(AMBITO) Falta de dólares y carrera contra el tiempo: las dos decisiones clave que enfrenta el BCRA para cumplir la meta con el FMI
Cristina Kirchner volvió a criticar el manejo de las reservas del Banco Central. En su discurso, habló de la necesidad de «cuidar los dólares». El organismo buscará hacer lo casi imposible: llegar con la meta del FMI antes de que se acabe la buena temporada de divisas.

En el marco del acto por el centenario de YPF y antes de otra disputa interna que derivó en la salida del Gobierno del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó por segunda vez una crítica del manejo de las reservas del Banco Central (BCRA). En su discurso, focalizó en la necesidad de “cuidar los dólares” y advirtió en un claro mensaje hacia Miguel Pesce, Presidente del BCRA: “Hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas”. El organismo se encuentra en un mes donde buscará hacer lo casi imposible: llegar con la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de que se acabe la buena temporada de divisas.

Los números son elocuentes: según el último informe del balance comercial medido por el INDEC, los primeros cuatro meses se registró un superávit de u$s2830 millones. A esto se le suma la buena liquidación del agro en mayo que también es récord. De acuerdo a CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador registró un crecimiento en mayo del 33,4% respecto de abril y de 19,3% a nivel interanual, al ubicarse en los u$s4232 millones, un récord histórico para solo un mes.

Sin embargo, desde que empezó el 2022, el BCRA anota un saldo neto a favor por u$s891 millones, una diferencia del 15,4% respecto a lo obtenido en el mismo lapso el año pasado. En el corriente mes que apenas registró tres días hábiles, la situación no parece mejorar lo suficiente: el miércoles, el BCRA vendió u$s15 millones, el jueves compró u$s10 millones y el viernes compró otros u$s2 millones. Por lo cual, comienza la primera semana en rendimiento negativo con ventas en u$s3 millones.

Con este panorama, comienza una suerte de epopeya. Si bien el Gobierno confía en que logrará atravesar sin problemas la primera revisión del FMI lo más difícil comienza ahora. El organismo liderado por Pesce deberá realizar compras en torno a los u$s2300 millones (una suerte de u$s115 millones en cada día hábil) para alcanzar el cumplimiento de Reservas Netas acordado con el FMI (u$s2900 millones) en el segundo trimestre, según Delphos Investment. Para la consultora, los pagos de deuda privada son uno de los tres obstáculos (además de las importaciones energéticas y el déficit en servicios) que enfrenta el Banco Central “a pesar de los altos precios de las exportaciones agrícolas”.

El debate por la deuda privada
El proceso de endeudamiento externo en el período de diciembre de 2015 a diciembre de 2019 alcanzó también a las empresas del sector privado, que incrementaron en u$s19.000 millones sus deudas con el exterior.

Durante el 2020, el Banco Central dispuso para las empresas que los vencimientos de deuda debían ser refinanciados con recursos propios en un 60%, para acceder a un financiamiento del Central por el 40% restante. Las medidas tomadas buscaban dar sostenibilidad al proceso encarado por esas empresas para desendeudarse, en el marco de la disponibilidad de divisas para garantizar el funcionamiento de la actividad económica.

Desde el Central se aclaró que la salida de divisas por deuda financiera es menor, dado que los préstamos hechos por bancos locales, aun cuando estén nominados en dólares, son convertidos a pesos, lo que hace que tengan un efecto neutro sobre las reservas. El BCRA sostiene que la salida de divisas por el concepto de deuda privada fue u$s6.180 en total desde que se aprobó la nueva normativa en 2020 y que, gracias a esa regulación, se logró un ahorro en la demanda de divisas. ¿Pero que ocurre en 2022?

A fines de mayo en una entrevista radial, Pesce hizo alusión al tema: «Las deudas con las casas matrices no están permitidas y hay un control fuerte en ese sentido», aseveró y señaló que la «cesación de pagos» de las empresas públicas y privadas por no acceder a dichos dólares «tendría consecuencias muy negativas».

De todas formas, el presidente del BCRA consideró necesario «desarrollar el mercado de capitales local como una política de Estado» a fin de que se puedan financiar las firmas en moneda local. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos y la imposibilidad de acumular reservas, esta vía por donde se escapan las divisas cobra una mayor trascendencia.

Sebastián Menescaldi, Director Asociado de Eco Go consultado por Ámbito se refirió al respecto: “con la brecha actual, el deporte nacional es sacarle todos los dólares que se pueda al BCRA (y evitar que cualquier dólar que se genere no caiga en él para el caso de exportadores de bienes y servicios). Entonces hoy tanto para empresas como gobiernos provinciales es mejor poder cancelar todo lo que puedan de las deudas en dólares, dado que el esfuerzo que requieren hoy es menor que en otra ocasión futura”.

La semana pasada, en AM750 Martín Guzmán recogió el guante de las críticas por la dificultad del Banco Central en las compras de la divisa extranjera. El Ministro de Economía se refirió al debate que se dio en el seno del Gobierno tras el canje de la deuda con acreedores privados completado en 2020. Allí dio a entender que planteó en su momento una alternativa de restricción de acceso a los dólares del BCRA. Según su palabra esto implicaba una suerte de desdoblamiento del tipo de cambio. Algo que, en principio, según supo Ámbito por fuentes oficiales, sería imposible por dos razones: primero porque implicaría un sistema muy complejo de aplicar y en segundo lugar, porque no está aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La segunda alternativa disponible es restringir el acceso de dólares, algo que -por ahora- se descarta.

“Cuando eso se discutió privadamente hubo una propuesta de tener un mercado formal para el tema de las deudas financieras en moneda extranjera para no afectar la acumulación de reservas en un contexto de gran demanda de dólares del BCRA para amortizar deudas privadas. Y nadie dijo de ir por ahí”, explicó Guzmán.

“Pese a eso era tan grande el problema que hubo mucha salida de dólares. Sabíamos que iban a tomar esa deuda y que las empresas se iban a capitalizar para tener más capacidad productiva a costa de menos reservas. Se decidió ir por ahí”, precisó. De alguna manera lo que menciona Guzmán responde a una decisión similar a la que se tomó en la gestión de la pandemia: cuidar la estabilidad financiera de las empresas en pos del crecimiento económico. Pero la línea es muy delgada: si la incertidumbre económica por la falta de reservas entra en juego, el número del crecimiento estimado para 2022 caerá inevitablemente.

¿Rumbo al Weiver?: los préstamos de organismos internacionales
Según repone Consultatio, “el nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad del Fondo (que representará para la Argentina u$s1.300 millones “del cielo”) se estima que entrará en vigor en octubre, por lo que no podrá ayudar a las metas de junio ni de septiembre”.

