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(Infobae) Deuda: luego de la confirmación de la prórroga, ya comenzó una nueva etapa de negociación con los bonistas para evitar el default. La decisión se comunicará esta mañana a la SEC, la Comisión de Valores de EEUU. El fin de semana, Guzmán mantuvo contacto con los comités de acreedores, que harían una contraoferta. Después de un fin de semana en el que el ministro de Economía mantuvo intenso contacto con representantes de los comités de bonistas, el Gobierno extendió la vigencia de la oferta a los bonistas hasta el 22 de mayo inclusive, según adelantó anoche Infobae. Ahora queda completar el plazo formal de comunicar a la Securities and Exchange Commision, el regulador bursátil de EEUU, la novedad. Hay tiempo para hacerlo hasta 9 de esta mañana y de inmediato comenzará una nueva etapa para alcanzar un acuerdo con los acreedores que detentan buena parte de los USD 66.000 millones sujetos a restructuración. Los comités de bonistas tienen lista una contraoferta y podrían presentarla entre martes y miércoles mediante el mecanismo de ‘reverse inquiry’, que permite que una contrapropuesta de lugar a una transacción amigable. La oferta inicial diseñada por Economía tuvo un nivel de aceptación bajo. No prorrogar el plazo equivaldría a entrar en un “default duro” de la deuda, ya que los umbrales que debía alcanzar la propuesta para poder ser impuesta al conjunto de los acreedores es del 85% en el caso de los bonos “Par” y “Discount” de los canjes de 2005 y 2010 y del 75% para los bonos “Globales” emitidos a partir de 2016. El diseño técnico de una nueva propuesta no es tarea de un fin de semana, pero están claras las principales objeciones de los Fondos de Inversión al convite que les hizo Guzmán y hasta modos de salvarlas. Los comités de bonistas organizados tienen ya lista una contraoferta y podrían presentarla entre martes y miércoles mediante el mecanismo de “reverse inquiry”, que permite que una contrapropuesta dé lugar a una transacción con alto nivel de aceptación; esto es, “amigable”. Un primer elemento sería capitalizar los “intereses caídos” durante el período de gracia. Los acreedores consideran que esperar tres años y que además ese plazo no devengue ningún interés es inaceptable. La prórroga será hasta el 22 de mayo, día en que vence el plazo de gracia de 30 días para el pago de un vencimiento de bonos globales por USD 503 millones que el gobierno no abonó el 22 de abril.. La nueva fecha puede tomarse como una señal de que el gobierno no estaría dispuesto a pagar el vencimiento del bono global si no se asegura una restructuración del canje que evite el default. Esto es, una lógica de cuidar las reservas. En este nuevo período por primera vez los bonistas deberán mostrar de verdad sus cartas. Los grandes Fondos de Inversión querrían tener la interlocución del propio presidente Alberto Fernández, que ha decidido de todos modos ratificar que el negociador es el ministro Guzmán. “Sustentabilidad”, “buena fe” y “no pagar con más recesión» son, palabras más o menos, las voces de orden del gobierno, cuya propuesta inicial quedó seriamente maltrecha. En 2019, luego de su abrumador triunfo en las elecciones primarias, Alberto Fernández mencionó la restructuración de deuda uruguaya como un ejemplo positivo. Aquel arreglo tuvo una aceptación del 98%.
La negociación
La historia de la fallida “negociación” con los acreedores arrancó en enero, en una visita de Guzmán a Nueva York: un desayuno en el Consejo de las Américas del que los representantes de los Fondos se fueron con caras largas luego de escuchar las constantes alusiones de Guzmán a la “sustentabilidad”, pero vacíos de precisiones sobre un plan económico a partir del cual empezar el tironeo entre lo que la Argentina podría y ofrecería pagar y lo que los bonistas pretenderían cobrar. Los bonistas no vieron con buenos ojos que el Gobierno ofrezca no pagar nada durante tres años, no capitalizar intereses y empezar a pagar un cupón de 0,5%, lo que significaría pagar nada menos que USD 300 millones hasta el final del mandato de Alberto Fernández. Sus objetivos de máxima serían acortar el período de gracia, capitalizar intereses durante ese período y mejorar la tasa de los cupones o disminuir la quita sobre el capital. A su vez, algunos analistas han señalado la inconsistencia de un gobierno que desde que asumió pagó vencimientos por USD 4.000 millones y al cabo de cinco meses hizo una oferta equivalente –calculando una tasa de “salida” de 12% para los nuevos bonos– a 35 centavos por cada dólar de deuda nominal. Y todo para restructurar una porción de deuda cercana al 20% del PBI. En la semana que pasó, Guzmán buscó meter presión con la firma de 138 académicos internacionales y otra de 174 economistas locales. Hasta un grupo feminista, Diego Maradona y anoche cerca de mil “trabajadores y trabajadoras de la Cultura» apoyaron la propuesta del gobierno diseñada por el ministro, que además había adelantado lo que haría en una reunión en Olivos a la que el presidente convocó a todos los gobernadores. En la presentación de la oferta y en varias declaraciones públicas, además, Guzmán dio a entender que su propuesta tenía el respaldo del FMI, una afirmación dudosa, ya que si bien el Fondo dijo en su momento que los acreedores debían hacer una “contribución apreciable” para que la deuda volviera a ser “sustentable”, lo hizo en un documento no avalado por su directorio. Además, parece improbable que, en caso de un default con los acreedores privados, el FMI sea generoso para renegociar los plazos de pago de la deuda argentina, que en su caso son USD 44.000 millones. Ninguno de los apoyos que movilizó Guzmán parece haber conmovido a los acreedores, que respondieron con un bajo nivel de aceptación. Los bonistas integran tres comités: el Grupo Argentina Ad Hoc, liderado por los Fondos de Inversión BlackRock, Fidelity y Ashmore; el Comité de Acreedores de la Argentina, encabezado por Greylock Capital; y el Grupo de Bonistas del Canje, integrado por Monarch, Cyrus, HBK y VR, entre otros fondos de inversión. En las últimas semanas, la saga de la restructuración se reflejó en la brecha cambiaria, que superó el 70%, con el dólar libre en torno de los $120 y el BCRA debiendo vender USD 900 millones en la segunda mitad de abril para que no se escape el tipo de cambio oficial. Esos seguirán siendo los termómetros del tiempo de descuento que empieza hoy.
