(AMBITO) Dólar blue en picada y debajo de los $200: ¿Por qué no para de caer y cuál puede ser su piso?
¿Qué hay detrás de la pax cambiaria que ya cumplió dos meses, y que se presume podría extenderse, si no aparecen cisnes negros? Pero, además, ¿Puede seguir bajando el dólar blue? ¿Cuál es su piso? En esta nota, todas las respuestas.

Mientras casi todos los precios de la economía real suben y suben, hay uno que, por el contrario, no para de caer, paradójicamente. Es el valor del dólar blue que, a principios de esta semana, perforó el nivel simbólico de los de los $200, y que ya acumula un retroceso de casi $30 en poco más de dos meses.

Si medimos tu performance de 2022, el dólar paralelo registra un descenso de $12 o -5,8%, dado que terminó el año pasado en $208, y actualmente se ubica en los $196, a menos de $3 del solidario o ahorro que se puede conseguir en los homebanking. Es decir, perdió por goleada con la inflación acumulada en el primer trimestre, que se ubica en torno al 14/15%.

Ahora bien, ¿Qué hay detrás de esta pax cambiaria que ya cumplió dos meses, y que se presume podría extenderse, si no aparecen cisnes negros, por las próximas semanas, apuntando hacia mediados de año? Pero, además, ¿Puede seguir bajando el dólar blue? ¿Cuál es su piso?

En primer lugar, para entender por qué ha bajado el dólar paralelo en los últimos meses, hay que recordar cuánto había subido, en la antesala al anuncio de acuerdo con el FMI por la deuda a fines de enero de 2021. En momentos en los que muchos agentes del mercado especulaban con un inminente default de Argentina con el organismo internacional, el dólar informal llegó a marcar un techo nominal de $223,50 el 27 de enero pasado, en línea con la disparada del dólar contado con liqui, que en aquella jornada llegó a cruzar la barrera de los $230. A una suba desmedida, muchas veces le sigue una baja pronunciada, aunque al blue le ha costado mucho más que a los dólares financieros perforar los $200 (incluso amagan con ubicarse debajo de los $190).

Pero también hay, al menos, otros dos factores que explican la actual pax cambiaria: la suba de tasas por parte del Banco Central (el mes pasado llevó la de referencia al 44,5% TNA, casi 7 puntos porcentuales más que a fines de 2021) para intentar frenar las altas expectativas inflacionarias; y la buena liquidación de agrodólares, dada la disparada de los precios de los commodities, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Este escenario, por un lado, ha incentivado a los inversores a apostar por los instrumentos y/o Fondos Comunes de Inversión (FCI) atados a la inflación (CER) o plazos fijos UVA, los grandes ganadores en el primer trimestre, ante el evidente salto general en los precios.

Por otro lado, ante el ajuste de la tasa por parte de la autoridad monetaria, los grandes inversores empezaron a demandar bonos atados a la tasa Badlar, mientras que, en el caso de los minoristas, se han volcado a renovar sus plazos fijos, ya sin mirar tanto al dólar.

“Con el acuerdo con el Fondo Monetario las cotizaciones financieras se han calmado, llegando a $190 y la diferencia de $12 con el blue en algún punto iba a tender a reducirse, porque el carry trade atraía a $7/8 por dólar, mientras que por el sector agentes compradores no se ve alta demanda”, describe a Ámbito el economista Federico Glustein.

Juan Pablo Albornoz, analista en Ecolatina, señala a este medio que básicamente «se disipó el fantasma del no acuerdo con el FMI y el escenario ultra-pesimista que el mercado cambiario llegó a barajar en la segunda quincena de enero». Para el analista, el dólar «es un termómetro, no siempre perfecto, de la economía argentina. Y acordar con el Fondo significó que ese termómetro no estalle por los aires».

Ahora bien, para Albornoz «la consecuencia de tener semejante brecha cambiaria (llegó a rozar el 113% en enero, hoy está en 75% con el dólar mayorista) no solo se debe a la desconfianza en el Gobierno, sino también a la gran masa de pesos que hay en la economía, resultado de las políticas económicas llevadas a cabo».

