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| RIESGO PAÍS (06/05/2020) | 3633 |
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(Iprofesional) El «GuzmánLeaks» enrarece aún más la negociación con bonistas que podrían bloquear el canje. La filtración que hizo Economía de documentos confidenciales podría terminar de romper la poca confianza que había entre los acreedores y el país. l Gobierno sigue con el manual de la «mano dura» y enfrentamiento abierto con los principales acreedores en torno a la negociación de la deuda. En las próximas horas, Alberto Fernández tendrá que confirmar si el plazo del 8 de mayo para que expire la oferta de canje se mantiene o utilizan una prórroga hasta el 22 del mes, cuando sí o sí habrá que pagar u$s500 millones en vencimientos que se patearon 30 días en abril. El estado de situación, cuentan fuentes en Nueva York, es «realmente malo» e «incierto» entre los acreedores y el equipo económico de Martín Guzmán. No cayó precisamente bien la filtración que hizo Economía de documentos confidenciales de la negociación, en donde se publicó la contraoferta que el grupo de bonistas liderado por el gigante financiero BlackRock le hizo al país el 11 de abril, cuando si bien no era pública la oferta, los bonistas ya habían sido informados del contenido de la propuesta. Consultada por este medio, la vocera de la firma declinó en hacer comentarios acerca del «GuzmánLeaks». «Puede tener consecuencias legales. Es insólito que el Gobierno haya filtrado eso, hay acuerdos de confidencialidad de ambas partes. Publicar esto o emails es lo mismo, termina siendo un disparate que confirma el nivel de amateurismo de este equipo económico», despotricó un banco de inversión que trabaja asiduamente con este grupo de acreedores. Voces menos virulentas enmarcan estas filtraciones a la estrategia oficial de negociación, ya no hacia afuera, sino hacia adentro. «Están mostrando que lo que había del otro lado eran los malos de la película; y entonces se plantan como que ellos son los que quieren arreglar pero se encuentran con personas intransigentes. Pero eso es consumo interno, acá no es el tema de quién tiene razón, sino de llegar a un acuerdo donde ambas partes queden satisfechas», comentó un banquero local, sorprendido por la escalada que está teniendo la confrontación. Otros creen que el Gobierno está sembrando las bases para «vender» internamente un default total de la deuda. La filtración de Guzmán y los dichos de Alberto Fernández van en esa línea. «Yo espero que el mundo lo entienda, que el mundo nos acompañe y espero no caer en default. Pero si nos toca caer en default, la verdad es que nosotros recibimos un país en default», dijo el presidente. Una contrapropuesta «incompatible»
Economía difundió un comunicado mediante el cual explica las razones del fracaso, al menos hasta el momento, de las negociaciones. En un documento dice que «uno de los grupos de inversores compartió sus reacciones a los lineamientos de la restructuración por medio de presentar una contrapropuesta». Esa contrapropuesta, dice el Gobierno, se basó en la suposición de que Argentina solo tiene restricciones de liquidez a corto plazo y propuso resolverlas por medio de:
Economía difundió un comunicado mediante el cual explica las razones del fracaso, al menos hasta el momento, de las negociaciones. En un documento dice que «uno de los grupos de inversores compartió sus reacciones a los lineamientos de la restructuración por medio de presentar una contrapropuesta». Esa contrapropuesta, dice el Gobierno, se basó en la suposición de que Argentina solo tiene restricciones de liquidez a corto plazo y propuso resolverlas por medio de:
i) Un alivio parcial y decreciente del cupón en efectivo durante los primeros cuatro años antes de volver a los niveles contractuales.
ii) Una compensación del alivio del cupón con pagos en especie.
iii) Una ampliación de cuatro años del plazo de vencimiento para los bonos cuyo vencimiento sea antes de 2028, detalló el ministerio, que además subió a su página web el documento fechado el 11 de abril a cargo del grupo liderado por BlackRock.
Guzmán dice que esta contrapropuesta era, básicamente, incompatible con el marco macroeconómico y no reconocía la necesidad de un alivio de flujo de efectivo a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina. Economía señala que, teniendo en cuenta los puntos de vista escuchados durante las variadas conversaciones con los acreedores y sus asesores, y en vista del mandato dado por el Congreso nacional en relación con la disponibilidad limitada de reservas para continuar con el pago de la deuda, las autoridades procedieron a anunciar los términos y condiciones de la propuesta de Argentina el 17 de abril de 2020. «Los acreedores de los grupos que estaban sujetos a los Acuerdos de No Divulgación fueron liberados de su deber de confidencialidad y restricciones comerciales», explicó sugestivamente la cartera de Guzmán, tratando de aclarar la trama de la filtración. Un ex funcionario señaló que más allá de la publicación de los «non-disclosure agreement o NDA» que se puedan haber acordado, «no rompiste un acuerdo legal de confidencialidad, rompiste la confianza con tu contraparte a quien hace pocos días le pediste que haga una contrapropuesta». Esto tiene que ver con la reacción de Guzmán el lunes, quien lanzó una invitación a seguir negociando luego de conocerse el rechazo de los tres grupos de acreedores, que ya tendrían un caudal suficiente de bonos para bloquear el canje. «Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecúe a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El Gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común. Pero cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común», respondió Economía.
Un ambiente más enrarecido
Ahora la relación entre Guzmán y este grupo que tiene el 25% de los bonos emitidos en la era Macri y 16% de los bonos K (de los canjes 2005-2010), que nunca fue buena, parece haber empeorado. Y no son precisamente «nenes de pecho». Forman parte de este comité: AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management Limited, BlackRock Financial Management, BlueBay Asset Management LLP, Fidelity Management & Research Co., T. Rowe Price Associates, Western Asset Management Company LLC y Wellington Management Company LLP. Se cree en Wall Street que junto a los otros dos comités ya tienen poder para bloquear la operación o, al menos, de hacer dudar a otros inversores para que no acepten la propuesta y ahí poseer una mayor espalda negociadora. «El problema principal de la estrategia de negociación es que desde el Gobierno pensaron que la presión por acordar la tenían los bonistas, y ahora que las papas queman, piden una contrapropuesta que los bonistas no tienen ningún incentivo a dar porque el tiempo corre en contra de Argentina», advirtió un ex funcionario argentino de Finanzas, que conoce y muy bien a los distintos fondos de Wall Street que están negociando con el país. «Argentina busca una contrapropuesta para poder recular y los bonistas a esta altura esperan… y Argentina tendrá que negociar contra sí misma. Cada minuto que pasa, la posición de los bonistas mejora», afirmó.
