34.900 millones.

La meta de Guzmán es cubrir el 60% del déficit con emisión monetaria y el 40% con deuda en pesos. Con prudencia fiscal y monetaria, en los primeros siete meses logró sobrecumplirlo y acumuló 56% y 44% respectivamente. El resultado de ayer confirma que el segundo semestre será más desafiante para esa estrategia.

(AMBITO) Gobierno inicia «desalojo» de GCO y Ausol, y rescindirá concesiones
Luego de lapidaria auditoría tras negociado de la gestión Dietrich que las beneficiaba con u$s1.700 M a concesionarios de Accesos Norte y Oeste (exsocios de Macri). Cúmulo de irregularidades en contrato.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas envió notificaciones a las concesionarias del Acceso Norte (autopistas del Sol) y del Acceso Oeste (Grupo Concesionario del Oeste) respecto de los resultados de la auditoría que analizó la prórroga de las concesiones realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri hasta el 2030.

Los Acuerdos Integrales de Renegociación para los principales autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires que fueron refrendadas por decreto en 2018 y que resultaron en una investigación penal con eje en el exministro de Transporte Guillermo Dietrich arrojaron múltiples irregularidades y dieron pie para que el Poder Ejecutivo cuente con una prueba documental que permita avanzar en la rescisión de las concesiones. De hecho, ambas empresas -que fueron socias de la exfamilia presidencial- comunicaron la novedad a la Comisión Nacional de Valores. Y tienen listos, tras bambalinas, sendos juicios al Estado para resistir cualquier intento de ser “desalojadas”.

Los documentos y conclusiones finales de la auditoría, así como los movimientos que generaron tanto en el Gobierno como en las empresas fueron reveladas por el programa “Brotes Verdes” del canal C5N. Allí se había iniciado el caso “Autopistas del Curro” que detectó que Dietrich había celebrado y coordinado la prórroga de las concesiones para ambas autopistas hasta 2030 sin licitación, en una negociación que llevó adelante Javier Iguacel por Vialidad Nacional, donde intermediaron por el Estado los mismos abogados que habían asesorado antes a las empresas. Y que tenía como trasfondo el “reconocimiento” de una deuda por parte del Estado que no contaba con apoyo documental que le permitiera ganar la presentación que habían hecho los privados ante el CIADI.

La auditoría fue implacable en sus conclusiones: el contrato con el que Dietrich benefició a Ausol y a GCO le aseguraba teóricamente un recupero de la deuda en dólares más el 8%. Sin embargo, los peajes obviamente se perciben en pesos, con lo que el monto real de la deuda reconocida continúa incrementándose.

El monto real que le garantizó Dietrich a ambas empresas, cuyo capital accionario estuvo asociado a SOCMA de la familia Macri fue de u$s1.161 millones, compuestos de capital más intereses capitalizables. Pero como además se dejó asentado que ese monto sea “libre de impuestos”, el Estado sacrificó el cobro de tributos en concepto de Impuesto a las Ganancias por otros u$s619.444.523 -algo que fue declarado por las propias concesionarias-. Esto, eleva el importe final reconocido como deuda a Ausol y GCO en u$s1.780 millones, una cifra superior a la que se pensaba en un comienzo.

Pero la auditoría también detectó otra serie de irregularidades de igual gravedad: la tarifa del “peaje”se terminó “dolarizando” -algo que estaría vedado luego de la prohibición de indexación que se estableció, entre otras premisas, en el fallo CEPIS, de la Corte Suprema-, pero de todas maneras, se fijó el parámetro del dólar contado con liquidación (CCL) si existiesen restricciones cambiarias o “Cepo”. Este contrato así establecido obligaría a subas en los peajes de acceso a la Capital Federal mucho mayores a las originalmente reclamadas (276% para el 2020 en Panamericana y 303% para el Acceso Oeste). Pero, a su vez, permitía que las concesionarias dejaran de estar obligadas a al mantenimiento de las autopistas si no cobraban la deuda que les había reconocido la gestión de Macri. Además, en otro de los puntos, señala que la renegociación que encabezó Dietrich e Iguacel elimina de la ecuación el riesgo empresario ya que el Estado se obligaba a cubrir el costo del peaje si las empresas no lo hacían, y terminaban siendo compensadas.

