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(Ambito) Argentina ya está en default con el Club de París: no se pagaron u$s2.100 millones El organismo mantendrá el estatus de incumplidor por segunda vez en menos de 20 años. La regularización del pasivo quedó atada a la futura negociación con el FMI. Argentina entró el viernes, técnicamente, en default con el Club de París. Y, si tiene suerte, regularizará su situación recién en el último trimestre del año, cuando el país termine de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, el organismo al cual el país le debe unos u$s2.100 millones no volverá a tratar el caso argentino y mantendrá el estatus de incumplidor por segunda vez en menos de 20 años. Es un caso inédito (por lo negativo) en la breve historia de la entidad, luego de haber dejado de pagar los compromisos en 2001 tras la libertaria declaración de default generalizado de Adolfo Rodríguez Saá del 22 de diciembre de ese año. Luego, bajo la gestión del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, el país regularizó en mayo de 2014 la relación con la negociación de un nuevo plan de pagos, que en mayo de 2019 volvió a incumplir el Gobierno de Mauricio Macri y que ahora el país ya oficializó como default. Esto se debe a que pasaron ya 30 días desde el viernes 5 de mayo, día en que Argentina debía girar al Club de París unos u$s2.102 millones, correspondientes al pago final del acuerdo que había negociado Kicillof como ministro de Economía de Cristina de Kirchner; cerrando, en ese momento, el penúltimo foco de deuda impago que mantenía el país desde fines de 2001. Sólo restaba terminar con el “juicio del siglo” con los fondos buitre, que recién cerró en abril de 2016 con Alfonso Prat Gay como ministro de Economía y Finanzas. El organismo ya sabía desde febrero de este año que Argentina no cumpliría con el compromiso. El 5 de ese mes declaró desde Roma, con el papa Francisco y la titular del FMI como testigos directos, que “la Argentina pagará tasas de interés del 9% de la deuda de 2020 a 2021 con el Club de París, y eso no sólo es insostenible, sino que también marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración. Definitivamente, no es pari passu lo que estamos tratando de hacer; entendemos las complejidades del Club de París, pero si vamos a hacer las cosas bien, también necesitamos cooperación”. Guzmán se quejaba ese día abiertamente por las condiciones del acuerdo que había negociado Kicillof en mayo de 2014, cuando por una deuda de unos u$s9.700 millones, el Club de París le aplicaba una tasa de interés de 9% para el nuevo plan de pagos, un nivel considerado muy elevado contra el 4% de promedio para créditos de países emergentes en aquellos tiempos. Esa tasa de interés se aplicó en realidad desde mayo de 2019, cuando Argentina no pagó el capital del plan de pagos negociado en su momento por Kicillof, y liquidó sólo intereses. Según el contrato firmado en mayo de aquel año, si el país no cumplía en tiempo y forma con los pagos, el interés que debía liquidar sería de 9%. Decidió en su momento personalmente Mauricio Macri, con Nicolás Dujovne como ministro, no pagar la totalidad del vencimiento (el último del organigrama de pagos), y ahorrar unos u$s1.900 millones, dinero clave para sostener el plan cambiario en momentos de corridas. El no haber pagado en 2019 ese vencimiento implicó que la deuda aumentara radicalmente de los u$s9.000 millones originales a unos u$s9.900 millones. O, dicho de otro modo, en un año el país aumentó su deuda en unos u$s900 millones por ahorrarse u$s1.900 millones. Ahora, luego del nuevo saldo impago, se teme que el Club de París vuelva a aplicar el mismo castigo y se deban unos u$s900 millones más, con lo que la deuda pasaría a los u$s10.800 millones. Unos u$s1.800 millones de más; casi el mismo dinero (u$s2.100 millones) que el Gobierno de Mauricio Macri quiso ahorrar no pagando en mayo de 2019. La tarea de Martín Guzmán será ahora evitar que eso ocurra, y que el pasivo con el Club de París se mantenga en unos u$s2.100 millones, parando el reloj indexatorio en mayo de 2019. Por ahora, desde el organismo internacional se lescerraron las puertas al país para rearmar negociaciones directas. Si bien la aclaración no se hizo formal, fuentes del Gobierno argentino aseguran que desde Europa se le informó al Ministerio de Economía que el tema volverá a ser tratado en alguna reunión oficial del Club durante el segundo semestre, sin tiempos claros ni precisos. Más extraoficialmente se les afirmó a los negociadores de Martín Guzmán que los países miembros quieren esperar a que Argentina avance y cierre un acuerdo con el FMI, lo que sucederá luego de terminar la ya larga historia de negociaciones con los acreedores tenedores de bonos emitidos bajo legislación internacional. Sumando meses, sería imposible tratar el pago de los u$s2.100 millones antes del último trimestre del año. Si hay acuerdo, será entonces para fin de año. Lo que en realidad quieren esperar los miembros del Club de París es conocer los números de la Argentina que el “board” del FMI analizará formal y oficialmente cuando el país negocie con el organismo que maneja Kristalina Georgieva. En ese “board” están prácticamente los mismos funcionarios de los países miembros del Club de París, con lo que cuando llegue el momento de discutir el pago de los u$s2.100 millones, los que voten el nuevo acuerdo conocerán de primera mano la realidad de la economía argentina a través de una fuente inmejorable: los técnicos del Fondo que fiscalicen los números macro del país a través de la aplicación de un artículo IV.

