Suscripción de ON de YPF LUZ 10.24% DE CUPON EN DOLARES  (05/04/2021)

Plan de Infraestructura de Biden: CEDEARs afectados (31/03/2021)

Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Oficializan el nuevo régimen para beneficiar las exportaciones: de qué trata y a quiénes alcanza
La medida se oficializó este miércoles a través del Decreto 234/2021 publicado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente de la Nación. A través del Decreto 234/2021 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la creación de un régimen para fomentar la exportación en distintos sectores de la cadena productiva nacional. Con el objetivo de reactivar la economía y fomentar las inversiones, el Ejecutivo flexibilizará los controles cambiarios y anunció que el 20% de las divisas obtenidas en las ventas externas vinculadas con una nueva inversión serán de libre aplicación. El tope máximo anual es el equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas para el proyecto. En cuanto al destino de los fondos, se podrán aplicar al pago de capital e intereses de pasivos en el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes. Según precisa el artículo 4 del documento oficial, se podrán inscribir al nuevo régimen las «personas humanas o jurídicas, domiciliadas tanto en el país como en el extranjero, que presenten ante la Autoridad de Aplicación un ‘Proyecto de Inversión para la Exportación’ en los sectores de actividad incluidos en el presente, que implique la realización de una inversión directa en moneda extranjera no inferior a un monto u$s100.000.000».

La medida fue anunciada el martes por el presidente Alberto Fernández. De manera virtual, el jefe de Estado -diagnosticado con Covid la semana pasada- se encargó de la presentación formal del régimen en el marco de una reunión en la que participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, junto a un grupo de empresarios.

El Poder Ejecutivo explicó que el sistema apunta a «dar previsibilidad a la inversión extranjera directa o a la inversión nacional financiada con crédito externo, destinada a incrementar las exportaciones».

El propósito del régimen es «incrementar las exportaciones, crear más empleo, fortalecer la competitividad de diversos sectores económicos, fomentar un crecimiento económico sustentable y equitativo y promover la sostenibilidad ambiental del país, de las provincias y las distintas regiones»

Principales objetivos

Dar previsibilidad a la inversión extranjera directa o a la inversión nacional financiada con crédito externo, destinada a incrementar las exportaciones.
Este régimen permitirá aumentar las exportaciones, crear más empleo, fortalecer la competitividad de diversos sectores económicos, fomentar un crecimiento económico sustentable y equitativo y promover la sostenibilidad ambiental del país, de las provincias y las distintas regiones.
Cómo es el régimen

El 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación.
El tope máximo anual es el equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas para el proyecto.
A dónde se destinarán los fondos

Al pago de capital e intereses de pasivos en el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes.
En caso de que los cobros de las exportaciones no se aplicaran inmediatamente a los usos previstos, los fondos podrán ser depositados hasta su utilización en cuentas en el exterior de entidades financieras argentinas y/o en cuentas locales en moneda extranjera en bancos argentinos.
Alcance de la medida

Está dirigido a inversiones en los sectores foresto industriales, agroindustriales, hidrocarburífero, minero y de industrias manufactureras.
Es para nuevos proyectos o para aquellos ya establecidos pero que busquen ampliar su capacidad productiva a fin de exportar.
No se consideran como inversiones a las colocaciones financieras y/o de portafolio; a la fusión o adquisición de empresas; o a la compra de cuotas y/o acciones o participaciones societarias.
Requisito del régimen

Presentar un proyecto de inversión no menor a U$S 100 millones.
Duración del beneficio

15 años.
Quién lo aplica

Ministerio de Desarrollo Productivo y de Economía.