Pero desde comienzos de año, el Banco Central viene racionalizando su estrategia monetaria cambiaria. «Redujo la emisión para financiar al Tesoro en el primer trimestre al 0,21% del PIB (versus 0,36% del PIB en igual período del 2021), un porcentaje incluso menor al promedio de los primeros trimestres de la última década, excluyendo al 2020. Y aumentó las tasas de interés, algo que desalienta transitoriamente la demanda de dólares. Y aceleró el ritmo de depreciación del dólar oficial, atacando la brecha ´desde abajo´», añade el analista en Ecolatina.

Por su parte, Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra, recuerda a Ámbito que “la cotización del dólar informal está estrechamente vinculada a la de los dólares financieros, como el CCL y el MEP, en los cuales también estamos viendo una brecha en niveles mínimos de los últimos meses».

Para la especialista, estima que “la pax cambiaria, que se viene prolongando desde hace varias ruedas, se siga extendiendo también algunas ruedas más, en tanto que el carry trade siga siendo visto como una alternativa atractiva de inversión para los pesos”.

En concreto, explica que “estamos ante un escenario en el que el inversor apuesta por un bono CER, mientras se mantiene expectante a una aceleración marcada del crawling peg (devaluación progresiva y controlada por el BCRA) recién en la segunda mitad del año”.

En consecuencia, “todo esto lo que hace es canalizar los pesos excedentes del mercado hacia otros segmentos diferentes a lo que son el dólar informal y los mercados financieros”.

En ese sentido, Glustein remarca que “la inflación más alta de lo esperada y creciente traslada parte de las inversiones al CER y, con la suba de tasas, hay una leve migración hacia tasa fija, relajando las expectativas sobre el blue”.

Por otra parte, el factor estacionalidad que tiene lugar en estos meses, con el mayor ingreso de agrodólares en el año también aporta a la calma cambiaria. Más aun, si tenemos en cuenta que la liquidación de los agro exportadores fue récord para un primer trimestre.

Glustein considera que “los firmes ingresos del agro, registrando en marzo casi 3 mil millones de dólares”, contribuyen al actual período de pax cambiaria.

En tanto que, Albornoz sostiene que «el shock de commodities por la guerra en Ucrania juega a favor para el agro, pero muy en contra en materia de importaciones de energía. Sin embargo, en lo inmediato significó que, a iguales cantidades de soja y maíz, al país le entren más dólares por la suba en los precios. Otra historia será el riesgo relacionado al suministro de energía, pero recién va a pesar más en la balanza dentro de unos meses.

¿Cerca o lejos del piso?
Hace exactamente un año atrás, el dólar blue marcaba su menor valor de 2021, en los $139, luego de terminar el año previo en los $166. ¿Se repetirá la historia en este 2022?

Para Glustein, el dólar blue “probablemente no siga bajando mucho más dado que el solidario ya alcanza los $193 y los financieros han despertado, con lo cual, probablemente la caída de este martes (-$3) pueda no repetirse y suba nuevamente más por expectativas que por demanda real”.

Por su parte, Giorgio cree que “la cotización actual es un piso porque estamos en una brecha que ya se está acercando demasiado al 65% sobre el dólar minorista, sin impuestos, y ese es sin dudas un piso bastante bajo para la brecha”. Si bien hubo ocasiones en que la cotización informal se ubicó por debajo del dólar solidario, “la realidad es que en los últimos meses se ha ido ajustando aún más el cepo para las importaciones, y en las condiciones actuales de restricciones cambiarias, es muy difícil pensar en un dólar alternativo con una brecha por debajo del 70%”.

(AMBITO) Gobierno, empresarios y sindicalistas acordaron adelantar paritarias
La mesa tripartita que se llevó a cabo en Hacienda propuso una canasta básica con 50 o 60 productos de primera necesidad. Fortalecerán medidas para auxiliar a las PYMES.

El Gobierno, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), acordaron este miércoles convocar a un adelanto de la discusión de las paritarias salariales y la conformación de una canasta básica de alimentos de entre 50 y 60 productos.

Las medidas fueron concordadas durante una reunión de la denominada mesa tripartita que quedó armada la semana pasada tras la orden del presidente Alberto Fernández de llamar a una cumbre entre las tres partes para lanzar medidas contra la inflación y la pérdida del salario de los trabajadores.

