(AMBITO) Efecto inflación: plazos fijos UVA volvieron a ganar terreno en mayo
Se observó por primera vez en el año un incremento en términos reales de los depósitos privados del 1,2% mensual, y en términos anuales, fue el octavo mes consecutivo con aumento en términos reales, del 2,5%.

La aceleración inflacionaria de los últimos meses y la relativa estabilidad en los dólares paralelos, animó a los inversores a colocarse en instrumentos en pesos, factores que explican la dinámica positiva de los plazos fijos, y el creciente interés de los inversores por los plazos fijos UVA.

Según un informe de la Consultora LCG, en mayo se observó por primera vez en el año un incremento en términos reales de los depósitos privados del 1,2% mensual, y en términos anuales, fue el octavo mes consecutivo con aumento en términos reales, del 2,5%. En esta línea, señalan que los plazos fijos continúan con una dinámica positiva, con un crecimiento del 1% mensual real en mayo. Dicha evolución, al igual que en meses anteriores, se explica por las colocaciones mayoristas, que “crecieron 1,8% mensual real, aportando un 87% del crecimiento nominal del mes y actualmente están representando casi un 78% de las colocaciones totales. En lo que va del año, este tipo de colocaciones llevan acumulado un crecimiento real de casi 12%, incrementando su participación sobre el total de colocaciones en 4 puntos” detalló el informe.

Dentro de las colocaciones a plazo, los plazos fijos que ajustan por UVA se destacaron como los más dinámicos. A pesar de que en mayo desaceleraron en 5,3 puntos respecto a la variación de abril (5,5% mensual), ganaron mucho más terreno en el caso de los minoristas, “explicando este tipo de colocaciones ajustables minoristas un 26% del crecimiento nominal mensual”. Asimismo, el informe detalla que, del total del crecimiento de los plazos fijos en el mes, terminaron aportando un 7%.

Matías de Luca, economista en LCG, explicó que “los plazos fijos UVA continúan creciendo fuertemente. El desacelere respecto a abril es porque marzo y abril fueron dos meses con mucha inflación, lo que fomentó la constitución de estos instrumentos. En mayo, también crecieron, solo que desacelera porque las expectativas de inflación para mayo y junio bajaron, entonces tras la disparada en marzo y abril, continúan creciendo, pero algo más tranquilo”.

Sobre las expectativas hacia adelante, Lucio Garay Méndez, economista en Eco Go, señaló que “con este nivel de nominalidad y un Banco Central que corre a la inflación por detrás, esperamos que los plazos fijos tradicionales se mantengan estables mientras que aquellos atados a la inflación sigan creciendo”.

Asimismo, desde LCG, consideraron que “en un contexto de aceleración inflacionaria y con expectativas que difícilmente logran anclarse en el corto plazo, entendemos que los depósitos ajustables por CER continuarán ganando participación en la medida que las proyecciones de una inflación más elevada se mantengan. A su vez, una política monetaria más contractiva por parte del BCRA podría lograr empezar a competir con las colocaciones ajustables por inflación”.

Por otro lado, en mayo los depósitos a la vista dejaron al sendero contractivo iniciado en enero, y aumentaron un 2% real mensual. Este crecimiento fue impulsado por las cajas de ahorro, +2,2% mensual real, tanto como por las cuentas corrientes, +1,8% mensual real. Respecto a un año atrás crecieron 4,6% real.

Sobre este punto, Garay Méndez advirtió “en los próximos meses hay varios factores que se contraponen por el lado de los depósitos a la vista. Por un lado, la mayor emisión de pesos por el refuerzo de ingresos y el aguinaldo haga que los depósitos a la vista se incrementen. Sin embargo, la incertidumbre que hay hoy en la economía incentiva a que esos depósitos se dolaricen o vayan a parar a plazos fijos UVA”.

Préstamos
El 2022 continúa posicionándose negativo para los préstamos en pesos. Mayo fue el quinto mes consecutivo con contracción (-0,5) y en lo que va del año los préstamos en pesos acumulan una caída del 7,2% en términos reales. Sin embargo, desde LCG destacan que “en términos anuales, se expandieron un 2,3% real, posiblemente explicada por las bajas bases de comparación del mismo mes del año 2021”. Sobre las expectativas a futuro, el informe apunta que “con un mercado financiero poco difundido y un crecimiento económico que no termina de consolidarse, es de esperar que la suba de tasas tenga un impacto menor sobre la demanda de crédito”.

(AMBITO) Reservas: apuestan al crédito comercial, bancos multilaterales y la soja para apuntalar la meta anual
La financiación de importaciones alivió pagos por u$s1.500 millones y buscan ampliarla. Esperan más agrodólares. Con el objetivo trimestral de acumulación de divisas en cuestión funcionarios afirman que, si se diera un eventual desfase, podría compensarse en el segundo semestre.