“Pero esto no es lo más desafiante. Si bien la meta de junio se perfila para resultar en un incumplimiento moderado, si pensamos en el mediano plazo la meta de diciembre podría tener un margen de error exponencialmente mayor. Esto se debe a que se espera que el BCRA sume reservas netas en el segundo semestre por u$s1.700 millones sin contar que, en el promedio de los años de cepo, el BCRA debió incurrir en ventas promedio por u$s3.700 millones debido a la estacionalidad negativa de tales períodos”, aseguran. ¿El Banco Central podrá tener un as en la manga?

Según fuentes oficiales consultadas por Ámbito, se confía en que el ingreso de préstamos multilaterales que deberían llegar a fines de junio (y que corren con demora) podrán compensar la meta de dólares. Sobre este punto, Menescaldi afirma: “Hasta abril se recibieron u$s357 millones (base de deuda) por parte de IFIs (excluyendo al FMI) y otros países. Según el acuerdo se esperan recibir hasta U$S700 millones en junio. Si el monto es menor, por el faltante se puede reducir la meta de reservas por ese valor hasta u$s500 millones. Si el monto es mayor se eleva la exigencia de las reservas internacionales netas. Entonces => si el monto es menor se reduce el objetivo de RIN (Reservas Internacionales Netas) pero un monto poco significativo respecto a las necesidades. Con lo cual no creo que los desembolsos puedan cubrir los faltantes de las compras”.

Para el economista, la Argentina necesariamente deberá ajustar las metas, pero deberá ser “marginal”, dado que “si bien se elevó la demanda de divisas comerciales, la oferta lo hizo en similar cuantía. Distinto sería el caso del resultado fiscal, donde el efecto es más significativo, dado que la suba de la cuenta de subsidios es superior a la de los ingresos de los derechos de exportación”.

El Banco Central deberá tomar una decisión: “Ahora es el BCRA/Gobierno los que deberán tomar las acciones correctivas para el cumplimiento de la meta de reservas y hacerse cargo de las consecuencias, sino el plan con el FMI se les irá deshilachando y la incertidumbre económica será creciente”, concluyó Menescaldi.

“La acumulación de incumplimientos tendrá costos en el futuro para el gobierno y para el FMI (que más temprano que tarde deberán tomar una posición frente a estos). Para la revisión de metas de junio ya se vislumbra un pedido de waiver casi seguro (acumulación de reservas) y otro probable (déficit fiscal), en tanto que, de no imponer cambios de rumbo firmes, la revisión de diciembre presentará incumplimientos mucho más severos (y bastante más difíciles de perdonar). Como planteamos, para la economía esos costos ya están empezando a pagarse bajo la forma de mayor incertidumbre macro y una exacerbación de los desequilibrios”, repone Consultatio.

El último informe de Econviews parece dar en las dos alternativas clave para solucionar esta encrucijada, ambas con un impacto sobre la economía real. “Con el actual atraso cambiario y la elevada brecha, no hay exportaciones que aguanten. Reducir la brecha y el atraso cambiario hoy lucen más importantes que nunca”. Más restricciones, o devaluar, esa es la cuestión.

(AMBITO) FMI: algunos funcionarios ya hablan de “waiver” para el segundo trimestre
Es porque el cumplimiento de dos de las tres metas cuantitativas estaría en duda. Déficit y reservas internacionales, en la mira.

A días de confirmarse la aprobación por parte del FMI de la primera revisión prevista en el acuerdo, las cuentas del trimestre en curso, el segundo, empiezan a encender señales amarillas en el tablero en algunos despachos oficiales. Es que las cuentas empiezan a mostrar que dos de los tres criterios de desempeño que determinan la evolución del programa podrían no llegar a cumplirse en el segundo trimestre, lo que dispararía la necesidad de que la Argentina pida formalmente un waiver al FMI. Las dudas se posan en el objetivo de acumulación de reservas y en el cumplimiento de la meta fiscal.

El acuerdo con el organismo contempla que, para fines de junio, el Gobierno tiene un tope de déficit fiscal primario de $566.800 millones, un objetivo de acumulación de reservas de u$s4.100 millones y un techo de asistencia monetaria de $438.500 millones. Tanto en el primero como en el segundo caso, le comentaron fuentes oficiales a Ámbito, el cumplimiento podría quedar comprometido entre abril y junio. Los números se auditarán en la revisión que el FMI tiene prevista para las primeras semanas de septiembre y de los cuales depende un desembolso de 3000 DEG, que hoy equivaldría a u$s4.047 millones.

En el caso de las reservas, en el Gobierno admiten que los dólares conseguidos estuvieron por debajo de lo previsto. Según los últimos datos disponibles del Banco Central, entre enero y abril la autoridad monetaria solo pudo comprar en el mercado u$s160 millones, aun a pesar de la liquidación récord del agro, que en ese mismo período ingresó u$s12.010 millones (+13,17% interanual). Solo como comparación, en el primer cuatrimestre de 2021 el BCRA había comprado u$s3.609 millones en el mercado, veintidós veces más que este año.

En los magros resultados de 2022, argumentan quienes conocen los números, inciden principalmente tres cuestiones: la lentitud del ingreso de dólares prometidos de otros organismos de crédito, que debían enviar fondos a la Argentina y todavía no lo hicieron; el fuerte aumento del déficit de la balanza energética dado por una mayor importación de combustibles; y el contexto global de mucha incertidumbre, que también golpea a la Argentina. Este combo de motivos “externos” al programa con el FMI permitiría abrir un diálogo con los funcionarios del Fondo, que entenderían este “desliz” respecto de las metas fijadas en el acuerdo. “Es justificable si no es alcanzable”, razonan en un despacho oficial. Sin embargo, formalmente la Argentina debería solicitar un “waiver”. ¿Qué determina que la entidad que dirige Kristalina Georgieva lo conceda? Lo define el propio Fondo en su web: “Si un país incumple una condición, el Directorio Ejecutivo del FMI puede aprobar una exención si está convencido de que el programa seguirá teniendo éxito”, y luego sigue: “Esto puede deberse a que la desviación fue menor o temporal o a que las autoridades nacionales están tomando medidas correctivas”. En lo que va del año, las importaciones de energía vienen creciendo sostenidamente. Los últimos datos del Indec revelan que, en abril, las importaciones de combustibles fueron el rubro que más creció, con una disparada de 203% solo ese mes y un crecimiento acumulado en lo que va de 2022 de 77,9% (producto de un aumento de 195% en los precios y 65,9% en las cantidades). Respecto de los organismos internacionales, en el Balance Cambiario de abril el BCRA registró un saldo positivo de u$s140 millones, monto que debería rondar a este momento cerca de u$s700 millones. El otro ítem que también genera preocupación es la cuestión fiscal, para la que también estiman que habrá algún “desliz”. Esto dispara otra pregunta y es cómo logrará el Ministerio de Economía financiar parte de ese aumento del gasto, porque por el acuerdo tiene un límite a la asistencia monetaria que puede solicitarle al Central. Esta última meta equivalente a 1 punto del producto, comentan quienes saben, solo podría ser modificada con anuencia del Congreso, porque Economía solo podrá tomar recursos en forma de Adelantos Transitorios y estos tienen un límite.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que las metas cuantitativas del acuerdo no se tocan, no así las “proyecciones”, como la inflación, que será revisada e informada junto con la actualización del Presupuesto. Desde el entorno del ministro descartan que estén trabajando con un escenario de incumplimiento de alguna meta y sostienen que buscará implementarse el programa tal como está pautado. Esto mismo fue expresado la semana pasada por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien aseguró que, así como se cumplirá “muy bien” el primer tramo del acuerdo (a pesar de los “agoreros”, dijo), “no tenemos ninguna duda de que va a pasar lo mismo con la segunda revisión”.

