El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) El «despertar» de la inflación ya inquieta (temor por puja salarial)
Se ha acumulado un retraso en las remuneraciones que conspira con la recuperación del consumo. Ninguna de las principales consultoras locales no dejó de proyectar para este año una aceleración inflacionaria. Claro que dado el elevado nivel de incertidumbre local, más allá del que reina a nivel global, hay estimaciones para todos los gustos en virtud de los múltiples escenarios. Pero todas están muy por encima de la presupuestada oficialmente. Lo bueno es que la mayoría descarta un “fogonazo” inflacionario, lo que no es un tema menor. Así y todo, en los últimos meses de 2020 ya emergieron señales claras de que la inflación comenzó a acelerarse. Hay que recordar que en gran parte del año pasado los controles de precios y la recesión lograron mantener a raya la inflación en torno del 2% mensual. Pero sobre el final escaló al 3% para coquetear con el 4%. Y no hay duda que no es lo mismo ir con una macroeconomía al 2% que al 3% o al 4% mensual. Ante el “despertar” de la inflación se plantea el interrogante si lo que viene en los próximos meses será también el “despertar” de la puja salarial, dado el atraso salarial acumulado. Por ejemplo, el Estudio Ferreres calcula que entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020 los salarios reales habrán caído un 26,4%. La puja precios-salarios ya mostraba que el aumento acumulado de la inflación desde 2017 a setiembre 2020 superaba en más de 60 puntos porcentuales al aumento de los salarios. Por ende a nadie puede extrañar lo que viene aconteciendo con el consumo privado, incluso desde el gobierno anterior. Lo cierto es que un año electoral el Gobierno sabe que una disparada significativa de la inflación conspira con sus aspiraciones electorales. De ahí que requiere sintonía fina entre la tasa de devaluación y la de la inflación y entre la tasa de interés y la devaluación. Una tarea nada sencilla dado los desajustes macro existentes. La economía viene operando con una inflación bipolar donde los precios libres (que son el 56% del IPC) se mueven a una velocidad del 50 a 60% anual y los precios controlados (son el 44% del IPC) lo hacen entre 20 y 30%. Esto marca una gran dispersión con atrasos muy marcados. El verano se perfila un poco caliente, más allá de lo que pasó y pase con la carne, ya que se anuncian ajustes teniendo por ejemplo a los combustibles siempre en la “pole position”. Al respecto es insoslayable que las subas de los combustibles arrastran a varios precios de bienes y servicios, y especialmente si los aumentos de las naftas se tornan o se descuentan recurrentes. Así se tiene, por un lado, la “micro” de la inflación donde el atraso en ciertos precios afecta la rentabilidad empresarial y al gasto público en subsidios. Pero por otro lado la “macro” de la inflación da cuenta que la necesidad oficial de pesos a financiar este año (déficit fiscal primario + intereses de la deuda pública + intereses a pagar por el BCRA) implica varios billones. Dado que el proceso de remonetización prácticamente se ha agotado y no se puede esperar mucho de la demanda de dinero, y con un BCRA anémico de reservas propias, tanto para intervenir como para aspirar pesos, y con un mercado de capitales doméstico pigmeo para buscar inundar de nueva deuda y un sistema bancario atragantado de Leliq, será el impuesto inflacionario quién tendrá un rol protagónico. El Gobierno se enfrenta al dilema de optar por la aceleración inflacionaria versus el ajuste fiscal.

(AMBITO) La Mesa de Enlace, cerca de anunciar paro agropecuario de tres días
Los dirigentes gremiales maduran la idea de avanzar con un cese de comercialización de granos y hacienda a modo de protesta por el cierre temporal de las exportaciones de maíz. Los autoconvocados presionan para que el grano no se comercialice por debajo de los $19.000. Luego de que el Gobierno decidiera la suspensión temporaria de las exportaciones de maíz, el sector agropecuario, particularmente los dirigentes de la Mesa de Enlace y productores autoconvocados comenzaron a agitar la concreción de un cese de comercialización de granos y hacienda a modo de protesta. En este marco, ayer, luego de una reunión de más de tres horas entre los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro y CRA, se decidió que hoy a las 17 se anunciarían los pasos a seguir. El paro agropecuario ya estaría prácticamente definido, aunque también se analizan otras medidas de fuerza. En tanto, los productores autoconvocados, quizás la facción más dura del sector agropecuario, también respondieron de manera categórica ante la decisión del Gobierno. En un comunicado expresaron ayer que no están dispuestos a comercializar el maíz disponible en el mercado interno a menos de $19.0000 la tonelada. En un comunicado difundido ayer los productores detallan: “cerradas las exportaciones de maíz dejan de existir los DEX para dicho cereal, por lo cual los compradores no deben descontarlos del precio”. Así, el precio de paridad debería ser el precio FOB Puertos Argentinos menos los gastos de carga que para el día 29/12/20 sería de 238.57 u$s/t menos 11 u$s/t dando como resultado 227.57 u$s/t, que multiplicado por el dólar oficial divisa comprador (83.82$/u$s) da como resultado final 19074,92 $/t, por lo que instamos a todos nuestros colegas a no aceptar precios inferiores”. En este marco, los dirigentes de la mesa de Enlace, Jorge Chemes, Daniel Pelegrina, Carlos Achetoni y Carlos Ianizzotto, no verían con malos ojos avanzar con la concreción de un cese de comercialización de granos y hacienda durante tres días. La relación entre el Gobierno y los dirigentes gremiales, particularmente con CRA y la Sociedad Rural, es tensa desde hace largo rato. Ambas entidades reclaman que el Gobierno no atiende sus reclamos e incluso ninguno de sus líderes formó parte de los encuentros que llevó adelante el gabinete económico del Gobierno con los referentes del Consejo Agroindustrial Argentino para avanzar con una ley exportadora. Incluso la Sociedad Rural Argentina no forma parte de esta flamante coalición agroindustrial y tiempo atrás desde las otras entidades del campo se amenazó con dar un portazo. En octubre pasado cuando el Gobierno anunció la baja temporaria de las retenciones a la soja, no estuvo presente ninguno de los representantes de la Mesa de Enlace, según consignaron, porque fueron invitados a último momento al evento en la Casa Rosada. Lo cierto es que la Mesa de Enlace y los productores autoconvocados no fueron los únicos que se mostraron en descontento con la suspensión temporal de retenciones. Comunicados