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• (Ambito) Gobierno preocupado por la inflación del primer trimestre. Índice de precios de enero se proyectó levemente por debajo del de diciembre. Debe cumplirse orden presidencial de lograr en los primeros tres meses un alza menor que entre octubre-diciembre 2019. Dentro del albertismo económico hay una preocupación: que pueda no cumplirse la misión impuesta por el Presidente de conseguir en el primer trimestre del año una inflación acumulada menor que la del período octubre- diciembre de 2019. Esto es, menos de, aproximadamente, un 12% total, o el promedio de 4% mensual. En teoría, las medidas no expansivas en materia monetaria, los congelamientos de tarifas de servicios públicos y la estabilidad cambiaria deberían garantizar este logro que, a los ojos del equipo económico, sería el primer mensaje positivo que Alberto Fernández podría plantearle a la sociedad: que bajo su gestión, en su primer trimestre completo de manejo de la economía, el alza de los precios se contuvo y comenzó a descender. El problema que empieza a verse es que los primeros datos (por ahora preliminares) sobre el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes de 2020 no muestran tranquilidad en su evolución, sino, más bien, un sostenimiento de la presión alcista registrada en noviembre y diciembre pasado, y que potenció un resultado final de 4,3% en noviembre y probablemente más de 4% en diciembre. Este último dato, junto con el resultado final de 2019, se conocerán el próximo miércoles 15, con un resultado final que arrojará al IPC cerca del 55%. Los datos que se manejan en Economía hablan de un alza en el primer mes del año que podría acercarse al 4%, y al que le costará despegarse del de diciembre. Si esto se confirmara, para cumplir con la orden presidencial, en los últimos dos meses del primer trimestre del año la inflación, sí o sí, tendría que comenzar a bajar. Y si se quiere que el indicador se ubique por debajo del 40% en 2020, esa contracción tendría que profundizarse y ubicarse desde el segundo trimestre por debajo del 3% para que el promedio final se acerque a la proyección oficial. El problema que comienza a observarse es un clásico criollo: la aceleración de los precios de consumo masivo, por el incremento potencial de la demanda y las especulaciones de congelamientos o controles futuros más que por factores reales potenciadores de la inflación. Esto es, por especulaciones internas y hasta culturales; circunstancias que en la economía interna argentina tienen tanto valor como la aplicación de factores indexatorios. Fue el mismo debate que el macrismo sostuvo durante meses con los enviados el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente el italiano Roberto Cardarelli, y que recién fue reconocido por el organismo al final de la gestión del anterior Gobierno. La situación se complica aún más al tener en cuenta que, por decisión casi personal de Alberto Fernández, están suspendidos hasta marzo todos los aumentos de tarifas de servicios públicos (energía, agua y gas) y del transporte público de pasajeros en la Ciudad. Lo mismo se intentará con los precios al público de los combustibles, luego de suspenderse el incremento de 5% programado por YPF para la semana pasada, y que podría haber sido acompañado por otro similar en febrero y un tercero en marzo. Una llamada personal del Presidente al titular de la petrolera, Guillermo Nielsen, hizo que se frenara el incremento; por ahora, sin fecha concreta de ejecución. La convicción es que por cada cinco puntos de alza de los combustibles, la inflación sube uno, con lo que el incremento que se quería aplicar en enero hubiera arrojado la inflación de ese mes por encima del 4%; y, en consecuencia, un nivel superior del promedio del último trimestre de 2019. Si además se hubiera permitido algún ajuste en las tarifas del transporte y de los servicios públicos, el IPC del primer mes podría superar el récord de septiembre de 2019 de Mauricio Macri, cuando el indicador llegó a 5,9% potenciado por la megadevaluación del 25% de agosto pasado. Para Alberto Fernández, mostrarle a la sociedad una inflación bajo su dominio por encima del peor mes del anterior jefe de Estado es, políticamente, inaceptable. Por lo cual, la presión de los incrementos de los combustibles y de las tarifas será una de las muchas cuestiones que pasarán a resolverse para fines del primer trimestre del año. Como ya aclaró en varias oportunidades el propio Alberto Fernández, será antes del 31 de marzo, cuando la actual gestión pueda hacer un balance general de la herencia recibida, y dar precisiones más concretas sobre las metas económicas para los cuatro años en los que manejará la economía argentina. Mientras tanto, la orden será que, al menos en la inflación, los datos no sean peores que los que se registraron en el final de la gestión macrista.