(Ambito) Canje: temen que cambio en CAC perjudique a emergentes. Menos los interesados, el resto sigue de cerca cómo serán las cláusulas de los nuevos bonos. Un retroceso podría complicar los futuros canjes. Más allá de la pandemia, el canje de la deuda no acapara la atención de los mercados internacionales como en 2005, no solo por su menor magnitud sino también porque existe cierto cansancio con el recurrente caso argentino. Sin embargo, hay algunas claves que sí captan el interés de la comunidad financiera internacional y no pasan solo por el porcentaje de quita final. Quienes monitorean los procesos de reestructuración soberanos están haciendo hincapié en el destino de las ya famosas Cláusula de Acción Colectiva (CAC) que fueran aggiornadas, o mejoradas en 2014 según los expertos. Días atrás Mark Sobel señalaba con referencia a las CAC involucradas en el canje argentino, en una nota en OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), que “cualquier debilitamiento del nuevo estándard global podría perjudicar a otros mercados emergentes que usan las CAC mejoradas para lograr reestructuraciones soberanas más ordenadas y predecibles”. “Eso podría inyectar una mayor incertidumbre y litigios en el marco de reestructuraciones de deuda soberana, precisamente cuando se necesita más orden porque la crisis del coronavirus podría empujar a muchos países a endeudamientos insostenibles”, advertía. Quién lo afirma no solo es presidente del OMFIF en EE.UU., entidad que nuclea a un notorio grupo de expertos independientes con equipos en Londres, Singapur y EE.UU., sino que tiene una trayectoria de cuatro décadas en el Tesoro de EE.UU., lideró la diplomacia financiera internacional durante dos décadas (representó a EE.UU. en la junta ejecutiva del FMI, G-20 y G-7, etc.); y quizás, lo más relevante para el caso, presidió el grupo internacional de expertos en deuda soberana que desarrollaron, precisamente, las CAC mejoradas para las reestructuraciones soberanas. O sea, no hay duda de que es una palabra autorizada en este tema. Claro que siempre hay intereses cruzados, pero lo cierto es que desde un punto de vista técnico Sobel clama por la protección de esta “innovación”. Hay que recordar que las CAC se gestaron bajo la jefatura de Anne Krueger en el FMI en 2002 con el objetivo declarado de concentrar poder en una mayoría de bonistas para que tengan la autoridad para imponer una reestructuración al resto de los acreedores y países deudores e impedir el bloqueo de negociaciones en casos de emisiones de bonos individuales. Pero en 2014 la comunidad internacional adoptó las “CAC mejoradas”. Según explica este experto, el nuevo estándar para los contratos de bonos soberanos de derecho extranjero ofrecía la posibilidad de mejorar el orden y la previsibilidad del proceso y reducir los costos para las economías emergentes con reestructuraciones desordenadas. Así brindó la posibilidad de una agregación de “miembro único” (single limb), en la cual se podría agregar un voto sobre una serie de bonos para determinar si esos bonos juntos serían reestructurados. Antes, dichos votos se hacían principalmente en función de los bonos serie por serie, lo que en algunos casos permitía al acreedor comprar una participación minoritaria en un bono y bloquear su reestructuración. El acreedor podría entonces buscar el reembolso total incluso después de que una abrumadora mayoría de acreedores haya participado en la reestructuración general. Recuerda el experto que el nuevo mecanismo se presentó en el contexto de las reestructuraciones de Grecia y Argentina. El estándar actual recibió en el respaldo del G-20 y del FMI e incluso del IIF y otras organizaciones y fueron redactadas por la ICMA (integrada por más de 600 funcionarios y ejecutivos involucrados en los mercados mundiales de capitales). De modo que la mayoría de los emisores de bonos soberanos bajo ley extranjera de mercados emergentes adoptaron esta norma. La mitad de todos estos bonos incluyen las nuevas CAC. Eso explica parte de la reticencia de los bonistas ante los términos de la primera oferta del Gobierno y el temor entre los especialistas de que se “socave” este avance normativo. Vale recordar que la Argentina combina en el canje, bonos con CAC viejas y CAC mejoradas. El riesgo de cambiar es que algunos bonistas quieran volver a las CAC anteriores de bonos serie por serie. Lo que le permitiría a un minoritario bloquear la reestructuración de bonos individuales pensando en una mejor protección legal y quizás mayores ganancias. Por eso se espera alguna señal del G-20 ante el curioso silencio del FMI en respaldo a las CAC mejoradas.

(Ambito) Se prepara el Gobierno para próximo desafío en pesos: vence bono el 22-J por $129.000 millones. Más del 90% de este instrumento estaría en manos privadas. Economistas prevén que haya que recurrir a emisión para afrontar el pago. En paralelo a la reestructuración de deuda en dólares con legislación extranjera, el Ministerio de Economía sigue adelante con la normalización de las obligaciones en pesos. Respecto de lo que tiene que ver con moneda local, el equipo de Martín Guzmán se prepara para su mayor desafío en lo que resta del año: el vencimiento del BOTAPO 2020 (TJ20), instrumento que, entre capital e intereses, significa unos $129 mil millones. “A diferencia del TC20 (bono que venció en abril), donde buena parte estaba en manos de ANSES, el TJ20 está en manos de privados. Solo el Banco Central estuvo recomprando el título durante el mes de mayo”, destacaron desde la consultora LCG en un informe reciente. Además, el jefe de Research del Instituto de Capacitación Bursátil (ICB), Leandro Ziccarelli, agregó: “En marzo se había canjeado una pequeña parte, alrededor de 23 mil millones de pesos”. Por su parte, la economista Julia Segoviano, de LCG, consignó: “El Gobierno lo que va a intentar hacer es conseguir la mayor cantidad de roll over posible para no tener que poner esos pesos en la economía. Porque podría llegar a ser un problema si eso se le llegara ir al dólar”.
