(Infobae) Cuánto oro tiene el Banco Central, para qué sirve y qué riesgos puede generar utilizarloHay casi 2 millones de onzas en las arcas de la autoridad monetaria. El metal se puede usar para intervenir en el dólar y el mercado no se daría cuenta de la estrategia
En momentos en los que ante la constante demanda de dólares por parte de ahorristas, importadores y empresas que cancelan deuda en moneda extranjera el Banco Central (BCRA) se ve obligado a vender reservas para conducir el avance del mercado cambiario, la mirada de operadores y analistas se posa sobre las tenencias de la entidad conducida por Miguel Pesce, para estimar qué margen tiene para resistir el embate. Dentro de las reservas, un concepto que creció en importancia este año por la suba de su precio es el oro físico en manos de la autoridad monetaria. Se trata de tenencias de un metal que es extremadamente “líquido” -en la jerga, fácil de transformar en dinero en efectivo- y que forma parte de la munición para intervenir en el mercado cambiario. El BCRA cuenta con 1.98 millón de onzas troy de oro, que al 31 de julio estaban valuadas en USD 3.910 millones, según el último dato publicado por la entidad en sus informes según las normas NEDD del FMI (normas estandarizadas de difusión de datos). Detrás de estas tenencias está la relativa buena salud que mostró el nivel de reservas en los últimos meses, a pesar de las ventas de divisas que debió hacer la entidad en el mercado de cambios. El oro subió un 30% en el el mercado internacional en lo que va del año, por lo que lo que la entidad perdía a través de sus ventas diarias de dólares lo compensaba en parte por el aumento de valor del que gozaba esa parte de las reservas. En muchos análisis, el oro se resta de las reservas líquidas del Central porque se asume que tiene poca utilidad a la hora de respaldar las operaciones en el mercado cambiario y como respaldo de los pasivos del banco. Pero tanto desde la administración actual, como entre los empleados de línea de la entidad y funcionarios que en administraciones pasadas tuvieron responsabilidad sobre el Tesoro de la autoridad monetaria señalan que su uso es igual de sencillo que el de un dólar. Según tres personas que tienen o tuvieron en el pasado responsabilidad sobre esas operaciones, para utilizar las reservas de oro como las tenencias de moneda extranjera hace falta un procedimiento muy sencillo. Alcanza con vender a cambio de dinero en efectivo o, más fácil aún, tomar un préstamo en dólares con oro como garantía, lo que en la jerga se conoce como un swap. La operación tiene como costo una tasa, pero ese costo es bajo y la practicidad de la operación la hacen la opción favorita a la hora de utilizar el metal. Con todo, existe sí algún límite temporal de acuerdo a dónde se encuentra el oro físico. La mayor parte de las 1,98 millón de onzas están en el país, en el Tesoro del Banco Central. El resto, mientras tanto, están en Londres y en Basilea. La entidad contaba al cierre de agosto con algo más de USD 7.800 millones disponibles para intervenir. Es, sin dudas, una caída abrupta respecto de los USD 14.700 millones líquidos heredados en el cambio de Gobierno y muy lejos de los USD 27.900 millones de diciembre de 2017
El oro ubicado fuera del país, explicó uno de los ex responsables del tema a Infobae, es el más fácil de usar para un swap y transformar en dinero. El que está ubicado en Buenos Aires, mientras tanto, puede tomar un par de días antes de ser utilizados. “El que está en Londres se puede utilizar en un minuto, el de Buenos Aires -que es oro de buena entrega- se puede usar en tres días”, dijo esa fuente, que pidió no ser nombrada. Otra fuente que tuvo responsabilidad sobre las reservas de la autoridad monetaria en administraciones pasadas abundó sobre la ubicación de las tenencias físicas de oro. Alrededor de unos USD 700 millones están resguardados en el Tesoro del banco, en la calle Reconquista. El resto, distribuido en Basilea y Londres.(Infobae) El Gobierno busca darle impulso a la construcción: el detalle de los nuevos fondos inmobiliarios que se aprobarán hoy