La escasez de divisas y las dificultades para cumplir la meta de acumulación de reservas pautada para el segundo trimestre en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es uno de los temas de discusión clave de la agenda económica actual. Dentro del Gobierno, con el FMI y en el mercado. De la capacidad de retener en las arcas del Banco Central los dólares de la liquidación récord de divisas dependerán, en parte, las chances de sostener el ritmo de recuperación de la actividad económica, en el contexto global desafiante marcado el shock de la guerra.

Los altos precios de la energía, los pagos de deuda financiera privada y la demora en la llegada de los desembolsos comprometidos por bancos multilaterales dificultaron la recuperación de las reservas netas. La meta pactada con el Fondo establece que para fines de junio deberían acumular un alza de u$s4.100 millones respecto del nivel de diciembre de 2021; a fines de mayo, según cálculos del economista Leandro Ziccarelli, estaban unos u$s2.600 millones por debajo de la cifra requerida. Si bien apuntan a lograrlo y el Gobierno descartó un pedido de “waiver”, algunos funcionarios admiten que podría complicarse el cumplimiento del objetivo del segundo trimestre en tiempo y forma. Aunque consideran que eso no sería problemático y afirman que, en caso de existir algún desfase temporal, habrá comprensión en Washington: eventualmente, confían en compensarlo en el segundo semestre y cumplir con la meta anual de acumulación de u$s5.800 millones.

Para ello, el Gobierno apuesta a la reversión de algunas de las variables mencionadas, fundamentalmente la llegada de préstamos de la banca multilateral y la aceleración de las exportaciones de soja. También al impacto de las últimas regulaciones del BCRA en la reapertura del crédito comercial, un punto en el que comienzan a ver algunas señales positivas. Según datos del equipo económico a los que accedió Ámbito, la incipiente recuperación del financiamiento para el pago de importaciones permitió que en lo que va del año se pagaran en efectivo u$s1.500 millones menos por los bienes ingresados al país.

Este monto sirvió para morigerar un poco el shock externo, aunque no alcanzó para acelerar las compras de divisas del Central en los primeros meses de la temporada alta de liquidación de agrodólares. Pero el objetivo oficial es que el crédito comercial siga creciendo y, por eso, la autoridad monetaria les pidió a los bancos que habitualmente otorgaban líneas de préstamo para importadores que retomen esa práctica, caída durante los últimos años.

En concreto, entre enero y mayo de 2022 se registraron en Aduana importaciones récord a precio FOB (libre a bordo) por u$s30.500 millones, pero las divisas demandadas en el mercado oficial por parte de las empresas para afrontar las compras al exterior totalizaron unos u$s29.000 millones. En buena medida, afirmaron fuentes oficiales, eso se debe a la financiación de importaciones.

En los años anteriores, la tendencia era inversa: salían más dólares para cancelar importadores de los que se necesitaban para pagar la mercadería ingresada al país. Esto se debió al auge del pago anticipado de importaciones, una práctica que suele incrementarse en contextos de alta brecha cambiaria y de especulaciones con un eventual salto devaluatorio. En 2020, se pagó importaciones por u$s41.900 millones, mientras que por Aduana pasaron u$s40.300 millones FOB; en 2021 se canceló u$s61.100 millones, muy por encima de los u$s59.300 millones de mercadería ingresada.

La dinámica actual responde en parte a una regulación del BCRA (la comunicación A 7466) que restringió el acceso al mercado de cambios para los importadores por hasta un 5% adicional del valor importado en 2021 o un 70% más que lo comprado en 2020, y obliga a financiar a 180 días cualquier excedente. La medida, que fue muy cuestionada por parte de las empresas y derivó en algunas adecuaciones para paliar problemas sectoriales, está vigente de marzo, pero según los funcionarios empezó a tener algo más de impacto en la reducción de los pagos en efectivo a partir de abril. Esperan que el efecto se amplíe en los próximos meses.

Según supo este diario, ese es uno de los argumentos que utilizan los negociadores argentinos ante el FMI para sostener que Argentina tendrá los dólares necesarios para crecer alrededor del 5,5% este año, un punto por encima de lo previsto en el acuerdo, y al mismo tiempo cumplir con una meta anual de reservas que, dicen, no está en discusión. Todo eso ante un organismo que suele recetar un enfriamiento de la economía en pos del objetivo de reservas y un oficialismo que tiene a la administración de los dólares como un eje de debate.

En algunos despachos oficiales sostienen que, en caso de no llegar a cumplirse con la acumulación de divisas pautada para fines de junio, podrá recalibrarse la temporalidad de ese objetivo y compensarse en el segundo semestre ya que el eventual desfase respondería a factores “exógenos”, como el impacto de la guerra en el valor de las importaciones energéticas y la demora en la llegada de desembolsos de bancos multilaterales.