(AMBITO) Ganancias a empresas: modifican escalas del proyecto original
Fuentes oficiales explicaron que con los cambios el 10% de las empresas tendrán que pagar la alícuota más alta del 35%. Por su parte, el 90% de las empresas -del segmento pyme- pagará menos que las alícuotas previstas en el periodo fiscal 2020. El oficialismo revisó hoy el proyecto original que eleva el impuesto a las Ganancias a las empresas, e introdujo modificaciones en las escalas, aumentando la progresividad del impuesto, por lo que se estima que sólo el 10% delas empresas tendrán que pagar la alícuota más alta del 35%. Los cambios al proyecto que se debatirá en el Congreso, se decidieron después de una reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Economía Martín Guzmán con parte del gabinete económico y los diputados y senadores del oficialismo. Durante el encuentro se planteó la necesidad de avanzar con “progresividad en las medidas que hay que tomar”, como por ejemplo el descongelamiento de las tarifas. Con las modificaciones, las empresas pagarán un 25% para un primer tramo de beneficios de hasta $5 millones anuales, un 30% para un tramo intermedio de $5 millones a $20 millones anuales, y para los beneficios superiores a ese umbral se aumentará al 35%. En tanto que se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos. Con el proyecto original el Gobierno apuntaba a que el 75% de las empresas pagaran una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020. Con las modificaciones al impuesto desde el oficialismo indicaron que casi el 90% de las empresas que pertenecen al universo de las pymes pagarán una alícuota del 25%, y el 10% de las compañías –de las consideradas grandes- que deben cumplir con el tributo pasará a pagar el 35%, es decir, una alícuota más elevada que la actual. Según fuentes oficiales, la iniciativa revierte la reforma tributaria del 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión. El proyecto del oficialismo sobre las sociedades busca compensar la baja de recaudación por el proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible de Ganancias a 1,2 millón de trabajadores y jubilados. En el encuentro también estuvieron presentes la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller; el senador del FdT, Carlos Caserio, y su par, Anabel Fernández Sagasti. También estuvieron el secretario de Energía, Darío Martínez; su par de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

(AMBITO) Para Moody’s, la falta de un acuerdo con el FMI complica el panorama de la deuda argentina
La calificadora indicó que el riesgo seguirá «por ausencia de un acuerdo con el FMI y por la falta de un cambio material en el marco de políticas macroeconómicas». La calificadora de riesgo Moody’s Investors Service destacó que, a pesar del apoyo temporario que representará una financiación externa adicional y el aumento de los precios internacionales de la soja, «el riesgo de un nuevo default de la deuda externa privada de Argentina seguirá siendo alto». Puntualizó que ese escenario se da por la «ausencia de un acuerdo con el FMI y un cambio material en el marco de políticas macroeconómicas del país, lo cual prevemos que no se concretará este año dadas las elecciones legislativas de octubre». Las declaraciones de Moody’s surgieron luego de que los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieron para discutir una nueva asignación de derechos especiales de giro (SDR, por sus siglas en inglés) por u$s650.000 millones para reforzar las reservas y contribuir a la recuperación mundial tras la pandemia de COVID-19. De ser aprobada, algo que consideramos muy probable, dijo Moody’s, la asignación de SDR «inyectará en Argentina (Ca, estable) nuevos fondos por u$s4300 millones (1,1% del PBI), impulsando las limitadas reservas del país».