Se trata de una nueva figura para el mercado de capitales y hoy le dará el visto bueno la Comisión Nacional de Valores. La idea es que los recursos vayan para obras desde el pozo a través de un esquema conocido como “financiamiento colectivo” La Comisión Nacional de Valores aprobará hoy un nuevo instrumento para el mercado local, que tiene como objetivo apuntalar la industria de la construcción. Se trata de los fondos de inversión colectivos, que apuntan a captar fondos a través del mercado de capitales para aplicarlos para actividades productivas. Pero la prioridad para esta primera etapa estará puesta en la construcción. Según reconocen en el organismo que preside Adrián Cosentino, ya hay por lo menos cinco administradoras que estarían listas para lanzar estos nuevos fondos inmobiliarios al mercado. El esquema es similar a una figura que hace décadas existe en los Estados Unidos, denominadas REIT (Real Estate Investment Trust). Se trata de instrumentos que básicamente unen la financiación a través de inversores en el mercado de capitales con proyectos relacionados con el sector inmobiliario. El esquema es similar a una figura que hace décadas existe en los Estados Unidos, denominadas REIT (Real Estate Investment Trust)
Si bien el foco principal está puesto en financiar obras desde el pozo, en realidad habría distintas opciones, desde construcción de edificios para vivienda, oficinas, un pool de alquileres comerciales y hasta compra de carteras hipotecarias. El objetivo es en principio sumar inversores institucionales, como compañías de seguros o fondos comunes de inversión para que inviertan parte de sus recursos en este tipo de proyectos. Es decir que tengan nuevas opciones además de las alternativas financieras tradicionales, como bonos o plazos fijos. En todos los casos se trata de volcar pesos en la economía real. Claro que además de los grandes inversores también puede haber pequeños y medianos ahorristas que se sumen a estos fondos inmobiliarios, que por supuesto apuntan al mediano y largo plazo. A diferencia de los tradicionales fondos comunes de inversión, estos no tienen liquidez inmediata y pueden exigir un plazo de permanencia determinado. En la Argentina hay experiencia en este tipo de instrumentos, a través de la figura del “fideicomiso al costo”. Claro que se trata de contratos entre partes y no interviene el mercado de capitales. Habría distintas opciones, desde construcción de edificios para vivienda, oficinas, un <i>pool </i>de alquileres comerciales y hasta compra de carteras hipotecarias
También se habló con la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU) la posibilidad de avanzar con un nuevo blanqueo para inversiones en pesos, con la idea de no tener que justificar de dónde salen los recursos en moneda local que se vuelcan a la construcción. Pero esta iniciativa por ahora no cuenta con el visto bueno oficial. En forma paralela, en el ministerio de Desarrollo Productivo también dejaron trascender la posibilidad de extender el programa de Precios Cuidados a materiales para la construcción. Es decir evitar aumentos excesivos, lo que podría ocurrir si se consolida el aumento de la demanda, una tendencia que ya comenzó a notarse pero que todavía no está firme. <b>El “fondo de inversión colectivo” es una figura muy exitosa en el mundo para financiar construcción a través del mercado de capitales</b> Justamente se trata de uno de los momentos más baratos para empezar a construir, si se comparan los precios históricos en dólares. Eso hace pensar que lentamente habría mayor impulso en la actividad, en la medida que vaya recuperándose la confianza. La estabilidad cambiaria es uno de los aspectos principales para que la actividad pueda ganar impulso.(Infobae) El presupuesto porteño perderá el 31% de lo que recibe por coparticipación federal a manos de la provincia de Buenos Aires
La justificación del Gobierno nacional reside en que la Ciudad no necesita utilizar parte de los fondos que recibe para administrar la Policía Federal. Esos fondos, más de $30.000 millones, serán usados para la recomposición salarial de los policías bonaerenses. El presidente Alberto Fernández decidió quitarle más de 30.000 millones de pesos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el equivalente a un punto porcentual de la coparticipación federal, y los traspasará a la provincia de Buenos Aires para que pueda disponer de más fondos para la policía provincial, en el marco de un fuerte reclamo salarial de las fuerzas de seguridad. La decisión se instrumentará a través de la creación del