Curva normalizada
En tanto Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, consideró: “Es el último vencimiento importante del año en moneda local. El Gobierno trabajó muy bien la curva en pesos, logró normalizarla. Pero este vencimiento en particular tiene una gran mayoría de externos y justo cae en el medio de la negociación de la deuda de legislación extranjera”. Cabe señalar que el TJ20 no es el único título que vence durante junio, de hecho, ese mismo día el Gobierno debe pagar una Lebad por $27 mil millones. En total, durante el sexto mes del año el Tesoro deberá afrontar vencimientos por $221 mil millones. “Para lo que quede de deuda en pesos, junio es el peor mes. Incluso peor que noviembre, que está cargado también”, expresó Ziccarelli. Y añadió: “Por más costoso que sea, el Gobierno fue normalizando la curva en pesos y haciéndose de algo de confianza entre los inversores locales. Si reperfila creo que vamos a volver para atrás. Sería una lástima”. En sintonía con la afirmación de Ziccarelli, en el mercado existe una previsión de que el Gobierno intentará afrontar los pagos para no enfrentarse nuevamente a una situación a la del 10 de febrero, día en que se reperfiló el AF20, luego de que el intento de canje fuera declarado desierto. A partir de ese día, el Gobierno comenzó a ofrecer menús más atractivos a los inversores, que incluyeron tasas más altas (en el caso de las Lebad y las Ledes) y opciones indexadas por inflación, como los Boncer o las Lecer. En cuanto a esto último, el mencionado informe de LCG advierte: “Recalcamos el riesgo de construir una curva de pesos indexada en un contexto de caída de la recaudación en términos reales. En caso de no poder refinanciar la deuda, se deberán emitir más pesos para asistir el pago y es un monto no inferior en relación al deteriorado activo del Banco Central”.
Segundo semestre
Respecto de lo que debemos esperar a partir de julio, la consultora adelanta: “Hacia el segundo semestre hay que atender vencimientos por $275 mil millones, con fuerte carga en noviembre”. Días atrás el Gobierno anunció las fechas de subastas de títulos para este mes: las mismas tendrán lugar el 11, 18, 26 y 29 de junio. En esos cuatro días el Ministerio de Economía buscará terminar de enderezar la deuda en pesos, al mismo tiempo que negocia a contrarreloj con los tenedores extranjeros la deuda en dólares. La dificultad, esta vez, es que no cuenta con el respaldo de ANSES.

(Infobae) La deuda de Mendoza: sorpresa en el mercado por una oferta de canje incompleta. La provincia no aclara qué hará con los intereses corridos de un bono que debería haber pagado el 19 de mayo último. También reestructurará un bono en pesos que vence mañana. En el mercado creen que los acreedores no aceptarán la oferta tal como fue lanzada. Mendoza presentó una agresiva propuesta de canje de deuda que sorprendió a los acreedores por lo ambicioso de la quita propuesta, la falta de reconocimiento de intereses corridos de un bono que debería haber pagado en mayo y el agregado de que hoy dio a conocer que reestructurará también un vencimiento en pesos que tenía que pagar mañana. La provincia conducida por el radical Rodolfo Suárez se sumó así al tono conflictivo que utiliza la Nación para su propia negociación de deuda. La provincia de Mendoza informó el viernes que lanzó formalmente un proceso de reestructuración de deuda, luego de haber incumplido un plazo de pago inicial de un bono con vencimiento en el 2024. El pago debería haber sido hecho el 19 de mayo pero no se concretó y, desde entonces, hay un período de gracia de 30 días antes de que el distrito caiga en default. En un comunicado, el Gobierno de Mendoza dijo que había abierto una invitación de reestructuración a tenedores de bonos 2024 por cerca de USD 590 millones. La oferta durará hasta el 16 de junio. “Ofrece un nuevo título sin haircut de principal, aunque no reconoce intereses corridos. El nuevo bono, con vencimiento en 2029, tiene un período de gracia de 2 años, paga cupón de 2,0% en 2022 y 2023 y 4% a partir de 2024. Amortiza en 11 pagos semestrales a partir de 2024. Según nuestros cálculos, el valor presente neto del nuevo título es de USD 62,6 descontando flujos al 10% (o USD 55,6 descontando al 12%)”, detalló un reporte de la consultora 1816. La sorpresa de los acreedores estuvo dada tanto por el tamaño del recorte de intereses como por el hecho de que la propuesta no incluya los intereses corridos del pago que no se concretó en mayo pasado. “Más duro de lo esperado, pero aún así algo positivo. No hay quita de capital”, analizó un fondo en un reporte privado que circulaba entre acreedores. En un comunicado, el Gobierno de Mendoza dijo que había abierto una invitación de reestructuración a tenedores de bonos 2024 por cerca de USD 590 millones. La oferta durará hasta el 16 de junio Entre los operadores llamaba la atención también lo ambicioso de la propuesta. “En mercado secundario vale USD 55 el bono, mientras que la propuesta vale USD 55% con una tasa de salida del 12%, con lo cual la posibilidad de suba es súper limitada”, dijeron en un fondo tenedor de deuda de la provincia. “Mendoza no está tan mal como para hacerte una quita tan grande, es difícil que la propuesta pase así como está”, agregaron. El distrito, que tiene fama de tener las cuentas ordenadas, sufre el fuerte impacto de la pandemia en donde no sólo le cayeron los ingresos de los impuestos propios sino que ya pasó a pérdida buena parte de la temporada invernal y los ingresos por turismo en los centros de esquí y, como también es una provincia petrolera, sufre la caída de las regalías por la baja del petróleo. “El cupón del bono en dólares por el momento no es parte de la oferta. Remarco el ‘por el momento’. Y respecto del cupón que vence mañana lo único que nos interesa dejar bien claro es que a nosotros nos importa mucho mantener activo al mercado local y valoramos una buena relación con el mercado local, pero está dentro de un plan integral de renegociación de todos los contratos de la provincia”, dijo Victor Fayad, subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda ante una consulta de Infobae. “Estamos de buena fe tratando de recabar la distinta información del feedback que nos pueda llegar de los tenedores de nuestros títulos y explicar cuál es nuestra situación que puede sorprender a alguien que no haya estado al tanto de todos los números nuestros pero la tendencia es bastante clara”, agregó el funcionario provincial. Con su propuesta de canje, Mendoza se sumó a la lista de distritos que están tratando de poner en caja su carga de deuda a la par de la negociación nacional. La provincia de Buenos Aires es la más complicada de todas, con el plazo de gracia para el vencimiento de uno de sus bonos ya en default. El cupón del bono en dólares por el momento no es parte de la oferta. Remarco el ‘por el momento’ (Fayad) Las provincias tienen una deuda de USD 15.000 millones y dependen de los desembolsos del gobierno central. El resultado del canje nacional es clave, dado que un fracaso en un acuerdo entre Nación y los bonistas puede complicar la posición de los distritos subnacionales ante sus propios acreedores. Las provincias que tienen que pagar deuda este año son Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Tierra del Fuego. En total son deudas por USD 1.200 millones de los que 816 millones de dólares son de la provincia de Buenos Aires. En 2021, a estos distritos se les suman Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta y Santa Fe y la deuda a pagar crece a USD 2.200 millones. Al año siguiente, en 2022, se deberán afrontar pagos por USD 1.600 millones. El pico de la deuda de las provincias llegará en 2023, cuando entre todos los distritos deban hacer frente a vencimientos por 2.400 millones de dólares.

