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• (Ambito) Deuda: ¿pagarán los u$s5.300 millones que vencen este mes?. El gran interrogante del mercado el viernes era si la nueva administración que asume mañana pagará puntualmente o si los vencimientos de este mes serán puestos en stand by. El 40% está en manos de inversores privados. En la misma semana de la asunción del Gobierno, el presidente Alberto Fernández tiene compromisos de deuda por el equivalente a 430 millones de dólares. Son letras del Tesoro en moneda local y extranjera cuyos vencimientos se reperfilaron desde agosto. Y forman parte de los u$s5.310 millones de capital e intereses de bonos y letras que vencen este mes, de los cuales 40% está en manos de inversores privados. El gran interrogante del mercado el viernes era si la nueva administración que asume mañana pagará puntualmente o si los vencimientos de este mes serán puestos en stand by e incluidos en el paquete de reestructuración global que el ministro de Hacienda designado, Martín Guzmán quiere tener resuelto como máximo en marzo próximo. Ante la falta de precisiones, las opiniones están divididas. Algunos creen que por el tamaño de los vencimientos, para no comprometer la caja, el Gobierno dispondría una postergación de los pagos por decreto al día siguiente de asumir. Otros, por la misma razón, pero apuntando que sobran recursos para cumplir en tiempo y forma, al menos este mes, apuestan a que los compromisos de diciembre serán acreditados en las cuentas de los tenedores. De los vencimientos de títulos, los que son en pesos y están en manos del sector privado no superan el equivalente a u$s1.300 millones. Unos $75.000 millones, que para tener una idea de la dimensión, equivalen a un par de días de expansión monetaria de las Leliq. Parece manejable. Sobre todo si la intención del nuevo oficialismo fuera la de sentarse a negociar con los acreedores de deuda sin cargar con el estigma de un default. Pero claro, no todos opinan del mismo modo. Prueba de ello es que el índice de riesgo país, pese a que bajó 2,6% el viernes, sigue arriba de los 2.300 puntos básicos. También los seguros contra un eventual default del país, los Credit Default Swaps (CDS) de los bonos a 5 años, cayeron fuerte aunque se mantuvieron por encima de los 5.000 dólares para quedar en u$s5.054. Pese a estos indicadores, los traders vieron cómo subían los precios de la deuda argentina y con más volumen de negocios. Uno de los papeles favoritos fue el Bono de Tasa de Política Monetaria (TJ20), que en dos semanas pagaría cupón de renta. El viernes subió 2,3%. La TIR para este papel que amortiza totalmente en seis meses, era de 275%. El 18 corta cupón y el 21 pagaría el equivalente a unos $25.000 millones. Además de los TJ20, este mes hay vencimientos de capital e intereses de letras en moneda local por unos $28.000 millones. El viernes 13 y el 30 de diciembre vence el 25% de las Lecap reperfiladas a inversores institucionales (S13S9 y S30S9), que capitalizaron intereses desde los vencimientos originales. Buena parte de estas letras estaban en poder del fondo Templeton. También el 30 vence la cuarta parte de las LECER (X30S9) de septiembre. El caso de los papeles en dólares está más debatido. Aunque tampoco debería ser un obstáculo para el Tesoro hacer frente a esos vencimientos este mes. Las letras en dólares suman u$s500 millones entre capital e intereses, mientras que para pagar los bonos en moneda extranjera se necesitarían apenas u$s400 millones. Son la renta del bono Centanario (AC17), de los Bonar 22 (AA22), 2025 (AA25) y 2027 (AA27) y amortización e intereses de los Discount y Pares en sus distintas versiones. Del total de reservas internacionales de u$s43.795 millones informadas el viernes por el Banco Central, la porción de divisas de libre disponibilidad rondaría los u$s9.500 millones, de acuerdo a los cálculos de analistas del sector privado. Pero, claro, además de los vencimientos de bonos soberanos y letras del Tesoro, el ministro Guzmán se encontrará que este mes el cronograma de Hacienda incluye otros pagos. Entre ellos se destacan compromisos con organismos internacionales, por unos u$s232 millones, y con bancos comerciales, por u$s782 millones de capital e intereses. También en este caso el volumen parece manejable. Falta ver cuál será la decisión política a partir de mañana. “Hasta enero no esperaría sorpresas”, opinó escueto un hombre con llegada al bunker de Puerto Madero. Por lo pronto, el viernes los bonos subieron en todas sus versiones, con alzas de hasta 2,8% como fueron el caso de los Bonar 24 (AY24) y los Discount (DICA). Se sabe que Guzmán buscará una negociación relativamente rápida por la deuda, sobre la base de postergar entre 2 y 3 años los pagos, sin quita de capital y probablemente una reducción de los intereses. Algo razonable, teniendo en cuenta que si acreedor recibiera de nuevo el capital