denominado Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal que ayudará a la provincia a salir del ahogo fiscal. “Advertimos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando el gobierno nacional de entonces le cedió la Policía Federal, le transfirió también 2,1% de la coparticipación. También advertimos que para poder cubrir los gastos de la Policía Federal, lo que hacía falta era pasar solamente 1 punto”, explicó el Presidente. “Por lo cual, había un punto de coparticipación excedente que la Ciudad, francamente, no estaba utilizando para cubrir los gastos de sueldos y funcionamiento de la Policía”, agregó. El presidente explicó que había conversado muchas veces sobre este tema con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido de esta decisión que estamos tomando”, puntualizó el presidente. Desde la Ciudad aseguran que la jurisdicción aporta entre el 22 y 25% de la masa total y retira un 3%, que era 1,4% al que se le sumó el 2,1% por el traspaso de la Policía Federal en 2016. “Después de la Provincia es la jurisdicción que más aporta y menos recibe. La Ciudad es el distrito que más recursos por habitante aporta al total de la recaudación”, dicen funcionarios del gobierno porteño, mientras analizan el impacto de la medida. “La coparticipación significan $126.000 millones para este año, sobre un total de $480.000 del presupuesto total. Es el 25% de los recursos. La Ciudad tiene el 75% de recursos propios y un 25% de coparticipación y otros aportes; en otras provincias es al revés. Tenemos un perfil solidario en ese sentido”, aseguran. Según el economista Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF),»a primera vista la medida luce poco federal, ya que asigna de manera discrecional más fondos a una provincia de manera apresurada y sin fijar criterios objetivos de reparto.» Los relevamientos del IARAF estiman que la ciudad cederá casi un tercio de lo que recibe por esta vía. “A la provincia de Buenos Aires, estos fondos le representan una mejora del 7% de lo que recibe por coparticipacion federal. A la Ciudad, le representa perder el 31% por el mismo concepto”, explicó Barraud. A la provincia, en tanto, la ayuda, pero no será la salvación: tiene unos $250.000 millones de déficit (incluye amortizaciones de deuda) que les den $30.000 millones no resuelve ningún problema estructural (Verónica Sosa). “No debe perderse de vista que Buenos Aires y CABA venían siendo ambas las únicas jurisdicciones ganadoras en el reparto de recursos automáticos. En 2020 esta situación se potenció con la provincia de Buenos Aires recibiendo la mayor parte de las transferencias no automáticas o discrecionales en la post pandemia”, explicó el economista. Para Verónica Sosa, economista de Economía & Regiones, la medida “se veía venir” y tendrá un impacto en las arcas porteñas: «La Ciudad tendrá unos $ 3.000 millones menos por mes, siempre dependiendo de cuánto sea la recaudación. No es crucial para el presupuesto porteño, pero le pega: van a tener que afinar el lápiz en medio de un contexto de recursos mercados por la crisis. A la provincia, en tanto, la ayuda, pero no será la salvación: tiene unos $250.000 millones de déficit (incluye amortizaciones de deuda) que les den $30.000 millones no resuelve ningún problema estructural”. El diseño legal de la coparticipación le permitió a Fernández tomar la decisión sin otros acuerdos. “No se necesita acuerdo con otros gobernadores para tomar esta decisión porque lo que recibe la Ciudad sale de la porción de coparticipación de la Nación (47% del total). Cuando se transfirió la Policía se discutió que tenía que pasarse también los recursos y así se hizo. Ahora no estarán más y si la Ciudad demuestra que el gasto es similar a lo que quitan, el tema podría judicializarse. Es cierto también, que en ese momento recibieron más de lo que se estimaba como costo de transferencia”, aseguró Sosa.(Ambito) De las últimas reestructuraciones, el país tiene el peor punto de partida