(Cronista) Vicentin: una jugada que descoloca y cambia todo el tablero agroindustrial La anunciada intervención de Vicentin cambiará al principal sector generador de divisas. La empresa es hoy la sexta agroexportadora del país y fue la responsable del 20% de los dólares que ingresaron el año pasado solo por aceite y harina de soja. o fue con la temida reedición de una Junta Nacional de Granos, pero con la intervención y proyecto para la posible expropiación de la empresa Vicentin, con proceso judicial en marcha y con más de 2600 productores damnificados y bancos públicos entre sus acreedores más importantes, el Gobierno hace pie y con fuerza en el sector con el que más se enfrentó en otras épocas y en el semestre que lleva en el poder. Ese sector, el agropecuario, es a la vez el principal generador de divisas que por estos días tiene en vilo a toda la administración nacional, producto primero de la liquidación de más de 25% de la cosecha antes de la asunción del presidente Alberto Fernández y que en estas semanas se refleja en un ritmo más que lento en las ventas de soja y otros granos por parte de los productores, en medio de una baja de los precios internacionales de las materias primas y las incertidumbres sobre el ritmo de devaluación del peso para los próximos meses. La entrada del Estado en Vicentin resulta estratégica y reconfigurará el negocio agropecuario local de acá en más. Es que la firma es o era hasta su caída en cesación de pagos- de las principales agroexportadoras del país, y la única de capital exclusivamente nacional. En los últimos tiempos, Vicentin seguía como la sexta exportadora de granos, soja y derivados del país y en sus mejores épocas llegó a posicionarse como la cuarta mayor exportadora del agro, entre pesos pesados como la china Cofco (estatal) y los gigantes Cargill, ADM y Bunge, entre otros.Solo en 2019, fue la principal exportadora de aceites y harina de soja y girasol, con más de 7,4 millones de toneladas embarcadas, más de 20% del total embarcado el año pasado por ese rubro, que explica la mayor cantidad de ingreso de dólares. “Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante, es una medida estratégica. Favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”, remarcó Fernández al anunciar la intervención y la decisión de declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación. La seguridad alimentaria no es una consigna nueva. En el gobierno de Néstor Kirchner y en los de Cristina Kirchner se apeló a ella cuando se frenaron las ventas externas de carne, en el primer caso, o se intervino el mercado de trigo y también cárnico a través de autorizaciones previas para “garantizar la mesa de los argentinos”. Fueron episodios, que junto con las subas de derechos de exportación, enemistaron al kircherismo con el campo hasta el enfrentamiento de 2008 por las retenciones móviles. El anuncio de este lunes tomó por sorpresa a gran parte de los actores de la cadena del agro, y llegó en momentos en que la mesa de enlace de las cuatro entidades rurales (CRA, SRA, Coninagro y FAA) tenían un encuentro vía videoconferencia con el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, luego del alerta sectorial por las recientes restricciones cambiarias para que importadores accedan al mercado libre de cambios (Mulc), que a criterio de los ruralista implicaría que los insumos del campo, como fertilizantes o fitosanitarios, cotizaran al dólar blue. Una jugada fuerte e inesperada, coincidían distintas fuentes de la cadena agroindustrial consultadas por El Cronista ante la decisión del Gobierno de hacerse de Vicentin. Es que un rescate o un acuerdo para que otro jugador privado se hiciera cargo estaba en los planes. Que el Estado entre fuerte al mercado granario, y de la mano de Gabriel Delgado («un experto en temas agropecuarios, como lo definió el Presidente) no estaba en agenda ni de los productores damnificados, ni de los operadores del mercado de granos (fuertemente golpeado por la crisis de Vicentin y de varias corredoras de granos), ni de los exportadores top. Se trata de una movida imprevista, que cambiará sin dudas el mercado agrario local sin dudas.

(Infobae) ¿Será Sancor la próxima empresa expropiada por el Gobierno?. La cooperativa láctea con sede en Sunchales está en crisis hace años. “Estamos trabajando para dar vuelta lo de Sancor, y que vuelva a ser lo que era, y estamos muy cerca de la solución”, dijo un importante funcionario hace pocos días. En el sector agropecuario la sorpresa fue muy grande. La noticia no cayó muy bien y se escucharon las críticas de dirigentes y productores. El Gobierno anunció la intervención y la expropiación de Vicentin, una de las empresas con mayor presencia en la exportación agroindustrial y en otras actividades productivas, como la ganadería, la industria frigorífica, y la vitivinicultura, por mencionar algunas. Ahora el campo mira a otra empresa tradicional que también pasa por problemas. Y la pregunta se impone: ¿será la Cooperativa Láctea Sancor la próxima expropiada por el Gobierno? En principio, desde la administración de Alberto Fernández ya se refirieron a al tema con una frase y habla de que «hay una luz al final del túnel”.