Principalmente, los participantes hicieron énfasis en los sueldos y llegaron a la posibilidad de abrir las negociaciones para la actualización salarial frente al «marco de esta situación excepcional», indicó un comunicado enviado por la mesa.

De esta forma quedó descartada la chance de que el Ejecutivo nacional, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, entregue un bono extraordinaria, tal cual lo hiciera el año pasado.

Asimismo, las partes garantizaron la conformación de una canasta básica integrada por «entre 50 y 60 productos», cuya lista será revelada dentro de las próximas 72 horas.

Estos artículos tendrán un precio claro en los diferentes formatos de comercialización y serán promocionados en un amplio abanico de medios de comunicación, explicaron.

A estas dos medidas se le sumó una tercera y dedicada exclusivamente a las pymes, y para las cuales se acordó la necesidad de implementar mesas de trabajo para impedir que el escenario global les genera consecuencias.

Los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, encabezaron nuevamente el cónclave en el que estuvieron junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la Jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

Por la parte empresarial llegaron el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el secretario de la entidad fabril, Miguel Ángel Rodríguez, y el director Ejecutivo, Diego Coatz.

En tanto, la representación del sector sindical estuvo encabezada por los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; y el secretario general adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez.

(AMBITO) Comienza el debate del proyecto que propone pagar deuda al FMI con dinero fugado
El proyecto de ley que propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con dinero fugado al exterior, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos, comenzará a ser debatido hoy en un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores.

El proyecto de ley que propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con dinero fugado al exterior, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos, comenzará a ser debatido hoy en un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores.

Los legisladores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda fueron citados para la reunión prevista desde las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Los senadores tendrán a la vista dos expedientes presentados la semana pasada y que el interbloque de Juntos por el Cambio ya anunció que rechazará.

Previamente, desde las 10 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, un grupo de sindicalistas se reunirá con los integrantes del bloque oficialista para interiorizarse de los detalles de los proyectos.

Entre los principales dirigentes que, de acuerdo con lo anunciado, asistirán al Senado se menciona a Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazo (Bancarios-CFT), Ricardo Peidró (CTAA), Héctor Amichetti (Gráficos-CFT), Edgardo Llano (APA) y Omar Plaini (Canillitas).

También se anticipó la presencia de Hugo Godoy (ATE), Walter Correa (Curtidores-CFT), Agustina Panizza (ATE Capital) Francisco Manrique (Smata), Carlos Minucci (Apasee-CFT), Yamile Socolovsky (Conadu) y Vanesa Siley (Sitraju-CFT), entre otros.

Los proyectos en debate son dos: el primero crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional y el segundo modifica la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.

Sostiene el texto que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

La iniciativa establece que el aporte del blanqueo «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».

Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.

Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del «colaborador», que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.

Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.

Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

La iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.

(INFOBAE) Supermercados vs proveedores: el pedido del Gobierno para bajar precios vuelve a tensar la discusión y obliga a repartir costos
Algunas cadenas bajaron precios pero aun deben negociar con las empresas. La renovación de Precios Cuidados y la canasta de proximidad, también sobre la mesa

Tras los aumentos de precios de febrero (4,7%) y de marzo, que el Indec oficializará en los próximos días, el Gobierno volvió a la carga contra las empresas y las culpó, nuevamente, de ser las generadoras de la inflación. Envió listas a los supermercados y a los proveedores con los productos que habían trepado más de 50% interanual y más de 7% el mes pasado y pidió que retrotraigan los valores al 10 de marzo. Las cadenas bajaron algunos precios, pero las empresas enviaron sus justificaciones y aún esperan respuesta de las autoridades. Mientras tanto, avanza la negociación para renovar Precios cuidados hasta julio y la nueva canasta de proximidad. Un combo perfecto que usará el Gobierno para lograr su cometido: que los productos del programa oficial estén lo más contenidos posible.