(AMBITO) YPF Agro, ¿la llave para estabilizar los precios del campo y generar ingreso de dólares?
Un cambio en la conducción podría ubicar a YPF Agro como protagonista en el comercio exterior del productos agropecuarios y en la definición de los precios internos de las materias primas de alimentos.

En un contexto global que arroja una situación crítica y cuando el pronóstico de los principales bancos de inversión del planeta es que se avecina una crisis alimentaria que podría derivar en secuencias de desesperación social a lo largo y ancho del planeta, los 100 años de YPF en la Argentina llegan con algunos interrogantes. Uno de ellos, al margen de la celebración de este primer centenario para la empresa de bandera, es qué grado de compromiso puede asumir la compañía, no sólo para impulsar la política energética soberana, sino también para intervenir con éxito en el mercado de las materias primas y los alimentos.

La novedad es que muchos de esos cuestionamientos van a dar de frente con algunas curiosidades que, como mínimo, merecen mención. Uno de esos hallazgos es por qué existen funcionarios pertenecientes al gobierno macrista en áreas de YPF que resultan estratégicas y que, de alguna manera, podrían dar a entender cierta desprolijidad o falta de cohesión en el rumbo general de la compañía.

El caso paradigmático es el de YPF Agro. Aún no existe una explicación cabal y contundente sobre por qué la firma, de enorme peso en el mercado, no toma las riendas de la comercialización de granos y las exportaciones de productos del campo, con la finalidad de intervenir en el mercado local y estabilizar los precios de los alimentos de todos los argentinos. Sería algo similar a lo que imaginó un sector del Gobierno cuando se anunció (y luego se echó atrás) la estatización de Vicentin.

Las preguntas llevan a una misma respuesta: Nicolás Winschel, el actual gerente de Negocio de YPF Agro, nombrado por Mauricio Macri en octubre de 2018, con casi nueve años de experiencia previa en Monsanto y mucho trato directo con grandes multinacionales del sector.

Tal como la petrolera YPF controla hoy el 55% del mercado de los combustibles, la unidad YPF Agro puede convertirse en un actor relevante de la actividad agropecuaria. Como han planteado otros analistas e incluso periodistas como es el caso de Alfredo Zaiat, YPF Agro puede asumir el desafío de una gravitación estatal eficaz y eficiente en el comercio exterior de granos y en cierta actividad testimonial que funcione como una especie de parametrización de sus precios para toda la cadena productiva y para el consumo interno.

¿Cómo lo haría? El primer paso es tener una conducción profesional, pero fundamentalmente comprometida políticamente con un proyecto de desarrollo nacional. El regsitro de los años macristas en la gestión de YPF podría abrir numerosas dudas de que esto haya sido así en el pasado. Así, la compañía podría contar con una dirección en línea con la actual fuerza política en el Gobierno, y con la de YPF en general.

En segundo lugar, YPF Agro se debería proponer ser protagonista en el comercio exterior y en la definición de los precios internos de las materias primas de alimentos. Esto implicaría ingresar en un escenario de tensión con poderosas agroexportadoras locales y multinacionales, además de con el resto de la cadena agroalimentaria. Sin embargo, en ámbitos gubernamentales creen que valdría mucho la pena.

Es más, hasta el presidente Alberto Fernández ya había deslizado la posibilidad de relanzar a YPF Agro haciéndose cargo de Vicentin, en medio del fallido plan de rescate. “La mejor opción es que YPF Agro se convirtiera en una sociedad autónoma, desarrolle su operación como lo venía haciendo y nos permita lograr el mismo objetivo, que es tener una empresa de referencia del Estado en el sector cerealero”, afirmó el mandatario.

Para convencer a los reticentes de la intervención en Vicentín, Fernández detalló en aquel momento que YPF Agro era el enclave perfecto para hacerse cargo de la cerealera, porque es una unidad de negocios de YPF que vende fertilizantes y combustibles a los productores agropecuarios, que los pagan con cereales, que luego se venden a las exportadoras. «La idea era que YPF se hiciera cargo del manejo de Vicentin con todo el saber que ya tiene», deslizó luego del malogrado intento de sostener a la empresa santafesina. El control en manos de YPF Agro se pensó con un fondo fiduciario con los activos y pasivos de Vicentin, que sería administrado por las autoridades de YPF Agro.

Actualmente YPF Agro ofrece servicios de protección y nutrición de cultivos, semillas, bolsas para silo y lubricantes y combustibles para el universo del campo. También tiene participación en Y-TEC, la unidad de investigación científica y tecnológica de YPF y en Profertil, asociada con los canadienses de Nutrien Ag Solutions. Y-TEC y Profertil son dos compañías de nivel y reconocimiento internacional, que impulsan la innovación en varias áreas, pero fundamentalmente en el agro. Según dijo el apuntado Winschel los planes son crecer hasta 5% su participación en agroquímicos y hasta un 20% en el sector de fertilizantes. Además, prevén duplicar el volumen de canje de granos en los próximos cuatro años. «Llegamos a 22.000 productores que cubren el 70% del área agrícola, tanto en cultivos intensivos como extensivos», confesó el gerente nombrado por Cambiemos.

En el Gobierno hoy muchos reflexionan: si con Winschel llegamos a 7 de cada 10 parcelas agrícolas, imagínate lo que haríamos con una conducción alineada a los intereses nacionales y populares.

YPF Agro podría aliviar a pequeños y medianos productores porque la compañía estatal estaría en condiciones de ofrecer una mejora sostenida en el precio de compra, al transparentar los valores de la cadena comercial agroexportadora. Pero como no todo es gratis, hay que aclarar que con una decisión de este calibre disminuiría el poder de compra de las multinacionales, que hoy es dominante, e impulsaría a mejorar la oferta de precios a los productores, condición que a los dueños del campo puede molestar. Y mucho.

