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• (La Nación) Auxilian a Axel Kicillof para evitar un default en la provincia. Los gestos de cordialidad entre Alberto Fernández y Axel Kicillof se traducirán en los próximos días en una ayuda concreta de la Nación a la provincia de Buenos Aires. Después del encuentro que el Presidente y el gobernador bonaerense mantuvieron la semana pasada a solas y del acto que compartieron ayer en San Fernando, la Casa Rosada avanzará en un auxilio financiero para que la provincia de Buenos Aires pueda cumplir los compromisos de deuda que vencen el mes en curso. Así lo confirmaron ayer fuentes del entorno presidencial. La relación entre Fernández y Kicillof es inmejorable, insisten en el gobierno nacional, para ahuyentar cualquier hipótesis de conflicto al interior del Frente de Todos. «Este chiquito va a ser un gran gobernador», lo elogió el Presidente, en el acto de San Fernando. Los dos volverán a compartir una actividad mañana, en Mar del Plata, en el lanzamiento de la temporada de verano. La provincia tiene vencimientos de deuda por 571 millones de dólares entre el 19 y el 26 de enero, de un total de 9000 millones de dólares que deberá pagar la administración de Kicillof hasta el final del mandato, en diciembre de 2023. Solo en 2020 los compromisos alcanzan los 2700 millones de dólares. En octubre del año pasado, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que la provincia tenía solo dos opciones: una reestructuración de la deuda o un auxilio financiero de la Nación. En el gobierno bonaerense activaron las dos instancias de negociación al mismo tiempo. Como receta obligada para poder gestionar con un margen de maniobra aceptable, Kicillof apuesta a recibir una ayuda de Nación y también a refinanciar una porción de los compromisos con los tenedores privados. Del monto que vence el mes actual, 253 millones de dólares están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo de inversión que maneja la Anses. En el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, a cargo de Pablo López, iniciaron las gestiones con esa dependencia. Todavía no hay nada cerrado, aclararon. El auxilio que Nación prometió a la provincia podría consistir concretamente en la renegociación de los pagos de los bonos en manos del FGS. Se trata de títulos en dólares que emitió la provincia y colocó por medio de un mecanismo de suscripción directa con el fondo de la Anses. Vencen el 19 de enero. La obligación con los tenedores privados es de más de 250 millones de dólares, entre capital e intereses, dinero que, de no haber renegociación, habría que cancelar el 26 de enero. En la Casa Rosada no precisaron en qué consistirá la ayuda, pero aseguraron que van a hacer los esfuerzos necesarios para que la provincia no caiga en default. En el gobierno nacional advierten que una eventual cesación de pagos de la principal provincia del país tenga repercusiones sobre las obligaciones del resto de los distritos. Es un argumento que se usa también hacia adentro, para explicar ante el resto de los gobernadores la asistencia que se le dará a la administración de Kicillof. Tenedores privados La renegociación con los tenedores privados se puso en marcha el 20 de diciembre. Ese día el gobierno bonaerense anunció «su decisión de iniciar un proceso de consultas con sus acreedores privados externos, sobre la base de la buena fe, con miras a definir medidas tendientes a asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial». Después de algunas semanas de conversaciones más generales, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense convocó concretamente anteayer a los tenedores del bono que vence en enero. La convocatoria formal indica que el objetivo del encuentro es «compartir puntos de vista respecto de la manera de alcanzar un alivio financiero transitorio para la provincia». En simultáneo a las negociaciones para que la Casa Rosada asista financieramente a la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación firmó ayer un convenio con el gobierno bonaerense para poner en funcionamiento la tarjeta Alimentar. El programa, destinado a las titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) con chicos menores de seis años, alcanzará a 560.000 familias e implicará una inyección de 2800 millones de pesos por mes en la provincia de Buenos Aires, según lo acordado ayer entre Kicillof y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