La semana pasada, se enviaron a Ausol y a GCO las notificaciones correspondientes para que tomen vista y en un plazo de 7 días envíen su respuesta. Pero a la CNV ya le advirtieron al Estado en el último párrafo que consideran “improcedente” lo que se señala en el análisis. El Gobierno confía que cuenta con bases firmes para iniciar el proceso de desalojo y terminar en la rescisión de los contratos, algo que disparará juicios contra el Estado, si logra que, de forma temporaria, sea Corredores Viales la que administre los accesos más importantes hasta tanto se licite nuevamente el servicio.

El Gobierno ya contaba con elementos en junio pasado pero decidieron aguardar para dar el primer paso. En su cariz político, esto explicaría la visita relámpago del presidente Pedro Sánchez desde España y el reclamo al Gobierno argentino para que demorara lo que sería interpretado como un fuerte golpe a intereses empresarios de ese país que habían obtenido la gloria con Macri.

(AMBITO) Reforzarán monitoreo de precios; inflación de julio cercana al 3%
Gobierno y consultoras coinciden en que durante julio el Índice de Precios al Consumidor tuvo una leve desaceleración, con lo que podría perforar el piso del 3%. Apuntan a «quebrar la inercia».

El Gobierno y las consultoras privadas coinciden en que se está registrando una desaceleración de la inflación. En julio el índice de precios al consumidor podría incluso perforar el piso del 3% y apuntan a que el sendero se extienda hacia fin de año. Continuarán los monitoreos en las subas de los artículos de consumo masivo, el ancla cambiaria y la contención de precios regulados. Apuntan a “quebrar la inercia” que situó al avance de los precios en torno al 50% en términos interanuales.

Para cumplir el objetivo oficial de que los salarios recuperen poder adquisitivo, en el gabinete económico tienen a la reducción de la inflación como uno de los temas centrales de gestión. En ese sentido, en el Ministerio de Desarrollo Productivo apuntan a “quebrar la inercia inflacionaria”, que luego de los desajustes macroeconómicos que se dispararon con la crisis cambiaria de 2018 se posicionó cerca del 50%.

Desde el Ministerio de Economía, en ese punto, señalan que “luego del pico de marzo hay una tendencia decreciente” y adelantan que “en julio estaría dando un poco por debajo de junio”. Las consultoras privadas también anticiparon una desaceleración que llevaría al índice de precios al consumidor por debajo del 3%. La medición Ferreres & Asociados arrojó un 2,7%, mientras que la de Ecolatina señaló un promedio de 2,6%.

En el Palacio de Hacienda reconocen que los controles de precios no serán la solución definitiva a la escalada inflacionaria y apuntan a “ordenar las metas macroprudenciales”. Sobre este punto, Guzmán sigue de cerca las previsiones del presupuesto con respecto al déficit fiscal y al tipo de cambio oficial y apunta a cumplir con las estimaciones. No obstante, la Secretaría de Comercio sigue en contacto constante con las empresas de consumo masivo.

Además de las conversaciones que se llevan a cabo por los programas vigentes, Precios Cuidados y Súper Cerca, se monitorea la salida progresiva de Precios Máximos. Es que el fin del congelamiento no implicó una liberación total del esquema de seguimiento. Una importante firma de consumo masivo explicó a Ámbito que para agosto le autorizaron aumentos que están en torno al 4% y al 8%.

La intención del Gobierno es que al perforar el piso simbólico del 3% las expectativas se ordenen más cerca del 2% y que hacia fin de año se acentúe esa baja. De esa manera, la dinámica inflacionaria estaría más cerca de los valores del 2015 que de los del 2019.

Fuentes oficiales también remarcaron que el tipo de cambio seguirá funcionando como un ancla fundamental en la estrategia. “En los próximos meses, se espera que la inflación continúe el proceso de descenso gradual de los registros mensuales. El Banco Central continuará con la política de administración del tipo de cambio, propiciando que la dinámica cambiaria contribuya a consolidar el proceso de desinflación”, dijeron.