Expropiación
Vicentin es una firma casi centenaria, con sede en la localidad santafesina de Avellaneda, y que hoy acapara la atención de toda una sociedad. Comenzó como un almacén familiar de ramos generales, pero con el tiempo se transformó en la principal empresa exportadora de harinas y aceite de bandera nacional. Un ambicioso plan de expansión, un endeudamiento excesivo y la volatilidad cambiaria del escenario local la dejaron en una situación vulnerable, con un pasivo estimado en USD 1.350 millones y una convocatoria de acreedores que se tramita en los tribunales de Reconquista, y con el Estado como principal acreedor por un crédito que la empresa solicitó ante el Banco de la Nación Argentina. Una operación que es investigada por la Justicia. En 2016, como parte de su plan de expansión hacia nuevos rubros, Vicentin formó la sociedad Alimentos Refrigerados SA (ARSA) y le compró a la Sancor el negocio de yogures, postres y flanes por USD 100 millones La situación de Vicentin se complicó en septiembre del año pasado, cuando desistió de seguir adelante con un proyecto inmobiliario, y con otro complejo habitacional “premiun” de 80 departamentos ubicado en Avellaneda. En ese momento, la Argentina había ingresado en una tumultuosa época política y financiera. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández se había impuesto en las PASO y los mercados reaccionaban de la peor manera, con una devaluación más que significativa, y sobre todo con mucha incertidumbre. A partir de eso, muchos productores, acopios y cooperativas (incluida la tradicional Unión Agrícola de Avellaneda, que quedó comprometida) se apuraron a venderles granos a Vicentin, ante la perspectiva de que si finalmente ganaban los Fernández iban a subir las retenciones, y la soja, el trigo y el maíz iban a pasar a valer unos cuantos pesos menos. Vicentin, que había terminado el 2018 como sexta exportadora de granos y subproductos de la Argentina, con un volumen superior a los 6 millones de toneladas, no se achicó: a todo el que le ofrecía soja le decía que sí, en las condiciones que fuera, con precios a fijar o a valores ya facturados. ¿Total, qué podía salirle mal? Si todo a lo largo de su historia había sido una sucesión de éxitos. Pero la situación se complicó y se profundizó una deuda que fue imposible afrontar.
El caso Sancor
Pero en la provincia de Santa Fe, Vicentin no es la única empresa agropecuaria que atraviesa un difícil momento económico y financiero. Y partir del anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el mundo lácteo más de un tambero se preguntó: ¿y si Sancor sigue los pasos de Vicentin? Entre los casos de la Sancor y Vicentin hay un eslabón que encadena ambas crisis. En 2016, como parte de su plan de expansión hacia nuevos rubros, la compañía agroexportadora de la localidad de Avellaneda formó la sociedad Alimentos Refrigerados SA (ARSA) y le compró a la Cooperativa el negocio de yogures, postres y flanes por USD 100 millones. Pero la crisis de Sancor tuvo un capítulo muy recordado en 2007, cuando no había podido renegociar ni pesificar su deuda en dólares asumida en tiempos de la Convertibilidad. Las noticias de una quiebra eran moneda frecuente y una empresa de George Soros, Adecoagro, había hecho una oferta muy tentadora para quedarse con Sancor, que por entonces era líder cómoda en el ranking de las empresas lácteas. Cuando ese negocio estaba a punto de concretarse, el ex presidente Néstor Kirchner recurrió a su socio político, el ex presidente venezolano Hugo Chávez, quien ofreció a Sancor un importante préstamo de 70 millones de dólares, que la empresa cobró de inmediato y fue saldando con envíos de leche en polvo hacia Venezuela en un largo plazo de pago. Fue el negocio más ventajoso que pudo haber hecho la empresa, que así estiró su agonía varios años más. Hoy, a pesar de conseguir algo de oxígeno a comienzos de 2019 con la venta de algunas fábricas y marcas finalmente a Adecoagro, la cooperativa láctea atraviesa un momento muy complicado. Uno de los últimos problemas que se generó, fue en febrero pasado con el freno de la actividad en la Planta de la Cooperativa en la localidad de San Guillermo, provincia de Santa Fe. Importantes productores expresaron ayer, en diálogo con Infobae, su preocupación por la decisión que adoptó el Gobierno con Vicentin. Con todo, creen que no es tan lineal que la situación con Sancor, aunque precisaron que la cooperativa láctea no resolvió todavía su crisis económica y financiera. Ni está cerca de hacerlo En la actualidad Sancor está procesando unos 600 mil litros de leche por mes, y cuenta con una capacidad de 4 millones de litros. Además, los productores comentaron que hay una gran parte de la infraestructura que se encuentra obsoleta. “Para que Sancor funcione muy bien, debería estar procesando unos 2 millones de litros mensuales. Los tamberos que dejaron de entregarle hoy lo hacen la mayoría en Saputo, que en los últimos tiempos ha ganado mucho espacio y poder en el mercado lácteo”, comentó un productor de Santa Fe, que conoce como pocos la operatoria de la láctea. Y sobre las razones que llevaron a Sancor a la actual problemática, dijo: “Cuando la maneja gente que no está capacitada, los gerentes no son los dueños, y a veces no son todo lo responsable que deberían ser, se llegan a crisis muy profundas. En el sector hay muchas empresas y cooperativas que funcionan muy bien, lo que deja en claro que allí hubo una falta de profesionalismo de las personas que la tenían que dirigir”. Más allá de las explicaciones que se puedan encontrar para la decadencia de ambas empresas, hay ciertas similitudes que vale la pena remarcar para entender las consecuencias que dichos casos tienen en el interior productivo. Tanto Sancor como Vicentin se nutren de la materia prima que se produce en los campos de Santa Fe y de todo el país. Miles de tambos se ven afectados cuando la usina a la que le entregan la leche deja de tener capacidad de pago. Y lo mismo sucede con los productores de granos que proveen a las plantas de Vicentin. Por eso, en cuanto tambalea una industria y se pone en duda esa capacidad de pago, la provisión de materia prima se ve afectada, se corta el círculo vicioso que permitiría, con algo de suerte y paciencia, salir de las crisis. Tanto Sancor como Vicentin se nutren de la materia prima que se produce en los campos de Santa Fe y de todo el país. Miles de tambos se ven afectados cuando la usina a la que le entregan la leche deja de tener capacidad de pago. Y lo mismo sucede con los productores de granos que proveen a las plantas de Vicentin Muchos tamberos que proveían de leche a Sancor dejaron de venderle, algo lógico si se tiene en cuenta que hay muchos a los que la empresa les sigue debiendo dinero por la compra de leche. Vicentin no corrió la misma suerte. A pesar que analizó caminos alternativos para saldar sus deudas sin dejar de operar, terminó siendo intervenida y está muy cerca de la expropiación.