• (Ambito) El Banco Central compró u$s160 millones por mayor oferta de los inversores, que buscan adelantarse a la baja de tasas.Aprovechando una demanda muy acotada por el cepo, el Central compró fuerte en el mercado ya que los inversores incrementaron la oferta de divisas para adelantarse a la previsible baja de tasas. Con todo, el dólar mayorista cerró estable por quinta jornada consecutiva a $59,82. Aprovechando una demanda muy acotada por el cepo hard, el Banco Central compró u$s160 millones este jueves en el mercado de cambios -según operadores- en medio de una mayor oferta de divisas por parte de inversores, que buscan adelantarse a la posible baja de tasas. Con todo, el dólar mayorista cerró sin cambios por quinta jornada consecutiva a $59,815 (en lo que va de 2020 no registró variaciones), con un fuerte incremento en el caudal de negocios: el volumen operado saltó casi 50% a u$s462 millones, el nivel más alto desde octubre pasado. Por su parte, el dólar minorista bajó un centavo a $62,98, en bancos y agencias de cambio según el promedio de Ámbito, mientras que en el Banco Nación el billete cerró estable a $63. A su vez, el dólar turista o solidario -con el recargo del 30%- cedió dos centavos a $81,87. «El crecimiento en el volumen operado tiene su explicación por la reducción de la tasa de interés en pesos que está alentado el BCRA en varios frentes financieros», explicó una fuente del mercado. Es que los operadores de bancos y financieras apuntan por estos días a vender la divisa norteamericana para colocar su liquidez en la tasa de interés en pesos, que está cada vez más baja en las distintas opciones que ofrece el mercado. El miércoles el BCRA informó que los bancos solo pueden constituir las LELIQ de acuerdo a los parámetros de sus necesidades de cubrir exactamente sus encajes en pesos (antes podían colocar más y aprovechar la tasa de interés más alta del mercado en nuestra moneda doméstica). «Por esos motivos el dólar estuvo muy ofrecido en el mercado, tanto por parte de bancos, exportadores, empresas e inversores», remarcó Fernando Izzo, de ABC mercado de Cambios. El mismo presidente del BCRA, Miguel Pesce, subrayó el miércoles que «definitivamente» la autoridad monetaria continuará «con el camino descendente de de la tasa», al brindar una entrevista a un medio extranjero. Por el lado de la demanda -fuertemente retraída por el cepo hard- apenas algunos bancos adquirieron la divisa para pagar importaciones y otras obligaciones con el exterior, mientras el BCRA volvió a ser el principal comprador, como ocurre desde hace hace varias semanas. Fuentes privadas del mercado estimaron que el resultado neto de las compras del Central alcanzaron los u$s160 millones. Los máximos de hoy se anotaron en los $ 59,816 con la primera operación pactada, apenas una milésima de peso arriba del cierre previo. Sin resistencia de parte de la demanda, la oferta ejerció presión sobre los precios, acomodándolos rápidamente en el nivel sostén establecido por el Banco Central. Las compras oficiales absorbieron toda la oferta disponible y fijaron otra vez los mínimos en los $ 59,815 por unidad. «La asimetría existente entre la oferta y la demanda de divisas por efecto del acentuado control de cambios sigue requiriendo de la constante presencia oficial para absorber el excedente de dólares sin aplicación», comentaron desde PR Corredores de Cambio. En pocos días más se cumplirá un mes con los precios del dólar mayorista en el mismo nivel, un rasgo de estabilidad inédito que contrasta con las fuertes fluctuaciones de meses anteriores, pero que de a poco comienza a generar ciertas dudas entre los analistas sobre la utilidad de anclar el tipo de cambio por un período demasiado extenso.

• (Ambito) El BCRA comenzó a regular las fintech: las billeteras virtuales deberán tener respaldo en bancos. Lo estableció el BCRA tras una reunión de directorio. Las tarjetas de pago deberán tener los fondos en cuentas a la vista, en pesos, en entidades financieras del país y, que deberán estar en todo momento disponibles. El Banco Central estableció este jueves que las tarjetas de pago, es decir la billeteras virtuales, deberán tener los fondos en cuentas a la vista, en pesos, en entidades financieras del país y, que deberán estar en todo momento, disponibles con carácter inmediato ante su requerimiento, por un monto al menos equivalente al que fue acreditado en la cuenta. De esta manera, el Banco Central comenzó a regularizar el mercado de las fintech. Según la entidad con esta medida se busca dotar de «mayor transparencia al sistema e incrementar la protección a los usuarios financieros», sostuvo en un comunicado. Según fuentes oficiales, tras esta adopción la Argentina se suma a países de la región como Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, como así también Europa que ya cuentan con un marco regulatorio en las fintech. Además, los clientes de estas billeteras virtuales podrán aplicar sus fondos a inversiones en fondos comunes de dinero. Otro dato importante es que los saldos de la cuenta de pago y de la cuenta de inversiones deberán visualizarse en forma separada. Sobre la aplicación de esta reglamentación, aseguran que ante eventuales incumplimientos se aplicará la Ley de Entidades Financieras y que los proveedores podrán adecuarse al marco normativo hasta el 31 de enero de 2020.