“Desde ya que la pauta presupuestaria será superada”; concedieron desde la cartera que conduce Guzmán. Entre otros factores señalan que la previsión para la primera mitad del año se vio trastocada por la fuerte suba de precios de las commodities, teniendo en cuenta que el presupuesto 2021 fue enviado en septiembre pasado, antes de la disparada de los productos primarios.

“Vemos que la inflación poco a poco y mes a mes se desacelera de un pico que tuvo que ver con la suba de los precios internacionales de alimentos”, dijo en declaraciones radiales la secretaria de Comercio Paula Español. En ese sentido, agregó: “Hace dos años recibimos una economía con una inflación del 50%. Buscamos quebrar la inercia inflacionaria”.

(AMBITO) Argentina, El Salvador y Ecuador beneficiados del maná del Fondo
Todo listo para recibir los nuevos DEG. Para muchos, ni fu ni fa. Para otros, es como un respirador. La posibilidad de redistribuir es la clave.

El FMI no se quedó atrás y al igual que la Fed y el BCE hizo despegar su helicóptero, pero de DEG (u$s650.000 millones). Así Argentina, al igual que el resto de los países miembros del FMI, recibirá el maná del cielo de una asignación extraordinaria de DEG. Claro que el impacto no es igual para todos. Porque todos reciben algo, aunque no lo necesiten. Para los mercados emergentes con reservas bajas y/o que enfrentan elevadas exigencias de financiamiento externo marcará una diferencia en 2021.

En la región, el caso argentino y ecuatoriano, incluso para El Salvador, es sin duda, un valioso salvavidas de corto plazo. Es eso, un bálsamo, que puede ayudar a suavizar el ajuste macro y, por lo tanto, puede impedir la adopción forzosa de políticas procíclicas (contractivas) y a menudo abruptas y distorsivas, a la vez que brinda un margen de maniobra en términos de gasto para afrontar la crisis. Pero que de ninguna manera sustituye a una política macroeconómica sólida y disciplinada, bajo la óptica de Wall Street.Para tener una idea de la inyección de liquidez, los países calificados, por el FMI, como emergentes y los de ingreso medio, unos 86 aproximadamente, se beneficiarán al recibir una asignación equivalente a u$s250.000 millones.

Si bien todo se parece al helicóptero de la Fed y del BCE, el del Fondo no amplía, inicialmente, la oferta monetaria mundial de modo que en primera instancia se estima que es poco probable que esta asignación de DEG sea inflacionaria, sino que aumentará el stock de reservas globales. Claro que en el caso de que las nuevas reservas respalden políticas fiscales expansivas -al vender los DEG por dólares, euros, etc.- los efectos inflacionarios pueden ser diferentes, pero como no sería algo masivo el impacto sería más a nivel local.

Al respecto, una encuesta entre fondos de inversión de Goldman Sachs estimó la demanda potencial de monedas de libre uso después de la asignación de DEG en solo u$s28.000 a 37.000 millones. Además desde un punto de vista monetario, si los DEG se cambian por cualquier moneda de libre uso (dólar, yen, euro, libra o yuan) de países distintos de los emisores de estas monedas, no habrá efecto monetario, ya que las reservas de divisas simplemente se trasladan de un país a otro, con un cambio concomitante en la composición de las reservas en ambos países. Claro que en el caso de que el banco central que emite la moneda de libre uso esté involucrado en proporcionarlos a cambio de DEG y no esteriliza el impacto monetario, entonces la oferta monetaria puede aumentar.

Más allá de los efectos monetarios e inflacionarios, este maná fortalecerá las reservas de mercados emergentes en un momento de importantes desafíos económicos y sociales, flujos de capital inestables y un endeudamiento creciente. Por ello, el tema clave pasa por el fondo fiduciario que impulsa el G20 para que los países que no necesitan los nuevos DEG o no los usarán inmediatamente puedan canalizar voluntariamente parte de sus asignaciones de DEG. Por ejemplo, si las economías desarrolladas (reciben en total u$s400.000 millones) pusieran a disposición el 15% de su asignación de DEG, las economías en desarrollo podrían obtener u$s60.000 millones adicionales.EE.UU. señaló recientemente que pondría a disposición una quinta parte de su asignación, unos u$s20.000 millones.