de rechazo y preocupación ante la medida llegaron también desde las Bolsas de Cereales, Maizar y Aapresid, entre otras entidades representativas del campo. Esta última organización que históricamente tiene una base productiva y tecnológica detalló en un comunicado emitido ayer: “el cierre de exportaciones aunque anunciado como temporario, genera incertidumbre de cara a la próxima campaña agrícola, demorando los logros productivos descriptos previamente y el sueño de las 200 millones de toneladas de granos. La Sustentabilidad es un delicado equilibrio entre lo económico productivo, lo social y lo ambiental. Una hectárea de maíz produce en promedio más del doble de grano que una hectárea de soja y el cuádruple que el girasol. Una reducción en su producción implicaría menos fletes, menor consumo de combustibles y lubricantes, menos acopio, menos trabajo y especialmente menos oportunidades por una menor disponibilidad de maíz. Asimismo, es importante observar que quien a la fecha no comercializó su producción de maíz difícilmente vaya a hacerlo, debido a que esta medida desincentiva la comercialización y al mismo tiempo lacera la confianza, entendida como la previsibilidad de las acciones”. De esta manera el campo espera que el Gobierno de marcha atrás con la medida anunciada la semana pasada, mientras tanto crece el descontento y las medidas de protestas estarían prontas a anunciarse.

(AMBITO) Tarifas: la primera preocupación del FMI en negociaciones 2021
Inquieta al organismo el nivel de subsidios y su relación con el déficit fiscal que se comprometa para este año y los siguientes. Comenzó el 2021 y esta semana se retoman las negociaciones económicas más importantes que el país debe cerrar en el mediano plazo. El Ministerio de Economía de Martín Guzmán y el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelven a tomar contacto para reiniciar las discusiones para lo que debería ser una Carta de Intención; insumo básico para lo importante: la firma del acuerdo de Facilidades Extendidas Reloaded que el gobierno de Alberto Fernández quiere conseguir antes que termine abril. Los últimos contactos se dieron en la breve semana del 21 al 23 de diciembre; días que sólo sirvieron para poner en claro los capítulos en los que las partes están cerca de una definición, pero también aquellos en los que aún se encuentran lejos. En algunos, incluso muy lejos. La novedad que deberán conversar las partes son nuevas diferencias, surgidas fundamentalmente por cuestiones políticas internas dentro del Gobierno. Fundamentalmente una: las distancias que hay entre el volumen de subsidios a las tarifas de los servicios públicos y su relación directa con el déficit fiscal al que se comprometerá el país para este año y los subsiguientes. Más específicamente, desde el FMI creen que el 2021 podrá ser un año donde la meta pactada se cumpla (4,5% del PBI), pero se cree que par el 2022 y el 2023; de no mediar una baja importante en los subsidios a las tarifas de servicios públicos, será imposible que el desequilibrio entre ingresos y gastos se ubique por debajo del 2% y llegue al fin del ciclo a un empate técnico. Y sin esta certeza, el acuerdo puede peligrar. El tema tarifas no estaba aún sobre la mesa de discusión entre el Gobierno y el FMI por dos cuestiones. En primer lugar, los negociadores del organismo no están poniendo énfasis en medidas concretas, sino en metas fiscales. Los hombres y mujeres del Fondo no reclamaron ni una reforma previsional ni impositiva, sino que requieren, y son inflexibles, que Argentina debe alcanzar obligatoriamente un superávit fiscal para el momento de comenzar a pagar las cuotas de los u$s44.800 millones que se le deben. La manera en que el país llega a esa situación y el diseño de las medidas que se tomen para ello, es responsabilidad del Gobierno nacional. Sin embargo, el FMI dejó en claro que ese diseño debe ser sustentable en el tiempo. Es allí donde el tema tarifas importa. Para los técnicos del organismo financiero que intervienen en las discusiones con el país, un sendero fiscal sólido para los próximos años solo se sostiene bajo tres ejes: control inflacionario y cambiario, mejora en los ingresos fiscales y, fundamentalmente, en una reducción del gasto en aquellos capítulos donde la estructura macroeconómica del país los convierte en insostenibles. Argentina le dio al FMI una primer señal en este sentido, al haber avanzado en una reforma previsional que divorcia la indexación previsional de la inflación. El segundo paso, debe ser reducir el nivel de subsidios a las tarifas de servicios públicos. Para el FMI, es fundamental que esto suceda para que el plan sea sustentable. En algún momento entre noviembre y diciembre, el tema había aparecido en las negociaciones; y había dejado un buen clima entre las partes. Argentina se comprometía a analizar, al menos, una indexación tarifaria en 2021 que, al menos, acompañe la inflación acumulada; para, luego, hablar de un plan de subas negociado al largo plazo y que acompañe el cronograma de pagos firmado con el FMI. Sin embargo, desde Washington está la certeza que dentro del propio Gobierno hay diferencias importantes. Y que una parte fuerte del “ala política” descarta cualquier tipo de incremento tarifario que supere el dígito. Como esta división interna del oficialismo sobre el tema tarifas es nueva, los hombres de Washington esperarán a tratarlo de manera directa con los negociadores criollos. Pero, otra vez, serán implacables en conocer una respuesta sustentable. Dentro de Economía igual hay confianza. El Gobierno a pleno brindó al final del año por un final feliz en la historia, que se festejaría tanto en Buenos Aires como en Washington. Se asegura en ambas capitales que este es el clima con el que la anteúltima semana de diciembre pasado se cerró el diálogo para reabrirlo en estos días. Se sabrá si fue una sensación especial por la buena vibra que siempre genera la finalización de un período, más si se tiene en cuenta que se trataba del fin de un año para el olvido; o de una certeza que las partes podrían llegar este año a un acuerdo importante. La incógnita se comenzará a develar desde esta semana cuando las partes retomen el cronograma preestablecido en diciembre pasado; y que indica que para fines de enero, el contenido básico de la “Carta de Intención” ya debería estar terminado de negociar, al menos en aquellos puntos donde las distancias se puedan cerrar, y sólo con discusiones económicas y financieras abiertas. Para los temas con resolución política en los más altos niveles del Gobierno nacional y la cúpula del FMI que encabeza Kristalina Georgieva; habrá que esperar a febrero.