Otra bonanza de la gravitación de YPF Agro en el mercado cerealero es que se podría fortalecer el stock de divisas que genera la producción agropecuaria porque aseguraría la liquidación inmediata de los dólares de exportación, dejando en offside la inmensa bicicleta que hacen las compañías con las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, uno de los problemas más relevantes que enfrenta la administración nacional.

Con voluntad política y cambios en el liderazgo, YPF Agro podría ingresar de la mano del Estado como participante activo en el núcleo del negocio de mayor rentabilidad de la Argentina: los granos, la agroexportación y el ingreso de dólares genuinos.

Con la dificultad que hoy representa aplicar más retenciones o controles de precios en las bocas de expendio de alimentos que vienen del campo, tomar las riendas de YPF Agro permitiría disputar la construcción de un proyecto de país de desarrollo nacional con inclusión social superadora de medidas puntuales. La última palabra la tiene el presidente Alberto Fernández.

(AMBITO) Daniel Scioli, el hombre que asumirá con una economía que se enfría bajo la atenta mirada del FMI (y de Guzmán)
Scioli será un ministro que asumirá con una carga especial. Deberá enfrentarse con dos enemigos: la falta de dólares y el impacto del shock externo en la economía local.

Daniel Scioli, el hombre que el Gobierno tiene designado para ocupar la silla del ministerio de Desarrollo Productivo tendrá un desafío impar. Por un lado, deberá gestionar la cartera de Producción en todas las áreas que su antecesor Matías Kulfas supo forjar y transitar. Por otro, será un ministro que asumirá la conducción del ciclo productivo con una economía que se enfría de forma progresiva, y que no podrá invertir ese ciclo.

La primera es una agenda nutrida que debe sostenerse y que representa numerosos compromisos. Siempre en el plano técnico, esos compromisos no sólo deben ser rápidamente asumidos, sino también reforzados para dar una idea de continuidad que es estratégica en áreas como son la energía y las materias primas, entre muchas otras. Dicho en criollo, debe conservarse todo lo que ha resultado valioso en materia de definiciones productivistas (muchas de ellas vinculadas a las políticas extractivistas como la minería y el litio), que las hay y son valiosas. Sin embargo, existe otro registro que es necesario profundizar.

Scioli será un ministro que asumirá con una carga especial. La inflación, que está frenando el crecimiento económico en el mundo, también lo hace en la Argentina. Las últimas cifras hablan: según el Indec, la actividad económica creció 4,8% en marzo en términos interanuales, pero registró una caída de 0,7% en comparación con febrero. Cualquiera podría argumentar que este dato, el interanual, lleva 13 meses consecutivos de suba. Pero sin embargo habrá que pensar mejor en una especie de “serrucho”: en diciembre, este indicador, en términos mensuales, había terminado el 2021 con una suba de 1,1 por ciento. Pero inició el 2022 con un retroceso de 0,7% en enero, una recuperación de 1,2% en febrero y una nueva caída de 0,7% en marzo. Si alguien quisiese hacer una comparación de ese ciclo, podría pensar que la economía “se enfría”, ya que hasta mitad del año pasado avanzaba todos los meses a ritmo de 0,6%, terminó el 2021 en 0,3% y ahora ya se ubica en torno a 0,2 por ciento.

Scioli deberá enfrentarse con dos enemigos: la falta de dólares y el impacto del shock externo en la economía local. Esto último podría entenderse como la sumatoria de mayores costos globales en fletes, obturación de las cadenas de valor, escalamiento de los precios internacionales y profecías autocumplidas, al cerrar los países productores de alimentos las líneas de exportación y generar una nueva ola de incrementos y mayor inflación. Uno más: la suba de tasas de interés global y local. Como se sabe, no hay divisas suficientes para financiar importaciones lo que le pone un límite a la velocidad de la expansión económica, porque a mayor nivel de avance de la actividad, mayores divisas requeridas para la compra de insumos y bienes de capital en el exterior. Para tomar una referencia, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 1,9% en marzo respecto a febrero mientras que la construcción registró un retroceso de 1,9 por ciento (ambos indicadores tuvieron subas en la medición interanual).

Súmese a eso un detalle: el Banco Central cerró mayo con u$s 935 millones a favor. Pero a la entidad monetaria se le viene haciendo difícil la compra de dólares, ya que hasta esa fecha el saldo neto desde el arranque del año apenas alcanzaba los u$s 1.047 millones, una cifra que luce mucho más baja que los u$s 5.728 millones adquiridos en el mismo periodo del año pasado.

¿Razones? El pago de la factura de importación de energía y la liquidación de los vencimientos de deuda que tienen las empresas, además de las importaciones indispensables para sostener el aparato productivo y algo más de dólar turista. Ah, también algo más: por dólar ahorro, se adquieren ahora cuatro veces más cantidad de billetes verdes de la que demandaban hace un año. Guzmán sabe todo, pero no dice demasiado. Prefiere el voluntarismo y la retórica política mientras administra su relación con Georgieva. Confía en que, de presentarse algún cuestionamiento, podrá solventarlo. Lo mismo cavila el presidente Fernández.

Lo relevante en todo esto es la propia definición del Gobierno y el FMI, de lo que tienen pensado para el país: la economía tiene que crecer a una velocidad que sea compatible con el objetivo de acumulación de reservas, donde, lo primero, para el Fondo, es la acumulación de reservas… Por ende, en la próxima revisión del organismo pesarán los condicionantes. El BCRA ya lleva cinco en el año, llevó el tasa de referencia a 49%, lo que arroja un depósito bancario en plazo fijo ofrecería un rendimiento anual de 60%. Para el final, conviene recordar que el propio ministro Guzmán había homologado con el FMI un aterrizaje suave del crecimiento económico. Había sellado un crecimiento de 4% para este año (es la proyección oficial del FMI), seguido de uno mucho más magro, de apenas el 3% para 2023.

Hay que recordar que el programa del organismo con la Argentina prevé una expansión del PBI de entre el 3,5% y el 4,5% en 2022; de entre el 2,5% y el 3,5% en 2023 y entre el 2,5% y el 3% en 2024. Ese pronóstico pareciera estar pensado a la medida del ahorro de divisas necesario para acumular reservas y la baja intensidad en materia del motor del consumo en el PBI, para no demandar importaciones adicionales. De alguna forma, y en esos aspectos, el Gobierno sigue por la ruta que imaginó hace algunos meses, a pesar de la guerra, que pondrá más presión de ahora en más para cumplir con lo comprometido con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI.