(Infobae) El gobierno bonaerense se encolumna con la Nación en la estrategia de la deuda, pero debe decidir si hoy paga USD 110 millones. El plazo vence a las 17 horas y el resultado de la restructuración se anunciaría el martes. Kicillof decidió seguir la estrategia nacional pero enfrenta un posible “default selectivo”. “Esta decidido. Vamos a seguir el modelo de la Nación” aseguró a Infobae una alta fuente con acceso cotidiano al despacho del gobernador Axel Kicillof frente a la consulta sobre el camino que tomará la provincia de Buenos Aires y el canje de deuda que vence hoy. Desde el ministerio de Economía explicaron que el canje se cierra hoy a las 17 horas y que la cartera que comanda Pablo López tiene tiempo hasta el martes 12 de mayo por la tarde para informar los resultados. Pero el problema que va a enfrentar la provincia son los vencimientos. A diferencia de la estrategia trazada por Martín Guzmán para la Nación, los plazos de López son otros porque la provincia tiene que enfrentar hoy un vencimiento por 110 millones de dólares y no tiene margen para estirar los plazos ya que es en cumplimento de los 10 días del período de gracia. “El vencimiento de mañana -por hoy- está en el proceso de reestructuración que aún está abierto” consignó la misma fuente que, frente a la consulta de si pagarán o no, se limitó a señalar que seguirán la estrategia trabajada con la Nación. De esta manera, y aunque algunas voces del mercado entienden que la fecha final para pagar este cupón es el 14 de mayo y no el 11 –porque el 1 de mayo fue feriado en todo el mundo–, el resultado sería el mismo y la provincia podría entrar en un default selectivo mientras sigue adelante con el canje de deuda. Un dato no menor es que Buenos Aires no emitió un “aviso de pago” señalando que abonará los USD 110 millones a las cajas de valores de la Argentina y de los países en donde están los acreedores señalando a las entidades encargas de repartir los pagos que depositará los dólares. “Si no paga es un default, que puede levantar más adelante, pero si no deposita los USD 110 millones la provincia defoltearía ese bono de manera selectiva”, explicó un conocedor del tema. Las negociaciones entre la administración bonaerense y sus acreedores están en un carril muy similar a los de la Nación en donde el mayor grupo de tenedores se había mostrado disconforme con la propuesta. Aunque señalan que la oferta es mejor que la de la Nación, así como la administración de Kicillof acordó una estrategia con la de Alberto Fernández, los comité de acreedores parecen haber hecho lo mismo. Más teniendo en cuenta que hay fondos que están en ambas negociaciones Tanto es así que la semana pasada el mayor comité de acreedores de la provincia de Buenos Aires, que ya había hecho público su rechazo a la oferta, ahora recomendó al resto de los bonistas tomar el mismo camino, señalando que la propuesta bonaerense no fue de “buena fe” ya que entienden que es ruinosa para los acreedores. El denominado “Steering Committee” realizó un roadshow en donde expuso las razones por las que entiende que no se debe aceptar la propuesta de Buenos Aires, a la que catalogó de no tener buena fe, no contemplar la realidad económica de la provincia, sino de seguir el camino de la Nación. Y también expuso la oferta que el Comité había realizado y que la administración de Axel Kicillof rechazó. La charla estuvo guiada por Gustavo Palazzi, de Vr Capital, y Carlos Albarracín, de Global Capital Markets Group, quienes manifestaron el malestar por la oferta “unilateral”, pero que también se encargaron de explicar que el Comité sigue dispuesto a negociar. El comité de tenedores de bono ofreció recortar USD 3.300 millones. La propuesta oficial tiene un ahorro de USD 5000 millones sobre un total de USD 7.148 millones en bonos a canjear. La puerta de salida a la discusión para la provincia de Buenos Aires podría pasar por otro grupo de bonistas que son más permeables a un acuerdo y son los que se encuentran en el grupo Greylock Capital, que, aunque tiene una postura más dura con Guzmán, entiende que la oferta de la Provincia es mejor y se puede llegar a un acuerdo. Pero, además, porque se confirme el rumor que se mantuvo durante toda la semana que decía que el fondo Fidelity, que fue el que bloqueó el canje en enero, vendió sus posiciones. Hay fuentes que aseguran que Fidelity se deshizo de los bonos de la provincia luego de la discusión en enero pasado cuando este fondo fue el que bloqueó la posibilidad de un canje del bono BP21. En el entorno de Kicillof y de López dicen conocer el rumor pero aseguran que no saben si es cierto porque “las tenencias no son públicas”.