Sobre este último punto, estaba previsto en los números pactados con el Fondo que para este momento del año hubiera un saldo neto positivo entre los desembolsos y los pagos de unos u$s700 millones. Pero cierta demora en la llegada de giros de entidades como el Banco Mundial, el BID y la CAF hace que el saldo en lo que va de 2022 sea levemente negativo, lo que atenta contra el objetivo de reservas trimestral. “Puede que haya algún desfasaje en alguna proyección trimestral, pero que se compensa luego”, aseguró una fuente oficial a Ámbito. Y señaló que el próximo desembolso de envergadura se espera que lo envíe el BID a fines de junio o principios de julio por unos u$s500 millones.

Además, en el equipo económico creen que, pese a las liquidaciones récord del agro (impulsada hasta ahora por los precios), hay una porción significativa de la cosecha de soja aún por exportarse que incrementará los ingresos en las próximas semanas. Con todo, descartan los rumores que circularon en las últimas horas sobre un nuevo endurecimiento del cepo.

La meta de reservas es uno de los tres criterios de desempeño (junto al recorte del déficit fiscal y del financiamiento monetario) que monitorea el FMI a la hora de aprobar los desembolsos con los que se refinancian trimestre a trimestre los u$s45.000 millones de deuda que tomó Mauricio Macri. En lo próximos días se espera que el organismo apruebe la revisión de los objetivos correspondientes al período enero-marzo.

(AMBITO) Alberto Fernández y Martín Guzmán presentaron el proyecto de renta inesperada
Es con un acto en el museo del Bicentenario, en la Casa Rosada. Previamente el primer mandatario recibió a Matías Kulfas, quien le presentó su renuncia al cargo de ministro de Desarrollo Productivo.

El presidente Alberto Fernández, acompañado del ministro de Economía, Martin Guzmán, dio detalles del proyecto de ley que gravará la renta inesperada, es decir los beneficios extraordinarios que recibirían determinados sectores como consecuencia de la suba en los precios internacionales derivada de la guerra en Ucrania.

La norma deberá ser tratada por el Congreso, donde necesitará el respaldo de una oposición que ya adelantó su rechazo a la medida avalada por el Fondo Monetario Internacional.

El presidente Alberto Fernández consideró este lunes que la aprobación del proyecto de ley que impone una alícuota a la renta inesperada a las empresas favorecidas por el incremento extraordinario de sus ganancias «no es una obligación del Frente de Todos sino de todos los diputados y senadores», en un debate similar al que dieron países como Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos.

«Lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. Hemos venido a poner igualdad y a construir justicia social», aseveró el Presidente al encabezar el acto de presentación del proyecto en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno.

Previamente, el primer mandatario recibió a Matías Kulfas, quien le presentó su renuncia al cargo de ministro de Desarrollo Productivo. La semana próxima será reemplazado por el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli.

El proyecto de gravar a la renta inesperada fue anunciado el pasado 18 de abril pasado en un acto que fue interpretado como un respaldo al titular del Palacio de Hacienda (frente a las críticas del kirchnerismo). En el Salón Blanco y con la presencia de por casi todo el gabinete nacional, el presidente -acompañado sólo por Guzmán- dio a conocer una serie de ayudas para atender la suba de los precios. Fue cuando se comunicó que sectores informales recibirían unos 18.000 pesos en dos cuotas. Asimismo, se reforzaron los ingresos para jubilados y pensionados.

La idea de gravar a empresas que tuvieron una renta inesperada, producto de la guerra con Ucrania, fue anticipada por el titular del Palacio de Hacienda en un reportaje concedido a C5N unos días antes.

Pasó más de un mes sin novedades y en un momento dado pareció que el proyecto no saldría a la luz en virtud del fuerte rechazo tanto de sectores de la oposición como del empresariado. También diversos tributaristas platearon dudas respecto a si esta iniciativa no representaba una doble imposición.

En su momento, Guzmán anticipó que se trabajaba sobre la idea de aplicar una alícuota enfocada en las empresas con ganancias netas imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos. Estimó que para el año pasada se ubicaban en esta categoría sólo el 3,2% de las empresas.

«Estamos frente a un shock sin precedentes desde el punto de vista de la combinación de la pandemia y las medidas para lidiar con eso y la guerra en Ucrania. Como sociedad, debemos construir una solución y esa es la convocatoria que hace el Gobierno nacional», afirmó el ministro al presentar la iniciativa en abril.

Como criterio para la imposición de la alícuota se incluye que la ganancia neta imponible real haya crecido en forma significativa en el presente año con relación al anterior.

Se estima que los sectores alcanzados serían el agronegocio -particularmente la zona núcleo pampeana-, el petróleo y la minería.

Otro tema importante que anticipó el ministro es que se aplicaría una alícuota menor a la renta inesperada a aquellas empresas que canalicen estos excedentes hacia la reinversión productiva.