La advertencia de CFK
Muchas veces, la deuda permite a los países fondear su desarrollo. Otras tantas, le da recursos para pagar vencimientos de otras deudas. Incluso a veces, permite fortalecer la falta de divisas para pagar aquello que no se produce en el país, las importaciones. Cada tanto, se recurre al Fondo Monetario Internacional, un prestamista de última instancia. Este último tiene, a diferencia del resto de los acreedores, un detalle: puede pedirle condiciones al país que le presta. Esas condiciones son transversales: afecta lo fiscal, lo monetario e incluso lo macroeconómico, por ende, lo social.

Sería largo enumerar la historia de la Argentina con el FMI. Baste señalar, como lo hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner que, en los últimos cuarenta y seis años, desde 1974 en adelante, el stock de su deuda pública externa creció a un ritmo superior al 8% mensual. No es broma. Pasó de unos u$s 4000 millones a más de u$s 160.000 millones.

Pero el foco, como lo hizo CFK, podría estar dedicado al ex presidente Mauricio Macri. Bajo su mandato, se sumaron u$S 90.000 millones, si se toma en cuenta el préstamo del FMI por u$s 44.500 millones de junio de 2018. Como las condiciones acordadas con el organismo eran incumplibles, el gobierno de Alberto Fernández cerró un nuevo acuerdo.

Más allá de las cuestiones numéricas, lo que parece una anécdota es lo más importante. La naturaleza del préstamo con el FMI hace que lo más “pesado” de resolver hacia adelante sea siempre el grosero condicionamiento que se impone. Si se lo piensa, nada ha cambiado. Lo de CFK es una nueva advertencia.

El FMI busca asegurarse el repago del préstamo y, para eso, aplicará una y otra vez aquello que conoce: un plan económico que reducirá el gasto público, buscará un déficit cero, atará de manos la emisión monetaria y buscará asegurar la acumulación de reservas del BCRA. El ministro de economía Martín Guzmán intuye que, con este plan económico, se está cerca de lo que pide el FMI.

Que la matriz económica va virando lentamente hacia la de un país que concentrará sus esfuerzos en el frente externo, que pondrá el foco y los beneficios para impulsar aún más a aquellos que se dedican a la exportación de materias primas y energía. Y que eso resolverá, tarde o temprano, la falta de divisas. Puede ser que así sea. Pero el costo de oportunidad de ese programa económico podría ser, en términos sociales, inexorable.

Movilizar la maquinaria del frente externo en detrimento de la del consumo y la inversión pública podría, en el peor de los casos, congelar una forma de producción y distribución de la riqueza muy desigual. Y sin la maquinaria del consumo, las mejoras de dicho ciclo económico podrían quedar “atrapadas” en reducidos sectores corporativos y sociales.

La decisión no es sencilla, pero lo peor que puede pasar es mantenerse inadvertido de que eso tiene lugar por estas horas en la Argentina. Al margen de haber transitado una política irresponsable de endeudamiento que terminó con la soberanía económica en manos del FMI, se define ahora un modelo económico. Además, se consolida este modelo vía paquetes de leyes, arquitecturas impositivas, grupos de beneficios y subsidios y otras herramientas. Y mientras eso sucede, existe también una elección que deja de lado otra forma de producir y distribuir, es el costo de oportunidad de crecer con una enorme deuda con el FMI en la espalda.

La advertencia es esta: el condicionante de la deuda, lo que viene aparejado con el FMI, es lo que le está dando forma a la matriz económica argentina. De ese proceso, la Argentina saldrá como el exportador de materias primas y energía que ya es, pero potenciado, en detrimento de otras variantes que podrían equilibrar esa ecuación. No es una mala noticia que la Argentina exporte más, todo lo contrario. Sin embargo, sin los cuidados y políticas necesarias para una mayor inclusión de amplios sectores de la sociedad que no participan de esas actividades, podría transformarse en una nueva maquinaria de la desigualdad, incluso con un PBI creciendo y con empleo creándose.

(AMBITO) Termina la misión virtual del FMI: confianza local por las metas cumplidas
Luego de que el director para el Hemisferio Occidental reciba el informe y lo avale, se elevará al board, que hará sus recomendaciones. La aprobación fue adelantada la semana pasada por la vocera presidencial.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de fiscalización de las metas pactadas para el primer trimestre del año dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas, está llegando a su fin. Probablemente la que comienza sea la última semana donde los funcionarios argentinos se cruzarán virtualmente con los fiscalizadores del organismo que maneja Kristalina Georgieva, con lo que se pasará luego a una segunda etapa de los controles: el análisis de los números y porcentajes recogidos durante las seis semanas de reuniones vía satélite, y el posterior informe final con el cual director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, resolverá si el país aprobó o no el examen. Algo que se descarta que ocurrirá y que probablemente se confirme oficialmente esta semana o la próxima, y que el jueves pasado adelantó la vocera presidencial Gabriela Cerruti.

Una vez que el alto funcionario del Fondo avale los resultados del período enero- marzo, estos serán elevados al board, quién dará el ultimo visto bueno; no sin antes dejar en claro las “recomendaciones” que el gobierno de Alberto Fernández tendrá que ejecutar en el segundo semestre del año para cumplir con lo comprometido para todo 2022. Mientras tanto se le habilitarán desde Washington a la Argentina, los aproximadamente u$s4.100 millones que correspondientes al segundo desembolso del año que el FMI debe ejecutar para pagarse a sí mismo la cuota correspondiente al préstamo otorgado para que el país no caiga en default por no poder cumplir con el stand by firmado por Mauricio Macri en 2018. Se trata de la segunda liquidación del año por ese monto, luego del dinero girado tras la firma del acuerdo el 25 de marzo pasado; con lo que se cumplió con el vencimiento de la última semana de marzo. Ahora, luego de ejecutado el pago de junio, quedan otros dos, cronometrados para la última semana de septiembre y la última de diciembre.

Hacia delante las partes saben que es probable que Argentina también cumpla con las metas del segundo trimestre. También se coincide en que la situación se pondrá más complicada para el tercero, y que para el cuarto seguramente habrá llegado el momento de renegociar metas y objetivos. La estrategia del Ejecutivo es entonces poder extender los plazos de fiscalizaciones más duras, complejas y resolutivas sobre el cumplimiento (o no) del Facilidades Extendidas para el primer trimestre del 2023, y que recién para esos momentos el FMI defina si el acuerdo sigue vigente a vía de waivers, o si habrá llegado el tiempo de ponerlo en fase de congelamiento hasta que el país resuelva su futuro político con las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, y tal como adelantó este diario el viernes, el Fondo le dejó en claro a la Argentina que en ningún momento de 2022 se podrán modificar las tres metas comprometidas para el año: el déficit de 2,5% del PBI, la emisión monetaria de no más del 1% del PBI financiada con aportes desde el BCRA y el nivel de reservas de no menos de u$s4.800 millones deberán ser cumplidos para aprobar el ejercicio 2022. Eventualmente sólo se discutirán objetivos, entre los cuales se encuentran el porcentaje de inflación final para este año, el nivel de gasto público comprometido para todo el ejercicio y el cumplimiento de promesas incluidas en el acuerdo como la reforma previsional, el incremento del impuesto inmobiliario en todo el país y la eliminación de subsidios a las tarifas de los servicios públicos.