(Ambito) El «patito feo» de la región: la Argentina. Es por el escaso margen de la política fiscal, monetaria y cambiaria. A lo que se suman perspectivas inflacionarias negativas. Detrás sigue Ecuador. Ya con solo mirar de reojo el semáforo armado por los economistas de Goldman Sachs sobre la región tomando cuatro variables, los márgenes de acción de la política fiscal y monetaria, la capacidad de intervención cambiaria, y las perspectivas inflacionarias, no hay que preguntarse por qué Argentina luce como el “patito feo” de Latinoamérica. Tiene las cuatro luces en rojo (nivel bajo o malo). Solo Ecuador se arrima con solo dos luces rojas (política fiscal e intervención cambiaria), mientras que los otros dos países que tienen algún punto débil son Brasil y Chile, por el lado fiscal y monetario respectivamente. El resto, Colombia, México y Perú ostentan niveles de entre medios y altos, o sea, amarillos y verdes. El equipo liderado por Alberto Ramos (Mateus Paulo,Tiago Severo y Gabriel Fritsch) hace hincapié en esta oportunidad (en el informe “LatAm: The Risk of Vanishing Capital“) sobre la cuenta capital del balance de pagos ya que consideran que la cuenta corriente no se deteriorará significativamente. Señalan que “existe el riesgo latente de salidas de cartera de no residentes de más larga duración y, potencialmente más perjudicial”, sobre todo si se deteriora la combinación de políticas nacionales como se ve en los últimos años en Argentina y Ecuador. “Este riesgo puede llegar a ser especialmente relevante si, en respuesta a la pandemia, los gobiernos estiran sus respectivos espacios fiscales y monetarios más allá de niveles razonables y prudentes”. Por ende, para la mayoría de las economías de la región, no esperan que las necesidades de financiación de la cuenta corriente sean muy pesadas este año. Pero dado que las condiciones de financiación están siendo más exigentes, y si bien en términos absolutos las necesidades de fondos externos previstos no parecen particularmente preocupantes, “somos cautelosos sobre las perspectivas de los flujos de capital; es decir, que estamos preocupados por la cuenta de capital de la balanza de pagos”. “Esperamos que los saldos en cuenta corriente de las 7 economías más importantes de la región sean de entre 40.000 y 45.000 millones de dólares este año, pero las entradas de capital potenciales disminuirán unos 60.000 millones de dólares debido principalmente al impacto de los menores flujos de capital debido a los menores precios de las materias primas y a la fuerte caída de la demanda interna”. “Nuestros trabajos econométricos muestran que uno de los motores más importantes y estadísticamente significativos de las entradas de capitales en la región son los precios de las materias primas, y que una parte significativa de la disminución prevista de las entradas de capital se vincule con la calidad de las IED, flujos de cartera y de deuda”. Al respecto, destacan que durante la crisis financiera del 2008/09 las entradas de inversión externa directa a la región se redujo en un 35% (u$s50.000 millones)y por otra parte, las inversiones de cartera se redujeron de 74.000 millones de dólares en 2017, a cero en el 2018 debido a la gran salida de capitales del cuarto trimestre, que se mantuvo débil durante el primer semestre del 2019. Uno de los aspectos en los que enfocan el análisis son los flujos de residentes privados porque también son una fuente potencial de presión sobre la cuenta de capital, sobre todo, si se deteriora la política local. “Más recientemente, países como Argentina experimentaron grandes salidas netas acumuladas de activos externos de residentes que eligen mantener los ahorros fuera del país debido a los rendimientos esperados poco atractivos o al riesgo”. “No asumimos una significativa fuga de capitales del sector privado pero dada la macro frágil, el contexto social y los retos políticos, el riesgo de una posible fuga de capitales desestabilizadora no debe ser descuidado”. Por último, queda la capacidad de intervención cambiaria, o sea, el stock de reservas internacionales: con la excepción de Argentina y Ecuador, y en menor medida Chile, la mayoría de los países de la región tiene un stock de reservas por encima del rango de cobertura recomendado por el FMI frente a los riesgos de presiones cambiarias. “Los riesgos para la cuenta de capital han aumentado significativamente con las dislocaciones macro y financieras creadas por la pandemia, pero algunas economías tienen valiosos colchones de reservas que les permiten, al menos temporalmente ,mitigar las presiones como en el primer trimestre del año”, advierten.