prestado, hoy difícilmente podría volverlo a colocar a las tasas que pagaba la Argentina. Queda una rueda de negocios antes del traspaso de mando y los operadores tienen información suficiente como para posicionarse. Saben, por ejemplo, que la intención del nuevo Gobierno es la de bajar las tasas de interés, por eso uno de los otros trades naturales fue el de pasarse de bonos que ajustan por tasa Badlar a aquellos que corrigen por CER, o sea que siguen a la inflación. Y en acciones, si bien subieron fuerte hasta 8% el viernes los ADR de papeles argentinos que cotizan en Nueva York, hay señales como para estimar qué sectores se verán más y menos favorecidos a partir de la nueva orientación de la economía, cuyos detalles finos se irán conociendo en los próximos días. En general, se podría trazar un paralelo con la situación previa a las elecciones primarias. Aunque con la expectativa de un final diferente: que en vez de desplomarse los precios en la rueda siguiente, la reacción fuera la inversa. Partiendo de los actuales bajos precios de los activos argentinos, la probabilidad de esa ocurrencia parece elevada.

• (Ambito) Caso YPF: Burford se pinta la cara contra Alberto Fernández. El demandante presentó el viernes su escrito en el tribunal de Preska. Reclama que el juicio se mantenga en Nueva York y no se mude a Buenos Aires. Carlos Zannini deberá rearmar la estrategia en la que se acusa al Gobierno de Cristina de Kirchner. Burford, el fondo que demanda a la Argentina por la manera en que se reestatizó YPF en 2012, se pintó la cara para la batalla el viernes pasado ante Loretta Preska. En el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se dirime el juicio más importante que tiene el país en el exterior, Burford se presentó con un escrito de 44 páginas, destinado a justificar y reclamarle a la jueza que mantenga la causa en los Estados Unidos y rechace el pedido de los abogados que representan al país para que el caso se mude a Buenos Aires. Esta había sido la estrategia del Gobierno de Mauricio Macri durante los últimos cuatro años, junto con el intento de descalificar ética y moralmente a Burford como demandante. Ahora, el fondo contraatacó el viernes, afirmando que toda la causa debe desarrollarse donde nació la obligación de cumplir con los accionistas que no fueron compensados (el 45% de los tenedores) y donde cotizan las acciones de la petrolera (Wall Street), además de embestir durísimamente contra el Gobierno de Macri (al que describe como administrador de años “de inutilidad”, con la misma saña que contra la gestión de Cristina de Kirchner). En el medio del escrito, también pone la mira en las posibles decisiones que tome Alberto Fernández, descartando que defenderá la posición de la expresidenta. En el escrito, Burford habla también de investigaciones penales y criminales que le estarían haciendo al fondo en la Argentina, y llega al extremo de asegurar que los propietarios y accionistas del fondo, incluyendo sus familiares, no pueden visitar la Argentina por miedo a su seguridad. Preska le había aceptado a la Argentina en septiembre pasado la posibilidad de suspender la causa hasta que pasen las elecciones presidenciales en el país, y se defina un próximo Gobierno. Habilitó además al demandante a poder presentar su escrito de defensa durante la primera semana de diciembre, lo que Burford cumplió en tiempo y forma. Ahora la Argentina tendrá hasta el 6 de enero para referir al tribunal y contestar las acusaciones del fondo; o, como se espera, pedir unan postergación para reagrupar fuerzas y diseñar una nueva estrategia defensiva, ante el cambio de Gobierno. Esta actitud se cae de maduro al saberse que una de las defensas que esgrimían hasta ahora los abogados argentinos contratados por el Gobierno de Mauricio Macri era la obligación de suspender la causa en Nueva York hasta que en Buenos Aires avance una investigación sobre supuestos hechos de corrupción durante el Gobierno de Cristina de Kirchner vinculados a la privatización de parte de las acciones de la petrolera. Se supone que, obviamente, este capítulo será modificado cuando se elabore el nuevo esquema de trabajo ante los tribunales de Nueva York, en la procuración del Tesoro que manejará Carlos Zannini. Será esta repartición la que deberá encarar no sólo este juicio, sino también las causas por la modificación del cálculo del PBI en 2013 con la consecuente demanda del fondo buitre Aurelius. También el caso por la reestatización de Aerolíneas Argentinas en el Ciadi y el de YPF por el caso Maxus. Entre los cuatro suman demandas por aproximadamente u$s10.000 millones, en casos generados en su totalidad durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner según el cálculo efectuado por el especialista de FinGuru, Sebastián Maril. El caso por la reestatización de YPF se definirá en primera instancia de los Estados Unidos en 2020, luego que la