La negativa a negociar metas fue comunicada explícitamente por los enviados del FMI que vía virtual ya comenzaron la etapa final de la fiscalización de la misión comenzada el primer día hábil de mayo, y que se extendería hasta el próximo viernes. Se sabe, y lo confirmó el Gobierno, que las metas del primer trimestre se cumplieron y que será cuestión de días para que esto se comunique desde Washington.

(AMBITO) El Gobierno presentará hoy el proyecto del impuesto a la renta inesperada
Lo anunciarán Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán con un acto en Casa Rosada.

El Gobierno avanzará este lunes con la presentación del proyecto del impuesto a la renta inesperada. El anuncio lo harán el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán con un acto a las 16:30 hs. en el museo del Bicentenario, en Casa Rosada, confirmaron fuentes oficiales a este medio.

El ministro Guzmán, uno de los principales impulsores del proyecto, había señalado con anterioridad que el objetivo del proyecto es apuntar únicamente a un conjunto de empresas que «tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos”, es decir, a aquellas compañías que obtengan ganancias superiores a los $1.000 millones en el año.

El Gobierno nacional impulsa la aplicación de un gravamen a la «renta inesperada» para aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El anuncio de la iniciativa fue realizado el 18 de abril, durante un acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezado también por el Presidente y el ministro.

Guzmán explicó que para ser alcanzado por la medida, «la ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en 2022 en relación con 2021″ y «el resultado ordinario (el margen de ganancia) también tiene que ser anormalmente elevado en 2022».

También dijo que «se incluirá un criterio en que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión el monto de la contribución será menor».

Según el Palacio de Hacienda, la medida solamente afectaría a una porción muy pequeña de las empresas: en 2021 le hubiera correspondido pagarla a un 3,2% de las compañías totales.

(AMBITO) Los seis puntos clave del proyecto de “renta inesperada” que presentará hoy el Gobierno para recaudar más
Con una alícuota especial busca capturar ganancias que juzga extraordinarias por la guerra en Ucrania. Qué países adoptaron medidas así y qué opina el FMI sobre este tipo de tributos

Dos meses después de anunciarlo, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán presentarán este lunes el proyecto de ley para cobrar un impuesto especial a la “renta inesperada” que hayan conseguido un grupo de empresas debido al shock de precios que siguió a la guerra en Ucrania.

1-Cómo será el impuesto y a quiénes afectará
El Ejecutivo apuntará a ganancias “extraordinarias”, aquellas que no responden a un incremento de la inversión sino al efecto del shock internacional de precios que provocó la invasión rusa y la guerra en Ucrania. Se trataría de una alícuota sobre la renta no asociada a incrementos en la inversión sino que se explique por el salto de precios internacional.

“La ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en 2022 en relación con 2021″ y que “el resultado ordinario (el margen de ganancia) también tiene que ser anormalmente elevado en 2022″, para que las empresas sean consideradas dentro del impuesto, dijo Guzmán al presentar la iniciativa.

Según el jefe del Palacio de Hacienda, se trata de una “fracción muy pequeña”, de empresas. En ese sentido, remarcó que en 2021 le hubiera correspondido pagarla a un 3,2% de las compañías totales. Esas ganancias deberían ser superiores a los $1.000 millones en el año, aunque no se determinó aún con precisión cómo se contabilizarán esas ganancias.

2-Incentivo por reinversión

Por otra parte, el Gobierno había anticipado que “se incluirá un criterio en que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión, el monto de la contribución será menor”. La “zanahoria” es que tendrán un descuento del gravamen quienes reinviertan esas utilidades “inesperadas”.

“Se está dialogando de forma constructiva para conformar un proyecto de ley que esté bien fundado y que tenga solidez. lo que se busca es redistribuir ingresos inesperados por la guerra y que no tengan que ver con la inversión o la producción”, afirmaron cerca de Guzmán.

3-Potencial de recaudación

Un ingreso extraordinario para el fisco en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría resultar un “alivio” para el cumplimiento de las metas fiscales consensuadas con el organismo. El programa económico prevé un déficit primario de 2,5% del PBI para este año.

Las metas del primer trimestre fueron alcanzadas, pero las del segundo, tercero y cuarto trimestres podrían tener una “actualización” en términos nominales por la pauta inflacionaria nueva que contemplarán el Palacio de Hacienda y el Fondo, más en línea con el 65% anual de suba de precios que estiman en en mercado y lejos del tope de 48% previsto en un primer momento.

“Con casi todas las categorías de gasto corriendo por encima de la inflación y sin la ayuda extra de los ingresos captados por las rentas de la propiedad, es casi un hecho que el gobierno no podrá cumplir con la meta fiscal de 2,5% del PBI pactada con el FMI para este año. Incluso la meta fiscal de junio ya está bajo amenaza: si depuramos el resultado fiscal base caja de los primeros meses del año de los ingresos extras captados por las rentas de la propiedad y del costo fiscal del nuevo IFE, ya estaría incumplida. El gasto debería más que ajustarse, pero todo indica que hasta el momento no es algo que esté en los planes de la administración actual”, aseguró un informe reciente de Consultatio.

Para la consultora Sarandí, por su parte, “el Gobierno tendría dos alternativas para aprobar las metas sobre fin del año”. Por un lado, “elevar al Congreso el anunciado proyecto de ley para capturar parte de la renta inesperada (y garantizar su aprobación)”. O como alternativa “solicitar una dispensa (waiver) al FMI, con el propósito de flexibilizar las exigencias fiscales en un año donde casi ningún país del mundo va a reducir el déficit público”. Según Sarandí, el impuesto nuevo podría aportar hasta 0,41% del PBI.