• (Ambito) Pesce adelantó nueva baja de la tasa de interés en enero. En una entrevista a Bloomberg, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, consideró que el tipo de cambio real estaba en un nivel aceptable y que si es necesario absorberá los pesos excedentes en febrero. El presidente del BCRA, Miguel Pesce, cargó ayer contra los pronósticos de las consultoras (que alimentan el REM del Central) y adelantó que continuará con la baja de las tasas de interés antes de febrero. Lo hizo durante una entrevista a la agencia Bloomberg durante la cual el jefe del ente monetario se comprometió a reducir aún más las tasas de interés para impulsar la economía mientras el Gobierno busca en un pacto social otra herramienta antiinflacionaria. Anticipó que este mes la tasa de referencia de la política monetaria (hoy,s en 55% anual) volverá a bajar y señaló que la tasa alta no estaba dando efecto en bajar la inflación y estaba generando un proceso recesivo agudo. Según el diagnóstico de Pesce el problema argentino es la inercia inflacionaria, es decir, que los aumentos en los precios y los salarios se sustentan en la inflación pasada. De ahí la importancia de tener operativo el pacto social al cual junto al programa de Precios Cuidados, Pesce espera ayuden a reducir la inflación. Al respecto se negó a dar proyecciones de inflación o cualquier otra variable económica clave como el crecimiento, las metas fiscales y las reservas netas. “No voy a hacer pronósticos de inflación, pero será menor que en 2019”, dijo, y agregó que su objetivo es fortalecer la credibilidad del Banco Central con resultados porque los pronósticos han deteriorado la credibilidad del mismo recientemente. En esa línea fustigó a las consultoras y analistas que pronostica indicadores en el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), consideró que tienen que mejorar la calidad de sus pronósticos porque en 2018 y 2019 se equivocaron. Respecto del tipo de cambio real Pesce consideró que está en un nivel aceptable y que el BCRA lo controlará para asegurarse de que no se fortalezca en comparación con la inflación. Finalmente, sobre las Leliq adelantó que ampliará el plazo de 7 días para promover un mercado secundario, que usará el excedente de su balance para pagar la deuda y que la entidad absorberá los pesos en febrero si es necesario.

• (Iprofesional) Los 80 días clave: mientras se acumulan vencimientos, Alberto acelera negociación por la deuda. Alberto Fernández reniega de que a su Gobierno le pongan plazos. Tiene lógica: quiere escaparle al fallido objetivo del «segundo semestre» reactivador que popularizó el macrismo y que hasta se hizo «meme». Pero eso no quita que los plazos existan. Aun cuando sean impuestos puertas adentro. El Presidente y su equipo económico creen que los próximos 80 días serán determinantes para esta primera etapa de la gestión. Una vez lanzadas las medidas de la «emergencia» -que incluyeron algunas para abordar la dinámica de los precios y otras para apostar por una recuperación del consumo-, ahora viene la etapa más financiera: la negociación de la deuda y un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional. Hay una coincidencia con el diagnóstico de la City: son mayoría los que piensan que la suerte de la economía se juega en el corto plazo. Un rápido repaso de lo que habrá que monitorear: si la actividad económica muestra algún signo de recuperación; si la dinámica inflacionaria da cierto respiro y ofrece una señal de debilitamiento y, por último, la renegociación de la deuda. El Gobierno ha venido trabajando en esos tres capítulos durante el primer mes de gestión. Pero lo cierto es que los resultados finales son una incógnita.  Sobre los primeros dos puntos hubo varias medidas tomadas: bonos para los jubilados que cobran la mínima, sumas fijas para los trabajadores activos, congelamiento de tarifas y boletos del transporte público y el relanzamiento de «Precios Cuidados». También hubo señales directas hacia los mercados financieros: se endureció el cepo para cuidar los escasos dólares de las reservas netas del Banco Central y se suspendió la aplicación de la fórmula que indexa los haberes jubilatorios. Con estas decisiones en marcha, ahora el Gobierno se dedicará de lleno al capítulo de la deuda. Avanzará en la negociación con los acreedores privados, y acelerará las conversaciones con el Fondo Monetario. Las fuentes consultadas admiten, incluso, que Economía podría encarar un rápido acuerdo con Washington. Como en el truco, ninguno quiere que le espíen las cartas. Pero, a diferencia de otros momentos, ahora se da como posible la chance de una negociación veloz, que facilite un acuerdo con los bonistas privados. Durante los brindis de fin de año, el ex vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero, una de las personas que está más al tanto de los humores y visiones que bajan desde Washington, comentó ante un grupo