La propuesta presentada ante la SEC trata de reducir el riesgo para los bonistas de quedar dentro de un canje fracasado al volverlo inaplicable si no alcanza el acuerdo de tenedores con al menos el 50% de los bonos emitidos. También da premios a quienes entren y se guarda la posibilidad de castigar con bonos más largos y menos valiosos a quienes, en caso de activarse las CAC, entren a la fuerza al acuerdoLa nueva oferta del ministro de Economía, Martín Guzmán, presentada sin el consenso de los dos principales grupos organizados de tenedores de deuda Argentina, se apoya en tres incentivos y una amenaza para tratar de ganar el máximo grado de aceptación posible y así intentar acercarse a un cierre de la saga que reduzca las chances de que un grupo de holdouts litigue opte por la vía judicial. La jugada tiene sus riesgos, ya que los fondos más grandes tienen suficientes títulos en su poder como para evitar que el proceso alcance los niveles de aceptación requeridos para activar las cláusulas de acción colectiva (CAC) que fuerzan a los que rechazaron la oferta a atenerse a sus condiciones. Estas son las armas con las que Guzmán aspira a avanzar en dirección a un canje con 50% o más de participación, probablemente lejos de las CAC que eliminarían cualquier posibilidad de juicios prolongados en los tribunales de Nueva York, pero muy por encima de la pobre recepción que que tuvo la primera oferta allá por abril.

Términos de 2005 para algunos
El nuevo intento argentino -el cuarto desde que las negociaciones empezaron- permite a los titulares de bonos emitidos en los canjes 2005 y 2010 (conocidos como “bonos K”) intercambiar sus papeles por otros diseñados con las mismas condiciones legales. Antes de los aprendizajes duramente adquiridos en los tribunales de Nueva York, cuando un grupo de fondos distressed logró impedir los pagos de deuda argentinos para rechazar las condiciones de canjes que alcanzaron niveles de aceptación del 92%, los contratos daban más derechos y margen de acción legal a los acreedores. Los títulos argentinos emitidos luego de 2016, por el gobierno de Mauricio Macri (conocidos como “bonos M”), incluyen condiciones legales más favorables para el emisor. Por ejemplo, mientras que las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) de 2015 requieren el acuerdo de tenedores con 85% del total de los bonos emitidos y piso de 66,75% para canjear varias series juntas, el “indenture” 2016 requiere acuerdo de los bonistas con 66,75% del total emitido y piso de 50% en cada serie para canjearlas en conjunto (y alternativamente, se permite canjear múltiples series con 75% del total de las series como un mecanismo mas flexible). Por eso, la primera concesión que incluyó Guzmán en la nueva propuesta va por ese lado. Y esta orientada exclusivamente a los bonistas que tienen títulos Par y Discount, los papeles surgidos de los canjes. A esos bonistas, la oferta les permitirá conservar la indenture original. Según un análisis de Consultatio Asset Management, este es el primer punto que muestra una estrategia de tratar de quebrar la unidad entre dos grandes grupos de fondos, el Ad Hoc Bondholder Group (con tenencias de bonos emitidos después de 2016) y el Exchange Bondholder Group (que representa a bonistas del canje).} Los primeros, entre cuyos principales exponentes están Blackrock y Ashmore Group, presentaron en conjunto con el Exchange Bondholder Group una propuesta de canje que a la Argentina le supondría pagos por apenas USD 10.000 millones nominales más desde hoy hasta 2046, según cálculos de Gabriel Rubinstein & Asociados. Son montos que, a valor de hoy -un dólar hoy vale mucho más que uno dentro de 26 años- equivalen a USD 2.000 millones. No es económica la diferencia con estos fondos, que probablemente rechacen la oferta, sino que está asociada a la menor protección que les ofrece la indenture 2016.