(Cronista) Bonistas abogan por la figura de mediador en la renegociación de la deuda Surge del ala más dialoguista de los acreedores privados. Desde el Gobierno confirman como único interlocutor a Martín Guzmán. Se anuncia este lunes la extensión del plazo hasta el 22 de mayo. Expiró el plazo fijado para ingresar al canje original lanzado desde el gobierno de la Argentina y, tras el magro resultado con menos de un 20% de adhesión, el ala más dialoguista de los acreedores privados empieza a abogar para que emerja la figura de un mediador en la negociación. Es que agotadas las instancias formales, y con la nueva fecha en la mira del 22 de mayo, aún con las dos semanas que hoy se inician, a algunos bonistas les parece difícil acercar posiciones. De hecho, en esa línea, creen que presentar una contrapropuesta sería basar el diálogo sobre algo rígido, sin posibilidad de tener mayor flexibilidad y, así, encontrar puntos en común. «Ni a los acreedores ni al Gobierno les viene bien un hard default», sostuvo una fuente de uno de los grandes fondos. «Lo mejor sería un intermediario; veo muy complicado este momento; las discusiones no fueron muy positivas», resaltó. Según dijo, la hoja de ruta que dejó el Fondo Monetario Internacional, que aconsejó que el alivio en los servicios de deuda deberían ser de entre unos u$s 55.000 millones y unos u$s 85.000 millones, «deja bastante espacio para tener mejor términos a los acreedores y a su vez bajar los flujos de caja para la Argentina». Las posibilidades que se están negociando, en base a la oferta que presentó la Argentina, son amplias: hoy todo está sobre la mesa, cambiar períodos de gracia, capitalizar intereses durante este período, modificar la quita de capital y la de intereses en sí. Desde el Gobierno se volvió a resaltar la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán, como único interlocutor válido. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo mencionó ayer en declaraciones a Canal 9. «La oferta aún está abierta, hoy por la noche (por ayer) recién vamos a tener alguna definición, pero como acabo de plantear, para que no se confunda por la cantidad de lobby que se está haciendo: quien habla por la gestión es el ministro Martín Guzmán. Él es quien lleva la negociación adelante», aseguró (ver aparte). Estos dichos de Cafiero se suman a las declaraciones que el presidente Alberto Fernández hizo el sábado. Tras reunirse con Guzmán, marcó que continúa el diálogo «de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible», según escribió en Twitter. De hecho, en los pasillos oficiales aseguraron que uno de los grandes jugadores, BlackRock, se había vuelto a sentar a negociar, lo que veían como auspicioso. Los otros principales fondos en juego con Templeton, Pimco, Fidelity y Greylock Capital. «La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir. Como siempre nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir», agregó Fernández. Los resultados o extensión El Gobierno debe anunciar hoy los resultados de la operación, la cancelación o su extensión ya que es un compromiso que se asumió ante la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos). Todo indica que se dará a conocer la extensión hasta el 22 de mayo, tal como adelantó El Cronista el viernes: en ese momento vence el período de gracia de los 30 días para afrontar el vencimiento de los intereses de los Globales, que expiró el 22 de abril. Se tratan de unos u$s 503 millones que, de no pagarse, se entraría en default. La extensión que se inscriba en la SEC sería con los mismos términos que existen, estiman en el mercado, ya que aún no se habría pactado las nuevas condiciones. Una vez que estén listas, se reemplazar por las nuevas y se comunica a la SEC. La deuda en juego en esta reestructuración, en la que se buscará evitar caer en el noveno default de la historia argentina, suma unos u$s 66.500 millones: del stock total, es la que corresponde al sector privado y, de ese universo, a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera. La oferta que presentó la Argentina de la mano de Guzmán, acompañado ese día desde Olivos por el presidente Alberto Fernández, por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y gobernadores de la oposición, se resume en tres años de gracia (acortados desde los cuatro iniciales, según contó a Bloomberg), y un alivio de la deuda de un 5% en promedio en el capital y un 62% en los intereses. Los u$s 66.500 millones surgen de sumar los 21 bonos que resultaron elegibles para este canje (de los 23 iniciales quedaron afuera los denominados en yenes). Para estos 21 títulos el Gobierno ofrece 10 nuevos bonos: 5 en dólares y 5 en euros, con vencimientos que oscilan en 2030 y 2047, en el de más largo plazo. Los interés que devengarán los títulos son de manera ascendente y comienzan en 0,5% en 2023, con un cupón promedio de en torno a 2,3%.
(Ambito) Se perdió la primera jugada, pero no la partida del «póker». Actuar coordinados y con la sangre fría: la clave de los acreedores. Todo indicaría que esta tarde, el Ministerio de Economía recibirá la confirmación que la aceptación al canje según los tiempos originales que vencieron a las 17 horas de Buenos Aires del viernes pasado, que no se logró el 75% de adhesión a la propuesta. No los convenció la amenaza constante y hasta último momento sobre lo pétrea que sería la oferta original elaborada en los laboratorios del Ministerio de Economía de Martín Guzmán, respaldado siempre y hasta las últimas circunstancias por el propio Alberto Fernández. Tampoco el apoyo de casi toda la clase política a pleno que logró el Gobierno durante el proceso que se inició el 22 de abril, cuando el país dejó de pagar los vencimientos del Global por u$s503 millones. Tampoco los asustó el respaldo público y explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), incluyendo a la propia Kristalina Georgieva. Menos los asustó que el papa Francisco haya intervenido personalmente y hasta organizado un seminario para sostener la posición argentina. Ni se inmutaron cuando la semana pasada un grupo importante e influyente de economistas heterodoxos, más