¿Pasará lo mismo con su vecina láctea?
Varios en el mercado vieron una posible respuesta a ese interrogante el pasado 24 de mayo. Ese día, Mario Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), le dijo a Télam: “Estamos trabajando para dar vuelta lo de Sancor, y que vuelva a ser lo que era, y estamos muy cerca de la solución. Hay una luz al final del túnel”. Y señaló: «El mercado necesita actores de la economía social porque es una de las formas de controlar los precios. El sector privado a veces colisiona, no solo se pone de acuerdo en cobrarle más caro al Estado, como pasó, se pone de acuerdo en cobrarle más caro a los privados. Es ahí donde entonces es muy importante que podamos recuperar Sancor para estabilizar y que no haya abusos en el precio de los lácteos”. ¿Esa luz al final de túnel de la que habló el tío del jefe del Gabinete, será estatal?

(IPROFESIONAL) Con Vicentin, el kirchnerismo concreta su sueño de poner un pie en el negocio del agro. La crisis financiera de la firma agropecuaria da la oportunidad para reestablecer la injerencia sobre precios y liquidación de divisas por parte del campo La crisis financiera de la firma agropecuaria da la oportunidad para reestablecer la injerencia sobre precios y liquidación de divisas por parte del campo Lo cierto es que pocas veces le resultó tan fácil a un gobierno anunciar una expropiación y posterior estatización. Esta vez no habrá un gran grupo global que amenaza con denunciar al país en los foros internacionales y transformarlo en un paria, como había ocurrido con Repsol cuando Cristina Kirchner concretó la «gesta» -no barata, por cierto- de nacionalizar YPF. Ni tampoco se expondrá a las sospechas de corrupción que envolvieron la estatización de Ciccone, luego de un salvataje fiscal irregular, un intento de compra con opacos fondos de inversión y la apelación a una dudosa «soberanía monetaria». En todo caso, si alguien aparece sospechado de corrupción en el caso de vicentin no es el gobierno que toma la decisión de la expropiación sino el anterior, a cargo de Mauricio Macri. Y, por sobre todas las cosas, la decisión que anunció Alberto Fernández implica un hecho fundamental: es, por fin, la posibilidad de poner un pie en el negocio agropecuario, justo en el momento en que más se lo necesita. La reticencia de los exportadores de granos a liquidar divisas –el monto vendido en los primeros cinco meses del año cayó 19% respecto de 2019 y es el registro más bajo en cinco años- es uno de los temas que tiene más nerviosos a los funcionarios, que miran con desesperación el nivel de reservas del Banco Central. En medio de quejas sobre intentos de manipulación del mercado y presiones para devaluar, el Gobierno ha aumentado su nivel de intervencionismo, sin lograr que los productores abandonaran su actitud de guardar el producto en las míticas silobolsas. Aun con su pesada mochila de deuda, vicentin lidera la exportación de harina y aceite de soja y se ubica en el sexto puesto de las mayores exportadoras agrícolas, con 8,4 millones de toneladas, un 9% de las ventas agroindustriales argentinas al exterior. Con un negocio integrado, participa en todas las fases, desde el acopio de granos hasta la operatoria portuaria y compite con gigantes globales de la talla de Dreyfus, Bunge y Nidera.