Sorteado el obstáculo del canje de deuda viene ahora otra maratón, con el FMI. Donde la situación fiscal marcará, no solo el tenor de la negociación sino las chances de éxito. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo estará la vacuna. Por ende, ni cuándo ni cómo se saldrá de la cuarentena. La economía global ya archivó la idea de una recuperación del tipo “V”, o sea de un rápido rebote, y hoy se están viendo niveles de actividad que marcan una especie símbolo de “Raíz cuadrada”, donde la recuperación se desacelera en niveles inferiores a los pre-pandemia. De modo que es plausible esperar que la economía argentina, más allá de sus problemas idiosincráticos, enfrente un comportamiento similar. Para los países desarrollados la aparición de una vacuna en los próximos meses implica esperar recuperar el nivel de actividad pre-pandemia a mediados del 2021 de lo contrario recién será a comienzos del 2022. Para los emergentes y en vías de desarrollo, en especial, los latinoamericanos, se estima que les demandará entre 3 a 4 años recuperar su PBI del 2019 debido al deterioro fiscal y el mayor endeudamiento. Dicho esto, no hay que soslayar que la Argentina enfrenta serios desafíos por delante al margen de los comunes con el resto del mundo vinculados a la vacuna. Si bien ya enterró, por un tiempo, los riesgos de un default tras el exitoso proceso de reestructuración de la deuda local y extranjera, tiene de cara al futuro próximo desanudar el intríngulis fiscal. Hasta el momento, las proyecciones privadas apuntan a que el Tesoro terminará el 2020 con un déficit en torno al 7 u 8% del PBI. El Gobierno dejó trascender que para el 2021 presupuesta un rojo fiscal de 4,5% del PBI. Con miras a la futura negociación con el FMI, analizar posibles trayectorias de la situación fiscal, sobre todo, recurriendo a las últimas experiencias de reestructuraciones soberanas. En primer lugar hay que destacar que Argentina está sentada bajo un polvorín fiscal de uno de los mayores desequilibrios de la historia, debido a la pandemia. O sea, irá a negociar con el Fondo desde un punto de partida, por su magnitud, casi de ficción. Por eso algunos plantean para el 2021 un déja vú del “gradualismo” de Cambiemos que heredó en 2015 un déficit de 4,5% del PBI y con dicha estrategia al final lo termino aumentando gracias al endeudamiento externo. Lo podrá, o no, convalidar el FMI, pero se plantean serios riesgos. Por un lado, hay que tener presente que para los técnicos del FMI el “umbral de sostenibilidad” de la deuda, implica tener niveles de necesidades brutas de financiamiento (deben cubrir el resultado primario más el pago de servicios de capitel e intereses) equivalentes a más del 2 pero inferiores al 4% del PBI. Dentro de ese rango se mueven para convalidar las proyecciones que presente cualquier país para negociar la asistencia del organismo. Ocurre que a pesar que Argentina reestructuró la deuda externa y descomprimió el cronograma de pagos por los próximos años, aún tiene elevadísimos vencimientos de capital entre 2021 y 2023, precisamente con el FMI y otros organismos internacionales. Ahí está el eje de la negociación con el Fondo más allá de desear algún aporte adicional, que no conlleve mayores compromisos. Desparramar los más de 4 puntos del PBI de vencimientos de capital del 2021,2022 y 2023 para el futuro. ¿Qué pasó con otros países que reestructuraron sus deudas? ¿Cómo fueron sus trayectorias fiscales bajo la tutela del Fondo? Para analizar esto recurrimos a un estudio de la consultora Orlando Ferreres que comparó los casos de Uruguay 2003, Jamaica 2013, Ucrania 2015 y Granada 2015. Al observar el sendero de sus respuestas fiscales surge claramente una distinción respecto a la Argentina: parte del peor escenario fiscal de las últimas reestructuraciones soberanas. Porque los otros países, mal que mal, ya venían haciendo los deberes fiscales antes de cerrar el canje de sus deudas, sobre todo, Uruguay, Ucrania y Jamaica. En cambio, Argentina viene de un derrotero fiscal más parecido a un descalabro. Algo similar fue el caso de Rusia de 1998, que detonó la llamada crisis Vodka y requirió el auxilio del Fondo. Pero ya al año, luego del canje, volvió a tener superávit fiscal. En realidad, si uno ve el punto de partida de los cuatro países analizados, todos partieron de una situación de superávit en el año de la reestructuración. Para tener una idea, estos países llegaron con un ajuste fiscal acumulado de entre 4 y 6% del PBI. Tanto Argentina como Rusia (1998) registran altos déficits en el año de la reestructuración. Sin duda, no solo Argentina arranca de una línea de largada con pendiente sino que encima es bien abrupta.

(Ambito) Gobierno busca u$s1.113 millones para cerrar (definitivamente) el canje.