La lectura de lo que ocurrió con este «GuzmánLeaks», según este encumbrado ex funcionario, es la siguiente. «Puede ser una de tres cosas o las tres en diferentes proporciones», indica:
1) Sabe el Gobierno que va a tener que mejorar la oferta mucho y presentan la de BlackRock para mejorar esa.
2) Refleja las diferencias internas entre los que no quieren ir a default y los que piensan que es la mejor salida.
3) Guzmán sabe que va quedar pegado en este canje y busca aparecer como que lo obligan a aceptar algo con lo que no está de acuerdo y se cubre.
«Lo que piensen Guzmán o Alberto Fernández es irrelevante. Lo único que importa en este tipo de operaciones es lo que piensan los bonistas. Si el Presidente no quiere ir a default, se arregla rapidísimo», explica.
(Infobae) Día D para el canje de deuda: ¿qué tienen que saber los pequeños ahorristas antes de aceptar la oferta?
Aunque la propuesta cierra el viernes, hay tiempo hasta hoy para que los inversores manifiesten si participarán o no. ¿Cuáles son los pros y los contras de ingresar o quedarse afuera de la propuesta? Ayer circularon rumores de una prórroga, pero aún no fue confirmada. Casi de la noche a la mañana y sin tiempo de analizar demasiado, miles de pequeños y medianos bonistas deberán definir hoy si aceptan o no el canje de deuda propuesto por el Gobierno, siempre que no se definan prórrogas. La información resultó bastante escasa o prácticamente nula, ya que todos los esfuerzos del ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvieron puestos en el diálogo con los grandes fondos de inversión. Sin una sola presentación dirigida al ahorrista argentino, la pregunta de estas horas se multiplicó: ¿qué tengo que hacer con mis bonos? La respuesta, por supuesto, dependerá de cada situación particular. Un consejo muy general de las sociedades de Bolsa y bancos a los pequeños tenedores de bonos es que entren al canje o de lo contrario que se desprendan de esos activos. La opción de quedarse afuera de la transacción y apostar a un litigio podría incluso costar más cara que una propuesta poco atractiva y no vale la pena para una tenencia menor. Los cinco bonos que ofrece el Gobierno, que van del 2030 al 2047 no pagan intereses en los próximos tres años y recién arrancan en 2023 con un rendimiento de apenas el 0,5% anual. Sin embargo, también hay muchos inversores que poseen tenencias más significativas. Muchos, por ejemplo, compraron bonos argentinos para recuperar una parte del 10% que tuvieron que pagar en el sinceramiento fiscal de 2017. Y otros poseen títulos como estrategia de diversificación de inversiones financieras locales. En el caso de tenencias más importantes, la opción de quedarse afuera del canje tiene sus riesgos. Uno de ellos es que la judicialización lleve muchos años hasta recibir una sentencia favorable. Pero existe otro aspecto mucho más complicado: el Gobierno podría obligar a los inversores a entrar al canje aún cuando estos rechazaron abiertamente esa posibilidad. ¿Por qué puede suceder esto? El motivo es que los bonos tienen una denominada Cláusula de Acción Colectiva (CAC), que habilita al Gobierno a meter a todo un grupo de bonistas dentro del canje si consigue ciertas mayorías. Para los bonos emitidos durante la era Macri, es decir a partir de 2016, precisa un 66,6% de aceptación, es decir dos tercios del total. En el caso de que un inversor decida quedarse afuera podría ser entonces obligado a aceptar el canje, sin derecho a juicio. Pero lo más grave no es eso, sino que pierde la posibilidad de elegir las opciones más favorables. Un ejemplo: los tenedores de Globales 2021 pueden elegir un nuevo título que vence en el año 2030 y luego hay otras dos opciones más largas. Sin embargo, quienes no hayan aceptado de entrada la oferta no podrían elegir sino que es el Gobierno quien determina qué bono será entregado. Podrían incluso recibir el nuevo bono al 2047, lo que resultaría sumamente inconveniente para un tenedor de un bono de cortísimo plazo. La sociedad de Bolsa Balanz lo describió de la siguiente manera a sus clientes: “Hay dos motivos para ingresar al canje ahora y no esperar una mejor oferta. En primer lugar me aseguro el elegir el bono que quiero (2030 y 2036 tienen tope de emisión). Y además evito, si el Gobierno consiguió las mayorías necesarias, me fuerce a recibir el nuevo bono con vencimiento en 2047”. Dentro de este análisis aparece otro aspecto: los bonos Discount y Par, que corresponden al canje 2005. En este caso el análisis ya es más complejo, porque precisan mayorías del 85% para que se obligue a todos los bonistas a entrar en la transacción. Por lo tanto, parece casi imposible que lo logren en esta instancia. Además, son títulos que poseen una fuerza jurídica para litigar ante las cortes internacionales mucho mayores. Por lo tanto, quienes no estén conformes con la propuesta oficial se quedarán con un título que podría conservar un valor importante aún en caso de que la Argentina entre en default. No es casualidad que ambos estuvieron cotizando a paridades superiores que los bonos emitidos durante la gestión de Mauricio Macri, justamente por estas características especiales.