(AMBITO) Avanza acuerdo por Atucha III con China con inversión de u$s7.900 millones
En un encuentro con autoridades del país asiático, el secretario de Energía confirmó apoyo del Gobierno al proyecto. Préstamo tendría 8 años de gracia.
Avanza acuerdo por Atucha III con China con inversión de u$s7.900 millones. Uno de los sectores apuntados por el Gobierno para sustituir importaciones y también para generar mayores ingresos de divisas, es el energético. Cómo adelantó Ámbito, el Ejecutivo negocia con China, en el marco de la renovación del plan quinquenal, un paquete de inversiones en obras de infraestructura. El total de desembolsos será de alrededor de u$s35.000 millones. Entre los proyectos prioritarios está la construcción de la central nuclear Atucha III. Ayer el secretario de Energía, Darío Martínez, y el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, se reunieron con directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) y expresaron el aval del presidente Alberto Fernández para acelerar la iniciativa. Las negociaciones que se desarrollan por estas horas, contemplan la construcción de una central nuclear de tecnología china Hualong. Se trata de un reactor de 1200 MW que permitiría sostener la capacidad instalada de origen nuclear en la matriz energética. Se ubicará en el Complejo Nuclear Atucha situado en la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires y tendrá una vida útil de sesenta años. Fuentes del gobierno detallaron que “su diseño cumple con los requisitos del Organismo Internacional de Energía Atómica e incorpora las lecciones aprendidas en el incidente de Fukushima en materia de seguridad”. El financiamiento del proyecto estará a cargo de un consorcio de bancos chinos liderado por el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). Se prevé el otorgamiento de un crédito de tipo concesional del orden de los u$s 7.900 millones, que alcanzaría el 85% del precio del reactor. Este monto convertiría a la central nuclear en la mayor inversión china fuera de sus fronteras. El financiamiento incluye un período de ocho años de gracia que es equivalente a la duración del proyecto y un período de repago extendido de doce años. Por lo que los vencimientos para Argentina llegarían una vez que la Central esté funcionando y se abordarían con los recursos obtenidos por el aumento de la producción. Fuentes del Gobierno adelantaron que “la tasa de interés será más baja que la estipulada para este tipo de proyectos”. De acuerdo a los relevamientos preliminares se estima que la obra generará unos 7000 empleos directos. Además tendrá un impacto positivo en las industrias locales que participen en el suministro de insumos, componentes electromecánicos y servicios asociados a su ejecución. En este sentido, el contrato contempla, mediante un apartado específico, la transferencia de tecnología para la fabricación argentina de los combustibles nucleares. “El proyecto de la cuarta central nuclear cuenta con todo el apoyo del Presidente y se encuentra dentro de la lista de proyectos prioritarios entre ambos países”, aseguró durante el encuentro el secretario de Energía, Darío Martínez. Por su lado, Sabino Vaca Narvaja explicó que “Argentina cuenta con una plataforma muy desarrollada en el sector nuclear con desarrollos propios y una base científico técnica única en la región. Lograr nuestra cuarta central nuclear, además de ampliar nuestra soberanía energética, nos va colocar en la vanguardia de un sector con desarrollo histórico en nuestro país”.

(AMBITO) Comercio con Brasil: prevén que se duplicará el rojo de 2020 y advierten dos riesgos para la recuperación
En marzo, el intercambio con el país vecino llegó a niveles máximos desde agosto de 2018. Para todo el año, Abeceb pronostica un déficit de u$s 1457 millones, por un mayor aumento de las compras que de las ventas, cuestión que para Ecolatina es un signo de alarma. Argentina registró en marzo un déficit comercial con Brasil de u$s 177 millones por una considerable recuperación de las importaciones, que tuvieron su mayor expansión interanual desde octubre de 2017, y un más acotado avance de las exportaciones, que en conjunto borraron el saldo favorable del primer bimestre. El dato además comienza a anticipar un rojo anual que duplicará al del año pasado y encierra dos factores que pueden ponerle techo a la recuperación este año, según los analistas. Según datos de la consultora Abeceb, el flujo entre ambos países alcanzó en marzo los u$s 2004 millones, un aumento interanual de 26,3% y el intercambio más alto desde agosto de 2018; mientras que el primer trimestre acumula un total de u$s 5195 millones, un 18% más que el mismo período de 2020. En marzo, las exportaciones argentinas a Brasil rondaron los u$s 913 millones, un 11,7% más en la comparación interanual. Si bien es la tercera suba consecutiva, Abeceb advierte sobre una desaceleración, tras alzas cercanas al 17% o 18% en meses anteriores. Así, el primer trimestre cerró con un incremento del 15,6%. Por el lado de las importaciones provenientes de Brasil, la cifra de marzo giró en torno a los u$s 1091 millones, un incremento de 41,7%. Es la expansión más fuerte desde octubre de 2017, pero todavía sigue levemente debajo del monto de importaciones de marzo de 2019, lo que dimensiona la caída del año pasado con el inicio de la pandemia. Con este resultado, el primer trimestre concluyó con un aumento de 20,6%. Así, Abeceb estima que para este año el saldo comercial con el principal socio de Argentina será deficitario, por u$s 1457 millones, prácticamente el doble del rojo de u$s 729 millones del año pasado. «Esto sería producto de un mayor dinamismo en las importaciones (37,6%) que en las exportaciones (31,9%)», indicó. Respecto a las exportaciones, la consultora proyecta un fuerte crecimiento en el sector automotriz, de 47%, y de las manufacturas de origen industrial, de 25%, con lo que el total de las ventas alcanzarían los niveles prepandemia en u$s 10.497 millones (contra u$s 10.386 millones de 2019). Las importaciones superarían por 18% a las compras de 2019, al pronosticar un total de u$s 11.954 millones, contra u$s 10.497 millones de 2019. «Si bien el intercambio comercial marcaría un fuerte incremento del 34,9% a u$s 22.459 millones, se ubicaría 9,3% por encima del de 2019 pero un 17,8% y un 43,4% por debajo de los de 2017 y de 2011, respectivamente», concluyó Abeceb. Por su parte, Ecolatina resaltó el fuerte crecimiento del comercio en Brasil, que tuvo su mayor nivel de importaciones en general desde octubre de 2013 (más de u$s 23.000 millones) y advirtió por dos factores que pueden atentar contra la recuperación argentina. Por un lado, la consultora alertó sobre la «elevada elasticidad» de las importaciones argentinas que podría ponerle un techo a la recuperación, dado que las importaciones crecieron el quíntuple de la recuperación de la economía en marzo, que, estima, rondará el de 8%. «Esta característica de nuestra matriz productiva podría ponerle techo a la recuperación, si la escasez de divisas obligara a devaluar o a restringir aún más la entrada de productos a la Argentina», remarcó la consultora. En segundo lugar, Ecolatina enfatiza que el ritmo de crecimiento de las importaciones brasileñas en marzo no estuvo dinamizada por productos argentinos, sino por ventas chinas y estadounidenses. «Aunque las exportaciones argentinas aumentan, la participación en el mercado brasileño retrocede a niveles históricamente bajos», destacó. En el primer trimestre representaron el 5% de las compras brasileñas, cuando hasta 2019 era más del 6%. Para el año, Ecolatina proyecta un crecimiento de las exportaciones a Brasil de 15%.