El Gobierno quiere lograr un nivel de canje de deuda emitida bajo legislación local del 100%. O al menos el mismo 99% de su primo hermano, la reestructuración de deuda lanzada con legislación de Nueva York. A diferencia de este último proceso, que ya cerró y sólo podrá incorpora a los “holdouts” con una autorización (posible de lograr) desde la Security Exchange Commission (SEC); en el caso de los bonos locales que no aceptaron la oferta (cualquiera sea el motivo), el ministerio de Economía tiene algo de tiempo para lograrlo. El próximo martes vence el plazo para que los que no aceptaron la oferta lo hagan, aunque ya no puedan acceder al “anabólico” del bono 2030 que reconoce los intereses no pagados desde abril a septiembre de este año. El llamado a reestructurar deuda bajo legislación local logró una aceptación del 98,8%, quedando unos u$s 460 millones de títulos sin ingresar al llamado. Suponen en el gobierno y en el mercado de capitales local, que están en poder de inversores particulares en posesiones menores a los u$s 15.000. Y que, por razones propias de rebeldía o directamente desconocimiento de los tiempos y las características del canje, no se presentaron en tiempo y forma en el llamado. Esto último puede haber ocurrido por la propia acción de los bancos locales (de capitales extranjeros o nacionales), que no hicieron un barrido profundo buscando los tenedores de deuda argentina emitida bajo legislación local; al menos en cuanto a los poseedores de menor cantidad dinero en bonos. En general, reconocen los operadores locales, para que un tenedor de deuda ingrese al canje que venció la semana pasada; debió haber sido contactado de manera electrónica o personal, mencionándole las ventajas del canje y la situación del proceso. En resultado final de este proceso de contactos, fue una gran aceptación rápida y temprana de los tenedores locales, tanto en cuanto a los poseedores de títulos públicos bajo legislación nacional como extranjera. Sin embargo, también se reconoce, si no hubiera existido esa llamada particular o el envío de comunicaciones directas; el ingreso habría sido sensiblemente menor. Saben tanto en el sector privado como en el Estado, que fue el contacto directo el que potenció el éxito del llamado. En consecuencia, si no hay una política activa de relacionarse con los pequeños inversores poseedores de esos 460 millones en los títulos públicos nacionales, será difícil que ingresen antes del 15 de septiembre. De todas maneras, si no se lograra y quedaran fuera del canje, los peligros judiciales que afrontaría el Gobierno serían prácticamente nulos. Estos bonistas deberían recurrir a los tribunales locales para reclamar; en un proceso que, teniendo en cuenta los tiempos de la Justicia argentina, implicarían un reclamo burocráticamente interminable y con final incierto, pero, probablemente, más cercano a las posiciones oficiales. Es el caso de los “holdouts” que no aceptaron las condiciones de los canjes de 2005 y 2010, lanzados por el Gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que reclamaron en los tribunales locales y que, al día de hoy, esperan algún fallo que seguramente no llegará nunca. Obviamente es una situación muy distinta a la de los acreedores internacionales que, “juicio del siglo” mediante, tuvieron decisiones favorables desde el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York en los tiempos de Thomas Griesa.
Los u$u460 millones se suman a los u$s653 millones que quedaron fuera del canje de deuda de títulos emitidos bajo legislación internacional, y que corresponden a tenedores de bonos Par emitidos en el canje de 2010 y que están en su mayoría en poder de pequeños bonistas europeos. Sumando ambos montos, se llega a los u$s1.113 millones que el Gobierno debe buscar si quiere completar el 100% de deuda, y librarse de cualquier eventual problema judicial tanto dentro como fuera del país. Si no lo hace, recomiendan los abogados que asesoran al país, el canje debería permanecer abierto en el tiempo para mostrar una permanente “buena fe” de incluir a todos los bonistas en el llamado. El antecedente de la salida del default de 2005/ 2010 indica que igualmente puede quedar dinero sin ser reestructurado, aún fuera de lo que hubo que pagarles a los fondos buitre y “holdouts” en abril de 2016 para cerrar las instancias judiciales en los Estados Unidos.(Ambito) ¿Por qué el riesgo país bajará 1.000 puntos básicos?