Una YPF del campo
Lo cierto es que la intervención de la empresa vicentin marca un punto de inflexión en la gestión de Alberto Fernández: ya se está pensando en la post pandemia y actuando en consecuencia. Y el presidente, que en las últimas semanas venía recibiendo críticas internas por cierta postura «blanda» respecto del sector empresarial, finalmente se avino a escuchar los reclamos del kirchnerismo. De hecho, la situación actual hace acordar a la continua negociación que los funcionarios K tuvieron que hacer durante los ocho años de gestión de Cristina Kirchner, incluso llegando a acordar compromisos de pisos de exportación –invento de un resignado Axel Kicillof-, de manera de poder tener una mínima previsibilidad sobre el ingreso de dólares. Es en ese marco de tensión que cada vez se viene escuchando con mayor volumen el reclamo interno hacia Alberto Fernández desde el sector duro del kirchnerismo: se pedía restablecer algún tipo de control sobre la comercialización agrícola, incluso aggiornando viejas instituciones, como la Junta Nacional de Granos. No parecía fácil una medida de ese tipo para un presidente que se jacta de buscar consensos en un momento híper sensible para la economía del país. Pero ahí apareció vicentin para dar la solución perfecta: quién necesita una Junta de Granos si se puede tener una «YPF del agro» que, como líder del mercado, dé señales al resto de los jugadores y en definitiva reformatee el negocio. No por casualidad el Presidente repitió la expresión «soberanía alimentaria» como forma de justificar su medida. Podía haber usado un argumento más sólido e irrefutable, como la deuda financiera de u$s350 millones que vicentin mantiene con el Estado argentino, una cifra que hoy suena obscena si se considera que –calculada al tipo de cambio oficial- implica la mitad de lo que cuesta el IFE cada mes o el plan para asistir con créditos a las pymes semiquebradas. Pero claro, estaba el riesgo de que desde la vereda de enfrente se contestara que para lidiar con los problemas de deuda están los procedimientos como el concurso de acreedores, que corren por el carril judicial sin que haya necesidad de intromisión política. La realidad es que la circunstancia era inmejorable para plantear el tema vicentin en términos de estrategia nacional. Como Merkel con Lufthansa, para usar el ejemplo que inspiró a la diputada Fernanda Vallejos a presentar su controvertido proyecto de ley para que el Estado se quede con participaciones accionarias de las empresas que reciben ayuda en la cuarentena. Es sólo un detalle menor el hecho de que la pandemia no haya tenido nada que ver con la crisis de Vicentin, cuyos problemas no se remiten a un virus sino a los vicios clásicos de la economía argentina: sobre endeudada, fue arrastrada por el efecto de la devaluación de 2018. Pero en estas circunstancias, la estatización queda igualmente justificada por otra palabra que Alberto Fernández repitió en su anuncio: «rescate». En vicentin trabajan unas 4.000 personas de manera directa y, además, hay otros miles de pequeños productores que lo hacen indirectamente al venderles su producción y que ahora están afectados por ser parte de los acreedores que no pueden cobrar. De manera que, en un momento en que el desempleo es el principal temor como consecuencia de la cuarentena, el argumento de la continuidad laboral se transforma en una política de Estado que puede justificar expropiaciones La decisión del Presidente estuvo a tono con la carta firmada por dirigentes políticos –entre los cuales destaca Claudio Lozano, director del Banco Nación-, que pidieron que vicentin fuera declarada «empresa pública no estatal», con el argumento de que se trata de una compañía  «estratégica y clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos».

(Iprofesional) Banqueros locales, entre la sorpresa por el caso Vicentin y un pronóstico secreto para el canje de deuda Entre los ejecutivos hay temor a un giro hacia un kirchnerismo más duro por parte de Alberto Fernández. Cómo impactó en la deuda y el clima de negocios obre el final de esta semana se conocerá la última oferta por la deuda que presentará Martín Guzmán con la venia de Alberto Fernández. Lo que a priori podría despertar expectativas positivas, fue cambiando de humor. En las últimas horas fueron confusas en términos de lo que hará el gobierno. La futura expropiación de vicentin es un giro para el costado más duro del kirchnerismo estatista, algo que parecía que Alberto iba a bloquear. Algunos se preguntan si, finalmente, el sesgo pragmático del presidente llegó a su final. ¿Será la antesala de una oferta que finalmente se quedará corta para que los bonistas la acepten? La sorpresa llegó a los máximos referentes del mercado local, tanto bancos como sociedades de bolsa que venían analizando durante todo el fin de semana lo que sería una propuesta definitiva por la deuda. Los principales gerentes de bancos con oficinas en Buenos Aires creen que el nivel de adhesión no será suficiente para alcanzar el umbral que las cláusulas de acción colectiva necesitan para arrastrar al resto de los acreedores. En los bancos locales ven un escenario con un nivel de aceptación del canje de Guzmán entre el 50 y el 60 por ciento en términos globales. «Van a quedar holdouts, es inevitable. Quizás sea más fácil cerrar con los que tienen los bonos emitidos por Macri que tienen cláusulas más fáciles de cumplir, pero los Par y Discount quedarán afuera», dicen en las entidades. «La van a tener que remar y mucho, porque lo que viene es seguir trabajando para eventualmente sumar a los que se quedaron afuera. Y obviamente estos irán a litigar y el país seguirá en default por mucho tiempo», señalan. Las famosos CACs para los bonos emitidos en la era macrista tienen un umbral del 66% a nivel agregado entre la serie de bonos y del 50% en cada bono individualmente. En caso de que se alcancen esos porcentajes, los tenedores de esos títulos que no participaron del canje recibirán el bono propuesto por el gobierno quieran o no. Sin embargo, los bonos de la reestructuración anterior  tienen CACs con porcentajes más altos, siendo necesarios un 85% a nivel agregado y un 66% por cada bono. Esto quiere decir que requieren de una mayor participación para obligar al resto y cerrar la oferta. Claro que gran parte importante del partido se juega en lo que haga BlackRock, que lidera un comité de acreedores conjunto que entre todos tienen el 30 por ciento de los bonos Macri. Más allá de eso, es el parámetro para el resto de los fondos de inversión. Léase, si no entra BlackRock, tampoco entrarán esos fondos. Se descuenta, además por los contactos telefónicos de los últimos días, que los fondos que tengan una necesidad de acordar porque tienen negocios en la Argentina lo harán. Ahí el cabecilla es Fintech con David Martínez, accionista de Telecom y de Genneia junto al banquero Jorge Brito del banco Macro. Este fondo intenta posicionarse como el más benévolo ante Guzmán y Alberto por las obvias razones de sus negocios en el país. «BlackRock es el faro para el resto de los acreedores. Y ellos no se bajan de una oferta que valga 55 dólares de recupero. Y eso tomando una tasa de descuento del 10 por ciento, que es generosa y le hacen el favor a Guzmán. Porque en realidad ellos creen que deberían descontar la oferta al 12 por ciento, por ende un número inalcanzable para cerrar con este gobierno, afirman los banqueros, que suelen chatear varias veces por semana entre ellos mediante la app de moda, Zoom.Vivir con lo nuestro versión 2020
El tema de la exportadora Vicentin también fue tema de revuelo entre algunos popes del mercado. Creen que la movida de Alberto podría ser circunscripta en un escenario temerario para la economía, donde se prolonga el default y el gobierno busca quedarse activos que generen recursos hacia adelante. Un presagio del tan afamado «vivir con lo nuestro». «Si creo q vamos a la situación parecida a la del 2010-2015.  La van a ir llevando como pueden, lo de vicentin es una señal en ese sentido, van a ir quedándose con los activos para generar flujo como hicieron con YPF y AFJPs. Todo así emparchado buscando cajas, controles, congelamientos, discurso nacionalista, etcétera. Se preparan para administrar la escasez», afirmaba otro banquero local. Claro que el pesimismo de los gerentes de los bancos no es público. Temen represalias por parte del gobierno y todavía esperan que Guzmán empiece a colocarle bonos para financiar la post pandemia. Saben que les va a tocar aportar para financiar el tremendo gasto público que está realizando el Ejecutivo en medio de la pandemia por el COVID19. «Va a seguir siendo una economía con muchos problemas y realmente sin fuentes de financiamiento genuino. El mercado local algo puede hacer, pero muy poco para las necesidades que habrá en los próximos años», resumió un ejecutivo.