propia jueza (algo cansada por la falta de precisiones y presentación de pruebas desde la Argentina) decidió que la causa continúe este mes, luego que asuma el nuevo Gobierno. Su fallo definitivo se conocerá durante el primer semestre del próximo año, con lo que inevitablemente la administración de Alberto Fernández tendrá que elaborar su estrategia legal en Nueva York. La defensa presentada por Burford apunta a impedir que el caso se mude a Buenos Aires. El fondo fue acusado el 7 de agosto pasado de “fraude contable”, ante una posible sobrevaloración de las ganancias que le traería al demandante el juicio contra la Argentina. El disparador de estos cambios fue la publicación de un informe de la agencia estadounidense Muddy Waters Research, en el que se acusa a Burford de tergiversar sus resultados “manipulando su rendimiento del capital invertido y la tasa interna de rendimiento, así como el estado de su negocio en general”. Ese día, y luego de presentar el trabajo, las acciones de Burford Capital se derrumbaron el 46% en la Bolsa de Comercio de Londres. Según Muddy Waters, parte del fraude de Burford se concentra en su principal activo: el juicio por la reestatización de la petrolera argentina, sobrevalorando hasta siete veces la potencial tasa de ganancia, afirmando que el capital invertido es del 426%, en lugar del 3.278%. El informe señala en varias oportunidades que Burford escondió los costos del juicio contra la Argentina y que concentra la mayoría de sus activos (inflados) en cuatro causas fundamentales donde la de YPF es, lejos, la más importante. Es ante la necesidad de presentar la correcta valuación que Burford estimó que este caso tendría un valor final, y si se da un fallo positivo para ellos de parte de Preska de un piso de u$s1.700 millones (según el valor de las acciones actuales), o u$s9.000 si se toma la valuación del día en que se anunció la reestatización, o de u$s6.000 según la jornada en la que Argentina efectivamente tomó posesión. Burford Capital había presentado en la Bolsa de Londres, el 25 de julio pasado, su reporte semestral de resultados correspondiente al período enero-junio 2019, en el que, obviamente, el juicio por YPF era el protagonista. Había valuado allí sus activos potenciales en el caso en unos u$s1.000 millones de los aproximadamente u$s3.000 millones que costaría el juicio en el caso de ser negativo para el país. Burford había anunciado, además, que mantenía el 61,25% del caso, y que en sociedad representa a unos 40 inversores privados. La identidad de estos socios se mantiene estrictamente en secreto y desde la defensa de la Argentina se reclama a la jueza Preska que, en el caso de tener que liquidar la deuda (algo que, tal como lo adelantó este diario, no ocurrirá este año), se den a conocer los nombres de todos los litigantes a los que habría que pagar. En ese informe, que fue puesto en foco por Muddy Waters se menciona además que en el primer semestre de 2019 la compañía cotizante en la Bolsa de Londres obtuvo una ganancia del 36% en sus inversiones de activos, y del 40% en sus ingresos totales. Esta rentabilidad se debe, en gran parte, a la actividad del fondo ante el juzgado de Preska en el caso YPF, dados los avances en el juzgado del segundo Distrito Sur de Nueva York al menos al momento de cerrar el balance de julio pasado. Se mencionaba, además, que esa valuación debía actualizarse (en positivo) durante el segundo semestre, a partir de los avances que descartaba tendría la causa a favor de la posición del demandante. Hasta junio pasado, el fondo inglés aseguraba que había ganado un 236% en dólares en algo más de cuatro años de vigencia de la causa, luego de que a fines de 2015 comprara el caso en los tribunales de quebrantos de Madrid. Se estimaba en junio que si el fallo final fuera negativo para la Argentina, ganaría hasta un 800%. De tener éxito final, Burford y el resto de los litigantes recibirían por el reclamo entre u$s3.000 y u$s9.000 millones (dependiendo de la decisión final de la Justicia norteamericana), cuando el valor de la petrolera en el mercado ronda los u$s4.000 millones. En el momento de la nacionalización, en 2012, el valor que se determinó que valía la compañía (para calcular el precio a pagarle a Repsol) era de u$s12.000 millones. Burford había comprado a los tribunales españoles la causa de las quiebras de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, por unos u$s15 millones. Originalmente, el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el de YPF había comprado el 70% de la causa. Actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a unos 40 inversores privados el resto. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso, y a medida que se aproximaba el momento actual, su precio iba en incremento, otorgándole a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de los casos que va litigando) ganancias extraordinarias.