(CRONISTA) Tras el alerta del FMI, economistas advierten que los cierres le pueden sumar presión a la inflación
Las restricciones a la circulación pueden aumentar el déficit, la emisión, la tensión cambiaria y, de esta forma, escalar a los precios. En 2020 la caída de actividad permitió no convalidar subas mayores. El Fondo no avaló la estimación oficial del 29% en su pronóstico económico global. La incertidumbre sobre cómo evolucionará la inflación llegó hasta el Fondo Monetario Internacional, que presentó sus pronósticos para la economía global y vaticinó que el PBI de la Argentina crecerá un 5,8% este año, una mejora contra el 4,5% que estimó en enero. Pero no aventuró proyecciones para la inflación. La economista jefe del FMI, Gita Gopinath, reconoció que el país «enfrenta retos muy importantes, ya que la inflación es muy elevada» y «no está muy claro aún» cómo va a evolucionar este indicador. Además de la brecha entre las expectativas oficiales y las del mercado, entre el 29% que plasmó el ministro de Economía Martín Guzmán en el Presupuesto y el 48% que dejó el último sondeo entre economistas que realizó el Banco Central, la segunda ola y las restricciones de actividad podrían presionar todavía más a los precios. «Si el Gobierno tiene que aumentar la emisión monetaria para auxiliar a los sectores con restricciones, va a tener que aumentar la tasa de interés para mejorar la esterilización. Sino corre el riesgo de que presione la inflación», planteó José María Segura, socio y economista jefe de PwC Argentina durante la presentación de un informe sobre perspectivas para el país. Las nuevas pautas de circulación no tendrían el mismo impacto en términos inflacionarios que el año pasado, remarcó la economista principal de LCG, Melisa Sala. Los cierres no llegarán al nivel de 2020. «El año pasado fue el desplome de la actividad lo que hizo que la demanda no llegara a convalidar aumentos de precios y se produzca una desaceleración de 18 puntos porcentuales en la tasa de inflación anual», recordó Sala. «Es esperable que con una inflación que navega hoy en día en torno al 4% mensual, y con expectativas que no se encuentran ancladas, en la medida que la actividad no se desplome fuertemente como el año pasado, sigan dándose aumentos preventivos», remarcó Sala. «Si fuera necesario aumentar la emisión del BCRA para cubrir el mayor gasto en asistencia a los sectores más perjudicados, se suma al excedente de pesos que ya existe y podría agregar presión a los precios en un plazo no tan largo». Para el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, el impacto cambiario de una nueva cuarentena «podría ser mayor, forzando una devaluación, que aceleraría la inflación y profundizaría la caída del salario real, agravando el golpe a la demanda». El efecto cambiario del exceso de oferta de pesos por la mayor emisión «sería más difícil de contener que durante el año pasado. Es probable que su efecto inflacionario sea mayor, profundizando los problemas de poder adquisitivo», agregó sobre el menor margen de maniobra del Banco Central. En ese contexto, desde la reunión del FMI y Banco Mundial, donde presentó las perspectivas económicas mundiales, Gopinath consideró que el Gobierno «viene trabajando arduamente» en alinear expectativas de inflación. «Estamos en estrecha colaboración con Argentina para ayudar a forjar un marco socioeconómico más sólido», agregó. El FMI consideró que la economía local mejorará de la mano de los sectores exportadores. Su pronóstico de crecimiento, en tanto, está por debajo del 7% que ahora estima el ministro de Economía Martín Guzmán, y por arriba del presupuestado de 5%. Las cifras del Fondo además muestran el rebote de 2021 frente a la caída del 10% de 2020. Para 2022 y 2023, en tanto, la suba prevista será de 2,5% y 1,5%, respectivamente. El desempleo de 2020 cerró en 11,4% para el FMI y para el 2021 estima que bajará a 10,6%. Para 2022 rompería la barrera de los dos dígitos, según el FMI con 9,3%. El balance de cuenta corriente, en tanto, será positivo en los próximos años: 2,3% en 2021 pero que irá en baja a 1,3% y 0,4% hacia 2023.