Vale señalar que en la anterior asignación especial, en 2009 bajo la tutela del fallido Dominique Strauss-Kahn, a raíz de la crisis financiera mundial, el 70% de los países no usó los DEG, los mantuvo como reservas. Para varias economías de la región, 17 en total, la nueva asignación de DEG aumentará el stock de reservas en más de un 10%, incluyendo Argentina, Belice, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Surinam y Venezuela (en estos últimos casos el aumento será del 80% y 30% respectivamente).

Ocurre que Wall Street observa el umbral considerado mínimo de reservas para cada país según el criterio del FMI y en el caso de latinoamérica los países que están muy por debajo de rango mínimo son además de Argentina y Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, El Salvador, Panamá y Ecuador. Mientras que en Asia, Armenia, China y Pakistán se destacan. En el caso de Europa y África, son Turquía, Bielorrusia, Túnez, Egipto y Lituania. El problema es que Argentina, Ecuador y El Salvador, por distintas causas, son los más vulnerables por los vencimientos que enfrentan con un stock de reservas netas exiguo. Eso es lo que miran en Wall Street.

(AMBITO) Por trabas a importados, automotrices venderán 20.000 cero km. menos este año
El desabastecimiento del mercado se agudiza, con una demanda que se mantiene alta. Las terminales sostienen los planes de producción y exportación.

A mediados de julio, el Gobierno realizó un sondeo entre las automotrices para saber si las empresas iban a cumplir con los planes de producción, ventas y exportaciones previstos para este año, teniendo en cuenta el contexto adverso que se vive en el país, tanto en materia económica como sanitaria.

La respuesta a ese requerimiento se demoró unos días ya que las terminales agrupadas en ADEFA debieron ajustar las proyecciones, realizadas a comienzos de 2021, para adaptarlas al contexto actual.

La semana pasada, las empresas ya tenían definido el nuevo cuadro de situación y, en base a información a la que pudo acceder Ámbito, el sector prevé vender 20.000 autos menos de lo esperado, como consecuencia de las trabas a las importaciones.

Originalmente, las fábricas radicadas en el país estimaban un mercado para este año de 440.000 pero ahora el número que manejan es de 420.000. La disminución de las operaciones está centrada en el desabastecimiento de unidades que llegan del exterior.

Este es un problema que se viene agudizando desde hace meses y sus efectos directos son las demoras para acceder a un vehículo, más los sobreprecios que se deben pagar por la escasa oferta del exterior.

Esto generó que, por ejemplo, de los diez modelos más vendidos de julio, siete sean producidos en el país. A nivel global, el 48% del mercado son vehículos nacionales. Hace cuatro o cinco años, los “made in Argentina” representaban sólo 30%.

Por la falta de dólares, el Gobierno dispuso desde el año pasado un cupo de importación, en base a la restricción de divisas. Cada terminal tiene asignada una cuota de fondos con la que deben afrontar la importación de 0 km como la de piezas para producir. Si utilizan más para un rubro, deben recortar del otro. La otra alternativa es que generen sus propios dólares a través de un aumento de las exportaciones. El problema es que esta salida está condicionada por el techo que hay hoy para la producción debido a distintos motivos.

El tema sanitario es un condicionante importante. Las fábricas vienen trabajando con protocolos que les impide aumentar el ritmo de producción como se requiere.

Si bien estas últimas semanas se alivió la situación, hasta hace poco, los niveles de ausentismo eran muy elevados. Hay recordar que, en abril, Toyota tuvo que suspender por unos quince días un turno fabril por falta de personal. La marca japonesa es el principal fabricante de vehículos en el país y ese parate forzado se siente a nivel global.

Para recuperar esos días perdidos y tratar de satisfacer la demanda, la terminal instalada en Zárate está trabajando en feriados, sábados y vacaciones de invierno, para alcanzar un récord de producción.

En otras fábricas, el tema del ausentismo también fue un limitante de la actividad.

A esto se suman los problemas de abastecimiento de piezas. La logística del comercio exterior es muy complicada en estos días, algo que afecta, en mayor o menor medida, a todos los países. Por ejemplo, la falta de semiconductores impacta a la producción mundial.