(Iprofesional) Shoppings, en la «lona»: antes había «cola» para instalarse, ahora ya devuelven locales y no pagan servicios. Los centros comerciales ya no pueden despachar ni por delivery. Mientras en el interior se multiplican las aperturas, persiste la negativa en Capital contramano del sector pyme, que en las últimas semanas viene obteniendo sucesivos avales para volver a la actividad comercial, el ámbito de los shoppings en la Capital Federal sigue sumando negativas para la vuelta y la situación financiera de los emprendimientos ya es insostenible. A diferencia de años anteriores, en que los administradores contaban con locatarios en lista de espera, ahora el escenario migró a su contracara: comenzó la devolución de locales. Y desde la entidad que integra a los centros comerciales informaron que la ausencia de ventas derivó en que los comerciantes interrumpieron por completo el pago de servicios. Desde la Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC) los esfuerzos por lograr el retorno a la actividad no dejan de redoblarse. Sin ir más lejos, esta semana sus directivos volverán a reunirse con funcionarios de la Ciudad con el fin de reclamar la reapertura para este mes de junio. Desde la organización anticiparon a iProfesional que se expondrá la situación en el interior como «caso de éxito» sanitario, con el retorno del funcionamiento del rubro en Corrientes, San Luis, San Juan y Jujuy a la cabeza. En la provincia de la Mesopotamia, que transita la fase 5 de la pandemia, el centro comercial capitalino ya abrió incluso hasta su patio de comidas. El protocolo sanitario vigente en ese territorio contempla el uso obligatorio de barbijo, la aplicación permanente de alcohol en gel y la medición de la temperatura de los clientes. «La cuarentena está afectando de manera letal la salud de las empresas. Se están devolviendo locales y la realidad es que no sabemos con cuantos comercios contaremos al momento en que se reabra la actividad. Además damos por descontado que, incluso abiertos, el consumo en los shoppings igual caerá muy fuerte. O sea que estas devoluciones que vemos ahora después se intensificarían por la menor venta», aseguró a iProfesional Mario Nirenberg, gerente general de la CASC. «No entendemos cuál es el criterio que rige para los locales en general. ¿Cuál es la diferencia entre habilitar un comercio y un shopping también de cercanía? Ninguna de nuestras empresas está preparada para resistir tantos días de inactividad. La mayoría jamás recibió ayuda estatal. Hoy por hoy, nadie está pagando los servicios. Los locatarios no pueden afrontar ni un solo gasto por esta falta total de ingresos», remarcó. Nirenberg sostuvo que el protocolo para los shoppings «ya fue certificado por el centro de estudios infectológicos de Stamboulian», por lo que de obtener luz verde oficial la reapertura podría llevarse a cabo rápidamente y sin inconvenientes sanitarios. A fines de mayo, los centros comerciales de la Ciudad comenzaron a negociar la posibilidad de implementar el «take away» en sus respectivos estacionamientos para, de esa forma, apuntalar la venta de indumentaria y gastronomía. Lo que recibieron a cambio de ese pedido fue lo contrario: tras una serie de inspecciones en Ciudad y el conurbano realizadas en los últimos días, las autoridades decidieron anular por completo la modalidad del delivery que venían sosteniendo los locales de comida de cada emprendimiento.
El protocolo
Con relación al protocolo promovido por la CASC de cara a una eventual reapertura, Nirenberg adelantó que procura cumplir «con los 16 metros cuadrados de medida rigurosa entre las personas que establece la Ciudad como mínimo de distancia entre clientes», además de que se acota el número de individuos dentro de los locales. «Estamos en condiciones de volver a abrir manteniendo el cumplimiento de las pautas de distanciamiento social. Se pondrá un límite a la cantidad de personas que ingresen a los shoppings como una manera de hacer efectiva la marca de los 16 metros cuadrados. Al mismo tiempo, se tomarán medidas para que no se reúnan las personas en áreas comunes como baños o puestos de informes», adelantó. «En el caso de sitios que demanden se haga algún tipo de fila, vamos a establecer marcas de distanciamiento en el mismo piso. Se trata de un protocolo que está pensado para todos los shoppings en general, no sólo para los de Buenos Aires», aclaró Nirenberg. El directivo puso un ejemplo para graficar cómo quedarán establecidos los ingresos en los locales: «En un local de 80 metros cuadrados no podrían estar más de 5 personas incluyendo a los empleados del mismo comercio. Las mismas condiciones que mencionamos regirán incluso para los emprendimientos a cielo abierto como el caso del Distrito Arcos». Con relación a lo que viene para cines y el área de restaurantes y comidas en los centros comerciales, Nirenberg señaló que, aunque no hay precisiones respecto de cuándo volverán a estar activos, «son espacios donde también se fijará un distanciamiento estricto y acorde con lo que piden las autoridades sanitarias».