La renovación de Precios Cuidados está prevista para este jueves, al igual que el lanzamiento de la nueva canasta de 60 productos (de proximidad) destinada a comercializarse en los pequeños comercios, tanto almacenes como autoservicios de todo el país. Pero la discusión todavía no está saldada en ninguno de los dos casos. De todas maneras, son las mismas empresas las que participan en ambos programas, por lo que el cierre de las discusiones se está dando en simultáneo. Para el viernes, ambos deberían estar en funcionamiento, pero el nuevo “Súper cerca” está lejos de estar operativo ni siquiera la semana próxima, plantean los comerciantes.

Feletti planteó a los empresarios que podrán tener una rentabilidad promedio del 30% en los 60 productos de la canasta y disponer de una lista con los precios a los que deberían vender y otra a los que deberían comprar

La reunión de ayer entre representantes del Gobierno, sindicalistas de la CGT y directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) apenas reconfirmó la creación de esa canasta básica, sin brindar mayores precisiones. “De manera complementaria a las canastas de Precios Cuidados, los representantes gubernamentales informan que se está próximo a establecer una canasta de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión. (…) La mencionada lista y su formato de implementación se encontrará finalizado dentro de las próximas 72 horas”, señaló el comunicado posterior al encuentro en el ministerio de Economía.

“Se supone que el 8 se lanza la nueva canasta, pero luego tenemos que tener el tiempo de ir a los mayoristas y encontrar los productos para poder venderlos. Y posteriormente ver si funciona. El programa no es obligatorio. El comerciante que lo adopta va a tener la cartelería y la rentabilidad que nos ofrecieron no es mala, por lo que a todos nos puede servir”, manifestó el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore. Según explicó el dirigente, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, les planteó -en la reunión que mantuvieron este lunes- que la idea era que puedan tener una rentabilidad promedio del 30% en los 60 productos de la canasta y que puedan disponer de una lista con los precios a los que deberían vender y otra a los que deberían comprar.

“El programa está destinado al fracaso”, se sinceró una fuente de una alimenticia líder que participa con dos productos. Y siguió: “¿Cómo hará el Gobierno para controlar que los almaceneros vendan al precio fijado, cuando hay una gran cantidad de comercios en todo el país?”. Por otra parte, algunos de los productos del listado, que el Gobierno distribuyó solo en los medios, no tienen un gran consumo. Es el caso de la mermelada de naranja, por ejemplo.

En el caso de Precios Cuidados, el equipo de Feletti pidió a las empresas la incorporación de más productos, pero hay resistencia por parte del sector privado en función de la fuerte suba de los costos y poca posibilidad de trasladar a los precios del plan. Para esta renovación, las autorizaciones máximas llegan al 3% mensual -9% trimestral-, aunque en algunos casos bajan a 2%, cuando la inflación de los últimos dos meses, y la que también se proyecta para abril, no baja de 5 por ciento.

“El programa está destinado al fracaso”, se sinceró una fuente de una alimenticia líder que participa con dos productos. Y siguió: “¿Cómo hará el Gobierno para controlar que los almaceneros vendan al precio fijado, cuando hay una gran cantidad de comercios en todo el país?”
Como todas las negociaciones se están dando en simultáneo, el Gobierno usa, en algunos casos, los fuertes aumentos de marzo y los pedidos para retrotraerlos como argumento para presionar por un mejor acuerdo de Precios Cuidados. Fuentes de una firma contaron que habían subido 11% el mes pasado y que desde la secretaría los presionaron para que sumen más productos al programa oficial, si no querían verse obligados a retrotraer todos los aumentos. “Cada vez que se viene una renegociación de Precios Cuidados, se vienen con algo porque es la forma que tienen de plantarse”, analizaban ayer en una empresa.

En cuanto a los pedidos para retrotraer precios a marzo, hasta ahora sólo avanzaron con algunos productos las cadenas de supermercados. En el caso de los proveedores, que también recibieron sus respectivas listas con los productos que habían tenido subas “desmedidas”, según el Gobierno, enviaron sus argumentos y justificaciones y están a la espera de una devolución oficial. Sin embargo, como el Gobierno ya negoció con el canal comercial dar marcha atrás con algunos incrementos, lo que sucederá a partir de ahora es una dura negociación entre las cadenas y los proveedores para discutir cómo se reparte ese costo. Fuentes del supermercadismo dijeron a este medio que algunas empresas ya suavizaron los aumentos, por ejemplo, prorrateando en algunos meses las subas que habían enviado para ser aplicadas de una sola vez, en marzo.