Tras las primeras señales que dieron los bonos emitidos en los canjes de deuda, el Riesgo país bajaría desde las 2.150 unidades actuales hasta cerca de los 1.000 puntos. Ámbito dialogó con especialistas para indagar sobre las causas de la magnitud de esta baja. A partir de las primeras señales que dieron los nuevos bonos emitidos en los canjes de deuda, el mercado comenzó a anticipar una reducción del riesgo país (indicador que refleja la tasa de rendimiento de los bonos de Argentina en comparación con la que ofrecen títulos similares de los Estados Unidos) de aproximadamente 1.000 puntos básicos desde este jueves 10 de septiembre. Al respecto, Ámbito dialogó con especialistas para indagar sobre las causas de la magnitud de esta baja. “Es por una cuestión metodológica ya que se reemplazan los bonos viejos (no existen más) por los nuevos que, como están rindiendo aproximadamente 11/11,5%, darían como resultado un Riesgo país de 1.000 puntos aproximadamente”, explicó Leonardo Chialva, analista de Delphos Investment. En la misma línea, Emilse Córdoba, directora de Bell Bursátil, dijo que este declive se genera porque «estás cambiando activos más cortos por activos más largos, que además tienen una tasa más baja (que equipara las tasas de rendimiento de bonos de otros países)». Actualmente, el Riesgo país de Argentina, medido por el JP Morgan, se encuentra en las 2.120 unidades. El rebalanceo del índice se efectivizará una vez que la entidad financiera adopte la nueva cartera de activos lanzados mediante la reestructuración de la deuda externa pública. La mayoría de las estimaciones privadas ubican al nuevo índice entre los 950 y los 1.200 puntos. Con la salida de la zona de default, reflejada en la nueva calificación de S&P para los bonos locales, el Gobierno espera poder bajar el riesgo hasta niveles similares a los de la región, que se encuentran por debajo de las 500 unidades. “Yo creo que puede bajar un poco más; con el correr de las semanas, dependiendo mucho del contexto, podemos estar rindiendo debajo de 1.000”, sostuvo Chialva.Mientras el mercado local espera un driver que cambie las expectativas, un análisis del broker Portfolio Personal Inversiones explicó que la baja del Riesgo país podría tener un efecto positivo en las acciones del Merval ya que “un Riesgo país menor implica una menor tasa de descuento para la valuación de las empresas argentinas. Al bajar la tasa de descuento, el valor presente de las compañías locales aumenta reflejándose en el precio de la acción”.

También cabe destacar que, en la nueva composición de la cartera de bonos con la cual se calculará el indicador, los activos de Argentina tendrán un mayor peso, lo cual podría traducirse en un incremento de su demanda, un aumento de su precio y, por ende, una baja en su tasa de interés. Sin embargo, los analistas aclararon que este impulso podría ser leve e, incluso, ya estar descontado en las ganancias que tuvieron los bonos tras conocerse los resultados del canje. Córdoba aseveró que los canjes «despejaron el riesgo de default, en teoría, hasta 2040, lo cual hace que seamos más atractivos para que vengan más inversores». Si finalmente se concreta la caída esperada del Riesgo país, la nueva cifra se ubicaría en los niveles más bajos desde agosto de 2019, previo al estallido que se produjo tras las elecciones primarias. El índice trepó desde las 872 unidades hasta las 1.467 unidades en apenas una jornada. A partir de allí nunca pudo retomar un sendero a la baja y llegó a tocar un pico máximo de 4.362 puntos el 23 de marzo, luego del comienzo de la cuarentena para prevenir los contagios de Covid-19.

(Cronista) Mercado de capitales: el Tesoro absorbe liquidez y captó $ 14.500 millones extra En la primera licitación del mes, la Secretaría de Finanzas consiguió $ 14.804 millones extra respecto a los $ 69.754 millones que vencen en los próximos días.