Menos riesgo por aceptar
La segunda zanahoria que sumó la nueva oferta oficial tiene que ver con el establecimiento de un umbral mínimo de aceptación para la consumación del canje. Esto es, Guzmán le dice a los bonistas que adhieran tranquilos a la propuesta, ya que si al final no alcanzan el mínimo de participación establecido directamente no se le aplicará a ningún acreedor.
El umbral, cuyo nivel en un principio no había sido definido, se dio a conocer una vez que la propuesta se oficializó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado de los Estados Unidos. La primera condición que puede alcanzar el Gobierno para llevar adelante el canje es que el 66,6% del monto emitido en todos los bonos elegibles, los que están invitados a canjear, aceptan las condiciones de la nueva propuest.a.
Pero si esa primera condición no se alcanza, hay otra posibilidad, y es reunir dos condiciones en simultáneo. Una es la participación de tenedores con el 50% del monto emitido de cada bono K o 60% del total de los bonos K, por un lado, y; más 50% de cada bono M o 60% del total de bonos M, por el otro. Al establecer ese límite mínimo, Guzmán trata de eliminar temores de los bonistas ante una de sus estrategias más controvertidas. Se llama redesignación y es el derecho de la Argentina de excluir ciertos bonos de la votación general para, si se quiere, alcanzar así a gusto el porcentaje de aceptación. A grandes trazos, con las ofertas anteriores el Gobierno tenía el derecho de dejar afuera del canje a bonos que hayan tenido muy poca participación en el canje para elevar el nivel de aceptación del resto, alcanzar así los niveles que exigen las CAC y forzar a los tenedores que quedaron en minoría a entrar al canje.
En la nueva oferta Guzmán se reserva el derecho a emplear esa estrategia, pero al establecer un umbral mínimo de aceptación limita su capacidad de hacerlo. O, al menos, su capacidad de abusar de ese método forzando mayorías inexistentes. Este riesgo era uno de los reclamos más importantes de los bonistas, que llegaron a pedir organizar toda la operación según el indenture 2005 para evitar que el Gobierno tenga ese poder de decisión sobre el canje.
“Es una forma de dar seguridad al que no está seguro de entrar, porque puede dar su adhesión y si finalmente el canje termina siendo muy minoritario, el bonista no se queda pegado en un canje a medias”, explicó Juan Manuel Pazos de TPCG. “No necesariamente les va a garantizar que los fondos más reticentes entren al canje, pero tiene lógica para aquellos que están mirando lo que hacen los demás antes de decidir”, agregó.
La estrategia está siendo utilizada también por YPF. La semana pasada la petrolera lanzó una propuesta de refinanciación de uno de sus bonos que sólo se va a concretar si al menos el 70% del capital emitido entra a la operación. El modelo habría surgido de allí.

– Si se reasignan algunas series por una participación elevada, entonces el mínimo grado de participación debería superar el 50%.

Si se reasignan algunas series por una participación elevada, entonces el mínimo grado de participación debería superar el 60%. En definitiva, existen distintos escenarios en los cuales el Gobierno podría declarar nulo el canje si no se llega a determinadas mayorías. En un escenario de estas características, que implicaría un rotundo fracaso, se busca en principio resguardar a pequeños bonistas. El objetivo es que se animen a entrar sin esperar lo que harán los grandes fondos de inversión, muchos de los cuales se muestran reacios a participar. El “umbral mínimo de aceptacíon” es un concepto que aparece por primera vez en esta oferta de canje y busca asegurar un grado de adhesión superior al 50% para avanzar. De lo contrario, el Gobierno podría dar marcha atrás y dar por cancelada la transacción
La paradoja es que si la aceptación de los pequeños inversores es masiva, podría ponerse en aprietos a los fondos más grandes, inclusive a BlackRock, el gigante de Wall Street que se muestra como uno de los acreedores con mayores tenencias y más reacio a aceptar la propuesta del ministerio de Economía. Sucede que si el Gobierno consigue por lo menos el 66% de adhesión puede arrastrar a todos los que decidieron no entrar en la operación. Así figura en las Cláusulas de Acción Colectiva que aparecen en los bonos emitidos a partir de 2016. En el caso de los bonos del canje 2005 es mucho más difícil arrastrar a todos los inversores, ya que la participación requerida debe superar el 85%. Eso explica por qué la propuesta es muy superior para estos títulos que para el resto, con un valor presente cercano a los USD 60 (por cada USD 100 de deuda nominal) contra USD 53 de los títulos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Las especulaciones sobre cuál será el grado de adhesión final dan para todos los gustos. Sin embargo, aún prematuro tener un cálculo preciso. Por el momento solo uno de los consorcios de bonistas decidió aceptar la oferta, que es donde participan los fondos Fintech, Gramercy y Greylock entre otros. Pero aún no se ha pronunciado el consorcio Ad Hoc, donde participan BlackRock, Ashmore y Fidelity entre otros, ni Exchange Bondholders, que agrupa a los bonistas que participaron del canje 2005. El canje de ese año, por ejemplo, tuvo una participación del 76%, que en este caso sería considerada como más que aceptable.