• (Ambito) El Banco Central bajó otros tres puntos el piso de la tasa de Leliq a 52%. Se trata de la tercera baja desde el cambio de autoridades, en diciembre pasado. La reducción fue de tres puntos. Ya disminuyó 11% desde el primer descenso. El Banco Central dispuso este jueves de una nueva reducción en la tasas de interés de las LELIQ. La misma será de tres puntos, por lo que pasarán 55% a 52%. La medida fue dispuesto por el el Directorio del BCRA que conduce el economista Miguel Ángel Pesce. La decisión fue adoptada de acuerdo a los avances en la mesa de concertación del Acuerdo Nacional, el Acuerdo de Precios Cuidados y la cercana modificación de los plazos de la LELIQ en la búsqueda de la definición de una curva de tasa de interés en pesos. Esta es la tercera baja dispuesta. La primera baja había sido el 19 de diciembre, de 63% a 58% y la segunda, el 26 de diciembre, de 58% a 55%. Anteriormente, Pesce había adelantado que desde la entidad «continuaremos con el camino descendente de de la tasa» debido a que «las altas tasas no tuvieron el efecto de desacelerar la inflación y estaban creando un fuerte efecto recesivo «. Pesce formuló estas declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg oportunidad en la que aseguró que mantendrá las subastas diarias de Leliq y que planea extender a más días el plazo de 7, una semana vigente en la actualidad para estas operaciones.

• (BAE) La Casa Rosada reducirá cerca de 30 mil millones de pesos los fondos de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires
  Buscan dar marcha atrás con  una parte del aumento que había previsto en enero de 2016 el presidente Mauricio Macri.  La Casa Rosada reducirá alrededor de 30 mil millones de pesos de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, aunque el monto final quirúrgico de las inversiones se enfrentarán con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Mediante la nueva medida, buscan dar marcha atrás con una parte del aumento que había previsto en enero de 2016 el presidente Mauricio Macri, quien había decidido que el porcentaje pasara de 1,4 por ciento a 3,75 por ciento sobre el total de recursos que se distribuyen entre los distritos. El líder del PRO había justificado la medida ante el traspaso de la Policía Federal y la creación de la fuerza local, aunque en 2018 el porcentaje había sido reducido a 3,5 por ciento en cumplimiento del Consenso Fiscal. El índice de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires se define por decreto, ya que el distrito quedó fuera del acuerdo de 1988 cuando no había sido declarado distrito autónomo. Se informó que la reducción de los fondos que recibe el Gobierno porteño rondaría los 30 mil millones de pesos, aunque se terminará de definir en las restricciones entre la Casa Rosada y el mandatario local, Rodríguez Larreta. Por su parte, el referente del PRO había visitado al ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, el pasado lunes, así como también habían tenido otro encuentro anterior, el 16 de diciembre. La quita de recursos va en la misma línea que había planteado la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien había reclamado una rediscusión «urgente».  «Hay que distribuir los recursos con mayor equidad. La Argentina desde su nacimiento ha concentrado cada vez más la riqueza en la Capital Federal, mientras que la periferia tiene pobreza estructural», había manifestado la exjefa del Estado el pasado 12 de diciembre al participar de la Asunción de Fernando Espinoza como intendente de La Matanza. En ese sentido, Cristina Kirchner había graficado que el populoso distrito del oeste del Conurbano tiene 325 kilómetros cuadrados y 2.400.000 habitantes, con un presupuesto para 2019 de 10.000 millones de pesos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, con 202 kilómetros cuadrados y casi la misma población tuvo un presupuesto de 350.000 millones de pesos.