4-Críticas del sector empresario

La iniciativa que busca cobrar renta inesperada ya fue cuestionada por cámaras empresarias. “La Argentina debe volver a retomar la senda del desarrollo económico y social sostenible. Para ello resulta esencial generar las condiciones para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción y las exportaciones. La creación de nuevos impuestos -como el recientemente anunciado ‘impuesto a la renta inesperada’- va en la dirección opuesta a lo señalado. En la Argentina ya están en vigencia 165 impuestos y la carga tributaria sobre el sector formal de la economía es muy elevada y ha crecido fuertemente en los últimos 20 años, superando holgadamente el promedio de la región”, señaló la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Además, horas después del anuncio de Guzmán representantes sectoriales y regionales de la Unión Industrial Argentina manifestaron su preocupación por la creación de una alícuota adicional. En la reunión de la Junta Directiva de la entidad se analizó “cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo”.

5-Antecedentes internacionales

El gobierno del Reino Unido anunció a fines de mayo un “impuesto a las ganancias inesperadas (windfall tax) de las productoras de petróleo y gas para aliviar en al menos USD 6.300 millones el golpe a las familias. Ofgem, el regulador energético británico, calculó que la factura energética del hogar promedio subiría entre 800 libras y 2.800 libras anuales (de USD 1.000 a 3.500) hacia octubre.

La administración de Boris Johnson señaló que el nuevo tributo sobre las firmas energéticas será “temporario” y “focalizado”, según aseguró el secretario de Hacienda británico, Rishi Sunak. Funcionarios del gobierno conservador se opusieron inicialmente al impuesto, para no frenar inversiones, la opinión pública y el Partido Laborista presionaron para su sanción.

Italia tomó una medida similar. Las compañías de energía deberán pagar antes de noviembre un impuesto único del 25% introducido por el gobierno de Mario Draghi para ayudar a familias y empresas a hacer frente al aumento de los costos de la energía. El tributo recaudaría unos 11.000 millones de euros. Las compañías productoras y distribuidoras de electricidad, gas y petróleo deben hacer un pago inicial del 10% a fines de junio y el resto para noviembre, consignó la agencia Reuters.

España, por su parte, ya contaba con lo que el gobierno español llamó impuesto a “los beneficios caídos del cielo”. El oficialismo español debate reforzar la recaudación de ese tributo apuntando a las empresas energéticas que tuvieron ganancias extraordinarias por el aumento de los precios tras la guerra en Ucrania.

6-Qué piensa el FMI

El Fondo Monetario Internacional avaló la creación de un aumento de los impuestos sobre el exceso de las ganancias de las empresas. “Para disminuir la carga para las finanzas públicas, se podría prever un aumento temporal de los impuestos sobre el exceso de beneficios. Esto ayudaría a recuperar parte de las transferencias a las empresas que no las necesitan”, indicó el organismo multilateral en un capítulo analítico del World Economic Outlook (WEO), difundido antes del inicio formal de la reunión de abril pasado del FMI y el Banco Mundial. “En los casos en los que la fijación de objetivos es difícil y el espacio fiscal es limitado, los países pueden tener que considerar medidas de aumento de los ingresos para financiar diversas prioridades”, indicó el Fondo.

“Aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y otras reformas para modernizar de la fiscalidad de las empresas son posibles vías; podrían incluir aumentos temporales del impuesto de sociedades de la renta de las empresas para captar los beneficios excesivos relacionados con la pandemia”, precisó, en sintonía con la idea de Guzmán.

(AMBITO) Más cepo: empresas endeudadas en el exterior canjearán sus bonos y desaparecería el dólar tarjeta
Además, en junio el Tesoro debe cancelar $ 599.000 en bonos y hasta fin de año vencen $ 3,6 billones, de los cuales 70% caen antes de setiembre y 80% son ajustables por inflación

Después de la salida contra su voluntad de Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, el mercado confirma lo que anticipó con sus últimos movimientos: Martín Guzmán, el ministro de Economía, queda en una posición vulnerable y vienen cambios que no agradan a las empresas.

Por caso, el Gobierno está por endurecer el cepo cambiario. El pago de la deuda de bonos de empresas emitidos en dólares, el dólar tarjeta y los importadores serán los afectados: se les impondrán más trabas.
Los empresarios que se endeudaron en dólares, en su momento ingresaron esas divisas al cambio oficial. El Banco Central les viene suministrando las divisas a ese precio en cada vencimiento. Este sería el segundo golpe a las empresas porque en setiembre de 2020 se les pidió a las que pagan capital e intereses por más de USD 1 millón mensuales, que restructuren su deuda a plazos más largos.

Ahora, las empresas ven venir restricciones a la compra de dólares para pagar sus vencimientos y se anticipan al cepo que se viene. IRSA hace una semana anunció un canje de sus bonos que vencen en marzo de 2023 por otro que vence en 2028 -al final del próximo mandato- a una tasa similar a la actual de 8,75% más una prima de hasta 3% en bonos.

Esta restructuración se esperaba con ansiedad entre los agentes de Bolsa y bancos porque los inversores se estaban deshaciendo de todas las posiciones de bonos en pesos que vencen de fin de enero en adelante. De esta manera, transformaron el mediano plazo, en cortísimo plazo, porque hasta hace una semana y media tomaban bonos con vencimiento en cualquier mes de 2023 y, con reservas, los que vencían en 2024. Ese hándicap, bajó. Por eso IRSA captó a esos inversores, aunque la mayoría de los que tienen esos títulos son minoristas, y ya lleva renovados algo más de USD 200 millones (57% de la deuda) sobre una emisión de USD 360 millones.

Los bonos corporativos, que rinden menos que los bonos de la deuda del país, porque son considerados más seguros, tuvieron un “boom” hasta hace dos semanas. Luego se frenó y comenzaron a surgir las operaciones de canje donde IRSA largó en punta.

La imposibilidad de sumar reservas y el nuevo ataque a la gestión de Guzmán, que deja en una posición de debilidad al Gobierno, se vio el viernes. El dólar mayorista aumentó 21 centavos a $120,68, sometido a una fuerte presión de compra por parte de los importadores que hizo que el Banco Central pueda comprar apenas USD 2 millones y las reservas subieron tan solo USD 8 millones a 41.611 millones. La leve suba del yuan consiguió este aumento porque el oro bajó su cotización y el dólar aumentó frente a las divisas que integran las reservas.

Cuestión de pesos

La deuda en pesos es otro problema. En junio la Secretaría de Finanzas debe cancelar bonos del Tesoro por $599 mil millones y solo tiene un saldo a favor de $86 mil millones del mes pasado. Pero desde ahora hasta fin de año, los vencimientos son de 3,6 billones de los cuales 70% -$2,5 billones- corresponden al lapso junio -setiembre y 80% de los vencimientos son Lecer, letras que ajustan por la inflación.

El martes 14, la Secretaría de Finanzas licitará bonos para cubrir vencimientos de junio. El clima entre los inversores no es el de antes. La licitación del viernes 27 de mayo pasado, tuvo sabor a fracaso.