También hay demoras permanentes en la llegada de barcos con piezas, lo que hace que las plantas locales estén trabajando siempre al límite y cualquier retraso obliga a para las líneas de montaje.

Hay que recordar que el 70% de las autopartes que se utilizan para fabricar un vehículo en el país llegan del exterior. El 30% restante, que sale de proveedores locales, también tiene alto contenido de insumos importados. Es por eso que, muchas veces, los autopartistas que fabrican en el país no pueden cumplir a tiempo con los pedidos.

Otro factor que complicó la producción es la demanda de oxígeno para las unidades de terapias intensivas por el coronavirus.

Eso hizo que este insumo también estuviera limitado para la industria, junto con otros como el nitrógeno y el argón.

Pese a estos inconvenientes, las fábricas locales esperan cumplir con la producción prevista para este año que es de 490.000 unidades. Si bien la sumatoria de lo que proyecta cada empresa arroja un número inferior, no es significativo. El cálculo total cerró en unos 2.000 vehículos menos.

En cuanto a las exportaciones, los datos suministrados por las automotrices, meses atrás, hablaban de 290.000 vehículos y las respuestas de las terminales confirman esa cifra, ya que está atada directamente a la producción.

(AMBITO) Reabrir las fronteras: un dilema sanitario que también tiene un fuerte impacto en el dólar
Hace un año y medio que prácticamente no hay déficit por turismo, ante las dificultades para viajar al exterior. Una reapertura del turismo generaría fuerte tensión sobre las reservas y el tipo de cambio

El cierre casi total de las fronteras argentinas, con las consiguientes limitaciones para viajar al exterior, se transformó en un importante (y también polémico) instrumento utilizado por el Gobierno para combatir el Covid-19. Pero este aislamiento internacional por motivos sanitarios está teniendo un gran impacto en la política financiera y cambiaria del Gobierno.

La escasísima venta de pasajes, gastos de hotel y compras fuera del país le generó un ahorro al Banco Central de miles de millones de dólares desde que arrancó la pandemia, hace un año y medio. Por eso, una eventual reapertura del turismo internacional, tanto receptivo como emisivo, deberá tener en cuenta no sólo el aspecto sanitario sino también el impacto sobre el mercado de cambios, es decir del dólar.

En redes sociales se multiplican las imágenes de satélites que muestran cómo se está recuperando el flujo aéreo internacional en buena parte del mundo, mientras que la Argentina sigue prácticamente sin vuelos. La explicación que ahora da el Gobierno es la necesidad de “ganar tiempo” para diferir el ingreso al país de la contagiosa variante Delta de COVID-19.

El tipo de cambio competitivo no lo ayuda al BCRA a recuperar reservas. Si regresa el flujo de extranjeros, esos turistas no cambiarían en el mercado oficial a $100, sino que recurrirían a circuitos informales para cambiar sus divisas a $180
El último balance cambiario difundido por el Banco Central hace alusión específica a este tema: “El déficit neto de la cuenta viajes, pasajes y otros pago con tarjeta continúa en niveles mínimos. Este comportamiento se muestra en línea con lo publicado en la última encuesta de turismo internacional”.

En la misma línea, aclara que “en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior”, especialmente a través de sitios de comercio electrónico especializados en compras a grandes marcas internacionales.

Aún a pesar del cierre casi total de fronteras y la escasa cantidad de argentinos que puede viajar al exterior, el déficit por la cuenta de gastos en el exterior (incluyendo pasajes y gastos con tarjeta) fue de USD 212 millones en junio.

El déficit de la balanza turística llegó a superar los USD 8.000 millones anuales. Alberto Fernández no tuvo que lidiar con este problema, porque hace más de un año y medio que las fronteras están prácticamente cerradas. Pero para el verano tendrá que definir cómo sigue, con el consiguiente impacto en la política cambiaria
A mediados de la década pasada el rojo de la cuenta turística llegó a superar los USD 8.000 millones anuales. Ni el cepo ni los impuestos que se cargaban para desalentar la compra en el exterior, a través del “dólar tarjeta”, alcanzaban para frenar ese gasto. De hecho, el rojo del turismo pasó a representar el principal egreso de dólares para el Gobierno durante la segunda gestión de Cristina Kirchner. Era tal ese déficit que se “comía” la totalidad del superávit comercial que conseguía la Argentina. Un lujo que ya no tiene espacio ante la débil situación de reservas del Central.