• (BAE) El Gobierno modificó el régimen para las importaciones Busca principalmente tener mayor control sobre el ingreso de mercancías.  Con el fin de lograr un «procedimiento administrativo de mayor sencillez y transparencia posible», el Gobierno estableció este jueves, una serie de cambios en el régimen de tramitación de licencias automáticas y no automáticas de importación.  La decisión, publicada en el boletín oficial, se tomó por medio de una resolución de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, esta publicación modificó otra resolución, de julio de 2017. Modificaciones de la resolución: Se redujo de 180 a 90 días corridos la validez de las licencias a partir de su aprobación y, a la vez, se admitirán prórrogas sólo a solicitud de los interesados con 15 días de antelación y «por razones fundadas». No estarán incluidas en esta decisión las destinaciones de importación definitiva para consumo realizadas en el marco de los regímenes de muestras, de donaciones y de franquicias diplomáticas; mercaderías con franquicias de derechos y tributos, o ingresadas bajo el régimen de courier o de envíos postales. También, están excluidas las operaciones de importación de bienes amparados en el Régimen para Insumos Destinados a Investigaciones Científico Tecnológicas. La resolución involucra a las operaciones de importación de mercaderías al territorio del Área Aduanera Especial de la Isla Grande de la Tierra del Fuego, a excepción de las provenientes del territorio continental. Según el Poder Ejecutivo, la instrumentación de un sistema de licencias de Importación «provee de información estadística en niveles generales y particulares y permite identificar comportamientos disruptivos del comercio exterior». Además, la Casa Rosada destacó que es necesario «analizar y monitorear el flujo de importaciones», por medio de «el establecimiento de plazos acordes a un seguimiento cercano a las corrientes comerciales en concordancia con los desafíos actuales». «Se ha identificado una serie de bienes respecto a los cuales, en función de la actual coyuntura económica, resulta indispensable evaluar sus respectivos flujos comerciales y grado de cumplimiento de las respectivas normas técnicas que les resultan aplicables, a fin de generar información que facilite el diseño eficiente de las políticas públicas a aplicar», según el texto oficial.

• (Cronista) El Gobierno amplía el listado de productos que tendrán licencias no automáticas A través de la resolución 1/2020 la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa modificó el régimen vigente para ingresar determinados productos al país. a letra chica empieza a plasmar en la práctica la estrategia del Gobierno de proteger la industria nacional, además de «cuidar cada dólar». Para eso ya definió reforzar el control de las importaciones a través de las licencias no automáticas (LNA) y ahora dio algunas precisiones más sobre cómo será el mecanismo hacia adelante. A través de la resolución 1/2020 la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, publicada ayer en Boletín Oficial, amplió en más de 300 posiciones arancelarias el total de bienes alcanzados por LNA. Así, las incrementó de unas 1200 posiciones con LNA a 1500, sobre un total de 10.200 posiciones arancelarias del nomenclador de comercio exterior. Se se pasa ahora de 12% al 15% del total de las posiciones, que ahora estarán sujetas a un mayor control de la Secretaría. En esta nueva oleada se incorporan algunos productos de madera, electrodomésticos y electrónica, motos, autos y ciertas autopartes. Se suman a textiles, juguetes, calzados y otros sectores sensibles, para los que ya regían las LNA. Por otra parte, se reduce de 180 a 90 días el plazo del pedido de importación, mientras que en algunos trámites se vuelva a un sistema más tradicional de presentación de formularios. Como anticipó El Cronista en su edición del pasado 30 de diciembre, el Gobierno profundizará la administración del comercio exterior, lo que puede leerse como una mirada más estricta sobre cada pedido de importación. Así, las licencias no automáticas, que hasta ahora venían saliendo en un máximo de 72 horas podrían tardar hasta 60 días, el plazo máximo admitido para este instrumento por la Organización Mundial de Comercio. «Esto era un robot, que estaba automatizado, uno pedía una licencia no automática y sin distinción ninguna, ni ninguna lectura, a los tres días el robot te aprobaba las importaciones», indicaron fuentes gubernamentales. Esto derivó, según alertan desde el ministerio de Desarrollo Productivo, en un «sobre stockeo enorme de importaciones, que en promedio hoy llega a entre 6 y 7 meses . Además, creció mucho el número de importadores. En los últimos cuatro años en textiles «se incorporaron 1500 importadores nuevos, sobre los 2000 habituales, mientras que en juguetes se pasó de 700 a 2000». El mayor problema es que ante un mercado interno deprimido, «el importador vende la mercadería a bajo precio y revienta al importador tradicional y a los fabricantes locales», dijeron fuentes de la cartera productiva. «Están tratando de cuidar dólares, pero lo tienen que hacer sólo con bienes de consumo porque el resto las necesitan para que la economía y salir de la recesión no pueden limitar mucho la importación de bienes de capital, bienes intermedios, piezas y partes», señaló Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI. Para Miguel Ponce, exsubsecretario de Comercio Exterior, las medidas revelan «una actitud más activa del Estado de administrar el comercio», aunque aclaró que «nada de esto toma por sorpresa al sector» y además está «dentro de las normas de la OMC». Desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), su titular, Rubén García, indicó que con la reducción del plazo de 180 a 90 días «Oriente queda fuera del juego». Se refiere al tiempo limitado para que llegue la mercadería al país desde el pedido de importación. En despachos oficiales explican que la LNA «puede renovarse y es un trámite sencillo». Un empresario metalúrgico, que importa en forma regular, advirtió que reguladores de presión, carreteles porta mangueras y válvulas, todos insumos para la producción, están sujetos a LNA. «Son genéricos, que algunos se producen en el país y también hay importados pero con otras prestaciones», explicó. Por su parte, Eva Bamio, analista de comercio exterior de Abeceb, consideró que la medida busca «anticipar el volumen de importaciones, consultando a las cámaras, pero la pregunta es cómo se va a materializar». No obstante, valoró que «no hayan sacado el SIMI, muy ponderado por la gente que opera en comercio exterior».