También aclaró que el objetivo de la iniciativa es no recaer sobre las personas humanas y se buscará no afectar ni a las inversiones ni a la rentabilidad.

En el plano internacional existen antecedentes de impuestos sobre las ganancias “caídas del cielo” y consenso en cuanto a la necesidad de morigerar los impactos en la suba de precios.

(AMBITO) Argentina, ante la posibilidad de volver a pasar por el board del FMI
Los cuestionamientos más importantes se resolverán cuando el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, analice los datos que le envíen los responsables del caso argentino, la norteamericana Julie Kozac y el venezolano Luis Cubeddu. El problema ahora es saber si en este proceso intervendrá el board.

La primera misión virtual del Fondo Monetario Internacional (FMI) está llegando a su fin, con la esperanza local (con expectativas fundadas) de aprobar el cumplimiento de las metas del primer trimestre del año. Se sabe también en Buenos Aires que, hasta aquí, los cuestionamientos más importantes se resolverán cuando el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, analice los datos que le envíen los responsables del caso argentino, la norteamericana Julie Kozac y el venezolano Luis Cubeddu, para luego, se supone, aprobar los porcentajes y números planteados desde Argentina para el período enero-marzo. Y, eventualmente, deslizar el comentario positivo para el segundo semestre del año, donde las partes también confían en que las metas se cumplirán.

El problema ahora es saber si en este proceso intervendrá el board del FMI. Más estrictamente, si simplemente la aprobación del primer trimestre dependerá de Goldfajn y el máximo tribunal del organismo solo se verá notificado por lo que cuente el responsable del Hemisferio Occidental; o si, por el contrario, los países miembros del directorio querrán abrir una audiencia específica para que el brasileño israelí, su número dos y el delegado para el caso argentino cuenten cómo marcha la economía local. Y qué perspectivas futuras tiene para cumplir con los compromisos firmados en el Facilidades Extendidas. Si esto último es la actitud que predomina en el directorio, no está en duda la aprobación de las metas, pero sí habrá que esperar una catarata de críticas; similar a las escuchadas también en la reunión del 25 de marzo. Ese día el board aprobó por amplia mayoría (casi absoluta) el Facilidades Extendidas. Sin embargo el directorio fue claro y directo en el reclamo al gobierno de Alberto Fernández para que avance en reformas estructurales y no se desvíe ni un centímetro de lo comprometido en el texto del acuerdo. El board incluso le dejó en claro a Goldfajn que era el responsable máximo de la secuencia de aprobación basada en el cumplimiento de metas (innegociable) y objetivos (negociables), durante del acuerdo que derivaría en un cronograma de pagos que culminaría en 2035.

El debate del caso argentino es clave, ya que el directorio es quién debe aprobar el desembolso de unos u$s4.100 millones para que se pague el segundo vencimiento pactado con el organismo, por la renegociación por un nuevo crédito para repagar el fallido stand by de 2018 firmado por Mauricio Macri.

Según los cálculos que se hacen en Buenos Aires, el país mantiene firme un apoyo del 70% de los votos en el directorio. A ese nivel se llega garantizando Alemania, Francia, España y otros países europeos votarían a favor del país. Se suma la aprobación de Rusia y China, más los países árabes (especialmente los del Golfo Pérsico, con presencia fuerte en el directorio del FMI), además de, lógicamente, toda América Latina y el África. Se confía además que se lograrían más consensos con países clave como Canadá y lo que resta de la Unión Europea.

Falta resolver el estratégicamente clave voto de los Estados Unidos, que representa el máximo porcentaje de aprobación con un 17% de los votos. En este caso, a diferencia de la aprobación de un acuerdo de Facilidades Extendidas, no se necesita la mayoría especial del 85%, con lo que podría haber un voto negativo de ese país. Sin embargo, si esto ocurriera, sería una situación compleja. Cobra entonces más vuelo el encuentro que el presidente Alberto Fernández mantendrá con su par norteamericano Joe Biden, con quién en horas compartirá la cumbre de las Américas en Los Angeles.

En total el board está integrado por 24 directores ejecutivos que representan porcentualmente diferentes niveles de poder dentro del organismo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno; mientras que los 16 restantes lo eligen según bloques de estados. Argentina, a través del enviado local, Sergio Chodos, ocupa el grupo con Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.

(AMBITO) Semillas: las principales empresas se unieron en un intento por cobrar regalías
Lanzaron el sistema Sembrá Evolución que busca brindarle un marco sencillo al productor. Desde esta campaña, se podrá adquirir cualquier variedad de soja con tecnología Enlist y otras alternativas tolerantes a glifosato. Guiño oficial.