• (Cronista) Los bancos se preparan para el regreso de las líneas de crédito subsidiadas dirigidas a las pymes Las entidades aseguran que el nuevo Gobierno impulsará préstamos con tasas bajas para reactivar la economía. En los bancos ya trabajan en las ofertas posibles pero piden prudencia con respecto al riesgo. Alberto Fernández asume formalmente mañana la Presidencia pero ya circularon varias de las ideas que tiene su equipo para reactivar la economía. Entre ellas, volverían los créditos a tasas blandas para las pymes. Sería una reedición de las líneas de inversión productiva que ya había implementado Mercedes Marcó del Pont cuando estuvo al frente del Banco Central (BCRA). En las entidades ya están analizando las alternativas posibles y las formas en que se podría poner en marcha esta nueva regulación. La preocupación en los bancos es que la implementación sea razonable, para que «los costos y riesgos que tiene la operación» no afecten su capacidad de «administrar y gestionar sus riesgos» y, así, «sea algo sustentable en el tiempo». «Hay que tener mucho cuidado con no debilitar al sistema financiero, que resistió bien dos crisis seguidas, está líquido y solvente, pero cualquier medida que tome el Gobierno deberá preservar eso, porque lo más importante es la estabilidad del sistema financiero», argumentaron. «Si se quiere hacer una línea productiva, hay que liberar o reasignar recursos de otro lado. En los últimos meses los encajes se fueron por encima de los montos prudenciales, principalmente para absorber base monetaria y luchar contra la suba del dólar. Si eso ya no fuera necesario, la parte que exceda el mínimo prudencial de encajes, podría ser asignada a líneas productivas, en la medida en que le deje a los bancos la gestión del riesgo. Sino, es algo arriesgado para las entidades y en el largo plazo puede ser contraproducente», señalaron. En esa línea van los trascendidos sobre los planes del nuevo Gobierno, que utilizaría los encajes para tentar a los bancos a prestar para capital de trabajo. Como se trata de dinero que tienen inmovilizado en el BCRA sin ningún rendimiento, cualquier interés que perciban por la colocación de créditos a pymes les resultará más atractivo. Lo cierto es que las áreas pyme de las entidades ya están tratando de adelantarse a la normativa para poder colocar productos en el mercado con rapidez, una vez que se conozcan los detalles. «Todos los bancos están trabajando en esto. Estamos haciendo un relevamiento de los clientes que las tomaron en el pasado y evaluando cuáles serían los posibles interesados. Estamos diseñando una nueva línea de créditos para clientes, con este tipo de concepto», comentaron en un banco. En otra institución mostraron buena predisposición: «Es una medida probable y acompañaremos a las pymes, tal como lo venimos haciendo desde siempre, apoyando el desarrollo de la economía». «Estamos al tanto de la posible puesta en marcha de estas líneas. Todo dependerá de la finalidad de las mismas. En el pasado se destinó una parte importante al largo plazo y financiamiento de bienes de capital. Eso se hizo en algunos casos a través del leasing. La línea de descuento de cheques siempre es una alternativa», agregaron en otro banco. Las Líneas de Crédito para la Inversión Productiva (Licip) nacieron en 2012 y estuvieron vigentes hasta 2018. Obligaban a los bancos a destinar un porcentaje de sus depósitos al financiamiento de proyectos de inversión cuyo fin sea la adquisición de bienes de capital o a la construcción de instalaciones productivas.