(CRONISTA) Negocian una deuda de $ 30.000 millones que generó la desdolarización de la energía
El Gobierno analiza una adecuación de la remuneración a la energía térmica e hidroeléctrica, que está congelada desde el año pasado. En 2020, hubo un ahorro fiscal por esos fondos que no se invirtieron en mantenimiento.
El presidente, Alberto Fernández, prometió en la campaña de 2019 desdolarizar los precios y las tarifas de la energía. Con todas las limitaciones que ese enunciado tenía, el Gobierno avanzó en marzo del año pasado con la pesificación, baja y posterior congelamiento en la remuneración a las centrales eléctricas con contratos vencidos, lo que le permitió al Estado Nacional contar con un ahorro fiscal cercano a los $ 30.000 millones en los últimos 13 meses. Ahora, la Secretaría de Energía negocia con las generadoras de la energía eléctrica para avanzar hacia una actualización de los precios y un ajuste por inflación en adelante. Ese mecanismo de ajuste, previsto en la Resolución 31/2020, había sido suspendido por el ex secretario, Sergio Lanziani, apenas comenzó la pandemia. En contrapartida, ese dinero es el que reclaman las principales empresas privadas de generación de energía eléctrica para ejecutar inversiones de mantenimiento y pagar salarios. Las afectadas fueron, entre otras, Central Puerto, Enel, AES, Pampa Energía, que cuentan con plantas de generación térmica que tenían vencidos sus contratos con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La reducción de la remuneración fue de entre 16% y 45% para centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. Y representó una caída del orden del 30% en el EBITDA (ganancias brutas) para esas compañías que cotizan en Bolsa. Según supo El Cronista, el equipo del secretario de Energía, Darío Martínez, trabaja para «adecuar» los términos de la Resolución 31/2020. Según el índice que contemplaba esa norma, el porcentaje de actualización sería cercano al 42%, aunque oficialmente no está decidida cuál será la recomposición. Pero los documentos preliminares que maneja la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para su programación estacional entre mayo y octubre exhiben que no está prevista ninguna actualización en el factor de ajuste de la remuneración de las generadoras. El ahorro fiscal contribuyó a bajar el costo medio de la energía y también a disminuir una parte de los subsidios que destinó el Tesoro a la energía en 2020.