(AMBITO) Serio: bonistas inician juicio contra Entre Ríos en tribunales de Nueva York
El proceso complica las negociaciones abiertas por otros distritos para lograr el reperfilamiento de sus deudas en dólares. Córdoba también recibió un rechazo a su última propuesta. El 2021 arrancó con malas noticias para las provincias que el año pasado encararon la renegociación de sus deudas en dólares. Un comité de tenedores Ad Hoc de Entre Ríos inició un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por el incumplimiento de pago de un cupón con vencimiento el 8 de agosto del 2020. La noticia se traduce en un duro golpe a los planes del resto de los distritos -entre ellos la provincia de Buenos Aires- con negociaciones abiertas con los acreedores y que, como Entre Ríos, también viene esquivando el pago de diversos compromisos bajo el paraguas de las fluidas gestiones en marcha para lograr el reperfilamiento. El gobierno de Gustavo Bordet dijo que «tomó conocimiento del proceso» y que mañana «se emitirá un comunicado» al respecto. En tanto, Córdoba también sufrió un duro revés luego de que un grupo de bonistas rechazara la última propuesta realizada por la administración de Juan Schiaretti el 1 de enero, que mejoraba la tasa de interés y ofrecía pagar en efectivo 30% de la contraprestación por intereses acumulados, en concepto de Títulos Internacionales emitidos, cuyos montos son de u$s 960 millones bajo legislación internacional y u$s 243,7 millones con legislación nacional. Para los acreedores, las futuras negociaciones “deberán basarse en evaluación objetiva de la situación y las perspectivas financieras de la Provincia”. “Dichas modificaciones fueron anunciadas de manera unilateral por la Provincia sin negociar o consultar previamente con el Grupo, y mismas que siguen sin cumplir con los términos necesarios para una resolución consensuada”, advirtieron en un comunicado. En el caso de Entre Ríos, que busca refinanciar unos u$s 500 millones, el comité del Grupo Ad Hoc, que posee 54% de los Bonos 2025, consideró que “sigue sin considerar su sólida solvencia financiera, ya que busca concesiones de largo plazo objetivamente injustificables”. “Frente a un incumplimiento innecesario y a la continua incapacidad de acordar una solución apropiada, los miembros del Grupo han decidido buscar una resolución judicial como primer paso para hacer respetar sus derechos contractuales”, dijo el comité en un comunicado. Agregó que “no dudará en hacer uso de sus derechos contractuales ante la falta de una negociación constructiva”. “La Provincia incumplió con sus obligaciones a pesar de estar en una sólida situación fiscal. De acuerdo a sus proyecciones presupuestarias, la Provincia muestra niveles de endeudamientos robustos y relativamente similares a los del año 2017, fecha en la que se emitieron dichos Bonos”, explicó el grupo, que contrató a Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan, LLP para llevar adelante las acciones legales. La presentación contra la administración entrerriana cruza la estrategia tomada por otros distritos, bajo el amparo del Ministerio de Economía nacional de Martín Guzmán. En algunos casos, incluso, con viraje de timón, como en el propio caso cordobés, donde Schiaretti tras pagar los cupones religiosamente en el proceso de diálogo, optó por tomar el plazo de gracia el 9 de diciembre por un vencimiento de u$s25 millones. Mismo camino habían tomado Buenos Aires, Chaco o La Rioja. También venció el plazo de la oferta bonaerense y en la administración de Axel Kicillof no revelaron detalles, como ha ocurrido en los nueve vencimientos anteriores. Con las negociaciones estancadas, podría haber una nueva prórroga, que sería la onceava. Buenos Aires busca reperfilar u$s7.148 millones, y por el volumen sobre el total de las deudas provinciales (unos $12.000 millones), la renegociación bonaerense es clave para el resto de los gobernadores. La propuesta original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030. Pero luego desde la cartera que dirige Pablo López se mostraron dispuestos a consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de la deuda. Hasta el momento, solo cuatro provincias lograron cerrar sus canjes, donde el mayor éxito se dio en la Patagonia, ya que tres de ellas son de esa región, Neuquén, Chubut y Río Negro. Entre estos distritos, el monto renegociado asciende a u$s1.650 millones a través de cuatro títulos, ya que el gobierno neuquino de Omar Gutiérrez reestructuró dos bonos, uno de ellos garantizado por regalías de hidrocarburos, mismo esquema que tenía el chubutense Mariano Arcioni por delante. La cuarta provincia, que en virtud fue la primera en lograr el reperfilamiento de su deuda en dólares, es Mendoza, que selló en septiembre un acuerdo por u$s530 millones.