Aunque la propuesta cierra el viernes, hay tiempo hasta hoy para que los inversores manifiesten si participarán o no. ¿Cuáles son los pros y los contras de ingresar o quedarse afuera de la propuesta? Ayer circularon rumores de una prórroga, pero aún no fue confirmada. Casi de la noche a la mañana y sin tiempo de analizar demasiado, miles de pequeños y medianos bonistas deberán definir hoy si aceptan o no el canje de deuda propuesto por el Gobierno, siempre que no se definan prórrogas. La información resultó bastante escasa o prácticamente nula, ya que todos los esfuerzos del ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvieron puestos en el diálogo con los grandes fondos de inversión. Sin una sola presentación dirigida al ahorrista argentino, la pregunta de estas horas se multiplicó: ¿qué tengo que hacer con mis bonos? La respuesta, por supuesto, dependerá de cada situación particular. Un consejo muy general de las sociedades de Bolsa y bancos a los pequeños tenedores de bonos es que entren al canje o de lo contrario que se desprendan de esos activos. La opción de quedarse afuera de la transacción y apostar a un litigio podría incluso costar más cara que una propuesta poco atractiva y no vale la pena para una tenencia menor. Los cinco bonos que ofrece el Gobierno, que van del 2030 al 2047 no pagan intereses en los próximos tres años y recién arrancan en 2023 con un rendimiento de apenas el 0,5% anual. Sin embargo, también hay muchos inversores que poseen tenencias más significativas. Muchos, por ejemplo, compraron bonos argentinos para recuperar una parte del 10% que tuvieron que pagar en el sinceramiento fiscal de 2017. Y otros poseen títulos como estrategia de diversificación de inversiones financieras locales. En el caso de tenencias más importantes, la opción de quedarse afuera del canje tiene sus riesgos. Uno de ellos es que la judicialización lleve muchos años hasta recibir una sentencia favorable. Pero existe otro aspecto mucho más complicado: el Gobierno podría obligar a los inversores a entrar al canje aún cuando estos rechazaron abiertamente esa posibilidad. ¿Por qué puede suceder esto? El motivo es que los bonos tienen una denominada Cláusula de Acción Colectiva (CAC), que habilita al Gobierno a meter a todo un grupo de bonistas dentro del canje si consigue ciertas mayorías. Para los bonos emitidos durante la era Macri, es decir a partir de 2016, precisa un 66,6% de aceptación, es decir dos tercios del total. En el caso de que un inversor decida quedarse afuera podría ser entonces obligado a aceptar el canje, sin derecho a juicio. Pero lo más grave no es eso, sino que pierde la posibilidad de elegir las opciones más favorables. Un ejemplo: los tenedores de Globales 2021 pueden elegir un nuevo título que vence en el año 2030 y luego hay otras dos opciones más largas. Sin embargo, quienes no hayan aceptado de entrada la oferta no podrían elegir sino que es el Gobierno quien determina qué bono será entregado. Podrían incluso recibir el nuevo bono al 2047, lo que resultaría sumamente inconveniente para un tenedor de un bono de cortísimo plazo. La sociedad de Bolsa Balanz lo describió de la siguiente manera a sus clientes: “Hay dos motivos para ingresar al canje ahora y no esperar una mejor oferta. En primer lugar me aseguro el elegir el bono que quiero (2030 y 2036 tienen tope de emisión). Y además evito, si el Gobierno consiguió las mayorías necesarias, me fuerce a recibir el nuevo bono con vencimiento en 2047”. Dentro de este análisis aparece otro aspecto: los bonos Discount y Par, que corresponden al canje 2005. En este caso el análisis ya es más complejo, porque precisan mayorías del 85% para que se obligue a todos los bonistas a entrar en la transacción. Por lo tanto, parece casi imposible que lo logren en esta instancia. Además, son títulos que poseen una fuerza jurídica para litigar ante las cortes internacionales mucho mayores. Por lo tanto, quienes no estén conformes con la propuesta oficial se quedarán con un título que podría conservar un valor importante aún en caso de que la Argentina entre en default. No es casualidad que ambos estuvieron cotizando a paridades superiores que los bonos emitidos durante la gestión de Mauricio Macri, justamente por estas características especiales.
(Infobae) Alivio para Vaca Muerta: Matías Kulfas aseguró que habrá precio sostén para el barril de petróleo local
El ministro de Desarrollo Productivo dijo que están terminando de ultimar los detalles para el regreso del precio de referencia tal como vienen pidiendo las provincias petroleras. Las compañías petroleras frenan la producción. No hay mercado ni local ni de exportación. Las empresas proveedoras de servicios abrieron retiros voluntarios. Y los gobernadores observan como caen los ingresos por las regalías consecuencia de la caída del precio del crudo. Con ese escenario en los últimos días se había intensificado el reclamo para que la Nación fije un valor de referencia para la producción local de petróleo y de esa manera asegurar la continuidad de la producción, los puestos de trabajo y las regalías. Aunque el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había dicho días atrás que Vaca Muerta tendría que esperar, hoy señaló que la posibilidad de poner un precio sostén a la producción local está cada vez más cerca. Kulfas, de quien depende la Secretaría de Energía de la Nación, dijo en una entrevista con radio La Red que está «terminando de definir algunos detalles” para la vuelta del precio sostén: “La idea es tener un precio de referencia que evite que los proyectos que en la Argentina están en funcionamiento, aún con bajo nivel de actividad, no terminen de cerrarse bajo un escenario negativo” como el actual. El ministro consideró que ese precio de referencia para la producción local es necesario “para que cuando la situación se normalice se pueda tener a los inversores y a los proyectos de pie para restablecer rápidamente la actividad. Si no lo hiciéramos -continuó el ministro- el gran peligro es que cuando la actividad se normalice y los precios vuelvan al alza, no tengamos la producción en pie y debamos importar petróleo, por eso buscamos dar certidumbre hacia adelante”, agregó. Un punto que es fundamental en esta discusión es cuál será el valor del barril criollo. Se especula que rondará los USD 42 y que irá bajando a USD 38. Si ese valor se confirma, la brecha con el valor de mercado no sería tan grande ya que la cotización del barril de Brent repuntó y el contrato para entregar en julio ya se cotiza a USD 31, luego del piso de 20 dólares que tocó días atrás. El ministro viene desarrollando varios encuentros con los diferentes eslabones de la industria pero fueron los gobernadores quienes llevaron adelante la voz cantante de pedido de este subsidio a la producción que significaría restaurar el barril criollo. Tanto es así que fueron los ministros de economía primero y luego los gobernadores de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego quienes acordaron pedirle al Estado nacional la reinstauración del barril criollo. El problema se generó porque para las empresas productoras el costo de extraer un barril de petróleo en zonas como Vaca Muerta supera el valor de mercado, por lo que no sería económicamente viable. Además, tampoco hay espacio para almacenar el excedente a la espera de que el consumo vuelva a repuntar y los precios comiencen una curva ascendente. Es por eso que Kulfas quiere, a cambio de la definición del valor del barril, contar con el compromiso de las empresas de sostener los niveles de producción y los puestos de empleo, además de promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de servicios petroleros en procura de fortalecer el entramado productivo regional. “En el corto plazo, está claro que la producción de petróleo mundial tuvo complicaciones muy grandes. La demanda cayó 30% y es de esperar que la normalización traiga un escenario positivo”, agregó Kulfas. La medida también generará un poco de aire en las arcas de la liga de las provincias petroleras que reciben regalías y que estas están atadas al valor del barril. Para un ejemplo de esto, el próximo pago que recibirán está realizado sobre la base de un valor de USD 20 el barril.