(CRONISTA) Advierten que sin plan antiinflacionario los precios subirán más de 50% este año
Frente a una pauta oficial del 29% anual, un estudio de la Universidad de Belgrano considera un pronóstico más realista hablar del 45% pero no descarta que se acerque al 54% como en 2019.
La escala de precios en las últimas semanas virtualmente pulverizó la estrategia oficial de que la inflación anual se ubique en el 29% y con la evolución de los primeros tres meses del año crecen las posibilidades de volver a a niveles superiores al 50%. Así lo revela un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) , dependiente de la Universidad de Belgrano, según el cual «sin un plan antiinflacionario, el alza de precios podría volver a superar el 50% anual, como ocurrió en 2019». Víctor Beker, director del CENE, explica que si el Gobierno lograra reducir la suba de precios mensual al 3% hasta fin de año, «la inflación anual se ubicaría en el 45%». Las estimaciones de los analistas ubican la inflación del primer trimestre en torno al 13%, de modo que un tercio de la pauta inflacionaria oficial de todo el año ya se consumió en apenas tres meses. En la misma línea, el relevamiento de expectativas (REM) que realiza el Banco Central entre diversos economistas proyecta una inflación minorista de 48,1% para diciembre de 2021. «Ése parece un pronóstico más realista que el anunciado en el presupuesto nacional para este año, habida cuenta de la necesidad de realinear los precios relativos, particularmente los de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos», destacó Beker. La clave de este momento parece ser la falta de un plan antiinflacionario que ordene expectativas de los diversos actores económicos. En ese sentido, basta recordar que el propio Presidente señaló en declaraciones al diario británico The Times que no cree en planes económicos. «Dada la inexistencia de un plan de ataque a la inflación, los distintos factores que la alimentan seguirán operando a lo largo del año», apuntó Víctor Beker. Y amplió: «A la realineación de precios relativos se agrega el aumento del precio internacional de las commodities, que la autoridad económica pretende neutralizar mediante el atraso cambiario, con el daño a la competitividad internacional que ello puede ocasionar». Otro aspecto al que hay que prestarle atención es la meta de déficit fiscal comprometida (4,5% del PBI), que fue calculada suponiendo que una gran parte de la población estaría vacunada contra el Covid, y por lo tanto sin necesidad de apelar a medidas de asistencia a empresas (ATP) o personas vulnerables (IFE). Por el momento no es el escenario más factible. «Un mayor déficit obligaría a una mayor emisión monetaria que, por ahora, se ha logrado mantener, medida por la base monetaria, en un nivel interanual del 31%. Sin embargo, los pagos que debe llevar a cabo mensualmente el Banco Central en concepto de intereses por las Leliqs y pases pasivos, ya de por sí presionan al alza dicho guarismo», señaló el director del CENE. Según sus cálculos, dado que el total de Leliqs y pases pasivos ya supera los 3 billones de pesos, y son mayores que la propia base monetaria, «se requiere unos $ 80.000 millones mensuales por pago de intereses», detalló el experto. En suma, «ya no se trata de saber si la inflación anual alcanzará al 29% propuesto por la autoridad económica, sino si se podrá evitar que vuelva a un nivel cercano al 53,8% registrado en 2019», remató Beker.