• (Cronista) Asistencia a las pymes y reforzar Precios Cuidados, las prioridades de Kulfas El nuevo ministro de Desarrollo Productivo está completando su equipo. Paula Español, a Comercio Interior; Ariel Schale a Industria y Comercio Exterior; y Guillermo Merediz será el secretario Pymes. ran parte de la valoración pública que tenga la gestión de Alberto Fernández dependerá de los éxitos que puedan exhibir -cuanto más rápido, mejor- el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su equipo de colaboradores. En las últimas horas trascendió que la estratégica Secretaría de Comercio Interior, será responsabilidad de Paula Español, un cuadro técnico que ya ejerció el cargo de subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación. A partir del 10 de diciembre tendrá que lidiar con la suba de precios y apuntalar algunos programas de impulso al consumo. Entre ellos se menciona la ampliación del programa Precios Cuidados, que dicho sea de paso, estará vigente hasta el próximo 7 de enero. En un mes de consumo exacerbado por las fiestas navideñas y también de precios desbocados en muchos casos, será crucial el monitoreo y control de precios que ejerza el Estado. Sobre este punto el propio presidente electo, Alberto Fernández, indicó que «no necesitamos congelar precios ni irresponsables que aumenten por las dudas», en alusión a los aumentos preventivos de los últimos días, y que se podrían revisar. Otro nombre confirmado en el equipo de Desarrollo Productivo es el de Ariel Schale como secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Será un área clave para el despegue del sector manufacturero y el impulso a las exportaciones. Pero se agrega la economía del conocimiento, una actividad que viene en expansión y se espera que aporte muchos dólares vía exportaciones. En la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) se sentará Guillermo Merediz, un hombre cercano a Kulfas, a partir de su trabajo en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

• (Cronista) Segundos afuera: Guzmán define la oferta para la deuda. Segundos afuera, como en el boxeo. Comienza ahora la pelea para Alberto Fernández con un margen de acción limitado por la posible caída en default total del país. ¿Pagar o no pagar? Es la duda hamletiana en las próximas semanas, con los vencimientos que se van a ir acumulando y drenando las reservas. ¿Aplicará el economista Martín Guzmán un freno de pagos de arranque, esta misma semana, a los papeles con legislación argentina, incluyendo a los ya reperfilados en la gestión Macri? En su presentación en Ginebra ante la UNCTAD, hace cuatro semanas, descartó un default argentino en diciembre. Y sentó la idea de lo que es su estrategia en ese sentido. Este miércoles se aguardan anuncios. Apura la oferta para las próximas semanas. Ya es sabido que el nuevo ministro de Economía tiene base académica pero una postura agresiva para con el mercado financiero. No se le conoce equipo ni contactos en Wall Street para testear ideas. Tampoco experiencia de gestión. Aquí hay un punto importante: si busca imponer una quita significativa a la deuda, puede que los bonos que hoy cotizan por debajo del 40%, vayan a operarse aún más abajo, «sub 30%». A ese nivel comenzarán a aparecer los «vulture funds» o fondos buitres apostando a bloquear restructuraciones y obtener ganancias siderales en un acuerdo, no necesariamente en el corto plazo. Sería la segunda temporada del Default del 2001. Hay varias palabras o frases que estarán de moda de ahora en más. Una es la «sostenibilidad de la deuda». Guzmán sostiene que la mitad de las restructuraciones de la deuda efectuadas entre 1970 y 2013 en los mercados fracasaron y debieron ir a otra restructuración. Por ello esa frase de la sostenibilidad de la deuda cobra valor. Coincide