• (Cronista) Las operaciones del Central con FCI serán positivas para el sector, afirma Moody’s Proyecta un crecimiento para el segmento de fondos denominados “t+1” y espera que ocupen el 25% del total de la industria frente al 10% actual. La calificadora de inversión Moody’s sostuvo que el hecho de que el Banco Central les ofrezca a los fondos comunes pases utilizando deuda soberana como garantía resultará positiva para los FCI. Proyecta un crecimiento para el segmento de fondos denominados “t+1” y espera que ocupen el 25% del total de la industria frente al 10% actual. El 27 de diciembre, el BCRA informó que comenzará a ofrecer títulos de deuda con fondos mutuos locales y ofrecerá acuerdos de recompra (repos). El BCRA ofrecerá pases a los fondos comunes de inversión de hasta el 20% de los activos bajo administración (AUM), utilizando títulos soberanos como garantía y con un margen de hasta el 50%. Esta medida se aplica a los valores emitidos después del 20 de diciembre, 2019 y para la calificadora Moody’s resulta un dato positivo para fondos de bonos e inversores. “Por un lado, aumentará la liquidez de los títulos públicos para los administradores de fondos de bonos a corto plazo en pesos (fondos t+1), con el BCRA como ´market maker´. Los inversores también aprovecharan la mayor liquidez ya que los pases del Banco Central garantizarán el pago oportuno de los reembolsos cuando sea necesario”, comentaron desde Moody’s. Según el comunicado del BCRA 6848 “el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrá realizar operaciones de mercado secundario y licitaciones de compra, a precio único o múltiple y a prorrata, de Títulos del Gobierno Nacional emitidos con fecha de emisión posterior al 20 de diciembre de 2019. Esta operatoria se canalizará a través de la plataforma del Mercado Abierto Electrónico y podrán participar solamente los fondos comunes de inversion (FCI) a través de entidades financieras” Por otro lado, según la calificadora, esta medida podría permitir que el segmento de fondos t+1 inicie un proceso de recuperación tras las perdidas sufridas luego del reperfilamiento de Letes y Lecap. “Como resultado del aumento de la liquidez y la confianza de los inversores, los fondos t+1 deberían recuperar algo de terreno perdido. Estos fondos ofrecen mayores rendimientos, en un contexto en el que la dolarización está limitada a la compra de u$s 200 por mes con un impuesto del 30% sobre la transacción”, dijeron los analistas de Moody’s. Según datos de la calificadora, el patrimonio bajo administración de los fondos t+1 cayó casi un 70% después de que el gobierno anunció el reperfilamiento de letras, evento que obligó a los administradores a dividir la mayoría de los fondos t+1 en dos o más vehículos de inversión. “Algunos gerentes tuvieron que cambiar sus estrategias de inversión por completo, principalmente a las asignaciones del mercado monetario, para evitar los reembolsos insuperables y la fuga de los inversores. De esta manera, esperamos que los fondos de inversión a corto plazo en pesos recuperen parte del capital administrado perdido y crezcan gradualmente en participación de mercado a un promedio de 25% para fines de 2020 desde los niveles actuales por debajo del 10%”, proyectaron los especialistas de Moody’s.