Es uno de los principales temas pendientes que actualmente tiene la agricultura local: las principales empresas semilleras vienen reclamando de larga data una nueva ley de semillas que establezca un marco regulatorio para cobrar por la tecnología que ofrecen. Lo cierto es que según los registros oficiales solo el 30% del área sembrada (principalmente de soja y trigo) proviene de semillas legales, el resto se lo denomina “bolsa blanca” y es resultado de las continuas multiplicaciones de los productores en los campos. Para revertir este escenario, que en la práctica desalienta los proyectos de investigación y desarrollo y que a la par atrasa el paquete tecnológico disponible, un grupo de empresas se unió para lanzar un sistema privado que intentará cobrar por la tecnología y regalías de una manera sencilla y de fácil acceso para el productor.

Esta iniciativa denominada “Sembrá Evolución”, si bien es 100% privada, contaría con el guiño del Gobierno que incluso en el demorado proyecto de fomento a la Agroindustria establece beneficios impositivos, vía descuento del impuesto a las Ganancias a partir de la adquisición de semillas certificadas. Las empresas que lanzaron este nuevo modelos de negocios son hasta el momento Bioceres, Brevant, Don Mario, Illinois, Macro Seed, Nidera, Neogen, NK, Pioneer y Stine, pero en el mediano plazo se espera que otras grandes compañías del rubro se sumen.

En relación a la obtención de la licencia de uso, Damian Torino, de Nidera Semillas, explicó que el productor, a través de la autogestión, o el comercio autorizado, pueden ingresar a www.sembraevolucion.com.ar y solicitar la licencia de uso para la marca de variedades que fuera a sembrar. “Con un simple ingreso de los datos de la empresa y posterior firma, queda emitida la licencia. Ésta la otorga cada semillero para las variedades que comercializa bajo Sembrá Evolución, sean Enlist, o tolerantes al glifosato, o convencionales. Por ejemplo: para todas las variedades Enlist, Nidera va tener una licencia que incluye todas las variedades Enlist que comercializamos; luego otra licencia para las variedades de soja resistente al glifosato y trigo. Si un productor siembra variedades de diferentes semilleros, deberá firmar la licencia con cada de ellos. Se extiende por única vez”, dijo.

El modelo está basado en el concepto de «hectáreas tecnológicas» (HT), que dan al productor créditos para entregar la cosecha en el puerto, que pueden ser tres toneladas de soja por hectárea comprada a través del programa. También está la opción de pre certificación de hectáreas que libera el tonelaje entregado en el puerto.

El valor de la HT de las variedades incluye el pago de todos los desarrollos para la siembra de una hectárea de dicha variedad. En tanto, otro dato clave es que cada semillero publicará cada año en su propio sitio web el valor de la HT de nueva producción. Esto será en la previa a la campaña, para que cada productor tenga previsibilidad sobre el costo de producción.

Como punto inicial se comercializará variedades de Soja Enlist, nuevas variedades de soja resistentes al glifosato, trigo, y la intención es incorporar otros cultivos como maní, garbanzo, arveja y otras legumbres en el corto plazo.

En la industria semillera remarcan que es indispensable que haya un mayor uso de semillas certificadas en la Argentina porque de esa manera es un incentivo directo a las multinacionales para que continúen brindando nuevas tecnologías adaptadas a los suelos locales y ampliar la productividad y calidad de los granos sin necesidad de sumar hectáreas.

En concreto fueron varias las empresas multinacionales que en los últimos años dejaron de invertir en el país producto del nulo avance de un marco regulatorio que avale controles directores sobre las tecnologías a las que acceden los productores. Este nuevo sistema propone, entonces, acercarse en forma directa a los agricultores que quieran pagar por la tecnología, que puedan hacerlo de una manera sencilla y que a su vez reciban incentivos directos por parte de las empresas y mejores precios por los materiales.

(AMBITO) Dólar: Gobierno niega que este analizando endurecer el cepo cambiario
El Banco Central (BCRA) niega que esté analizando endurecer las restricciones cambiarias ante la dificultad del organismo en acumular reservas. La respuesta aparece a raíz de una nota periodística y de un mensaje que circula a través de Whatsapp.

El Banco Central (BCRA) niega que esté analizando endurecer las restricciones cambiarias ante la dificultad del organismo en acumular reservas. La respuesta aparece a raíz de una nota periodística y de un mensaje que circula a través de Whatsapp en relación al dólar tarjeta y el pago de deuda de empresas privadas.

En uno de los mensajes difundidos se afirma que «el Gobierno Nacional estaría anunciando en las próximas horas que los resúmenes en u$s de tarjeta se deberán pagar con u$s. Esto implica que se deberá acceder mediante el dólar MEP a los u$s», asegura uno de los mensajes al mismo tiempo que indica que el dólar bolsa «se puede elevar fuerte en los próximos meses».

Fuentes consultados por Ámbito, descartan la posibilidad de restricciones al dólar tarjeta pese a que es uno de los canales por los cuales se «escapan» los dólares. Según el último informe oficial, los argentinos compraron en forma neta durante abril u$s470 millones para atesorar o para atender gastos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes.