de colaboradores que las nuevas autoridades del FMI podrían ser más flexibles con la Argentina en la mesa de negociación. Es una visión compartida por otros economistas también conocedores de los movimientos en la capital estadounidense, como Daniel Marx, quien asesoró a Martín Guzmán en el tema de la deuda hasta la semana pasada. La clave para comprender esa postura radica, precisamente, en las señales que ya envió el Ejecutivo en materia fiscal, y que se materializó en la ley de Emergencia. Sobre todo en la suspensión de la fórmula indexatoria de las jubilaciones. Los ejercicios de varias consultoras de la City apuntan a que el rojo fiscal primario de este 2020 cerraría por debajo del 1% del PIB, con lo cual la administración Fernández mostraría un ordenamiento de las cuentas públicas inesperada, de acuerdo a las expectativas previas a la asunción. Guzmán quiere dar pasos firmes en el tema de la deuda. Ya le dijo a su equipo que él en persona encabezará las negociaciones con los bonistas privados. Y que les quiere demostrar que su plan cierra por todos lados. Va a salirle al cruce a las voces que, desde las consultoras, exigen un plan concreto. Y no medidas sueltas. «Todo va a ser sustentable; no vamos a dejar lugar a las dudas», se lo escucha aseverar. El FMI en la nueva agenda El ministro todavía no tiene en agenda un viaje a Nueva York, pero prometió a los representantes de bancos y fondos de Wall Street que los visitará pronto. Tampoco está definida la fecha de la visita de una delegación del Fondo Monetario, con Luis Cubeddu, flamante jefe de la misión del organismo para la Argentina. En la previa a la Nochebuena, Alberto F. había dicho que ocurriría «en los próximos días». Lo más probable, sin embargo, es que haya nuevos contactos por parte de funcionarios argentinos con la cúpula del organismo. El intento con el FMI sería que funcione como una especie de monitoreo sobre la negociación que se entablará con los acreedores privados. Algo parecido a lo que en su momento hizo Uruguay, cuando fue negociando con los bonistas y, en simultáneo, tenía la asistencia de los funcionarios del organismo en Washington. Desde el Palacio de Hacienda evalúan lo que denominan «negociación de efectividad cruzada»: que se abra una compulsa con los bonistas «en términos tentativos», que sea monitoreada por el Fondo Monetario. La idea es que esa estrategia facilite un rápido acuerdo con los privados aun cuando no se trate de formalizar un nuevo acuerdo de largo plazo con el FMI. En estos días, una de las preguntas que se escucha en la City es si tiene sentido apurar una negociación con el Fondo, siendo que los vencimientos de capital recién caen en 2022 y 2023. Los que ven el escenario positivo creen que abriría las puertas a nuevos créditos del Banco Mundial y del BID. No es un dato menor: son dólares necesarios para las enflaquecidas reservas del BCRA. Hay varios puntos que se resolverán en los próximos días. La situación con la deuda luce compleja y son varias decisiones que deben tomarse en simultáneo para dar aquella sensación de sustentabilidad a la que se refiere el ministro de Economía. Por ejemplo: existen vencimientos de papeles en dólares, pero unos bajo legislación argentina y otros, bajo ley estadounidense. A la primera, el Gobierno podría reperfilarla por decreto. Estaría amparado por las condiciones suscriptas en esos bonos, al momento de sus emisiones. De todos modos, Guzmán ya decidió que su intención es otorgarle el mismo tratamiento a los títulos con ley local y ley extranjera. Tiene una razón atendible: cree que sin discriminaciones podrá volver a ofrecer bonos en el mercado local más rápido que si se vale de atajos y privilegia a los inversores de Wall Street. El partido de fondo Algunos observadores creen esta fue la preparatoria, y que el partido de fondo se jugará el mes que viene, cuando se acumulen vencimientos por unos $150.000 millones. Se trata de papeles que están en manos de PIMCO y Templeton, que jugaron a fondo con el gobierno anterior, además de otros inversores institucionales locales. Guzmán y PIMCO ya se pusieron de acuerdo antes de Navidad, cuando el ministro debió afrontar un vencimiento por $19.000 millones. Pero este nuevo round será diferente. Sobre todo por el volumen del vencimiento. ¿Preferirá el fondo de inversión hacerse de los pesos y dolarizarse en el mercado paralelo? ¿O volverá a apostar por un nuevo papel en pesos? La carta brava del ministro será la misma que en la negociación previa: si el mercado lee que no hubo acuerdo y deben emitirse pesos para pagar, entonces la cotización del «contado con liqui» saltará bien por encima del precio actual, y el negocio de PIMCO se desvanecerá. No es la única negociación pendiente. En las próximas semanas habrá una propuesta formal a los inversores del exterior. Uno de los puntos clave, y que aún forma parte de debates internos, refiere a qué se hará con los intereses que no se paguen durante los próximos años y se vayan acumulando: ¿se capitalizarán en los futuros bonos o directamente se los desconocerá? Y, más aún: ¿hay chances de que los bonistas vayan cobrando una parte de esos cupones? Son todos ejercicios que se realizan en el Palacio de Haciend