El ministro de Desarrollo Productivo dijo que están terminando de ultimar los detalles para el regreso del precio de referencia tal como vienen pidiendo las provincias petroleras. Las compañías petroleras frenan la producción. No hay mercado ni local ni de exportación. Las empresas proveedoras de servicios abrieron retiros voluntarios. Y los gobernadores observan como caen los ingresos por las regalías consecuencia de la caída del precio del crudo. Con ese escenario en los últimos días se había intensificado el reclamo para que la Nación fije un valor de referencia para la producción local de petróleo y de esa manera asegurar la continuidad de la producción, los puestos de trabajo y las regalías. Aunque el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había dicho días atrás que Vaca Muerta tendría que esperar, hoy señaló que la posibilidad de poner un precio sostén a la producción local está cada vez más cerca. Kulfas, de quien depende la Secretaría de Energía de la Nación, dijo en una entrevista con radio La Red que está «terminando de definir algunos detalles” para la vuelta del precio sostén: “La idea es tener un precio de referencia que evite que los proyectos que en la Argentina están en funcionamiento, aún con bajo nivel de actividad, no terminen de cerrarse bajo un escenario negativo” como el actual. El ministro consideró que ese precio de referencia para la producción local es necesario “para que cuando la situación se normalice se pueda tener a los inversores y a los proyectos de pie para restablecer rápidamente la actividad. Si no lo hiciéramos -continuó el ministro- el gran peligro es que cuando la actividad se normalice y los precios vuelvan al alza, no tengamos la producción en pie y debamos importar petróleo, por eso buscamos dar certidumbre hacia adelante”, agregó. Un punto que es fundamental en esta discusión es cuál será el valor del barril criollo. Se especula que rondará los USD 42 y que irá bajando a USD 38. Si ese valor se confirma, la brecha con el valor de mercado no sería tan grande ya que la cotización del barril de Brent repuntó y el contrato para entregar en julio ya se cotiza a USD 31, luego del piso de 20 dólares que tocó días atrás. El ministro viene desarrollando varios encuentros con los diferentes eslabones de la industria pero fueron los gobernadores quienes llevaron adelante la voz cantante de pedido de este subsidio a la producción que significaría restaurar el barril criollo. Tanto es así que fueron los ministros de economía primero y luego los gobernadores de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego quienes acordaron pedirle al Estado nacional la reinstauración del barril criollo. El problema se generó porque para las empresas productoras el costo de extraer un barril de petróleo en zonas como Vaca Muerta supera el valor de mercado, por lo que no sería económicamente viable. Además, tampoco hay espacio para almacenar el excedente a la espera de que el consumo vuelva a repuntar y los precios comiencen una curva ascendente. Es por eso que Kulfas quiere, a cambio de la definición del valor del barril, contar con el compromiso de las empresas de sostener los niveles de producción y los puestos de empleo, además de promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de servicios petroleros en procura de fortalecer el entramado productivo regional. “En el corto plazo, está claro que la producción de petróleo mundial tuvo complicaciones muy grandes. La demanda cayó 30% y es de esperar que la normalización traiga un escenario positivo”, agregó Kulfas. La medida también generará un poco de aire en las arcas de la liga de las provincias petroleras que reciben regalías y que estas están atadas al valor del barril. Para un ejemplo de esto, el próximo pago que recibirán está realizado sobre la base de un valor de USD 20 el barril.