El dólar hoy con sus precios dará la opinión sobre el cambio de reglas del juego, porque se espera en el futuro una mayor demanda de dólares financieros para suplir a los dólares oficiales que dejará de abastecer el Banco Central.

(INFOBAE) Crece la demanda de divisas y al Banco Central le cuesta cada vez más acumular reservas
En lo que va del año, el Banco Central compró cinco veces menos dólares que en 2021. Turismo, energía y pagos de deuda neutralizan las liquidaciones récord del agro

Las reservas internacionales brutas del Banco Central están cerca de los USD 42.000 millones. Si bien registran un incremento próximo a los USD 2.500 millones respecto de los USD 39.500 millones del cierre de 2021, hay que recordar que recibieron un refuerzo de unos USD 9.700 millones a fines de marzo de este año, debido a la incorporación de nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, tras el acuerdo rubricado con el Gobierno para flexibilizar el calendario de pagos de la deuda de 44.000 millones de dólares.

De hecho, las reservas brutas -que incluyen préstamos como el “swap” con China y depósitos privados- están hoy al mismo nivel de mediados de diciembre, a pesar de los ingresos récord por exportaciones del agro, por unos USD 15.000 millones en los primeros cinco meses de este año.

Al Central se le viene dificultando la compra de dólares para mejorar su stock de activos externos líquidos. Entre enero y mayo, el saldo neto a favor de la entidad por sus intervenciones cambiarias alcanzó a USD 1.100 millones, una cifra que luce escasa frente a los USD 5.728 millones adquiridos en igual lapso del año previo.

“Si bien las exportaciones aumentaron interanualmente, y la suba de precios internacionales del agro ayudan a la Argentina, el BCRA no está pudiendo acumular reservas internacionales en las condiciones prefijadas con el FMI por la suba de los valores en importaciones de energía, la brecha cambiaria y la cuenta turismo. La falta de dólares para los importadores está provocando muchas dificultades en conseguir insumos en la industria que sumados al aumento de costos, vislumbra un segundo semestre de parate en la economía y mayor volatilidad cambiaria”, explicó a Infobae el economista Joaquín Marque, director de UG Valores.

Este año se activaron mayores pagos por importaciones de energía, debido al creciente déficit sectorial que aqueja a la economía doméstica. Esta demanda neutraliza en parte la capacidad de compra del BCRA, que debe dejar espacio para que haya abastecimiento de estos insumos indispensables para el funcionamiento de la economía.

Además, la reapertura de actividades tras las restricciones impuestas por la propagación del COVID-19, incentiva mayores gastos en el exterior por servicios turísticos. Este déficit en la cuenta de servicios también esmerila el nivel de reservas a pesar del fuerte superávit en la balanza de bienes., pues los extranjeros venden su moneda en el mercado negro de Argentina, mientras que los argentinos pagan en el exterior con dólares oficiales, más el recargo impositivo.

Según el Balance Cambiario del BCRA, en el primer cuatrimestre el turismo generó un déficit próximo a USD 500 millones al mes. Entre enero y abril, el saldo neto negativo arrojó USD 3.219 millones, con un promedio mensual de 470 millones de dólares.

A los crecientes gastos por turismo en el exterior hay que añadirles en 2022 el fuerte incremento de los costos por fletes, que engrosan el rojo en el balance de servicios. “En cada episodio de atraso cambiario se ve un fuerte deterioro del déficit de la cuenta servicios. Si este proceso de apreciación se consolida -probable- el déficit podría ampliarse a USD 10.000 millones -o más- para fin de año”, precisaron los analistas de Aurum Valores.

En tanto, las importaciones de energía (gas natural licuado y combustibles) totalizaron en el primer cuatrimestre unos USD 3.582 millones, a un promedio de casi USD 900 millones al mes, aún antes de que se contabilicen los meses más fríos, con mayor consumo estacional en hogares y también por las necesidades de gasoil para la cosecha gruesa.

De todos modos, el déficit energético fue moderado por las exportaciones de petróleo, un producto cuyo precio internacional también se disparó. En los primeros cuatro meses de 2022, es rubro ingresó USD 2.410 millones, que redujeron la salida de divisas netas a USD 1.172 millones hasta abril.

El rojo comercial del sector energético se está disparando en el período más frío del año
“Estamos en una situación bastante extraña, en el sentido de que hoy no es que el campo no esté liquidando, y las exportaciones están tocando récord. Incluso se está liquidando todo de manera fluida, pero el problema es que no se están acumulando dólares. Y si en un momento así -con la estacionalidad a su favor-, el Banco Central no puede acumular reservas, la preocupación para los meses que vienen es creciente”, resumió Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones.

También golpea a las reservas el “efecto cepo”. El control de capitales frena la salida de dólares del país, pero también impide el ingreso de fondos frescos, por la obligación de ser liquidados a un tipo de cambio oficial de 121 pesos, contra un “contado con liquidación” de 212 pesos.

Los expertos de IEB (Invertir en Bolsa) señalaron que “el sector agroexportador está liquidando a un ritmo diario no solo por sobre el promedio de los últimos doce años, sino incluso superando los niveles del 2021. Esto se debe principalmente al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la cual provocó un aumentó en los precios del trigo y maíz. Sin embargo, a pesar de dichos niveles de exportaciones el BCRA no logra acumular reservas”.

Desde IEB puntualizaron que “esto se debe sencillamente a tres factores. En primer lugar, al aumento en las importaciones, las cuales venían atrasadas y perjudicando el nivel de actividad económica. En segundo lugar, a la reactivación del turismo luego de dos años de pandemia y confinamiento social. Y en tercer lugar, debido a las cancelaciones de deuda”.

“Si bien el BCRA ha cambiado la tendencia en el mes de mayo, comprando más de USD 1.000 millones, cuando analizamos la meta consensuada con el FMI, notamos que se encuentra lejos de poder cumplirlas. Hasta el momento acumula reservas netas por USD 3.800 millones, mientras que la meta para fines de junio es de USD 6.100 millones. Para poder acercarse a este objetivo el BCRA deberá aumentar el ritmo de compras en el MULC, y para ello pensamos que podría optar por un endurecimiento del cepo”, indicó el informe de IEB.

Los estrategas de Consultatio Plus refirieron que “la idea de que el acuerdo con el FMI podía resultar como un estabilizador de las expectativas es cada vez más lejana. La evolución reciente de las principales metas acordadas -fiscales, monetarias y de reservas- se encaminan a un triple incumplimiento. El acuerdo, que nació light, corre riesgo de volverse decorativo. Y subrayaron que “el paso del tiempo perjudica a todas las partes: al gobierno, al FMI y a la economía. Más temprano o más tarde, habrá que introducir cambios. La postergación de ellos solo puede agravar los problemas actuales”.