• (Infobae) El Gobierno sigue dando pasos para la reestructuración de la deuda: convocó a empresas especializadas para rastrear a los acreedores de bonos La secretaria de Finanzas emitió un comunicado en el que invita a empresas especializadas a identificar a los tenedores de bonos. La decisión apunta a “recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina». El gobierno de Alberto Fernández sigue dando pasos, lentos pero continuos, en plano de la reestructuración de la deuda pública que, según la consultora Ecolatina, representa cerca del 90% del Producto Bruto Interno (PBI). En ese contexto, la secretaria de Finanzas que conduce Diego Bastoure, emitió un comunicado este miércoles en el que invita a “agentes de Información” (empresas especializadas) a identificar a los tenedores de bonos de deuda argentina. Manera voluntaria a empresas especializadas a buscar poseedores de bonos. Dichas empresas, que no son bancos de inversión, deberán tener presencia en la Argentina y tendrán tiempo hasta el 13 de enero para presentar su propuesta de servicio. “El servicio es voluntario y tiene que ver con que las empresas, aunque sean extranjeras, tengan presencia en la Argentina y estén sujetas a la normativa argentina. Esto no significa que rastreen solo bonos bajo ley local sino también bonos emitidos bajo otra normativa”, detallaron. Se trata de otro paso más para ordenar la deuda y el reperfilamiento contrarreloj que llevó a cabo el gobierno anterior, señalaron las fuentes. Y remarcaron que apuntan a “recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina». Desde el Ministerio de Economía señalaron que en la propuesta de servicio, los agentes interesados deben incluir el cronograma estimado, las fechas de adelanto de información y la estimación de certeza de la verificación. Mientras que en la evaluación de las ofertas se va a preferir la aplicación de la normativa y jurisdicción local. “La Secretaría de Finanzas ratifica la intención de la República Argentina de iniciar un proceso en línea con los objetivos propuestos por el Sr. Ministro de Economía (Martín Guzmán) en pos de recuperar un crecimiento económico sostenible y la capacidad de pago de la República Argentina”, amplía en el comunicado. En tanto, aquellas firmas interesadas en formular sus propuesta deben dirigirse a la casilla de correo electrónico ugs-agentesinfo@mecon.gob.ar. Cabe recordar que Guzmán ya había dado otros pasos previos en busca de ordenar el camino para hacerle frente al pago de la deuda pública. Los primeros días de enero venció el plazo para que bancos, asesores financieros y acreedores enviaran sus propuestas formales al Ministerio de Economía para la reestructuración de la deuda que el Estado argentino tiene con privados y con organismos multilaterales de crédito, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI). De todos modos, fueron pocos los días que dio Economía para formalizar el envío de las propuestas –apenas cuatro días hábiles–, por lo que se entiende que los bancos y asesores financieros habrán reenviado las que ya le habían acercado al anterior ministro de Economía, Hernán Lacunza, que ascendían a 13. Según había trascendido en ese momento, las alternativas que ofrecían las entidades financieras internacionales eran variadas. La mayoría proponía extender los plazos de pago entre cuatro y cinco años y algunas sugerían una quita sobre del capital del 20%. La idea del gobierno anterior había sido sólo patear los plazos de los vencimientos de capital y seguir pagando los cupones, ya que la idea manifestada en varias oportunidades por Lacunza era que la Argentina afronta un problema de liquidez pero no de solvencia. Pero lo que creen en el actual gobierno es que la Argentina primero debe crecer para empezar a pensar en pagar la deuda y que se requieren de algunos años de gracia. Para Guzmán, en tanto, el país también tiene un problema de solvencia. Y lo dijo claramente en un tuit que publicó a comienzos de noviembre: “Liquidez y solvencia no son estados independientes. Las percepciones de solvencia afectan al precio de la liquidez, y viceversa. La Argentina tiene un problema de liquidez y de solvencia (sostenibilidad de deuda). Resolverlo es condición necesaria para la recuperación”. Según datos oficiales, la deuda bruta de la administración central ascendía a mediados de este año a USD 337.267 millones, de las cuales un tercio está en manos de agentes privados. Habrá que ver cuáles son los siguientes pasos que dé el Gobierno en busca de desentrañar el problema de la deuda y apuntar a reconstruir una economía que tenga el crecimiento como horizonte.