• (Cronista) Preocupa la demora en cubrir los cargos de las empresas públicas energéticas Todavía no se ocuparon los cargos de la ex Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y la Entidad Binacional Yacyretá. En YPF falta reemplazar al directorio. En el sector creen que no serán prioridad en este Gobierno. El Gobierno de Alberto Fernández cumple hoy un mes de mandato. Pero pese a que su victoria electoral se empezó a perfilar desde inicios de agosto, la nueva administración todavía no ocupó puestos claves en empresas públicas. El déficit se hace evidente en el sector energético, que concentra la mayor parte de ellas. En YPF, la empresa más importante del país y, tiempo atrás, la de mayor valuación global de mercado (hasta que Mercado Libre la superó), solamente Guillermo Nielsen asumió la presidencia del directorio, mientras que el ahora ex presidente Miguel Gutiérrez continúa con un sillón en la torre de Puerto Madero. Al Estado le falta designar directores que lo representen, lo que deberá suceder en una Asamblea que todavía no fue convocada y que podría demorar hasta abril. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) es una sociedad mixta en la que el Estado, a través de la Secretaría de Energía, tiene el 20%, pero tiene absoluto control. Esteban Kiper fue designado vicepresidente en la primera semana de gestión del Frente de Todos mientras Sergio Lanziani, encargado del área energética dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, recién fue oficialmente designado a comienzos de este 2020.Las segundas y terceras líneas corrieron igual suerte, ya que la mayoría empezó a trabajar a mediados de diciembre pero su designación se concretó por estos días. Entre tanto, empresas icónicas del sector como Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa), Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), el Ente Binacional Yacyretá (EBY) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se mantienen acéfalas desde hace un mes. Al mismo tiempo, mediante la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública el Congreso avaló la intervención del Poder Ejecutivo en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), pero por ahora los presidentes y vocales de estos organismos, seleccionados por concurso público de antecedentes entre 2016 y 2017, se mantienen en sus cargos y los interventores no aparecieron en esas oficinas. Para la regulación del transporte eléctrico nacional y la distribución en Capital Federal y Gran Buenos Aires (GBA), cuya operación la tienen Edenor y Edesur, suena el sanjuanino Jorge Rivera Prudencio, mientras que para la tarea de controlar a las licenciatarias de distribución y transporte de gas en todo el territorio nacional llegaría Martín Guglielmone, quien ya trabajó con el anterior interventor del Enargas, Antonio Pronsato (2007-2015). Fuentes calificadas del sector ubican en el control de la represa Yacyretá al misionero Walter Tamis. Para Nasa, responsable de la operación de las tres centrales nucleares de la Argentina (Atucha I y II y Embalse), sonaba José Luis Antúnez, quien ya había negociado con China por la construcción de la cuarta central atómica, pero fuentes de la empresa descartaron ese retorno. Allí todavía continúa Julián Gadano, ex subsecretario de Energía Nuclear. Y a Río Turbio podría ir Federico Bernal, asesor de confianza de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y ladero de Julio De Vido en su etapa como ministro de Planificación. La lista de empresas públicas energéticas sin reemplazos en sus direcciones es extensa. Se completa con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE), YPF Gas, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la Comisión Argentino-Paraguaya del Río Paraná y Dioxitek. En algunas de ellas, aseguran, continúan directores pero sin tomar decisiones y cuidando la firma para las compras y contrataciones. Un ex funcionario del área de Energía opinó: «Deben haber problemas y pujas internas, un tira y afloja entre el Instituto Patria y el albertismo». «Es comprensible la demora, no es fácil el inicio de una nueva administración», describió. Lo mismo dijo un asesor energético del peronismo que ayudó a armar los equipos. Igual, cree que antes de fin de enero habrá más designaciones. Fuentes de una de las compañías públicas mencionadas comentaron en off the record que la tardanza oficial en designar autoridades muestra una supuesta intención de bajarle el perfil al área energética, que no sería prioridad. Además, recordaron que el ex ministro de Energía Juan José Aranguren armó rápido su equipo en diciembre de 2015, cuando asumió el ahora ex presidente Mauricio Macri. En la ex Enarsa tardó 5 días en designar a su presidente, mientras que para Nucleoeléctrica Argentina demoró casi tres meses.