n el primer test tras completar los procesos de reestructuración de deuda externa y la etapa temprana del canje local, la Secretaría de Finanzas logró este miércoles captar en el mercado $ 14.804 millones, luego de adjudicar 4 títulos por $ 84.558 millones de Valor Efectivo, que servirán para pagar en los próximos días vencimientos por $ 69.754 millones de una Letra a Descuento (Ledes S11S0). El Gobierno buscaba $ 75.000 millones y el Valor Nominal (VNO) de lo aceptado llegó a los $ 93.820 millones. Se rechazaron ofertas por $ 8781 millones, para totalizar unos $ 102.601 millones ofertados hoy en el mercado, con 371 órdenes. De esta forma, en la primera licitación de instrumentos de deuda pública en pesos de septiembre se mantuvo la dinámica positiva que se viene registrando desde mayo, en donde el Tesoro consigue financiamiento en el mercado local de capitales y va bajando su dependencia de la emisión monetaria del Banco Central (BCRA) para cubrir el bache fiscal, que rondará el 8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020. Festejo oficial El Ministerio de Economía apuntó: «Todos los títulos adjudicados tienen vencimientos a partir del año 2021, continuando de este modo con la política de tasas sostenibles y extender los vencimientos de deuda». «Es destacable también la alta participación en la licitación de los distintos inversores institucionales del mercado de capitales local: bancos, fondos comunes de inversión (FCI) compañías de seguro y empresas», comunicaron en el Palacio de Hacienda. El ministro, Martín Guzmán, dijo: «El mercado de deuda pública en pesos continúa en la senda positiva de normalización y profundización por la que procurábamos avanzar. En este camino se pueden ir alternando puntos altos y bajos, pero la tendencia es claramente positiva». Y completó: «Los resultados que se vienen registrando en las licitaciones relajan las necesidades de financiamiento por parte del Banco Central, lo que ayuda a ir generando condiciones de estabilidad». Guzmán cree que el proceso de «reducir las necesidades de financiamiento por parte de la autoridad monetaria a niveles que se condigan con el crecimiento de la demanda por activos en pesos no se logrará de un día para el otro, sino que llevará tiempo». Escenario La próxima licitación de deuda de este mes será el miércoles 16 y la siguiente el lunes 28, ambas con liquidación dos días después (el viernes 18 y el miércoles 30). Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, este mes vence deuda por $ 232.353 millones. El 75% está en manos de privados. El Gobierno encontró en este segmento una vía para contener presiones cambiarias e inflacionarias, al aprovechar el exceso de liquidez que existe hoy. Esta fue la apuesta desde diciembre de 2019 de Guzmán, y su equipo de Finanzas, comandado por Diego Bastourre. Las premisas que se trazaron fueron hacerlo con tasas de interés reales positivas pero «sostenibles» y con la promesa de nunca reperfilar los pagos de deuda en moneda local para generar confianza. Los instrumentos Aunque la etapa de normalización de la curva parece haber sido superada, por el momento los inversores siguen apostando al tramo corto. De los $ 84.558 millones de valor efectivo adjudicado hoy, $ 81.375 millones (96,2%) se posicionaron en los tres títulos que vencen en el inicio del año que viene. En este sentido, fuentes que participaron de la operación señalaron que lo interesante es que para obtener resultados equivalentes a los previos, los plazos mínimos de los instrumentos licitados hoy fueron de 140 días y no de 60 o 90 días, como en las anteriores licitaciones. La reapertura de la Letra del Tesoro Nacional en pesos a Descuento (Ledes) con vencimiento el 29 de enero de 2021 atrajo $ 39.791 millones efectivos ($ 45.000 millones nominales) a un 34,13% de Tasa Nominal Anual (TNA), con un leve recorte de 6 puntos básicos en relación a la anterior licitación. El nuevo VNO en circulación será de $ 145.000 millones Este viernes se emitirá otra Ledes, con vencimiento el próximo 26 de febrero, por $ 26.717 millones efectivos ($ 31.040 millones nominales) a una TNA de 35,15%. Algo menor fue el interés por la reapertura de la Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER (Lecer) que también vence el 26 de febrero de 2021: allí se captaron $ 14.867 millones efectivos ($ 14.781 millones nominales) y circulará un VNO total de $ 92.252 millones. La sobretasa a pagar en este instrumento será de 0,75%. En tanto, la reapertura del Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER (Boncer) con un extra de 1,3% y vence el 20 de septiembre de 2022 sedujo $ 3182 millones efectivos ($ 2999 millones de VNO) y el rendimiento semestral anualizado será de 2% por encima de la inflación, 5 puntos básicos más de lo adjudicado en la anterior licitación. Análisis Melisa Sala, Economista Jefa en Labour, Capital & Growth (LCG), indicó: «Los resultados repiten un poco la dinámica de las colocaciones previas, más que renovando los vencimientos». «El cepo y la escasa oferta de destino del excedente en pesos ayuda a que el Tesoro pueda encontrar financiamiento. Es algo que el Gobierno va a seguir aprovechando», analizó. Por su lado, Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investments, dijo: «Se cubrieron los vencimientos y un poco más. Hubo casi dos semanas con restricciones de liquidez y eso hizo que la licitación no fuera súper exitosa». Y concluyó: «Argentina no va a tener problemas para rollear la deuda en pesos».