(AMBITO) YPF busca u$s400 millones para financiar su negocio: pone en venta su «Torre Pelli»
Se trata de una de las piezas arquitectónicas más destacadas de la Ciudad, famosa por ser diseñada por el mundialmente conocido César Pelli. La petrolera estatal YPF pondrá en venta su Torre, verdadera pieza insignia de Puerto Madero y sede de la compañía desde el año 2008. La información, que han confirmado fuentes oficiales de la empresa a Ámbito, ha puesto en marcha la posibilidad de ejecutar la operación ni bien se alcance una oferta con el valor esperado. En rigor, la decisión se enmarca en la estrategia de la petrolera de concentrar sus recursos en el core del negocio, esto es la produccion de energia (y financiar con los recursos parte del plan de trabajo), pero también apunta a engrosar la política de austeridad y gestión eficiente que la firma que conduce Sergio Affronti parece haber adoptado en esta etapa. Se busca así mitigar con ingresos adicionales un periodo sumamente difícil para todo el sector de los hidrocarburos pero particularmente para la compañía que, en el tercer trimestre informo mejores resultados pero que, de todas formas registraba un rojo de u$s1.637 millones. La decisión se suma así a otras acciones corporativas que van en el mismo sentido y que pueden ser reconocidas como parte de la transformación que ha impulsado la pandemia de covid-19 en función de las posibilidades que ha generado el trabajo remoto y de lo oneroso de mantener estructuras de importantes dimensiones. Un cálculo rápido para esta operación podría arrojar una cifra cercana a los u$s 400 millones para aquél que quiera (y tenga los recursos) para quedarse con esta pieza arquitectónica, verdadero ícono del barrio de Puerto Madero por ser proyecto de uno de los arquitectos argentinos más reconocidos a nivel mundial como fue César Pelli, fallecido en 2019. Se trata de una torre de 160 metros, 33 pisos y 3 subsuelos que desde su concepción buscó tener, según la descripción de los profesionales, “diferentes percepciones visuales”, donde uno de los gestos arquitectónicos más reconocibles es una intersección de volumen ubicado en su planta baja, entre un cuadrado de lados curvos rotado 45 grados, apuntando uno de sus vértices hacia el centro de la ciudad, con un triángulo, también de lados curvos, con una de sus puntas señalado hacia el río y evocando a la proa de un barco. Al margen de numerosos detalles, la fachada también resulta icónica porque presenta, con una mayor transparencia en el sector correspondiente, un jardín de invierno con árboles que se ubica entre los pisos 26 y 31 tomando la altura de estos 5 niveles, siendo esta otra de las características diferenciales del edificio. Hace algunas semanas, fue la propia compañía la que confirmó la venta de un edificio que tenia en el centro porteno por u$s30 millones. Se trata de la Torre Blanca, situada en Tucuman 744, fue adquirida por Aysa, que hasta ese momento alquilaba ese mismo espacio. Como se dijo, el flamante ordenamiento de los activos de real estate de la compania también fue impulsado por los cambios operativos que se produjeron en el 2020 y que, en el caso de YPF, no sólo implican movimientos organizacionales en Buenos Aires, sino también en Neuquén.

(AMBITO) Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 5 de enero
Los dólares financieros subieron más de $2 y cerraron ambos en los $142,32. En el segmento oficial, el BCRA compró u$s20 millones y encadenó 15° jornadas consecutivas con resultado positivo. Tras un cierre de año con calma pese a que se trató de un 2020 marcado por la pandemia, la mega emisión de pesos y un conjunto de fuertes restricciones a la demanda de dividas, los tipos de cambio comenzaron este nuevo año con su mayor suba diaria desde el 11 de noviembre. En el segmento oficial, el «solidario» subió casi 60 centavos y el Banco Central (BCRA) logró encadenar su 15° jornada consecutiva con saldo positivo en sus intervenciones. El dólar Contado con Liquidación (CCL) subió un 1,5% ($2,06) y cerró en los $142,32, mismo valor alcanzado por el MEP o Bolsa, que avanzó en esta jornada un 1,7% ($2,33). De este modo, la brecha con el mayorista culminó la rueda en el 68%. «Los dólares financieros continúan buscando reacomodarse al alza, a pesar de las intervenciones, ante el abaratamiento, los arbitrajes y también preocupaciones por el ritmo de emisión monetaria», señaló el economista Gustavo Ber. El Gobierno dispuso por decreto la modificación de los derechos de exportación de diversos productos, entre los que se destacan las bajas a productos agroindustriales e industriales. Asimismo, los productos que pagaban un derecho de exportación fijo en pesos por cada dólar exportado pasarán a pagar un porcentaje del monto exportado, explicó el Grupo SBS. Por su parte, analistas coinciden en que tampoco ayuda al clima de negocios local la suspensión temporal de exportaciones de maíz cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1 de marzo, una medida que busca asegurar el abastecimiento interno. En diciembre, los tipos de cambio implícitos -que surgen de la compra y venta de bonos y/o acciones- acumularon en el mes una merma de hasta el 5,4%, y encadenaron 14 jornadas consecutivas operando por debajo del dólar solidario. «De no mediar ningún ´ruido´, es probable que el ´veranito financiero´ pueda extenderse hasta febrero, en base al buen contexto global y un aumento estacional en la demanda de dinero», dijo Roberto Geretto, economista de Banco CMF. Operadores coinciden en que la atención en las próximas semanas continuará centrada en las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo programa crediticio y al avance en la campaña de vacunación frente al Covid-19. Sin embargo, esta «pax cambiaria» de final de año contrasta con la trayectoria fuertemente alcista que mostraron los dólares bursátiles a lo largo de 2020. El dólar «contado con liqui» aumentó en el año 94,07% (había cerrado 2019 a $73,55), mientras que el dólar MEP registró un ascenso del 96,9% (había culminado el año pasado a $72,40).