• (Cronista) El Gobierno hace campaña para sacar de la OEA a Almagro, que cuenta con apoyo de EE.UU. Felipe Solá recibió a los competidores del actual secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. La Argentina quiere otra figura menos agresiva hacia la Venezuela de Maduro. El primer viaje al exterior del flamante canciller Felipe Solá con motivo de la conferencia anual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en México, expuso en escena la visión que el gobierno del presidente Alberto Fernández pretende impulsar en la región, a través de diversas reuniones oficiales y extraoficiales que la delegación argentina llevó adelante en las últimas horas para torpedear la reelección del uruguayo Luis Almagro en la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Almagro, que supo ser ministro de Exteriores de José «Pepe» Mujica, es resistido puertas adentro del Gobierno argentino, no solo por alinearse a los designios de los Estados Unidos desde el inicio de su mandato, en 2015, sino también por hacer campaña por la destitución de Nicolás Maduro en Venezuela, reconocer a Juan Guaidó como única autoridad legítima, y más recientemente avalar el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia afirmando que hubo fraude en los comicios del pasado 20 de octubre. A sabiendas que rechaza al candidato con más chances de continuar al mando del principal foro regional para el diálogo, el análisis de políticas y la toma de decisiones en asuntos continentales, Alberto Fernández alineó al país entre aquellos que quieren a Almagro fuera de Washington, donde la OEA tiene su sede permanente. Con ese objetivo, esta semana, antes de embarcar a tierra azteca, Solá recibió en la sede de la Cancillería al peruano Hugo De Zela, el candidato impulsado por el gobierno andino, a quien volvió a ver este miércoles en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza Cuadra. Ambos encuentros fueron protocolares, fieles al libreto diplomático. EE.UU y Argentina, en veredas opuestas Además de encuentros con sus pares de Panamá, Cuba, Ecuador, Perú y Surinam, Solá cierra su agenda de encuentros con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su canciller, Marcelo Ebrard. Ambos países están decididos a impulsar una candidatura alternativa a Almagro, pese a que cuenta con el cerrado apoyo de los Estados Unidos. Esta semana, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, resaltó «el trabajo de la OEA moviendo a la región en la dirección correcta» y siendo «una confiable herramiento de multilateralismo», a la vez que interpretó que Almagro «es el líder que necesitamos para que la OEA continúe haciendo frente a los principales desafíos de la región». A diferencia de Almagro, tanto Espinosa como De Zela proponen una agenda menos concentrada en la crisis política, social y humanitaria en Venezuela, lo cual supone adoptar una postura menos combativa hacia Nicolás Maduro. Eso entra en colisión con los intereses de Washington, y por lo tanto la postura argentina podría afectar indirectamente el vínculo bilateral con la Casa Blanca, con lo cual la promoción de otra candidatura obliga al Gobierno a caminar en la cuerda floja. La semana pasada, voceros del Departamento de Estado fueron taxativos en declarar que ninguna asistencia en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para rever el calendario de pagos de la deuda externa sería posible sin un cambio de postura sobre la crisis en la nación petrolera, y el status de refugiado otorgado al expresidente boliviano Evo Morales. Pocas horas después, como consecuencia de las trabas que el régimen bolivariano puso a Guaidó para entrar al parlamento y reelegirse como máxima autoridad de ese poder, la Argentina emitió un comunicado con críticas en duros términos a la maniobra de desplazamiento de quien se ha autoproclamado «presidente encargado», que agradó a la Casa Blanca. Sin embargo, poco después la Cancillería le retiró el reconocimiento como embajadora a la representante especial de Guaidó en el país. De los tres candidatos en carrera por la secretaría general, solo uno cuenta con el apoyo institucional de su país: es el caso del peruano Hugo de Zela. Tanto el Uruguay como el Ecuador manifestaron que las candidaturas de Almagro y Espinosa son a título personal. La ecuatoriana, en tanto, fue promovida por un grupo de países de la Comunidad del Caribe (Caricom). La elección será el 20 de marzo.