algún que otro ortodoxo a nivel mundial, dueños de los más prestigiosos y actuales papers sobre economía en tiempos modernos; firmó una clara y directa solicitada recomendándoles que adhieran a la propuesta argentina. Mucho menos se tomaron en serio la advertencia con nombre y apellido de Jeffrey Sachs amenazando con una crisis endémica internacional si no aceptaban la oferta. En síntesis, los más importantes tenedores de los aproximadamente u$s68.000 millones de deuda en títulos públicos emitidos bajo jurisdicción internacional que el país quiere renegociar; supieron jugar con destreza la primera partida del “Póker de Mentirosos”. Y, así, ganaron el primer movimiento. Esto quiere decir que aventajan a su adversario, pero que de ninguna manera han vencido la partida. Incluso, saben los dos contendientes del match, que no necesariamente puede haber en un póker de este nivel un vencedor que se declare ganador en 100% y un vencido como tal. En este tipo de juego, en el más alto nivel internacional, hasta puede haber empates.Todo indicaría que esta tarde, el Ministerio de Economía recibirá la confirmación que la aceptación al canje según los tiempos originales que vencieron a las 17 horas de Buenos Aires del viernes pasado, que no se logró el 75% de adhesión a la propuesta. Ni siquiera combinando las martingalas cruzadas que se diseñaron para atrapar mayorías en diferentes bonos. El resultado final se conocerá hoy, y dependerá de la decisión de Alberto Fernández si se hace o no público. Ya hay una tendencia definida: la propuesta terminó en fracaso. El porcentaje que circulaba el sábado por la mañana en despachos informados (públicos y privados), habla de entre 18,5 y 18,8% de aceptación; nivel que podría mejorar hoy con los últimos cómputos, pero que define una perfomance para el olvido. En términos futbolísticos, algo parecido al 4 a 0 con que Alemania venció a la Argentina en el mundial de Sudáfrica, el 3 de julio de 2010. En aquella históricamente triste tarde de domingo el fútbol organizado de los europeos venció a la improvisación, y pese a que se creía que se llegaba al match con el mejor equipo del planeta; hubo un factor clave que explicó la victoria alemana: haber copado el medio campo y cortar así el circuito ofensivo de la selección de Diego Maradona con Lionel Messi en la cancha. En el match que culminó el viernes, la gran jugada de los fondos de inversión fue haber cortado el circuito de información entre el gobierno y los bonistas, y haber copado la intermediación entre los acreedores. Dicho de otro modo: los bonistas estuvieron organizados desde el comienzo, en plena comunicación interna; y, pese a las diferencias según las posesiones de bonos, permanentemente actuaron en coordinación con una certeza: los fondos internacionales rechazarían la propuesta; sabiendo que contaban con más del 75% de las tenencias, y que así harían fracasar la oferta elaborada por Guzmán. Actuaron en todo momento convencidos que el Gobierno no aceptaría caer así nomás en un default, que necesariamente habría otras instancias negociadoras, y que la fecha límite del 8 de mayo era sólo un primer mojón. Y que en consecuencia, habría una mejora. Aunque sea mínima, podrían haber condiciones mejores a las originales de Guzmán. Si bien ninguno lo hizo público, los fondos de inversión BlackRock, Pimco, Fidelity y Ashmore, consideraron que su estrategia ya había dado resultado cuando el jueves pasado el propio Guzmán declaraba ante la agencia Bloomberg que estaba dispuesto a escuchar una contraoferta de parte de los bonistas. El convencimiento que la estrategia era la adecuada se confirmó en un momento clave del primer match del “póker”: BlackRock ni se inmutó cuando desde Economía se publico una oferta de abril pasado, en principio, confidencial. Tampoco cuando el jueves el propio Sachs le dedicó unas palabras a Larry Fink, el legendario mandamás del fondo de inversión. En todo momento los fondos de inversión mantuvieron la sangre fría y el máximo profesionalismo sobre la mesa, convencidos que la estrategia de la acción coordinada traería resultados positivos. Lograron así el primer triunfo. Pero desde hoy la partida continúa. Y las cartas serán repartidas durante la semana por los propios fondos que deberán realizar una contrapropuesta coherente, y que milite dentro de los límites reales de “sustentabilidad” que reclama el Gobierno. Por lo que se sabe, las ideas con las que trabajan los acreedores pasan por las siguientes líneas de reclamos. La evaluación de un pago extra sobre el crecimiento argentino desde 2023 (estilo cupón PBI o similar), dejar de lado 100% la quita de capital de 5,4%; el reconocimiento de algún tipo de interés durante el período de gracia hasta el 2023, algún tipo de resarcimiento para el Bono Global cuyo vencimiento comenzó a correr desde el 22 de abril, y un primer pago simbólico de cupón en 2022 o a comienzos de 2023. En principio, según lo que declaró ayer Guzmán a Bloomberg, todos estos capítulos, juntos, combinados o solos, podrían discutirse. Hay dos puntos en los que el Economía no está dispuesto a ceder. El primero es la aplicación de la cláusula RUFO, especialmente para los vencimientos posteriores al 2047. El segundo es que se elimine la cláusula que permite la reasignación de resultados en la aceptación una vez terminado el canje. Según Economía, si la intención de los bonistas es cerrar un acuerdo negociando de buena fe, no se enciende que busquen eliminar una cláusula que lo que busca es mantener posibilidades ciertas de defensa jurídica ante eventuales juicios en Nueva York. Otra vez, el “Póker” en su máxima expresión. Todo será justamente rechazado por Guzmán y su gente. Y los privados lo saben. Lo que vendrá luego, o al menos eso esperan los acreedores, es entonces una segunda oferta oficial del Gobierno argentino, que sería la plataforma para, ahora sí, llegar a un acuerdo. Siempre se dependerá igualmente de la decisión política final de Alberto Fernández. Todo tendrá que estar cerrado antes del 22 de mayo, salvo que el gobierno pague los u$s503 millones del Global, y los plazos vuelvan a extenderse.