Dólar oficial
Luego del feriado largo por los festejos de Año Nuevo, el dólar solidario, que incluye el Impuesto PAÍS del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35%, avanzó 57 centavos a $148,86, ya que el dólar minorista ascendió 35 centavos a $90,22 de acuerdo al promedio de bancos, que releva el BCRA. En el Banco Nación, en tanto, el billete minorista subió 25 centavos a $89,50. En tanto, el dólar mayorista avanzó 55 centavos a $84,70 bajo la regulación estricta del Banco Central que, por 15° jornada consecutiva, terminó con saldo a favor: compró unos u$s20 millones, según indicaron fuentes del mercado. Cabe recordar que el Banco Central compró del mercado en diciembre más de u$s600 millones para sus reservas, aunque en 2020 exhibió un saldo negativo de u$s4.000 millones. La divisa estadounidense volvió a exhibir un tono vendedor, producto del dominio ejercido a lo largo de toda la rueda por la oferta privada. Los valores se mantuvieron siempre dentro de los parámetros definidos para hoy por la autoridad monetaria, sin experimentar variaciones durante todo el día. Máximos en $84,71 y mínimos en $84,69, exhibieron el escaso recorrido de la cotización del dólar mayorista en otra jornada con desarrollo apacible y sin presiones. Como viene sucediendo desde diciembre pasado, el flujo de ingresos prevalece y releva al Banco Central de la necesidad de efectuar ventas para abastecer la demanda autorizada. Por el contrario, el exceso de oferta fue absorbido por las compras oficiales que además le sirvieron para sostener la cotización en torno a los $84,70 hasta el cierre de las operaciones de hoy. «El achicamiento de la demanda, vía el mantenimiento de las restricciones cambiarias, sumado a la tenue mejora en los ingresos genuinos que marcan la tendencia actual en el mercado, permiten que el proceso de recuperación de recursos a favor del Banco Central se mantenga sin interrupciones», indicaron desde PR Corredores de Cambios. Las reservas brutas internacionales del BCRA comenzaron el año en los u$s39.481 millones, lo cual implicó una suba de u$s72 millones respecto del último día hábil de 2020. Cabe recordar que las arcas de la autoridad monetaria exhibieron aumentos en todas las jornadas de diciembre. Todas las expectativas ahora se trasladan al primer bimestre del 2021 -previo a la cosecha gruesa-, donde el foco de atención está en la respuesta que darán los sectores exportadores más dinámicos (vale remarcar que este miércoles el Gobierno cerró exportaciones de maíz para priorizar el mercado interno) a las nuevas condiciones locales e internacionales (será clave la evolución de casos de Covid-19 y el avance de la vacunación) y al sesgo que tendrá el rígido control de cambios, que el BCRA extendió este miércoles hasta el 31 de marzo próximo.

(BAE) La inflación aceleró y diciembre tiene piso de 3,5%
El Indec publicará el dato oficial el jueves 14 de enero. Para los privados hubo una suba en el ritmo, acorde con la dinámica estacional, pero a priori no llegó a superar el 4% que indicaba el REM, aunque una consultora sí midió 4,3%. La última semana mostró cierta calma, lo que da indicios de que en enero volverá a desacelerar un tanto. La inflación volvió a acelerar en diciembre, aunque mostró cierta calma en las últimas semanas y quedó por debajo del esperado 4% (que había marcado el último REM del BCRA). Por eso, para enero se espera una nueva desaceleración, aunque el principio del 2021 seguirá bajo fuertes presiones, por las paritarias y el fin del congelamiento de las tarifas de servicios públicos. El dólar, como siempre, seguirá siendo la principal variable a mirar. Algunas consultoras realizaron sus proyecciones. Otras ya publicaron sus propias mediciones de precios del último mes del año. Cerx observó una suba de 3,5% durante diciembre. Orlando Ferreres y Asociados estuvo en esa sintonía y vio una de 3,6%. Seido, en cambio, publicó una de 4,3%. Ecolatina dará su medición el martes pero proyecta una de 3,7%. El número oficial del Indec se publicará el jueves 14 de enero. Si se confirma una inflación en torno a 3,6%, el año habrá terminado con un IPC de 35,4%. Incluso sin finaliza con una de 4,3%, en línea con la medición de Seido, será de 36,4%. Se trata, con todo de la inflación más baja desde el 24,8% del 2017. El congelamiento tarifario, los programas de controles de precios Máximos y Cuidados, el cepo al dólar y el histórico derrumbe de la actividad, de entre 10% y 11%, explicaron esa desaceleración. Acerca de lo ocurrido en diciembre y lo que se viene para enero, la directora de Cerx, Victoria Giarrizo, dijo a BAE Negocios: “Que termine tranquilo le da un buen arranque para el año que viene. Se sabe que hay ajustes pendientes pero termina el año en calma y eso es positivo. Da la pauta de un enero con una inflación no muy alta». Y agregó: «Contrario a lo que se esperaba, el mes terminó bastante tranquilo. En la ultima semana, la inflación general dio 0,43%. Y 0,32% en Alimentos y bebidas. Todo lo que es bebidas, que uno podría esperar que suba mucho en las fiestas, se mantuvo en calma tanto alcohólicas como no alcohólicas. La caída fuerte en el consumo, en las ventas navideñas y la competencia en el sector informal, acotaron la capacidad del comercio de ajustar precios. Ahi hubo un factor de contención importante”. Desde Seido coincidieron en que la última semana mostró un nivel relativamente bajo, con un incremento de 0,6% para la general. Su último informe de inflación destacó: “Esperamos una inflación desacelerando al rango de entre 3% y 3,5% en enero. La última suba semanal fue de 0,6%. Y los ajustes de los precios regulados se espera que sean mínimos. El riesgo más relevante está en el dólar oficial, que va a sufrir mucha presión por la baja en la demanda de dinero a principios del 2021”. Tal como destacó Giarrizo, en diciembre era esperable que hubiera aceleración, por la suba en el consumo estacional. Pero según el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, el mes vino con un picante extra: “Es esperable que acelere diciembre. Junto con marzo son los meses más movidos. Pero este año fue particular. Las frutas y verduras y las carnes subieron mucho más que el año pasado, donde diciembre había estado por arriba de 4%. Los estacionales treparon más. Suele ser un mes movido pero este fue particular porque se incuban riesgos para la primera parte del año. A lo que siempre hay, esta vez se le suman paritarias y eso implica una presión adicional”.