(Infobae) Jorge Brito, de Banco Macro: “No hay billetes de 1.000 pesos, en el Central no dan abasto″
El banquero advirtió sobre la necesidad de lanzar un papel de $5.000, una posibilidad que el Gobierno analizó pero fue descartada. Además, apoyó la renegociación de la deuda y dijo que este lunes se dio un paso importante: «La oferta que hizo la Argentina, es lo máximo que se puede pagar». “Lamentablemente no hay billetes de 1.000 pesos. La Casa de la Moneda está emitiendo todo lo que se puede y no alcanza. Tienen que sacar billetes de 100 pesos atesorados para que alcance el circulante. Todo el mundo ha duplicado o triplicado la cantidad de dinero en efectivo que tenía. Le manifestamos esto al Banco Central pero no dan abasto”, señaló Jorge Brito, presidente del Banco Macro en declaraciones a Radio Rivadavia.
“Habría que sacar un billete de una denominación más alta, de 5.000. Sino, cuando tengamos que pagar los aguinaldos en diciembre va a haber un problema serio”, agregó el banquero, en relación a un proyecto que el Gobierno analizó pero luego descartó, según palabras del presidente Alberto Fernández. Brito explicó que pueden producirse algunos cuellos de botella en los bancos a raíz del pago del Ingreso Familiar de Emegencia (IFE), el bono de $10.000 que la Anses paga a familias sin otros ingresos para enfrentar la cuarentena. Recordó que cada pago del IFE representa casi 9 millones de beneficiarios y que ese movimiento “está concentrado en los bancos nacionales y genera una recarga muy importante en algunos bancos. Por eso se generan algunos problemas”. En la crisis del 2002 hubo que atender un montón de cosas y al sistema financiero. Hubo más de cinco que dejaron las llaves de sus bancos en la puerta del Banco Central “Los bancos extranjeros no reciben el pago del IFE y están cómodos con las sucursales con poca gente. En nuestro caso, hemos pagado el IFE a más de un millón de personas. Eso genera mucha gente y por ahí a algunos de nuestros clientes le genera molestias. Pero tenemos que entender que todos, dada la situación de emergencia, tenemos que colaborar”, señaló.
Brito destacó la solidez de los bancos argentinos y rechazó la idea de que el sistema financiero fue “el único ganador de todos estos años”. Al respecto, puntualizó: “Lo que hemos hecho fue capitalizar los bancos. El Banco Central sacó una normativa previendo que ningún accionista se pueda llevar la plata. Es importante entenderlo porque recordemos que en la crisis del 2002 hubo que atender un montón de cosas y al sistema financiero. Hubo más de cinco que dejaron las llaves de sus bancos en la puerta del Banco Central”. En relación con la situación económica generada por la pandemia de coronavirus, señaló: “Claramente, la economía está mal porque hemos decidido tratar de que haya la menor cantidad de enfermos, y por ende de muertos. En el AMBA hay un montón de gente en cuarentena, y no puede ir a trabajar. Hay mucha gente que sí la está pasando muy mal.” Los bancos extranjeros no reciben el pago del IFE y están cómodos con las sucursales con poca gente. En nuestro caso, hemos pagado el IFE a más de un millón de personas. Tenemos que entender que todos, dada la situación de emergencia, tenemos que colaborar
Al igual que otros empresarios, Brito pidió que las prevenciones sanitarias tenga cierta flexibilidad para reactivar la actividad económica: “Me parece importante que, más allá de lo que diga el equipo sanitarista del presidente, que lo está aconsejando muy bien, empecemos a pensar cómo hacemos para que la gente pueda empezar a trabajar, sin poner en riesgo a la sociedad. Hay que pensar cómo salir de esto. ¿Hay salida? Yo diría que sí”.