(Ambito) Bonistas ya debaten y preparan su oferta con «sentido común». Entre otros requerimientos, evalúan pedir pago simbólico de cupón en 2022 o 2023, cláusula Rufo y reconocimiento de intereses hasta la primer liquidación. Saben que la propuesta será rechazada, y que deberán esperar una contrapropuesta oficial. Cobro de los intereses corridos, especialmente en el Global por u$s 503 millones cuyo tiempo de pago está corriendo desde el 22 de abril. Reconocimiento de intereses hasta la primera cancelación comprometido del 2023, aunque la liquidación se concrete desde el 2024. Un primer pago simbólico de cupón en 2022 o a comienzos de 2023. Y, desde lo legal, agregar una cláusula RUFO desde los vencimientos de 2047.Todo esto, además de dejar de lado el desdoblamiento de aceptaciones, apartando del conflicto futuro a aquellos papeles en los que haya masa crítica para un acuerdo. Según el cálculo de los propios bonistas, estos movimientos mejorarían entre un 5 y un 10% la oferta inicial del Gobierno, estarían dentro de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto a los volúmenes de quita, respetarían a grandes rasgos los tiempos legales y los intereses dispuestos en la propuesta original de Martín Guzmán y no avanzarían en pedidos sobre la política económica y fiscal del gobierno de Alberto Fernández. Y, en definitiva, los acercaría al criterio con el que secamente el ministro de Economía despidió a los acreedores en su comunicado del lunes, llamándolos a que presenten una propuesta que “debe pasar por el sentido común”. Desde ayer a primera hora los tres grupos de acreedores que representan a los bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional, comenzaron a tomar contacto para coordinar su propuesta conjunta; bajo la promesa general de que ninguno de los fondos de inversión se cortará solo y que se esperará la confección de un acuerdo básico para luego reabrir los diálogos con el ministro Guzmán. Para que esto se concrete, se esperará un nuevo gesto del gobierno de Alberto Fernández: que de señales claras que la fecha del 8 de mayo autoimpuesta ante la SEC, será corrida oficialmente y el nuevo lapso será el del 22 de mayo, día en que el país ingresaría en default por no haber pagado los vencimientos del Global. Una vez que este guiño se efectúe, inmediatamente las ideas fuerza de los fondos de inversión serán giradas al banco asesor nombrado por el gobierno argentino, el Lazard, que le dará forma legal y financiera y se la trasladará al ministerio de Economía. Si los tiempos salen como esperan tanto el Gobierno como los bonistas, la semana próxima la propuesta estará en los escritorios oficiales de Buenos Aires y a punto de ser, inevitablemente, rechazada. Esta acción la descartan los privados. Pero saben también que es el primer paso para que Economía quede con las manos libres para poder mejorar la oferta original elaborada por Guzmán, bajo lineamientos básicos del FMI; y concrete la tan esperada oferta mejorada que, seriamente, permita comenzar a negociar un eventual acuerdo final que evite el default. Algo quedó en claro entre el lunes y el martes. Tal como adelantó este diario, y a diferencia del proceso del 2005-2006, parecería que en el “póker de mentirosos”, hay más intenciones de llegar a un acuerdo que lo que se percibe públicamente. Algo que quedó claro ayer entre los acreedores, especialmente entre los fondos de inversión y los tenedores particulares, es que no hay una posición sólida, cerrada y unificada entre los mismos privados. Las mayores diferencias son el tratamiento que reclaman los tenedores de los bonos emitidos para saldar el default del 2005, y los lanzados durante el gobierno de Mauricio Macri. A su vez, entre estos últimos, hay diferencia de criterio entre los tomadores de deuda de largo plazo (más allá del 2030) y los que tienen vencimientos entre 2021 y el 2029. En el primer caso, los acreedores con deuda emitida bajo el gobierno de Néstor Kirchner para salir del default; son, de todo el largo listado de acreedores, los más irreductibles para aceptar la oferta oficial. Según los datos que llegaron a Economía el fin de semana pasado, el aval a la propuesta original se ubicaba por debajo del 20%, el nivel más bajo de todo el largo listado de deuda a reestructurar. El grado de protesta y malhumor de estos tenedores llegó al punto que, en las últimas horas incluso comenzaron a circular entre los mismos bonistas, grabaciones de la propia Cristina Fernández de Kirchner donde se les aseguraba a los acreedores que aceptaron el canje del 2010 (cuando Amado Boudou era ministro de Economía), que debían estar seguros que el país “honraría sus deudas”. Esas grabaciones están preparadas para atacar como una daga en eventuales juicios contra el país en el caso que no haya acuerdo final; ya que, se recuerda, este tipo de documentos son los que más sirvieron a los fondos buitres en el “Juicio del Siglo” que le ganaron a la Argentina en los tribunales de Thomas Griesa. También hay mucho malhumor en los tenedores de deuda con vencimiento más allá del 2030, ya que consideran que su posición es más ruinosa que la del resto de los tenedores de deuda y que, en muchos casos, no se cumple la premisa oficial de “ganar menos”. En estos casos, la aceptación de la oferta no llegaba al 30% del general; y, junto con los tenedores de deuda del canje del 2005, hacían que el aval general no superara el 40%, incluyendo a las entidades del sector público argentino. Los datos que manejaba Guzmán sobre los tenedores privados individuales de deuda con vencimiento entre 2026 y el 2030; más algunos que poseen el bono Global 2117 (el famoso Centenario), mostraban cierto interés en su propuesta de canje; pero con niveles de aceptación que en ninguna de las circunstancias llegaban al 50%. Todo este panorama hubiera implicado que la aceptación final se ubique levemente por encima del 40%, incluyendo todos los entes públicos, los bancos locales y un puñado de bonistas, casi todos argentinos. El cálculo que hacen los privados es que el valor del mercado actual de la deuda argentina, especialmente la posterior al 2030, se ubica cerca de la cotización del 30%, lo que casi empata (o pierde por poco) la propuesta de Guzmán. Los fondos saben que ese valor podría bajar en un escenario de default, pero que habría compradores entre el 25 y el 29% de su cotización: los fondos buitre, expertos en litigar en los tribunales del segundo distrito sur de Nueva York. Otra alternativa es no vender los bonos, y esperar a ser ellos mismos los que litiguen en los tribunales que ahora maneja Loretta Preska. El panorama cambiaría como un guante ante la alternativa de una negociación sobre la base de una mejora de la propuesta oficial de Economía, precisamente el dato que ahora esperan los tenedores de deuda.