Otro de los rumores que circularon refiere a la deuda privada de las empresas. Un reciente informe de la consultora Delphos Investment indica que los pagos de deuda privada son uno de los tres obstáculos (además de las importaciones energéticas y el déficit en servicios) que enfrenta el Banco Central “a pesar de los altos precios de las exportaciones agrícolas”. Ante la consulta de este medio, el organismo liderado por Pesce también descarta cambios en la normativa que rige hasta el momento.

Durante el 2020, el Banco Central dispuso para las empresas que los vencimientos de deuda debían ser refinanciados con recursos propios en un 60%, para acceder a un financiamiento del Central por el 40% restante. Las medidas tomadas buscaban dar sostenibilidad al proceso encarado por esas empresas para desendeudarse, en el marco de la disponibilidad de divisas para garantizar el funcionamiento de la actividad económica. Vale recordar que el proceso de endeudamiento externo entre 2015 y 2019 alcanzó también a las empresas del sector privado que incrementaron en u$s19.000 millones sus deudas con el exterior.

Desde el Central se aclaró que la salida de divisas por deuda financiera es menor, dado que los préstamos hechos por bancos locales, aun cuando estén nominados en dólares, son convertidos a pesos, lo que hace que tengan un efecto neutro sobre las reservas. A fines de mayo en una entrevista radial, Pesce hizo alusión al tema: «Las deudas con las casas matrices no están permitidas y hay un control fuerte en ese sentido», aseveró y señaló que la «cesación de pagos» de las empresas públicas y privadas por no acceder a dichos dólares «tendría consecuencias muy negativas».

Recientemente, IRSA, la empresa que preside Eduardo Elsztain, está cerca de cerrar el canje de un bono por u$s360 millones con vencimiento en marzo de 2023 por otro instrumento que vencerá en marzo de 2028. El cierre de esta operación se concretará el 16 de junio próximo. «Dentro de las restricciones impuestas por el Banco Central para la compra de divisas, hemos diseñado una propuesta que creemos que es atractiva para todos los tenedores», aseguró Matías Gaivironsky, CFO de IRSA.

La semana pasada, en AM750 el ministro de Economía, Martín Guzmán, recogió el guante de las críticas por la dificultad del Banco Central en las compras de la divisa extranjera. El Ministro de Economía se refirió al debate que se dio en el seno del Gobierno tras el canje de la deuda con acreedores privados completado en 2020. Allí dio a entender que planteó en su momento una alternativa de restricción de acceso a los dólares del BCRA. Según su palabra esto implicaba una suerte de desdoblamiento del tipo de cambio. Algo que, en principio, según supo Ámbito por fuentes oficiales, sería imposible por dos razones: primero porque implicaría un sistema muy complejo de aplicar y en segundo lugar, porque no está aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cuál es la situación de las reservas
Según el último informe del balance comercial medido por el INDEC, los primeros cuatro meses se registró un superávit de u$s2830 millones. A esto se le suma la buena liquidación del agro en mayo que también es récord.De acuerdo a CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador registró un crecimiento en mayo del 33,4% respecto de abril y de 19,3% a nivel interanual, al ubicarse en los u$s4232 millones, un récord histórico para solo un mes.

Sin embargo, desde que empezó el 2022, el BCRA anota un saldo neto a favor por u$s891 millones, una diferencia del 15,4% respecto a lo obtenido en el mismo lapso el año pasado. En el corriente mes que apenas registró tres días hábiles, la situación no parece mejorar lo suficiente: el miércoles, el BCRA vendió u$s15 millones, el jueves compró u$s10 millones y el viernes compró otros u$s2 millones.

Con este panorama, comienza una suerte de epopeya. Si bien el Gobierno confía en que logrará atravesar sin problemas la primera revisión del FMI lo más difícil comienza ahora. El organismo liderado por Pesce deberá realizar compras en torno a los u$s2300 millones (una suerte de u$s115 millones en cada día hábil) para alcanzar el cumplimiento de Reservas Netas acordado con el FMI (u$s2900 millones) en el segundo trimestre.

(INFOBAE) Más problemas con el gasoducto: hay dudas sobre su financiamiento por la falta de aprobación del Presupuesto
La judicialización de la obra puede poner la lupa sobre el origen de los fondos destinados a su construcción: Enarsa le destina más de $60.000 millones provenientes del impuesto a las grandes fortunas pero la ley no lo permite

La judicialización de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner en la que derivó la salida del ex ministro de Producción, Matías Kulfas, puede deparar nuevas sorpresas que traben la obra, en este caso más ligadas a la impericia que a la corrupción.