en ello con el FMI. Es también la sostenibilidad de los funcionarios la que está en juego con la de la deuda. Pero habrá que aguardar cuáles son los planes fiscales de Guzmán y el ajuste para llevar a la Argentina a un superávit fiscal primario y en base a ello ver las «sostenibilidades» mencionadas. No muestra las cartas tampoco en ese sentido: Alberto Fernández el viernes ya anticipó que no habrá Presupuesto 2020 y que recién en marzo próximo puede que envíe el proyecto al Congreso. Se guarda la baraja de mostrar el plan fiscal hasta que no esté cerrada la renegociación de la deuda. Ahora bien, en teoría se trata de la restructuración más fácil de la historia de los mercados. Los bonos ya operan entre el 29% y el 40% de su valor y con un plan fiscal medianamente razonable, los tenedores de papeles argentinos aceptarán una oferta. Ya en 2019 los inversores marcaron una pérdida de más de 40% en el valor de sus tenencias. Para el 2020 es todo «upside» si Argentina hace lo que los libros indican con ganancias para esos títulos que pueden llegar al 50% en dólares. La clave pasa por otra frase o término que estará de moda, que es el «exit yield» de los nuevos papeles que se entreguen en la oferta a bonistas. Se trata del rendimiento que tendrán tras la oferta. Mientras menor, más atractivo o mayores ganancias para el 2020. De nuevo, dependerá del plan macro y si tiene apoyo del FMI. Por ello la importancia de lo que señalara Alberto Fernández el viernes con las negociaciones «silenciosas» que se llevan a cabo con el FMI. Otra cuestión clave de la renegociación pasará por la selección de bancos que se encarguen de ese proceso. Atrás quedaron seguramente los lineamientos de Axel Kicillof vigentes hasta el 2015 de evitar contratar bancos. La selección ahora es clave dado que sólo un par de bancos extranjeros cuentan con la experiencia y los datos sobre los tenedores de los papeles argentinos y cómo acercarles la propuesta oficial. Un veto de Cristina, la amenaza. En YPF con la llegada de Guillermo Nielsen no habrá giros contra inversores en la conducción de la petrolera argentina. Incluso puede mantenerse al actual CEO, Daniel González, histórico de la empresa con quien estuvo el sábado reunido en Palermo. Nielsen en contacto con inversores desde agosto, viene resaltando la necesidad de dar previsibilidad a las inversiones, especialmente las de Vaca Muerta. Para mercados, la gestión de Mauricio Macri y su despedida mañana es la mayor decepción de los últimos años en América latina. La esperanza que el país se sume a los casos de éxito en la región como Brasil, Uruguay, Perú, Chile, se esfumó en poco tiempo. «El mayor costo que deja Macri es que dejó instalada la idea de que fracasó el libre mercado, cuando su gestión no tuvo nada de liberalismo» dijo a El Cronista el viernes un argentino a cargo de toda América latina en un banco en Nueva York. Ya tiene organizado el fundador del PRO instalar sus cuarteles centrales en el Complejo AlRío en Vicente López. María Eugenia Vidal estudia instalarse en Palermo y dar una cátedra en la Universidad Di Tella. Los gremios darán seis meses de luna de miel al nuevo gobierno. No hay demandas ni situaciones extremas que gatillen exigencias en el inicio de la gestión. Están expectantes hasta junio. Como los gobernadores del PJ, quedaron los sindicalistas afuera del gabinete. También como Juan Grabois quien vio como Daniel Menéndez de Barrios de Pie ingresaba al equipo de Daniel Arroyo. Los primeros tres rounds para Alberto Fernández marcarán la suerte de su pelea. Lo económico es lo central y allí el éxito que tenga en renegociar la deuda marcará si gana o pierde por knock out. Las elecciones del 2021 desde el miércoles 11 ya están a la vista. Ya hay varios trabajando en ello. Suena la campana.