(Ambito) El bono Centenario no sería una mina terrestre en el canje. Los ánimos están muy susceptibles. Toda opinión genera debate. En la saga del «Century Bond» no habría gato encerrado que implique un alto riesgo en caso que la reestructuración falle. Se acerca el 8-M y la guerra de guerrilla se intensifica. Aunque ambos bandos hacen la mímica de blandir el estandarte blanco ninguno da el brazo a torcer. Es lógico, aún todo está muy verde. Así es el juego del “póquer del mentiroso”, donde más vale que alguna vez te hayas sentado en esa mesa a jugar porque, como recuerdan las innumerables víctimas de los ex-Salomon Brothers, y en particular, del “il capo de tutti capi”, John Meriwether, no se trataba solo de conocer algo de la teoría de los juegos sino más bien a Sun Tzu. Había que haber estado en la trinchera. Pero, al fin y cabo, quién tiene la razón en esto, se verá al final del proceso de reestructuración de la deuda. Hoy por lo pronto siguen lanzándose platos unos a otros, como en la “Guerra de los Rose”. Desde rechazos unificados a la oferta de parte de grupos de bonistas, diplomáticas respuestas oficiales con sabor amargo hasta propuestas “privadas” que sorpresivamente ven la luz pública. Pero detrás de los planteos de unos y otros hay un tema que hace ruido: todos se vanaglorian de la “sostenibilidad de la deuda”, en la jerga del FMI, DSA (“Debt Sustainability Analysis”, que el Fondo diseñó y puso en funcionamiento en 2002 para analizar “la capacidad de un país para financiar sus políticas y atender la deuda resultante sin ajustes excesivamente grandes, que de lo contrario podrían comprometer su estabilidad”, o sea, la sostenibilidad de la deuda pública y externa). ¿A qué viene esto? El Gobierno sostiene que, “comulgando” con el FMI, la oferta debe respetar este criterio de DSA y, a la vez, los bonistas sostienen que se puede mejorar la oferta respetándolo. En primer lugar, como acotó recientemente un economista kirchnerista ante inversores, acá hay un “dilema de tres prisioneros”, Argentina, los Acreedores y el FMI. Por lo que el organismo no se podría desentender tanto del tema. Más aún si como muestran distintas simulaciones privadas, sobre las necesidades de financiamiento futuras de Argentina, que recién en el 2026 saltan a niveles de 2% del PBI y se elevan a más del 6% al contemplar los vencimientos del Fondo superando ampliamente la meta de DSA que se acerca a un 3%, por lo que la reprogramación de los pagos futuros al organismo “va de cajón” porque comprometer semejante superávit fiscal sería por demás ilusorio. Por eso hay tanta “bronca” de los acreedores con el FMI sobre todo porque hace dos meses, cambió, y afirmó que la deuda argentina era insostenible. ¿O la evaluación de agosto 2019 era errada o qué paso en febrero 2020?, se cuestionan en el mercado. Los acreedores ven que el FMI quiere correrse y que solo paguen los bonistas, de ahí el enojo sobre su “rol” como asesor en este debate. Y a los ojos del mundillo de Wall Street, el Fondo parece más preocupado en cobrar que en ayudar a que la Argentina se recupere. Lo cierto es que sea cual fuese el arreglo final con todos los acreedores no puede soslayarse el esfuerzo fiscal que implica, más teniendo en cuenta la historia argentina y cómo quedará el fisco y la economía tras la pandemia. Pero en medio de todo el juego emergen inesperados contrapuntos de exfuncionarios, como Federico Sturzenegger y Santiago Bausili, expresidente del BCRA y exsecretario de Finanzas, respectivamente de la gestión Macri, sobre los peligros de ciertas cláusulas en la emisión de algunos bonos, como el Century (a 100 años de plazo, emitido en 2017 por u$s2.750 millones, por Luis Caputo). Según el expresidente del BCRA se corría el riesgo de que si había un default este bono conllevaría un costo de más de seis veces su monto emitido. A lo que el exmano derecha del “Toto” era totalmente errado. Hubo un duro intercambio de tuits pero el tema siguió deambulando entre bonistas y analistas. Parece ser que el “error” de Sturzenegger fue seguir al pie de la letra a Mitu Gulati. Este profesor de derecho de la Escuela de Leyes de la Universidad Duke escribió en enero pasado en un blog sobre el bono centenario de Argentina y los peligros de la letra chica y los fondos buitres, basándose en un caso testigo de fines de 2016 en Nueva York, “Cash America vs. Wilmington Savings”. Para ir directo al grano, solo hay que recordar que este bono tiene una claúsula “Make Whole Clause” por la cual el deudor tiene la posibilidad de recomprar el bono con anticipación al vencimiento, pagando una prima (o sea, el acreedor recibe los $100, el cupón caído más una prima). Es decir una “opción de call” de comprar el bono. Y no tiene fecha de vencimiento, este derecho del deudo. En 2017, destacan los expertos que reconocen la equivocación de Sturzenegger, era una cláusula lógica, el país tenía crédito externo y tenía chances de cierto éxito macro. De modo que consideran que tenía sentido ponerla en 2017. No era algo extraño, como algunos ahora sospechan. La han usado otros países como México y sobre todo compañías que emitieron “bonos basura” o de alto retorno. En el contexto del 2017 Argentina así incorporó esa perrogativa de recuperar el bono sin obligarse a pagar altos intereses (el cupón de este bono era de más de 7%).No hay que soslayar que esta cláusula “no obliga” al país en default a pagar el 100% del bono más los intereses. Como advirtió Sturzenegger y Bausili rebatió. Todo el meollo de las especulaciones sobre esta cláusula es ese fallo judicial que recupera Gulati, pero en ese caso la empresa en cuestión que había solicitado el “Chapter Eleven” (pedido de quiebra), salió a recuperar el bono emitido porque tenía los fondos para pagar la prima. El juez consideró que la compañía se pasó de lista (viveza criolla a la neoyorkina) y por eso falló en contra. Para Gulati los defaults pueden ser interpretados como que el país tiene la plata y opta por no usarla, pero con la crisis de la pandemia y una caída del PBI estimada en más del 6% este año, es imposible que un juez crea que Argentina se “hace la viva”. Por lo tanto los argumentos sobre los peligros que entraña el Bono Centenario en medio del canje de la deuda no serían de tan alto voltaje como algunos advirtieron. O sea, Sturzenegger 0, Bausili 1. ¿Fin de la novela?