El gobierno de Alberto Fernández, en cambio, no tuvo que lidiar con este “problema”. Pero después de un año y medio de encierro casi total desde el punto de vista fronterizo, se impone pensar en cómo será el plan de salida. Más que un peligro de contagios, el mayor riesgo pasa por la fuerte pérdida de reservas que podría sufrir el Central en caso de que se reanude el turismo internacional. No sólo se trata de gastos en Miami, sino también de lo que los argentinos pueden gastar viajando a Uruguay, Chile o Brasil.

El cepo cambiario y los tipos de cambio múltiple son lo más nocivo para la balanza de turismo. El motivo es que los argentinos que viajan al exterior tienen incentivo para gastar con tarjeta y luego cambiar dólares en el mercado libre. Hoy el “dólar tarjeta o solidario” está por debajo de $170, mientras que el dólar libre cotiza a $180.

Por otra parte, el tipo de cambio competitivo no lo ayuda al BCRA a recuperar reservas. Si regresa el flujo de extranjeros, esos turistas no cambiarían en el mercado oficial a $ 100, sino que recurrirían a circuitos informales para cambiar sus divisas a $ 180. En su momento, el titular del BCRA, Miguel Pesce, explicaba el salto del dólar libre en el hecho de que no había oferta de turismo.

El Gobierno deberá enfrentar tarde o temprano este dilema. Con escasas reservas, resulta extremadamente difícil pensar en una reapertura del turismo internacional de la noche a la mañana, aún cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Una pérdida acelerada de reservas para hacer frente a los gastos en pasajes, hoteles o compras pondría aumentaría las chances de devaluación brusca, algo que el Gobierno quiere evitar a toda costa.

El momento más sensible se acerca. ¿Se animará el Gobierno a mantener el cierre casi total de fronteras en el verano, que es cuando se registran más viajes al exterior? Se supone que en cuatro meses ya la mayoría de la población estará vacunada con dos dosis, por lo que lo más sensato sería avanzar hacia una normalización del turismo internacional: permitir que ingresen turistas extranjeros, pero que también los argentinos pueden viajar. Sin embargo, no puede descartarse en absoluto que la ecuación financiera y cambiaria tenga un rol importante en esa decisión.

(INFOBAE) Alerta por la sobreoferta de departamentos: hay más de 120.000 unidades publicadas y se concretan sólo 2.000 ventas por mes
Si bien los precios bajaron entre un 7 y 15% en promedio hay preocupación en el sector inmobiliario

La situación del mercado de los departamentos usados se agrava en la Ciudad de Buenos Aires, por las pocas ventas (en 2021, en promedio sólo se registran 2.000 actos según el relevamiento mensual de los escribamos porteños) se sigue ampliando la cantidad de unidades, que ya superan los 120.000 inmuebles publicados en los distintos portales especializados.

Gabriel Gruber, CEO y cofundador de Properati dijo a Infobae que “la tendencia se mantiene sin importar el número de ambientes. Y a ello, se agrega la caída de precios en respuesta a la situación de un mercado estancado y que no muestra signos de recuperación. El número de escrituras de compra-venta tanto en CABA (2.439 en junio), está todavía por debajo de años previos”.

“La tendencia se mantiene sin importar el número de ambientes. Y a ello, se agrega la caída de precios en respuesta a la situación de un mercado estancado y que no muestra signos de recuperación” (Gruber)

Los valores de los departamentos usados se mantienen con una caída interanual en promedio que oscila entre el 7 y 15%, tomándose los barrios que menos y los que más bajaron en Buenos Aires (ver recuadro).

Según Properati, La Paternal, con USD 2.081 por m2, es el que más bajó sus valores con un 27.5%, y Versalles, con USD 2.222 por m2, con 0,7%, registró la menor disminución entre junio de 2020 y 2021.