(BAE) Vacunas: Los resultados se verán «entre julio y agosto»
El ministro de Ciencia y Tecnología adelantó que durante este año, la Argentina tendrá «una provisión para vacunar a 30 millones de personas». A la espera de la nueva partida de vacunas Sputnik V que llegaría durante enero y en medio de la campaña de vacunación al personal de salud, Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia y Tecnología, adelantó que los resultados de la aplicación de la vacuna se comenzarán a ver “entre julio y agosto” de este año. Salvarezza también adelantó que el país tendrá durante el 2021 “la provisión de vacunas suficiente para vacunar al conjunto de la población vacunable, unas 30 millones de personas”, y además destacó cómo se manejó la Argentina en el proceso para conseguir las dosis: “Fué una política muy inteligente firmar acuerdos con todos los laboratorios posibles”. Las tres vacunas aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la actualidad, que son la Sputnik V del Instituto Gamaleya, la vacuna de Pfizer – BioNTech y la que desarrolló Oxford con AstraZeneca requieren de dos dosis, por lo que deberían llegar a la Argentina el doble de vacunas que las personas a inmunizar. Al ser consultado sobre las 400 vacunas que se perdieron en la localidad bonaerense de Olavarría, el ministro sostuvo que “es lamentable que en un momento donde las dosis de vacunas son muy apreciadas para los trabajadores de la salud, que son los más expuestos con el incremento de casos, se echen a perder las vacunas”, en declaraciones a la radio AM 750. “Realizaremos una exhaustiva investigación para saber qué pasó con las vacunas descartadas”, completó el funcionario nacional. Sobre este hecho hay una denuncia penal porque existen sospechas de que haya sido una acción intencional. Salvarezza, quien también es investigador superior del Conicet, resaltó que “el 2020 ha sido una clara demostración de que la ciencia es fundamental para el desarrollo de los países y el bienestar y la seguridad de los ciudadanos”, y agregó que se vio “un enorme interés por parte de la sociedad en su conjunto por los desarrollos científicos que se realizaron durante el año”.

(BAE) Economía realizará siete subastas de deuda en pesos durante el primer trimestre
La Secretaría de Finanzas publicó el cronograma preliminar de licitaciones, con las que buscará refinanciar $325.305 millones en manos privadas y conseguir recursos adicionales para cubrir parte del déficit primario. El Ministerio de Economía anticipó este lunes que durante el primer trimestre concretará siete licitaciones de bonos y otros instrumentos del Tesoro en pesos, con las que buscará refinanciar los vencimientos y comenzar a captar recursos adicionales para cubrir una parte del déficit primario del período. En enero y febrero se realizarán dos subastas por mes, mientras que en marzo se proyectan tres licitaciones, en función de los compromisos a cancelar. Este mes, las fechas de licitación serán el jueves 14 y el miércoles 27; mientras que las fechas de febrero fueron agendadas para los miércoles 3 y 24. En marzo, las subastas se realizarán el martes 16, el lunes 22 y el lunes 29. «Con el objetivo de brindar mayor previsibilidad, seguir profundizando el desarrollo del mercado local y continuar con la agenda de normalización para el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos de corto y mediano plazo, el Ministerio de Economía anuncia el cronograma preliminar de licitaciones de instrumentos del Tesoro en Pesos para los meses de enero, febrero y marzo de 2021», señaló el Palacio de Hacienda en un comunicado. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el primer trimestre vencen $325.306 millones en títulos en manos del sector privado.

(BAE) Los paros complican el ingreso de divisas del agro en enero
A las medidas de fuerza que tomará el campo, que incluyen cese de comercialización de granos, se suma un conflicto en puerto Quequén, que hasta el momento mantiene inmovilizadas unas 200.000 toneladas de trigo En enero se espera un ingreso de divisas por debajo de sus cifras habituales, de acuerdo a analistas granarios consultados por BAE Negocios. A las complicaciones que podrán generar a partir de hoy una medida de fuerza del campo, en protesta por el cierre de las exportaciones de maíz decretada por el Gobierno nacional, se suma un conflicto gremial en Puerto Quequén, que desde hace una semana tiene inmovilizadas cerca de 200.000 toneladas de trigo, de acuerdo a fuentes de la administración de la terminal portuaria bonaerense. «No será el típico mes de enero», reconoció un operador del sector. Durante el verano, empieza a tomar forma el primer ingreso de dólares fuerte del campo, a través de la cosecha de trigo y cebada. En enero del año pasado, de acuerdo a estadísticas Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), los exportadores declararon ventas por USD1.613 millones, cifra que se encuentra por debajo del promedio registrado entre los años 2015 y 2019, que osciló entre los USD2.477 y 1.755 millones, respectivamente. Para la actual campaña 2020/21, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), mantiene sus proyecciones trigueras de 16,9 millones de toneladas, cifra que sufrió un recorte de 3 millones de toneladas en comparación a las expectativas iniciales. De acuerdo a estimaciones de la consultora Pablo Adreani & Asociados, en 2021 se esperan ventas de trigo, por un valor de USD2.423 millones, que para el Estado representa un ingreso de USD291 millones en concepto de derechos de exportación. Tras la resolución del conflicto en las terminales portuarias rosarinas, que tuvo un impacto cercano a los USD1.000 millones, en Puerto Quequén empieza a generarse una postal similar y hasta el momento, unos diez buques con trigo se encuentran imposibilitados de operar. Un dato a tener en cuenta es que la recuperación de los precios internacionales, liderados por una soja que ayer cerró en Chicago a USD483 la tonelada, será el factor que permitirá sostener en parte el ingreso de dólares por parte del campo. Esta situación empezó a verse reflejada en diciembre, en donde se declararon ventas por USD1.690 millones, por encima de las expectativas iniciales, que sugerían una liquidación por debajo de los USD1.000 millones, como consecuencia del conflicto gremial en el puerto de Rosario, que se extendió por casi 20 días. «Además de la mejora en las cotizaciones, hubo mucho negocio que se hizo a fijar precio y los exportadores esperaron hasta último momento», explicó un analista.