(Ambito) Longvie no pagará una ON y se suma al club de privados en default. La fabricante de cocinas y lavarropas avisó ante la CNV que no podrá asumir un vencimiento por $17,9 millones previsto para mañana. La firma de artículos para el hogar Longvie se sumó ayer a la lista de empresas que entraron en default en medio de la pandemia de coronavirus, como Grimoldi y Ribeiro. Concretamente, la compañía de capitales nacionales anunció que no podrá concretar el pago de intereses de las Obligaciones Negociables que emitió tiempo atrás en el mercado local. Así lo hizo saber a los inversores a través de una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores. En total, la deuda que ingresa a default asciende a poco más de $13,4 millones en concepto de intereses y $4,95 millones que debían ser capitalizados. La fecha de pago estaba pautada para el próximo 7 de mayo pero Longvie avisó directamente que no podrá hacerse cargo de sus obligaciones y a la par convocó a los tenedores de sus ON a una asamblea a realizarse el próximo 22 de mayo. El plan de la compañía es presentarle alternativas de pago con la vista puesta en más adelante, más concretamente, capitalizar dichos intereses e integrarlos a la fecha de vencimiento de la ON en noviembre de 2021. Según detalla la empresa, desde que se decretó la cuarentena obligatoria sus tres plantas de producción paralizaron totalmente sus operaciones, además, la venta de sus productos se vio fuertemente perjudicada por el cierre de todos los locales de las cadenas de ventas minoristas. La actividad principal de la compañía es la fabricación y comercialización de artefactos de gas y lavarropas. Posee tres fábricas, ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca y más del 95% de su producción se vuelca al mercado interno, justamente un sector que viene muy golpeado y que desde hace al menos dos años solo muestra números negativos. Otra cuestión clave es que Longvie comercializa estufas, cocinas y otros artículos para el hogar. Justamente esta época del año es clave para sus ventas pero el coronavirus terminó por complicar su ya sombrío escenario. La empresa arrastra problemas financieros desde hace al menos dos años. En diciembre de 2018 incumplió el pago de capital e intereses también de Obligaciones negociables y entró en default, pero tiempo después logró un acuerdo con los tenedores de estos títulos, pero a la par, su cuantiosa deuda bancaria se convirtió en otro dolor de cabeza. Finalmente, en diciembre del año pasado consiguió un acuerdo de reestructuración de deuda de poco más de u$s200 millones con entidades bancarias. A cambio puso a disposición la hipoteca de uno de sus principales inmuebles fabriles ubicado en la provincia de Catamarca. De ahora en más se abre un compás de espera para la empresa porque si los tenedores de las ON no aceptan los nuevos términos de pago, la situación financiera de la empresa entraría nuevamente en serios problemas, porque en un mercado virtualmente paralizado y poco acceso al crédito, pocas serían las opciones para salir a flote en el corto plazo.
(Cronista) La Argentina no le pagó un vencimiento de u$s 2100 millones al Club de París El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló que la Argentina incumplió con esa obligación, pero destacó que el acreedor se mostró muy receptivo a la propuesta de reprogramación. El Gobierno no pagó hoy un vencimiento por u$s 2100 millones con el Club de París, con el que se encuentra negociando una Reestructuración de la deuda . La postergación fue confirmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán . La Argentina ya había solicitado al Club de París postergar ese vencimiento hasta el año próximo y, según informó el ministro, el organismo aceptó el pedido aunque todavía no hizo pública su aceptación. Guzmán afirmó que se está en negociaciones para «reprogramar la deuda del Club de París y no pagaremos», en declaraciones a la agencia Reuters. «El Club de París ha sido receptivo y el proceso para reprogramar la deuda está en curso», agregó el ministro. La Argentina tiene plazo hasta el 31 de mayo para hacer ese pago y el Ministerio de Economía ya había dado a conocer su intención de postergarlo en sus presentaciones ante la SEC, el regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos. En marzo pasado envió una carta al Club de París comunicando la decisión de postergar el vencimiento hasta el 5 de mayo del año próximo, basándose en un acuerdo que la Argentina firmado con el organismo en el 2014, cuando el ministro de Economía era Axel Kicillof. El mes pasado Guzmán elevó una propuesta al Club de París, para modificar los términos de ese acuerdo, pidiendo una extensión de los vencimientos y una reducción de las tasa de interés. El Gobierno advirtió que la economía argentina caerá 6,5% este año, la recesión más profunda en 18 años, y volvió a recordar que busca un «compromiso sostenible» para pagar la deuda. La difusión de este dato, supuestamente reservado, fue interpretada por sectores del mercado financiero como una forma de meter presión a acreedores, por ahora reacios a discutir la propuesta argentina de renegociación de deuda.
(Cronista) El Gobierno busca recaudar $ 27.000 millones con tres Letras a descuento Lo hará mañana. La suscripción se podrá hacer únicamente en moneda local. El monto previsto podrá ser ampliable si así lo requiere la demanda. El Ministerio de Economía lanza una nueva licitación de tres Letras a descuento (Ledes) en pesos con vencimientos al 16 de junio, 31 de julio y 28 de agosto. En la operación, que se llevará cabo mañana miércoles entre las 10 y las 15, los montos máximos a emitir son de $ 7000 millones, $ 9000 millones y $ 11.000 millones, respectivamente. “Continuando con la agenda de normalización del mercado de deuda en pesos y el fortalecimiento del mercado de capitales local, como ya se anunció anteriormente, el Ministerio de Economía ofrece en este nuevo llamado a licitación una combinación de letras del tesoro a descuento, a través de las cuales se busca canalizar una porción de la liquidez disponible hacia instrumentos de deuda del Tesoro, que ofrecen una tasa de rendimiento de acuerdo con las políticas de deuda oportunamente comunicadas”, sostiene el comunicado. La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos que se detallan en el cuadro. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de valor nominal a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada $ 1000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de $ 3.000.000, y sólo se deberá consignar el monto a suscribir. La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse únicamente en pesos y la liquidación de las ofertas se efectuará el día viernes 8 de mayo, se informó.