(INFOBAE) Bienes Personales: 50.000 porteños empezarán a pagar el impuesto por el revalúo dispuesto por la AFIP
El ministro de Hacienda de la Ciudad advirtió que la decisión del organismo tributario es ilegal y discriminatoria. Y alentó a que los particulares se presenten ante la Justicia para frenarlo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calculó que alrededor de 50.000 personas que nunca habían pagado Bienes Personales empezarán a tributar este impuesto por el revalúo inmobiliario que definió la AFIP en los últimos días. Así lo aseguró el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, que además calificó a la medida como “ilegal y discriminatoria”.

Según explicó el funcionario, actualmente hay cerca de 220.000 porteños que sí pagan Bienes Personales, pero que a partir del revalúo tendrán un incremento significativo en el pago de este impuesto. Esto se debe a que se multiplica por 5 veces la valuación fiscal de su vivienda, generando un fuerte salto en el pago de este gravamen. La medida representa para los porteños un nuevo impuestazo, aún cuando no implique un cambio de alícuotas ni la creación de un nuevo gravamen.

El salto de esa valuación provocará, además, que miles de personas que hoy están exentas del impuesto pasen automáticamente a quedar obligados a pagarlo.

Tras la última actualización, la vivienda única que posee una valuación menor a los 30 millones de pesos queda exenta. Se trata de un valor de 150.000 dólares, que al elevarse el valor fiscal será alcanzado por miles de propiedades. “Un departamento de dos o tres ambientes tranquilamente tranquilamente podría quedar dentro de Bienes Personales tras esta modificación”, agregó Mura en diálogo por FM Milenium.

La ciudad de Buenos Aires ya presentó un recurso de queja ante la AFIP, en el que considera al revalúo ilegal y discriminatorio. En el primer caso, porque se trata de un dictamen del organismo recaudatorio que modifica una ley. Y en segundo término porque el porteño pagará mucho más que en la provincia de Buenos Aires por un inmueble de exactamente el mismo valor. “Según nuestros cálculos, un contribuyente tendría que pagar 55.000 pesos en Capital contra sólo 10.000 pesos en la provincia. Se trata distinto a un inmueble según esté ubicado en un lugar u otro de la Argentina, no tiene sentido”, agregó Mura.

Además, el funcionario indicó que también hay un problema de seguridad jurídica, ya que viola la forma en que se valúan los inmuebles en todo el país a fines fiscales. Sin embargo, aseguró que el reclamo para que la Justicia frene la medida de AFIP deberá provenir de particulares que se sientan damnificados por la decisión del Gobierno. “Los contadores también se manifestaron en contra de esta ofensiva e indicaron que la AFIP se excedió en sus atribuciones”, explican desde la Ciudad, por lo que cabría esperar una ola de amparos que frene la medida.

Según los cálculos que hacen en la ciudad de Buenos Aires, un inmueble de un mismo valor pagará cinco veces más en Capital que en Provincia de Buenos Aires en concepto de Bienes Personales. Por eso, consideran el revalúo decidido como AFIP como “ilegal y discriminatorio”
El revalúo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires no modifica en nada el cobro del ABL, que ajusta mensualmente de acuerdo a la evolución de la inflación. “Nosotros –indicó Mura- no vamos a cobrarle a la gente en función a lo que está determinando la AFIP”.

La medida fue pactada entre el Gobierno y el Fondo Monetario para mejorar la recaudación y bajar el déficit fiscal. Sin embargo, desde la ciudad de Buenos Aires indican que en ningún lado del acuerdo se menciona que sólo se aplicará este criterio para los inmuebles porteños.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió una carta a Marcó del Pont denunciando discriminación porque “sólo afecta las valuaciones de inmuebles de la Ciudad, elevándolas casi 10 veces más que al resto de las jurisdicciones. Mientras que el valor fiscal de los inmuebles de todas las jurisdicciones correspondiente al período fiscal 2021 crece interanualmente 51,4% (IPC), los inmuebles de la Ciudad verán incrementarse su valuación en un 505,6%”.