Al tomarse el valor promedio de todos los barrios, el análisis de la plataforma detectó que la cotización por m2 es de USD 2.562, entre los más caros como Puerto Madero y Recoleta, y con Villa Riachuelo y Lugano entre los más bajos.

“Los precios responden a una dinámica de oferta y demanda. Tras un año de parálisis inmobiliaria, la demanda está decidida a conseguir negocios baratos con la mente puesta en invertir de forma segura. El mercado está ilíquido, trabado por la cuestión de que los precios no terminan de ajustarse para funcionar correctamente”, amplió Gruber.

Qué propone el sector para solucionar este problema

Mientras crece la preocupación, como solución, representantes del segmento propusieron al Gobierno que implementen algo similar a los Cedines (un certificado creado en 2012, como medio de pago e instrumento financiero que se aplicó en la realización de inversiones en el mercado inmobiliario y en proyectos de construcción de viviendas). “Funcionó muy bien y se hicieron decenas de operaciones hasta 2015″, argumentó Marta Liotto, vicepresidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba).

También el sector espera que el Gobierno nacional trate una nueva ley de créditos hipotecarios ajustados por Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que impulsó la Mesa de Vivienda integrada por empresarios del Real Estate, sindicalistas y funcionarios, y que está en el Congreso de la Nación.

La sobreoferta de departamentos usados es consecuencia directa de la fallida Ley de Alquileres del año pasado, que resultó nociva tanto para los inquilinos, que sufrieron y sufren gigantescos aumentos, como para los propietarios quienes, sin un incentivo para alquilar la propiedad, deciden ponerlas en venta”, dijo Liotto.

Especialistas inmobiliarios argumentan que otra posible solución para estabilizar el mercado de usados en venta sería la modificación de aquellos aspectos de la ley (los aumentos anuales indexados y los contratos a tres años) que se encuentran en la raíz de los desequilibrios que está sufriendo actualmente este segmento.

“La sobre oferta de departamentos usados, en parte es una consecuencia de la fallida Ley de Alquileres, que resultó nociva tanto para los inquilinos, que sufrieron y sufren gigantescos aumentos, como para los propietarios” (Liotto)
Por otra parte también la falta de potenciales compradores es consecuencia de la crisis económica actual, cepo, la falta de créditos y la pandemia.

Más opiniones

Hernán Perrone, corredor público nacional responsable de Remax Parque, sostuvo que salir de esta encrucijada no será fácil. “Se va a incrementar aún más la cantidad de propiedades en venta versus las escrituras mensuales. Hay una gran cantidad de propiedades sobrevaluadas en el mercado. Debe haber una conversación sincera con el cliente vendedor para hacerle saber que lo que se está vendiendo hoy es lo que está a precio de mercado, que es el que el comprador está dispuesto a pagar por ese inmueble en este momento”, sostuvo.

(INFOBAE) El BCRA perdió USD 2.000 millones de reservas en diez meses para que no se disparen el dólar MEP y el “contado con liqui”
Un informe de Rubinstein & Asociados indicó que a pesar de los mayores controles sobre los dólares financieros la entidad sacrificó sus reservas para contener la brecha cambiaria. En julio, la merma por esta vía llegó a USD 23 millones diarios

El Banco Central reforzó el mes pasado los controles para adquirir dólares a través de operaciones bursátiles. La medida tuvo como objetivo frenar el ascenso de estas cotizaciones paralelas al tipo de cambio oficial y evitar eventuales presiones cambiarias.

Sin embargo, las mayores restricciones no fueron suficientes para impedir la pérdida de reservas a través del mercado secundario de bonos, pues la entidad monetaria no solo siguió sacrificando dólares, sino que duplicó el volumen ofertado.
Un informe de la consultora Gabriel Rubinstein & Asociados (GRA) detectó que el pasado mes de julio, el Banco Central sacrificó un promedio de USD 22,7 millones al día para mantener estabilizadas las cotizaciones del contado con liquidación y el MEP, las paridades que utilizan los inversores bursátiles para hacerse de divisas a través de la compraventa de activos.