El Presidente será entonces quién tenga que tomar dentro de los próximos 10 días una posición crucial e histórica, y por la que se recordará su performance como jefe de Estado: si el país acuerda o no con los privados. El principal riesgo no es el default, sino una consecuencia peligrosísima de caer en esta situación: que la no aceptación de la propuesta genere una nueva ola de demandas en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde el país ya tiene la jurisprudencia de haber pedido el “Juicio del Siglo” contra los fondos buitres; y donde la reiteración de faltas es multada con dureza. Dicho de otra manera, si la causa que comandó Thomas Griesa demando algo más de seis años en resolverse; un nuevo juicio contra el país por sus bonos impagos, tendrá una duración mucho menor y el país se verá obligado por las leyes norteamericanas a pagar la totalidad de la deuda que hoy debe negociar, más intereses y punitorios y, obviamente, sin quitas. Estos u$s68.800 millones se transformarían por arte de magia legal, en más de u$s80.000 millones de deuda. Que esto suceda, y una vez que se abra la negociación, todo dependerá de una decisión casi inmanejable para el Gobierno y que surgirá de un estado de ánimo hoy bombardeado en su integridad: el humor de los principales tenedores de la deuda a reestructurar, y su voluntad de esperar o no a la Argentina en medio de una catástrofe financiera internacional de dimensiones épicas. Alberto Fernández se tiene fe. Hacia adentro de su gabinete más cercano afirma que podrá repetir la experiencia más importante que vivió como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner durante el 2005 y 2006. En esos tiempos el ahora presidente protagonizó el que quizá haya sido el más importante y profesional acto económico de la gestión kirchnerista en términos financieros, al salir del default en una dura negociación que terminó con el canje de deuda más importante de la historia mundial, al menos hasta ese momento. Vivió Fernández como se desplegaba una estrategia de pinzas sobre los acreedores, a partir de presionar con una oferta imposible de aceptar en un principio, pero que en un momento clave se mejoró y se convirtió en viable para la mayoría de los acreedores; lográndose un acuerdo que le posibilitó al país presentar un canje exitoso. Sabrá el Presidente desde hoy si quiere repetir la historia.
(Ambito) Los plazos fijos no alcanzan aún el volumen precuarentena. Si bien los depósitos precancelables ajustados por UVA se duplicaron desde la reapertura de los bancos, el stock total aún está nominalmente por debajo de los niveles anteriores a la emergencia sanitaria. Tanto el Gobierno nacional, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) vienen apuntando sus cañones a lograr que los ahorristas apuesten al peso. Y uno de los ejes pasa por incrementar los depósitos a plazo fijo. Sin embargo, estos últimos están aún en un valor nominal que se encuentra por debajo del que se observaba el 19 de marzo, es decir, el día en que se anunció la cuarentena. Más allá de que hubo una recuperación promediando abril, aún no se recobró el terreno perdido. El Central ya había señalado en el Informe Monetario Mensual de marzo que, a raíz de las medidas de aislamiento, se empezaba a observar que muchos plazos fijos no eran renovados, debido a que una gran cantidad de gente que realiza ese tipo de operaciones desde las sucursales estaba imposibilitada de hacerlo. Sea por esto o por algún tipo de desconfianza, lo cierto es que al día anterior a que se inicie el confinamiento los depósitos a plazo alcanzaban un total de $1,895 billones y al 4 de mayo (último día del que hay estadísticas) estaban en torno a los $1,878 billones. Algo similar sucede si se desagrega al sector privado en particular. Había $1,544 billones al 19 de marzo y esa cifra descendió a $1,504 billones al observar el quinto día del mes actual. Días atrás, la autoridad monetaria presidida por Miguel Pesce informó que se habían duplicado los plazos fijos UVA precancelables desde que reabrieron los bancos. Hoy se puede observar que esa alza, incluso, se siguió incrementando: al 13 de abril había $9.368 millones depositados bajo esta modalidad, mientras que al 6 de mayo la cifra pasó a ser de $22.095 millones. Sin embargo, al mirar los plazos fijos UVA en su totalidad, sin desagregar precancelables, el stock tuvo una caída de alrededor de $4.000 millones. El 13 de marzo, estos depósitos cuyo interés se ajusta por inflación llegaban a los $64.784 millones, mientras que ahora están en $60.180 millones. No obstante, el Banco Central viene tomando medidas para que los plazos fijos retomen el sendero alcista. Una de ellas fue, como se mencionó, el relanzamiento de los UVA a 90 días con un agregado: la posibilidad de cancelar anticipadamente a los 30. Pero no fue la única: el 30 de abril también se tomó la determinación de que los plazos fijos tradicionales menores a 4 millones de pesos rindan, como mínimo, un interés del 70% de la tasa de las Leliq (cálculo que hoy equivale a un 26,6%). Es la misma decisión que se había anunciado el día 20 de ese mismo mes con los inferiores a un millón de pesos. Se espera que estos ajusten tengan un impacto directo cuando lleguen los números del cierre de mayo. Con este conjunto de medidas, las autoridades económicas apuntan a seducir al ahorrista para que siga habiendo una demanda de pesos que contenga la inflación. En paralelo, se vienen tomando determinaciones para limitar el acceso al dólar Bolsa y al contado con liquidación, de manera tal de evitar la dolarización de las carteras. Sin embargo, para que surtan efecto, será clave lograr que los inversores crean que la tasa ofrecida le gana al aumento generalizado de precios y también al dólar. Para esto último, los especialistas consideran clave que haya una resolución positiva de la reestructuración de la deuda. No es un dato menor que la incertidumbre viene disparando las brechas entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones paralelas hasta un 70%. En el último informe monetario, correspondiente al mes de abril, el Banco Central señaló el vaso medio lleno y también el medio vacío: “Los depósitos a plazo en pesos del sector privado presentaron una disminución promedio mensual de 3,3% nominal, equivalente a 6,2% real. Estas colocaciones mostraron una tendencia descendente desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo y hasta el 13 de abril, momento en que los bancos volvieron a atender al público a través de un sistema de turnos. A partir de entonces, las colocaciones a plazo comenzaron a crecer, acumulando desde el 14 de abril y hasta el cierre del mes un aumento de 8,5% ($118.500 millones)”.