(INFOBAE) El Gobierno no contempló el impacto que podría generar un nuevo cierre de la economía por un rebrote de Covid-19El Presupuesto 2021 que ya está en marcha no incluye partidas destinadas a suavizar los efectos de una nueva cuarentena, como ya están atravesando muchos países europeos. Las dudas sobre nuevas medidas restrictivas pasan por el impacto que tendrían en el repunte de la actividad, pero también en la inflación y el dólar.
Si algo demostró la pandemia es que países como la Argentina están en una situación mucho más desventajosa que el mundo desarrollado para enfrentar una pandemia. La economía terminó con una caída superior al 10% y la emisión monetaria impulsó un 110% el dólar en el mercado informal, subiendo la pobreza al 45%. Con semejante impacto, no es extraño que el mismo Gobierno que decidió una rápida y estricta cuarentena en marzo del año pasado ahora presente dudas sobre qué camino tomar a partir de la suba de casos de contagio y el riesgo latente de una segunda ola de Covid-19 en el país. El primer dato para tener en cuenta sobre el impacto en la economía que produciría una nueva cuarentena o algo parecido a un cierre total de la economía es que el Presupuesto 2021 no incluyó partida alguna previendo esta casi inevitable “segunda ola”. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tuvo un efecto paliativo en los sectores más afectados por la imposibilidad de tránsito, fue eliminado totalmente. Y en el caso de las empresas, los ATP para pago de sueldos fueron reemplazados por el Repro II, un programa que establece el pago de salarios hasta un máximo de $ 9.000 por empleado de empresas que atraviesen un contexto crítico. El Presupuesto 2021 se hizo en base al cálculo de una recuperación económica del 5,5%, pero varios economistas calculan que en realidad ese rebote podría estar en torno del 6% e incluso del 7%. En la medida que haya una vuelta atrás en las aperturas esas proyecciones serán más difíciles de cumplir. El 2021 ya arranca en un contexto delicado para la economía argentina, con un tipo de cambio libre que subió 110% el año pasado, inflación contenida y la proyección de un elevado déficit fiscal. Volver atrás con la apertura de actividades echaría más nafta al fuego a estas presiones
Por lo tanto, si las medidas restrictivas vuelven a afectar sectores productivos (ya sea comercios, industrias pero también cuentapropistas) sería inevitable recurrir a mayores recursos para hacer frente a ese impacto. El problema es que no hay de dónde conseguir ese financiamiento. La única opción sería más emisión monetaria, es decir recurrir a una receta similar a la del 2020, ya que el mercado de capitales sigue prácticamente cerrado para la Argentina. Claro que el espacio para hacer algo similar a lo del año pasado es mucho menor. Sería impensable que el Banco Central emita pesos por el equivalente a más de 7% del PBI, en medio de fuertes presiones cambiarias y de inflación contenida. Al Tesoro le queda la posibilidad de financiar parte de ese gasto en el mercado local, lo cual viene haciendo desde el año pasado, pero la capacidad de los inversores para comprar deuda en pesos es también limitada. Los países más desarrollados ya aprobaron millonarios recursos para enfrentar la “segunda ola”. Es el caso de Estados Unidos, cuyo Congreso le dio el visto bueno hace un par de semanas un nuevo plan de estímulo por nada menos que 900.000 millones de dólares. También en Europa hubo nuevos planes de impulso masivo a la actividad. Pero en el caso argentino es mucho más compleja la opción de volcar recursos millonarios para amortiguar la caída de la economía ante un nuevo cierre. No es difícil imaginar el “efecto dominó” que generaría un nuevo cierre de la economía, aunque sea parcial. Inevitablemente habría mayor emisión monetaria para financiarlo y por ende más pesos que presionarían sobre el tipo de cambio
Con elecciones legislativas que serán claves en octubre, Alberto Fernández está obligado a manejarse con extrema cautela. Por algo ya no repitió, como lo hacía permanentemente en la primera etapa de la cuarentena, que “la salud importa más que la economía”. Habiendo dejado atrás aquel falso dilema, ahora la premisa parece pasar por reducir el impacto sanitario de un rebrote del virus, pero prestando especial atención al impacto en los bolsillos. Además, se toparía con fuerte resistencia del público en general, ya sea consumidores, comerciantes o industriales. No es difícil imaginar el “efecto dominó” que generaría un nuevo cierre de la economía, aunque sea parcial. Inevitablemente habría mayor emisión monetaria para financiarlo y por ende más pesos que presionarían sobre el tipo de cambio. La brecha cambiaria ya aumentó al 100% entre el dólar oficial y el libre en 2020 y el riesgo de que se siga agrandando no está descartado ni mucho menos. El déficit fiscal primario -que se estima en un elevado 4,5% del PBI este año- crecería inevitablemente y también presionaría sobre la inflación, lo que iría contra el plan del Gobierno de contener los precios todo lo que sea posible. Uno de los objetivos principales que trazó la propia Cristina Kirchner en el acto de La Plata hace un par de semanas fue que los salarios y las jubilaciones estén alineados con el aumento de precios de alimentos y tarifas. Este delicado equilibrio, ya difícil de conseguir en una situación relativamente normal se volvería mucho más improbable en caso de una vuelta atrás en la apertura de actividades.