• (BAE) Se disparó la emisión, pero ven margen para expandir sin que se acelere la inflación. Analistas creen que no hay riesgo de traslado a precios.  Por factores estacionales, más el bono para jubilados y beneficiarios de la AUH, el financiamiento al Tesoro y la compra de dólares para engrosar las reservas, el Banco Central expandió la base monetaria (BM) 12,6% durante diciembre. Ante la proximidad de una nueva baja de tasas, algunos analistas temen, desde una perspectiva monetarista, que esto derive en un nuevo salto inflacionario. Pero otros economistas afirman que, con el control de las tarifas y el dólar, hay margen para emitir sin que se aceleren los precios. Ayer, el Central informó que la BM creció 12,6% el mes pasado, lo que significó un alza contra noviembre del 7% sin estacionalidad. La emisión del último bimestre destinó $320.000 millones a financiar pagos de deuda y gastos corrientes del Tesoro y otros $166.000 millones a compras de dólares. Pese a esta fuerte expansión, la BM es sólo 35% mayor a la de un año atrás, lo que implica una caída real, ya que la inflación terminó 2019 cerca del 55%. Había colchón: el expresidente del BCRA, Guido Sandleris, implementó un férreo ajuste monetario acordado con el FMI, que sólo se interrumpió tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO. El temor en el mercado es que en febrero, cuando se termine la alta demanda de dinero estacional producto de las vacaciones, las fiestas y el medio aguinaldo, la gestión de Miguel Pesce se tope con una fuerte presión sobre los precios y las cotizaciones cambiarias paralelas. «Si no se corrige el curso esterilizando excesos, en las próximas semanas la caída de la demanda de dinero podría acentuar el problema de liquidez impactando sobre el tipo de cambio implícito y las expectativas de inflación», advirtió el Grupo SBS. Desde la heterodoxia, otros analistas ven margen para hacer política expansiva sin que eso ocurra. Por caso, tras el torniquete aplicado en los últimos dos años, el promedio de la base monetaria como porcentaje del PBI en el período 2016-2019 quedó en 8,5%, bastante menor a los dos Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner: 9,7% en 2012-2015 y 9,1% en 2007-2011, según cálculos de Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. Además, Rajnerman cuestionó la perspectiva monetarista: «Las últimas aceleraciones inflacionarias (2012, 2014, 2016, 2018 y 2019) fueron en años recesivos. Por lo tanto, pensar en una inflación por demanda, para esta última etapa de la economía argentina, no parece lo mejor». Y si bien aclaró que esto no implica que el exceso de liquidez sea inofensivo en materia de precios, planteó que «no es el único, ni siquiera el principal, driver inflacionario», sino que se trata de «un fenómeno multicausal». «Entonces, hay que cuidar la emisión, así como las tarifas, el dólar o la duración de contratos. Con estas variables controladas, aún con una política monetaria expansiva, la inflación bajará», concluyó. Esta semana, en Perfil, el economista Miguel Bein opinó en esa línea: «La inflación en Argentina es cambiaria, no monetaria». En esa clave, el cepo cambiario y el «dólar solidario» mantienen a raya el tipo de cambio oficial, mientras que el congelamiento temporario de las tarifas aplaca el otro gran motor inflacionario de los últimos años. El Ejecutivo impulsa también un pacto social para moderar la recuperación salarial, pese al desplome real del 20% en cuatro años, y controlar los precios, sobre todo en lo que respecta al componente «inercial». Además, como consiguió ayer, busca refinanciar los vencimientos de deuda en pesos para eliminar otra vía de emisión. En definitiva, el ajuste monetario récord terminó en 2019 con la inflación más alta desde 1991. Consultado al respecto por BAE Negocios, en su última conferencia de prensa, Sandleris admitió que hubo otros factores que hicieron que esa política no fuera exitosa, entre ellos el salto cambiario post PASO.