• (Cronista) La deuda, uno de los principales problemas que enfrentará el nuevo gobierno Unos u$s 26.000 millones vencen en la primera mitad del 2020. Para Ecolatina, la renegociación de estos vencimientos será una de las primeras acciones que deberá llevar adelante el equipo económico de Fernández. El alto nivel de endeudamiento y la situación de las cuentas públicas serán algunos de los principales problemas que heredará el gobierno de Alberto Fernández, sostuvo hoy una informe de la consultora Ecolatina “El macrismo legará una deuda pública relevante en moneda extranjera elevada y una capacidad de pago acotada. Para peor, una parte importante de estos pasivos vence en el corto plazo -u$s 26.000 millones en la primera mitad del 2020, prácticamente duplicando a las reservas netas actuales-”, advirtió Ecolatina. “Por lo tanto, la renegociación de estos vencimientos será una de las primeras acciones que deberá llevar adelante el equipo económico de Alberto Fernández, tan relevante como inmediata”, agregó el informe. Para Ecolatina, “esta renegociación limitará los grados de libertad en materia de política económica” del nuevo gobierno, debido a que “la situación fiscal primaria -que pasó de un rojo de 4% del PBI en 2015 a la zona de 0,5% en 2019 en un período donde cayó la actividad económica y se relajó la presión tributaria- deberá seguir corrigiéndose”. “Por lo tanto, si bien la situación de las cuentas públicas es mejor que la recibida (por Mauricio Macri en diciembre de 2015), lo cierto es que las políticas posibles en este frente continúan siendo limitadas: los acreedores obligan a llevar adelante un sendero fiscal austero, limitando el set de políticas viables”, agregó la consultora. Según Ecolatina, si bien el déficit externo dejó de ser un problema debido a que el saldo de la cuenta de bienes y servicios es superavitaria, en un contexto de demanda deprimida y dólar caro, la existencia de fuertes compromisos de pagos externos y casi nulo financiamiento, determinan que “la cuenta capital arrojará un déficit significativo”. Por último, la consultora alertó sobre el proceso de corrección de precios relativos debido a que el salario real perdió 20% en los últimos dos años, lo que podría determinar de parte de los sindicatos una recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores. “En resumen, las dos herencias serán pesadas. Sin embargo, las urgencias no reposarán sobre los mismos puntos: mientras que antes el bajo stock de deuda pública relevante era un activo, ahora será el principal pasivo; por el contrario, mientras que en 2015 el rojo fiscal y el de cuenta corriente eran los principales aspectos para atender, en 2019 serán los encargados de brindar el alivio y de, en el mejor de los casos, llevarnos a una renegociación exitosa de la deuda”, concluyó la consultora.

• (BAE) Con la mira en Vaca Muerta, Nielsen presidirá YPF y el CEO sería un hombre de Galuccio El ex secretario de finanzas busca blindar el yacimiento. Luego de sonar para varios cargos en el próximo Gobierno, finalmente Guillermo Nielsen recalará en la presidencia de YPF, la petrolera de bandera y una de las mayores empresas del país. Su foco estará puesto en recomponer el balance de la compañía, que perdió más de $23.000 millones en los tres primeros trimestres, y potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, en donde deberá articular con Sergio Lanziani, quien asumirá como secretario de Energía. Nielsen ya trabaja en la conformación de su equipo de colaboradores, mientras en la cúpula del Frente de Todos terminan de definir quién lo secundará. Uno de los principales candidatos a convertirse en su CEO es Juan Garoby, un hombre cercano a Miguel Galuccio y actual ejecutivo de Vista Oil & Gas, la petrolera fundada por el expresidente de YPF durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Justamente, su nombramiento correría por cuenta de la vicepresidenta electa. “Es una posibilidad muy firme aunque todavía no hay confirmación”, le dijo a BAE Negocios una fuente al tanto de las conversaciones. La otra opción es que el cargo quede para el actual vicepresidente de la compañía, Carlos Alfonsi, quien lleva tres décadas en la empresa. Según supo este diario, Nielsen decidió bajar su perfil de cara al inicio de su gestión y abocarse a los vínculos con otras firmas del sector, al tiempo que buscará voceros para su nueva tarea. El exsecretario de Finanzas es el principal promotor del blindaje de Vaca Muerta dentro del armado de Alberto Fernández. Se trata de un proyecto que apunta a darle garantías de estabilidad regulatoria, beneficios fiscales y un régimen especial de disponibilidad de divisas pese al cepo, con el fin de estimular las inversiones en el sector. Además, quiere que el Gobierno impulse el desarrollo de la estructura necesaria para exportar gas natural licuado a gran escala y traer dólares al país. Pero deberá convivir con otras posturas. Lanziani y los equipos técnicos del PJ trabajan en una iniciativa para declarar la emergencia tarifaria y, así, congelar los precios por cerca de seis meses. Todo en el marco de la planificación de un sendero hacia la pesificación de la energía.