Más allá del manto de dudas que ahora sobrevuela el proceso de licitación y de la presión de Cristina Kirchner para que Techint produzca en Argentina la chapa que prevé importar de Brasil, lo cierto es que el proyecto tiene una falencia de origen: su financiamiento. Se trata de un tecnicismo que, de no subsanarse, podría dejar en términos legales a Enarsa sin la principal fuente de recursos para fondear el primer tramo de la obra. Y podría derivar también en un pleito por malversación de fondos públicos.
Los fondos asignados hasta el momento a la construcción del gasoducto ascienden, según la información pública de la compañía estatal a cargo, unos $178.350 millones, de los cuales más de una tercera parte -unos $60.190 millones- provienen de lo recaudado en 2021 por el Aporte Solidario, conocido informalmente como el “impuesto a la riqueza”. Se trata del 25% del total obtenido por el Fisco con este gravamen, tal como se determinó en la ley 27.605 que lo instaló.

Sin embargo, el texto fue bien específico respecto al destino de esos fondos y estableció que debían orientarse a “programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional” a través la entonces Integración Energía Argentina (IESA), hoy nuevamente Enarsa. En otras palabras, por ley, los fondos del Aporte Solidario debían destinarse a lo que en la industria petrolera se denomina upstream. Las obras de infraestructura para el transporte (midstream), escapan entonces a esa definición tan concreta.

El proyecto tiene una falencia de origen: su financiamiento. Se trata de un tecnicismo que, de no subsanarse, podría dejar en términos legales a Enarsa sin la principal fuente de recursos para fondear el primer tramo de la obra. Y podría derivar también en un pleito por malversación de fondos públicos
Por eso, en septiembre del año pasado el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2022 un artículo para modificar la aplicación de esos recursos. En el artículo 101 se resolvió la modificación de la ley del impuesto a las grandes fortunas para adecuarlo a las necesidades de financiamiento del gasoducto. Así, el proyecto de Presupuesto estableció en ese artículo que se destinaría 25% de lo recaudado por el polémico tributo no sólo a exploración y desarrollo sino también a “construcción, mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”, siempre a través de la rebautizada Enarsa. Pero el proyecto de Presupuesto nunca se aprobó, por lo cual se mantiene sin modificaciones el texto original de la ley que impuso el aporte extraordinario, lo cual a su vez deja al gasoducto sin una fuente clave de financiamiento.

El punto fue advertido por el economista especializado en energía y también cuestiones presupuestarias -fue subsecretario de Presupuesto- Nicolás Gadano. “Si se judicializa el gasoducto, aparecerá el problemita de la malversación de los fondos del Aporte Solidario, que por ley deben destinarse al upstream, no a la construcción de infraestructura de transporte”, advirtió, al tiempo que, en diálogo con Infobae, se mostró sorprendido por la falta de atención al detalle. “No se puede resolver por decreto, como es una cuestión tributaria, debe corregirse por ley. Pero evidentemente mucho no les importa, no le están prestando atención pero si se judicializa por otros temas, alguien va a levantar el punto”, afirmó.

Los fondos asignados a la construcción del gasoducto ascienden a $178.350 millones, de los cuales más de una tercera parte -unos $60.190 millones- provienen de lo recaudado en 2021 por el Aporte Solidario, conocido informalmente como el “impuesto a la riqueza”
Tal vez ahora el principal interesado en subsanar cualquier “irregularidad” sea Techint, el adjudicatario de la provisión de caños con cuya subsidiaria SIAT el contrato aún no se firmó ni, mucho menos, se pagó.

En cualquier caso, existe un antecedente con un conflicto similar, derivado de la falta de aprobación del Presupuesto. Es el que mantiene el campo con el Gobierno respecto de las retenciones, cuya alícuota se incrementó gracias a la delegación de poderes en la ley de Presupuesto. Como no se aprobó un nuevo Presupuesto para este año, la Sociedad Rural considera que la delegación de poderes ha cesado mientras que el Gobierno considera que se mantiene intacta porque se mantiene en vigencia el texto del año anterior. La disputa, en definitiva, está sujeta a interpretación.

En este caso, sin embargo, es diferente. Porque en el Presupuesto 2021 no hay mención alguna al aporte solidario, aprobado en diciembre de 2020 cuyo texto se buscó modificar, precisamente, para este año.

(INFOBAE) Crece el goteo: al Banco Central ya se le escaparon USD 2.400 millones por el “dólar tarjeta” en lo que va del año
Son compras de pasajes y gastos de argentinos en el exterior. El gasto mensual ya supera los USD 500 millones. A la presión sobre las reservas se suma la demanda de “dólar solidario”

La reapertura de los viajes al exterior tras dos años de cierre casi total por pandemia le está pasando factura al Banco Central. En los primeros cinco meses del año el dólar tarjeta ya costó nada menos que USD 2.400 millones y podría incluso acelerarse en los próximos meses. En realidad las cifras oficiales llegan hasta abril, pero se estima que mayo habría repetido una salida cercana a los USD 500 millones, similar a los últimos dos meses.