(INFOBAE) Pese al ingreso récord de divisas del agro, el 50% de la capacidad de la industria aceitera se encuentra ociosaSon datos del el Monitor agroindustrial que presentó la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Los motivos y el comportamiento de la molienda en los últimos meses.
Si bien en los últimos meses el ingreso de divisas por las exportaciones agroindustriales alcanzó niveles récord, especialmente por la mejora de los precios internacionales, la industria aceitera advirtió que está operando con una capacidad ociosa del 46%, con picos del 50% o superiores durante gran parte del año pasado. Pese a esto el sector privado, señala, que se cumplió con los compromisos de ventas y embarques. Así lo reflejó el Monitor agroindustrial que presentó la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En los tiempos donde el sector privado realizó la segunda gran tanda de inversiones, se proyectó en ese momento una capacidad de crushing de 70 millones de toneladas de soja, que es la existente en la actualidad, mientras que la cosecha argentina no llegó a esos niveles y en las últimas campañas por diferentes motivos, como las condiciones climáticas adversas, tiende a bajar. El informe recordó que toda industria tiene los mismos componentes de costos fijos, variables y operativos, conceptualmente. Cuanto más produce esa industria, es decir más cerca esté de su capacidad de producción máxima, mucho más barato es el proceso desde el punto de vista del costo de producción. “La industria aceitera no escapa a la regla general de cualquier proceso industrial, con la gran diferencia que lo que se produce son harinas y aceites de soja, a partir de la molienda del grano de soja. Y uno de los principales componentes del costo de producción es el precio del grano de soja”, señalaron desde CIARA-CEC. Y agregaron: “La diferencia entre la capacidad de procesamiento máxima y el volumen diario que realmente se procesa se denomina ‘capacidad ociosa’ y cuanto más alta es la misma, más alta es la participación de los costos fijos en la estructura general de costos. Es decir, cuesta más caro procesar una tonelada de soja. Y es posible que la industria deba pagar menos al productor por el grano de soja, para compensar el costo de producción más alto y evitar moler a pérdida”. La semana pasada ambas entidades informaron que el ingreso de divisas del mes de marzo fue de USD 2.773 millones, un récord histórico para ese mes en los últimos 18 años y de toda la exportación agroindustrial de la Argentina, y representó un crecimiento mensual del 53%. Además, las exportaciones del primer trimestre del presente año generaron divisas por USD 6.724 millones, el mayor valor de los últimos 6 años. Por otro lado, el Monitor reflejó que las exportaciones de aceite de soja registraron una importante reactivación en los dos primeros meses del año, con un récord de 1.083.178 toneladas comercializadas, de la mano de una firmeza de la demanda y la normalización de los embarques tras la medida de fuerza de diciembre pasado, donde los gremios aceiteros y los recibidores de granos realizaron un extenso reclamo por mejoras salariales.

Molienda
Luego que en diciembre pasado la molienda de soja llegó al peor mes, al menor de los últimos 11 años, con un procesamiento de 847.000 toneladas, como consecuencia de las medidas gremiales, los dos primeros meses del año presentó una recuperación con 6.076.000 toneladas procesadas. El récord sigue siendo para el primer bimestre de 2016 con un procesamiento de 7.116.000 toneladas. en panorama similar ocurrió con la molienda de girasol, que en diciembre pasado tuvo un procesamiento de 15 mil toneladas, la cifra más baja de toda la historia, con un noviembre de 2020 que registró un volumen procesado de 121 mil toneladas y en diciembre de 2019 de 122 mil toneladas. Desde CIARA-CEC dijeron que, en este caso, la menor molienda no se atribuyó al paro en la zona de los puertos y de procesamiento, sino a la menor siembra, producción y cosecha en la provincia de Chaco. “La caída en la producción ha encendido todas las alarmas en el sector aceitero, cuyo mercado hoy está enfocado al aceite de girasol refinado y el abastecimiento del mercado interno, para su consumo en góndola”, señaló el informe.

(INFOBAE) Fuerte cuestionamiento de las empresas de EEUU en la Argentina al control de precios: “El Gobierno se excede en sus funciones”AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país, aseguró que programas como Precios Máximos limitan la viabilidad de las empresas y la recuperación económica del país. Desde AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país, cuestionaron el programa Precios Máximos implementado por el Gobierno para contener el alza de los precios en medio de una inflación que no baja desde niveles muy elevados.