 Guzmán señaló que Argentina evalúa la alternativa de cerrar acuerdos parciales por la deuda. Y que ya se piensa cómo crecer. “Argentina reaccionó rápido implementando transferencias de efectivo, subsidios, reducciones impositivas para el sector privado, al tiempo que extendimos el subsidio por desempleo”. Las palabras son del ministro de Economía, Martín Guzmán, que ayer pareció dar por comenzado el escenario pospandemia, por lo menos en términos económicos.  “Estamos preparando el escenario de la pospandemia, donde el Estado va a desempeñar un rol vital”, apuntó el ministro, quien aseguró que “luego de la pandemia vendrán transformaciones estructurales”. En el marco del panel online “Economía de la inclusión en el mundo del Coronavirus: políticas para una recuperación sostenible”, organizado por la Universidad Oxford, Guzmán disertó junto a la vicepresidenta del Banco Mundial (BM), Carmen Reinhart; y la directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath. “Este es un shock sin precedentes que sucedió muy rápido y presentó riesgos que no se habían visto antes. En la Argentina ya estábamos sufriendo una crisis macroeconómica y estamos trabajando para resolverla”, aseveró el titular del Palacio de Hacienda. En relación con la última propuesta realizada por el país para reestructurar la deuda, Guzmán resaltó que “la Argentina hizo una oferta y ahora es el turno de los acreedores para decidir”. Precisamente más temprano, el propio Guzmán recibió el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI). “La oferta revisada de las autoridades argentinas es un paso importante en el proceso de reestructuración de la deuda con sus acreedores privados”. Así respondió el vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, a una pregunta de Ámbito, confirmando la información de este diario sobre el respaldo que buscaba el Gobierno. “Esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando de manera constructiva y oportuna con el objetivo de llegar a un acuerdo que coloque la deuda pública en un camino sostenible y establezca las bases para un crecimiento inclusivo y duradero en el futuro”, concluyó su declaración el vocero. En declaraciones radiales Guzmán señaló: “Argentina está considerando la posibilidad de no poder llegar a resolver todo. Sí una buena parte” En realidad, en el Gobierno ya desde el fin de semana los ánimos en Olivos no eran tan optimistas, tal como anticipó Ámbito. Es que conocían de primera mano la reacción negativa de dos de los grupos de bonistas más importantes: Ashmore y BlackRock. “Estamos viendo la posibilidad de cerrar con una parte acordada. Es decir, que no se llegue a la mayoría para cubrir el 100 por ciento de la deuda”, reiteró el titular del Palacio de Hacienda. Si bien el Gobierno de Alberto Fernández cuenta con apoyo internacional, según comentan en el entorno presidencial, como el Papa, que fue en su momento un factor decisivo para el buen vinculo que hoy se tiene con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, también hay que sumar el diálogo fluido con potencias, especialmente de Europa. Sin embargo, a pesar de estos apoyos en el seno del entorno presidencial admiten que posiblemente la negociación con estos grupos no se pueda encauzar. El ministro de Economía, Guzmán, en todo momento, argumenta que quisieron mantenerse dentro de los parámetros de sustentabilidad de la deuda externa fijados por el Fondo, incluso para explicar la demora en las negociaciones. Aunque, cabe señalar en este sentido, en más de una oportunidad diferentes voceros del organismo aclararon que dicho trabajo “era no vinculante” sino un análisis técnico a pedido de las autoridades argentinas. El informe del FMI entre otros considerandos macroeconómicos establecía que el Valor Presente Neto (VPN) a canjear no debían superar los 50 dólares por cada lámina de cien dólares. La nueva oferta argentina mejora las anteriores propuestas pero, como el propio Guzmán reconoce: “Hemos tenido acuerdos con un número de acreedores, pero hay un grupo de inversores muy importantes en el mundo, el comité Ad Hoc, con los cuales no hemos tenido acuerdo. En un momento dejaron de negociar y se plantaron en una posición de demandas que la Argentina no puede sostener”, aseveró.