(INFOBAE) Barco regasificador y Chile podrían reemplazar la falta de gas en invierno La vuelta de un buque a Bahía Blanca sería inevitable. Se podría traer gas de Chile, en una maniobra que se le cuestionó a Macri y Aranguren. Aún así, si la demanda se recupera, habría que cortarle el gas a industrias y autos a GNC. ntre junio y agosto de este año faltará gas natural en la Argentina. Es una certeza que tiene el Gobierno, que todavía no decidió cómo reemplazar esta parte de la oferta del principal combustible del país, que será muy escaso en invierno. × La opción casi inevitable es contratar un barco regasificador para que se vuelva a instalar en Bahía Blanca, aunque con eso solo no alcanzará. Según contó durante el fin de semana una alta fuente oficial a El Cronista, ninguna alternativa de importación de energía está contratada hasta el momento, excepto Bolivia. Todo está en estudio. Precisamente, la baja de 30% en la inyección del país que gobierna Luis Arce y el declino cercano al 7,5% en la producción doméstica (motivada en cambios en las reglas de juego en 2019, congelamiento de las tarifas en pesos y derrumbe de los precios en dólares, condiciones inaccesibles de financiamiento y una extensa demora en implementar incentivos en 2020) obligará a comprar en el exterior más gas, con un importante costo e impacto en las alicaídas reservas del Banco Central (BCRA), que preserva celosamente cada dólar. Aparte del regreso de un barco regasificador (que devuelve el gas líquido a su estado natural, por un proceso en el que se expande 600 veces su volumen y se eleva su temperatura desde los -161 grados centígrados, necesaria para transportar el fluido en buque) a Bahía Blanca, los técnicos de la Secretaría de Energía, la ex Enarsa y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) tuvieron conversaciones con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, para gestionar importaciones de gas desde el otro lado de la Cordillera de Los Andes. El procedimiento para comprar el combustible en Chile sería similar al de Bahía Blanca y ya sucedió entre 2016 y 2018, algo que fue cuestionado por el kirchnerismo cuando era oposición al Gobierno de Mauricio Macri. Como el país presidido por Sebastián Piñera no produce gas, debe importarlo; incluso Argentina es oferente en verano, cuando sobra a nivel local. Chile usaría las terminales de Puerto Quintero y Mejillones para traer Gas Natural Licuado (GNL), lo regasifica, lo inyecta en los gasoductos y se direcciona por debajo de la Cordillera hasta el norte del país. El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue denunciado por importar gas de Chile, ya que el kirchnerismo asegura que comprar en Bolivia por contrato era más barato. Aranguren argumentó que la opción de Bolivia no estaba disponible en 2016. La recuperación de la actividad económica y la demanda de las industrias; el ingreso de 1000 MW de energías renovables, que tienen prioridad de despacho; las inciertas precipitaciones en las cuencas de los ríos que abastecen a las centrales hidroeléctricas; y la importación de combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) para el uso de las centrales térmicas completan el escenario. Con todo, el consultor y experto en la regulación del gas Jorge Niemetz calculó que en el pico de demanda del invierno el Gobierno se vería forzado a cortar durante algunos días el suministro a vehículos que utilizan Gas Natural Comprimido (GNC) y también a ciertas industrias. Los números finos Según reseñó el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, en un informe de tendencias energéticas que produjeron el economista Julián Rojo y el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, la producción de gas entre diciembre de 2019 y noviembre 2020 promedió los 124,2 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), con una baja de 8,2% en el año móvil. Las petroleras garantizaron 67,9 MMm3/d como volumen base todo el año, a lo que habrá que sumar 3,6 MMm3/d en invierno para el consumo de la demanda prioritaria (hogares y comercios) y las centrales termoeléctricas. Por encima de eso, también comprometieron un 30% extra para GNC y las industrias, sin precios regulados. Son casi 93 MMm3/d garantizados en invierno, aunque cabe esperar que la producción local ronde sin problemas los 120 MMm3/d en los días más fríos del año. Otros 14 MMm3/d vendrán de Bolivia, según lo acordado en la quinta adenda al contrato, que se extiende por un año y será nuevamente negociada antes de julio. La terminal de Escobar, donde hay otro barco regasificador que debió ser paralizado por una denuncia en la Justicia por problemas ambientales, puede agregar 22 MMm3/d. El Gobierno estudia realizar una nueva licitación para que las petroleras ofrezcan mayor volumen en invierno, con precios más atractivos. Por fuera de eso, las opciones del barco en Bahía Blanca, la importación de Chile y el consumo de combustibles líquidos toman cuerpo para satisfacer una demanda que podría saltar a 180 MMm3/d en medio de una ola polar. El mercado del gas en la Argentina tiene alta estacionalidad. En verano, la preocupación de las petroleras es colocar su producto en el exterior para no tener que cerrar pozos, ante la falta de almacenamiento subterráneo a gran escala. Ya hay autorizadas exportaciones por más de 21 MMm3/d a Chile en condición interrumpible, y el secretario de Energía, Darío Martínez, se reunió este lunes con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, para explorar ventas por entre 10 y 20 MMm3/d a las zonas de Santa Catalina, Paraná y Rio Grande Do Sul.