La proximidad de las vacaciones de invierno y el agregado de frecuencias internacionales (por ejemplo a Italia) generarán seguramente un pico de gastos en el exterior. El Mundial de Qatar también suma presión porque muchos argentinos están contratando paquetes para presenciarlo.
Si el BCRA no tuviese este déficit de la balanza turística, cumpliría de sobra con las exigencias en materia de acumulación de reservas que se acordó con el FMI. A esta altura es un hecho que no se alcanzará con lo estipulado para el segundo trimestre. Si se pedirá un “waiver” o se modificarán las metas es un tema ya a esta altura anecdótico. El economista Gabriel Rubinstein, por ejemplo, estimó que la meta estipulada para fin de junio se incumplirá en alrededor de USD 1.000 millones. Y esa diferencia no podrá ser remontada en la segunda parte del año

Si bien el complejo cerealero viene liquidando a un ritmo récord, el Banco Central no logra acumular reservas, al menos está muy lejos de las previsiones. En lo que va del año apenas sumó USD 900 millones por intervenciones en el mercado cambiario. El año pasado en esta misma época ya sumaba casi USD 6.000 millones. La jornada de ayer fue un ejemplo claro de esta dinámica preocupante: el agro vendió USD 350 millones, pero el BCRA apenas pudo comprar USD 10 millones.

Hoy es indistinto pagar afuera con dólares, pero es evidente que la mayoría prefiere seguir usando la tarjeta. Existe además el incentivo de pedir la devolución del 35% del impuesto a las Ganancias, pero recién se estaría cobrando a partir de mayo de 2023
Las importaciones de gas y otros combustibles complicaron el panorama, ante la fuerte suba de precios internacionales como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, además, el “goteo” que sufre diariamente el Central por distintos motivos esta haciendo estragos.

Parte de esa salida de reservas está vinculada con los viajes y también con argentinos que usan la tarjeta para efectuar compras en el exterior aún sin salir del país. Ya en marzo y abril por el rubro “viajes y turismo” se fueron más de USD 500 millones en forma neta. Y a eso se agrega mayo que habría arrojado un nivel similar.

También complica el hecho que los turistas que ingresan a la Argentina cambian sus divisas por el mercado paralelo. Esto ayuda a que el dólar libre se mantenga estable, por debajo de los $ 210, pero por otra parte quita oferta en la operatoria de cambios oficial. La caja de ahorro especial para extranjeros que propuso el Banco Central terminó en un fracaso ya que su apertura resultaba demasiado engorrosa.

¿Hay margen para imponer alguna restricción sobre el funcionamiento del “dólar tarjeta? El titular del BCRA, Miguel Pesce, dejó trascender que no hay nada en estudio. Otros especulan con la posibilidad de un desdoblamiento cambiario. Eso implicaría, por ejemplo, pagar con tarjeta habría que recurrir al dólar Bolsa (o MEP). Pero ni Cristina durante el cepo cambiario de su segundo mandato ni Alberto Fernández ahora han optado por esa salida.

La escasa acumulación de reservas netas por parte del Central proyecta más problemas para la segunda mitad del año. Por ahora, desde el BCRA no plantean cambio alguno en la estrategia, que incluye una suba del dólar oficial de 4% mensual y la continuidad del “dólar tarjeta”
Ni siquiera el hecho que el dólar “tarjeta” y el libre se encuentren alineados, prácticamente en la zona de $ 205, ayudó para aflojar el uso de la tarjeta en el exterior. Hoy es indistinto pagar afuera con dólares, pero es evidente que la mayoría prefiere seguir usando la tarjeta. Existe además el incentivo de pedir la devolución del 35% del impuesto a las Ganancias, pero recién se estaría cobrando –con suerte- a partir de mayo de 2023.

El “goteo”, o perdida paulatina de reservas, también viene por el lado del denominado dólar solidario, es decir la pequeña ventana abierta para comprar hasta 200 dólares por mes a través del mercado oficial. Si bien la mayoría es rechazada por el “sistema”, los que sí pueden comprar le meten presión al BCRA. El promedio mensual se ubica en alrededor de USD 140 millones, una cifra nada despreciable en un contexto de escasez de divisas.

Aunque suena lógica cortar definitivamente ese “beneficio”, hasta ahora la decisión es mantenerlo, nuevamente ante el peligro de meter más presión al dólar financiero y que aumente aún más la brecha.

Cristina Kirchner también mostró preocupación por el comportamiento del mercado cambiario en su aparición el viernes, en el marco de los festejos por los 100 años de YPF. Allí habló de los que compran dólares “por deporte” y culpó a “la brecha”, que alienta la demanda de importadores y de todos aquellos que pueden ingresar al mercado oficial de cambios.