(Ambito) Preska le puso precio al pago residual del «Juicio del Siglo»

 La jueza Loretta Preska le indicó a la Argentina que deberá pagar unos u$s224,2 millones a los fondos buitre  Attestor Master Value.  Cumplió así un pedido que la habían efectuado a la jueza los abogados que representan al país. La jueza Loretta Preska le indicó a la Argentina que deberá pagar unos 224,2 millones a los fondos buitre Attestor Master Value (por u$s67,9 millones y Trinity Investments (u$s156,3 millones); cumpliendo un pedido que la habían efectuado a la jueza los abogados que representan al país del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H). Los abogados le habían reclamado a la magistrada desde septiembre del 2019 que llamara a todos los holdouts residuales, a que se presentaran en el juzgado para cerrar definitivamente la causa contra el país que derivó en el Juicio del Siglo. Argentina le pedirá a Preska que inicie ahora llamados a otros acreedores que aún quedan fuera de los cobros ya pactados, como el Bacebridge. La idea del gobierno de Alberto Fernández es la de cerrar todas estas causas, liberar el tribunal de Preska de los residuales del «juicio del Siglo»; y cambiar la imagen de «deudor recalcitrante» y «mal litigador» en la corte que manejó alguna vez Thomas Griesa. La estrategia es idea de CGS&H, que consideró necesario cambiar la manera que se ve al país en ese tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, siendo el país el que llame a pagar sus pasivos. Lo que Preska hizo entonces, fue la de poner un precio a la voluntad de pago de la Argentina. Se calcula que en total deberá pagar entre 400 y 450 millones de dólares antes que termine el año. Estos 224 millones que tendrá que liquidar cuando y de la manera que la jueza lo ordene, son los primeros de estos pagos. La intención de terminar el histórico litigio liquidando la deuda residual con los bonistas que no aceptaron la negociación original del 2016, fue decisión del gobierno de Mauricio Macri, era la de terminar con el histórico litigio, aún abierto por acreedores que no habían aceptado la propuesta de pago elaborada por Alfonso Prat Gay en abril de 2016. Y que eligieron litigar en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Manhattan aún con Thomas Griesa en sus últimos años de gestión. La causa fue heredada por Preska, que en abril de 2018 le dio definitivamente la razón al país y cerró la causa dejando en firme el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri había firmado con los acreedores litigantes y Griesa en el marco de la negociación del entonces Special Master, Daniel Pollack. El juicio por el primer reclamo contra la Argentina fuera de los bonistas que habían cerrado el acuerdo de abril de 2016, fue iniciado por el fondo Bainbridge, representado por el abogado Anthony Constantini, de la firma Duane Morris que tiene sede en Bahamas. Reclamaba disgustado por unos u$s65 millones, y pedía una tasa de interés extra a la que se había negociado entre Prat Gay y Pollack, de un 3% total. A este fondo se le sumaron otros reclamos, incluyendo el de Trinity y de Attestor; además de otros nombres como HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz. Todos estos circularán por el tribunal de Preska para cobrar lo que la jueza les ordene. En total, los reclamos residuales llkegaban a unos u$s800 millones en bonos, en manos de unos 30 inversores particulares y un puñado de 10 fondos buitres. Representaban menos del 1% de los holdouts, que aún a abril de 2016 habían quedado fuera del llamado a terminar con el juicio. Luego, en mayo de 2016, Griesa dejó en claro que el acuerdo cerrado entre Prat Gay, Pollack y los acreedores liderados por Paul Singer era el válido y definitivo, con lo que uno a no fue rechazando los reclamos en su juzgado. La misma política continuó ejecutando Preska. Sin embargo la deuda continuó flotante y sin cerrar. Finalmente, en septiembre del año pasado el gobierno de Macri llamó a regularizar la situación, política que continuó la gestión de Alberto Fernández. Los bonos defaulteados fueron emitidos entre 1997 y 2001 en este caso y sus tenedores originales no entraron a los canjes posteriores a la cesación de pagos de fines del 2001, que se llevaron a cabo en 2005 y 2010.