INTERNACIONAL
(Investing) Lucha contra el coronavirus: Nuevos avances de Gilead, Pfizer y Grifols. La carrera mundial para encontrar una vacuna eficiente contra el coronavirus es en estos momentos uno de los principales focos de atención, también de los inversores. Después de que la biotecnológica estadounidense Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) recibiera el pasado viernes la aprobación de la FDA a su antiviral remdesivir como uso de emergencia, la compañía está en conversaciones con algunas de las mayores manufactureras químicas y farmacéuticas para establecer acuerdos voluntarios a través de los cuales escalar la producción de remdesivir en Europa, Asia y emergentes hasta al menos 2022. También está en negociaciones con fabricantes de genéricos en India y Pakistán y en conversaciones con UNICEF para servirse de su red de distribución y su experiencia en el abastecimiento de medicinas en países en vías de desarrollo. “Recordamos que, una vez aprobado, el principal reto está en la capacidad de producción, con escasez de materias primas y la necesidad de instalaciones especializadas y también en la interconexión de las cadenas de producción, que tan alteradas se han visto con esta crisis”, apuntan en Renta 4 (MC:RTA4). Por su parte, la estadounidense Pfizer (NYSE:PFE) ha dado a conocer que, junto con la alemana BioNTech, prevén realizar inversiones para escalar su capacidad de producción global y producir millones de dosis este año de su potencial vacuna contra el virus causante del coronavirus, que actualmente está en fase de pruebas en humanos. “El estudio de Fase 1/2 está diseñado para determinar la seguridad, la inmunogenicidad y el nivel de dosis óptimo de cuatro vacunas de mRNA”, ha informado Pfizer (NYSE:PFE) en un comunicado. Grifols (MC:GRLS) también tiene nuevas noticias. La firma española anuncia que ha completado el desarrollo de un test molecular específico TMA (Amplificación Mediada por Transcripción) que permite la detección del virus SARS-CoV-2 en plasma, sangre y muestras respiratorias, con una sensibilidad equivalente o incluso superior a otros test moleculares, disponibles actualmente, como los basados en PCR. “Gracias a esta alta sensibilidad, este test molecular permitiría también implementar estrategias de testado grupal de individuos (pool testing) multiplicando la capacidad de testeo de la población”, apunta Grifols en su comunicado. El test TMA es una solución de testeo completa y automatizada que incluye todos los reactivos, desde la preparación de la muestra hasta la obtención del resultado y se procesa en los equipos Procleix Panther, con capacidad para analizar más de 1.000 muestras diarias por instrumento.
(Investing)
El informe de empleo de ADP indicará cuántos empleos destruyó el sector privado en abril, mientras que los datos del gobierno de Estados Unidos mostrarán si la superabundancia de petróleo del mercado interno está mejorando. La Administración Trump está considerando eliminar gradualmente su grupo de trabajo del Covid-19, pues el presidente intensifica su discurso sobre la necesidad de reactivar la economía. La economía de la eurozona se reducirá en un 7,7% este año, y la parte sur es la que más sufre, según las nuevas previsiones de la UE. Disney (NYSE:DIS) ha informado de un colapso en sus resultados y Airbnb va a reducir su plantilla en un 25%. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay estar pendientes este miércoles, 6 de mayo, en los mercados financieros.
El informe de empleo de ADP indicará cuántos empleos destruyó el sector privado en abril, mientras que los datos del gobierno de Estados Unidos mostrarán si la superabundancia de petróleo del mercado interno está mejorando. La Administración Trump está considerando eliminar gradualmente su grupo de trabajo del Covid-19, pues el presidente intensifica su discurso sobre la necesidad de reactivar la economía. La economía de la eurozona se reducirá en un 7,7% este año, y la parte sur es la que más sufre, según las nuevas previsiones de la UE. Disney (NYSE:DIS) ha informado de un colapso en sus resultados y Airbnb va a reducir su plantilla en un 25%. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay estar pendientes este miércoles, 6 de mayo, en los mercados financieros.
(Investing) Trump insiste en la reapertura mientras la administración habla de cancelar su grupo de trabajo del virus La Casa Blanca está considerando la eliminación gradual de su grupo de trabajo del Covid-19, según el vicepresidente Mike Pence. La administración quiere pasar a un enfoque diferente de gestión de la pandemia, ahora que su primera oleada parece estar amainando. El presidente Donald Trump parece aceptar el riesgo de oleadas posteriores de infección, a juzgar por su insistencia en reactivar la economía: «¿Algunas personas se verán afectadas? Sí. ¿Algunas personas se verán afectadas gravemente? Sí. Pero tenemos que abrir nuestro país y tenemos que abrirlo pronto». Los datos de Europa sugieren que los países que han relajado sus medidas de confinamiento han experimentado generalmente un aumento de nuevas infecciones desde entonces.
(Investing) Informe de empleo del sector privado y datos de reservas de la EIA El optimismo del mercado se enfrenta a dos grandes desafíos, con la publicación del informe mensual de empleo privado de ADP y el informe del Gobierno sobre las reservas de petróleo de Estados Unidos. Esos datos se publican a la espera de los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo el jueves y del informe oficial del mercado laboral del gobierno del viernes. Los analistas encuestados por Investing.com estiman que el sector privado habrá destruido más de 20 millones de puestos de trabajo en abril debido a las medidas de confinamiento. Se espera que los datos de reservas de la EIA muestren un aumento de 7,76 millones de barriles de reservas de crudo, un poco por debajo del aumento de 8,4 millones de barriles reportado por el Instituto Americano del Petróleo el martes. También se prestará atención al aumento de las reservas del centro de Cushing (el API había dicho 2,7 millones de barriles, más de lo indicado en un informe anterior de la consultora Genscape), que se enfrenta a unas inminentes limitaciones de capacidad. Los traders también esperan que se indique una recuperación de la demanda de gasolina.
(Investing) Desplome de ingresos en Disney Walt Disney ha cancelado su dividendo tras anunciar que la pandemia del Covid-19 h lastrado su beneficio neto en más de un 90% en su segundo trimestre fiscal que se extiende hasta marzo. El gigante del entretenimiento se ha visto zarandeado no sólo por el cierre de sus parques temáticos, sino también por una fuerte caída de la recaudación en taquilla y de la publicidad en sus cadenas de televisión. La compañía cree que los resultados de este trimestre serán aún peores, pues los impactos de la pandemia no empezaban a hacerse evidentes hasta prácticamente el final del trimestre pasado. Un punto positivo en un informe que por lo demás ha sido desastroso ha sido la expansión de Disney+. La compañía ha dicho que cuenta ya con 54,5 millones de suscriptores. Si bien eso es menos de un tercio de los que tiene Netflix (NASDAQ:NFLX), sigue situando a Disney en el segundo puesto de los servicios más populares.