Hay que señalar que esta intervención del BCRA no demandaba más de USD 10 millones al día en los meses precedentes. Asimismo, la pérdida de divisas por esta intervención fue récord en julio, por unos 450 millones de dólares.

En base a estas estimaciones, en los últimos diez meses -a partir de octubre de 2020- el BCRA lleva entregados unos USD 1.986 millones por su operatoria con bonos del canje en el mercado secundario.

En julio, el sacrificio de divisas del BCRA a través de la operatoria con bonos alcanzó un récord de 450 millones de dólares
“Nosotros estimamos que hubo unos USD 2.000 millones de pérdida de reservas desde noviembre, que atribuimos al uso de las mismas para controlar la suba del contado con liquidación”, dijo a Infobae el economista Pablo Repetto, director de GRA Consultora. Advirtió sobre la “fuerte suba de la intervención del BCRA en el mercado del dólar libre durante julio que llega a un nivel récord en la historia de las recientes intervenciones”.

Aunque el Banco Central compró en el mercado mayorista unos USD 7.800 millones desde diciembre a hoy, la realidad es que las reservas internacionales no crecieron en la misma magnitud, dado que aumentaron unos 3.800 millones de dólares.

Ese desfasaje o “gap” de unos USD 4.000 millones se explica también por la variación de precios de otros activos en reservas, como los yuanes del “swap” con China o el oro. Pero otra parte, casi la mitad de ese total, se debe a esas ventas de divisas contra bonos que efectúa el Central.

Sobre este punto, el informe de Rubinstein & Asociados puntualizó que “en base a operaciones del MULC, cambio en encajes, cambios de valuación (oro, yuan y otros) y uso de divisas para pagos con organismos internacionales, quedan sin explicar pérdidas de reservas por casi USD 23 millones por día en el mes de julio. Atribuimos esa diferencia al uso de reservas para controlar contado con liquidación”.

Los mayores controles sobre el dólar Bolsa no fueron suficientes para impedir la pérdida de reservas por la recompra de bonos
Estas operaciones con bonos estarían registradas bajo el concepto “Otros” en el Informe Monetario del BCRA, aunque sin mayores detalles. La variación en este ítem está explicada en la recompra de bonos públicos a cambio de dólares de reservas, en una operación que los analistas califican como “rulo”.

Se trata de una maniobra por la cual vende bonos del canje -que cuenta en cartera- contra pesos; con esos pesos compra dólares en el “spot” y luego recompra bonos entregando dólares a cambio. Con la maniobra controla el precio del dólar implícito y, aunque sacrifica reservas, a la vez absorbe pesos excedentes de la plaza financiera.

Es decir, la entidad monetaria logra mantener “pisado” el precio del dólar MEP, implícito en la compraventa de activos financieros, y se gana el “spread” o brecha cambiaria, dado que el “cepo” no alcanza al Banco Central: compra divisas al contado (a $96,81) y las revende a los privados a 170 pesos.

Vapuleados precios de los bonos

La pérdida de dólares al contado no es el único perjuicio de esta operatoria. Aunque no son reservas internacionales, el Banco Central contabiliza en su balance el stock de títulos públicos que recibió por el canje de deuda de septiembre de 2020. La intervención que efectúa la entidad con la compraventa de bonos para “pisar” el “liqui” y el MEP termina perjudicando también la valuación de estas tenencias, al efectuar ventas masivas de bonos contra pesos.

Pese a la intervención oficial, los dólares negociados en Bolsa ascienden un 21% en 2021, desde los 140 a los 170 pesos
Desde el 7 de septiembre la entidad monetaria publica en su balance el stock de los nuevos bonos en dólares con ley local emitidos por la reestructuración de deuda. Entonces los nuevos títulos en el activo ascendían a un total de $745.193 millones, que al tipo de cambio oficial de ese día representaban unos USD 9.984 millones, o unos USD 6.010 millones según la paridad del “contado con liqui”.

Diez meses después, con el balance actualizado al 23 de julio, los títulos para poder intervenir sumaban $739.687 millones, unos USD 7.672 millones al tipo de cambio oficial o unos USD 4.429 millones según el contado con liqui, que es la paridad que rige en la operatoria en el mercado secundario.