En ese marco, afirmaron que la recuperación económica “dependerá exclusivamente de la generación de recursos del sector privado y que, medidas de esta índole tienen un impacto directo y negativo sobre el nivel de crecimiento, la inversión en el lanzamiento de productos innovadores o la reconstrucción del empleo de calidad perdido”. A través de un position paper, AmCham afirmó que los precios en un mercado en plena competencia y múltiples oferentes “no pueden ser considerados bajo el régimen de tarifa publica y por ende definidos o autorizados por la autoridad administrativa competente”.
“¿Es sustentable mantener un programa durante 12 meses con aumentos de precios aprobados del orden del 14%, cuando el incremento en costos en ese periodo fue entre el 32 y el 48%?”
En ese sentido, cuestionó al Gobierno por excederse en sus funciones cuando establece el precio de los bienes de consumo que se comercializan bajo esta modalidad y sus respectivos aumentos.
“¿Por qué el gobierno se excede en sus funciones cuando establece mediante una comunicación lisa y llana, el precio de los bienes de consumo que se comercializan bajo esta modalidad y sus respectivos aumentos? ¿Es sustentable mantener un programa durante 12 meses con aumentos de precios aprobados del orden del 14%, cuando el incremento en costos en ese periodo fue entre el 32 y el 48%? ¿Puede una empresa seguir operando cuando al desfasaje del 2020 se sumará, con seguridad, otra diferencia aún mayor en el 2021, sin verse en la necesidad de restructurar su portafolio de productos, reducir la empleabilidad o afectando el normal abastecimiento? ¿Son efectivos los controles de precios por largo plazo, cuando las causas de la inflación pasan mayormente por las políticas monetarias y fiscales de un país?”, se preguntó la Cámara. Amcham citó en el comunicado un informen de la consultora ABECEB, que detalla que “la baja en los ocupados –durante el 2020– fue de alrededor de 1,2 millones de trabajadores, tres veces más acelerada entre los informales y cuentapropistas”. En ese sentido, remarcó que “no hay dudas que la disminución de horas trabajadas han sido una tendencia mundial por el actual contexto de pandemia, pero el indicador en Argentina, de acuerdo con reportes de la OIT, duplica el promedio mundial, lo que nos conduce a reflexionar sobre el acierto o no de estas medidas adoptadas y su impacto en la empleabilidad futura”. Para las empresas de EEUU en Argentina, el programa de control de precios está lejos de garantizar el acceso sin restricciones a los bienes básicos y muy por el contrario, “intimida a las empresas a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de dicha resolución”. “Esta normativa ha avanzado sobre un derecho fundamental como resulta ser la libre decisión de fijar precios en base a factores como la oferta y demanda, sus fortalezas competitivas, su estructura comercial”, remarcó AmCham. Por otra parte, manifestó que ninguna empresa que pretenda ser sustentable podría establecer un precio tratándose de bienes de consumo, muy por encima de las posibilidades de compra de sus usuarios y consumidores. Del mismo modo, agregó que tampoco puede ser sostenible “cuando su estrategia comercial es definida en las oficinas ministeriales, afectando estructural y sistémicamente su rentabilidad”.
lA normativa ha avanzado sobre un derecho fundamental como resulta ser la libre decisión de fijar precios en base a factores como, la oferta y demanda, sus fortalezas competitivas, su estructura comercial (AmCham)
Según los empresarios, la disposición sobre precios máximos fue “una decisión unilateral del gobierno, que desoye la predisposición de las empresas, conscientes de la situación social de nuestro país, al verse imposibilitados de orientar su oferta o portafolio hacia audiencias con distintos niveles de poder adquisitivo”.“Además, subestima a los usuarios y consumidores en su posibilidad de elegir libremente aquellos productos que desean o pueden adquirir basándose en gusto, precio o calidad”, añadieron. En otro orden, afirmaron que el diálogo del Gobierno con los sectores empresarios ha sido fluido, sin embargo, aseguraron que “existe una falta total de certidumbre hacia futuro, comprometiendo seriamente los márgenes de rentabilidad y, por ende, la capacidad de las empresas en generar empleos directos e indirectos en el corto plazo”. Para la entidad, una posible solución a fin de dar certeza es permitir aumentos escalonados para los próximos meses, lo que generaría un marco de entendimiento y previsibilidad. “Al día de hoy, seguimos insistiendo desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), junto a otras entidades empresarias, sobre la conveniencia de una transición definitiva del programa de precios máximos al programa de precios cuidados, liberando los productos alcanzados por la mencionada resolución 100/20, de manera tal de avanzar hacia un único programa que resguarde, por un lado, los derechos de los consumidores más afectados por los efectos económicos de la pandemia y brinde, por otro lado, perspectivas de crecimiento al entramado productivo afectado por esta disposición”, concluyeron.