(bae) Por presión de gobernadores, reimplantan el barril criollo a USD45 y bajan retenciones. Las provincias, las más beneficiadas por regalías. Las refinadoras deberán comprar el insumo principal para las naftas y gasoil a un precio superior al internacional, lo que genera malestar entre las que operan en este segmento. El Gobierno tiene listo el decreto que saldría en las próximas horas para reimplantar en Argentina un barril criollo de USD45, ante la presión de los gobernadores, que de esta manera podrán mantener las regalías que cobran por la producción del crudo en sus provincias. La medida fue resistida desde el principio por las propias empresas del sector, al entender que solo se beneficiaban aquellas no integradas que se encuentran en el upstream; es decir, en la extracción de hidrocarburos y no tienen intereses en el segmento de venta directa de combustibles. Esto llevó a una serie de idas y venidas, con propuestas intermedias que finalmente quedaron en el camino y fueron zanjadas con la inminente publicación de la norma, en lo que será la primera vez que el barril criollo se reglamenta de esta forma y no con un acuerdo de palabra entre los distintos jugadores de la cadena. Sin embargo, a lo largo de los últimos días, la posición de algunas de las firmas más importantes comenzó a cambiar. La lectura de que se necesita de este precio sostén como referencia de mediano plazo para reactivar la producción al momento en que la pandemia afloje empezó a ganar terreno. «Si seguíamos como hasta ahora, el año que viene íbamos a tener que importar petróleo y no hay plata», graficaba ante la consulta de BAE Negocios una fuente del rubro. Además, este valor es el que se considera el «break even» para Vaca Muerta, a partir del cual los proyectos comienzan a ser viables económicamente para el shale. Lo concreto es que las consecuencias inmediatas de este nuevo barril criollo será un mayor ingreso para las arcas de los gobernadores de provincias petroleras por la suba de las regalías; en tanto que las compañías que solo se dedican a la extracción recibirán un mayor precio por su producción, aunque, para que esto ocurra, la actividad primero debe repuntar. Mientras tanto, las refinadoras deberán comprar el insumo principal para las naftas y gasoil a un precio superior al internacional, lo que genera malestar entre las que operan en este segmento. En cuanto a YPF, el crudo de USD45 no la afectará en su balance consolidado, aunque agudizará las distorsiones al interior de la firma, con el upstream ganando más y el downstream (venta de naftas) con mayores costos que si se mantuviera la cotización externa. Al mismo tiempo, el decreto elimina las retenciones a la exportación de petróleo, de manera de hacer más rentable la exportación del crudo excedente, que se hace a un ritmo de unos dos buques por mes.
(BAE) Crearán un fideicomiso financiero social para asistir a las provincias
La CNV impulsa la creación de un fondo para complementar recursos públicos y privados. Ya inició reuniones con inversores institucionales. Ante los desequilibrios financieros que atraviesan muchas provincias a raíz del aislamiento social obligatorio, la Comisión Nacional de Valores ( CNV) impulsa la creación de un fondo solidario con impacto social. Se tratará de un fideicomiso financiero destinado a asistir, de manera directa o indirecta, las necesidades de financiamiento de los distintos gobiernos provinciales. El organismo regulador inició una ronda de presentación del proyecto, denominado Fideicomiso Financiero Solidario de Asistencia Provincial (FFSAP), con posibles inversores institucionales. Ya hubo encuentros con asociaciones bancarias y la intención es avanzar en los próximos días con compañías de seguros, fondos comunes de inversión, y otros actores del mercado. «Se está trabajando intensamente en la formulación de un nuevo tipo de instrumento financiero que promueve la integración del mercado de capitales con los objetivos de las políticas públicas, potenciando el alcance de las actuales herramientas de financiamiento de las que se disponen», señaló el presidente de la CNV, Adrián Cosentino. El objetivo de esta iniciativa, que busca complementar recursos públicos y privados, es que las provincias puedan «volver a dinamizar sus economías y mercados productivos; asistir a la infraestructura sanitaria y básica de urgente necesidad, como también para alcanzar mejores niveles de sustentabilidad de sus cuentas públicas», según destacaron desde el ente regulador. El proyecto, inédito en nuestro país, involucra el trabajo conjunto con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP), un instrumento disponible en la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, con la intención de optimizar recursos y potenciar impacto en aquellas provincias que demandan una intervención rápida y efectiva en la coyuntura actual. La iniciativa se enmarcará en un Programa de Fideicomisos Solidarios, y cada uno de los instrumentos que se creen en el marco del programa ofrecerá a los inversores institucionales Valores Representativos de Deuda Solidarios (VRDS), que tendrán como respaldo la coparticipación de impuestos de las provincias que se involucren como fiduciantes. La CNV incluirá en sus normas un Régimen Especial para Programas de Fideicomisos Públicos Solidarios y trabajará en la creación de una reglamentación específica a fin de instaurar una nueva clase de valores negociables identificados como » Bonos Solidarios con Impacto Social», que permitirá atender la demanda de aquellos inversores que deban incorporar en sus carteras instrumentos de inversión con estas características o bien cumplir con sus compromisos de responsabilidad social empresaria.