(Ambito) Albanesi se aseguró financiamiento por u$s14,8 millones 

El grupo dio a conocer que estará garantizado por el Eximbank, la Agencia de Créditos para Exportaciones de los EEUU. Será para mantenimiento de las plantas de energía. El Grupo Albanesi concretó este martes un financiamiento con el banco internacional JP Morgan por u$s14,8 millones. Según informó la compañía, estará garantizado por el Eximbank, la Agencia de Créditos para Exportaciones de los Estados Unidos. Será para mantenimiento de las plantas de energía. La empresa dedicada a la generación eléctrica y la comercialización de gas, dio a conocer esta tarde que los fondos serán destinados a tareas de mantenimiento en las plantas de generación eléctrica. Esto les permitirá contar con una capacidad de 1.520 Mw de generación térmica en las provincias de Río Negro, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires. A su vez, el grupo señaló que la garantía del Eximbank le permitió acceder a condiciones económicas «muy favorables», ya que el crédito se repagará en 5,5 años y tendrá una tasa de Libor + 1%. Esta transacción se suma a otras emisiones en el mercado de capitales por u$s23 millones realizadas durante junio que le servirán a la compañía para apuntalar la liquidez frente a un contexto global de mucha incertidumbre. El grupo ya había emitido un bono internacional por U$S 80 millones y dos obligaciones negociables locales por u$s54 millones en agosto y diciembre de 2019, respectivamente, que le permitieron refinanciar vencimientos y continuar reduciendo gradualmente su deuda financiera. La empresa lleva invertidos más de u$s1.000 millones en los últimos 13 años y espera poder retomar sus planes de expansión. La energética cuenta con proyectos para agregar 400 Mw de nueva capacidad en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lo que representa una inversión de U$S 600 millones.

(Cronista) El Gobierno prepara su «New Deal» y un plan keynesiano para la post-pandemia

 La obra pública será clave en el «día después» pero el Presidente también reclama un nuevo contrato con un «capitalismo más noble». Kicillof también ultima un ambicioso «Plan Quinquenal» de infraestructura. n 2003, cuando pocos en el país lo conocían, con la excepción de Santa Cruz, Néstor Kirchner se presentaba como «neokeynesiano». La analogía temporal era obvia: la crisis de 2001 fue nuestra Gran Depresión. La pospandemia parece ahora aún más cercana a Franklin D. Roosevelt. Por eso, como testigo y protagonista de primera mano, Alberto Fernández piensa en su propio «New Deal» para la Argentina del día después del coronavirus. Antes del Covid-19 , citando al Papa Francisco, el Presidente ya predicaba por una reformulación del sistema financiero. La pandemia, cree, terminó dándole la razón. Hoy, pidió un capitalismo «más noble» por videoconferencia ante la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Como parte de sus «nuevos contratos», en el Gobierno apuestan a sistematizar a futuro el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) , que blanqueó la existencia de mucha más gente fuera del sistema de la que se calculaba. Pero por lo que son recordados Roosevelt y el economista John Maynard Keynes es por la obra pública. La misma apuesta de Kirchner, la misma de Fernández. El Jefe de Estado lanzó ayer la siguiente etapa del «Argentina Hace» que ideó el ministro del área Gabriel Katopodis. Después de una primera tanda de casi $ 10.000 millones para 40 municipios bonaerenses, ahora se anunciaron $ 2270 millones para este año para provincias del sur. «Nosotros ya estamos pensando en cómo va a ser el día después porque Argentina tiene un horizonte y sabemos cuál es ese horizonte que tenemos que alcanzar», expresó Fernández en la Quinta de Olivos. Y para que no quedaran dudas, añadió: «El país tiene que volver a ponerse de pie inmediatamente después de que la pandemia termine, y este plan es eso». La etapa anunciada ayer incluye a 19 localidades de Neuquén (que recibirá en total $ 490 millones); Chubut ($ 460 millones); Río Negro ($ 400 millones); Santa Cruz ($ 370 millones); Tierra del Fuego ($ 340 millones); y La Pampa ($ 210 millones). «Que la obra pública sea palanca para la reconstrucción de la Argentina, y para empezar a mover la rueda de la economía», auguró Katopodis. Por su parte, Axel Kicillof está preparando su propio programa con la misma lógica: desde que asumió, antes de que el coronavirus fuera noticia, lo llama «Plan Quinquenal», una alegoría más peronista. En el ministerio de Infraestructura de Agustín Simone, según adelantaron, están listando con los 135 intendentes las obras que se presentarán. Calculan una inversión, hoy, de $ 650.000 millones para ejecutar a cuatro años. Las obras planeadas se dividen en dos grandes grupos: una por necesidad de infraestructura poblacional (hábitat, agua y cloacas, y vialidad, por ejemplo) y por potencial productivo. En carpeta, en el corto plazo, está previsto reactivar trabajos en proyectos que ya cuentan con financiación, como la Ruta 11. «Hay un consenso político que para salir de la pandemia, la economía necesita de un gran plan de obra pública», argumentan en la administración kicillofista.

(Cronista) La oferta monetaria creció 4% en junio, pero el BCRA redobló esfuerzos para contener la expansión