(Cronista) Autorizan a más de 600 fábricas de todo el país a reactivar la producción. El Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) autorizó los protocolos de funcionamiento para más de 600 fábricas que tenían suspendida su actividad desde hace más de 50 días.Entre las ramas industriales que retomarán su actividad se encuentran la automotriz y autopartes, fabricación de motos y neumáticos, electrodomésticos, textil, calzado e indumentaria; además de sectores como la metalúrgica, tabaco, gráfica, de la madera, juguetes, farmacéutica, química y petroquímica, entre otros. Estos protocolos incluyen el traslado del personal sin uso del transporte público (en vehículos provistos por la compañía, autos propios o movilidad individual), control de síntomas de Covid-19, estrictas medidas de distanciamiento social, provisión de material preventivo (barbijos, alcohol en gel, etc) y plan de acción ante la aparición de casos sospechosos. Las fábricas que ya tienen aprobada su reapertura para los próximos días son más de 640 y se encuentran en todo el país, pero especialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Más de 550 de las autorizadas en esta primera etapa son pymes de menos de 150 trabajadores y casi la mitad no supera los 10 empleados. Algunos ejemplos de las compañías que volverán a producir dentro de la industria automotriz y autopartes son Toyota Argentina en la provincia de Buenos Aires; Volkwagen Argentina, en sus plantas de Buenos Aires y Córdoba; Scania Argentina que en su filial de Tucumán- donde emplea a unos 500 trabajadores- o la autopartista multinacional Mahle en Santa Fe, que tiene casi 700 empleados.
(Cronista) Si hay default, FGS prepara estrategia para frenar dólar Bolsa Lisandro Cleri será el nuevo titular del FGS, el fondo de inversión más grande de América latina, que administra u$s 38.000 millones de los jubilados que tiene la ANSeS. Lisandro Cleri deja de ser el titular de la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa para ser el nuevo director ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, en reemplazo de Edgardo Podjarny. A su vez, Rosana Beben, la segunda de Cleri, lo reemplazará en el Ministerio de Economía. PUBLICIDAD En estos días Cleri estará definiendo los dos puestos claves que lo acompañarán: el de director de Operaciones y el de Inversiones, ya que conoce a casi todos los que están hoy allí, ya que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 fue Director General de Operaciones del FGS, que administra u$s 38.000 millones. Sabe que la idea de vender bonos en dólares (tienen u$s 300 millones de Bonares) es una estrategia media pobre, porque el FGS no tiene muchos bonos que se usen en contado, y la gestión anterior pesificó mucho la cartera. Por lo tanto, se tendría menos roleo en dólares si vendes que es el área más complicada hoy. Por otro lado tampoco conviene quedarse con bonos poco líquidos si se complica el frente externo. Su postura es que no tiene sentido frenar el contado con lo que tiene el FGS porque no alcanza, pero si se complica el frente externo hay que ver si no conviene pasarse a bono en pesos o performing por liquidez y valuación. Además, varios legisladores en el Congreso estén siguiendo el tema de cerca y están monitoreando sus movimientos. Por eso sabe que la jugada que haga tiene que ser por conveniencia. Por lo tanto, vendería los bonos en dólares sólo si se entra en default, ya que el FGS es Estado y tampoco puede hacer ni reclamos. En ese sentido, se siente en el mismo punto que la gente que tomó pérdida en el canje de Letes: la disyuntiva entre preferir liquidez o dólares sin fecha de cobro. Cobrar los dólares considera lo peor que se puede hacer en términos de valuación, porque sólo puede suscribir bonos contra el Ministerio de Economía (Mecon) por un decreto de necesidad y urgencia del año pasado, con lo cual tendría una pérdida contable gigante. Distinto sería si hay una curva en dólares razonable para suscripciones primarias con el Mecon, que hoy es imposible. Por eso lo peor que le puede pasar al FGS hoy, en el escenario actual, es que le paguen en dólares. En un eventual default peor, porque se quedarían con bonos no performing y sin posibilidad de accionar. Entonces, en ese caso, por ahí le conviene vender los bonos en dólares ahora. Si bien el FGS podría invertir en deuda corporativa en dólares, siendo que ahora sacaron del mercado a los fondos comunes de inversión, si el país entra en default las empresas probablemente no puedan pagar y se entra en proceso de reestructuración. De ahi que en el FGS se sientan que están atrapado en tema dólares. En principio les conviene tener todo en pesos y esperar que no haya brusca devaluación. Pero contablemente todo tiene el mismo problema, ya que tienen valuado bonos a contado y cuando cobran divisas lo deben valuar al oficial. Una idea podría ser que las empresas hagan suscripción de nuevas acciones contra dinero del FGS en vez de salir a fondearse contra bonos, que protege bien el activo del FGS. Una recompra de la deuda en dólares, donde YPF pueda fondearse en pesos contra el FGS. Esta nueva obligación negociable en pesos tendría garantía de acciones.
INTERNACIONAL
(BAE) Washington negocia para que las fábricas de microchips se trasladen a Estados Unidos. Busca cortar la dependencia de Asia. La Administración de Trump mantiene negociaciones con los mayores fabricantes de semiconductores, la estadounidense Intel Corp. y la taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), acerca de la construcción de fábricas para producir microcircuitos en EE.UU., según publicó The Wall Street Journal. De acuerdo con el periódico, EE.UU. quiere acabar con la dependencia de los países asiáticos en el rubro tecnología después de que las cadenas de suministro se vieran afectadas por la crisis de coronavirus. «Ahora es el mejor momento y hay una mayor demanda que antes, incluso desde el punto de vista comercial», dijo al diario Greg Slater, vicepresidente para Estrategias y Cuestiones Técnicas de Intel, empresa que se propone garantizar los suministros de microcircuitos al gobierno estadounidense y a otros clientes. TSMC, uno de los fabricantes de microesquemas más avanzados de Taiwán, mantiene negociaciones con el Pentágono, el Departamento de Comercio de EE.UU. y con el cliente más grande, Apple Inc., para construir una fábrica en suelo estadounidense. El diario señala que EE.UU. también está interesado en que la compañía surcoreana Samsung Electronics Co., que ya produce microcircuitos en Texas, aumente la producción en el país.